Número Identificador

RES2024______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VIII

EFRÓN, DAVID

Parte Peticionaria

v.

BRIGHTON DORADO 

GROUP, INC.; Y OTROS

Parte Recurrida

KLCE202301426

Certiorari,

procedente del Tribunal 

de Primera Instancia, 

Sala Superior de 

Bayamón

Caso Núm.: 

D DP2005-0297

Sala:501

Sobre: 

Daños y Perjuicios

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez Monge 

Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Monge Gómez, Juez Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de enero de 2024.

Compareció ante este Tribunal la parte peticionaria, el Lcdo. David 

Efron (en adelante, el “señor Efron” o el “Peticionario”) mediante petición de 

certiorari presentada el 14 de diciembre de 2023. Nos solicitó la revocación 

de la Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón (en adelante, el “TPI”), el 28 de septiembre de 2023, notificada y 

archivada en autos al día siguiente. Dicha Orden fue objeto de una 

“Solicitud de Reconsideración” interpuesta por el señor Efron, la cual fue 

declarada “No Ha Lugar” mediante Orden de 9 de noviembre de 2023. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, denegamos

la expedición del auto de certiorari. 

I. 

El caso de autos se originó en el año 2005, con la presentación de 

una “Demanda” por parte del Peticionario en contra de Brighton Dorado 

Group, Inc., Brighton Country Club at Dorado, Inc., Brighton Homes 

Caribbean, Inc. (en adelante, “Brighton” o el “Recurrido”) y Plaza Dorada 

Shopping Center sobre daños y perjuicios, sentencia declaratoria e 

injunction. Después de un extenso trámite procesal, el cual decidimos no 
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detallar debido a su falta de relevancia a la controversia que nos ocupa, el 

17 de octubre de 2016, el TPI emitió una Sentencia Sumaria Parcial, 

mediante la que desestimó la “Demanda” respecto a Brighton. Varios días 

después, el 25 de octubre de 2016, el Recurrido presentó un “Memorando 

de Costas y Gastos” por un total de $89,654.82, el cual fue aprobado por 

el TPI. Más adelante, el 5 de junio de 2021, el TPI emitió Orden de Ejecución 

de Resolución Otorgando Costas y Gastos. A través de dicha dictamen, se 

decretó el embargo de: 

a) Todo bien inmueble que sea propiedad del demandante;

b) Todo bien mueble que sea propiedad del demandante;

Todas las acciones corporativas, bonos, cuentas por cobrar, 

certificados de ahorro, pagarés, dinero en efectivo o valores 

que pertenezcan al demandante;

c) Cualesquiera fondos del demandante que obren en 

cualquier cuenta de banco o institución financiera análoga, 

para que se depositen en la(s) cuenta(s) que disponga este 

Honorable Tribunal

d) Los fondos que se encuentren en poder de terceras 

personas de nombres desconocidos por ser los mismos 

líquidos y exigibles y estar vencidos a favor del demandante, 

instruyéndose al Alguacil del Tribunal que efectúe el embargo 

de dichos fondos incautándose de los mismos y 

depositándolos en la(s) cuenta(s) que sean abiertas para ello 

e instruya a dichas personas, a quienes se les sirva copia de 

la Orden a ser dictada, que aquellas cantidades que se 

venzan en el futuro y que al presente no están vencidas ni

son líquidas y exigibles sean depositadas en la Secretaría de 

este Tribunal al momento de vencerse y convertirse en 

líquidas y exigibles. Se solicita que se le advierta a dichas 

terceras personas que, de no cumplir con la Orden aquí 

solicitada, podrán incurrir en desacato. 

Luego de haberse agotado todo el trámite apelativo sobre la 

ejecución de la sentencia, y siendo final y firme dicha determinación, 

el 7 de diciembre de 2022, el TPI emitió una Orden en la que permitió que 

se llevara a cabo un descubrimiento de prueba respecto a los bienes del 

señor Efron. Así pues, le fueron cursados una serie de interrogatorios y 

requerimientos de admisiones a dicha parte. El 7 de junio de 2023, Brighton 

presentó “Moción Reiterando Solicitud de que se le Ordene al 

Demandante a Consignar las Costas Adeudadas o, en la Alternativa, 

que se le Ordene al Patrono del Demandante a Hacer Pagos a Pro Rata”.

Alegó que el Peticionario: (1) admitió poseer una propiedad, automóviles y 

muebles en el estado de la Florida, (2) devenga un salario mensual de 
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$5,000.00, (3) recibe dinero para gastos de representación, (4) y no ha 

demostrado carecer de la capacidad para satisfacer la suma adeudada. 

Consecuentemente, solicitó que se le ordenara al señor Efron la 

consignación de la cantidad de $104,594.36 o, en su defecto, que el Bufete 

Law Offices David Efron prorratee el 25% del salario que se encuentra 

embargado para que una porción razonable se utilice para satisfacer la 

cantidad adeudada. En su “Oposición” radicada el 15 de junio de 2023, el 

señor Efron argumentó que, según la Resolución emitida por el foro primario 

el 22 de diciembre de 2016, en el caso núm. KDI1999-1421, Madeline 

Candelario del Moral v. David Efron, un 25% de su salario fue embargado, 

y el 75% restante era necesario para su sustento. Nada se expresó sobre 

la inexistencia de otros bienes o activos sujetos a la ejecución de las 

costas y se limitó a alegar que el “restante de su salario” era el 

necesario para su sustento y el de su familia. 

El 3 de agosto de 2023, Brighton radicó su “Réplica en 

Cumplimiento de Orden”. Manifestó que el Peticionario sólo abordó el 

asunto de su salario y no discutió sus demás fuentes de ingreso. También 

señaló que existe una opinión judicial publicada por el Tribunal del Distrito 

de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, Candelario de Moral 

v. UBS Financial Services, 691 F. Supp.2d 291, 294 (DPR 2010), de la cual

se desprendía que la Sociedad Legal de Bienes Gananciales que el señor 

Efron tenía con su excónyuge estaba valorada en 70 millones de dólares. 

Oportunamente, el 21 de agosto de 2023, el Peticionario presentó su 

“Dúplica” e indicó que Brighton no había identificado los alegados activos 

ni solicitado el embargo de los bienes, según la Regla 51 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 51. También reiteró que su salario ya se encontraba

embargado y que no contaba con la liquidez para satisfacer dichas costas. 

Finalmente, el 28 de septiembre de 2023, el TPI emitió una Orden en 

la cual esbozó que no existía razón alguna para que el señor Efron 

continuara incumpliendo con su obligación de pagar las costas, ya que 

poseía diversos bienes y fuentes de ingresos adicionales a su salario. A su 

vez, ordenó al Peticionario a consignar la suma principal de $89,654.82 y 
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los intereses que, al 6 de mayo de 2021, ascendían a $10,217.20 y que 

continuaban acumulándose a razón de $6.23 por día. Además, señaló que 

el incumplimiento con esta Orden conllevaría la imposición de una sanción 

diaria de $100.00 por cada día de incumplimiento. 

Inconforme con lo anteriormente resuelto, el señor Efrón presentó 

una “Solicitud de Reconsideración” que posteriormente fue declarada “No 

Ha Lugar” por el foro a quo mediante Orden notificada el 14 de noviembre 

de 2023. Aún insatisfecho, el Peticionario acudió ante este Tribunal 

mediante el recurso de epígrafe, en el que señaló los siguientes errores: 

i. Erró el TPI al determinar que la Parte Recurrente cuenta 

con la capacidad económica para satisfacer las costas 

adeudadas e imponer sanciones si se incumple con su orden 

de pagar, sin hacer una determinación de hechos basados en 

evidencia admisible.

ii. Erró el TPI al imponer a la Parte Recurrente una sanción 

diaria de $100 dólares, por no satisfacer la suma adeudada 

por concepto de costas a Brighton en un término final y 

perentorio de 30 días, cuando de existir dicha capacidad la 

Parte Recurrente viene obligada a cumplir con los montos 

adeudados en el caso KD11999-1421, Madeline Candelario 

del Moral v. David Efrón. 

El 8 de enero de 2024, el Recurrido presentó “Oposición a la 

Expedición de Recurso de Certiorari”.

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos 

a resolver.

II.

A. 

El auto de certiorari es el recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su discreción, una decisión 

de un tribunal inferior. Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 

711 (2019); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). A 

pesar de ser un recurso procesal excepcional y discrecional, el tribunal 

revisor no debe perder de vista las demás áreas del derecho. Mun. de 

Caguas v. JRO Construction, supra, pág. 703. La Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, dispone que, como norma 

general, este Tribunal de Apelaciones solo expedirá dicho recurso en dos 

situaciones particulares, siendo estas: (1) cuando se recurra de una 
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resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57; o (2) cuando se recurra de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo.

Sin embargo, como excepción a lo mencionado anteriormente, este 

foro apelativo intermedio podrá revisar órdenes o resoluciones 

interlocutorias dictadas por el TPI cuando se recurra de lo siguiente: (1) 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; 

(2) asuntos relativos a privilegios evidenciarios; (3) anotaciones de rebeldía; 

(4) en casos de relaciones de familia; y (5) en casos que revistan interés 

público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Íd.

Así, con el objetivo de ejercer de manera prudente nuestra facultad 

discrecional, es preciso acudir a lo dispuesto en la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. Banco Popular de 

Puerto Rico v. Gómez Alayon, 213 DPR ___ (2023); 2023 TSPR 145. Esta 

norma cobra mayor relevancia en situaciones en las que no hay disponibles 

métodos alternos para asegurar la revisión de la determinación cuestionada.

Íd. A esos efectos, la referida Regla establece los siguientes criterios a 

evaluar:

A. Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida a diferencia de sus fundamentos son 

contrarios a derecho. 

B. Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso 

y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

D. Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más 

elaborados. 

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta 

el caso es la más propicia para su consideración. 

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causa un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución final 

del litigio. 

G. Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa evita un fracaso de la justicia. Íd. 
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Nótese que, distinto al recurso de apelación, el auto de certiorari, por 

ser un recurso discrecional, debe ser utilizado con cautela y por razones de 

peso. Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 918 (2009). En ese sentido, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico reiteradamente ha indicado que la 

discreción significa tener poder para decidir en una u otra forma, esto es, 

para escoger entre uno o varios cursos de acción. García v. Padró, 165 DPR 

324, 334 (2005). También se ha definido como “una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”.

Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayon, supra, pág. 13. En otras 

palabras, el adecuado ejercicio de la discreción judicial está “inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Pueblo v. Ortega 

Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). 

Las decisiones de los tribunales de instancia merecen gran 

flexibilidad y deferencia, debido a que es el foro que conoce las 

particularidades del caso. Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 724, 735 

(2018). Así pues, un tribunal apelativo no intervendrá con las 

determinaciones discrecionales de un tribunal sentenciador, a no ser que

las decisiones emitidas resulten arbitrarias o en un abuso de su discreción.

Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayon, supra, pág. 13. Por tanto, 

los foros apelativos no deben pretender administrar ni manejar el curso 

ordinario de los casos ante el Tribunal de Primera Instancia. SLG ZapataRivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013). No obstante, la 

discreción ha de ceder cuando se configura: (1) un claro abuso de 

discreción, (2) el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad o (3) el tribunal se 

equivocó en la interpretación o aplicación de una norma procesal o de 

derecho sustantivo. Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayon, supra,

pág. 13.

Ahora bien, determinar cuándo un tribunal abusa de su discreción no 

es una tarea sencilla. Existen ciertas guías para poder determinar cuándo 

un tribunal ha abusado de su discreción. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 

DPR 559, 580 (2009). Así pues, un tribunal incurrirá en un abuso de 

discreción cuando el juez: (1) no toma en cuenta e ignora, sin fundamento 
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alguno, un hecho material importante que no podía ser pasado por alto, (2) 

sin justificación, concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e 

inmaterial y basa su decisión exclusivamente en este o (3) toma en cuenta 

todos los hechos materiales e importantes, pero los sopesa y calibra 

livianamente. Íd.

B. 

Las costas se refieren a los gastos necesariamente incurridos en la 

tramitación de un pleito o procedimiento que un litigante debe reembolsar a 

otro por mandato de ley o por determinación discrecional del juez. García 

Rubiera v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005). La Regla 44.1 de 

Procedimiento Civil regula lo concerniente a la concesión de costas. Esta 

dispone lo siguiente: 

(a) Su concesión. Las costas se concederán a la parte a cuyo 

favor se resuelva el pleito o se dicte sentencia en apelación o 

revisión, excepto en aquellos casos en que se disponga lo 

contrario por ley o por estas reglas. Las costas que podrá 

conceder un tribunal son los gastos en que se incurra 

necesariamente en la tramitación de un pleito o procedimiento 

que la ley ordena o que el tribunal, en su discreción, estima 

que una parte debe reembolsar a la otra. 32 LPRA Ap. V, R. 

44.1.

La aludida Regla tiene dos propósitos: (1) reponer lo que una parte 

perdió por ser obligada a litigar y sancionar la litigación inmeritoria, temeraria 

o viciosa. Rosario Domínguez et als. v. ELA et al., 198 DPR 197, 211 (2017). 

Una vez solicitadas, la imposición de costas a favor de la parte victoriosa es 

mandatoria. Maderas Tratadas, v. Sun Alliance et al., 185 DPR 880, 934 

(2012). Sin embargo, su otorgamiento no ocurre automáticamente, ya que 

es necesario la presentación de un memorando de costas en el que se 

detallen los gastos incurridos. Rosario Domínguez et als. v. ELA et al., 

supra, pág. 212. El foro de instancia posee amplia discreción para evaluar 

la razonabilidad y determinar la necesidad de los gastos detallados.

Maderas Tratadas, v. Sun Alliance et al., supra, pág. 935. 

Asimismo, la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, supra, en su inciso 

(c), especifica la forma en que se concederán las costas. Ésta indica lo 

siguiente: 

(b) Cómo se concederán. La parte que reclame el pago de 

costas presentará al tribunal y notificará a la parte contraria, 
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dentro del término de diez (10) días contados a partir del 

archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia, 

una relación o memorándum de todas las partidas de gastos 

y desembolsos necesarios en que se incurrió durante la 

tramitación del pleito o procedimiento. El memorándum de 

costas se presentará bajo juramento de parte o mediante una 

certificación del abogado o de la abogada, y consignará que, 

según el entender de la parte reclamante o de su abogado o 

abogada, las partidas de gastos incluidas son correctas y que 

todos los desembolsos eran necesarios para la tramitación 

del pleito o procedimiento. Si no hubiese impugnación, el 

tribunal aprobará el memorándum de costas y podrá eliminar 

cualquier partida que considere improcedente, luego de 

conceder a la parte solicitante la oportunidad de justificarlas.

32 LPRA Ap. V, R. 44.1.

En lo que respecta a la concesión de costas, no todos los gastos 

derivados del litigio son reembolsables. Maderas Tratadas, v. Sun Alliance 

et al., supra, pág. 935. La Regla 44.1 de Procedimiento Civil, supra, no

abarca la totalidad de los gastos generados en el proceso, ya que no son 

equivalentes a los gastos de todo el litigio y tienen una interpretación 

restrictiva, justificada tradicionalmente en el interés de asegurar un acceso 

más económico para los litigantes. Íd. Es decir, “[n]o se aprobarán gastos 

innecesarios, superfluos o extravagantes”. Garriga, Jr. v. Tribunal Superior,

88 DPR 245, 257 (1963). Por lo tanto, como norma general, los gastos 

habituales de las oficinas de los abogados de los reclamantes, como sellos 

de correo, materiales de oficina y transcripciones de vistas solicitadas por 

conveniencia, pero no necesarias para los demandantes, no son 

recuperables como costas. Andino Nieves v. AAA, 123 DPR 712, 716 

(1989).

III.

En el presente caso, el Peticionario nos solicita que revoquemos la 

determinación del Tribunal de Primera Instancia en la que ordena la 

consignación de la suma adeudada por concepto de costas de la Sentencia 

Sumaria Parcial dictada 17 de octubre de 2016. El señor Efron plantea que 

el foro primario erró al determinar que cuenta con la capacidad económica 

para satisfacer las costas adeudadas y al imponer una sanción diaria de 

$100.00 en un término final y perentorio de 30 días.

Conforme hemos adelantado, la determinación que autorizó la 

ejecución de las costas del litigio, conforme autorizadas por el TPI fue objeto 
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de un trámite procesal que advino final y firme. Luego de analizar el recurso 

ante nos y a la luz del derecho antes citado, determinamos que no están 

presentes los requisitos establecidos por la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, por lo que no se justifica nuestra intervención. 

De conformidad con lo resuelto por el Tribunal de Primera Instancia 

en su Orden de 28 de septiembre de 2023, el expediente del caso

demuestra que el señor Efron, además de recibir un salario de $5,000.00

mensual, posee una propiedad, automóviles y muebles en el estado de 

Florida. De igual manera, recibe dinero para gastos de representación.

Aparte de ello, el Peticionario no proporcionó hechos ni evidencia que 

respaldara la afirmación de no poseer bienes suficientes para cubrir la 

cantidad adeudada. En otras palabras, no colocó al foro de instancia en 

posición de determinar con certeza si realmente carece de los medios 

económicos o de activos para satisfacer las costas del litigio. 

Tras examinar la prueba documental que consta en el expediente 

apelativo, no encontramos base que respalde la expedición del presente 

recurso. Evaluados los hechos particulares de este caso, resolvemos que el 

TPI no abusó de su discreción; más aún cuando estamos ante un caso en 

el que se dictó la Sentencia Sumaria Parcial hace más de 6 años. En vista 

de lo anterior, somos de la opinión de que el caso en cuestión no satisface 

ninguno de los criterios establecidos en la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, que exigiría la expedición del auto de 

certiorari para reemplazar el criterio del TPI por el nuestro. Como resultado,

denegamos la expedición del auto de certiorari.

IV. 

Por los fundamentos antes esbozados, los cuales hacemos formar 

parte de esta Resolución, denegamos la expedición del recurso de certiorari 

solicitado por el Peticionario. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones