Número Identificador

SEN(RES)2023____________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL XI

MIGUEL OLIVENCIA

Recurrido

v.

PLANET SOLAR ANTILLAS, 

LLC; GENERAC POWER 

SYSTEMS, INC.

Recurrente

KLRA202300643

REVISIÓN 

ADMINISTRATIVA

Procedente del 

Departamento de 

Asuntos del 

Consumidor

Querella Núm.:

MAY-2023-0003445

Sobre: Ley Núm. 5 

de 23 de abril de 

1973

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Brignoni Mártir, el Juez 

Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Álvarez Esnard, jueza ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de marzo de 2024.

Comparece ante nos Planet Solar Antillas, LLC (“Planet Solar” 

o “Recurrente”) mediante un Recurso de Revisión Judicial presentado 

el 13 de diciembre de 2023. Nos solicita que revoquemos la 

Resolución emitida y notificada el 10 de octubre de 2023, por el 

Departamento de Asuntos del Consumidor (“DACo” o “agencia 

recurrida”). Mediante el referido dictamen, el DACo decretó la 

resolución del contrato de compraventa suscrito entre Recurrente y 

el señor Miguel Olivencia (“Sr. Olivencia”). Además, condenó al 

Recurrente a reembolsar la cantidad de $27,388.00 y remover el 

equipo solar instalado, a su costo. 

Por los fundamentos expuestos a continuación, confirmamos 

la Resolución recurrida.

I.

El 18 de marzo de 2021, el señor Miguel A. Olivencia Martínez 

(“Sr. Olivencia Martínez” o “Querellante”), la señora Rebeca Morales 

Ibarrondo y Planet Solar suscribieron un contrato intitulado 

Acuerdo de consultoría, diseño, gestoría, e instalación de sistema 
KLRA202300643 2

fotovoltaico con/sin batería de reserva de energía.1 Mediante el 

referido contrato, la compañía Planet Solar instalaría en la 

residencia del Sr. Olivencia Martínez un sistema fotovoltaico con 

batería de reserva de energía, el cual estaría garantizado por un 

periodo de cinco (5) años. Para dicha instalación, el Sr. Olivencia 

Martínez debía pagar la cantidad de $27,388.30. 

Así las cosas, el 17 de enero de 2023, el Sr. Olivencia Martínez 

incoó una Querella ante DACo contra Planet Solar.

2 En síntesis, 

alegó que el 14 y 16 de mayo de 2021 se instaló en su residencia el 

sistema de placas solares con la batería, pero el mismo no 

funcionaba. Sostuvo que procedió a realizar varias llamadas de 

servicio y la compañía visitó la propiedad. En su visita, determinó 

que, debido a las fluctuaciones del voltaje en la zona, el sistema solar 

se comportaba de manera “anormal”. Añadió que luego de varios 

intentos con el sistema, Planet Solar se comprometió a comprarle 

un regulador de voltaje, el cual nunca le entregaron. Señaló que no 

se realizó un estudio de carga en la propiedad y de haber sabido que 

el sistema no funcionaría por el problema de voltaje, no lo hubiese 

adquirido. Así que, solicitó que le devolvieran el dinero que pagó por 

el sistema. 

Transcurridos varios trámites, el 23 de mayo de 2023, Planet 

Solar presentó Contestación a la Querella.

3 Mediante esta, señaló 

que no había incumplido con los términos del contrato, toda vez que 

se había respondido y atendido las llamadas de servicio solicitadas 

por el Sr. Olivencia Martínez. Indicó que fue este último quien 

rechazó las citas programadas para brindarle servicio. Esgrimió que 

se le notificó al Querellante que debía hacer una reclamación en 

LUMA Energy para que atendiera el problema de voltaje y que había 

1 Apéndice recurso, págs. 197-211.

2 Íd, pags. 3-5.

3 Íd, pags. 23-27.
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autorizado la adquisición, a su costo, de un regulador de voltaje a 

instalarse en la residencia del Querellante. Argumentó que no se 

podía adjudicar la controversia puesto que faltaba acumular como 

parte indispensable a Generac Power System y a LUMA Energy, 

además, de que el DACo no tenía jurisdicción sobre la materia. Por 

lo cual, solicitó que se desestimara con perjuicio la reclamación. 

El 23 de mayo de 2023, se celebró una vista administrativa. 

En esta, la representación legal de la parte Recurrente presentó 

alegaciones relacionadas a la falta de parte indispensable. 

Argumentó, entre otras cosas, que no se podía dilucidar la 

controversia sin la presencia de la compañía Generac Power System, 

Inc., (“Generac”).

4 Además, levantó como defensa que el Sr. 

Olivencia Martínez se había negado a que le instalaran una pieza a 

su equipo solar, la cual ayudaría a mitigar el problema de carga de 

energía del sistema.

5 Con el fin de atender dichos planteamientos, 

el 25 de mayo de 2023, notificada el 31 del mismo mes y año, el 

DACo Notificación y Orden, en la que ordenó lo siguiente:6

Se ordena a la parte querellada Planet Solar Antillas, 

LLC., coordinar la cita de instalación de regulador de 

voltaje, con la parte querellante el día 26 de mayo de 

2023. 

Una vez llevada a cabo la instalación del regulador, la 

parte querellante monitoreará el funcionamiento del 

sistema por espacio de 30 días. 

Se ordena a la parte querellada, que dentro del término 

de 10 días provea ante DACO y a la parte querellante, 

la dirección física y postal de Generac. 

Se ordena a la parte querellante enmendar la querella, 

para incluir a Generac, dentro del término de 15 días 

contados a partir de la fecha de notificación de la 

dirección de Generac.

Posteriormente, el 7 de junio de 2023, se presentó Enmienda 

a Querella, en la que incluyó como parte querellada a Generac y 

alegó que dicha compañía le ofreció un servicio de reparación por 

4 Véase Transcripción de la Prueba Oral (“TPO”), en el Apéndice recurso, págs. 109-

110.

5 TPO, págs. 112, 119, 126-128 y 131.

6 Apéndice recurso, págs. 28-31.
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garantía.7 A su vez, notificó que había radicado una querella ante 

LUMA por el asunto de voltaje de su residencia. El 5 de julio de 2023, 

Generac presentó Contestación a querella enmendada y defensas 

afirmativas,

8 en la que negó las alegaciones contenidas en la querella 

y solicitó copia de toda prueba que el Querellante pretendía utilizar 

en la vista. 

Tras varias incidencias procesales, el 13 de septiembre de 

2023, se llevó a cabo la continuación de la vista administrativa. 

Evaluadas las posturas de ambas partes, el 10 de octubre de 2023, 

el DACo emitió la Resolución recurrida, en la que formuló las 

siguientes determinaciones de hechos:9

1. El día 18 de marzo de 2021, la parte querellante, Miguel 

Olivencia Martínez, otorgó un contrato de compraventa y 

servicio con la parte querellada, Planet Solar Antillas, 

LLC., en adelante Planet, de un sistema solar fotovoltaico 

de 4.07kw. Para esto[,] las partes firmaron un contrato 

intitulado: “Acuerdo de Consultoría Diseño, Gestoría e 

Instalación de Sistema Fotovoltaico con/sin Batería de 

Reserva de Energía”. 

2. Las partes acordaron que el precio total de los servicios y 

equipos objeto del contrato fue de $27,388.30. El 

querellante tomó un préstamo, con un tercero, para 

adquirir el sistema solar. El querellante pagó en su 

totalidad el precio acordado a Planet. 

3. El contrato incluía las gestiones para la interconexión de 

generador distribuido mediante el programa de Medición 

Neta de la Autoridad de Energía Eléctrica (ahora LUMA). 

4. La instalación del sistema solar fue llevada a cabo por 

Planet, entre el 14 de mayo de 2021 y 16 de mayo de 

2021. 

5. Los equipos instalados, tales como, inversor, micro 

inversor y batería son marca Generac. Los paneles 

solares son marca Peimar.

6. Todos los componentes del sistema fotovoltaico y de 

baterías de reserva de energía utilizados por Planet 

tendrán la garantía original ofrecida directamente por y 

con el manufacturero de los mismos. Planet no es 

responsable por defectos de fábrica de ninguno de los 

componentes utilizados. Las garantías son del equipo, si 

hay cambio de dueño, el nuevo dueño sigue con la 

garantía. 

7. La mano de obra de la instalación está garantizada por 

un término de 5 años, a través de Planet. 

7 Íd, págs. 50-54.

8 Íd, págs. 46-49.

9 Íd, págs. 75-86.
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8. Al momento del diseño e instalación del sistema solar, se 

basó en la factura de la Autoridad de Energía Eléctrica, 

el consumo actual (al momento) y/o proyectado de su 

consumo, aproximado, pies cuadrados requeridos, entre 

otros (que no se expresan en el contrato). El querellado 

Planet, para definir el tamaño de su sistema solar, se 

toma en consideración el consumo promedio diario de los 

meses anteriores, según provistos por el cliente, para ser 

producidos en un periodo promedio de 5.5 horas de sol 

(promedio para Puerto Rico, el cual puede variar según la 

zona en Puerto Rico), la eficiencia y pérdidas del sistema. 

9. Al momento del querellante otorgar el contrato con la 

parte querellada, esta no llevó a cabo medidas del 

voltaje en la residencia; tampoco le advirtió al 

querellante que si ocurría voltaje alto, el equipo no 

funcionaría.

10. Del querellante haber conocido, que de existir alto 

voltaje en su residencia y que el equipo dejaba de 

funcionar debido a esto, no hubiera adquirido el 

sistema.

11. El mismo día que se instaló el sistema solar, este no 

funcionó.

12. El querellante le reclamó tanto a Generac como a Planet, 

que el primer día de instalado el sistema este no 

funcionaba. El querellante estuvo 3 semanas desde 

instalado el sistema sin utilizar el mismo. 

13. Al mes de instalado el sistema, los querellados Planet y 

Generac, acudieron a la residencia del querellante, y 

encontraron, que Planet había olvidado instalar un cable 

de transfer switch, que procedieron a instalar y el sistema 

funcionó.

14. Luego de la instalación del cable, el sistema funcionaba 

en una semana, 3 días si, y 4 días no, o 4 días si y 3 días 

no, o 2 días si y 5 días no. El sistema no operaba en su 

totalidad todas las semanas. 

15. Para el 6 de junio de 2021, no hubo servicio de energía 

eléctrica en la residencia del querellante por 4 días, y el 

sistema no funcionó.

16. El querellante reclamó a Generac y Planet que el sistema 

no operaba, lo que dio lugar a que representantes de 

Generac y de Planet acudieran a la residencia del 

querellante a verificar. Durante dicha visita, se presentó 

el Sr. Enrique Aponte, representante del querellado 

Planet, en compañía del ingeniero Fermín Tovar, en 

representación de Generac. Ambos representantes 

querellados, le explicaron al querellante que debido a 

las fluctuaciones de voltaje en la zona el sistema no 

operaba normal. 

17. La Sra. Juliana, empleada de Planet, era la persona con 

quien el querellante se contactaba para brindarle la

información de las quejas del problema del sistema. 

18. Ante las constantes reclamaciones del querellante, el 

querellado Planet se comprometió en instalar un 

regulador de voltaje para lidiar con la situación de alto 

voltaje en la residencia, y de esta manera el querellante 

pudiera utilizar el sistema adquirido. 

19. El regulador de voltaje se encargaría de enviar a la 

residencia la energía eléctrica necesaria que requiere la 

residencia. 
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20. El querellante se mantuvo constantemente en 

comunicación tanto con Planet como con Generac, 

informando que el sistema no estaba operando 

efectivamente.

21. Ante las reclamaciones del querellado, Generac autorizó 

el reemplazo del inversor, el cual Planet instaló.

22. El 18 de septiembre de 2022, el Huracán Fiona pasó por 

el área suroeste de Puerto Rico. Debido al paso del 

Huracán, varias zonas de Puerto Rico se vieron afectadas 

quedándose sin servicio de energía eléctrica. Ante la 

ausencia de servicio de energía eléctrica, el sistema solar 

del querellante operó, y luego cuando regresó el servicio 

de energía eléctrica el sistema dejó de funcionar 

nuevamente.

23. La parte querellante volvió a reclamar a Planet, ante lo 

cual acudió un técnico y determinó que hay problemas 

con el inversor, y es entonces que Generac autoriza el 

reemplazo nuevamente del inversor, y Planet lo instaló.

24. Luego del reemplazo del inversor, el sistema solar 

continuó presentando problemas. En la última visita de 

los técnicos, estos desconectaron el sistema porque no 

estaba operando debido a las altas fluctuaciones de 

voltaje en la residencia. 

25. El querellado Planet, no instaló el regulador de voltaje 

que había prometido al querellante.

26. El querellante presentó una querella en la compañía 

Luma, debido al problema de alto voltaje. A pesar de la 

querella presentada, y las llamadas del querellante, 

LUMA nunca ha acudido a la residencia, ni ha corregido 

la situación de alto voltaje. 

27. El día 17 de enero de 2023, la parte querellante presentó 

ante este Departamento la querella de epígrafe. 

28. El 23 de mayo de 2023, la parte querellada Planet, 

presentó Contestación a Querella, en la cual se alegó y 

expuso en el inciso 7 y 8, que Planet autorizó la 

adquisición, a su costo, de un regulador de voltaje a 

instalarse en la residencia del querellante y que de 

inmediato se instruyó a un comprador para que realizara 

las gestiones; que el regulador debía adquirirse fuera de 

Puerto Rico y tomaría un tiempo en llegar, datos que 

fueron informados al querellante por el personal de 

Planet. 

29. El día 23 de marzo de 2023, se celebró una vista 

administrativa que se convirtió en una vista de estado de 

los procedimientos. Durante dicha vista se atendieron 

varios asuntos y planteamientos, y este Departamento 

emitió la siguiente Notificación y Orden:

“NOTIFICACION”

El día 23 de mayo de 2023, las partes de epígrafe

comparecieron a la celebración de una vista 

administrativa. 

Durante la vista administrativa, se atendieron varios 

asuntos, entre ellos el trabajo de instalación de u 

regulador de voltaje ofrecido por el querellado, para esto 

la parte querellada se comunicará con la parte 

querellante el día 26 de mayo de 2023, para coordinar 

una cita de instalación. Una vez llevada a cabo la 

instalación del regulador, la parte querellante 

monitoreará el funcionamiento del sistema por espacio de 

30 días. Quedó establecido en la vista, que la instalación 
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del equipo no se interpreta como desistimiento de la parte 

querellante con la querella presentada. 

Por otro lado, se atendió el planteamiento de que no fue 

incluido en la querella, como parte querellada, el 

manufacturero de los equipos y quien provee la garantía, 

Generac. Se ordenó en sala a la parte querellada, que en 

el termino de 10 días debía proveer la dirección física y 

postal de Generac.

Se ordenó en sala, que la parte querellante tiene 15 días

a partir de la fecha de notificación de la dirección de 

Generac, para presentar enmienda a querella para incluir 

al manufacturero Generac. 

Posteriormente se citará a las partes a una vista 

administrativa. 

Por todo lo antes expuesto, este Departamento, en virtud 

de las facultades conferidas por la Ley Número 5 del 23 

de abril de 1973, según enmendada, emite la siguiente:

ORDEN

Se ordena a la parte querellada Planet Solar Antillas, 

LLC., coordinar la cita de instalación de regulador de 

voltaje, con la parte querellante el día 26 de mayo de 

2023. 

Una vez llevada a cabo la instalación del regulador, la 

parte querellante monitoreará el funcionamiento del 

sistema por espacio de 30 días. 

Se ordena a la parte querellada, que dentro del término 

de 10 días provea ante DACO y a la parte querellante, la 

dirección física y postal de Generac. 

Se ordena a la parte querellante enmendar la querella, 

para incluir a Generac, dentro del término de 15 días 

contados a partir de la fecha de notificación de la 

dirección de Generac. 

30. El día 7 de junio de 2023, la parte querellante enmendó 

la querella para incluir a la parte co querellada Generac 

Power System, Inc. 

31. Luego de incluido Generac en la querella, este autorizó el 

reemplazo de la batería del sistema, lo cual así se hizo. A 

pesar del cambio de la batería, el sistema continuó sin 

poder ser utilizado. 

32. El querellado Planet, no instaló el regulador de voltaje. 

33. En el acto de la vista administrativa, del 13 de septiembre 

de 2023, la representante legal del querellado Planet 

estableció que el costo del regulador de voltaje ascendía 

sobre $3,000.00, y que la compra e instalación le 

correspondía al cliente (querellante), por lo que Planet no 

lo instaló.

34. El sistema solar adquirido por el querellante se encuentra 

desconectado por instrucciones de Planet, cuando visitó 

al querellante, debido a voltaje alto. El querellado solo 

usa la energía eléctrica proveniente de LUMA. Nunca ha 

utilizado el Programa de Medición Neta el cual indicaba 

el contrato otorgado que se inscribiría ante AEE. 

35. El querellante no ha podido hacer uso efectivo del sistema 

solar adquirido a Planet. (Énfasis nuestro). 

En esencia, el DACo resolvió que el Sr. Olivencia Martínez fue 

engañado en la contratación de la compra del sistema solar, puesto 
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que Planet Solar guardó silencio sobre los asuntos relacionados a 

que el alto voltaje de la propiedad provocaría que el sistema no 

pudiera cumplir su función. Sostuvo que “el vendedor [Planet 

Solar] tiene el deber de notificar al comprador las diferentes 

situaciones que ocurren con el sistema solar a consecuencia de 

los voltajes, en esencia el vendedor debe manifestare al 

comprador lego todo lo relacionado con estos sistemas solares, 

para que este tome una decisión informada y consciente de lo 

que está ocurriendo”. (Énfasis nuestro). Al no haberse informado 

al Sr. Olivencia Martínez sobre el asunto del voltaje, se configuró el 

dolo en la contratación. Siendo así, determinó que procedía decretar 

la nulidad del contrato, por la existencia de dolo grave que vició el 

consentimiento. En consecuencia, ordenó a Planet Solar a 

reembolsar la suma de $27,388.00 y a remover, a su costo, los 

equipos instalados en la residencia del Sr. Olivencia Martínez. 

En desacuerdo, el 30 de octubre de 2023, Planet Solar 

presentó su Moción de Reconsideración,

10 la cual no fue acogida por 

el DACo. Ante ello, el 13 de diciembre de 2023, Planet Solar acudió 

ante nos mediante un Recurso de Revisión Judicial, en el que formuló 

los siguientes señalamientos de error:

Erró el Departamento de Asuntos del Consumidor, 

Oficina Regional de Mayagüez, al asumir jurisdicción 

sobre la controversia pues la legislación vigente confiere 

jurisdicción primaria exclusiva al Negociado de Energía 

de Puerto Rico, en particular sobre el trasbordo de 

energía eléctrica o interconexión con la red de 

transmisión y distribución. 

Erró el Departamento de Asuntos del Consumidor, 

Oficina Regional de Mayagüez, al determinar que Planet 

Solar Antillas, LLC incurrió en dolo grave y, por tanto, 

resolver el contrato otorgado por las partes. 

El 21 de diciembre de 2023, esta Curia emitió Resolución en 

la que le confirió un término de treinta (30) días a la parte Recurrida 

para que expusiera su oposición al recurso instado. En vista de que 

10 Apéndice recurso, págs. 92-102.
KLRA202300643 9

dicha parte no compareció, procedemos a resolver la controversia 

sin el beneficio de su comparecencia. 

II.

A. Revisión Administrativa

Las determinaciones administrativas están sujetas al proceso 

de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. Artículo 4.006 

de la Ley de la Judicatura, Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA sec. 24y; 

OEG v. Martínez Giraud, 210 DPR 79, 88 (2022); AAA v. UIA, 200 

DPR 903, 910 (2018). La Sección 4.6 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38 de 

30 de junio de 2017, según enmendada, 3 LPRA sec. 9676, (“LPAU”), 

faculta al tribunal intermedio a revisar decisiones, órdenes y 

resoluciones finales de organismos administrativos. Ahora bien, el 

proceso de revisión judicial está limitado a determinar: (1) si el 

remedio concedido por la agencia fue el apropiado; (2) si las 

determinaciones de hechos de la agencia están basadas en evidencia 

sustancial que obra en el expediente administrativo, y (3) si las 

conclusiones de derecho fueron las correctas. Asoc. FCIAS. v. Caribe 

Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010). Véase, también, Mun. 

de San Juan v. J.C.A. 149 DPR 263, 279 (1999). Los tribunales 

apelativos debemos sostener los dictámenes agenciales a menos que 

la presunción de legalidad haya sido superada. Capó Cruz v. Jta.

Planificación et al., 204 DPR 581, 591 (2020); Torres Rivera v. Policía

de PR, 196 DPR 606, 626 (2016).

Las determinaciones administrativas se sostendrán siempre y 

cuando estén fundamentadas en evidencia sustancial que obre del 

expediente. Sección 4.5 de la LPAU, supra, 3 LPRA sec. 9675. La 

evidencia sustancial es “aquella evidencia relevante que una mente 

razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión”. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 216 

(2012); Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485, 512 (2011).
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En ese sentido, “la parte que impugna judicialmente las 

determinaciones de hechos de una agencia administrativa tiene el 

peso prueba para demostrar que éstas no están basadas en el 

expediente o que las conclusiones a las que llegó la agencia son 

irrazonables”. OEG v. Martínez Giraud, supra, pág. 89.

Por otro lado, “cuando de conclusiones de derecho se trata, 

los tribunales tenemos una amplia facultad de revisarlas 

completa y absolutamente”. IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 

184 DPR 712, 745 (2012); Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R.,

144 DPR 425, 436 (1997). La Sección 4.5 de la LPAU, supra, dispone 

que “[l]as conclusiones de derecho serán revisables en todos sus 

aspectos”. Solo intervendremos cuando la actuación administrativa 

resulte arbitraria, ilegal o irrazonable. Capó Cruz v. Jta. Planificación

et al., supra, pág. 592. Lo anterior “no equivale a la sustitución 

automática del criterio e interpretación del organismo 

administrativo”. Íd., pág. 591; Rolón Martínez v. Supte. Policía, 

201 DPR 26, 36 (2018). La determinación de una agencia merece 

deferencia sustancial aun cuando su interpretación no sea la única 

razonable. Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 969, 1003 

(2011). 

B. Orden 2022-002 e Interpretación Administrativa 2022-

003 del DACo

Ley Núm. 5 del 23 de abril de 1973, según enmendada, 

conocida como Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del 

Consumidor, 3 LPRA sec. 341 et seq., (“Ley Núm. 5”), faculta al 

Departamento de Asuntos del Consumidor (“DACo”) a “vindicar e 

implementar los derechos del consumidor, frenar las tendencias 

inflacionarias; así como el establecimiento y fiscalización de un 

control de precios sobre los artículos y servicios de uso y consumo”. 

3 LPRA sec. 341b. Para cumplir con dicho deber ministerial, el 

Artículo 6 de la precitada Ley faculta al DACo para, entre otros: 
KLRA202300643 11

(a) Reglamentar, fijar, controlar, congelar y revisar los 

precios, márgenes de ganancias y las tasas de rendimiento 

sobre capitales invertidos a todos los niveles de mercadeo, 

sobre los artículos, productos y aquellos servicios que 

corriente y tradicionalmente se prestan y se cobran por horas 

o por unidad, se ofrezcan o se vendan en Puerto Rico, en 

aquellos casos que tales medidas se justifiquen para proteger 

al consumidor de alzas injustificadas en los precios, evitar el 

deterioro del poder adquisitivo del consumidor, y proteger la 

economía de presiones inflacionarias. [...].

[...]. 

(c) Atender, investigar y resolver las quejas y querellas 

presentadas por los consumidores de bienes y servicios 

adquiridos o recibidos del sector privado de la economía. [...].

(d) Poner en vigor, implementar y vindicar los derechos de los 

consumidores, tal como están contenidos en todas las leyes 

vigentes, a través de una estructura de adjudicación 

administrativa con plenos poderes para adjudicar las 

querellas que se traigan ante su consideración y conceder los 

remedios pertinentes conforme a Derecho. [...].

[...]. 

(i) Interponer cualesquiera remedios legales que fueran 

necesarios para hacer efectivos los propósitos de esta ley y 

hacer que se cumplan las reglas, reglamentos, órdenes, 

resoluciones y determinaciones del Departamento. [...]. 

(j) Reglamentar y fiscalizar los anuncios y las prácticas 

engañosas en el comercio, incluyendo la facultad de 

fiscalizar los reclamos sobre la calidad y demás cualidades 

de los productos y servicios, realizados a través de los 

distintos medios de comunicación, así como requerir de los 

anunciantes evidencia de la veracidad de los reclamos 

realizados. 

[...].

(l) Promover y establecer normas de calidad, seguridad e 

idoneidad en los servicios y en los productos de uso y 

consumo y requerir su cumplimiento. El Secretario podrá 

requerirle, dentro de un tiempo razonable, a toda empresa 

que venda algún producto u ofrezca algún servicio en Puerto 

Rico y que sea objeto de una querella, investigación rutinaria 

o información que impugne la idoneidad del producto o 

servicio, que lleve a cabo pruebas de calidad, seguridad e 

idoneidad, realizadas según se disponga específicamente en 

cada caso y costeadas por la propia empresa. [...].

[...].

(s) En coordinación con las demás agencias y 

departamentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

promover y velar por el cumplimiento de todas las leyes, 

reglas, reglamentos y órdenes que afecten los intereses 

del consumidor. 

[...]. 

(z) Establecer un sistema de licencias y de fianzas para la 

venta y alquiler de bienes, productos y servicios que se 

ofrezcan en Puerto Rico, cuando ello sea necesario y propio 

para poner en efecto los propósitos de esta ley. [...]. (Énfasis 

nuestro). 3 LPRA sec. 341e.

Asimismo, el Artículo 8 (a) de la Ley Núm. 5, supra, dispone 

que “[e]l Secretario tendrá poder para aprobar, enmendar o revocar 
KLRA202300643 12

aquellas reglas, reglamentos, órdenes, resoluciones y 

determinaciones necesarias al cumplimiento de esta ley”. 3 LPRA 

sec. 341g. 

Al amparo de las facultades conferidas, el 9 de febrero de 

2022, el Secretario del DACo emitió la Interpretación 2022-03 para 

Aclarar Aspectos Jurisdiccionales del Foro Adjudicativo del DACO 

Respecto a los Comercios que Ofrecen Servicios de Venta, Instalación 

y/o Mantenimiento de Sistemas de Placas Solares (“Interpretación 

2022-03”). El propósito de la Interpretación 2022-03 es aclarar que 

tanto el Negociado de Energía de Puerto Rico (“Negociado”), como el 

DACo ostentan jurisdicción sobre las posibles controversias 

relacionadas a los sistemas de placas solares. Por ello, la aludida 

Interpretación sirve a los fines de “delimitar el marco de acción de 

cada agencia, así como los efectos que pudiera tener sobre dicha 

jurisdicción la existencia de una cláusula de arbitraje”. 

En cuanto a la jurisdicción, la Interpretación 2022-03, supra,

dispone que el DACo ostenta jurisdicción para atender querellas 

relacionadas a servicios de paneles o placas solares, siempre que 

tales reclamaciones no contengan alegaciones que giren en torno a 

aspectos de jurisdicción primaria del Negociado. Sobre ello, expone 

el documento, que el Tribunal de Apelaciones ha avalado la 

jurisdicción del DACo en los siguientes escenarios: 1) controversias 

relacionadas a los servicios en garantía; 2) alegaciones por 

incumplimiento contractual, por productos defectuosos, ya sean 

placas solares o las baterías; y 3) cualquier controversia relacionada 

a la adquisición de un producto (las placas o las baterías), la 

instalación y los servicios prestados en relación a los mismos. A su 

vez, el DACo ostenta jurisdicción sobre todos los asuntos 

relacionados a prácticas engañosas y cuando surjan alegaciones de 

daños a la propiedad, como resultado de la instalación defectuosa 

de un sistema de placas solares. 
KLRA202300643 13

En síntesis, el DACo ostentará jurisdicción sobre todo caso 

relacionado a la compraventa, instalación y mantenimiento de 

servicios de placas solares, “siempre que no estén de por medio 

asuntos en torno a la producción de energía, los métodos de 

facturación, las tarifas o los problemas de interconexión”. En 

cualquier caso que se argumente la nulidad del contrato, se hará 

innecesario discutir la validez o no de una cláusula en particular y 

“la jurisdicción del foro adjudicativo del DAC[o] sería 

incuestionable”.

Por su parte, la Interpretación 2022-03, supra, establece que el 

Negociado tiene jurisdicción primaria exclusiva sobre los casos y 

controversias relacionadas con: 

• La política pública energética del Gobierno de Puerto 

Rico;

• Las tarifas y cargos que establezca la Autoridad y 

cualquier productor independiente de energía;

• Trasbordo de energía eléctrica o interconexión entre la 

Autoridad o sus subsidiarias, y toda persona que esté, o 

interese estar, conectada a la red de energía eléctrica o 

con un interés en esos servicios; y 

• Los contratos entre la Autoridad y los productores 

independientes de energía, así como entre productores 

independientes de energía, incluidos los casos en que se 

cuestione la razonabilidad de las tarifas de interconexión, 

o la razonabilidad de los términos y condiciones de un 

contrato de compra de energía.

El Negociado cuenta con un procedimiento adjudicativo, en el 

cual puede comparecer para instar una reclamación el Programa de 

Política Pública Energética del Departamento de Desarrollo 

Económico, contra “cualquier persona que este incurriendo o haya 

incurrido en acciones u omisiones contrarias a la política pública 

energética del Gobierno, y la Oficina Independiente de Protección al 

Consumidor (OIPC)”. A su vez, la OIPC tendrá facultad para 

presentar querellas o recursos legales ante el Negociado, a nombre 

o en representación de clientes de servicio eléctrico, sobre 

controversias relacionadas a lo siguiente: factura, tarifas y cargos 

de la Autoridad de Energía Eléctrica o de productores 
KLRA202300643 14

independientes de energía, política publica energética, asuntos 

ambientales, controversias sobre los servicios de cualquier 

compañía de cualquier servicio eléctrico u otro asunto que afecte los 

intereses o derechos de los clientes del servicio eléctrico. Así, la 

Interpretación 2022-03, supra, aclara que el Negociado tendrá 

jurisdicción primaria “cuando están de por medio asuntos 

relacionados con la producción de energía, los métodos de 

facturación y/o las tarifas impuestas a los consumidores”. En estos 

casos, “el DAC[o] está impedido de actuar directamente”.

De otro lado, el 9 de febrero de 2023 el DACo emitió la Orden 

2022-002 para Detallar los Principales Pasos a Seguir Cuando se 

Radique una Querella Relacionada a Servicios de Venta, Instalación 

y Mantenimiento de Sistemas de Placas Solares (“Orden 2022-002”). 

Dicha orden fue emitida con el propósito de facilitar el trámite 

interno del DACo, en los casos que la agencia cuente con 

jurisdicción, según dispone la Interpretación 2022-003, supra.

C. Dolo en la contratación

Nuestro ordenamiento contractual sostiene que “[e]l contrato es 

el negocio jurídico bilateral por el cual dos o más partes expresan 

su consentimiento en la forma prevista por la ley, para crear, 

regular, modificar o extinguir obligaciones.” 31 LPRA sec. 9751. Los 

contratos se perfeccionan “desde que las partes manifiestan su 

consentimiento sobre el objeto y la causa, salvo en los casos en que 

se requiere el cumplimiento de una formalidad solemne o cuando se 

pacta una condición suspensiva”. 31 LPRA sec. 9771. Una vez 

concurra los elementos de objeto, causa y consentimiento, “[l]o 

acordado en los contratos tiene fuerza de ley entre las partes, ante 

sus sucesores y ante terceros en la forma que dispone la ley”. 31 

LPRA sec. 9754. Véase, además, Blanco Matos v. Colón Mulero, 200 

DPR 398, 407-408 (2018). 
KLRA202300643 15

En cuanto al consentimiento, el Artículo 1218 del Código Civil de 

Puerto Rico de 2020, (“Código Civil”) dispone que “[e]xiste 

consentimiento por el concurso de la oferta y de la aceptación 

cuando el oferente recibe la aceptación”. 31 LPRA sec. 9772. Sin 

embargo, en los casos que se celebre un negocio jurídico en el 

que medie un vicio de la voluntad, dicho negocio será anulable

si el vicio fue determinante para su otorgamiento. 31 LPRA sec. 

6192. (Énfasis nuestro). Sobre ello, el Artículo 285 del Código Civil, 

supra, dispone que será un vicio de la voluntad el error, el dolo, la 

violencia y la intimidación. 31 LPRA sec. 6191. “El causante del dolo, 

la violencia o la intimidación queda sujeto a la indemnización de los 

daños y perjuicios resultantes.” 31 LPRA sec. 6192. Ello, debido a 

que “[l]a autonomía de la voluntad es uno de los principios 

cardinales que rigen las relaciones contractuales en nuestro 

ordenamiento”. Blanco Matos v. Colón Mulero, supra.

Sobre el caso particular del dolo, el Código Civil dicta que el 

dolo grave es “la acción u omisión intencional por la cual una parte 

o un tercero inducen a otra parte a otorgar un negocio jurídico 

que de otra manera no hubiera realizado. Si la acción u omisión 

no provoca la realización del negocio jurídico, el perjudicado puede 

reclamar los daños y perjuicios que sufra.” 31 LPRA sec. 6211. 

(Énfasis nuestro). A su vez, el Artículo 1164 del Código Civil, supra,

establece que el dolo “consiste en el incumplimiento deliberado y de 

mala fe de la obligación.” 31 LPRA sec. 9316. El dolo ha sido 

entendido como “todo un complejo de malas artes, contrario a las 

leyes de la honestidad e idóneo para sorprender la buena fe ajena, 

generalmente en propio beneficio”. S.L.G. Ortiz-Alvarado v. Great 

American, 182 DPR 48, 63 (2011) citando a, L. Díez-Picazo, 

Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, 6ta ed. Navarra, Ed. 

Thomson/Arazandi, 2007, Vol. I, pág. 170.
KLRA202300643 16

El elemento objetivo del dolo puede consistir en cualquier 

conducta como astucias, argucias, mentiras, sugestiones, artificios, 

invención de hechos falsos, ocultación de los existentes o en 

suministrar referencias incompletas de éstos. S.L.G. Ortiz-Alvarado 

v. Great American, supra, págs. 64-65. El dolo “se caracteriza como

la infracción voluntaria y consciente de un deber jurídico que 

ocasiona al otro contratante un perjuicio del que debe responder”. 

Íd, pág. 68, citando a Márquez v. Torres Campos, 111 DPR 854, 865 

(1982). En los casos en los que medie dolo incidental, no se 

invalidará el negocio jurídico, “pero su autor debe indemnizar el 

daño causado. El dolo recíproco no invalida el negocio ni obliga a 

resarcir.” 31 LPRA sec. 6213. 

Por otro lado, “existe otra aplicación del dolo contractual que 

surge, no en la etapa de la contratación, sino en el curso de la 

consumación del contrato. Este consiste en la omisión consciente, 

intencionada y voluntaria de eludir el cumplimiento de la obligación, 

con conocimiento de que se realiza un acto injusto”. Colón v. Promo 

Motors Imports, Inc. 144 DPR 659 (1997), citando a Canales v. Pan 

American, 112 DPR 329, 340 (1982). El dolo no se presume, por lo 

cual, no se puede establecer mediante meras alegaciones, sino 

“corresponde a quien reclama dicha conducta dolosa la 

responsabilidad de la prueba”. Colón v. Promo Motor Imports, Inc.,

supra, pág. 669. “La prueba de la existencia del vicio y de su carácter 

incumbe a quien lo alega.” 31 LPRA sec. 6192.

III.

En el presente recurso, la parte Recurrente nos alega que erró

el DACo al emitir la Resolución recurrida. En particular, señala que 

la agencia recurrida reconoció en su dictamen que el Querellante 

tiene un problema de voltajes en su residencia, lo que implica que 

la jurisdicción sobre dicha controversia la ostenta el Negociado de 

Energía y no DACo.
KLRA202300643 17

En su primer error, el Recurrente nos invita a examinar, de 

manera prioritaria, si el DACo ostenta jurisdicción sobre la 

controversia de autos. Contestamos en la afirmativa. 

Según surge del expediente del caso de epígrafe, el Sr. 

Olivencia Martínez instó una Querella ante el DACo en la que alegó

que compró un sistema de placas solares con baterías a Planet 

Solar, el cual estuvo defectuoso desde el momento de la instalación. 

Afirmó que realizó varias llamadas de servicio a la compañía

Recurrente y recibió varias visitas, en las que le notificaron que su 

residencia tenía un problema de voltaje, que provocaba que el 

sistema actuara de manera “anormal”. Señaló que, de haber 

conocido que el problema de voltaje ocasionaba que el sistema no 

funcionara, no lo hubiese adquirido. Además, alegó que la compañía 

le prometió un regulador de voltaje para atender el problema, el cual 

nunca le instaló.

De una lectura a las alegaciones contenidas en la querella y 

de las determinaciones de hechos realizadas por el DACo, no nos 

alberga duda que el DACo ostentaba jurisdicción para atender la 

controversia presentada por el Sr. Olivencia Martínez, de 

conformidad con la Interpretación 2022-003, supra. El precitado 

documento, dispone que el DACo ostenta jurisdicción sobre todo 

caso relacionado a la compraventa, instalación y 

mantenimiento de servicios de placas solares, “siempre que no 

estén de por medio asuntos en torno a la producción de energía, los 

métodos de facturación, las tarifas o los problemas de 

interconexión”. Además, la Interpretación 2022-003, supra, faculta 

a la agencia recurrida a atender todos los asuntos relacionados a 

prácticas engañosas en la contratación.

La cuestión principal que estaba ante la consideración de la 

agencia recurrida no era el problema del voltaje. Más bien, la 

controversia de autos versa sobre si medió alguna práctica engañosa 
KLRA202300643 18

o algún vicio del consentimiento por parte de Planet Solar al 

momento de la contratación de la compra del sistema solar. 

Además, el Sr. Olivencia Martínez expone que el sistema es uno 

defectuoso, que no cumple las funciones para la cual fue adquirido

y que la compañía no lo orientó sobre el hecho de que algún 

problema de voltaje en su residencia podría dificultar el 

funcionamiento del sistema. Asimismo, alegó que la compañía

Recurrente lo engañó al no instalarle un regulador de voltaje que le 

prometió. 

Lo anterior pone de manifiesto que la querella incoada por el 

Sr. Olivencia Martínez contiene alegaciones que pudieran dar lugar 

a una práctica engañosa por parte de una compañía solar e incide 

directamente sobre uno elementos esenciales del otorgamiento del 

contrato, el consentimiento. Por tal razón, coincidimos que el DACo 

es el foro con jurisdicción para ventilar los reclamos del Sr. Olivencia 

Martínez. 

En cuanto al segundo error, la parte Recurrente sostiene que

erró el DACo al determinar que existió dolo en la contratación. 

Señala que, como parte de los acuerdos, Planet Solar nunca se 

obligó a instalar un regulador de voltaje. Arguye que en la vista 

administrativa celebrada el 13 de septiembre de 2023, el Sr. 

Olivencia Martínez reconoció que leyó el contrato y que la propia 

Resolución emitida por el DACo reconoce que se cumplieron con las 

obligaciones que emanan del acuerdo. Añade que el Querellante no 

logró demostrar que Planet Solar conocía, antes de celebrado el 

contrato, que existía un problema de voltaje en la residencia, por lo 

que no se pudo probar la existencia de dolo en la contratación. Por 

tanto, procede que se revoque la Resolución que aquí se recurre. 

Conforme a nuestro ordenamiento, e]xiste consentimiento por 

el concurso de la oferta y de la aceptación cuando el oferente recibe 

la aceptación”. 31 LPRA sec. 9772. Sin embargo, en los casos que 
KLRA202300643 19

se celebre un negocio jurídico en el que medie un vicio de la 

voluntad, dicho negocio será anulable si el vicio fue determinante 

para su otorgamiento. 31 LPRA sec. 6192. (Énfasis nuestro). 

En el presente caso, el Sr. Olivencia Martínez logró demostrar 

ante el DACo que adquirió un sistema solar de la compañía Planet 

Solar, el cual nunca estuvo en funcionamiento. En la vista celebrada 

el 13 de septiembre de 2023, este declaró que en ningún momento 

fue orientado por el Recurrente que las fluctuaciones de carga de 

energía en su residencia provocarían que el sistema solar no 

funcionara, ni tampoco realizaron pruebas de cargas antes o 

después de la instalación.11 Testificó que si hubiese sabido tal 

información, nunca hubiese adquirido el equipo.12 A pesar de que 

indicó, a preguntas del Recurrente, que leyó el contrato y que este 

contenía unas cláusulas relacionadas a las limitaciones de 

responsabilidad de Planet Solar, señaló que la compañía Recurrente 

le prometió hacia dos (2) años atrás que le instalaría un regulador 

de voltaje, lo cual nunca realizó.13 

Nuestro ordenamiento dicta que constituye dolo grave “la

acción u omisión intencional por la cual una parte o un tercero 

inducen a otra parte a otorgar un negocio jurídico que de otra 

manera no hubiera realizado. 31 LPRA sec. 6211. En el caso de 

autos, contrario a lo que nos alega la parte Recurrente, somos del 

criterio que medió un vicio del consentimiento en la contratación. El 

Sr. Olivencia Martínez demostró mediante su testimonio que Planet 

Solar, compañía que se dedica a hacer negocios de “consultoría 

energética, gestoría, venta, instalación de sistemas fotovoltaicos y 

baterías de reserva de energía”, ocultó al momento de la 

contratación elementos esenciales sobre el funcionamiento de los 

11 TPO, págs. 149-150. 

12 Íd. 

13 Íd, págs. 152, 156 y 163-166.
KLRA202300643 20

sistemas de placas solares que vende. Planet Solar, quien es el que 

se dedica a la industria de venta de sistemas solares, debió haber 

informado sobre las posibles situaciones que afectan el 

funcionamiento del sistema, según la práctica que ejerce. Ello no 

significa que esta compañía solar tiene el deber de predecir 

cualquier escenario inimaginable, sino que era su deber, al 

momento de la contratación, informar de los escenarios recurrentes 

de la industria que dificultan el aprovechamiento óptimo del sistema 

que está vendiendo a los consumidores.

Por otro lado, coincidimos con el DACo en que el Recurrente 

incumplió con su promesa y/u obligación de instalar un regulador 

de voltaje en la residencia para el mejor funcionamiento del sistema 

solar. Según surge de la transcripción de la vista celebrada el 23 de 

mayo de 2023, la representación legal de la parte Recurrente alegó 

que el Sr. Olivencia Martínez se había negado a la instalación de un 

regulador de voltaje que tendría como fin “subsanar el problema de 

carga”.14 Sobre la aludida pieza, la representante legal de Planet 

argumentó que se trataba de “una pieza que estaba dentro del 

contrato, pero por la dilación en lo que la pieza llegó, Planet lo iba a 

asumir a su costo [...].”15 Es decir, “el regulador [de voltaje] que se 

le ofreció [al Sr. Olivencia Martínez] es parte de la garantía”.16 Con 

el fin de que Planet Solar pudiera instalar la aludida pieza en la 

residencia del Querellante, el DACo emitió una Orden en la que le 

concedió un término al Recurrente para instalar la pieza y a partir 

de la instalación, el Sr. Olivencia Martínez debía monitorear el 

sistema por un término de treinta (30) días. No obstante, el día la 

continuación de la vista, el 13 de septiembre de 2023, la 

representante de Planet Solar informó que no se instaló el regulador 

14 Íd, págs. 112, 119 y 126.

15 Íd, pág. 118.

16 Íd, pág. 131.
KLRA202300643 21

en la residencia del Querellante y que este último tenía que sufragar 

los gastos de la compra de la pieza. Añadió que el problema de la luz 

no le corresponde resolverlo a Planet Solar.17

Como mencionamos, la compañía Recurrente incumplió con 

los propios acuerdos a los que se obligó mediante el contrato 

suscrito y los establecidos en sala el día de la celebración de la vista 

administrativa. Su acción de omitir información sustancial al 

momento de la contratación y de incumplir con la promesa de 

instalar un regulador de voltaje, que por sus propias palabras era 

parte de la garantía, dio lugar a que la agencia recurrida resolviera 

el contrato. Ante las circunstancias antes expuestas, concluimos 

que actuó correctamente al anular el contrato entre las partes y 

decretar la devolución de prestaciones. En ausencia de abuso de 

discreción o haya actuado de manera arbitraria, irrazonable o 

ilegalmente, no encontramos razón para apartarnos de la norma de 

deferencia que los tribunales deben conferirle a las determinaciones 

finales de los foros administrativos. Por tanto, procede que 

confirmamos el dictamen emitido.

IV.

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Resolución 

recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

17 Íd, pág. 146.