Número Identificador

RES2024________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL I

KAREN IVELISSE CRUZ ROSA

RECURRIDA

v.

ARNALDO LUIS CRUZ 

SANTIAGO

PETICIONARIO

KLCE202400405

Apelación acogida 

como certiorari

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de San Juan

Caso Núm. 

SJ2022CV08874

Sobre: 

Acción de Cobro de 

Dinero (Acción de 

Reembolso)

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Pagán Ocasio, el Juez Marrero Guerrero, y la Jueza Boria 

Vizcarrondo.

Pagán Ocasio, juez ponente

RESOLUC IÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de abril de 2024.

I.

El 1 de abril de 2024, el señor Arnaldo Luis Cruz Santiago 

(señor Cruz Santiago o peticionario) presentó un Recurso de 

apelación en el que solicitó que revoquemos una Orden emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI o 

foro primario) el 23 de febrero de 2024, notificada y archivada

digitalmente en autos el 27 de febrero de 2024.1 En la misma, el TPI

ordenó que se anotara la rebeldía del señor Cruz Santiago en el 

procedimiento de cobro de dinero promovido en su contra por la 

señora Karen Ivelisse Cruz Rosa (señora Cruz Rosa o recurrida).

Ese mismo día, el peticionario radicó una Solicitud de 

autorización para radicación posterior y para radicar una sola copia

del apéndice en la que pidió que permitiéramos que radicara una 

1 Apéndice del Recurso de apelación, Anejo 21, pág. 33.
KLCE202400405 2

sola copia del apéndice del caso, debido a la extensión del expediente 

y el costo que implicaría su reproducción.

El 3 de abril de 2024, emitimos una Resolución en la que 

acogimos el recurso como un certiorari, al ser el recurso apropiado. 

Además, le concedimos al apelante un breve término para presentar 

el apéndice del recurso mediante una copia documental y cuatro (4)

copias en dispositivos USB, y le otorgamos a la recurrida un término 

de diez (10) días, a partir de la presentación del apéndice, para 

expresar su posición sobre los méritos del recurso.

El 5 de abril de 2024, el señor Cruz Santiago presentó una 

moción titulada Cumplimiento de resolución en la que sometió el 

apéndice de la forma ordenada por esta Curia.

El 8 de abril de 2024, emitimos una Resolución en la que le 

concedimos diez (10) días a la recurrida para expresarse sobre los 

méritos del recurso.

El 22 de abril de 2024, la señora Cruz Rosa radicó un Escrito 

en oposición a expedición de auto de certiorari en el que solicitó que 

desestimemos el recurso de epígrafe.

Contando con la comparecencia de las partes, damos por 

perfeccionado el recurso y, en adelante, pormenorizamos los hechos 

procesales atinentes al recurso de epígrafe.

II.

El caso de marras tiene su génesis el 10 de octubre de 2022 

cuando la señora Cruz Rosa presentó una Demanda sobre cobro de 

dinero en contra del señor Cruz Santiago para recobrar cantidades 

que le correspondía pagar al peticionario en la atención de un 

menor, procreado por ambas partes, y que tuvo que satisfacer la 

recurrida.

2 En concreto, solicitó que se le ordenara pagar $8,753.60 

por concepto de dichas partidas, así como los intereses que 

2 Íd., Anejo 1, págs. 1-3.
KLCE202400405 3

correspondiesen, y no menos de $5,000.00 por concepto de 

honorarios de abogado.

El 30 de noviembre de 2022, el peticionario radicó una 

Solicitud de prórroga en la que solicitó un término adicional de 

treinta (30) días para contestar la Demanda, toda vez que su 

representación legal había sido contratada con poco tiempo de 

antelación y algunos de los hechos que dieron pie a la reclamación 

ocurrieron varios años antes.3

Ese mismo día, el TPI emitió, notificó y archivó digitalmente en 

autos una Orden en la que declaró Ha Lugar la petición de prórroga 

y le concedió al señor Cruz Santiago un término de treinta (30) días 

para presentar su alegación responsiva.4

El 5 de diciembre de 2022, el señor Cruz Santiago presentó 

una Contestación a demanda en la que negó los hechos materiales 

según propuestos por la recurrida y solicitó al foro primario que 

declarara No Ha Lugar la Demanda.

5

El 6 de diciembre de 2022, el TPI emitió, notificó y archivó

digitalmente en autos una Orden en la que le concedió a las partes 

un término de treinta (30) días para reunirse y presentar un informe 

de manejo de caso, así como intercambiar toda la prueba 

documental en su poder.6

Luego de múltiples trámites procesales, el 3 de mayo de 2023, 

las partes presentaron un Informe conjunto para el manejo del caso 

en el que sometieron al foro primario el informe requerido.

7

El 4 de mayo de 2023, el TPI emitió, notificó y archivó 

digitalmente en autos una Orden en la que señaló una Conferencia 

inicial mediante videoconferencia para el 24 de agosto de 2023.8

3 Íd., Anejo 2, págs. 4-5.

4 Íd., Anejo 3, pág. 6.

5 Íd., Anejo 4, págs. 7-10.

6 Íd., Anejo 5, pág. 12.

7 Íd., Anejo 7, págs. 13-17.

8 Íd., Anejo 8, pág. 18.
KLCE202400405 4

El 17 de julio de 2023, el TPI emitió una Orden en la que 

consignó lo siguiente:

El caso de epígrafe fue recientemente asignado a la 

Magistrada que suscribe. Por tal razón y por entenderlo 

innecesario, se deja sin efecto el señalamiento de conferencia 

inicial, pautado para el 24 de agosto de 2023. En su lugar, 

el Tribunal evaluará el contenido y suficiencia del IMC 

[Informe del Manejo del Caso] presentado y emitirá de 

manera oportuna la orden de calendarización que 

corresponda.

9

El 21 de julio de 2023, el TPI emitió una Orden de 

calendarización del caso y orden permanente en la que, entre otras 

cosas, señaló la Conferencia con antelación a juicio y transaccional 

para el 5 de diciembre de 2023, mediante videoconferencia.10 .

Llegado el 5 de diciembre de 2023, ninguna de las dos partes 

acudió a la conferencia señalada, lo cual quedó consignado en una 

Minuta.

11

Ante la incomparecencia de las partes, ese mismo día, el TPI 

emitió una Orden en la que, en vista de que el caso no había estado 

activo por más de seis (6) meses, le concedió a la apelada un término 

de diez (10) días para mostrar causa por la que no se debía ordenar 

el archivo sin perjuicio de la Demanda.

12 También, emitió una 

Notificación enmendada en la que notificó una Orden en la que 

ordenó que ambas partes cancelaran los sellos de suspensión 

correspondientes en un término de cinco (5) días.13 De igual manera,

emitió otra Orden en la que le impuso a cada una de las partes una 

sanción de $75.00 por la incomparecencia al señalamiento.

14

El 18 de diciembre de 2023, la señora Cruz Rosa radicó una 

Moción en cumplimiento de orden en la que informó que la ausencia 

9 Notificada y archivada digitalmente en autos el 21 de julio de 2023. Íd., Anejo 9, 

pág. 19.

10 Notificada y archivada digitalmente en autos el 1 de agosto de 2023. Íd., Anejo 

10, págs. 20.

11 Íd., Anejo 14, pág. 25.

12 Notificada y archivada digitalmente en autos el 6 de diciembre de 2023. Íd., 

Anejo 11, pág. 22.

13 Notificada y archivada digitalmente en autos el 18 de diciembre de 2023. Íd., 

Anejo 12, pág. 23.

14 Notificada y archivada digitalmente en autos el 6 de diciembre de 2023. Íd., 

Anejo 13, pág. 24.
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a la conferencia con antelación a juicio se debió al retraso de una 

vista de otro caso.15

El 16 de enero de 2024, el TPI emitió una Orden en la que dio 

por cumplida su orden imponiendo el pago de sanciones y sello de 

suspensión a la recurrida.16

Ese mismo día, emitió otra Orden en la que determinó que el 

peticionario no cumplió con la imposición del pago de sellos de 

suspensión, ni con la sanción de $75.00.17 Por ello, le concedió diez 

(10) días para cumplir, apercibiéndole de que otro incumplimiento 

conllevaría la anotación de rebeldía o sanciones más severas.

Ante el incumplimiento de la parte peticionaria, el 23 de 

febrero de 2024, el TPI emitió una Orden en la que resolvió lo 

siguiente:

Evaluado el caso de epígrafe y ante el incumplimiento 

reiterado de la parte demandada con las [ó]rdenes del 

Tribunal, se ordena la anotación de la rebeldía.

Parte Demandante informe el estado de los 

procedimientos del caso en o antes del 18 de marzo de 

2024.18

El 19 de marzo de 2024, la recurrida presentó una Moción en 

cumplimiento de orden en la que expresó que el descubrimiento de 

prueba había concluido y anunció que estaría presentando una 

solicitud para que se dictara sentencia, acompañada de una 

declaración jurada.

19

El 20 de marzo de 2024, el TPI emitió una Orden en la que le 

concedió a la recurrida un término de veinte (20) días para proceder 

según informó.20

15 Íd., Anejo 16, págs. 27-28.

16 Notificada y archivada digitalmente en autos el 18 de enero 2024. Íd., Anejo 19, 

pág. 31.

17 Notificada y archivada digitalmente en autos el 19 de enero de 2024. Íd., Anejo 

20, pág. 32.

18 Notificada y archivada digitalmente en autos el 27 de febrero de 2024. Íd., Anejo 

21, pág. 33.

19 Íd., Anejo 22, págs. 34-35.

20 Notificada y archivada digitalmente en autos el 21 de marzo de 2024. Íd., Anejo 

23, pág. 36.
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El 1 de abril de 2024, el señor Cruz Santiago presentó el 

recurso de epígrafe y le imputó al foro primario la comisión del 

siguiente error:

ERRÓ EL TPI AL ANOTAR LA REBELDÍA AL APELANTE SIN 

UTILIZAR MEDIDAS MENOS DRÁSTICAS. 

Es su posición que el TPI no le dio oportunidad de ser escuchado, 

no exploró otras medidas menos drásticas y obvió un 

incumplimiento más serio por parte de la señora Cruz Rosa.

El 2 de abril de 2024, la recurrida radicó ante el TPI una Moción 

en cumplimiento de orden en la que sometió la declaración jurada y 

su petición de sentencia.21

El 22 de abril de 2024, la señora Cruz Rosa radicó un Escrito 

en oposición a expedición de auto de certiorari en el que solicitó que

desestimemos el presente recurso por falta de jurisdicción. Según 

arguyó, el recurso fue presentado tardíamente, lo cual privaría a 

esta Curia de jurisdicción para ejercer su función revisora. Planteó 

que la determinación recurrida fue notificada a las partes el martes,

27 de febrero de 2024 y, por ello, el peticionario tenía hasta el

jueves, 28 de marzo de 2024 para presentar el recurso, lo cual no 

hizo hasta el lunes, 1 de abril de 2024.

III.

A.

El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016). Véase, además, IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012). A diferencia 

de una apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad 

de expedir el auto de certiorari de forma discrecional. Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).

21 Íd., Anejo 24, págs. 37-39.
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La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

52.1,22 establece las instancias en las que el foro revisor posee 

autoridad para expedir un auto de certiorari sobre materia civil. 

Scotiabank v. ZAF Corp., et al., 202 DPR 478 (2019). La citada 

regla delimita el alcance jurisdiccional del Tribunal de Apelaciones 

para atender un recurso de certiorari que trate sobre la revisión de 

dictámenes interlocutorios del Tribunal de Primera Instancia. Mun. 

Caguas v. JRO Construction, Inc., 201 DPR 703 (2019).

Si el asunto sobre el cual versa el recurso de certiorari está 

comprendido en una de las instancias establecidas en la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, supra, debemos pasar entonces a un 

segundo escrutinio. El mismo se caracteriza por la discreción que 

ha sido conferida al Tribunal de Apelaciones para autorizar, expedir 

y adjudicar en sus méritos el caso.

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional, la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra, establece los criterios que 

debemos tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de un auto de certiorari.

23

22 Esta Regla dispone que:

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se 

recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No obstante, y 

por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de 

Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios (sic), 

anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos 

que revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual 

esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en 

estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar 

su decisión. 

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por el 

Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el recurso de 

apelación que se interponga contra la sentencia sujeto a lo 

dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no perjudiciales. 

23 Esta Regla dispone lo siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al 

determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden 

de mostrar causa:
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B.

La anotación de rebeldía es una de las sanciones que el 

Tribunal puede imponer a las partes. La Regla 45.1 de 

Procedimiento Civil, supra, R. 45.1, regula lo pertinente a dicha 

sanción. Conforme a ésta, los tribunales, a iniciativa propia o 

solicitud de una parte, pueden anotar la rebeldía a una parte que 

no comparezca a pesar de haber sido emplazada. Íd. Dicha sanción 

está reservada para aquellos casos en los cuales el demandado no 

ha cumplido con el requisito de comparecer a contestar una 

demanda, no ha presentado sus defensas en otra forma prescrita 

por ley o cuando una de las partes ha incumplido con algún 

mandato del tribunal. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 

supra, pág. 588; Álamo Pérez v. Supermercados Grande, Inc., 

158 DPR 93, 100 (2002). El propósito de esta sanción es desalentar 

la dilacción en los procesos judiciales. Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, supra.

La anotación de rebeldía tiene como consecuencia jurídica que 

se den por admitidos los hechos correctamente alegados en la 

demanda y que el Tribunal de Primera Instancia pueda dictar 

sentencia, si procede como cuestión de derecho. Íd. pág. 590;

González Pagán v. SLG Moret-Brunet, 202 DPR 1062, 1069 

(2019); Álamo Pérez v. Supermercados Grande, Inc., supra, pág. 

101; Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 DPR 809, 815 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el 

análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto 

en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la 

luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de 

alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la 

más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no 

causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 

indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita 

un fracaso de la justicia. 
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(1978). Sin embargo, ello no garantiza que la parte promovente 

habrá de obtener un dictamen favorable dado que el trámite en 

rebeldía no priva al tribunal de evaluar si, en virtud de los hechos 

no controvertidos existe efectivamente una causa de acción que 

amerite la concesión de un remedio. Ocasio v. Kelly Servs. 

Inc., 163 DPR 653, 671-672 (2005); Continental Ins. Co. v. Isleta 

Marina, supra, pág. 817.

“La anotación de rebeldía o el dictar sentencia en rebeldía a 

una parte como sanción por su incumplimiento con una orden del 

tribunal siempre debe darse dentro del marco de lo que es justo, y 

la ausencia de tal justicia equivaldría a un abuso de 

discreción”. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, pág. 

590.

IV.

En el caso de marras, el señor Cruz Santiago solicita que 

revoquemos una Orden interlocutoria en la que el TPI anotó su 

rebeldía por incumplir con dos órdenes previas al no satisfacer una 

sanción de $75.00, ni cancelar sellos de suspensión tras ausentarse 

a una vista debidamente señalada. Según planteó, el foro primario 

erró al anotar la rebeldía sin darle la oportunidad de ser escuchado 

y sin explorar medidas menos drásticas. También, adujo que la 

señora Cruz Rosa no demostró justa causa por la que no debía 

archivarse la Demanda por falta de trámite, incumpliendo así una 

Orden emitida por el TPI el 5 de diciembre de 2023. Ese 

incumplimiento era más serio que el suyo, argumentó.

Por su parte, la señora Cruz Rosa plantea que esta Curia debe 

desestimar el recurso de epígrafe porque su presentación fue tardía, 

lo cual nos privaría de asumir jurisdicción sobre el mismo. Según 

esbozó, la determinación recurrida fue notificada el martes, 27 de 

febrero de 2024 y, por ello, el peticionario tenía hasta el jueves, 28 

de marzo de 2024 para presentar el recurso ante este Tribunal, lo 
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cual no hizo hasta el lunes, 1 de abril de 2024. No le asiste la razón. 

Si bien los treinta (30) días para recurrir ante esta Curia culminaban 

el jueves, 28 de marzo de 2024, ese día el Tribunal de Apelaciones 

estaba cerrado por disposición administrativa como día de cierre 

total, mientras que el próximo día, el viernes, 29 de marzo de 

2024, era día feriado.24 Por esa razón, el último día para presentar

el recurso de epígrafe era el lunes, 1 de abril de 2024, fecha en que 

se radicó, porque el término debía ser extendido hasta el siguiente 

día laborable. De esta forma, el recurso fue presentado 

oportunamente y poseemos jurisdicción para atenderlo.

Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso del recurso 

presentado ante nos, resolvemos que debemos abstenernos de 

ejercer nuestra función revisora.

De un examen sosegado del expediente del caso ante nuestra 

consideración, así como de los trámites ante el foro primario, no 

atisbamos error que amerite nuestra intervención. No surge de los 

autos que el TPI haya incurrido en error, prejuicio, parcialidad o que 

haya abusado de su discreción al anotar la rebeldía del señor Cruz 

Santiago. Por el contrario, del expediente del caso, surge claramente 

que el peticionario no cumplió con las órdenes claras y sanciones 

específicas que el foro primario le impuso por previos 

incumplimientos. Cabe destacar que el TPI apercibió al peticionario 

sobre las sanciones más severas que tomaría ante reiterados 

incumplimientos, entre las que incluyó la anotación de rebeldía. 

Ante los múltiples incumplimientos del señor Cruz Santiago, 

apercibimientos y la imposición de sanciones, resolvemos que la 

determinación recurrida es esencialmente correcta en derecho, por 

24 Véanse In re: Extensión de términos por motivo de concesión de los días 28 de 

marzo, 26 de julio, 29 de noviembre, 23, 24, 30 y 31 de diciembre de 2024; 17 de 

abril, 28 de noviembre, 24 y 31 de diciembre de 2025 y 5 de enero de 2026, EM2024-01, 2024 TSPR 2, y la Orden Administrativa Núm. OAJP-2023-111 de 16 de 

octubre de 2023 de la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo.
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lo que no debemos intervenir con el criterio del foro primario. Por 

ello, denegamos el recurso de certiorari solicitado por el peticionario.

V.

Por los fundamentos pormenorizados, se deniega la expedición 

del auto de certiorari.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaría del Tribunal de 

Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones