Número Identificador

SEN2024________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IV

RADAMES ALMANZAR Y 

MARILIS VENTURA OBIERO

Parte Apelada 

v.

ESTADO LIBRE ASOCIADO 

DE PUERTO RICO Y SU 

DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS NATURALES Y 

OTROS

Parte Apelante

KLAN202300643

Apelación

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de

Carolina

Civil Núm.:

CA2020CV01631

Sobre:

Usucapión

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 

Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Rodríguez Flores, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de mayo de 2024.

Comparece el Departamento de Recursos Naturales y 

Ambientales, representado por la Oficina del Procurador General, y 

solicita que revoquemos la Sentencia Sumaria emitida y notificada el 

23 de mayo de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala 

Superior de Carolina. Mediante el referido dictamen, el foro primario 

resolvió que la parte apelada, Radamés Almanzar Medina y su 

esposa Marilis Ventura Oviedo, adquirió el predio objeto del presente 

pleito mediante prescripción adquisitiva o usucapión.

La parte apelada compareció mediante escrito en oposición al 

recurso.

Evaluados los planteamientos de las partes, así como los 

documentos que forman parte del expediente, confirmamos la 

Sentencia Sumaria apelada.

I.

El 7 de agosto de 2020, el señor Radamés Almanzar Medina y 

su esposa Marilis Ventura Oviedo (esposos Almanzar-Ventura) 
KLAN202300643 2

presentaron una demanda en contra el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico (ELA) y su Departamento de Recursos Naturales y 

Ambientales (DRNA), como sucesor de la Compañía de Parques 

Nacionales. En síntesis, reclamaron la titularidad mediante 

prescripción adquisitiva sobre un predio que forma parte de la finca 

de mayor cabida número 7869, inmatriculada al folio 161 del tomo 

147 de Loíza, Registro de la Propiedad de Carolina (Sección Tercera)

a favor de la Compañía de Fomento Recreativo, hoy Programa de 

Parques Nacionales de Puerto Rico, adscrito al DRNA. El predio en 

cuestión no se encuentra inscrito como finca independiente en el 

Registro de la Propiedad.1

Según las alegaciones, la posesión original del predio sobre el 

cual se reclama titularidad la tuvo el tronco familiar de don 

Francisco París Pizarro. En o alrededor del 1970, éste vendió el 

terreno a la familia Monzón Castro. A su vez, dicha familia se lo

vendió a los esposos Almanzar-Ventura, mediante contrato privado 

suscrito el 18 de mayo de 2012. En su demanda, los esposos 

Almanzar-Ventura adujeron que, al igual que sus predecesores, han 

poseído el predio desde antes del 1910 y hasta el presente, de 

manera pública, pacífica, ininterrumpida y en concepto de dueños. 

Por lo anterior, razonaron que adquirieron la propiedad por 

usucapión y solicitaron al tribunal que los declarara dueños en 

pleno dominio del predio. 

1 Conforme a la alegación número 12 de la demanda, los esposos AlmanzarVentura aseveraron que, el 2 de octubre de 2018, el ingeniero Pedro J. Dávila 

Colón (número de licencia 9325), preparó un plano de mensura para delimitar el 

predio sobre el cual se reclama titularidad mediante prescripción adquisitiva o 

usucapión. El referido plano de mensura refleja la siguiente descripción: 

Predio localizado en el Barrio Torrecilla Baja, Sector Piñones, del 

municipio de Loíza, Puerto Rico, con un área superficial de 

1227.9799 metros cuadrados, equivalentes a 0.3124 cuerdas. 

Colinda por el Norte, con terrenos de Radames Almanzar y Marilis 

Ventura Obiero, por el Este con terrenos de José Rolando Ferrer 

Pagán, por el Sur, con terrenos de José Ferrer y camino público y 

por el Oeste, con terrenos inscritos a favor de la Compañía de 

Fomento Recreativo de Puerto Rico, ocupados por la Sra. Nereida 

Ortiz.

 Véase, Demanda, apéndice del recurso, págs. 1-6, a las págs. 4-5.
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El 9 de noviembre de 2020, el ELA presentó su contestación a 

la demanda y negó la mayoría de las alegaciones. Afirmativamente,

alegó que la titularidad del predio en controversia la ostenta el 

Estado y que ello es conocido por los esposos Almanzar-Ventura, 

razón por la cual, arguye que la posesión del terreno no ha sido en 

concepto de dueño. Así también, afirmó que constituye la opinión 

pública y creencia colectiva generalizada y reconocida en la 

comunidad que los terrenos pertenecen al Estado. El ELA añadió

que la presunta posesión por parte de los esposos AlmanzarVentura tampoco ha sido de forma ininterrumpida durante 30 años, 

conforme requiere el estado de derecho prevaleciente, puesto que, 

conforme a las alegaciones de la demanda, ocurrió una interrupción 

civil por el reconocimiento expreso y tácito que los poseedores han

hecho del derecho del dueño (el Estado). El ELA puntualizó que la 

supuesta posesión se efectuó por la mera tolerancia o autorización 

del Estado, lo que hacía que no se configurara la posesión en 

concepto de dueño a favor de los esposos Almanzar-Ventura. Por lo 

anterior, concluyó que no se cumplían los requisitos de la 

prescripción adquisitiva o usucapión. 

Igualmente, el ELA arguyó que el predio en cuestión es un 

bien de dominio público destinado a uso público, y que, por dicha 

condición, no puede adquirirse mediante prescripción adquisitiva o 

usucapión. Por último, planteó que la reclamación constituía cosa 

juzgada toda vez que la controversia objeto del presente litigio pudo 

ser dilucidada en el caso Radhamés Almanza Medina v. Compañía 

de Parques Nacionales, FAC2002-1228, resuelto mediante sentencia 

del 13 de agosto de 2010.2

Las partes tuvieron la oportunidad de realizar un amplio 

descubrimiento de prueba. El 18 de enero de 2022, presentaron el 

2 El ELA solicitó al tribunal que tomara conocimiento judicial del citado caso. 
KLAN202300643 4

Informe sobre Conferencia Preliminar entre Abogados y Abogadas, en 

el que estipularon varios hechos3 y prueba documental4. El 24 de 

enero de 2022, se celebró la conferencia con antelación al juicio, 

donde las partes anunciaron que el caso era uno propicio para 

resolverse por la vía sumaria y que presentarían las respectivas 

mociones dispositivas.

Luego de varios incidentes procesales, el 2 de junio de 2022, 

el ELA instó una Solicitud de Sentencia Sumaria. En ésta, propuso 

3 Los hechos estipulados fueron los siguientes: 

1. Los demandantes son dueños de un terreno en el que ubica un 

local comercial sito en el Barrio Torrecilla Baja, Sector Piñones, del 

Municipio de Loíza, el cual fue adquirido mediane sentencia 

dictada en el caso FAC2002-1228. Dicho predio colinda con el 

predio objeto de la presente demanda.

2. El DRNA es sucesor del Programa de Parques Nacionales del 

Departamento de Recreación y Deportes. Este último, sustituyó a 

las Compañía de Parques Nacionales, que a su vez ocupó el lugar 

de la Compañía de Fomento Recreativo. Así también, se acepta que 

el predio de terreno en controversia forma parte de una finca de 

mayor cabida, inscrita en el Registro de la Propiedad a favor de la 

Compañía de Fomento Recreativo de Puerto Rico.

3. El predio de terreno en controversia en el presente caso forma 

parte de una finca de mayor cabida, inscrita en el Registro de la 

Propiedad a favor de la Compañía de Fomento Recreativo de Puerto 

Rico.

4. La Compañía de Fomento Recreativo, que fusionada con el 

Fideicomiso de Parques en virtud de las leyes 9 y 10 de 8 de abril 

de 2001 pasó a ser la Compañía de Parques Nacionales, es quien 

consta como titular único en el Registro de la Propiedad de dicha 

Parcela “B”, cuya descripción y datos actuales de inscripción son 

los siguientes:

RÚSTICA: Parcela de terreno con cabida superficial de 

12.1416 cuerdas. En lindes, por el NORTE, con el Océano 

Atlántico; por el ESTE, con terrenos de la Autoridad de 

Tierras de Puerto Rico; por el SUR, con la parcela “A” que 

por la presente se segrega; y por el OESTE, con el Canal 

de Cangrejos y el Océano Atlántico. La finca aparece 

denominada como parcela “B” del plano titulado “Battery 

Lancaster”.

Inscrita a favor de la Compañía de Fomento Recreativo 

mediante la escritura número 4, sobre segregación y 

traspaso, otorgada en San Juan el 31 de octubre de 1979 

ante el notario Enrique Adsuar Lores, al folio 161 del tomo 

147 de Loíza, Registro de la Propiedad de Carolina, 

Sección Tercera, finca número 7869.

5. Dentro de dicha finca 7869, cuya titularidad registral pasó a

favor de la CPN quien pasó al Programa de Parques Nacionales de 

Puerto Rico, adscrito al Departamento de Recursos Naturales, se 

ubica el predio objeto del presente litigio. 

 Apéndice del recurso, a las págs. 40-41.

4 Documentos estipulados: (1) Escritura Número 4 del 31 de octubre de 1979; (2) 

Escritura Número 6 del 31 de octubre de 1979; (3) Plano del predio reclamado en 

este caso, sujeto a que testifique quien lo preparó; (4) Sentencia dictada en el caso 

FAC 2002-1228 mediante la cual el demandante adquirió por usucapión el predio 

que colinda con la finca objeto de este pleito; (5) Sentencia dictada en el caso FAC 

2002-1229 relacionada con la adquisición por usucapión por parte del Sr. José 

Ferrer de otro predio que colinda con el terreno objeto del presente caso. Íd., págs. 

42-43.
KLAN202300643 5

seis (6) hechos incontrovertidos5 y planteó que, como cuestión de 

derecho, procedía que se dictara sentencia sumaria desestimando 

5 Los hechos incontrovertidos propuestos por el ELA fueron los siguientes:

1. En 1898, Estados Unidos adquirió todas las tierras de Puerto 

Rico que eran propiedad de la Corona Española por medio del 

Tratado de París. En particular el Segundo Artículo del Tratado de 

París señala lo siguiente: “España cede a los Estados Unidos la Isla 

de Puerto Rico y las demás que están bajo su soberanía en las 

Indias Occidentales, y la Isla de Guam en el Archipiélago de las 

Marianas o Ladrones”. Artículo II, Tratado de París de 1898, 

L.P.R.A., Tomo 1.

En cumplimiento de lo convenido en los artículos I, II y III 

de este tratado, España renuncia en Cuba y cede en 

Puerto Rico y en las otras islas de las Indias Occidentales, 

en la Isla de Guam y en el Archipiélago de las Filipinas, 

todos los edificios, muelles, cuarteles, fortalezas, 

establecimientos, vías públicas y demás bienes inmuebles 

que con arreglo a derecho son del dominio público, y como 

tal corresponden a la Corona de España. Artículo VIII, 

Tratado de París de 1898, LPRA, Tomo 1.

2. La propiedad que se pretende usucapir era de dominio público 

bajo la Corona de España, como antes mencionado y pasó al 

Gobierno Federal en virtud del Tratado de París en 1898. 

Convirtiéndose en “Punta Cangrejos (Battery Lancaster) Military 

Reservation”, la cual era una reserva militar de los Estados Unidos 

de América y actualmente es parte de “The Harbor Defenses of San 

Juan”. De hecho, consta en “Modern American Seacoast Defenses, 

A List of Military Reservations and Concrete Gun Batteries 1890-

1950”. 

3. La Compañía de Fomento Recreativo, a través de la Ley 9 y 10 

del 8 de abril de 2001 fue fusionada con el Fideicomiso de Parques 

creándose así la Compañía de Parques Nacionales (en adelante, 

CPN). Posteriormente, por medio de la Ley 107 de 23 de julio de 

2014, según enmendada, el CPN fue convertido en lo que hoy es el 

Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico. Actualmente, 

administrado por el Departamento de Recursos Naturales y 

Ambientales en adelante (DRNA). La CPN es propietaria de la finca 

en controversia, la cual consta inscrita en el Registro de la 

Propiedad a nombre de la Compañía de Fomento Recreativo 

antecesora jurídica de la CPN. La cual fue adquirida mediante 

segregación y traspaso de la Compañía de Fomento Industrial de 

Puerto Rico a varias agencias entre ellas CFR, por el convenido 

precio, según las escrituras 4 y 6 otorgadas en San Juan, Puerto 

Rico el 31 de octubre de 1979 ante el notario Enrique Adsuar Lores. 

Los acuerdos contenidos en ambas escrituras obligan a CPN a que 

los terrenos recibidos no pued[a]n ser cedidos, donados ni 

enajenados en forma alguna a favor del sector privado.

4. El predio de terreno en controversia en la acción de epígrafe es 

parte de la finca 7869 inscrita en el Registro de la Propiedad a favor 

de la Compañía de Fomento Recreativo de Puerto Rico. La 

Compañía de Fomento Recreativo, que fusionada con el 

Fideicomiso de Parques en virtud de las leyes 9 y 10 de 8 de abril 

de 2001 pasó a ser la Compañía de Parques Nacionales, es quien 

consta como titular único en el Registro de la Propiedad de dicha 

Parcela “B”, cuya descripción y datos actuales de inscripción son 

los siguientes:

RÚSTICA: Parcela de terreno con cabida superficial de 

12.1416 cuerdas. En lindes, por el NORTE, con el Océano 

Atlántico; por el ESTE, con terrenos de la Autoridad de 

Tierras de Puerto Rico; por el SUR, con la parcela “A” que 

por la presente se segrega; y por el OESTE, con el Canal 

de Cangrejos y el Océano Atlántico. La finca aparece 

denominada como parcela “B” del plano titulado “Battery 

Lancaster”.

Inscrita a favor de la Compañía de Fomento Recreativo 

mediante la escritura número 4, sobre segregación y 

traspaso, otorgada en San Juan el 31 de octubre de 1979 

ante el notario Enrique Adsuar Lores, al folio 161 del tomo 
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la reclamación de los esposos Almanzar-Ventura por las razones

expuestas en la contestación a la demanda. A tales fines, relató que 

el predio que se pretende usucapir forma parte de una finca de 

mayor cabida que era de dominio público bajo la Corona de España 

y así pasó al Gobierno Federal en virtud del Tratado de París en 

1898, convirtiéndose en “Punta Cangrejos (Battery Lancaster) 

Military Reservation”, una reserva militar de los Estados Unidos de 

América que actualmente es parte de “The Harbor Defenses of San 

Juan”. Añadió que el terreno consta enumerado en “Modern 

American Seacoast Defense, A List of Military Reservations and 

Concrete Gun Batteries 1890-1950”. También, señaló que, desde el 

23 de septiembre de 1977, el predio es destinado a uso público 

según designado por la Junta de Planificación. 

El ELA puntualizó que el predio sobre el cual los esposos 

Almanzar-Ventura reclaman titularidad mediante prescripción 

adquisitiva está comprendido dentro de un inmueble inscrito en el 

Registro de la Propiedad a favor de la Compañía de Fomento 

Recreativo, antecesora de la Compañía de Parques Nacionales y del 

actual DRNA. La descripción y datos de inscripción del inmueble son 

los siguientes:

RÚSTICA: Parcela de terreno con cabida superficial de 

12.1416 cuerdas. En lindes, por el NORTE, con el 

Océano Atlántico; por el ESTE, con terrenos de la 

Autoridad de Tierras de Puerto Rico; por el SUR, con la 

parcela “A” que por la presente se segrega; y por el 

OESTE, con el Canal de Cangrejos y el Océano 

Atlántico. La finca aparece denominada como parcela 

“B” del plano titulado “Battery Lancaster”.

Inscrita a favor de la Compañía de Fomento Recreativo 

mediante la escritura número 4, sobre segregación y 

traspaso, otorgada en San Juan el 31 de octubre de 

147 de Loíza, Registro de la Propiedad de Carolina, 

Sección Tercera, finca número 7869.

5. Desde el 23 de septiembre de 1977 los terrenos en controversia 

son destinados a uso público según designados por la Junta de 

Planificación. 

6. La presente controversia pudo ser litigada en el caso de 

Radhamés Almanza v. Compañía de Parques Nacionales del ELA

FAC2022-1228, constituyendo así cosa juzgada.

 Íd., págs. 59-60.
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1979 ante el notario Enrique Adsuar Lores, al folio 161 

del tomo 147 de Loíza, Registro de la Propiedad de 

Carolina, Sección Tercera, finca número 7869.

A su vez, el ELA explicó que los acuerdos contenidos en las

escrituras de segregación y traspaso de la finca 7869 prohíben que 

ésta sea cedida, donada o enajenada a favor del sector privado. Esto, 

sumado a los planteamientos de que un bien destinado a uso 

público no está sujeto a usucapión, que no se configuró la posesión 

en concepto de dueño y que la reclamación constituye cosa juzgada, 

condujeron al ELA a argüir que no existían hechos medulares que 

impidieran la desestimación sumaria del pleito. Con su escrito en 

solicitud de sentencia sumaria, el ELA acompañó copia de 

documentos en apoyo de lo alegado.6

Por su parte, los esposos Almanzar-Ventura presentaron una 

Oposición a Moción de Sentencia Sumaria de la Parte Demandada y 

Solicitud de Sentencia Sumaria a Favor de los Demandantes. 

Adujeron que existía controversia sobre los hechos propuestos por 

el ELA, razón por la cual debía denegarse la solicitud de sentencia 

sumaria instada y que, por el contrario, procedía declarar que no 

existía controversia sobre los hechos propuestos en la oposición7 y 

6 Los documentos que el ELA acompañó con su solicitud de sentencia sumaria 

fueron: Modern American Seacoast Defense, A List of Military Reservations and 

Concrete Gun Batteries 1890-1950; Escrituras Núm. 4 y 6, ambas sobre 

Segregación y Traspaso, y otorgadas el 31 de octubre de 1979, ante el notario 

Enrique Adsuar Lores,Certificación del Registro de la Propiedad; Certificación de 

zonificación expedida el 30 de marzo de 1993 por la Junta de Planificación; y la 

sentencia emitida por el TPI en el caso Radamés Almanza Medina v. Compañía de 

Parques Nacionales, FAC2002-1228.

7 Los hechos propuestos por los esposos Almanzar-Ventura fueron los siguientes:

a- Al 31 de octubre de 1979, [l]a Compañía de Fomento Industrial 

de Puerto Rico figuraba como titular registral de una parcela de 

terreno conocida como “Battery Lancaster” compuesta de 15.53 

cuerdas e inscrita a su favor al folio 192 del tomo 3 de Canóvanas, 

finca número 7441, según los datos de inscripción en dicho 

momento. 

b- En dicha fecha, [l]a Compañía de Fomento Industrial de Puerto 

Rico segregó una finca de 3.3884 cuerdas, la cual se denominó 

Parcela “A” en el plano de segregación, quedando un remanente de 

12.1416 cuerdas, el cual se denominó Parcela “B” en el plano de 

segregación, todo ello según consta de la escritura número cuatro 

(4) de 31 de octubre de 1979, otorgada en San Juan ante el notario 

Enrique Adsuar Lores.

c- Conforme la citada escritura número cuatro mencionada en el 

párrafo anterior, la Compañía de Fomento Industrial de Puerto 

Rico cedió la Parcela “A” a favor de la Compañía de Desarrollo 
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Comercial de Puerto Rico y el remanente o sea, la Parcela “B”, lo 

cedió a favor de la Compañía de Fomento Recreativo.

d- La cláusula cuarta de la citada escritura número cuatro, 

mencionada en los párrafos anteriores, establece lo siguiente: 

La Compañía de Desarrollo Comercial y la Compañía de 

Fomento Recreativo entrarán en posesión de los 

inmuebles aquí transferídoles, libre de costos y por el solo 

acto del otorgamiento de esta escritura sin ulterior 

requerimiento o formalidad, reconociendo 

expresamente la presencia y/o permanencia de 

personas (“squatters”) y estructuras ubicadas en las 

parcelas objeto de cesión por lo que renuncian a todo y 

cualquier derecho que le asista o le pueda asistir en el 

futuro, al saneamiento del bien objeto de cesión y 

traspaso. Las Cesionarias relevan expresamente a la 

Compañía de toda y cualquier responsabilidad en relación 

con la citada presencia o permanencia de dichas personas 

y estructuras en las fincas objeto de traspaso siendo por 

cuenta de dichas Cesionarias la responsabilidad 

incidental a la remoción, relocalización o gestión otra 

alguna para con las citadas personas, incluyendo la 

indemnización que por el valor de las estructuras o en 

pago otro alguno se venga obligado a desembolsar. 

En adición, las Cesionarias reconocen la existencia de 

varios litigios radicados por terceras personas que 

envuelven asuntos relativos al título, uso y disfrute de 

las parcelas objeto de cesión así como de las 

estructuras en ella enclavadas. Las Cesionarias asumen 

la defensa o presentación de los casos que afecten las 

parcelas cedidas a virtud de la presente escritura, según 

sea requerido, relevando a la Compañía de obligación o 

responsabilidad otra alguna en torno a los mismos.

e- La Compañía de Fomento Recreativo – fusionada con el 

Fideicomiso de Parques en virtud de las leyes 9 y 10 de 8 de marzo 

de 2001, pasando a ser la actual Compañía de Parques Nacionales 

(CPN) – consta como titular único en el Registro de la Propiedad de 

dicha Parcela “B”, cuya descripción y datos actuales de inscripción 

son los siguientes:

RÚSTICA: Parcela de terreno con cabida superficial de 

12.1416 cuerdas. En lindes, por el NORTE, con el 

Océano Atlántico; por el ESTE, con terrenos de la 

Autoridad de Tierras de Puerto Rico; por el SUR, con 

la parcela “A” que por la presente se segrega; y por el 

OESTE, con el Canal de Cangrejos y el Océano 

Atlántico. La finca aparece denominada como parcela 

“B” del plano titulado “Battery Lancaster”.

Inscrita a favor de la Compañía de Fomento 

Recreativo mediante la escritura número 4, sobre 

segregación y traspaso, otorgada en San Juan el 31 de 

octubre de 1979 ante el notario Enrique Adsuar Lores, 

al folio 161 del tomo 147 de Loíza, Registro de la 

Propiedad de Carolina, Sección Tercera, finca número 

7869.

f- Dentro de dicha finca 7869, cuya titularidad registral quedó 

sucedida a favor de la aquí demandada según expuesto en el 

párrafo anterior, se ubica el predio objeto del presente litigio.

g- El demandante y su esposa le compraron a la familia Monzón, 

el predio objeto del presente litigio mediante contrato titulado 

“Contrato de Compraventa de Bien Inmueble” suscrito en San 

Juan, Puerto Rico, el 18 de mayo de 2012.

h- La familia Monzón, a su vez, había adquirido previamente, el 

predio objeto del presente litigio de don Francisco París Pizarro en 

donde operaron un negocio conocido como el Gran Chaparral, por 

alrededor de 30 años.

i.- El predio objeto del presente litigio, descrito en la demanda y en 

el plano de mensura que se acompaña con esta moción (se 

identifica como Lote A) y sobre el cual el demandante reclama 

titularidad mediante prescripción adquisitiva, forma parte de la 

finca 7869 ya inmatriculada en el Registro de la Propiedad.

j- El plano de mensura incluido como Anejo 3 de esta moción, el 

cual fue preparado por Pedro Dávila Colón y Joel Nieves, con 

números de licencia 9323 y 3029 respectivamente, refleja fielmente 
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la ubicación exacta, descripción y situación del predio objeto del 

presente litigio, con expresión de coordenadas terrestres, linderos 

y cabida. Del mismo puede formularse la siguiente descripción:

Lote A: Predio localizado en el Barrio Torrecilla Baja, 

Sector Piñones, del municipio de Loíza, Puerto Rico, 

con un área superficial de 1227.9799 metros 

cuadrados, equivalentes a 0.3124 cuerdas. Colinda por 

el Norte, con terrenos de Radames Almanzar y Marilis 

Ventura Obiero, por el Este con terrenos de José 

Rolando Ferrer Pagán, por el Sur, con terrenos de José 

Ferrer y camino público y por el Oeste, con terrenos 

inscritos a favor de la Compañía de Fomento 

Recreativo de Puerto Rico, ocupados por la Sra. 

Nereida Ortiz. 

k- El predio objeto del presente litigio no forma parte de la zona 

marítimo terrestre ni está afectado por ésta.

l- La presencia y posesión del tronco familiar de don Francisco 

París Pizarro así como de la esposa de éste, doña Gertrudis 

Escalera, se remonta a principios del siglo 20, o tal vez, a finales 

del siglo 19.

m- Don Francisco París Pizarro, también conocido como Francisco 

Javier París Escalera y como “Don Panchito”, nació el 3 de 

diciembre de 1911. Hijo de don Juan de Matta París Ayala y doña 

Aquilina Pizarro, también conocida como Aquilina Escalera, vivió 

toda su vida en las tierras en que ubica el predio objeto del presente 

litigio; primeramente junto a sus padres, de los cuales 

eventualmente lo adquirió, y posteriormente con su esposa doña 

Gertrudis Escalera, hasta su fallecimiento el 2 de junio de 1983. 

Doña Gertrudis falleció al día siguiente o sea, el 3 de junio de 1983. 

n- Don Francisco París Escalera aparece listado en el 

Décimoquinto Censo de los Estados Unidos efectuado en 1930 

como hijo de los también listados esposos Juan París Ayala y 

Aquilina Pizarro, todos como residentes del Barrio Torrecilla Baja 

del Municipio de Loíza; igualmente en el Censo Social y de 

Población de 1935 efectuado por la Administración de la 

Reconstrucción de Puerto Rico. Don “Juan Pariz Ayala” así como 

doña “Aquilina Escalera y Rivera de Pariz” (sic) aparecen también 

listados en el Censo Décimotercero de los Estados Unidos 

efectuado en 1910 como esposos y residentes del mismo barrio y 

municipalidad, en el “camino vecinal que conduce de Loíza a San 

Juan”.

o- Todos los poseedores anteriores del predio objeto del presente 

litigio: don Juan de Matta París y su esposa doña Aquilina; don 

Francisco París Pizarro y su esposa doña Gertrudis Escalera; y la 

familia Monzón, mantuvieron sucesivamente la posesión continua 

del predio objeto del presente litigio, desde antes de 1910 y hasta 

2012, en concepto de dueños, pública, pacífica e 

ininterrumpidamente. Igualmente el demandante y su esposa han 

mantenido y continuado la posesión con los mismos atributos y 

condiciones desde 2012 y hasta el presente los demandantes han 

continuado usando el predio adquirido de la Familia Monzón como 

estacionamiento del negocio de restaurante que adquirieron por 

sentencia que declaró la usucapión de parte de la finca objeto de 

este pleito.

p- Los demandantes son dueños de un terreno en el que ubica un 

local comercial sito en el Barrio Torrecilla Baja, Sector Piñones, del 

municipio de Loíza, el cual fue adquirido mediante la sentencia 

dictada en el caso FAC2002-1228. Dicho predio colinda con el 

predio objeto de la presente demanda.

q- El DRNA es sucesor del Programa de Parques Nacionales del 

Departamento de Recreación y Deportes. Este último, sustituyó a 

la Compañía de Parques Nacionales, que a su vez ocupó el lugar de 

la Compañía de Fomento Recreativo. Así también, se acepta que el 

predio de terreno en controversia forma parte de una finca de 

mayor cabida, inscrita en el Registro de la Propiedad a favor de la 

Compañía de Fomento Recreativo de Puerto Rico.

r- El predio de terreno en controversia en el presente caso forma 

parte de una finca de mayor cabida, inscrita en el Registro de la 

Propiedad a favor de la Compañía de Fomento Recreativo de Puerto 

Rico. 

s- Dentro de dicha finca 7869, cuya titularidad registral pasó a 

favor de la CPN quien pasó al Programa de Parques Nacionales de 
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dictar sentencia decretando a favor de los demandantes la

usucapión sobre el predio en controversia. En síntesis, afirmaron 

que el predio objeto de la demanda es un bien patrimonial del Estado 

sujeto a usucapión. Además, aseveraron que el ELA no ha 

presentado prueba suficiente para concluir que el terreno está 

dedicado al uso público. Por último, arguyeron que en el presente 

caso la doctrina de cosa juzgada opera a favor de la parte 

demandante y no a favor del ELA.

Específicamente, en cuanto a los hechos incontrovertidos 

propuestos por el ELA, los esposos Almanzar-Ventura indicaron que 

los primeros cuatro eran impertinentes y los últimos dos 

incorrectos. Señalaron que el ELA sustentó los hechos propuestos 

como incontrovertidos con documentos que no establecen lo que se 

pretende probar o con evidencia inadmisible. Así, por ejemplo, 

señalaron que resulta impertinente que el terreno hubiera sido 

transferido en el 1898 por la Corona Española a los Estados Unidos, 

porque las Escrituras de Segregación y Traspaso Números 4 y 6, 

otorgadas el 31 de octubre de 1979, demostraban que el terreno en 

controversia es un bien patrimonial del Estado (en específico, de la 

Compañía de Fomento Industrial) desde principios de la década del

1960. 

Respecto a los documentos que acompañó el ELA con su 

solicitud de sentencia sumaria para sustentar su alegación de que 

el predio en controversia está destinado a uso público, los esposos 

Almanzar-Ventura indicaron que el “Modern American Seacoast 

Defense, A List of Military Reservations and Concrete Gun Batteries 

Puerto Rico, adscrito al Departamento de Recursos Naturales, se 

ubica el predio objeto del presente litigio. 

t- La prueba aquí sometida ha dejado establecido en forma clara 

que la posesión en concepto de dueño tanto del demandante como 

de sus predecesores, más allá de la interioridad de la creencia 

subjetiva de los poseedores, constituye la opinión pública y 

creencia colectiva generalizada y reconocida en la comunidad.

(Énfasis original).

 Íd., págs. 150-155.
KLAN202300643 11

1890-1950” no es una publicación oficial del gobierno federal o 

estatal, y tampoco especifica la ubicación de la supuesta facilidad 

militar en una finca que, según la Escritura Número 6, tiene una 

cabida de 900 cuerdas. Resaltaron que el propio autor del 

documento reconoce que su contenido puede tener errores y 

omisiones y que, por tal razón, el ELA no puede utilizar dicho escrito 

para fundamentar el hecho propuesto. 

Según articularon los esposos Almanzar-Ventura, lo que 

realmente establecen las Escrituras Números 4 y 6, y la certificación 

registral presentadas en apoyo a la solicitud de sentencia sumaria 

del ELA, es que no existe controversia en cuanto a que el titular de 

la finca 7869 es la Compañía de Fomento Recreativo y, por ende, un 

bien patrimonial del Estado que puede ser adquirido mediante 

prescripción adquisitiva o usucapión. 

Siguiendo esa línea, y en lo concerniente al documento de la 

Junta de Planificación (que establece que determinados terrenos son 

de uso público desde el 1977), los esposos Almanzar-Ventura 

mencionaron que el documento constituye prueba self serving

dirigida a establecer el uso público de determinados terrenos, pero 

en el que no se menciona específicamente el predio objeto del 

presente caso. 

Los esposos Almanzar-Ventura arguyeron que para el 1977,

ya se había consumado la usucapión del predio en controversia 

porque sus antecesores en la posesión lo disfrutaban en concepto 

de dueños desde principios del siglo 20. También articularon que en 

el presente caso no aplica la doctrina de cosa juzgada, ya que la 

sentencia del caso Radhamés Almanza Medina v. Compañía de 

Parques Nacionales, FAC2002-12288, se dictó el 13 de agosto de 

8 Cabe señalar que la sentencia del caso FAC2002-1228, en específico, resolvió 

que los esposos Almanzar-Ventura adquirieron mediante prescripción adquisitiva 

la titularidad sobre el predio identificado en el plano de mensura preparado por 

el ingeniero y agrimensor Moisés Jordán Molero (número de licencia de ingeniero 

2071 y de agrimensor 8215) que se describe a continuación: 
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2010; es decir, antes de que éstos suscribieran en el 2012 el contrato 

de compraventa privada sobre el predio objeto del presente pleito.

Para respaldar sus alegaciones, los esposos AlmanzarVentura acompañaron una declaración jurada suscrita por el señor 

Ángel Carlos París Escalera9; la Contestación a Interrogatorio y 

Requerimiento de Producción de Documentos contestado por el Sr. 

Radamés Almanzar Medina; carta de cobro por concepto de 

contribución sobre la propiedad inmueble con número de catastro 

042-000-001-01-007, expedida el 8 de mayo de 1998 por el Centro 

de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), y dirigida a 

Francisco París Escalera y/o dueño actual; plano de mensura 

preparado el 2 de octubre de 2018 por el ingeniero Pedro J. Dávila 

Colón (número de licencia 9325) respecto al predio sobre el cual se 

reclama titularidad mediante prescripción adquisitiva o usucapión; 

copia del contrato privado de compraventa fechado 18 de mayo de 

2012; copia de los censos poblacionales de 1910, 1930 y 1935 

correspondientes al pueblo de Loíza, que proceden de los Archivos 

Nacionales de Washington, D.C., y que están depositados en el 

Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto 

Rico, Recinto de Río Piedras; y los certificados de nacimiento de 

Francisco Javier París Escalera y Gertrudis Escalera, y las actas de 

defunción de Francisco París y Gertrudis Escalera.

Asimismo, con el propósito de demostrar que el predio no está 

afecto a un uso público - y, por tanto, sujeto a ser adquirido 

Predio localizado en el Barrio Torrecilla Baja, Sector Piñones, del 

municipio de Loíza, Puerto Rico, con un área superficial de 975.406 

metros cuadrados, equivalentes a 0.248 cuerdas. Colinda por el 

Norte, Este y Sur con camino vecinal; y por el Oeste, con Rafael 

Vizcarrondo. Enclava edificación.

 Véase, Sentencia Final, Íd., págs. 131-142, a la pág. 137.

9 En dicha declaración jurada, el Sr. París Escalera expresa que es nieto de don 

Juan de Matta París y doña Aquilina Pizarro Escalera, quienes eran dueños del 

terreno objeto de este caso, y que su abuelo dedicó dicho terreno a la crianza de 

cerdos, que eventualmente abandonó dicha actividad, pero permaneció en 

posesión del terreno, hasta que le cedió la posesión al Sr. Eugenio Monzón, quien 

operó en ese lugar un negocio llamado El Gran Chaparral por treinta (30) años. 

Íd., págs. 164-165.
KLAN202300643 13

mediante prescripción adquisitiva - los esposos Almanzar-Ventura 

incluyeron una foto aérea del lugar que revela que en los alrededores 

del predio en controversia operan varios establecimientos 

comerciales, entre los que se encuentra su negocio dedicado a

restaurante, el cual colinda con el predio objeto de este caso10. 

Por último, destacaron que las Escrituras de Segregación y 

Traspaso Números 4 y 6 previamente mencionadas- mediante las 

cuales el ELA advino propietario de la finca número 7869 –

expresamente advirtieron la presencia de personas y estructuras 

ubicadas en la parcela objeto de cesión, razón por la cual se incluyó 

una cláusula de relevo de cualquier litigio que dichas personas 

presentaran sobre asuntos relativos al título, uso y disfrute de la 

parcela y estructuras objeto de cesión. 

En fin, y en apoyo a que se dictara sentencia sumaria a su 

favor, los esposos Almanzar-Ventura reiteraron que la prueba 

ofrecida demostró que tanto ellos como sus antecesores han poseído 

el predio en concepto de dueños, pública, pacífica e 

ininterrumpidamente, cumpliendo así con los requisitos legales para 

la adquisición del dominio por usucapión. Por tanto, afirmaron que 

procedía dictar sentencia sumaria declarando que éstos adquirieron 

por usucapión la titularidad del predio en controversia.

Posteriormente, los esposos Almanzar-Ventura presentaron

una Moción para Someter Anejo Adicional, con la que acompañaron

copias de las sentencias emitidas por el TPI, Sala de Carolina, en los 

casos José Rolando Ferrer Pagán v. Compañía de Parques 

Nacionales, FAC2002-1229, y Radhamés Almanzar Medina v. 

Compañía de Parques Nacionales, FAC2002-1228, relacionadas con 

10 En su moción, la pareja reconoció que en el predio objeto de este litigio opera 

el estacionamiento de su restaurante.
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la adquisición por prescripción extraordinaria de los predios de 

terreno contiguos al terreno en controversia.11

El 17 de mayo de 2023, el TPI emitió una orden concediendo 

un breve término a los esposos Almanzar-Ventura para aclarar la 

descripción correcta del predio, debido a que aquella que surge del 

inciso 12 de la demanda difería de aquella que surgía del contrato 

de compraventa, en cuanto a que se invirtieron los dueños que 

colindan al Oeste y al Este del terreno y, además, en el plano no se 

indica los nombres de los propietarios de los terrenos que colindan 

al Este y al Oeste. 

Mediante Moción para Cumplir Orden, los esposos AlmanzarVentura esclarecieron que la descripción correcta del predio es la 

que consta en el párrafo 12 de la demanda, indicando que ésta 

coincide con el plano de mensura sometido como anejo de la 

solicitud de sentencia sumaria y la foto aérea que lo acompaña. 

Así pues, basado en la evidencia documental, el 23 de mayo 

de 2023, el TPI acogió la solicitud de los esposos Almanzar-Ventura 

y dictó Sentencia Sumaria a su favor. En su dictamen, formuló las 

siguientes determinaciones de hechos:

1. Los demandantes son dueños de un terreno en el que 

ubica un local comercial, sito en el barrio Torrecilla 

Baja, Sector Piñones, del municipio de Loíza, el cual fue 

adquirido mediante la sentencia dictada en el caso FAC 

2002-1228. Dicho predio colinda con el predio objeto de 

la presente demanda.

2. El DRNA es sucesor del Programa de Parques 

Nacionales del Departamento de Recreación y Deportes. 

Este último, sustituyó a la Compañía de Parques 

Nacionales, que a su vez ocupó el lugar de la Compañía 

de Fomento Recreativo. 

3. El predio de terreno en controversia en el presente 

caso forma parte de una finca de mayor cabida, inscrita 

en el Registro de la Propiedad a favor de la Compañía 

de Fomento Recreativo de Puerto Rico. 

4. Dentro de dicha finca 7869, cuya titularidad registral 

pasó a favor de la CPN, quien luego pasó al Programa 

de Parques Nacionales de Puerto Rico, adscrito al 

11 Apéndice del recurso, págs. 198-224.
KLAN202300643 15

Departamento de Recursos Naturales, está ubicado el 

predio objeto del presente litigio. 

5. Para el 31 de octubre de 1979, la Compañía de 

Fomento Industrial de Puerto Rico figuraba como titular 

registral de una parcela de terreno conocida como 

“Battery Lancaster” compuesta de 15.53 cuerdas e 

inscrita a su favor al folio 192 del tomo 3 de Canóvanas, 

finca número 7441, según los datos de inscripción en 

dicho momento.

6. Para la fecha mencionada en el inciso anterior, la 

Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico segregó 

una finca de 3.3884 cuerdas, la cual se denominó 

Parcela “A” en el plano de segregación, quedando un 

remanente de 12.1416 cuerdas, el cual se denominó 

Parcela “B” en el plano de segregación, todo ello según 

consta en la escritura número cuatro (4) de 31 de 

octubre de 1979, otorgada en San Juan ante el notario 

Enrique Adsuar Lores.

7. Conforme a la escritura número cuatro, mencionada 

en el párrafo anterior, la Compañía de Fomento 

Industrial de Puerto Rico cedió la Parcela “A” a favor de

la Compañía de Desarrollo Comercial de Puerto Rico y 

el remanente, o sea, la Parcela “B”, lo cedió a favor de la 

Compañía de Fomento Recreativo.

8. La cláusula cuarta de la citada escritura número 

cuatro, mencionada en los párrafos anteriores, 

establece lo siguiente:

La Compañía de Desarrollo Comercial y la Compañía de 

Fomento Recreativo entrarán en posesión de los 

inmuebles aquí transf[erí]doles, libre de costos y por el 

solo acto del otorgamiento de esta escritura sin ulterior 

requerimiento o formalidad, reconociendo 

expresamente la presencia y/o permanencia de 

personas (“squatters”) y estructuras ubicadas en las 

parcelas objeto de cesión por lo que renuncian a todo 

y cualquier derecho que le asista o le pueda asistir en 

el futuro, al saneamiento del bien objeto de cesión y 

traspaso.

Las Cesionarias relevan expresamente a la Compañía 

de toda y cualquier responsabilidad en relación con la 

citada presencia o permanencia de dichas personas y 

estructuras en las fincas objeto de traspaso siendo por 

cuenta de dichas Cesionarias la responsabilidad 

incidental a la remoción, relocalización o gestión otra 

alguna para con las citadas personas, incluyendo la 

indemnización que por el valor de las estructuras o en 

pago otro alguno se venga obligado a desembolsar.

En adición, las Cesionarias reconocen las 

existencias de varios litigios radicados por terceras 

personas que envuelven asuntos relativos al título, 

uso y disfrute de las parcelas objeto de cesión, así 

como de las estructuras en ella enclavadas. Las 

Cesionarias asumen la defensa o representación de los 

casos que afecten las parcelas cedidas a virtud de la 
KLAN202300643 16

presente escritura, según sea requerido, relevando a la 

Compañía de obligación o responsabilidad otra alguna 

en torno a los mismos.

9. La Compañía de Fomento Recreativo, que fusionada 

con el Fideicomiso de Parques en virtud de las leyes 9 y 

10, del 8 de abril de 2001 pasó a ser la Compañía de 

Parques Nacionales, es quien consta como titular 

único en el Registro de la Propiedad de dicha Parcela 

“B”, cuya descripción y datos actuales de inscripción 

son los siguientes:

RÚSTICA: Parcela de terreno con cabida superficial 

de 12.1416 cuerdas. En lindes, por el NORTE, con el 

Océano Atlántico; por el ESTE con terrenos de la 

Autoridad de Tierras de Puerto Rico; por el SUR con 

la parcela “A” que por la presente se segrega; y por 

el OESTE, con el Canal de Cangrejos y el Océano 

Atlántico. La finca aparece denominada como 

parcela “B” del plano titulado “Battery Lancaster”.

Inscrita a favor de la Compañía del Fomento 

Recreativo mediante la escritura número 4, sobre 

segregación y traspaso, otorgada en San Juan el 31 

de octubre de 1979 ante el notario Enrique Adsuar 

Lores, al folio 161 del tomo 147 de Loíza, Registro 

de la Propiedad de Carolina, Sección Tercera, finca 

número 7869.

10. Dentro de dicha finca 7869, cuya titularidad 

registral quedó sucedida a favor de la parte aquí 

demandada según expuesto en los párrafos anteriores, 

se ubica el predio objeto del presente litigio. 

11. El demandante y su esposa le compraron a la 

familia Monzón, el predio objeto del presente litigio 

mediante contrato titulado “Contrato de Compraventa 

de Bien Inmueble” suscrito en San Juan, Puerto Rico, 

el 18 de mayo de 2012.

12. La familia Monzón, a su vez, había adquirido 

previamente el predio objeto del presente litigio, de don 

Francisco París Pizarro y allí operaron un negocio 

conocido como el Gran Chaparral, por alrededor de 30 

años. 

13. El predio objeto del presente litigio, descrito en la 

demanda y en el plano de mensura que se acompañó 

con la moción de la parte demandante (se identifica 

como lote A) y sobre el cual el demandante reclama 

titularidad mediante prescripción adquisitiva, forma 

parte de la finca 7869 ya inmatriculada en el Registro 

de la Propiedad.

14. El plano de mensura, incluido como Anejo 3 de la 

moción de la parte demandante, el cual fue preparado 

por Pedro Dávila Colón y Joel Nieves, con números de 

licencia 9323 y 3029 respectivamente, refleja 

finalmente la ubicación exacta, descripción y situación 

del predio objeto del presente litigio, con expresión de 
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coordenadas terrestres, linderos y cabida. Del mismo 

puede formularse la siguiente descripción:

Lote A: Predio localizado en el Barrio Torrecilla Baja, 

Sector Piñones, del municipio de Loíza, Puerto Rico, 

con un área superficial de 1227.9799 metros 

cuadrados, equivalentes a 0.3124 cuerdas. Colinda 

por el Norte, con terrenos de Radames Almanzar y 

Marilis Ventura Obiero, por el Este con terrenos de 

José Rolando Ferrer Pagán, por el Sur, con terrenos 

de José Ferrer y camino público y por el Oeste, con 

terrenos inscritos a favor de la Compañía de 

Fomento Recreativo de Puerto Rico, ocupados por la 

Sra. Nereida Ortiz. 

15. El predio objeto del presente litigio no forma parte 

de la zona marítimo terrestre ni está afectado por ésta.

16. La finca donde se encuentra subsumido el predio 

sobre el que se reclama en este caso había estado en 

posesión por casi un siglo por los ascendientes del Sr. 

Francisco París. La presencia y posesión del tronco 

familiar de don Francisco Pizarro, así como de la esposa 

de éste, dona Gertrudis Escalera, de quienes adquirió 

la familia Monzón el predio que vendieron a los aquí 

demandantes, se remonta a principios del siglo 20.

17. Don Francisco París Pizarro, también conocido 

como Francisco Javier París Escalera y como “Don 

Panchito”, nació el 3 de diciembre de 1911. Hijo de don 

Juan de Matta París Ayala y doña Aquilina Pizarro, 

también conocida como Aquilina Escalera, vivió toda su 

vida en las tierras en que ubica el predio objeto del 

presente litigio; primeramente, junto a sus padres, de 

los cuales eventualmente lo adquirió, y posteriormente 

con su esposa dona Gertrudis Escalera, hasta su 

fallecimiento el 2 de junio de 1983. Doña Gertrudis 

falleció al día siguiente, o sea, 3 de junio de 1983.

18. Don Francisco París Escalera aparece listado en el 

Decimoquinto Censo de los Estados Unidos efectuado 

en 1930, como hijo de los también listados esposos 

Juan París Ayala y Aquilina Pizarro, todos como 

residentes del Barrio Torrecilla Baja del Municipio de 

Loíza; igualmente en el Censo Social y de Población de 

1935 efectuado por la Administración de la 

Reconstrucción de Puerto Rico. Don “Juan Pariz Ayala” 

así como dona “Aquilina Escalera y Rivera de Pariz” (sic) 

aparecen también listados en el Censo Decimotercero 

de los Estados Unidos efectuado en 1910 como esposos 

y residentes del mismo barrio y municipalidad, en el 

“camino vecinal que conduce de Loíza a San Juan.”

19. Todos los poseedores anteriores del predio objeto del 

presente litigio: don Juan de Matta París y su esposa 

doña Aquilina; don Francisco París Pizarro y su esposa 

doña Gertrudis Escalera; y la familia Monzón, 

mantuvieron sucesivamente la posesión continua del 

predio objeto del presente litigio, desde antes de 1910 y 

hasta 2012, en concepto de dueños, pública, pacífica e 

ininterrumpidamente. Al inicio del siglo pasado era 
KLAN202300643 18

usado para la crianza de cerdos por el Sr. Juan de Matta 

y su esposa, pasando luego a su hijo Francisco París, 

quien lo cedió a la familia Monzón. Igualmente, el 

demandante y su esposa han mantenido y continuado 

la posesión con los mismos atributos y condiciones 

desde 2012 y hasta el presente, usando el predio 

adquirido de la Familia Monzón como estacionamiento 

del negocio de restaurante que adquirieron por 

sentencia que declaró la usucapión de una parte de la 

misma finca objeto de este pleito. 

20.La prueba sometida por la parte demandante, unida 

a parte de la prueba sometida por los demandados, así 

como la prueba que obra en el expediente del presente 

caso, ha dejado establecido en forma clara que la 

posesión en concepto de dueño tanto del demandante 

como de sus predecesores, más allá de la interioridad 

de la creencia subjetiva de los poseedores, constituye la 

opinión pública y creencia colectiva generalizada y 

reconocida en la comunidad.

21. Estimando el año 1910 como el de inicio de las 

posesiones sucesivas ininterrumpidas de los 

demandantes y sus predecesores posesorios, podríamos 

concluir que la usucapión se consumó en 1940; ganada 

por su poseedor de entonces, transmitida 

posteriormente a la Familia Monzón y finalmente, 

mediante cesión por compraventa en el 2012 al 

demandante y su esposa. Comoquiera, dada la 

naturaleza misma de la usucapión y aplicada a los 

hechos del presente caso, tanto los demandantes como 

cualquiera de sus predecesores posesorios podrían 

adecuar su consumación para culminarla en cualquier 

fecha posterior a 1940. Adviértase que en 1979, cuando 

se otorgó la Escritura Número 4 antes mencionada, se 

reconoció la presencia de poseedores en dicha finca y se 

advirtió a los demandados que éstos reclamaban 

derechos sobre estas tierras, inclusive si se tomara esa 

fecha como inicio del término de 30 años para la 

usucapión, la misma se consumó a favor de la familia 

Monzón en el año 2009, tres años antes de éstos haber 

vendido su propiedad a los aquí demandantes, quienes 

han estado en posesión de la misma en concepto de 

dueños hasta el día de hoy. (Énfasis original).12

El foro apelado concluyó que la prueba documental había 

establecido la concurrencia de todos los atributos requeridos, 

mantenidos durante el tiempo y con arreglo a las condiciones que 

requiere la ley, para configurar la adquisición mediante usucapión 

extraordinaria a favor de los esposos Almanzar-Ventura sobre el 

predio objeto de este litigio. El TPI aludió a porciones específicas de 

la declaración jurada del Sr. Ángel París, en las que éste señaló que 

12 Véase, Sentencia Sumaria, Íd., págs. 230-238, a la pág. 234.
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“el predio que se describe en la demanda del presente caso 

perteneció originalmente a mis abuelos paternos, Don Juan De 

Matta París Ayala y Doña Aquilina Pizarro Escalera, también 

conocida como Aquilina Pizarro París y como Aquilina Escalera” y 

que “durante mis años de Infancia, mi abuelo dedicó dicho terreno 

a la crianza de cerdos, actividad que eventualmente descontinuó 

aunque permaneció en la posesión del predio hasta que cedió dicha 

posesión al Sr. Eugenio Monzón, quien operó el Negocio El Gran 

Chaparral en el lugar por alrededor de 30 años”.

También el TPI resaltó que la Escritura Número 4 mencionaba 

la existencia de personas ubicadas en la finca objeto de cesión y que 

no se había presentado evidencia de que hubiera ocurrido una 

interrupción de la posesión llevada a cabo por los antecesores de los 

esposos Almanzar-Ventura, como tampoco que se hubiera realizado 

una acción afirmativa por parte del ELA para reclamar el derecho 

como dueño del terreno. Por último, concluyó que el ELA no logró 

establecer que dichos terrenos pertenecían al gobierno federal, ya

que el predio está inscrito a favor de la Compañía de Fomento 

Recreativo. En resumen, el TPI concluyó que el ELA no presentó 

prueba suficiente que controvirtiera la consumación de la usucapión 

a favor de los esposos Almanzar-Ventura, bajo cualquier análisis 

que se hiciera en cuanto a las fechas (1910, 1940 o 1979). Por tanto, 

dictó sentencia mediante la cual declaró con lugar la demanda y, 

consecuentemente, resolvió que los esposos Almanzar-Ventura son 

dueños en pleno dominio del predio objeto del litigio, según descrito 

en el plano de mensura preparado por Pedro Dávila Colón y Joel 

Nieves (números de licencia 9323 y 3029, respectivamente), que hizo 

formar parte de la sentencia.

Inconforme, el 24 de julio de 2023, el DRNA, representado por 

la Oficina del Procurador General, instó el presente recurso de 

apelación, en el que consignó los siguientes señalamientos de error:
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El Tribunal de Primera Instancia erró al dictar sentencia 

sumaria a favor de la parte apelada y determinar que 

dicha parte adquirió la titularidad de la finca que es 

objeto del caso por prescripción extraordinaria, ello a 

pesar de que la finca en cuestión forma parte de una 

finca de mayor cabida que está destinada a uso público, 

razón por la cual, como cuestión de derecho, ésta no es 

susceptible de adquisición por prescripción 

extraordinaria. 

El Tribunal de Primera Instancia erró al dictar sentencia 

sumaria a favor de la parte apelada, cuando esta no 

presentó evidencia que sustentara que tenía un derecho 

al remedio solicitado mediante un dictamen sumario, 

por lo que existen controversias de hechos medulares, 

lo que, como cuestión de derecho, impedía al foro 

primario resolver sumariamente este caso.

El 23 de agosto de 2023, los esposos Almanzar-Ventura 

presentaron el Alegato de la Parte Apelada. En síntesis, 

reprodujeron los planteamientos presentados ante el foro de primera 

instancia y reiteraron haber cumplido con los requisitos legales para 

que se configurara la usucapión a su favor sobre el predio en 

controversia.

II.

Comencemos por subrayar que la demanda del caso de autos 

se presentó el 20 de agosto de 2020, cuando aún regía el derogado 

Código Civil de 193013. No obstante, el 28 de noviembre de 2020, 

entró en vigor la Ley Núm. 55-2020, conocida como Código Civil de 

Puerto Rico (Código Civil de 2020)14. Las disposiciones transitorias 

del nuevo código atienden lo relativo a términos prescriptivos, de 

caducidad y usucapión en el Artículo 1814, en los siguientes 

términos: 

Los términos prescriptivos, de caducidad o de 

usucapión que estén transcurriendo en el momento en 

que este Código entre en vigor, tienen la duración 

dispuesta en la legislación anterior; pero si el término 

queda interrumpido después de la entrada en vigor de 

este Código, su duración será la determinada en este.15

13 31 LPRA ant. sec. 1 et seq.

14 31 LPRA sec. 5311 et seq. 

15 31 LPRA sec. 11719.
KLAN202300643 21

La controversia planteada en este caso es si se consumó la 

prescripción extraordinaria o usucapión previo al 20 de agosto de 

2020. Por tanto, las disposiciones sobre prescripción extraordinaria 

aplicables al presente caso son las establecidas en el Código Civil de 

1930.

A.

Sabido es que nuestro ordenamiento jurídico permite la 

adquisición del dominio y de todos los derechos reales en virtud de 

la prescripción adquisitiva o usucapión.16 Para que esta se 

configure, es indispensable que estemos ante una cosa o un derecho 

susceptible de apropiación por un tiempo determinado y según las 

condiciones que dicta la ley.17 La prescripción adquisitiva puede ser 

ordinaria o extraordinaria. Ambos tipos de usucapión “requieren 

que exista una posesión ininterrumpida, pública, pacífica y en 

concepto de dueño por el término fijado en la ley”.18

Específicamente, la usucapión ordinaria “requiere la posesión 

mediante la concurrencia de buena fe y justo título junto al 

transcurso de diez años según un tiempo fijado por la ley”.19

En cambio, la prescripción adquisitiva extraordinaria “no 

requiere el elemento de buena fe ni de justo título, por lo que se le 

requiere al poseedor un término más prolongado para que pueda 

adquirir la cosa o el derecho”.20 “En ésta el término requerido es de 

treinta años para los bienes inmuebles”.

21 Requiere, además, que la 

posesión sea una civil y no natural; es decir, no bastará la mera 

tenencia de una cosa o un derecho y su disfrute (como ocurre para 

la posesión natural), sino que es necesario que dicha tenencia esté 

16 Artículo 1830 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 5241.

17 Bravman, González v. Consejo Titulares, 183 DPR 827, 838 (2011).

18 Íd.; Arts. 1840-1841 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. secs. 5261-5262.

19 Íd.; Artículo 1857 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 5278.

20 Bravman, González v. Consejo Titulares, supra, pág. 839.

21 Íd.; Artículo 1859 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 5280.
KLAN202300643 22

unida a la intención de hacer suya la cosa o el derecho que se esté 

poseyendo.22

Por tanto, la usucapión requiere que la posesión sea en 

concepto de dueño porque “sólo la posesión que se adquiere y se 

disfruta en concepto de dueño puede servir de título para adquirir 

el dominio”.23 De tal forma, se concibe como dueño en posesión de 

un inmueble aquel que la opinión general o la percepción pública 

entienden es el dueño, unido a los actos que éste realice con relación 

a la propiedad, independientemente de la creencia que pueda tener 

el propio poseedor.24

Por ello, la norma vigente sostiene que los actos de carácter 

posesorio ejecutados por licencia o mera tolerancia del dueño no son 

suficientes para cumplir con los requisitos de la prescripción 

extraordinaria, ya que falta el requisito de la posesión en concepto 

de dueño. Así pues, todo aquel que posea con permiso, autorización 

o en representación de otro, no podrá adquirir el dominio, ni ningún 

otro derecho, por virtud de la prescripción ordinaria o 

extraordinaria.25

Sobre la prescripción adquisitiva en su modalidad 

extraordinaria, el Tribunal Supremo dispuso lo siguiente:

...para que se produzca la prescripción extraordinaria 

que establece el Artículo 1859 del Código Civil de Puerto 

Rico [supra], deben exigir nuestros tribunales de 

justicia la prueba de los siguientes hechos: (1) una 

posesión continuada durante treinta años sobre el 

inmueble; (2) por haberla así tolerado el dueño del 

inmueble; (3) ya que el prescribiente ha entrado en 

posesión del inmueble sin autorización, permiso o 

licencia otorgados por el dueño o en virtud de contrato 

celebrado con el dueño; (4) cuya posesión ha mantenido 

el poseedor en concepto público de dueño, de acuerdo 

con la creencia colectiva de la comunidad en que vive, 

no en virtud de la creencia propia que pueda tener el 

22 Adm. Terrenos v. SLG Rivera Morales, 187 DPR 15, 29 (2012); Suc. Maldonado 

v. Suc. Maldonado, 166 DPR 154, 183 (2005).

23 Bravman, González v. Consejo Titulares, supra, citando a J. Puig Brutau, 

Fundamentos de Derecho Civil, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1989, T.III, Vol. I, 

pág. 318.

24 Adm. Terrenos v. SLG Rivera Morales, supra, pág. 29; Bravman, González v. 

Consejo Titulares, supra, pág. 839. 

25 Íd.
KLAN202300643 23

poseedor de ser el dueño del inmueble poseído y (5) cuya 

posesión resulte además pública, pacífica y (6) sin que 

se haya interrumpido naturalmente, o sea, por 

abandono de la cosa por el poseedor, por más de un 

año, o civilmente, en virtud de diligencia judicial o

notarial, o por un reconocimiento expreso o tácito del 

derecho del dueño hecho por el poseedor, antes de 

haber transcurrido los treinta años durante los cuales 

se consuma la prescripción, y (7) sin que el poseedor 

haya renunciado expresa o tácitamente a su título por 

prescripción por alguna causa que resulte eficaz en 

derecho para tal renuncia, después de consumada la 

prescripción extraordinaria.26

Por otro lado, se presume que la posesión se sigue disfrutando 

en la misma forma como se adquirió si no se presenta una prueba 

contraria.27

Con respecto a la interrupción, el Artículo 1843 del Código 

Civil de 193028, específicamente establece que la “posesión se 

interrumpe para los efectos de la prescripción, natural o civilmente”. 

A tales efectos, se interrumpe civilmente la posesión: (1) por la 

citación judicial hecha al poseedor, aunque sea por un mandato del 

tribunal o un juez incompetente; (2) mediante el requerimiento 

judicial o notarial, siempre que dentro de los dos meses de 

practicado se presente ante el tribunal o el juez la demanda sobre 

posesión o dominio de la cosa cuestionada, y (3) por el 

reconocimiento expreso o tácito que el poseedor haga del derecho 

del dueño.29

B.

Nuestro ordenamiento jurídico divide los bienes de acuerdo 

con las personas a quienes pertenecen. En ese sentido, adoptó una 

norma tripartita, según la cual los bienes pueden ser comunes, de 

dominio público o de dominio privado.30

26 Adm. Terrenos, v. SLG Rivera Morales, supra, págs. 28-29.

27 Artículo 365 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 1426; Bravman, 

González v. Consejo Titulares, supra, pág. 840.

28 31 LPRA ant. sec. 5264.

29 Adm. Terrenos, v. SLG Rivera Morales, supra, pág. 30; Bravman, González v. 

Consejo Titulares, supra, pág. 840.

30 Watchtower Bible et al. v. Mun. Dorado I, 192 DPR 73, 84 (2014); San Gerónimo 

Caribe Project v. ELA I, 174 DPR 518, 557 (2008). 
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El Artículo 254 del Código Civil de 1930 describe los bienes 

comunes como aquéllos “cuya propiedad no pertenece a nadie en 

particular y en las cuales todos los hombres tienen libre uso, en 

conformidad con su propia naturaleza: tales son el aire, las aguas 

pluviales, el mar y sus riberas”.31

Por su parte, el Artículo 255 dispone que “[s]on bienes de 

dominio público, los destinados al uso público, como los caminos, 

ríos, torrentes, y otros análogos”.32 A su vez, el Artículo 256 

establece que son bienes de uso público “los caminos estaduales y 

los vecinales, las plazas, calles, fuentes y aguas públicas, los paseos 

y las obras públicas de servicio general, costeadas por los mismos 

pueblos o con fondos del tesoro de Puerto Rico”.33

Los bienes enumerados en los Artículos 255 y 256 del Código 

Civil de 1930, supra, se complementan con las disposiciones del 

Artículo 274 del mismo cuerpo legal, que especifica otros bienes que 

se les puede considerar como de dominio público, aunque no estén 

específicamente enumerados. Así, el Artículo 274 establece que: 

Entre las cosas que no son susceptibles de apropiación 

están comprendidas aquellas que no pueden ser 

propiedad particular por razón de su objeto, tales como 

las cosas en común o sean aquéllas cuyo uso y disfrute 

pertenece a todos los hombres.

Hay otras cosas, por el contrario, que aunque por su 

naturaleza son susceptibles de propiedad particular, 

pierden esta cualidad como consecuencia de la 

aplicación que de ellas se hace para fines públicos 

incompatibles con la propiedad privada, si bien pueden 

adquirir su primitiva condición tan pronto cese el fin 

público que se l[e]s hubiera dado; tales son los terrenos 

de las carreteras, calles y plazas públicas.34

Debemos añadir que, contrario a lo que sucede con los bienes 

privados – que las personas pueden disponer de ellos libremente sin 

más limitaciones que las impuestas por la ley35 – los bienes de 

31 31 LPRA ant. sec. 1023.

32 31 LPRA ant. sec. 1024.

33 31 LPRA ant. sec. 1025. 

34 31 LPRA ant. sec. 1082.

35 Artículo 276 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1084.
KLAN202300643 25

dominio público gozan de una tutela diferente al ser inembargables, 

imprescriptibles e inalienables. Estos bienes están fuera del 

comercio porque no se pueden enajenar ni poseer privadamente por 

disposición de ley.36

Al respecto, el Artículo 256 del Código Civil de 1930, supra, 

indica en su segundo párrafo que “[t]odos los demás bienes que el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico o los municipios posean, son

patrimoniales y se regirán por las disposiciones de este título”. 

A su vez, el Artículo 257 expresa que “[s]on bienes de 

propiedad privada, además de los patrimoniales del pueblo de los 

Estados Unidos, del Pueblo de Puerto Rico y de los municipios, los 

pertenecientes a particulares individual o colectivamente”.37

El profesor Vélez Torres reseña la diferencia entre los bienes 

de dominio público y dominio privado del Estado de la siguiente 

manera:

Los bienes de propiedad privada son aquellos que, aun 

perteneciendo al Estado, son susceptibles de tráfico 

jurídico y están sujetos, en cuanto a su adquisición, 

disfrute, administración y enajenación a las reglas que, 

sobre el particular, dicta el Derecho privado vigente. (...)

Los bienes patrimoniales del Estado son poseídos por 

éste, o por sus subdivisiones políticas, para cumplir con 

un fin público, pero, a diferencia de lo que ocurre con 

los bienes de dominio público, el público no tiene 

constante y general acceso a ellos. (...). Colín y Capitant, 

distinguiendo entre los bienes de dominio público y los 

de dominio privado del Estado, se expresan:

“El dominio privado comprende los bienes que el Estado 

posee y administra como un particular, que le producen 

ingresos, que puede enajenar, por lo menos, en general, 

y que en nada se diferencian, por lo tanto, exteriormente 

de las cosas susceptibles de propiedad privada. Una 

granja modelo, una yeguada, un bosque, una fábrica de 

tabacos o de cerillas esto es lo que forma parte del 

dominio privado. El Derecho [C]ivil aparece como el 

normalmente aplicable a los actos de que estos bienes 

pueden ser objeto. 

“El dominio público, por el contrario... lo forman bienes 

que sirven para el uso de todos, como los ríos, los 

36 Watchtower Bible et al. v. Mun. Dorado I, supra, pág. 85; San Gerónimo Caribe 

Project v. ELA I, supra, págs. 558 y 561.

37 31 LPRA sec. 1026.
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puertos, los caminos, las calles, las plazas públicas. 

Estos bienes, evidentemente, no están sometidos a las 

reglas de Derecho [C]ivil concernientes a la propiedad.”

Siguen dichos autores, estableciendo diferencias entre 

el dominio público y el dominio privado del Estado: 

1) el dominio público es inalienable; no así el dominio 

privado del Estado, que puede enajenarse con arreglo a 

la ley; 

2) el dominio público es imprescriptible; el dominio 

privado, en cambio, puede prescribirse;

38

3) el dominio público no puede ser gravado con 

servidumbre o carga alguna; los bienes patrimoniales, 

en cambio, pueden gravarse;

4) también se ha dicho que el dominio público es 

inembargable. Pero esta característica no puede 

distinguirle de los bienes patrimoniales del Estado, que 

también son inembargables, a base del principio al 

defecto de que al Estado siempre se presume solvente.39

Ahora bien, un bien privado puede transformarse en uno de 

dominio público, y viceversa, mediante actos de afectación y 

desafectación.40 La afectación necesariamente implica que 

determinado bien ha sido destinado a un fin de interés público 

particular y puede deducirse de una declaración legislativa o 

mediante actos administrativos del Estado al amparo de una ley.41

“Así, podríamos decir que luego de que el legislador advierte una 

necesidad social, fija los objetivos que constituyen la razón para 

someter al [dominio público] cierta categoría de bienes”.

42

Por otra parte, un bien cuyo uso es común, por su naturaleza, 

puede adquirir la clasificación de dominio público, sin que se 

38 ELA v. Tribunal Superior, 97 DPR [644] (1969); Rubert Armstrong v. ELA, 97 DPR 

588 (1969). En estos casos se resuelve que, con excepción de terrenos baldíos 

insulares y terrenos de carreteras y caminos públicos, los bienes patrimoniales 

del Estado son susceptibles de adquisición por los particulares, mediante la 

usucapión. Las dos excepciones que se han hecho notar están señaladas en el 

Código Político, en sus artículos 9 (terrenos baldíos) y 405 (terrenos de carreteras 

y caminos públicos).

39 (Nota al calce en el original). José Ramón Vélez Torres, Curso de Derecho Civil, 

cuarta reimpresión, Madrid, Offirgraf, S.A, 2002, Tomo II, pág. 42.

40 Watchtower Bible et al. v. Mun. Dorado I, supra, pág. 88; San Gerónimo Caribe 

Project v. ELA I, supra, pág. 558.

41 Watchtower et al. v. Mun. Dorado I, supra, pág. 89.

42 Íd., pág. 90.
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requiera un acto formal de afectación.43 Asimismo, la doctrina 

también reconoce la posibilidad de que tenga lugar la afectación de 

un bien, ello mediante un acto singular del soberano para construir 

o establecer un inmueble para fines públicos.44 Por tanto, de lo 

anterior se puede colegir que:

[el] carácter de dominio público de un bien, no depende 

de su naturaleza física o geológica. Lo determinante es 

su finalidad: el uso público del mismo. De ahí que un 

bien, originalmente de dominio público, pueda 

transformarse en bien patrimonial, susceptible de 

enajenación, si su uso cesa de ser público”.

45

Como corolario de lo anterior, un bien afecto a un fin de 

interés público, puede advenir a ser de carácter privado y, por 

consiguiente, susceptible de apropiación individual, mediante un 

acto de desafectación.

46 Esta figura se perfila como la antítesis de la

afectación, toda vez que produce el efecto de la pérdida de la 

clasificación de dominio público del bien objeto de tal acto. Así, para 

que éste adquiera condición de propiedad particular, se exige que 

haya cesado el fin que se le hubiere dado.

47 Ahora bien, “la

desafectación procede del mismo modo en que tuvo lugar la

afectación”.

48 De este modo, el hecho de que haya cesado el uso 

público, por sí solo, no resulta suficiente a tal fin.

La mutación dominical correspondiente en virtud de la

desafectación exige que medie: (1) un acto soberano, ya sea 

mediante la aprobación de una ley a tales efectos o mediante un acto 

administrativo al amparo de los poderes delegados para ello; o, (2) 

por cambios en la condición natural de los bienes que los excluyan 

de la clasificación contemplada por la propia ley.49 “De hecho, 

43 San Gerónimo Caribe Project v. ELA I, supra, pág. 523; Artículo 255 del Código 

Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 1024.

44 Watchtower Bible et al. v. Mun. Dorado I, supra, pág. 90; San Gerónimo Caribe 

Project v. ELA I, supra, pág. 523.

45 (Cursivas en el original). Íd., pág. 565, citando de M. Godreau y J.A. Giusti, Las 

concesiones de la Corona y propiedad de la tierra en Puerto Rico, siglos XVI-XX: Un 

estudio jurídico, 62 Rev. Jur. U.P.R. 351, 563 (1993).

46 San Gerónimo Caribe Project v. ELA I, supra, pág. 556-557.

47 Íd., págs. 565-566.

48 Íd., pág. 566.

49 Íd., pág. 567.
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nuestro ordenamiento puede requerir una combinación de las 

modalidades de desafectación para que esta proceda conforme a 

derecho”.

50

C.

El mecanismo de sentencia sumaria, regulado por la Regla 36 

de Procedimiento Civil51 permite al tribunal disponer de un caso sin 

celebrar vista en su fondo.52

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil53, establece que una 

moción de sentencia sumaria debe estar fundada en declaraciones 

juradas, o en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes.54 Por 

tanto, el Tribunal podrá dictar sentencia sumaria si de las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones, interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, junto a las declaraciones juradas, si las 

hubiere, surge que no exista ninguna controversia real sobre los 

hechos materiales y esenciales del caso y solo resta por resolver una 

controversia de estricto derecho.55

En otro extremo, la sentencia sumaria resulta improcedente 

cuando: (1) existan hechos materiales y esenciales controvertidos; 

(2) haya alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido 

refutadas; (3) surja de los propios documentos que se acompañan 

con la moción una controversia real sobre algún hecho material y 

esencial, o (4) como cuestión de derecho, no proceda.56

50 Íd., supra, págs. 567-568.

51 32 LPRA Ap. V, R. 36.

52 SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al., 208 DPR 310, 334 (2021); León Torres 

v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 41 (2020); Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, 

932 (2010); Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010); Ramos 

Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). 

53 32 LPRA Ap. V, R. 36.1.

54 SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al., supra, pág. 335; Rodríguez García v. 

UCA, 200 DPR 929, 940 (2018).

55 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e); León Torres v. Rivera Lebrón, supra; SLG ZapataRivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); Mejías et al. v. Carrasquillo et 

al., 185 DPR 288, 299 (2012); Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 214; González 

Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127, 137-138 (2006).

56 SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al., supra, págs. 335-336; Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., supra, pág. 299; Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 

117 DPR 714 (1986).
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La parte promovida tiene el deber de refutar los hechos 

alegados, con prueba que controvierta la exposición de la parte que 

solicita la sentencia sumaria.57 En este sentido, la parte que desafía 

una solicitud de sentencia sumaria no puede descansar en las 

aseveraciones o negaciones consignadas en su alegación. Dicha 

parte está obligada a controvertir la moción de su adversario de 

forma tan detallada y específica como lo ha hecho el promovente en 

su solicitud, ya que, de no hacerlo, corre el riesgo de que de dicte 

sentencia sumaria en su contra, de proceder en derecho.58

Sin embargo, el hecho de que la otra parte no presente prueba 

que controvierta la evidencia presentada por la parte promovente de 

la moción de sentencia sumaria, no implica necesariamente que 

dicha moción procederá automáticamente si realmente existe una 

controversia sustancial sobre hechos esenciales y materiales.59

Asimismo, toda inferencia que se haga de los hechos 

incontrovertidos debe hacerse de la manera más favorable a la parte 

que se opone a la misma.60 A tono con este principio, el Tribunal 

Supremo ha indicado que, “[a]l considerar la moción de sentencia

sumaria se tendrán como ciertos los hechos no controvertidos que 

consten en los documentos y las declaraciones juradas ofrecidas por 

la parte promovente.”61

En el caso de un foro apelativo, este debe utilizar los mismos 

criterios que el tribunal sentenciador al determinar si procede dictar 

sentencia sumaria, sin embargo: (1) sólo puede considerar los 

documentos que se presentaron ante el foro de primera instancia; y 

57 SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al., supra, pág. 336; León Torres v. Rivera 

Lebrón, supra, pág. 44; Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 215.

58 León Torres v. Rivera Lebrón, supra, pág. 43.

59 SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al., supra, pág. 337.

60 Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, pág. 300; Corp. Presiding Bishop CJC 

of LDS v. Purcell, supra, pág. 721.

61 Piñero v. A.A.A., 146 DPR 890, 904 (1998).
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(2) sólo puede determinar si existe o no alguna controversia genuina 

de hechos materiales y si el derecho se aplicó de forma correcta.62

Así pues, por estar en la misma posición que el foro primario 

al momento de revisar las solicitudes de sentencia sumaria, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció un estándar específico, 

que, como foro apelativo, debemos utilizar. A tales efectos, en

Meléndez González, et al. v. M. Cuebas63, indicó que, de entrada, 

debemos revisar que tanto la moción de sentencia sumaria, así como 

su oposición, cumplan con los requisitos de forma codificados en la 

Regla 36 de Procedimiento Civil.64 Subsecuentemente, si existen 

hechos materiales controvertidos, “el foro apelativo intermedio tiene 

que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil 

y debe exponer concretamente cuáles hechos materiales encontró 

que están en controversia y cuáles están incontrovertidos”.65 Por el 

contrario, si encontramos que los hechos materiales del caso son 

incontrovertidos, debemos revisar de novo si el foro primario aplicó 

correctamente la norma jurídica aplicable a la controversia que tuvo 

ante sí.66

Podrá dictarse sentencia sumaria solamente cuando no exista 

ninguna controversia real sobre los hechos materiales y esenciales 

del caso67 y, además, si en derecho procede el reclamo.68 “[C]uando 

existe duda sobre si hay o no prueba suficiente o si hay una 

controversia de hecho, esta duda debe resolverse en favor de la parte 

promovida”69.

62 SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al., supra, págs. 337-338; Const. José 

Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 129 (2012).

63 193 DPR 100 (2015).

64 Íd., pág. 118.

65 Íd., pág. 119.

66 Íd.

67 Un hecho material “es aquel que puede afectar el resultado de la reclamación 

de acuerdo al derecho sustantivo aplicable”. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 

200, 213 (2010). A su vez, la controversia relacionada a un hecho material debe 

ser real, “por lo que cualquier duda es insuficiente para derrotar una Solicitud de 

Sentencia Sumaria”. Íd., págs. 213-214.

68 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra.

69 Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 DPR, 716, 734 (1994).
KLAN202300643 31

Así pues, el mecanismo de sentencia sumaria es un remedio 

discrecional que procederá solo cuando el tribunal quede 

claramente convencido de que tiene ante sí documentos no 

controvertidos, que no existen controversias sobre hechos 

materiales y esenciales, y que, por lo tanto, lo que resta es aplicar el 

derecho, ya que una vista en los méritos resultaría innecesaria.70

Hay que señalar que una sentencia sumaria, por constituir 

una decisión en los méritos es el precedente de cosa juzgada71

cuando se opone entre partes debidamente relacionadas.

72 Por ello, 

se ha advertido que, antes de resolver una controversia por la vía 

sumaria, el juzgador habrá de discernir cuidadosamente al respecto, 

pues “mal utilizada, puede prestarse para despojar a un litigante de 

su ‘día en corte’, principio elemental del debido proceso de ley”73. 

III.

Al revisar una sentencia sumaria, este foro apelativo 

intermedio debe examinar si la solicitud de sentencia sumaria, así 

como su oposición cumplieron con los requisitos de forma que 

establece la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. Este Tribunal 

revisó la solicitud de sentencia sumaria presentada por el ELA, y la 

oposición y solicitud de sentencia sumaria presentada por los 

esposos Almanzar-Ventura. Luego de analizar los escritos, 

concluimos que ambas partes cumplieron con los requisitos de 

forma codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil.

El ELA expuso los hechos esenciales e incontrovertidos, 

debidamente enumerados, así como los documentos que unió a su 

solicitud en apoyo a sus enunciados. Por igual, los esposos 

70 Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004). Véase, además, González Santiago 

v. Baxter Healthcare, 202 DPR 281, 290 (2019); Pérez Vargas v. Office Depot, 203 

DPR 687, 699 (2019).

71 El efecto de la aplicación de la doctrina de cosa juzgada es que la sentencia 

emitida en un pleito anterior impide que se litiguen posteriormente, entre las 

mismas partes y sobre las mismas causas de acción y cosas, las controversias ya 

litigadas y adjudicadas, y aquellas que se pudieron haber litigado. Mun. De San 

Juan v. Bosque Real, S.E., 58 DPR 743, 769 (2003).

72 Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 335.

73 González v. Alicea, Dir. Soc. Asist. Legal, 132 DPR 638, 646-647 (1993).
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Almanzar-Ventura expusieron los asuntos de derecho en 

controversia que justificaban la resolución sumaria, así como el 

remedio solicitado.

A su vez, luego de un análisis cuidadoso de los hechos 

incontrovertidos esbozados por el TPI, concluimos que las 

determinaciones del foro sentenciador encuentran apoyo en los 

documentos que obran en autos y no existe controversia genuina de 

hechos materiales en el caso. Por ello, acogemos las determinaciones 

de hechos incluidas por el TPI en la Sentencia apelada. En 

consecuencia, corresponde revisar de novo si el TPI aplicó 

correctamente la norma jurídica establecida para la controversia y 

si procedía, como cuestión de derecho, adjudicar de manera 

sumaria la controversia.

En específico, el TPI determinó que la prueba documental 

había establecido la concurrencia de todos los atributos requeridos, 

mantenidos durante el tiempo y con arreglo a las condiciones que 

requiere la ley, para configurar la adquisición mediante usucapión 

extraordinaria a favor de los esposos Almanzar-Ventura sobre el 

predio objeto de este litigio. El TPI aludió a porciones específicas de 

la declaración jurada del Sr. Ángel París, en las que éste señaló que 

“el predio que se describe en la demanda del presente caso 

perteneció originalmente a mis abuelos paternos, Don Juan De 

Matta París Ayala y Doña Aquilina Pizarro Escalera, también 

conocida como Aquilina Pizarro París y como Aquilina Escalera” y 

que “durante mis años de Infancia, mi abuelo dedicó dicho terreno 

a la crianza de cerdos, actividad que eventualmente descontinuó 

aunque permaneció en la posesión del predio hasta que cedió dicha 

posesión al Sr. Eugenio Monzón, quien operó el Negocio El Gran 

Chaparral en el lugar por alrededor de 30 años”.74

74 Véase, Declaración Jurada, Apéndice del recurso, págs. 164-165.
KLAN202300643 33

Así también, el TPI resaltó que la Escritura Número 4 

mencionaba la existencia de personas ubicadas en la finca objeto de 

cesión y que no se había presentado evidencia de que hubiera 

ocurrido una interrupción de la posesión llevada a cabo por los 

antecesores de los esposos Almanzar-Ventura, como tampoco que 

se hubiera realizado una acción afirmativa por parte del ELA para 

reclamar el derecho como dueño del terreno. Por último, concluyó 

que el ELA no logró establecer que dichos terrenos pertenecían al 

gobierno federal, ya que el predio está inscrito a favor de la 

Compañía de Fomento Recreativo. En fin, el TPI concluyó que el ELA 

no presentó prueba suficiente que controvirtiera la consumación de 

la usucapión a favor de los esposos Almanzar-Ventura, bajo 

cualquier análisis que se hiciera en cuanto a las fechas (1910, 1940 

o 1979). Por tanto, dictó sentencia mediante la cual declaró con 

lugar la demanda y, consecuentemente, resolvió que los esposos 

Almanzar-Ventura son dueños en pleno dominio del predio objeto 

del litigio, según descrito en el plano de mensura preparado por 

Pedro Dávila Colón y Joel Nieves (números de licencia 9323 y 3029, 

respectivamente), que hizo formar parte de la sentencia.

En su apelación, el ELA destacó que según el inciso tres de 

las condiciones restrictivas de la Escritura de Segregación y 

Traspaso, Número 4 de 31 de octubre de 1979, los terrenos cedidos 

a la Compañía de Fomento Recreativo serían dedicados única y 

exclusivamente para fomentar y desarrollar las metas consignadas 

en su carta orgánica. Puntualizó que, conforme con la ley 

habilitadora de la Compañía de Fomento Recreativo y sus sucesoras, 

se tenía que utilizar el predio con propósitos afines al desarrollo de 

facilidades recreativas para el disfrute de la ciudadanía. En virtud 

de ello, arguyó que el predio en controversia forma parte de la finca 

número 7869, la cual, por disposición de ley, está destinada a un 

uso público. Siendo así, y ante el hecho de que no ha habido un 
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cambio en el destino del inmueble, el ELA asegura que la porción de 

terreno que los esposos Almanzar-Ventura pretenden usucapir no 

es susceptible de adquisición por prescripción extraordinaria.

A tenor con la normativa jurídica expuesta, el dominio 

público, lo forman bienes destinados al uso público, que sirven para 

el uso de todos, como los ríos, los puertos, los caminos, las calles, 

las plazas públicas. Estos bienes están fuera del comercio porque 

no se pueden enajenar ni poseer privadamente por disposición de 

ley. Por el contrario, el dominio privado comprende los bienes que el 

Estado posee y administra como un particular y de los que puede 

disponer de ellos libremente sin más limitaciones que las impuestas 

por la ley. Por ejemplo, una granja modelo o un bosque. Estos bienes 

patrimoniales del Estado en nada se diferencian de las cosas 

susceptibles de propiedad privada. 

No obstante, un bien originalmente de dominio público puede 

transformarse en un bien patrimonial susceptible de enajenación si 

su uso deja de ser público. 

La Certificación de la Propiedad Inmueble 2020-013186-

CETR, revalida que la finca número 7869 de Loíza consta inscrita a 

favor de la Compañía de Fomento Recreativo por virtud de la 

mencionada Escritura Número 4 de 31 de octubre de 1979.75 Si bien 

la mencionada Escritura Número 4 establece como condición 

restrictiva que los terrenos cedidos a favor de la Compañía de 

Fomento Recreativo serían dedicados única y exclusivamente para 

fomentar y desarrollar las metas consignadas en su carta orgánica, 

lo cierto es que los documentos presentados por el ELA no 

demostraron que, en efecto, la porción de terreno en controversia –

o la finca de mayor cabida en la que se encuentra subsumido -

estuviera afecta a un uso o servicio público general. Tampoco el ELA 

75 Íd., pág. 128.
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demostró que constituye la opinión pública y creencia colectiva 

generalizada y reconocida en la comunidad que los terrenos 

pertenecen al Estado. 

La certificación de zonificación emitida por la Junta de 

Planificación, del 29 de marzo de 1993, establece, en lo pertinente, 

que:

De acuerdo al Mapa de Zonificación de Loíza vigente a 

la fecha, los terrenos que a continuación se describen 

radican en un Distrito para Uso Público (P), según se 

indica en el Mapa que se hace formar parte de esta 

CERTIFICACIÓN:

Terrenos que radican al Norte de la Laguna Torrecilla y 

a ambos lados de la Carretera Estatal Núm. 187; y 

terrenos al Oeste de la Laguna de Piñones hasta 

colindar con el Distrito Residencial R-0 y desde el Norte 

de la Carretera Estatal Número 187, cruzando el Canal 

de Tierra y el Canal del Medio hasta colindar con el

Canal Caracoles (límite municipal de Loíza y Carolina) 

Barrio Torrecilla baja, según lo indicó la parte 

solicitante de esta CERTIFICACIÓN en carta y mapa 

sometidos al efecto.

Que dichos terrenos han estado clasificados en la forma 

antes descrita desde el día 23 de septiembre de 1977, 

fecha en que entró en vigor el mapa de Zonificación de 

Loíza adoptado por la Junta de Planificación mediante 

la Resolución Z-80 del 25 de febrero de 1977.76

Ciertamente, la precitada certificación establece el uso público 

de determinados terrenos, pero no menciona específicamente el 

predio de terreno objeto del presente caso.

Por igual, el “Modern American Seacoast Defense, A List of 

Military Reservations and Concrete Gun Batteries 1890-1950” 

ofrece un inventario general de inmuebles en el que no consta la 

ubicación específica de la facilidad militar dentro de las fincas 

descritas en las las escrituras de segregación y traspaso.77

Sin embargo, el plano sometido por los esposos AlmanzarVentura revela que alrededor del predio en controversia operan 

varios establecimientos comerciales, entre los que se encuentra su 

76 Íd., pág. 130.

77 Íd., págs. 95, 103 y 107.
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negocio dedicado a restaurante, el cual colinda con el predio objeto 

de este caso.78 Ello demuestra que el área o finca de mayor cabida 

en la que ubica el predio en controversia no está dedicada a las 

metas consignadas en la carta orgánica de la Compañía de Fomento 

Recreativo, sus sucesoras, o a uso público alguno. Añádase a ello 

que, como cuestión de hecho (número 15) el predio objeto del 

presente litigio no forma parte de la zona marítimo terrestre ni está 

afectado por ésta.

El ELA adujo que existen hechos esenciales en controversia 

que impedían que el caso fuera resuelto mediante sentencia sumaria 

a favor de los esposos Almanzar-Ventura. En particular, aseguró 

que el expediente está huérfano de prueba que establezca que los 

esposos Almanzar-Ventura, en unión a sus predecesores, poseyeran 

el inmueble de manera pública, pacífica e ininterrumpida en 

concepto de dueños, según la percepción de la comunidad. Indicó 

que la declaración jurada del Sr. Ángel Carlos París Escalera lo 

único que revela es la afirmación del declarante de que sus abuelos 

eran los dueños del predio de terreno objeto de este caso y a quién 

se lo cedieron para operar un negocio. Empero, señaló que en esa 

declaración nada se acredita en cuanto a la creencia colectiva de la 

comunidad del sector Piñones de que esas personas que allí se 

mencionan poseyeron el terreno en calidad de dueños, ni surge que 

la posesión de los que afirman ser dueños del predio fuera pacífica 

y de manera ininterrumpida. Por lo cual, sostuvo que dicha 

declaración jurada resulta insuficiente para demostrar el hecho.

En cuanto a la Contestación a Interrogatorio y Requerimiento 

de Producción de Documentos contestado por el Sr. Radamés 

Almanzar Medina, el ELA esbozó que lo que allí se indicó es lo que 

proponían declarar los testigos del caso, cuyo contenido prueba de 

78 Íd., pág. 167.
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referencia carente de valor probatorio, y tampoco contiene evidencia 

admisible sobre la percepción de la comunidad respecto a la calidad 

de la posesión del predio por parte de las personas que han estado 

ocupándolo. Afirmó que, lo único que surge del expediente es un 

grupo de personas que afirman haber sido dueños del predio objeto 

de la demanda hasta que la parte apelada lo compró mediante 

contrato de compraventa privado en el 2012. No tiene razón. 

Los documentos que acompañaron la solicitud de sentencia 

sumaria de los esposos Almanzar-Ventura demostraron que Don 

Francisco París Pizarro, también conocido como Francisco Javier 

París Escalera, nació el 3 de diciembre de 1911. Hijo de don Juan 

de Matas París y doña Aquilina Pizarro, también conocida como 

Aquilina Escalera.79 Don Francisco París Pizarro falleció el 2 de junio 

de 1983.80 Su cónyuge, doña Gertrudis Escalera, nació el 17 de 

marzo de 1916 y falleció el 3 de junio de 1983.81

Igualmente, Don Francisco París Escalera aparece listado en 

el Decimoquinto Censo de los Estados Unidos efectuado en 1930, 

como hijo de los también listados esposos Juan París Ayala y 

Aquilina Pizarro, todos como residentes del Barrio Torrecilla Baja 

del Municipio de Loíza; igualmente en el Censo Social y de Población 

de 1935 efectuado por la Administración de la Reconstrucción de 

Puerto Rico. Don “Juan Pariz Ayala” así como dona “Aquilina 

Escalera y Rivera de Pariz” (sic) aparecen también listados en el 

Censo Decimotercero de los Estados Unidos efectuado en 1910 como 

esposos y residentes del mismo barrio y municipalidad, en el 

“camino vecinal que conduce de Loíza a San Juan”.82

La declaración jurada suscrita por el Sr. Ángel Carlos París 

Escalera acredita que el predio de terreno objeto del caso perteneció 

79 Íd., pág. 194.

80 Íd., pág. 297.

81 Íd., págs. 195-196.

82 Íd., págs. 178-193.
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a sus abuelos, quienes lo dedicaron a la crianza de cerdos hasta que 

se lo cedieron al Sr. Eugenio Monzón y este operó en el lugar el 

negocio El Gran Chaparral por alrededor de 30 años.83 El predio está 

descrito en la demanda y en el plano de mensura que se acompañó 

con la moción de sentencia sumaria los esposos Almanzar-Ventura; 

se identifica como Lote A.84

Por último, quedó establecido que los esposos AlmanzarVentura le compraron a la familia Monzón, el predio objeto del 

presente litigio mediante el “Contrato de Compraventa de Bien 

Inmueble” suscrito en San Juan, Puerto Rico, el 18 de mayo de 

2012. Los vendedores comparecientes en dicho contrato 

consignaron que adquirieron la propiedad por herencia de su padre, 

Eugenio Monzón Vázquez, y su madre, Rosario Castro 

Carrasquillo.85

En cuanto a la presunta incongruencia entre la descripción y 

colindancias del terreno destacada por el ELA se basó en que la 

representación que consta en el contrato de compraventa difería de 

la descrita en la demanda en cuanto a que se invirtieron los dueños 

que colindan al Oeste y al Este del terreno. Sin embargo - como 

igualmente reconoce el ELA - a requerimiento del tribunal, los 

esposos Almanzar-Ventura indicaron que la descripción correcta es 

la del plano sometido, que coincide con la descripción contenida en 

la demanda. El ELA no cuestionó ni rebatió la precisión de dicho 

plano.

Nuestro ordenamiento jurídico establece que cuando una 

parte solicita sentencia sumaria e incluye con su moción prueba 

para demostrar que no existe controversia sustancial sobre los 

hechos del caso, corresponde a la otra parte establecer que existe 

83 Íd., págs. 164-165.

84 Íd., págs. 4-5 y 166-168.

85 Íd., págs. 170-172.
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una controversia real al menos sobre un elemento de la causa de 

acción, ofrecer prueba sobre alguna de sus defensas afirmativas, o 

presentar prueba que refute la credibilidad de los documentos en 

apoyo a la solicitud de sentencia sumaria. Así que, ante la moción 

presentada por el ELA correspondía a los esposos Almanzar-Ventura 

rebatir vía declaraciones juradas u otra documentación que apoyara 

sus alegaciones, lo que así hicieron.

La prueba documental anejada a los escritos en solicitud de 

sentencia sumaria demostró que, para el 31 de octubre de 1979, la 

Compañía de Fomento Industrial figuraba como titular registral de 

una parcela de terreno conocida como “Battery Lancaster” 

compuesta de 15.53 cuerdas e inscrita a su favor al folio 192 del 

tomo 3 de Canóvanas, finca número 7441, según los datos de 

inscripción en dicho momento. En la fecha mencionada, la 

Compañía de Fomento Industrial segregó una finca de 3.3884 

cuerdas, la cual se denominó Parcela “A” en el plano de segregación, 

quedando un remanente de 12.1416 cuerdas, el cual se denominó 

Parcela “B” en el plano de segregación, todo ello según consta en la 

Escritura Número Cuatro (4) de 31 de octubre de 1979, otorgada en 

San Juan ante el notario Enrique Adsuar Lores. Mediante dicha 

Escritura Número 4, la Compañía de Fomento Industrial cedió la 

Parcela “A” a favor de la Compañía de Desarrollo Comercial de 

Puerto Rico y el remanente, o sea, la Parcela “B”, lo cedió a favor de 

la Compañía de Fomento Recreativo. Dicha Parcela “B” corresponde 

a la finca número 7869, inscrita a favor de la Compañía de Fomento 

Recreativo al folio 161 del tomo 147 de Loíza, Registro de la 

Propiedad de Carolina, Sección Tercera. Dentro de dicha finca 7869, 

se ubica el predio objeto del presente litigio. 

También la prueba acreditó que don Juan de Matta París y su 

esposa doña Aquilina; don Francisco París Pizarro y su esposa doña 

Gertrudis Escalera; y la familia Monzón, mantuvieron 
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sucesivamente la posesión continua del predio objeto del presente 

litigio, desde antes de 1910 y hasta 2012, en concepto de dueños, 

pública, pacífica e ininterrumpidamente. Al inicio del siglo pasado 

era usado para la crianza de cerdos por el Sr. Juan de Matta y su 

esposa, pasando luego a su hijo Francisco Paris, quien lo cedió a la 

familia Monzón. Dicha familia lo vendió a los esposos AlmanzarVentura quienes, han mantenido y continuado la posesión desde 

2012 y hasta el presente. 

Las alegaciones esbozadas por el ELA en el recurso de epígrafe 

no constituyen prueba suficiente para controvertir los hechos 

materiales que presentaron los esposos Almanzar- Ventura y la 

prueba documental sometida. La prueba documental sometida por 

ambas partes dejó establecido que la posesión en concepto de 

dueño, pública, pacífica e ininterrumpidamente tanto de los esposos 

Almanzar- Ventura como de sus predecesores, constituye la opinión 

pública y creencia colectiva generalizada y reconocida en la 

comunidad. Ciertamente - tal y como resolvió el TPI - estimando el 

año 1910 como el de inicio de las posesiones sucesivas 

ininterrumpidas de los esposos Almanzar- Ventura y sus 

predecesores posesorios, se puede concluir que la usucapión se 

consumó en 1940; ganada por su poseedor de entonces, transmitida 

posteriormente a la Familia Monzón y finalmente, mediante cesión 

por compraventa en el 2012 a esposos Almanzar- Ventura. 

A su vez, en 1979, cuando se otorgó la Escritura Número 4 

antes mencionada, se reconoció la presencia de poseedores en dicha 

finca y que éstos reclamaban derechos sobre estas tierras, lo que 

vaticinaba la posibilidad de que parte de éstos fueran cedidos o 

enajenados a favor de terceros, incluido el sector privado. Así que, 

incluso si se tomara esa fecha como inicio del término de 30 años 

para la usucapión sobre un bien patrimonial de uso público, 

susceptible de adquisición por particulares mediante la 
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usucapión86, la misma se consumó a favor de la familia Monzón en 

el año 2009, tres años antes de éstos haber vendido su propiedad a 

los esposos Almanzar- Ventura, quienes han estado en posesión de 

ésta en concepto de dueños hasta el día de hoy.

En virtud de lo anterior, actuó correctamente el TPI al dictar 

sentencia sumaria declarando con lugar la demanda y resolver que 

los esposos Almanzar-Ventura son dueños en pleno dominio del 

predio objeto del litigio, según descrito en el plano de mensura 

preparado por Pedro Dávila Colón y Joel Nieves (números de licencia 

9323 y 3029, respectivamente), que hizo formar parte de la 

sentencia. en consecuencia, procede confirmar el dictamen apelado. 

IV.

Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la 

Sentencia Sumaria apelada.

Notifíquese.

Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones

86 Rubert Armstrong v. ELA, supra.