Número Identificador

SEN2024_________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VI

UNIÓN DE 

TRABAJADORES DEL 

DEPARTAMENTO DE 

HACIENDA 

LOCAL 2373

Recurrido

V. 

DEPARTAMENTO DE 

HACIENDA 

Peticionario

KLCE202400586

Certiorari

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala San 

Juan 

Caso Núm. 

SJ2024CV00209

Sobre:

IMPUGNACIÓN DE 

LAUDO DE 

ARBITRAJE 

EMITIDO POR EL 

ÁRBITRO ANDRÉS 

FELICIANO 

MORALES, DE LA 

COMISIÓN 

APELATIVA DEL 

SERVICIO 

PÚBLICO, EN EL 

CASO AQ-16-

0749/L-23-051

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez 

Rivera Torres, la Jueza Rivera Pérez y el Juez Campos Pérez 

Rivera Pérez, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de junio de 2024.

Comparece ante nos la parte querellada-peticionaria 

Departamento de Hacienda de Puerto Rico (en adelante, 

Departamento de Hacienda) mediante un recurso de certiorari y nos 

solicita la revisión de la Sentencia dictada y notificada el 11 de marzo 

del 2024 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan (“TPI”), en revisión del Laudo de Arbitraje L-23-051 (en 

adelante, Laudo L-23-051) emitido y notificado el 11 de diciembre 

de 2023 por la Comisión Apelativa del Servicio Público (en adelante, 

CASP). 

Mediante la referida sentencia, el TPI declaró Ha Lugar el 

recurso de Impugnación de Laudo presentado por la parte 

querellante-recurrida Unión de Trabajadores del Departamento de 
KLCE202400586 2

Hacienda (en adelante, Unión), en representación de la Sra. Ida 

Santiago Rivera (en adelante, Sra. Santiago Rivera), empleada del 

Departamento de Hacienda. En consecuencia, se dejó sin efecto el 

Laudo L-23-051 y se ordenó a las partes a arbitrar los asuntos según 

lo establecido en el Convenio Colectivo de la Unión de Trabajadores 

de Hacienda Local 2373 UAW Unidad C y el Departamento de 

Hacienda (Mayo 2012-Mayo 2015) (en adelante, Convenio Colectivo).

Por los fundamentos que expondremos, se expide el auto de 

certiorari y se confirma la sentencia recurrida

I

Del expediente del caso de autos surge que el 23 de mayo de 

2016 el Departamento de Hacienda denegó la solicitud de examen 

para el puesto de Ejecutivo en Asuntos Contributivos I presentada 

por la Sra. Santiago Rivera, afiliada de la Unión AUW Local 2373.1

El 27 de mayo de 2016, la Sra. Santiago Rivera solicitó la 

reconsideración de dicha determinación ante la Oficina de Asuntos 

Administrativos de Personal.2 Finalmente, el 1 de septiembre de 

2016, la Secretaria Interina Auxiliar de Recursos Humanos denegó 

la solicitud de reconsideración presentada por la Sra. Santiago 

Rivera. En el dictamen, la Secretaria Interina Auxiliar de Recursos 

Humanos le advirtió a la Sra. Santiago Rivera que, de no estar de 

acuerdo con esta determinación, tenía derecho a apelar la misma 

ante la CASP.3

Así las cosas, el 26 de septiembre de 2016, la Sra. Santiago 

Rivera procedió a presentar por derecho propio ante la Oficina de 

Arbitraje de la CASP la Solicitud de Servicios de Arbitraje de Quejas 

y Agravios (Caso Núm. AQ-16-0749) que nos ocupa, mediante la 

cual impugnó la determinación del Departamento de Hacienda

1 Véase, apéndice del Certiorari, pág. 1.

2 Véase, apéndice del Certiorari, págs. 2-3.

3 Véase, apéndice del Certiorari, pág. 4.
KLCE202400586 3

denegándole su solicitud de examen para el puesto de Ejecutivo en 

Asuntos Contributivos I en la agencia. Además, impugnó la 

determinación emitida por el Departamento de Hacienda

denegándole la solicitud de reconsideración que presentó 

posteriormente contra la denegatoria de la solicitud de examen.

4

Luego de varios incidentes procesales, y estando pendiente la 

celebración de una vista, el 16 de agosto de 2023, el Departamento

de Hacienda presentó una Moción Solicitando Desestimación.

5 En 

síntesis, el Departamento de Hacienda alegó que la CASP no tenía 

jurisdicción para atender en sus méritos la querella presentada por

la Sra. Santiago Rivera por no haber sido autorizada y tramitada a 

través de la Unión, conforme a lo establecido en el Artículo 11 del 

Convenio Colectivo.

El 7 de septiembre de 2023, se celebró una Vista ante el Hon. 

Andrés Feliciano Morales, Árbitro de la CASP, por medio de

videoconferencia, en la cual las partes tuvieron la oportunidad de 

presentar prueba y argumentar a favor de sus respectivas posiciones 

con relación a la solicitud de desestimación presentada por el 

Departamento de Hacienda.

6 La Sra. Santiago Rivera compareció a 

esta vista representada por la Unión.

El 10 de octubre de 2023, la Unión, en representación de la 

Sra. Santiago Rivera, presentó Oposición a Moción Solicitando 

Desestimación y el asunto quedó sometido ante la consideración del 

Árbitro.7 En síntesis, la Unión alegó en su escrito que el 

Departamento de Hacienda indujo a error a la Sra. Santiago Rivera 

al advertirle mediante una carta dirigida exclusivamente a ella que,

de no estar de acuerdo con la determinación denegando su solicitud 

de reconsideración, tenía derecho a apelar la misma ante la CASP 

4 Véase, apéndice del Certiorari, págs. 5-6. Véase, además, Íd., págs. 1-4.

5 Véase, apéndice del Certiorari, págs. 10-19.

6 Véase, apéndice del Certiorari, págs. 41-57.

7 Véase, apéndice del Certiorari, págs. 20-40.
KLCE202400586 4

dentro del término de treinta (30) días a partir de la fecha de

notificación; y al no advertirle que el proceso de apelación debía 

tramitarse a través de la Unión.8 

El 11 de diciembre de 2023, la CASP emitió y notificó el Laudo 

L-23-051.9 En el Laudo, una vez evaluado el asunto tomando en 

consideración el Convenio Colectivo, las contenciones de las partes 

y la evidencia admitida, la CASP concluyó y resolvió lo siguiente:

“[...] En este caso, el convenio obligaba a la Querellante 

a presentar su queja mediante la Unión y con su 

autorización. De ahí que la Sección 8 dispone: “Todas 

las controversias, disputas, querellas y reclamaciones 

se harán por escrito, autorizadas por la Unión o el 

Departamento utilizando el formulario aplicable. En 

todos los pasos del Procedimiento de Quejas y 

Agravios y Arbitraje el/los empleado(s) deberán 

tramitar su querella a través de la Unión”. [...]

A falta de cumplimiento con lo anterior, tenemos que 

sujetarnos a lo convenido por las partes, sobre lo 

dispuesto en la sección 15 del Inciso 9.4. respecto a que: 

"El árbitro no tendrá facultad para enmendar, 

modificar, anular, ignorar, añadir o substraer ninguna 

de las cláusulas del Convenio Colectivo". Por 

consiguiente, nos es forzoso concluir que la presente 

controversia no es arbitrable en su vertiente sustantiva, 

basado en que la prueba presentada mostró de forma 

fehaciente que la Querellante, en ausencia a radicar su 

reclamación por conducto de la Unión, en el mejor de 

los escenarios, tampoco no tenía autorización por dicha 

parte para presentar la queja en arbitraje por derecho 

propio. Determinar lo contrario, sería excedemos de la 

facultad que las partes nos concedieron ejecutar y por 

consecuencia, incurriríamos en violación a la sección 

15 citada. Es por todo lo anterior y luego de aquilatada 

la prueba, el derecho y el Convenio Colectivo aplicable 

a los hechos, que estamos en posición de emitir el 

siguiente:

VI. LAUDO

La controversia de epígrafe no es arbitrable 

sustantivamente, toda vez que la Querellante no 

radicó la presente controversia en arbitraje por 

conducto de la Unión; en la alternativa, tampoco 

demostró haber estado autorizada por dicha parte 

cuando radicó el presente caso por derecho propio. 

Como resultado, se desestima la controversia y se 

deja sin efecto el señalamiento para vista en los 

méritos del caso, el 21 de diciembre de 2023. [...].”10

(énfasis en el original)

8 Carta con fecha del 1 de septiembre de 2016 remitida por la Secretaria Auxiliar 

Interina del Área de Recursos Humanos y Asuntos Laborales del Departamento 

de Hacienda. Véase, apéndice del Certiorari, pág. 4. 

9 Véase, apéndice del Certiorari, págs. 41-57.

10 Véase, apéndice del Certiorari, págs. 14-15.
KLCE202400586 5

En desacuerdo con la determinación de la CASP, el 10 de 

enero de 2024, la Unión presentó ante el TPI un recurso de 

Impugnación de Laudo,

11 al cual se opuso el Departamento de 

Hacienda mediante Oposición a “Petición de Revisión de Laudo”

presentada el 16 de febrero de 2024.12 En su recurso, la Unión 

señaló la comisión por la CASP de los errores siguientes:

ERRÓ EN DERECHO EL ÁRBITRO AL DETERMINAR 

QUE LA QUERELLA NO ES ARBITRABLE 

SUSTANTIVAMENTE, CUANDO EL ARGUMENTO 

PRESENTADO POR LA AGENCIA EN TODO CASO ES 

UNO DE ARBITRABILIDAD PROCESAL, DEFENSA QUE 

FUE RENUNCIADA POR LA AGENCIA.

ERRÓ EN DERECHO EL ÁRBITRO AL DETERMINAR 

QUE LA QUERELLA NO ES ARBITRABLE 

SUSTANTIVAMENTE, CUANDO LA NOTIFICACIÓN A 

LA EMPLEADA FUE DEFECTUOSA.

El 11 de marzo del 2024, el Tribunal de Primera Instancia 

dictó y notificó la Sentencia de la cual se recurre declarando Ha 

Lugar el recurso de Impugnación de Laudo presentado por la 

Unión.13 En consecuencia, se dejó sin efecto el Laudo L-23-051 y se 

ordenó a las partes a arbitrar los asuntos según lo establecido en el 

Convenio Colectivo. En su dictamen, el TPI concluyó y resolvió lo 

siguiente:

“Resulta claro del Convenio Colectivo que las partes no 

acordaron arbitrar disputas fuera de aquellas traídas 

por la Unión o el Departamento. En las etapas previas 

al arbitraje, el Departamento no tuvo reparo a la acción 

directa de Santiago, y el Departamento ni siquiera 

notificó a la Unión de su determinación en el Tercer 

Paso del procedimiento de disputas. Por otro lado, 

resulta también evidente que el Departamento no le 

notificó adecuadamente a Santiago de su derecho a 

acudir a la CASP ya que no se le advirtió que para 

ejercer ese derecho tenía que hacerlo a través de la 

Unión. La notificación adecuada es un derecho 

constitucional en función del debido proceso de ley, y 

no puede depender de la experiencia o historial de la 

querellante por quejas y agravios anteriores.

No hay controversia que Santiago siempre compareció 

a través de la Unión en todo el proceso posterior a la 

11 Véase, apéndice del Certiorari, págs. 58-85.

12 Véase, apéndice del Certiorari, págs. 86-102.

13 Véase, apéndice del Certiorari, págs. 103-108.
KLCE202400586 6

solicitud de arbitraje. La Unión compareció a la vista en 

representación de Santiago, se opuso a la 

desestimación, propuso y negoció con el Departamento 

los respectivos proyectos de sumisión, y presentó la 

oposición a desestimación. En fin, todas las 

comparecencias ante el árbitro fueron a través de la 

Unión. De ese modo, cualquier defecto en la Solicitud 

de Santiago, atribuible a la notificación defectuosa, 

quedó subsanado antes de que iniciara la intervención 

del Árbitro.”14

El 26 de marzo de 2024, el Departamento de Hacienda

presentó una Moción de Reconsideración, a la cual se opuso la Unión 

mediante Moción en Oposición a Moción de Reconsideración

presentada el 26 de abril de 2024.15

Finalmente, el 29 de abril de 2024, el TPI emitió y notificó 

Orden declarando Sin Lugar la moción de reconsideración.

16

Inconforme con la determinación del TPI, el Departamento de 

Hacienda acudió ante nos el 28 de mayo de 2024 mediante el 

presente recurso de Certiorari solicitando la revisión de la Sentencia 

de 11 de marzo de 2024. En su recurso, el Departamento de 

Hacienda señala que el foro recurrido cometió el error siguiente: 

El TPI abusó de su discreción y actuó contrario a derecho 

al no concederle deferencia a la interpretación del 

Árbitro Andrés Feliciano Morales de la Comisión 

Apelativa del Servicio Público incluida en el laudo L-23-

051, pues sustituyó el criterio de dicho árbitro por el del 

Tribunal, lo anterior por medio de una interpretación de 

novo sobre los hechos y el derecho que dieron lugar a la 

desestimación por falta de jurisdicción en la modalidad 

de arbitrabilidad sustantiva de la apelación instada por 

la Querellante–Apelada y a pesar de que dicho laudo fue 

emitido conforme a derecho. 

El 7 de junio de 2024, la Sra. Santiago Rivera presentó una 

Moción de Desestimación del Recurso de Certiorari por falta de 

jurisdicción al haberse presentado fuera del término que provee la 

ley para recurrir. En síntesis, la Sra. Santiago Rivera alega que 

procede la desestimación del recurso basada en que la moción de 

reconsideración presentada por el Departamento de Hacienda el 26 

14 Véase, apéndice del Certiorari, pág. 108.

15 Véase, apéndice del Certiorari, págs. 109-123 y 124-130.

16 Véase, apéndice del Certiorari, pág. 131.
KLCE202400586 7

de marzo de 2024 no cumplía con las especificidades de la Regla 47 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 47, por lo que fue 

declarada sin lugar por el TPI y no tuvo el efecto de interrumpir el 

término para recurrir. Según su contención, los treinta (30) días 

para la presentación de un recurso de certiorari comenzaron a 

transcurrir a partir de la notificación de la Sentencia de 11 de marzo 

de 2024, y no de la Orden de 29 de abril de 2024 declarando Sin 

Lugar la moción de reconsideración. 

En la alternativa, la Sra. Santiago Rivera alega que no aplica 

el término de sesenta (60) días que establece la Regla 52.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.2, para aquellos casos en 

que el Estado Libre Asociado es parte debido a que se trata de un 

recurso de certiorari para revisar una sentencia final al revisar un 

laudo de arbitraje del Tribunal de Primera Instancia, para lo cual la 

Regla 26 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 32, establece un término de treinta (30) días. De 

entenderse que aplica, la Sra. Santiago Rivera alega que la 

presentación del recurso resulta igualmente tardía. 

El 10 de junio de 2024, el Departamento de Hacienda presentó 

una Réplica y/u Oposición a “Moción de Desestimación del Recurso 

de Certiorari.”

El 24 de junio de 2024, la Sra. Santiago Rivera presentó 

Alegato de la Parte Recurrida en Contra de la Expedición del Auto de 

Certiorari. Así, contando con la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver.

II

A.

El recurso de certiorari es el vehículo procesal para que el 

Tribunal de Apelaciones revise la sentencia final dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia al revisar un laudo de arbitraje. Regla 

32(D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-
KLCE202400586 8

B, R.32(D); Hosp. del Maestro v. U.N.T.S., 151 DPR 934 (2000). Este 

recurso discrecional “permite a un tribunal de mayor jerarquía 

revisar las determinaciones de un foro inferior”. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). Véase, además, 800 Ponce 

de León v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); Pueblo v. Díaz de León, 

176 DPR 913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 

En el ámbito judicial, el concepto discreción “no significa 

poder para actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del 

resto del Derecho”. IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338. La 

discreción, “es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera.” 

Torres González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821 (2023); 800 

Ponce de León v. AIG, supra, a la pág. 174.

En el caso particular del Tribunal de Apelaciones, la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, limita los 

asuntos interlocutorios que podemos revisar mediante un recurso 

de certiorari, bajo el entendimiento de que estos pueden esperar 

hasta la conclusión del caso para ser revisados en apelación. IG 

Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 337. Al respecto, la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, supra, dispone específicamente que el 

recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se 

recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 56 y 57, o de la denegatoria 

de una moción de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción

a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá

revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones 

sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, 

asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 
KLCE202400586 9

rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que revistan 

interés público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Íd. Al 

denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 

Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. Íd. 

A su vez, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que el 

Tribunal de Apelaciones deberá tomar en consideración al 

determinar si procede la expedición de un recurso de certiorari o de 

una orden de mostrar causa. Estos son: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.” Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.

B.

En Puerto Rico existe una vigorosa política pública a favor del 

arbitraje obrero-patronal.17 El arbitraje está considerado como un 

método alterno a la intervención judicial para la solución de 

conflictos. COPR v. SPU, 181 DPR 299, 362 (2011). Se entiende que 

17 El Tribunal Supremo ha expresado que “las relaciones obrero-patronales, la 

negociación colectiva, y los procedimientos de arbitraje están vinculadas al 

desarrollo económico, a la paz industrial y, por ende, a la consecución de los 

intereses públicos.” COPR v. SPU, supra, pág. 319. 
KLCE202400586 10

este es el medio menos técnico, más flexible, menos oneroso y, por 

tanto, más apropiado para la resolución de las controversias que 

emanan de la relación laboral. Martínez Rodríguez v. A.E.E., 133 DPR 

986 (1993). 

El convenio colectivo recoge las normas que habrán de marcar 

las relaciones entre patronos y empleados, por lo que sus términos 

y condiciones obligan tanto al patrono como a la unión y a sus 

miembros. J.R.T v Junta Adm. Muelle Mun. de Ponce, 122 DPR 318, 

333 (1998). Este constituye la ley entre las partes que lo suscriben, 

siempre que no contravenga las leyes, la moral ni la Constitución. 

Pérez v. Autoridad de Fuentes Fluviales, 87 DPR 118, 122 (1963). Al 

pactar su contenido, las partes deben cumplirlo con estricta 

rigurosidad. Ni el patrono ni los obreros pueden pretender 

beneficiarse de ciertas cláusulas y rechazar otras. COPR v. SPU, 

supra, seguido en Aut. Puertos v. HEO, 186 DPR 417 (2012). 

Mediante el convenio colectivo, se le confiere la autoridad al árbitro 

para que evalúe y resuelva las controversias que allí se especifican. 

A. Acevedo Colom, Legislación protectora del trabajo comentada, 8va 

ed. Rev., Puerto Rico, Ed. Ramallo Printing Bros., 2005, pág. 393. 

De otra parte, el laudo de arbitraje es la determinación que 

toma el árbitro respecto a la controversia laboral. COPR v. SPU, 

supra, pág. 368. Se ha establecido que el laudo de arbitraje no es ni 

un contrato ni una sentencia, pero disfruta de la naturaleza de 

ambos. Íd., pág. 328. El contenido del laudo de arbitraje incluye dos 

elementos principales: la parte sustantiva de derecho en la que se 

expone la razón de la decisión y la parte dispositiva en la que se 

establece el remedio a la disputa. La emisión del laudo culmina la 

función adjudicativa del árbitro. Íd., en las págs. 368-369.

Referente a la revisión judicial de los procesos de arbitraje, 

nuestro más alto foro ha expresado que, aunque la intervención no 

esté vedada, ante un convenio de arbitraje lo más prudente es la 
KLCE202400586 11

abstención judicial. U.C.P.R. v. Triangle Engineering Corp., 136 DPR 

133 (1994). Por ello, cuando se acuerda el uso del arbitraje como 

mecanismo para ajustar las controversias, se crea un foro sustituto 

a los tribunales de justicia, cuya interpretación merece gran 

deferencia. López v. Destilería Serrallés, 90 DPR 245 (1964); J.R.T. 

v. Junta Adm. Muelle Mun. de Ponce, 122 DPR 318 (1988). 

Es por esto, que la revisión de los laudos de arbitraje se 

circunscribe a la determinación de: (1) la existencia de fraude, (2) 

conducta impropia, (3) falta del debido proceso de ley, (4) violación 

a la política pública, (5) falta de jurisdicción o, (6) que el laudo no 

resuelve todos los asuntos en controversia. No obstante, si las partes 

pactan que el laudo arbitral sea conforme a derecho, los tribunales 

podrán corregir errores jurídicos en atención al derecho aplicable.18

De igual modo, las decisiones de los tribunales de primera instancia, 

de las agencias administrativas y los laudos arbitrales se reputarán 

persuasivas. Íd. En tal supuesto, la revisión judicial de los laudos 

de arbitraje es análoga a la revisión judicial de las decisiones 

administrativas. Rivera v. Dir. Adm. Trib., 144 DPR 808 (1998); 

Condado Plaza v. Asoc. Emp. Casinos PR, 149 DPR 347 (1999); UCPR 

v. Triangle Engineering Corp., supra. Sin embargo, el Tribunal 

Supremo ha aclarado que la intervención judicial no se justifica por 

una mera discrepancia de criterio con el árbitro ya que se destruiría 

la esencia de los procesos de arbitraje. UGT v. Centro Médico del 

Turabo, 208 DPR 944, 929 (2022). Por lo tanto, es la norma que los 

foros judiciales apelativos tendrán la autoridad para revisar todas 

las cuestiones de derecho sustantivo resueltas por el árbitro para 

poder determinar si son correctas. COPR v. SPU, supra, pág. 370. Es 

18 Cuando el procedimiento de arbitraje es conforme a derecho, ello significa que 

el árbitro no puede ignorar o dejar pasar por desapercibidas las normas 

interpretativas, en el campo laboral, de derecho sustantivo emitidas por el 

Tribunal Supremo de Estados Unidos, y el de Puerto Rico. J.R.T. v. Hato Rey 

Psychiatric Hosp., 119 DPR 62, 68 (1987).
KLCE202400586 12

decir, procede la anulación solo si no se ha resuelto la controversia 

conforme a derecho. Íd.

C.

El Convenio Colectivo de la Unión de Trabajadores de 

Hacienda Local 2373 UAW Unidad C y el Departamento de Hacienda 

(Mayo 2012-Mayo 2015) (en adelante, Convenio Colectivo) es un 

acuerdo negociado entre el Departamento de Hacienda y la Unión 

que establece las condiciones de trabajo y los derechos y 

obligaciones de ambas partes. 

Entre otros aspectos, este acuerdo incluye un Procedimiento 

de Quejas y Agravios para resolver disputas que debe seguirse ante 

de recurrir a arbitraje. Al respecto, el Artículo 11 del Convenio 

Colectivo establece lo siguiente:

“Sección 1:

A) Competencia - Todas las controversias, disputas, 

quejas, querellas y reclamaciones basadas en la 

aplicación e interpretación de las disposiciones de este 

Convenio serán de la competencia de los organismos 

funcionarios designados en este Artículo y de los 

establecidos por la Ley Núm. 45.

[...]

Sección 2: Definición

Se entenderá por "queja, querella y/o agravio", 

cualquier controversia o reclamación presentada por un 

empleado o grupo de empleados de la Unidad 

Apropiada, o por cualquier de las partes, relacionada 

con la interpretación, aplicación, definición o alegada 

violación. de este Convenio Colectivo.

[...]

Sección 5:

Todos los miembros de la Unidad Apropiada, 

incluyendo a los no afiliados están obligados a utilizar 

este procedimiento en cuanto a toda queja o 

controversia que surja con posterioridad a entrar en 

vigor el presente Convento Colectivo.

Sección 6: 

Cuando por escrito las partes hagan constar que una 

querella sobre un asunto no puede resolverse en una 

etapa inicial del procedimiento, la misma entonces 

podrá ser radicada en una etapa avanzada y apropiada 

para atender la querella.

Sección 7:

La Unión en representación del empleado podrá retirar 

las querellas sometidas en este procedimiento en 

cualquier momento y el empleado no será objeto de 

sanción disciplinaria por el solo hecho de haber 

radicado la querella.

Sección 8:
KLCE202400586 13

Todas las controversias, disputas, quejas, querellas y 

reclamaciones se harán por escrito, autorizadas por la 

Unión o el Departamento utilizando el formulario 

aplicable. En todos los pasos del Procedimiento de 

Quejas y Agravios y Arbitraje el/los empleados(s) 

deberán tramitar su querella a través de la Unión.

Sección 9:

Toda queja, querella o agravio se tramitará

exclusivamente conforme a los mecanismos creados en 

este Artículo. Las Partes acuerdan en este Convenio 

que, de surgir controversias durante la vigencia del

mismo, éstas se resolverán exclusivamente a través del 

procedimiento que a continuación se dispone: 

Inciso 9.1 - PRIMER PASO-Supervisor Inmediato

a) La querella deberá someterse no más tarde de diez 

(10) días laborables a parar de la fecha en que 

sucedieron los hechos que dieron lugar a la querella

ante el Supervisor Inmediato.

b) El empleado a través del delegado y/o el oficial 

designado de la Unión, se reunirá con su Supervisor 

inmediato en un término no mayor de diez (10) días 

laborables después de la Unión haber sometido su 

querella por escrito. El Supervisor del área de trabajo 

coordinará con el delegado y/o el oficial: designado de 

la Unión dicha reunión dentro del término antes 

dispuesto para discutir la controversia. 

[...]

Inciso 9.2 - SEGUNDO PASO - Director del Negociado 

o Secretaria Auxiliar del Área

a) De no resolverse la controversia en la primera etapa 

del Procedimiento de Quejas y Agravios, o la Unión no 

estar de acuerdo con la decisión tomada por el 

Supervisor Inmediato el oficial designado por la Unión, 

podrá someter por escrito la querella al Director del 

Negociado o Secretario Auxiliar del Área de trabajo 

correspondiente; dentro de los diez (10) días laborables 

a partir de la fecha en que el supervisor notificó su 

decisión. 

[...]

Inciso 9.3 - TERCER PASO - Secretarlo(A) Auxiliar

De Recursos Humanos y Oficial Designado Por 

Éste(A)

De no resolverse la controversia en la segunda etapa del

Procedimiento de Quejas y Agravios, o la Unión no estar 

de acuerdo con la decisión tomada por el Director del 

área de trabajo, el empleado a través del oficial 

designado de la Unión podrá someter por escrito la 

misma el Secretario(a) Auxiliar de Recursos Humanos u 

oficial designado por éste(a), dentro de los diez (10) días 

laborables a partir de la fecha en que la Unión recibió 

la notificación donde el Director del área de trabajo 

emitió su decisión. 

[...]

Inciso 9.4 - CUARTO PASO Oficina de Arbitraje De 

La Comisión Apelativa del Servicio Público

De no llegarse a un acuerdo con él (la) Secretari@

Auxiliar de Recursos Humanos y oficial designado por 

ést@, la Unión procederá a radicar la solicitud de 

arbitraje ante la Oficina de Arbitraje de la Comisión 

Apelativa del Servicio laborables, a partir de la fecha en 

que se notifique la contestación. 
KLCE202400586 14

[...]

Sección 12:

Las partes someterán al árbitro un acuerdo de 

sumisión, donde especificarán la controversia para su 

resolución. En la eventualidad de que las partes no 

logren un acuerdo de sumisión dentro de un término 

razonable, el árbitro determinará el asunto preciso a ser 

resuelto tomando en consideración el Convenio 

Colectivo, las contenciones de las partes, los proyectos 

de sumisión de cada una de las partes y la evidencia, 

admitida. Si una de las partes alega que la controversia 

no es arbitrable, procesalmente deberá someter la 

evidencia pertinente al árbitro en apoyo de su alegación.

De no hacerlo, se considerará que la controversia es 

arbitrable y el árbitro procederá a ventilar el caso en sus 

méritos. 

Sección 13:

La cuestión de arbitrabilidad será decidida en primera 

instancia por el árbitro, pero podrá ser objeto de 

revisión judicial.

[...]

Sección 15:

El árbitro no tendrá facultad para enmendar, modificar,

anular, ignorar; añadir o substraer ninguna de las 

cláusulas del Convento Colectivo. 

[...].”

III

En su recurso de Certiorari, el Departamento de Hacienda 

señala como único error que el TPI “abusó de su discreción y actuó 

contrario a derecho al no concederle deferencia a la interpretación 

del Árbitro [...], pues sustituyó el criterio de dicho árbitro por el del 

Tribunal, lo anterior por medio de una interpretación de novo sobre 

los hechos y el derecho que dieron lugar a la desestimación por falta 

de jurisdicción en la modalidad de arbitrabilidad sustantiva de la 

apelación instada por la Querellante–Apelada y a pesar de que dicho 

laudo fue emitido conforme a derecho.”

Examinado el recurso, así como la determinación del 

dictamen recurrido a la luz del Derecho expuesto, determinamos 

que el error antes señalado no se cometió. Coincidimos con el 

razonamiento del Tribunal de Primera Instancia. Aunque la Sra. 

Santiago Rivera no estuvo representada por la Unión durante los 

pasos del procedimiento de quejas y agravios previos al arbitraje 

establecidos en el Convenio Colectivo, posteriormente fue 
KLCE202400586 15

debidamente representada por dicho sindicato quien confirmó y 

validó los actos jurídicos de su afiliada quedando así subsanada 

cualquier deficiencia en el proceso.

Aunque existe una norma de abstención judicial referente a la 

revisión judicial de los procesos de arbitraje, sin embargo, procede 

su intervención cuando son asuntos estrictamente de derecho. 

U.C.P.R. v. Triangle Engineering Corp., supra. En este caso en 

particular la Unión luego de la fase de quejas y agravios representó 

a la parte querellada-peticionaria, y se sometió como Unión al 

proceso de arbitraje no quedando así privada su representada del 

remedio contemplado en el Convenio Colectivo.

En conclusión, dadas las circunstancias particulares que 

presenta este caso, era procedente someterlo a arbitraje. 

IV

Por los fundamentos expuestos, se expide el recurso de 

certiorari y se confirma la sentencia recurrida.

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones