Número Identificador

SEN(RES)2024____________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL XI

ARIEL ACEVEDO 

PEÑALBERT, ÁNGEL 

ARGUINZONI 

MELÉNDEZ 

Peticionarios

v.

WALMART DE PUERTO 

RICO, INC., PUEBLO, 

INC.

Recurridos

KLCE202400312

consolidado

KLCE202400318

CERTIORARI

Procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de 

Bayamón

Civil Núm.:

BY2022CV06322

Sobre: Despido 

Injustificado 

(Ley 80)

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el 

Juez Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz 

Rivera.

Álvarez Esnard, jueza ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de abril de 2024.

Comparecen ante nos el señor Ariel Acevedo Peñalbert y el 

señor Ángel Arguinzoni Meléndez (conjuntamente, “Peticionarios”)

mediante dos recursos de Certiorari denominados 

alfanuméricamente como KLCE2024-0312 y KLCE204-0318. En 

sus escritos, nos solicitan que revoquemos la Resolución emitida el 

18 de enero de 2024 y notificada el 22 de enero de 2024 por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (“foro 

primario” o “foro a quo”). A su vez, peticionan la revocación de la 

Resolución emitida el 23 de febrero de 2024 y notificada el 26 de 

febrero de 2024 por el tribunal recurrido. Mediante los referidos 

dictámenes, el foro primario declaró No Ha Lugar la Moción en 

Solicitud de Orden y la Segunda Moción en Solicitud de Orden

presentadas por los Peticionarios.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

DENEGAMOS la expedición del auto de certiorari de los casos 

consolidados. 
KLCE202400312 consolidado

KLCE202400318

2

I.

A. KLCE2024-0312

El 3 de mayo de 2023, el señor Acevedo Peñalbert y el 

señor Arguinzoni Meléndez instaron una Querella Enmendada al 

amparo de la Ley Sobre Despidos Injustificados, Ley Núm. 80 de 

30 de marzo de 1976, 29 LPRA 185(a), según enmendada.

1 En 

ajustada síntesis, alegaron que laboraban en el Supermercado 

Amigo (Amigo), el cual pertenecía a Walmart Puerto Rico, Inc. 

(“Walmart”). Según los Peticionarios, en el proceso de traspaso de 

Amigo a Pueblo Inc. (Pueblo), este último les presentó una oferta de 

empleo, sin embargo, rechazaron dicha proposición. A raíz de esa

situación, indicaron que Walmart dio por terminado su contrato 

laboral. En vista de ello, solicitaron una compensación por el salario 

dejado de percibir y una indemnización progresiva equivalente a tres

(3) semanas por cada año de servicio. 

Ante tales alegaciones, el 22 de mayo de 2023, Walmart 

presentó su Contestación a Querella Enmendada.

2 En esencia, 

puntualizó que los Peticionarios rechazaron la oferta de trabajo 

presentada por Pueblo. Así las cosas, indicó que optó por terminar 

su contrato de empleo. De manera similar, el 4 de octubre de 2023, 

Pueblo sometió su Contestación a Querella Enmendada.3 En lo 

concerniente, objetó la aplicación de las doctrinas de traspaso de 

patrono sucesor. Consecuentemente, solicitó la desestimación de la

demanda y la imposición de honorarios por temeridad. 

Luego de una serie de trámites procesales, el 15 de diciembre 

de 2023, los Peticionarios cursaron a las entidades recurridas un 

correo electrónico a los fines de solicitar la siguiente información: 

Como parte del proceso de descubrimiento de prueba, y 

con el fin de coordinar el itinerario de deposiciones, les 

1 Apéndice de Peticionarios (KLCE2024-0312), págs. 1-4.

2 Íd., págs. 5-10.

3 Íd., págs. 11-16.
KLCE202400312 consolidado

KLCE202400318

3

solicito que me provean los nombres de todas las 

personas naturales y/o jurídicas que: 

1. Participaron en el proceso de negociación del acuerdo

de compraventa de los Supermercados Amigo; 

2. Participaron en el proceso de preparación del 

documento titulado Asset Purchase Agreement; 

3. Participaron en el proceso de realizar las ofertas de 

empleo a los empleados de Supermercados Amigo.4

Ante tal petición, las partes demandadas levantaron a través 

del correo electrónico continuas objeciones fundamentadas en el 

principio de pertinencia y el privilegio de abogado-cliente.

5

Tras múltiples requerimientos gestionados sin éxito, el 22 de 

diciembre de 2023, los demandantes presentaron una Moción en 

Solicitud de Orden.

6 En dicho escrito, adujeron que tanto Walmart 

como Pueblo se negaron a proveer los nombres peticionados 

amparados en el privilegio abogado-cliente. Según los Peticionarios, 

dicha información es pertinente, toda vez que arroja luz sobre las 

personas involucradas en el acuerdo de negociación de las entidades 

demandadas. En vista de lo anterior, solicitaron la expedición de 

una orden, que exigiera la entrega de los nombres de las personas 

naturales y jurídicas involucradas en el proceso de negociación de 

la compraventa. Peticionaron, además, la imposición de $500.00 en 

concepto de honorarios de abogado.

En reacción, el 18 de enero de 2024, Walmart presentó su 

Oposición a Moción en Solicitud de Orden para Compeler 

Descubrimiento.

7 En el aludido documento, requirió la expedición de 

una orden protectora con el propósito de salvaguardar la 

información privilegiada e impertinente a la controversia. Ese mismo 

4 Íd., pág. 67. 

5 Íd., págs. 68-73.

6 Íd., págs. págs. 17-33.

7 Íd., págs. 74-82.
KLCE202400312 consolidado

KLCE202400318

4

día, Pueblo sometió su Oposición a Moción Solicitando Orden

fundamentado en las mismas alegaciones. 

8

Evaluados los argumentos esbozados, el 18 de enero de 2024, 

el Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar a la solicitud 

referida y emitió su notificación el 22 de enero de 2024. Al respecto, 

dispuso el siguiente pronunciamiento:

A la solicitud de la parte QUERELLANTE (ENTRADA 

#48) para que se emita una orden a: (A) Walmart y 

Pueblo, requiriéndole entregar los nombres de todas 

las personas naturales y/o jurídicas que 

participaron en el proceso de negociación de la 

compraventa de los Supermercados Amigo, y la 

preparación del contrato de dicha compraventa, y 

(B) Walmart y Pueblo para que le pague a la parte 

querellante la cantidad de $500.00 por concepto de 

honorarios de abogado incurridos en la obtención de 

ésta orden, RESOLVEMOS NO HA LUGAR. (Énfasis 

nuestro).9

Oportunamente, el 30 de enero de 2024, los Peticionarios 

presentaron una Moción en Solicitud de Reconsideración.

10 En este 

escrito, reiteraron que procede la divulgación de los nombres 

solicitados. Aseveraron que dicha información es pertinente para 

dilucidar la controversia en torno a las doctrinas de patrono sucesor 

y traspaso de negocio. A su vez, argumentaron que en el caso 

presente no aplica el privilegio abogado-cliente. 

En respuesta, el 19 de febrero de 2024, Walmart presentó su 

Oposición en Solicitud de Reconsideración, Solicitud de Orden 

Protectora y en Cumplimiento de Orden.11 Sostuvo que el 

requerimiento de los demandantes constituye un abuso a los 

mecanismos del descubrimiento de prueba. Arguyó que los nombres 

solicitados no arrojan información pertinente a su reclamación. Ese 

mismo día, Pueblo presentó su Oposición a Moción en Solicitud de 

Reconsideración en la cual replicó los mismos planteamientos.

12

8 Íd., págs. 83-93.

9 Íd., pág. 94.

10 Íd., págs. 95-109. 

11 Íd., págs. 110-117.

12 Íd., págs. 118-123. 
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5

Luego de examinar los argumentos de las partes, el 23 de febrero 

de 2024, el tribunal a quo emitió y notificó una Resolución en la cual 

denegó acoger la reconsideración solicitada.13

Inconformes con el referido dictamen, el 13 de marzo de 2024, 

los Peticionarios acudieron ante esta Curia mediante un recurso de 

Certiorari. En esencia, presentaron el siguiente señalamiento de 

error:

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DENEGAR LA SOLICITUD DE ORDEN 

PARA COMPELER A LA PARTE QUERELLADA A 

PROVEER LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS QUE 

NEGOCIARON Y REDACTARON EL CONTRATO DE 

COMPRAVENTA DE LOS SUPERMERCADOS AMIGO.

Al día siguiente, presentaron una Moción para Presentar 

Documento Confidencial. En específico, notificaron que incluyeron

las páginas 52 a la 59 del apéndice vinculadas con el Asset Purchase 

Agreement (“APA”). De acuerdo con los Peticionarios, estos folios

contienen copia del Artículo 6 del contrato de compraventa, cuyo 

contenido es confidencial según lo acordaron las partes. A esos 

fines, solicitó que este Tribunal tomara conocimiento judicial de lo 

anterior.

Adelantamos que el 19 de marzo de 2024 esta Curia consolidó 

este recurso con el caso KLCE2024-0318. Ese día, autorizamos a los 

Peticionarios a presentar los documentos catalogados como material 

confidencial. 

B. KLCE2024-0318

En cuanto al segundo recurso presentado, surge del 

expediente que, el 20 de abril de 2023, los demandantes cursaron a 

Walmart una Citación para Toma de Deposición y Producción de 

Documentos.

14 Entre otros extremos, solicitaron la divulgación de la 

siguiente documentación:

Provea copia de la escritura de compraventa del edificio 

en donde ubicaba el Supermercado Amigo en el que 

13 Íd., pág. 124.

14 Apéndice de Peticionarios (KLCE2024-0318), págs. 34-36.
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KLCE202400318

6

laboraban Ariel Acevedo Peñalbert y Ángel Arguinzoni

Meléndez, otorgada por Walmart de Puerto Rico y 

Supermercado Amigo.15

En respuesta, Walmart sometió sus Contestaciones al Primer 

Pliego de Interrogatorios y de Producción de Documentos.

16 En este 

escrito, objetó entregar la documentación requerida bajo el 

fundamento de amplitud excesiva. No obstante, advirtió que se 

encuentra en disposición de divulgar ciertas porciones del APA. A 

esos fines, peticionó pactar un Acuerdo de Confidencialidad y 

proveer al respecto una notificación a Pueblo.17

Establecido el referido pacto, Walmart entregó a los 

demandantes ciertos extractos de los documentos requeridos 

mediante correo electrónico.18 Tras examinar dicha documentación, 

los Peticionarios reiteradamente solicitaron a través de correo 

electrónico la entrega de la copia íntegra del Artículo 6 del APA.

19 No 

obstante, los demandados no remitieron dicha información 

amparados en los argumentos de pertinencia y amplitud excesiva.

20

Trabada así la controversia, el 30 de enero de 2024, 

presentaron una Segunda Moción en Solicitud de Orden.

21 En 

esencia, alegaron que Walmart no entregó la totalidad del Artículo 6 

del APA. Especificaron que el contrato de compraventa contiene un 

apartado intitulado Employee Matter, cuyo contenido es pertinente

a la controversia. A su vez, argumentaron que el patrono está 

impedido de levantar un argumento de confidencialidad a tenor con 

la normativa jurisprudencial reconocida en Pagán et. al. v. First 

Hospital, 189 DPR 542 (2013).

15 Íd., pág. 36.

16 Íd., págs. 37-48.

17 Íd., pág. 46. 

18 Íd., págs. 54-58

19 Íd., págs. 53, 56, 59-60 y 66.

20 Íd., págs. 57-58. Surge de la cadena de comunicaciones entre las partes, que 

Walmart y Pueblo autorizaron a los peticionarios a realizar una inspección ocular

del Artículo 6 del APA, de modo que corroboraran la integridad de los documentos, 

y constaran la irrelevancia de los mismos. Véase, Íd., pág. 74 pág. 

21 Íd., págs. 17-32.
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7

Por su parte, el 13 de febrero de 2024, Walmart sometió su 

Oposición a Segunda Moción para Compeler y en Cumplimiento de 

Orden.

22 En ésta, adujo que el APA constituye un acuerdo privado 

entre Walmart y Pueblo, el cual no otorga derecho ni impone 

obligaciones a los demandantes. Indicó que éstos no son parte del 

contrato ni tienen legitimación activa para requerir su producción. 

Por tanto, argumentó que no han establecido la pertinencia de su 

descubrimiento. De manera similar, el 20 febrero de 2024, Pueblo 

presentó su Oposición a Segunda Moción de Orden.

23 En particular, 

señaló el contrato de compraventa constituye materia no pertinente 

y privilegiada que no está sujeta al descubrimiento de prueba.24

Destacó que dicho documento contiene múltiples disposiciones con 

una ventaja comercial no verificable por tercero, en específico, 

competidores. 

Evaluados los argumentos de las partes, el 23 de febrero 

de 2024, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Resolución, 

notificada el 26 de febrero de 2024. En lo concerniente, esbozó el 

siguiente pronunciamiento:

SURGE DE LAS ENTRADAS #61 Y #71 DEL 

EXPEDIENTE JUDICIAL SOLICITUD DE LA PARTE 

QUERELLANTE AL AMPARO DE LA REGLA 34.2 DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL. EN SU SOLICITUD, LA PARTE 

QUERELLANTE EXPONE QUE: " ha realizado esfuerzos 

razonables y de buena fe con Walmart Puerto Rico, Inc., 

para que esta nos permita tomar deposición a la 

Directora de Recursos Humanos, la Sra. Rosana 

Meléndez Colón, y para que nos haga entrega del 

artículo 6 del contrato de compraventa (Asset Purchase 

Agreement), el cual contiene los acuerdos relacionado[s] 

con los empleados de Supermercados Amigo ". 

POR SU PARTE LAS CO-QUERELLADAS 

PRESENTARON SUS OPOSICIONES SEGUN SURGE 

DE LAS ENTRADAS #73 Y #75 DEL CASO QUE NOS 

OCUPA. EVALUADOS LOS ARGUMENTOS DE AMBAS 

PARTES, RESOLVEMOS:

[...]

22 Íd., págs. 126-135.

23 Íd., págs. 153-161.

24 Íd., pág. 157.
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8

2. EN CUANTO A LA SOLICITUD DE LA PARTE 

QUERELLANTE PARA QUE SE LE PRODUZCA EN SU 

TOTALIDAD EL ARTICULO 6 DEL "ASSET 

PURCHASE AGREEMENT" SUSCRITO POR LAS COQUERELLADAS RESOLVEMOS NO HA LUGAR.

(Énfasis nuestro).25

En descuerdo con el dictamen emitido, el 14 de marzo 

de 2024, acudió ante esta Curia. En su recurso, indicó el siguiente 

señalamiento de error:

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DENEGAR LA SOLICITUD DE ORDEN 

PARA COMPELER A LA PARTE QUERELLADA A 

PROVEER COPIA DEL ARTÍCULO 6 DEL CONTRATO 

DE COMPRAVENTA DE LOS SUPERMERCADOS 

AMIGO.

Al día siguiente, Walmart presentó una Solicitud de 

Consolidación de Recursos y de Tiempo Adicional para Presentar 

Oposición a Expedición de Certiorari. Eventualmente, el 18 de marzo 

de 2024, los Peticionarios radicaron una Moción para Presentar 

Documento Confidencial. En esta petición, advirtieron que 

incluyeron las páginas 61 a la 68 que contienen el Artículo 6 del 

contrato de compraventa en un sobre sellado. Así detallado,

solicitaron que este Tribunal tomara conocimiento judicial al 

respecto. 

Por su parte, el 19 de marzo de 2024, Pueblo sometió una 

Solicitud de Consolidación y Desestimación por No Estar Presentes 

los Criterios Esbozados en la Regla 52 de Procedimiento Civil, Ni en 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Ese mismo 

día, esta Curia emitió una Resolución declarando Ha Lugar a la 

Solicitud de Consolidación. También, concedimos la Moción para 

Presentar Documento Confidencial. Consecuentemente, el 25 de 

marzo de 2024, Walmart presentó su Oposición a Expedición de 

Certiorari. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

25 Íd., págs. 162-163. 
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9

procedemos a exponer la normativa jurídica aplicable a la 

controversia ante nuestra consideración. 

II.

A. Certiorari

“[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una 

sentencia, es revisable mediante certiorari ante el Tribunal de 

Apelaciones”. JMG Investment v. ELA et al., 203 DPR 708, 718 

(2019). “El recurso de certiorari es un vehículo procesal discrecional 

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un foro inferior”. Rivera Gómez y otros v. Arcos 

Dorados Puerto Rico, Inc., 212 DPR ___ (2023); 2023 TSPR 65 

resuelto el 8 de mayo de 2023. Véase, además, Torres González v. 

Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821 (2023).

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.52.1, 

establece que el recurso de certiorari solo se expedirá cuando se 

recurra de (1) una resolución u orden sobre remedios provisionales 

o injunction o (2) la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. Por excepción, se puede recurrir también de:

(1) decisiones sobre la admisibilidad de testigos o peritos; 

(2) asuntos de privilegios; (3) anotaciones de rebeldía; (4) en casos 

de relaciones de familia, o (4) en casos que revistan interés público. 

Íd. De igual manera, puede revisarse “cualquier otra situación en la 

cual esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de 

la justicia”. Íd. Los límites a la facultad revisora del foro apelativo 

tienen como propósito evitar la dilación que causaría la revisión 

judicial de controversias que pueden esperar a ser planteadas a 

través del recurso de apelación. Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 

202 DPR 478, 486-487 (2019).

No obstante, la discreción del tribunal apelativo en este 

aspecto no opera en un vacío ni sin parámetros. Mun. de Caguas v. 
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10

JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40,

señala los criterios que se deben tomar en consideración al evaluar 

si procede expedir un auto de certiorari. Véase, además, Banco 

Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón y otros, 213 DPR __ (2023), 

2023 TSPR 145, resuelto el 19 de diciembre de 2023. Estos criterios 

son:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.

(B)Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 

(C)Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

(D)Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución final 

del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 

El Tribunal Supremo ha expresado que la discreción es “una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera”. Mun. de Caguas v. JRO 

Construction, supra, págs. 712-713. No obstante, “[a]l denegar la 

expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de 

Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión”. 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.1.

B. Descubrimiento de prueba

La Regla 23 de Procedimiento Civil regula lo concerniente al 

alcance del descubrimiento de prueba. 32 LPRA Ap. V, R. 23. El 
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descubrimiento de prueba persigue: 1) precisar los asuntos en 

controversia; 2) obtener evidencia para ser utilizada en el juicio, 

evitando así sorpresa en esta etapa de los procedimientos; 3) facilitar 

la búsqueda de la verdad; y 4) perpetuar evidencia. Conforme a ello, 

ha sido reiterado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico que el 

procedimiento para descubrir prueba en la litigación civil está 

concebido como uno amplio y liberal. Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 

supra, pág. 490; Berríos Falcón v. Torres Merced, 175 DPR 962, 971 

(2009).

Sin embargo, esta liberalidad no debe interpretarse como una 

absoluta. Existen dos limitaciones fundamentales al 

descubrimiento: (1) no puede descubrirse materia privilegiada, 

según los privilegios que se reconocen en las Reglas de Evidencia, y 

(2) la materia a descubrirse tiene que ser pertinente al asunto en 

controversia. 32 LPRA Ap. V., R. 23.1; Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 

supra. El concepto de pertinencia para propósitos del 

descubrimiento de prueba, aunque impreciso, debe ser interpretado 

en términos amplios. Íd. “Así, para que una materia pueda ser objeto 

de descubrimiento, basta con que exista una posibilidad razonable 

de relación con el asunto en controversia.” Alfonso Brú v. Trane 

Export, Inc., 155 DPR 158, 1687 (2001). El criterio de pertinencia 

incluye todos los asuntos que puedan tener cualquier relación con 

la materia objeto del pleito, aunque no estén relacionados con las 

controversias específicas esbozadas en las alegaciones. ELA v. 

Casta, 162 DPR 1, 10 (2004). En lo concerniente a materia 

privilegiada, se refiere exclusivamente a los privilegios reconocidos 

en las Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI; E.L.A. v. Casta, supra. 

En ausencia de un privilegio específico reconocido por dichas reglas 

probatorias no procede objeción alguna a un descubrimiento de 
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12

prueba bajo ese fundamento. García Rivera et al. v. Enríquez, 

153 DPR 323, 333 (2001). 

Ahora bien, una parte que pretenda la exclusión de cierta 

evidencia por ser materia privilegiada deberá presentar una objeción 

de manera oportuna. McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206 

DPR 391 (2021), citando a Ponce Adv. Med. v. Santiago González et 

al., 197 DPR 891, 899 (2017). Ello, debido a que los privilegios 

paralizan el descubrimiento de ciertos actos, hechos o 

comunicaciones. “Así, los tribunales debemos interpretar la 

existencia de un privilegio probatorio de manera restrictiva para no 

entorpecer la consecución de la verdad en los procesos judiciales.

No se concederán privilegios de manera automática y sólo se 

reconocerán cuando se invoquen de manera certera y oportuna.”

McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra, pág. 407. (Énfasis 

nuestro). 

A esos fines, la Regla 23.3 (a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, establece acerca del reclamo de privilegios, lo siguiente:

(a) Información retenida. Cuando una parte retiene 

información requerida, reclamando que es materia 

privilegiada o protegida en contemplación de la 

preparación para el juicio, deberá hacer su reclamo de 

manera expresa y fundamentada especificando la 

naturaleza de los documentos, de las comunicaciones o 

de los objetos no producidos o revelados, de forma que, 

sin revelar información privilegiada, las demás partes 

puedan evaluar la aplicabilidad del privilegio o 

protección, y expresarse sobre éstos. (Énfasis nuestro).

Nuestro Tribunal Supremo ha establecido que la parte que se 

considere poseedora de cierta materia privilegiada cuyo 

descubrimiento se procura, deberá, tan pronto se solicite la 

información: (1) objetar la producción de los documentos, las 

comunicaciones o los objetos requeridos; (2) indicar expresamente 

el privilegio específico que pretende invocar; (3) exponer con 

particularidad los hechos concretos en los que se basa la 

aplicabilidad del privilegio; (4) fundar con claridad la existencia de 
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los elementos legales del privilegio en cuestión, y (5) describir la 

naturaleza de la evidencia no producida de forma tal que, sin revelar 

la información privilegiada, permita a otras partes evaluar su 

reclamación. Ponce Advance Med. v. Santiago González, et al., supra,

pág. 900. Véase, además, Regla 23.3 de Procedimiento Civil, supra.

Cuando surjan discrepancias entre las partes en torno a la 

existencia y el alcance del privilegio, “el tribunal tendrá que resolver 

si el poseedor del privilegio estableció, mediante preponderancia de 

la prueba, los elementos del privilegio que invoca”. (Énfasis 

nuestro). Ponce Adv. Med. v. Santiago González et al., supra,

pág. 900.

III.

En el recurso presente, los Peticionarios alegan que incidió el 

tribunal recurrido al no decretar la divulgación de los documentos 

relacionados con los nombres de las personas que participaron en 

el contrato de compraventa. Asimismo, arguyen que erró dicho 

tribunal al no ordenar la revelación de la copia íntegra del 

Artículo 6.1 del APA. Sostienen que dicho material es pertinente a 

su reclamo. En vista de lo anterior, nos solicitan emitir una orden a 

los fines de que Walmart y Pueblo entreguen los documentos

requeridos.

Por su parte, Walmart alega que el material aludido es 

impertinente a la causa de acción presentada en su contra. Además, 

reitera que la información está protegida por el privilegio 

abogado-cliente. Puntualiza que cualquier derecho que pudieran 

tener los Peticionarios surge de la Ley Núm. 80, y no del APA. De 

manera similar, Pueblo argumenta que no procede la expedición del 

auto de certiorari por no mediar los fundamentos jurídicos 

contenidos en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, y la 

Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, supra. 
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14

Luego de examinar detenidamente los recursos consolidados, 

resolvemos que no se han producidos las circunstancias que exijan 

nuestra intervención en esta etapa. Los dictámenes recurridos no 

exhiben los elementos jurídicos, que activan nuestra facultad 

revisora de conformidad a los parámetros de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra. Tampoco contemplamos la existencia de 

los criterios jurídicos que motiven nuestro ejercicio revisor a tenor 

con la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, supra. Adviértase que 

el manejo del descubrimiento de prueba y la concesión de órdenes

es un asunto sujeto a la discreción del foro primario. Por tanto, ante 

la ausencia de situaciones excepcionales, nos abstenemos de 

intervenir en las determinaciones recurridas. En virtud de lo 

anterior, denegamos la expedición del auto de certiorari, recordando 

que nuestra denegatoria no prejuzga los méritos del caso o la 

controversia planteada pudiendo ser reproducida nuevamente 

mediante el correspondiente recurso de apelación.

IV.

Por los fundamentos antes expresados, denegamos la 

expedición del auto de certiorari de los casos consolidados 

KLCE202400312 y KLCE202400318. Consecuentemente, 

devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para la 

continuación de los procesos. 

A su vez, ordenamos al Tribunal de Primera Instancia y a 

las partes a continuar los procedimientos según los términos 

del Acuerdo de Confidencialidad establecido entre los 

Peticionarios y las entidades recurridas. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS

Secretaria del Tribunal de Apelaciones