Número Identificador

SEN2023 _________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IV

ALFREDO D. GÁLVEZ 

RODRÍGUEZ 

Parte Recurrida

v.

JANICE M. VÉLEZ 

RIVERA POR SÍ Y EN 

REP. DE ELIAN DAEL 

VÉLEZ 

Parte Peticionaria

KLCE202300530

Certiorari

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Caguas 

Caso Núm. 

CG2021RF00664

(Sala 601)

Sobre:

Filiación, Custodia 

Compartida, 

Relaciones 

Paternofiliales 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Juez 

Barresi Ramos y la Jueza Rivera Pérez 

Rivera Pérez, Jueza Ponente

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2023.

Comparece ante nos la Sra. Janice M. Vélez Rivera (en 

adelante, la Sra. Vélez Rivera o parte peticionaria) y nos solicita la 

revisión de dos Órdenes emitidas y notificadas el 11 de abril de 

2023, por el Tribunal de Primera Instancia (en adelante, TPI), Sala 

Superior de Caguas. En la primera orden el foro primario declaró No 

Ha Lugar la Moción en Solicitud de Reconsideración de Orden y 

dispuso que el tribunal le había concedido oportunidad a la parte 

aquí peticionaria de comparecer para la realización del informe 

social y luego de radicado el mismo se informó que nunca 

compareció ni se sometió al proceso y que luego de radicado el 

informe, el tribunal lo refiere nuevamente y la parte tampoco 

compareció.”1 En la segunda orden el TPI también declaró No Ha 

Lugar la Urgente Moción en Solicitud de Señalamiento de Vista y 

dispuso lo siguiente: “[e]l tribunal refirió el caso nuevamente a la 

1 Anejo A del Apéndice de Certiorari Civil, pág. 1.
KLCE202300530 2

Unidad de Trabajo Social y la parte no compareció a ninguna de las 

citas programadas por la Unidad de Trabajo Social [...].”2

Por los fundamentos que se expresaran a continuación se 

expide el auto de Certiorari y se revocan las Ordenes recurridas. 

-IEl 8 de septiembre de 2021, el Sr. Gálvez Rodríguez presentó 

petición de filiación, custodia compartida, relaciones paternofiliales 

y pensión en contra de la Sra. Vélez Rivera por sí y en representación 

de su hijo.3 En su petición, el Sr. Gálvez Rodríguez reconoció la 

paternidad del menor E.D.V. y solicitó al foro de instancia que 

ordenara al Registro Demográfico la inscripción de su nombre como 

padre del menor en el Certificado de Nacimiento, que le otorgara la 

patria potestad compartida, le otorgara la custodia compartida y que 

le fijara una pensión alimentaria en beneficio del menor.

Luego de varios trámites procesales, el TPI celebró juicio en 

su fondo, a la cual no compareció la Sra. Vélez Rivera4 y dictó 

Sentencia en rebeldía el 8 de noviembre de 2022, notificada el 28 de 

noviembre de 2022, mediante la cual declaró Con Lugar la petición 

de filiación, ordenó que en el certificado de nacimiento del menor 

E.D.V. se inscribiera como padre al Sr. Gálvez Rodríguez, se le 

concedió la patria potestad compartida, se establecieron relaciones 

paterno filiales en fines de semanas alternos sábado y domingo de 

9:00 a.m. a 5:00 p.m. y todas las semanas los lunes y miércoles de 

4:00 p.m. a 7:00 p.m. Además, el TPI refirió el caso a la Oficina de 

Examinadores de Pensiones Alimentarias para establecer la 

obligación alimentaria y a la Unidad Social de Relaciones de Familia 

2 Anejo C del Apéndice de Certiorari Civil, pág. 4 5.

3 Anejo H del Apéndice de Certiorari Civil, págs. 17-19. 

4 Según surge de la Entrada Núm. 12 del expediente del Caso Núm. 

CG2021RF00664 en el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos 

(SUMAC), la Sra. Vélez Rivera fue emplazada por edicto el 29 de diciembre de 

2021. 
KLCE202300530 3

y Menores (en adelante, Unidad Social) para estudio social de 

custodia compartida.

5

El 7 de diciembre de 2022, la Sra. Maribel García Cotto, 

Supervisora Auxiliar de la Unidad Social, presentó moción mediante 

la cual informó que la trabajadora social asignada al caso era la Sra. 

Marjorie Franco Rosario, solicitó acceso al expediente electrónico de 

SUMAC e informó que durante el proceso para la asignación del caso 

se habían realizado intentos para contactar a la Sra. Vélez Rivera 

por medio de llamadas telefónicas se le dejó mensajes y no los 

contestó así como se le habían enviado mensajes por correo 

electrónico que no los contestó.

6 Además, se informó que el plan 

filial del progenitor con el menor E.D.G.V. no había comenzado dado 

que la parte aquí peticionaria no ha respondido a las llamadas del 

Sr. Gálvez Rodríguez.7 Por último, se solicitó que se le ordenara a la 

Sra. Vélez Rivera comparecer a la Unidad Social el 15 de diciembre 

de 2022, durante el horario de 8:30 a.m. a 3:00 p.m. para que 

ofreciera toda la información que se requiere para el inicio de la 

evaluación social.8 Posteriormente, la Unidad Social solicitó que se 

le ordenara a la parte recurrida conectarse el 19 de diciembre de 

2022, a la 1:30 p.m., mediante videoconferencia a través de la 

plataforma de Microsoft Teams. El 9 de diciembre de 2022, el foro 

primario les ordenó a las partes cumplir con todos los requisitos de 

la Unidad Social.9

Así las cosas, el 19 de diciembre de 2022, la Unidad Social 

presentó Moción Informativa en la cual comunicó que el 9 de 

5 Anejo J del Apéndice de Certiorari Civil, págs. 22-25. El 16 de diciembre de 2022, 

el Sr. Gálvez Rodríguez presentó Moción Solicitando Nueva Notificación de 

Sentencia por Edicto debido a que por error del periódico Primera Hora la misma 

no fue publicada y el foro primario la autorizó nuevamente el 20 de diciembre de 

2022. Véase: Anejos N y P del Apéndice de Certiorari Civil, págs. 29 y 31. El 27 de 

diciembre de 2022 se publicó la sentencia por edicto. Véase: Anejos W y X del 

Apéndice de Certiorari Civil, págs. 40-41.

6 Anejo K del Apéndice de Certiorari Civil, pág. 26.

7 Id. 

8 Id.

9 Anejo M del Apéndice de Certiorari Civil, pág. 28.
KLCE202300530 4

diciembre de 2022 había contactado a un familiar de la Sra. Vélez 

Rivera, a quien se le notificó la cita para la entrevista inicial que 

había sido pautada para el 15 de diciembre de 2022 a la cual no 

compareció la parte peticionaria.10 Ante esta situación, la Unidad 

Social citó nuevamente a la Sra. Vélez Rivera para entrevista de 

manera presencial, el 9 de enero de 2023 a las 8:30 a.m. A esta cita 

no compareció la Sra. Vélez Rivera y no se excusó de la cita 

programada.11

El 10 de enero de 2023, el TPI le ordenó a la Unidad Social a 

presentar en el término de veinte (20) días someter informe social de 

acuerdo con la información recopilada e informando las 

incomparecencias de las partes.12 El 27 de enero de 2023, la Unidad 

Social presentó Moción de Labor Realizada.

13 Según surge de la 

comunicación de labor realizada por la Unidad Social en el área de 

antecedentes legales se destaca que para el 29 de julio de 2021 en 

el caso OPA-2021-013811 se dictaminó resolución final denegando 

orden de protección en contra del Sr. Gálvez Rodríguez. En cuanto 

a los antecedentes sociales surge de la comunicación de Labor 

Realizada que la Sra. Vélez Rivera tiene historial previo en el caso E

CU2010-0091, en el cual se rindió informe social para el 9 de 

diciembre de 2010 y se recomendó que el padre de los dos menores 

objeto de estudio en ese caso ostentara la custodia por las 

condiciones de salud mental que tenía la parte peticionaria y que los 

menores estaban en riesgo. Además, indicaba que la Sra. Vélez 

Rivera debido a esta situación tuvo una intervención del 

Departamento de la Familia (en adelante, DF) y que por tanto los 

menores fueron ubicados con su padre. De la entrevista al Sr. Gálvez 

Rodríguez con la trabajadora social asignada al caso surge:

10 Anejo O del Apéndice de Certiorari Civil, pág. 30.

11 Anejo R del Apéndice de Certiorari Civil, pág. 33.

12 Anejo S del Apéndice de Certiorari Civil, pág. 34.

13 Anejos T y U del Apéndice de Certiorari Civil, págs. 35-38.
KLCE202300530 5

Explicó que luego comenzó la pandemia y todo 

estuvo cerrado. Indicó que luego se entera de que la 

progenitora lo había inscrito con otro nombre. Por lo 

que, solicitó mediante el tribunal reconocer a su hijo. 

Comentó que la señora Vélez Rivera es inestable 

emocionalmente. Expresó que compartía con el menor 

en la residencia materna cuando ella lo permitía. Señaló 

que, desde marzo de 2022, no se relaciona con su hijo. 

En el mes de septiembre de 2022, tuvo un accidente y 

pudo ver al niño mediante videollamada. Mencionó que 

posterior a eso la señora Vélez Rivera se entera de que 

tiene pareja y no le contestó las llamadas. Informó que 

en una ocasión tuvo una discusión con la señora Vélez 

Rivera porque este deseaba llevarse el niño para una 

actividad y ella no se lo permitió. Narró que la madre le 

gritó en presencia del niño y este se fue del lugar. 

Manifestó que ella lo acusó de violencia doméstica y 

durante la vista ella fue arrestada por otro caso. Explicó 

que el tribunal llevaba varios años buscándola por una 

deuda de pensión alimentaria de sus hijos mayores. 

Mencionó que estuvo un mes aproximadamente 

confinada y desconoce con quién estuvo su hijo. 

Enfatizó que, desde ese suceso, ella no le contesta a los 

alguaciles que van a su residencia ni asiste a citas del 

tribunal. El señor Gálvez Rodríguez desea compartir 

con su hijo y estar presente en cada etapa de su 

desarrollo. 

En su moción de Labor Realizada, la Sra. Franco Rosario, 

trabajadora social asignada al caso, recomendó lo siguiente: 

“Debido a las circunstancias del caso, no estamos 

en posición de brindar recomendaciones, ya que no 

pudimos llevar a cabo el protocolo de evaluación social. 

Sin embargo, es un hallazgo importante los 

antecedentes de la señora Vélez Rivera y nos preocupa 

el bienestar del niño, al no conocer el estado emocional 

actual de la progenitora.”

El 30 de enero de 2023, el TPI le concedió veinte (20) días a 

las partes para que se expresaran respecto al informe de labor 

realizada y si se allanaban a las recomendaciones.14

El 6 de febrero de 2023, el Sr. Gálvez Rodríguez presentó 

Moción en Solicitud de Custodia Completa del Menor en la cual 

solicitaba que en atención al informe de Labor Realizada se le 

otorgara la custodia del menor.15 Ese mismo día, el TPI señaló vista 

urgente presencial para el 21 de febrero de 2023, a las 11:00 a.m.,

14 Anejo V del Apéndice de Certiorari Civil, pág. 39.

15 Según surge de la Entrada Núm. 35 del expediente del Caso Núm. 

CG2021RF00664 en SUMAC. 
KLCE202300530 6

la cual notificó por correo postal al Sr. Gálvez Rodríguez y se ordenó 

citar a la Sra. Vélez Rivera por conducto de los alguaciles.16 Es 

importante puntualizar que no surge de nuestro expediente judicial 

ni de SUMAC que esta orden le haya sido notificada a la Sra. Vélez 

Rivera a su dirección postal de récord.

17 Del diligenciamiento de la 

citación a la Sra. Vélez Rivera surge por nota del alguacil que el 8 de 

febrero de 2023 se le dejó informe de notificación para que 

compareciera a recoger citación el 14 de febrero de 2023 y no 

compareció.18 El 16 de febrero de 2023, nuevamente los alguaciles 

intentaron diligenciar personalmente la citación de la Sra. Vélez 

Rodríguez y sobre el particular expresaron que: “[h]oy nos 

presentamos en la dirección nuevamente y no había nadie en la 

Residencia. Se dejó copia de la misma debido a lo cercano del 

señalamiento.”19

El 21 de febrero de 2023, el TPI celebró la vista de custodia a 

la cual compareció el Sr. Gálvez Rodríguez y su representante legal, 

el Lcdo. Luis R. Rodríguez Cintrón y no compareció la Sra. Vélez 

Rivera ni representación legal alguna.20 Ese mismo día, el foro de 

instancia dictó Resolución concediéndole la custodia del menor 

E.D.G.V. al Sr. Gálvez Rodríguez y ordenó que cuando fuera a 

buscar al menor estuviera acompañado por un agente de la policía.21

Esta orden se cumplió y la custodia del menor la ostenta el Sr. 

Gálvez Rodríguez. 

Así las cosas, el 3 de marzo de 2023, la parte peticionaria 

compareció en el caso mediante Moción Asumiendo Representación 

16 Anejo Z del Apéndice de Certiorari Civil, pág. 43.

17 Del expediente judicial surge que la dirección postal de la Sra. Vélez Rivera es 

Condominio Santa Juana, Apt. 1108, Caguas, PR 00725.

18 Véase nota al calce número 16, pág. 44.

19 Id.

20 Anejo AA del Apéndice de Certiorari Civil, pág. 45.

21Anejo F del Apéndice de Certiorari Civil, pág. 9. Según surge de la Entrada Núm. 

52 del expediente del Caso Núm. CG2021RF00664 en SUMAC, el TPI emitió 

Resolución Enmendada el 28 de febrero de 2023, notificada el 6 de marzo de 2023.

En la cual dispone que concede la custodia “a raíz de la prueba desfilada en sala”.
KLCE202300530 7

Legal presentada por la Lcda. Cynthia E. Vázquez Estrada.22

Inconforme con el dictamen, la parte aquí peticionaria presentó el 6 

de marzo de 2023, Urgente Moción de Reconsideración de Resolución 

y Orden23 y el 8 de marzo de 2023, Moción en Solicitud de 

Reconsideración de Orden.

24

En síntesis, en sus escritos la Sra. Vélez Rivera argumentó 

que el TPI le concedió la custodia del menor al Sr. Gálvez Rodríguez 

por la recomendación de la Trabajadora Social en su escrito titulado 

Labor Realizada y por la parte aquí peticionaria no haber cooperado 

con los procedimientos. Además, expresó que su representante legal 

la había orientado del incumplimiento con los procesos del tribunal 

y de la obligación de cumplir con las órdenes del tribunal. Manifestó 

que debido a que en dos ocasiones que acudió al tribunal para 

atender otros asuntos había sido arrestada, vive temerosa del 

tribunal y del sistema. Arguyó, además, que el escrito de Labor 

Realizada carece de una evaluación del padre en aspectos esenciales 

incluyendo si este está capacitado económica y mentalmente para 

tener el menor, si ha cometido delitos, si tiene acomodo adecuado 

para el menor, su grupo de apoyo y expuso que el informe está 

carente de entrevistas a colaterales, vistas a la comunidad, escuela 

del menor y entrevistas a familiares paternos y maternos. Por 

último, sostuvo que desde que el menor se encuentra con su padre 

han sido infructuosas las gestiones para saber cómo se encuentra 

el menor, debido a que el Sr. Gálvez Rodríguez cerro el canal de 

comunicación. 

El 9 de marzo de 2023, el TPI respecto a las mociones de 

reconsideración pendientes las dispuso no ha lugar en este 

momento y refirió el caso a la Unidad Social para la continuación de 

22 Anejo CC del Apéndice de Certiorari Civil, pág. 47.

23 Anejo G del Apéndice de Certiorari Civil, págs. 10- 16.

24 Anejo EE del Apéndice de Certiorari Civil, págs. 49-51.
KLCE202300530 8

los procedimientos y ordenó evaluaciones psicológicas y pruebas de 

dopaje.

25 En atención a la orden del tribunal, la Unidad Social 

contactó a la representación legal de la Sra. Vélez Rivera debido a 

que se le dificultaba coordinar una cita con su clienta y el 13 de 

marzo de 2023 la parte peticionaria se contactó con la Unidad 

Social, fue orientada y se coordinó la entrevista inicial para el 15 de 

marzo de 2023 de forma presencial.

26 A la cita de la entrevista inicial 

en la Unidad Social la Sra. Vélez Rivera no compareció ni se 

excusó.27

El 16 de marzo de 2023, el TPI dictó Orden en la cual dispuso: 

“[a]nte la incomparecencia de la parte se releva a la Unidad de 

Trabajo Social de realizar informe y se mantienen las órdenes y 

resoluciones en el caso de marras.”28 Así las cosas, el 28 de marzo 

de 2023, la parte aquí peticionaria presentó Moción en Solicitud de 

Reconsideración de Orden,

29 mediante la cual le solicitó excusas al 

tribunal por su incomparecencias previas, y solicitó se le concediera 

una oportunidad final para comparecer a la Unidad Social. Además, 

sostuvo que le removieron la custodia del menor por su 

incomparecencia al tribunal, y sin un informe social formal que 

contenga toda la investigación que fundamente y apoye al padre 

como recurso idóneo para ostentar la custodia del menor.30 El TPI 

le concedió un término de veinte (20) días al Sr. Gálvez Rodríguez 

para replicar.31

A los dos días siguientes, la Sra. Vélez Rivera presentó Urgente 

Moción en Solicitud de Señalamiento de Vista32 en la cual reiteró sus 

planteamientos anteriormente expuestos. Además, alegó que el 

25 Anejo FF del Apéndice de Certiorari Civil, pág. 52.

26 Anejo GG del Apéndice de Certiorari Civil, pág. 53.

27 Id. 

28 Anejo C del Apéndice de Certiorari Civil, pág. 4.

29 Anejo B del Apéndice de Certiorari Civil, págs. 2-3.

30 Id. 

31 Según surge de la Entrada Núm. 65 del expediente del Caso Núm. 

CG2021RF00664 de SUMAC.

32 Anejo E del Apéndice de Certiorari Civil, págs. 6-8.
KLCE202300530 9

padre del menor no le permite ver al menor, que le ha prohibido la 

comunicación para saber cómo se encuentra su hijo, que está 

tomando determinaciones respecto al menor sin consultarle, como 

sacarlo del colegio al cual asistía, y que como madre tiene derechos 

de patria potestad y a relacionarse con su hijo de lo cual ha sido 

privada. En su moción solicitó una vista urgente para que se 

determinaran asuntos de relaciones materno filiales y patria 

potestad, así como reiteró su solicitud de un nuevo referido a la 

Unidad Social. 

El 11 de abril de 2023, el foro primario declaró No ha Lugar la 

Moción en Solicitud de Reconsideración de Orden y dispuso que: “[e]l 

tribunal concedió oportunidad a la parte demandada de comparecer 

durante la realización del informe, luego de radicado el mismo se 

informó que la parte demandada nunca compareció ni se sometió al 

proceso, luego de radicado el informe el tribunal lo refiere 

nuevamente y la parte tampoco compareció [...].”

33 Ese mismo día,

el TPI también declaró No Ha Lugar la Urgente Moción en Solicitud 

de Señalamiento de Vista y dispuso lo siguiente: “[e]l tribunal refirió 

el caso nuevamente a la Unidad de Trabajo Social y la parte no 

compareció a ninguna de las citas programadas por la Unidad de 

Trabajo Social [...].”

34

Inconforme con la determinación del foro de instancia, el 11 

de mayo de 2023 presentó ante nos Urgentísima Solicitud de Auxilio 

de Jurisdicción y Certiorari Civil. En su recurso de certiorari alegó 

que el TPI cometió los errores siguientes: 

Primer error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia, al abusar de su discreción en su poder de 

parens [patriae] al ordenar arbitrariamente la remoción 

de la custodia del menor E.D.G.V. a la [peticionaria], sin 

mediar una investigación social que lo justifique, sin 

determinar la capacidad del recurrido para ostentar la 

custodia del menor, sin existir fundamentos que lo 

33 Anejo A del Apéndice de Certiorari Civil, pág. 1.

34 Según surge de la Entrada Núm. 68 del expediente del Caso Núm. 

CG2021RF00664 de SUMAC.
KLCE202300530 10

justifiquen, sin tomar en consideración y regirse por el 

criterio del bienestar y los mejores intereses del menor 

y sin tomar en consideración y regirse por los criterios 

aplicables al proceso de adjudicación de custodia de un 

menor, en contravención al debido proceso de ley. 

Segundo error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia, al abusar de su discreción en su poder de 

parens [patriae] al privar arbitrariamente a la 

[peticionaria] de su derecho a relacionarse filialmente 

con su hijo, sin el debido proceso de ley. 

El 12 de mayo de 2023, le concedimos a la parte recurrida 

hasta el martes, 16 de mayo de 2023, a las 2:00 pm, para expresarse 

sobre la solicitud de auxilio de jurisdicción y diez (10) días para 

expresar su oposición al recurso presentado. Luego de una solicitud 

de prórroga presentada por el Sr. Gálvez Rodríguez para expresarse 

sobre la solicitud de auxilio de jurisdicción, que no fue concedida, el 

16 de mayo de 2023, se denegó la solicitud de auxilio de jurisdicción 

y se le concedió un término de quince (15) días a la parte recurrida 

para presentar su oposición al recurso. El 2 de junio de 2023, el Sr. 

Gálvez Rodríguez presentó Oposición a la Expedición del Auto de 

Certiorari.

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a exponer el derecho aplicable. 

-II-

-AEl recurso de certiorari es “un vehículo procesal discrecional 

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un foro inferior.” IG Builders et al. v. BBVAPR, 

185 DPR 307, 337-338 (2012). Véase, además, 800 Ponce de León 

Corp. v. Am. Int'l Ins. Co., 205 DPR 163, 174 (2020); Pueblo v. Díaz 

de León, 176 DPR 913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 

334 (2005). En el ámbito judicial, el concepto discreción “no 

significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho.” IG Builders et al. v. BBVAPR, 

supra, pág. 338. La discreción, “es una forma de razonabilidad 
KLCE202300530 11

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justiciera.” Torres González v. Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46, 

211 DPR ___ (2023); 800 Ponce de León Corp. v. Am. Int'l Ins. Co., 

supra, a la pág. 174.

En el caso particular del Tribunal de Apelaciones, la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, limita los 

asuntos interlocutorios que podemos revisar mediante un recurso 

de certiorari, bajo el entendimiento de que estos pueden esperar 

hasta la conclusión del caso para ser revisados en apelación. IG 

Builders et al. v. BBVAPR, supra, a la pág. 337. Dicha Regla dispone 

que el recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones:

“cuando se recurra de una resolución u orden bajo las 

Reglas 56 y 57 [de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 56 y 57,] o de la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo.” Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra. 

No obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el 

Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia: 

“cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad 

de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que 

revistan interés público o en cualquier otra situación en 

la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia.” Íd. 

Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos 

últimos casos, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, dispone 

que “el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 

decisión.” Íd.

Por otra parte, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que el 

Tribunal de Apelaciones deberá tomar en consideración al 

determinar si procede la expedición de un recurso de certiorari o de 
KLCE202300530 12

una orden de mostrar causa. Estos son: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.” Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.

-BLa patria potestad se define como el conjunto de deberes y 

derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y los 

bienes de los hijos, desde que estos nacen hasta que alcanzan la 

mayoría de edad u obtienen su emancipación. Artículo 589 del 

Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 7241. La custodia, por su parte, 

es un componente de la patria potestad porque impone a los padres 

el deber primario de tener a sus hijos no emancipados bajo su 

compañía. Torres, Ex Parte, 118 DPR 469, 476 (1987). 

Por su parte, la Ley Protectora de los Derechos de los Menores 

en el Proceso de Adjudicación de Custodia, Ley Núm. 223 de 21 de 

noviembre de 2011, según enmendada, 32 LPRA sec. 3186 (en 

adelante, Ley Núm. 223-2011), persigue, entre otros, proteger y 

procurar el mejor bienestar de los niños y niñas de una pareja 

divorciada o de una relación consensual cuyos miembros se han 

separado; y establecer los criterios que deberá considerar el TPI al 
KLCE202300530 13

adjudicar la custodia. Véase, Exposición de Motivos de la Ley 223-

2011, supra.

El propósito de esta Ley es establecer la política pública a 

favor de la promoción de la custodia compartida y 

corresponsabilidad sobre los hijos. Artículo 2 de la Ley Núm. 223-

2011, 32 LPRA sec. 3181. El Artículo 602 del Código Civil de 2020, 

31 LPRA sec. 7281, define al igual que la Ley Núm. 223-211, supra, 

el concepto de custodia compartida de la siguiente manera:

“Custodia compartida es la obligación de ambos 

progenitores de ejercer directa y totalmente todos los 

deberes y funciones que conlleva la patria potestad de 

los hijos, relacionándose con estos el mayor tiempo 

posible y brindándoles la compañía y atención que se 

espera del progenitor responsable. 

La custodia compartida no requiere que un 

menor pernocte el mismo tiempo en la residencia de 

ambos progenitores. En este caso, el tribunal puede 

conceder la custodia compartida de los hijos menores 

de edad o de hijos mayores de edad de los que 

comparten la patria potestad prorrogada, si el otro 

progenitor se relaciona de forma amplia y desempeña 

responsablemente todas las funciones que como

progenitor le corresponden y la patria potestad le 

impone.”

Por su parte, la Ley Núm. 223-211 en su Artículo 7, 32 LPRA 

sec. 3185, desglosa los criterios que el foro primario deberá 

considerar al adjudicar la custodia compartida: 

1. La salud mental de ambos progenitores, así como 

la del hijo(a) o hijos(as) cuya custodia se va a 

adjudicar. 

2. El nivel de responsabilidad o integridad moral 

exhibido por cada uno de los progenitores y si ha 

habido un historial de violencia doméstica entre 

los integrantes del núcleo familiar. 

3. La capacidad de cada progenitor para satisfacer 

las necesidades afectivas, económicas y morales 

del menor, tanto presentes como futuras.

4. El historial de cada progenitor en la relación con 

sus hijos, tanto antes del divorcio, separación o 

disolución de la relación consensual, como 

después del mismo.

5. Las necesidades específicas de cada uno de los 

menores cuya custodia está en controversia. 
KLCE202300530 14

6. La interrelación de cada menor, con sus 

progenitores, sus hermanos y demás miembros 

de la familia. 

7. Que la decisión no sea producto de la irreflexión 

o coacción. 

8. Si los progenitores poseen la capacidad, 

disponibilidad y firme propósito de asumir la 

responsabilidad de criar los hijos conjuntamente.

9. Los verdaderos motivos y objetivos por los cuales 

los progenitores han solicitado la patria potestad 

y custodia compartida.

10. Si la profesión, ocupación u oficio que realizan los 

progenitores impedirá que funcione el acuerdo 

efectivamente.

11. Si la ubicación y distancia de ambos hogares 

perjudica la educación del menor. 

12. La comunicación que existe entre los progenitores 

y la capacidad para comunicarse mediante 

comunicación directa o utilizando mecanismos 

alternos. 

13. Analizará la presencia de la enajenación parental, 

o cualesquiera otras razones que pudieran 

ocasionar la resistencia del menor para 

relacionarse con sus padres. La enajenación 

parental se refiere a la obstaculización por parte 

de uno de los progenitores de las relaciones 

filiales de sus hijos o hijas, menores de edad, con 

el otro progenitor, mediante el uso de diferentes 

estrategias, con el propósito de transformar o

adoctrinar la conciencia de sus hijos o hijas, a los 

fines de denigrar, impedir, obstruir o destruir sus 

vínculos con el otro progenitor y el menor de edad 

presenta pensamientos o sentimientos de rechazo 

hacia el otro progenitor; demuestra actitudes 

negativas hacia este o si, en efecto, se ha afectado 

el vínculo afectivo entre el menor y el otro 

progenitor. Todas las actuaciones que surgen del 

presente inciso deben ocurrir de forma repetitiva 

de modo que constituyan un patrón y no basado 

en hechos aislados.

14. Cualquier otro criterio válido o pertinente que 

pueda considerarse para garantizar el mejor 

bienestar del menor. (Énfasis suplido).

Sobre el mismo particular, el Artículo 604 del Código Civil de 

2020, 31 LPRA sec. 7283, adoptó los criterios a evaluar en toda 
KLCE202300530 15

determinación de custodia esbozados en la Ley Núm. 223-2011, 

supra.

35

El Artículo 9 de la Ley Núm. 223-2011, 32 LPRA sec. 3187, 

que la custodia compartida no se considerara beneficiosa y favorable 

para los mejores intereses del menor en los siguientes casos:

1) La salud mental de ambos progenitores, así como la del 

hijo(a) o hijos(as) cuya custodia se va a adjudicar.

2) El nivel de responsabilidad o integridad moral exhibido 

por cada uno de los progenitores y si ha habido un 

historial de violencia doméstica entre los integrantes del 

núcleo familiar.

3) La capacidad de cada progenitor para satisfacer las 

necesidades afectivas, económicas y morales del menor, 

tanto presentes como futuras.

4) El historial de cada progenitor en la relación con sus 

hijos, tanto antes del divorcio, separación o disolución 

de la relación consensual, como después del mismo.

5) Las necesidades específicas de cada uno de los menores 

cuya custodia está en controversia.

6) La interrelación de cada menor, con sus progenitores, 

sus hermanos y demás miembros de la familia.

7) Que la decisión no sea producto de la irreflexión o 

coacción.

35 En específico el Artículo 604 del Código Civil de 2020, supra, dispone lo 

siguiente: 

“El tribunal debe evaluar los siguientes criterios en toda 

determinación de custodia: 

(a) la salud mental de ambos progenitores y de los hijos; 

(b) el nivel de responsabilidad o integridad moral exhibido por cada 

uno de los progenitores; 

(c) si ha habido un historial de violencia doméstica entre los 

integrantes del núcleo familiar; 

(d) la capacidad de cada progenitor para satisfacer las necesidades 

afectivas, económicas y morales del menor, tanto presentes como 

futuras; 

(e) el historial de cada progenitor en la relación con sus hijos; 

(f) las necesidades específicas de cada uno de los hijos menores 

cuya custodia se solicita; 

(g) la relación del hijo con sus progenitores, sus hermanos y otros 

miembros de la familia;

(h) la capacidad, disponibilidad y compromiso de los progenitores 

de asumir la responsabilidad de criar los hijos conjuntamente; 

(i) la razón o los motivos de los progenitores para solicitar la 

custodia compartida; 

(j) si la profesión u oficio que ejercen los progenitores no es un 

impedimento para ejercer una custodia compartida; 

(k) si la ubicación y distancia entre las residencias de los 

progenitores perjudica la educación del hijo; 

(l) la comunicación que existe entre los progenitores y la capacidad 

para comunicarse mediante comunicación directa o utilizando 

mecanismos alternos; y 

(m) cualquier otro criterio que pueda considerarse para garantizar 

el interés óptimo de los hijos.”
KLCE202300530 16

8) Si los progenitores poseen la capacidad, disponibilidad 

y firme propósito de asumir la responsabilidad de criar 

los hijos conjuntamente.

9) Los verdaderos motivos y objetivos por los cuales los 

progenitores han solicitado la patria potestad y custodia 

compartida.

10) Si la profesión, ocupación u oficio que realizan los 

progenitores impedirá que funcione el acuerdo 

efectivamente.

11) Si la ubicación y distancia de ambos hogares 

perjudica la educación del menor.

12) La comunicación que existe entre los progenitores y 

la capacidad para comunicarse mediante comunicación 

directa o utilizando mecanismos alternos.

13) Cualquier otro criterio válido o pertinente que 

pueda considerarse para garantizar el mejor bienestar 

del menor.

Por su parte, el Artículo 605 del Código Civil de 2020, 31 LPRA 

sec. 7284, adoptó los criterios que impiden la adjudicación de la 

custodia compartida esgrimidos en la Ley Núm. 223-2011, supra.

36

El Artículo 606 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 7285, 

dispone lo siguiente:

“La custodia del hijo, acompañada o no del ejercicio 

exclusivo de la patria potestad, puede asignarse a un 

solo progenitor: 

(a) mientras se ventila el proceso de divorcio o de 

nulidad del matrimonio; 

36 En específico el Artículo 605 del Código Civil de 2020, supra, dispone lo 

siguiente: 

“El tribunal no concederá la custodia compartida: 

(a) cuando uno de los progenitores sufre de una incapacidad o 

deficiencia mental, según determinada por un profesional de la 

salud, y la misma es de naturaleza irreversible y de tal magnitud 

que le impide atender adecuadamente a los hijos y garantizar la 

seguridad e integridad física, mental y emocional de estos; 

(b) cuando los actos u omisiones de uno de los progenitores 

resultan perjudiciales a los hijos o constituyen un patrón de 

ejemplos corruptores; 

(c) cuando uno de los progenitores, su cónyuge o pareja consensual 

ha sido convicto por actos constitutivos de maltrato de menores; 

(d) cuando uno de los progenitores se encuentra confinado en una 

institución carcelaria; 

(e) cuando uno de los progenitores ha sido convicto por actos 

constitutivos de violencia doméstica; 

(f) cuando uno de los progenitores ha cometido abuso sexual o 

cualquiera de los delitos sexuales tipificados en el Código Penal de 

Puerto Rico hacia algún menor; y 

(g) cuando uno de los progenitores, su cónyuge o pareja consensual 

es adicto a drogas ilegales o a alcohol.”
KLCE202300530 17

(b) luego de decretada la disolución o anulado el 

matrimonio; o 

(c) cuando hay diferencias irreconciliables o reiteradas 

entre los progenitores que afectan significativamente la 

crianza razonada, responsable y efectiva del hijo. 

En estos casos no puede entorpecerse o prohibirse el 

contacto del otro progenitor con su hijo, aunque puede 

regularse en las circunstancias y del modo que autoriza 

este Código.”

Respecto a las recomendaciones de los trabajadores sociales, 

el Artículo 8 de la Ley Núm. 223-2011, 32 LPRA sec. 3186, establece

que “[l]as recomendaciones sobre custodia que emitan los 

trabajadores sociales, será uno de los factores a considerar por el 

tribunal para hacer la determinación, pero no será el único”. Por lo 

cual, “el tribunal siempre tendrá discreción judicial para la

determinación y adjudicación de custodia, protegiendo siempre los 

mejores intereses y el bienestar de los menores a la luz de todas las 

circunstancias existentes”. Id. 

En dicha dirección, y si bien es cierto que el TPI siempre 

retendrá discreción judicial para determinar y adjudicar la custodia, 

en atención al principio rector del mejor interés y bienestar del 

menor el TPI deberá considerar las recomendaciones sobre custodia 

que emitan los trabajadores sociales. Véanse, Muñoz Sánchez v. 

Báez de Jesús, 195 DPR 645, 651 (2016); Rexach v. Ramírez, 162 

DPR 130, 147–148 (2004); Maldonado v. Burris, 154 DPR 161, 164 

(2001); Depto. de la Familia v. Soto, 147 DPR 618 (1999); Torres, Ex 

parte, 118 DPR 469 (1987); Ortiz v. Vega, 107 DPR 831 (1978); 

Nudelman v. Ferrer Bolívar, 107 DPR 495 (1978); Marrero Reyes v. 

García Ramírez, 105 DPR 90 (1976). Es por tal razón que este cuenta 

con la facultad de ordenar la comparecencia de todas las personas 

que puedan ayudar a determinar la mejor manera de proteger el 

bienestar del menor. Muñoz Sánchez v. Báez de Jesús, supra, pág. 

652. Por lo mismo, los trabajadores sociales tienen la 

responsabilidad de preparar un Informe Social Forense cuando se 

lo requiera un tribunal. Íd.
KLCE202300530 18

Nuestro Tribunal Supremo ha dispuesto que: “[a]nte una 

determinación sobre custodia, los tribunales están llamados a 

utilizar como criterio rector el bienestar y los mejores intereses del 

menor. Jusino González v. Norat Santiago, 2023 TSPR 47; 211 DPR 

______ (2023); Muñoz Sánchez v. Báez de Jesús, supra, pág. 651. Por 

tanto, la “decisión del tribunal relativa a la custodia de un menor 

es una a la que se debe llegar luego de realizar un análisis objetivo, 

sereno y cuidadoso de todas las circunstancias presentes en el 

caso ante su consideración, teniendo como único y principal 

objetivo el bienestar de los menores.” Jusino González v. Norat 

Santiago, supra; Ortiz v. Meléndez, 164 DPR 16, 26-27 (2005).

“Nótese que, al dilucidar un cambio de custodia de un menor, el 

foro judicial debe contar con la información más completa y variada 

que sea posible de modo que pueda resolver acorde.” Jusino 

González v. Norat Santiago, supra; Pena v. Pena, 164 DPR 949, 959 

(2005). 

-CLa Sección 7 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, Art. II, Const. E.L.A., LPRA Tomo 1, pág. 

301 (2016), al igual que las Enmiendas V y XIV de la Constitución 

de los Estados Unidos, U.S. CONST. amends. V; XIV, garantizan que 

ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin un 

debido proceso de ley. Bajo el debido proceso de ley procesal se le 

impone al Estado la obligación de garantizar que la interferencia con 

los intereses de libertad y propiedad del individuo se haga a través 

de un procedimiento que sea justo y equitativo. Rivera Rodríguez & 

Co. v. Lee Stowell,133 DPR 881, 887–888. 

En varias ocasiones, nuestro Tribunal Supremo ha expresado 

que el debido proceso de ley exige que en todo procedimiento 

adversativo se cumpla con ciertos requisitos, a saber: (1) la 

notificación adecuada de la reclamación presentada; (2) que el 
KLCE202300530 19

proceso se lleve a cabo ante un juez imparcial; (3) la oportunidad de 

ser oído; (4) el derecho a contrainterrogar testigos y examinar 

evidencia presentada en su contra; (5) tener asistencia de un 

abogado; y (6) que la decisión se fundamente en el expediente. 

Álvarez v. Arias, 156 DPR 352, 365 (2002). Cuando el tribunal actúa 

de forma inconsistente con estos derechos, ello acarrea la nulidad 

de la sentencia. R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., 

San Juan, Ed. Lexis Nexis de PR, Inc., 2010, pág. 407.

-IIILa parte aquí peticionaria alega que erró el TPI al ordenar 

arbitrariamente la remoción de la custodia del menor E.D.G.V., sin 

mediar una investigación social que lo justifique, sin determinar la 

capacidad del recurrido para ostentar la custodia del menor, sin 

existir fundamentos que lo justifiquen y sin tomar en consideración 

el mejor bienestar e intereses del menor en contravención al debido 

proceso de ley. Además, alega la parte peticionaria que erró el foro 

primario al abusar de su discreción al privarle de forma 

arbitrariamente de su derecho a relacionarse filialmente con su hijo 

ello en contravención al debido proceso de ley. 

En la situación fáctica particular de este caso es forzoso 

colegir que ante la ausencia de una notificación adecuada de la Sra. 

Vélez Rivera para la vista del 21 de febrero de 2023 no se cumplió 

con el debido proceso de ley en la vertiente procesal. En particular 

el diligenciamiento personal de la citación de la Sra. Vélez Rivera,

los alguaciles nunca lo pudieron realizar y según surge de las 

anotaciones del diligenciamiento, se le dejó una nota del alguacil 

para que compareciera al tribunal a recoger la citación de la vista, 

lo cual nunca ocurrió. Posteriormente, el 16 de febrero de 2023, los 

alguaciles le dejaron copia de la citación. De la revisión del legajo 

judicial, así como de las constancias de SUMAC no surge que se 

hubiera notificado la vista por correo postal a la dirección que obra 
KLCE202300530 20

en autos de la Sra. Vélez Rivera. La parte aquí peticionaria según 

enunciado no fue notificada de forma adecuada, dicha parte como 

mínimo tenía derecho a una notificación adecuada, y la parte 

determinaba si asistía o no al proceso, con las consecuencias que 

dicha actuación pudiera conllevar, como en otras instancias ha 

sucedido en este caso.

El TPI como mínimo debió salvaguardar el derecho de la parte 

aquí peticionaria a ser notificada adecuadamente de la vista, al así 

no hacerlo le privó de su derecho a comparecer, estar asistida de 

abogado, poder presentar prueba a su favor, contrainterrogar 

testigos y examinar evidencia, a ser oída, y que la decisión se 

fundamentara en el expediente tomándole en consideración. 

En el caso de autos, el TPI ante los argumentos en 

reconsideración sobre el cambio de custodia del menor refirió el caso 

nuevamente a la Unidad Social de forma que la Sra. Vélez Rivera 

pudiera ser entrevistada y cooperara con el proceso de evaluación 

social. Sin embargo, luego de haber sido debidamente citada la Sra. 

Vélez Rivera nuevamente no compareció a la Unidad Social. Por 

tanto, el foro primario luego de haberle dado una segunda 

oportunidad a la parte aquí peticionaria se sostuvo en su 

determinación de cambio de custodia y relevó a la Unidad Social de 

continuar con el referido de estudio social.

Es importante puntualizar que la Resolución emitida por el TPI 

el 21 de febrero de 2023, notificada el 28 de febrero de 2023, y 

enmendada ese mismo día y notificada el 6 de marzo de 2023, no 

tiene determinaciones de hechos sobre la prueba que evalúo y 

aquilató para hacer el cambio de custodia. Es fundamental y 

trascendental en los casos de custodia, que aunque una parte no 

este cooperando con el proceso, evaluar la prueba correspondiente 

o contar con un informe que como mínimo reseñe el cernimiento de 

la parte que está cooperando con la evaluación social en términos 
KLCE202300530 21

de entrevista a los colaterales, capacidad de satisfacer las 

necesidades del menor, visitas a la comunidad, visitas a la escuela, 

evaluación del acomodo propuesto para el menor, evaluación del 

área de salud mental, antecedentes penales, grupo de apoyo, entre 

otros factores, mandatados en el Artículo 7 de la Ley Núm. 223-

2011, supra. 

Por tanto, en aras de velar por el interés óptimo del menor 

E.D.G.V. y siendo cautelosos y prudentes ante los efectos que pueda 

causarle los cambios constantes de custodia, en los cuales han 

mediado agentes del orden público, se va a mantener el estatus 

actual del caso, pero como una custodia provisional del menor con 

el Sr. Gálvez Rodríguez hasta que se pueda celebrar la vista urgente 

que estamos ordenando. Además, dentro del término de cinco (5) 

días, se deberán coordinar relaciones materno filiales provisionales 

supervisadas en la Unidad Social de forma que la parte aquí 

peticionaria pueda relacionarse con el menor antes de la celebración 

de la vista urgente ordenada.

En el caso ante nos, es imperativo que se celebre una vista 

urgente de custodia y relaciones filiales en el término de quince (15) 

días, en la cual las partes deberán comparecer para presentar 

prueba a su favor, defenderse de las alegaciones en su contra y el 

TPI pueda evaluar la prueba que presentaran las partes. Además, el 

TPI deberá ordenar nuevamente el correspondiente estudio social de 

forma que pueda contar con la información más completa y variada 

posible que le permita tomar una determinación final. Jusino 

González v. Norat Santiago, supra. Sin embargo, se les apercibe a 

las partes que deben ser cooperadores con los procesos judiciales e 

intervenciones de la Unidad Social, y que de no cumplir así las 

partes el tribunal podrá continuar con los procesos como ha 

ocurrido en una primera ocasión en este caso. Las partes deben 

tener claro que el norte siempre del tribunal va a ser el interés 
KLCE202300530 22

óptimo del menor y no los deseos exclusivos de las partes. El menor 

no debe quedar cautivo del proceso judicial. 

-IVPor los fundamentos anteriormente expuestos, se expide el 

auto de certiorari, se revocan las Órdenes recurridas y se devuelve el 

caso al foro de instancia para coordinar relaciones materno filiales 

provisionales supervisadas en la Unidad Social dentro del término 

de cinco (5) días; y para la celebración de una vista urgente de 

custodia y relaciones filiales en el término de quince (15). Además, 

se ordena que se emita nuevamente la correspondiente orden de 

estudio social sobre custodia y relaciones filiales y la continuación 

de los procedimientos de conformidad a lo aquí intimado. 

Al amparo de la Regla 35 (A)(1) de nuestro Reglamento,37 4 

LPRA Ap. XXII-B R. 35, el Tribunal de Primera Instancia puede 

proceder de conformidad con lo aquí resuelto, sin que se tenga que 

esperar por nuestro mandato.

La Jueza Cintrón Cintrón concurre con el resultado sin 

opinión escrita.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

37 Regla 35 (A)(1): “La presentación de una solicitud de certiorari no suspenderá 

los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia, salvo una orden en 

contrario expedida por iniciativa propia o a solicitud de parte por el Tribunal de 

Apelaciones. La expedición del auto de certiorari suspenderá los procedimientos 

en el Tribunal de Primera Instancia, salvo que el Tribunal de Apelaciones 

disponga lo contrario.” 4 LPRA Ap. XXII-B R. 35.