Número Identificador

RES2024______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL V

JJ AUTO AIR, NOMBRE 

REGISTRADO Y DBA DE 

JUAN JOSÉ MELÉNDEZ 

MOJICA

Peticionario

v.

LUIS J. RODRÍGUEZ 

HACIENDO NEGOCIOS 

COMO JJL AUTO AIR

Recurrido

KLCE202301445

Certiorari

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de 

Humacao

Caso Núm.:

HU2023CV01287

Sobre:

Cese y Desista

Daños

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero. 

Martínez Cordero, Jueza Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de enero de 2024.

Comparece JJ Auto Air, Nombre Registrado y DBA de Juan 

José Meléndez Mojica (en adelante, parte peticionaria) para 

solicitarnos la revisión de la Orden emitida y notificada el 17 de 

noviembre de 2023,1 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Humacao (en adelante, TPI). Mediante la Orden 

recurrida, el foro primario dispuso que no hay señalamiento de vista 

y que se emplace conforme a derecho.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso presentado por ser uno prematuro.

I

En el caso de autos, la parte peticionaria presentó una 

Demanda el 4 de septiembre de 2023 al amparo de la Ley Núm. 169-

2009, Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico.

2 Adujo, en 

1 Apéndice de la parte peticionaria, a la pág. 1. Véase, además, el Sistema 

Unificado de Manejo y Administración de Casos (en adelante, SUMAC) a la entrada 

9.

2 Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 169 de 16 de diciembre 

de 2009, según enmendada, 10 LPRA § 223 nota et seq.
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síntesis, que su nombre comercial estaba registrado ante el Registro 

de Marcas del Departamento de Estado y que su negocio se dedicaba

a la reparación de aires acondicionados para automóviles. Expresó 

que la parte recurrida del título también se dedicaba a este mismo

tipo de negocio con un nombre y logo similar y que esto le ha 

causado confusión tanto a la parte peticionaria como a sus clientes. 

Solicitó como remedio que se le ordenara a la parte recurrida a cesar 

y desistir de utilizar el nombre del negocio similar al de la parte 

peticionaria.

De ahí, acaecieron varios incidentes procesales, en lo atinente, 

uno relacionado el trámite procesal del caso en cuestión, 

específicamente, sobre cómo se debe notificar la acción incoada en 

su contra a la parte recurrida. Así las cosas, el 9 de noviembre de 

2023, la parte peticionaria presentó una Moción en Auxilio de 

Jurisdicción y Solicitud de Remedio Conforme a Derecho conforme al 

Artículo 30 de la Ley Núm. 169-2009.

3 

En respuesta, el 10 de noviembre de 2023, el Tribunal a quo

le ordenó presentar un proyecto de citación para la parte recurrida.

4 

En cumplimiento con lo ordenado, el 15 de noviembre de 2023, la 

parte peticionaria presentó un escrito al cual le acompañó un 

proyecto de citación para su expedición.5 

Recibido el escrito, el 17 de noviembre de 2023, el foro 

primario resolvió: “[n]o hay vista señalada. Tiene que emplazar 

conforme a derecho!”.6 Inconforme con lo anterior, el 4 de diciembre 

de 2023, la parte peticionaria presentó una Moción de 

Reconsideración.

7 En ella, expresó que los procedimientos al amparo 

3 Apéndice de la parte peticionaria, a las págs. 17-18. Ley de Marcas del Gobierno 

de Puerto Rico, Ley Núm. 169 de 16 de diciembre de 2009, según enmendada, 10 

LPRA § 224, Art. 30.

4 Apéndice de la parte peticionaria, a la pág. 19.

5 Apéndice de la parte peticionaria, a las págs. 20-22.

6 Apéndice de la parte peticionaria, a la pág. 1. Véase, además, el SUMAC, a la 

entrada 9.

7 Apéndice de la parte peticionaria, a las págs. 2-4.
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de la precitada Ley no requerían un emplazamiento, sino el 

diligenciamiento de una citación para una vista. Dicha solicitud de 

reconsideración no ha sido atendida por el foro primario. 

Así las cosas, el 20 de diciembre de 2023, la parte peticionaria

presentó la petición de Certiorari que se encuentra ante nuestra 

consideración y esbozó el siguiente error:

Erró el Tribunal de Primera Instancia, al violentar el 

estado de derecho vigente de la Ley Especial 169-2009, 

que crea un procedimiento expedito, el cual de forma 

supletoria se deja llevar por las Reglas de Procedimiento 

Civil de 2009, según enmendadas, que crea un 

procedimiento de citación y no de emplazamiento para 

establecer jurisdicción sobre la parte demandada. La 

Ley Especial 169-2009, provee para que se conceda de 

forma expedita un Entredicho Provisional y luego una 

vista para Interdicto Preliminar. Nada de esto ha sido 

permitido por el Tribunal de Primera Instancia[,] Sala 

Superior de Humacao, lo cual ha tornado un pleito 

expedito en uno ordinario o en estatus indefinible.

Prescindiendo de la comparecencia de la parte recurrida, 

procedemos a exponer el derecho aplicable.

II

A. Jurisdicción y Recurso Prematuro

La jurisdicción es el poder o la autoridad que posee un 

tribunal para resolver las controversias presentadas ante su 

consideración.8 Los tribunales adquieren jurisdicción por virtud de 

ley, por lo que no pueden arrogársela ni las partes pueden 

otorgársela.9 Es norma reiterada en nuestro ordenamiento, que: “los 

tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y que no 

tienen discreción para asumir jurisdicción allí donde no la tienen”.10

Es norma reconocida que las cuestiones relativas a la jurisdicción 

de los tribunales para atender los recursos ante su consideración 

constituyen materia privilegiada.11 De manera que, debido a su 

8 AAA v. Unión Independiente Auténtica de Empleados de la AAA, 199 DPR 638, 

651-52 (2018).

9 Ríos Martínez, Com. Alt. PNP v. CLE, 196 DPR 289, 296 (2016).

10 Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 250 (2012). S.L.G. SzendreyRamos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). Ríos Martínez, Com. Alt. PNP v. 

CLE, Id.

11 AAA v. Unión Abo. AAA, 158 DPR 273, 279 (2002).
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naturaleza privilegiada, las cuestiones de jurisdicción deben ser 

resueltas con preferencia, ya sea porque fuera cuestionada o motu 

proprio, pues, por su naturaleza, incide directamente sobre el poder 

que tiene para adjudicar las controversias.12

Por tal motivo, cuando un tribunal carece de jurisdicción, 

debe declararlo y desestimar la reclamación sin entrar en sus 

méritos.13 De lo contrario, cualquier dictamen en los méritos será 

nulo y, por ser ultra vires, no se puede ejecutar.14 Es decir, una 

sentencia, dictada sin jurisdicción por un tribunal, es una sentencia 

nula en derecho y, por lo tanto, inexistente.15

Como corolario de lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico (en adelante, Tribunal Supremo) ha desarrollado el principio de 

la justiciabilidad, el cual recoge una serie de doctrinas de 

autolimitación basadas en consideraciones prudenciales que 

prohíben al foro judicial emitir opiniones consultivas, y fue 

incorporado jurisprudencialmente a nuestro ordenamiento jurídico 

mediante el caso de ELA v. Aguayo, 80 DPR 552, 595 (1958).16 La 

doctrina de justiciabilidad persigue evitar emitir decisiones en casos 

que realmente no existen o dictar una sentencia que no tendrá 

efectos prácticos sobre una controversia.17 En ese contexto, un 

asunto no es justiciable cuando: (i) se trata de resolver una cuestión 

política, (ii) una de las partes carece de legitimación activa para 

promover un pleito, (iii) después de comenzado el litigio hechos 

posteriores lo tornan en académico, (iv) las partes pretenden obtener 

una opinión consultiva y (v) cuando se pretende promover un pleito 

que no está maduro.18

12 Fuentes Bonilla v. ELA, 200 DPR 364, 372 (2018).

13 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 

855 (2009).

14 Bco. Santander v. Correa García, 196 DPR 452, 470 (2016). Maldonado v. Junta 

Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007).

15 Montañez v. Policía de Puerto Rico, 150 DPR 917, 921-922 (2000).

16 R. Elfrén Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las 

leyes en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Ed. Pubs. JTS, 1987, pág. 147.

17 Moreno Orama v. UPR, 178 DPR 969, 973 (2010).

18 Crespo v. Cintrón, 159 DPR 290, 298 (2003).
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Entre las referidas doctrinas, se encuentra la doctrina de 

madurez.19 De acuerdo con esta doctrina, los tribunales debemos 

examinar si la controversia sustantiva planteada en el recurso ante 

nuestra consideración está definida concretamente, de manera que 

nos permita evaluarla en sus méritos, y si el daño aducido es 

suficiente para requerir adjudicación.20 En nuestra función revisora, 

un recurso judicial es prematuro cuando el asunto del cual se trata 

no está listo para adjudicación; esto es, cuando la controversia no 

está debidamente delineada, definida y concreta.21 Como ha 

pronunciado reiteradamente el Tribunal Supremo, un recurso 

prematuro adolece del insubsanable defecto de privar de 

jurisdicción al tribunal al cual se recurre.22 Como tal, su 

presentación carece de eficacia y no produce ningún efecto jurídico, 

pues no hay autoridad judicial para acogerlo.23

III

Como cuestión de umbral este Tribunal tiene un deber de 

auscultar su propia jurisdicción. Acentuamos que: “los tribunales 

deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y que no tienen 

discreción para asumir jurisdicción allí donde no la tienen”.24

La parte peticionaria aduce que el foro primario denegó una 

solicitud de reconsideración mediante la cual le solicitó al TPI que 

dejara sin efecto la Orden emitida y notificada el 17 de noviembre de 

2023.

25 Sin embargo, un examen del expediente ante nuestra 

consideración, así como del expediente del caso ante el TPI en el 

19 J.J. Álvarez González, Derecho Constitucional de Puerto Rico y relaciones 

constitucionales con los Estados Unidos, Bogotá, Ed. Temis, 2009, pág. 89.

20 Com. de la Mujer v. Srio de Justicia, 109 DPR 715, 722 (1980).

21 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). Juliá et al. v. 

Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366-367 (2001).

22 Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., Id., 365.

23 Id., 366.

24 Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, supra. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo,

supra. Ríos Martínez, Com. Alt. PNP v. CLE, supra.

25 Apéndice de la parte peticionaria a la pág. 1. Véase además el SUMAC a la 

entrada 9.
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SUMAC revela, tal y cual adelantamos, que la referida solicitud de 

reconsideración no ha sido atendida por el foro primario. Veamos. 

Del expediente ante nuestra consideración y del SUMAC se 

desprende que: (i) la Orden recurrida fue emitida y notificada el 17 

de noviembre de 2023,26 (ii) la Moción de Reconsideración fue 

presentada el 4 de diciembre de 2023,

27 y que (iii) no hay ninguna 

determinación judicial notificada en torno a la aludida moción. Aun 

cuando en la petición de Certiorari la parte peticionaria arguye que 

el foro primario resolvió la Moción de Reconsideración, colegimos que 

se trata de una confusión. Nos explicamos.

Al repasar los autos ante nuestra consideración y el 

expediente judicial en el SUMAC, forzoso es concluir que el

documento presentado en apoyo al argumento para acreditar 

jurisdicción se refiere a una Notificación Electrónica –

Notificación entre Partes OAT-1720, que no es otra cosa que la 

constancia de la radicación de la Moción de Reconsideración a través 

del SUMAC.28 En otras palabras, el documento presentado en apoyo 

al argumento para acreditar jurisdicción no se trata de un dictamen 

judicial revisable. 

Reiteramos que, un recurso prematuro adolece del 

insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal al cual se 

recurre.29 A esos efectos, su presentación carece de eficacia y no 

produce ningún efecto jurídico, pues no hay autoridad judicial para 

acogerlo.30 Es por todo lo anteriormente expuesto que estamos ante 

un recurso prematuro, por lo que no contamos con jurisdicción para 

entender en el mismo.

26 Véase el SUMAC, a la entrada 9.

27 Id., a la entrada 10.

28 Id., a la pág. 5. Véase, además, el SUMAC, a la entrada 10.

29 Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., supra.

30 Id., 366.
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IV

Por los fundamentos antes expuestos, tras colegir que no 

contamos con jurisdicción, se desestima el recurso presentado, por 

ser uno prematuro.

Lo aquí resuelto no impide que la parte que así lo entienda 

pueda acudir ante este foro nuevamente, una vez el foro recurrido 

resuelva la Moción de Reconsideración pendiente y notifique su 

dictamen.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones