Número Identificador

SEN2024________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL I

SHOOTING ACCESSORIES &

SERVICES VIRGINIA CARDONA 

VALENTIN ARMERÍA 

Recurrente

V.

NEGOCIADOS DE LA POLICÍA

DE PUERTO RICO

Recurridos

KLRA202400122

Revisión Judicial

procedente del 

Departamento De 

Seguridad Pública 

Negociado de la 

Policía de Puerto 

Rico

SAIC-NILIAFDILAIAP-4-0001

Sobre:

Revocación de 

Licencia de Armero 

187511

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Pagán Ocasio, el Juez Marrero Guerrero y la Jueza Boria 

Vizcarrondo.

Pagán Ocasio, juez ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de abril de 2024.

I.

El 7 de marzo de 2024, Shooting Accessories Services (SAS), 

por virtud de su presidenta, la señora Virginia Cardona Valentín 

(señora Cardona Valentín), presentó un recurso de revisión 

administrativa procedente del Negociado de la Policía de Puerto Rico 

(Negociado de la Policía). Mediante este, SAS nos solicitó revisar la 

notificación SAIC-NILIAF-DILAIAP-4-0001, emitida el 10 de enero de 

2024 por el Negociado de Investigaciones de Licencias e Inspección 

de Armas de Fuego del Negociado de la Policía (Negociado de 

Investigaciones), en el que se revocó la licencia de armero número 

187511, expedida a su favor.1

1 Apéndice del Recurso de Revisión, Anejo 11, págs. 168-171.
KLRA202400122 2

El 8 de marzo de 2024, emitimos una Resolución en la que le 

concedimos al Negociado de la Policía hasta el 8 de abril de 2024 para 

presentar su alegato en oposición al recurso.

El 8 de abril de 2024, el Negociado de la Policía, por conducto 

de la Oficina del Procurador General de Puerto Rico, presentó una 

Solicitud de breve término, en la que nos solicitó un término adicional 

de dos (2) días para presentar su alegato.

El 9 de abril de 2024 emitimos una Resolución en la que 

declaramos Ha Lugar la solicitud de prórroga del Negociado de la 

Policía.

Así las cosas, el 10 de abril de 2024, el Negociado de la Policía 

presentó su alegato, en el que nos peticionó confirmar su 

determinación sobre la revocación de la licencia de armero a SAS o, 

en la alternativa, devolver el caso a la agencia para que se celebre una 

vista administrativa únicamente sobre el arma que se ocupó el 15 de 

septiembre de 2022, cuya Certificación de recibo de armas y/o 

municiones se le entregó a la señora Cardona Valentín en igual fecha.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

pormenorizaremos los hechos procesales atinentes a este recurso. 

II.

El caso de marras tuvo su génesis el 7 de septiembre de 2022, 

cuando el Negociado de Investigaciones emitió la notificación SAICNILIAF-1-0716. Mediante esta, informó que, tras varias inspecciones 

realizadas por la División de Investigaciones de Licencias de Armas 

de Fuego e Inspección de Armerías y Polígonos, SAS incumplió por 

más de dos (2) ocasiones con las medidas de seguridad.

2 El Negociado 

de Investigaciones determinó que SAS infringió varios artículos de la 

Ley Núm. 168-2019, conocida como la Ley de Armas de Puerto Rico 

de 2020, 25 LPRA sec. 464 et seq. (Ley de Armas) y del Reglamento 

2 Íd., Anejo 1, págs. 1-4.
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para Administrar la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020, Reglamento 

Núm. 9172 (Reglamento de la Ley de Armas). En particular, notificó 

que SAS contravino el Artículo 4.01 (e)(4) de la Ley de Armas, supra, 

sec. 464, referente al sistema de alarma contra robo y escalamiento 

conectado al Negociado de la Policía. Además, el Artículo 4.03 (f) de 

la Ley de Armas, supra, sec. 464b, sobre mantener disponible los 

documentos y libros durante las horas laborables para su inspección 

por cualquier funcionario del Ministerio Público o agente del orden 

público en casos de investigación criminal. Asimismo, el Artículo 4.04 

(a)(b)(c) de la Ley de Armas, supra, sec. 464c y los Artículos 4.09 y 

4.10 del Reglamento de la Ley de Armas, supra, en torno al

cumplimiento con las medidas de seguridad para el almacenamiento 

o custodia de las armas de fuego y municiones. Por ello, el Negociado 

de Investigaciones le revocó inmediatamente la licencia de armero

número 187511 a SAS y le canceló el acceso al Sistema de Registro 

Electrónico de Armas y Licencias. En la notificación, se le apercibió a 

SAS lo siguiente:

Puede usted solicitar en el Negociado de Investigaciones de 

Licencias e Inspección de Armas de Fuego, una 

reconsideración dentro de los próximos quince (15) días 

naturales siguientes a la revocación de la licencia de armero. 

El Negociado de Investigaciones de Licencias e Inspección de 

Armas de Fuego, tendrá quince (15) días naturales para emitir 

una determinación y atender la misma. De sostenerse la 

denegatoria o revocación, o de no emitir ninguna 

determinación respecto a la reconsideración, el peticionario de 

la licencia de armero podrá acudir al Tribunal de Primera 

Instancia para la revisión de la decisión administrativa.

Si el Negociado de Investigaciones de Licencias e Inspección 

de Armas de Fuego, no emite una determinación dentro del 

término previamente establecido, el solicitante tendrá derecho 

a acudir al Tribunal Municipal mediante una petición para 

que se dilucide la controversia, la cual se tendrá que resolver 

en el término de quince (15) días naturales.

Como corolario de lo anterior, en igual fecha, el agente Rafael 

Colón Sánchez del Negociado de la Policía ocupó las armas 

custodiadas por SAS.
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El 14 de septiembre de 2022, la señora Cardona Valentín 

recibió un Inventario de la propiedad ocupada,

3 emitido el 7 de 

septiembre de 2022 por el Negociado de la Policía y los documentos 

titulados Certificación de recibo de armas y/o municiones.

4 En cada 

certificación, fechada 7 de septiembre de 2022, el Negociado de la 

Policía consignó que el motivo para ocupar las armas fue: 

“REVOCADA”, en referencia a la licencia de armero. Además, 

apercibió a SAS que, de estar inconforme con la ocupación, podía 

solicitar una vista administrativa ante un Oficial Examinador dentro 

del término de quince (15) días, contados a partir de la fecha de 

notificación del comunicado. A su vez, le notificó a SAS que de no 

solicitarse la vista, se entendería que renunció a su celebración y al 

derecho a estar presente y mostrar evidencia a su favor.

El día de la ocupación de las armas no se encontró un revólver. 

El 15 de septiembre de 2022, la señora Cardona Valentín se 

comunicó con la agente Lourdes Arroyo Vargas para informarle que 

encontró un arma faltante a los ocupados, el revólver Colt calibre 38.5

En igual fecha, el agente Héctor Martínez Bracety ocupó el arma y 

emitió la Certificación de recibo de armas y/o municiones.

6 En esta 

certificación, también se consignó que el motivo para ocupar el arma 

fue que la licencia de armero fue revocada. Además, se le apercibió a 

SAS que de estar inconforme con la ocupación, podía solicitar una 

vista administrativa ante un Oficial Examinador del Negociado de la 

Policía dentro del término de quince (15) días, contados a partir de la 

fecha de notificación.

Posteriormente, el 23 de septiembre de 2022, la señora 

Cardona Valentín envió una carta por correo certificado al Negociado 

3 Íd., Anejo 2, pág. 5.

4 Íd., Anejo 3, págs. 6-145.

5

Íd., Anejo 4, págs. 146-148.

6

Íd., Anejo 5, págs. 149-150.
KLRA202400122 5

de Investigaciones.

7 En esta, solicitó la celebración de una vista 

administrativa referente a la revocación de licencia de armero de SAS.

Ante la falta de respuesta, el 28 de septiembre de 2022, la 

señora Cardona Valentín envió un correo electrónico al agente 

Sánchez, en el que le solicitó que le ayudara con la persona encargada 

de restablecer la licencia de armero y el acceso al Sistema de Registro 

Electrónico de Armas y Licencias.

8

El 20 de diciembre de 2022, la señora Cardona Valentín envió 

por correo certificado un escrito titulado Reconsideración y/o solicitud 

suplementaria de vista administrativa al Negociado de 

Investigaciones, en el que peticionó reconsiderar la revocación de la 

licencia de armero y devolver todas las armas y municiones 

ocupadas.

9 A su vez, solicitó nuevamente que, ante la falta de 

respuesta de la agencia, se le concediera una vista administrativa. La

señora Cardona Valentín sostuvo que la notificación SAIC-NILIAF-1-

0716 del 7 de septiembre de 2022 era defectuosa, debido a que el 

término de quince (15) días para solicitar reconsideración era

contrario a Derecho. Esto, puesto que entendía que la revocación de 

una licencia es una determinación final que podía revisarse dentro 

del término de veinte (20) días desde el archivo en autos de la 

notificación, a tenor con el Artículo 7.05 de la Ley de Armas, supra,

sec. 467d, y el Artículo 6.10 del Reglamento de la Ley de Armas, 

supra. Además, que contrario al apercibimiento de recurrir en 

revisión judicial al Tribunal Municipal o Superior, debía referirse al

Tribunal de Apelaciones, conforme con la Sección 4.2 de Ley Núm. 

38-2017, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 9672 (LPAUG). En 

virtud de ello, la señora Cardona Valentín estableció que las acciones 

7

Íd., Anejo 6, págs. 151-153.

8

Íd., Anejo 7, pág. 154.

9

Íd., Anejo 8, págs. 155-162.
KLRA202400122 6

tomadas por la agencia fueron ultra vires y en violación a su debido 

proceso de ley.

El 3 de mayo de 2023, la señora Cardona Valentín entregó 

personalmente una Moción urgente en relación a otro escrito y en 

solicitud de determinación conforme a derecho a la señora Elsa M. 

Rodríguez, quien era la persona autorizada en el Negociado de la 

Policía para recibir el documento.10 Mediante esta, precisó que 

transcurrieron más de noventa (90) días de la solicitud de una vista 

administrativa sin que el Negociado de la Policía se exprese.

Ante la inacción del Negociado de la Policía, el 3 de noviembre 

de 2023, la señora Cardona Valentín presentó una demanda de

mandamus ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Aguadilla (TPI) contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), 

el Negociado de la Policía y el señor Antonio López Figueroa en su 

capacidad oficial como Comisionado de la Policía.11 Mediante esta, la 

señora Cardona Valentín solicitó dejar sin efecto la notificación de 

revocación de licencia de armero o, en la alternativa, que se le ordene 

al Negociado de la Policía resolver las mociones y los escritos que 

presentó.

El 10 de enero de 2024, el Negociado de Investigaciones emitió 

una segunda notificación de revocación de licencia de armero.12 En 

esta, se enmendó el término para SAS presentar una moción en

reconsideración de la determinación de la agencia, siendo veinte (20) 

días desde la fecha de archivo en autos de la notificación de la 

resolución u orden. Se le informó que la agencia ostenta quince (15) 

días para considerar la solicitud. Además, que el término para 

solicitar revisión comenzará a decursar nuevamente desde la fecha 

de la notificación de la denegatoria de plano de la reconsideración o 

10 Íd., Anejo 9, págs. 163-165.

11 Tomamos conocimiento judicial del caso AG2023CV01814 en el Sistema 

Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC). Entrada Núm. 1.

12 Apéndice de Revisión Administrativa, Anejo 11, págs. 168-171.
KLRA202400122 7

desde que expiró el término de quince (15) días sin la agencia actuar.

Asimismo, el Negociado de Investigaciones advirtió que la parte 

adversamente afectada por una orden o resolución final de la agencia 

y que haya agotado todos los remedios administrativos, podrá 

presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones, 

dentro de un término de treinta (30) días contados a partir del archivo 

en autos de la copia de la notificación de la orden o resolución final.

Tras varios trámites procesales, el 11 de enero de 2024, el TPI 

celebró una vista de mandamus.

13 De la Minuta se desprende que la 

representación legal del ELA aceptó que la notificación del Negociado 

de la Policía del 7 de septiembre de 2022 era inoficiosa y que el 

proceso allí consignado estaba equivocado, dado que disponía que el 

procedimiento debía efectuarse de conformidad con la LPAUG, supra, 

mientras se le otorgó a SAS un término distinto. El ELA indicó que

los asuntos de investigación, ocupación o revocación de licencia, 

entre otros en la Ley de Armas, supra, deben atenderse a la luz del

procedimiento establecido en LPAUG, supra. Señaló que le 

recomendó al Negociado de la Policía corregir la determinación a tenor 

con el procedimiento establecido por ley para la denegación de 

licencias, por lo que, el día anterior a la vista, la agencia corrigió y 

notificó el documento a SAS. Por ello, el ELA estableció la controversia 

se tornó académica para el TPI, debido a que yacía en su cauce 

administrativo. El representante legal de la señora Cardona Valentín 

manifestó estar conforme con la posición del ELA. Acto seguido, el 

TPI declaró Ha Lugar el desistimiento voluntario, en virtud de lo 

informado por las partes y tras asegurarse que la señora Cardona 

Valentín entendió sus consecuencias.

El 23 de enero de 2024, la señora Cardona Valentín envió por 

correo certificado una moción de reconsideración al Negociado de 

13 Véase Íd., Anejo 10, págs. 166-167.
KLRA202400122 8

Investigaciones, solicitando reconsiderar y dejar sin efecto la 

revocación de la licencia de armero expedida a favor de SAS. Esgrimió 

que la acción tomada por el Negociado de Investigaciones, notificada 

conforme a derecho después de un año y cuatro meses, mantuvo

inoperante la armería, con un efecto confiscatorio y un daño 

patrimonial a su capacidad productiva.

Oportunamente, ante el silencio de la agencia e inconforme con 

la revocación de la licencia de armero, el 7 de marzo de 2024, SAS 

compareció ante nos por virtud de un recurso de revisión judicial de 

la decisión administrativa en el que planteó que el Negociado de 

Investigaciones cometió los siguientes errores:

1. ERRÓ EL NEGOCIADO DE INVESTIGACIONES DE 

LICENCIAS E INSPECCIÓN DE ARMAS DE FUEGO AL NO 

CONCEDER LA VISTA ADMINISTRATIVA SOLICITADA POR 

LA RECURRENTE EN VIOLACIÓN DE SU 

REGLAMENTACIÓN Y DEL DEBIDO PROCESO DE LEY.

2. ERRÓ EL NEGOCIADO DE INVESTIGACIONES DE 

LICENCIAS E INSPECCIÓN DE ARMAS DE FUEGO AL 

NEGARSE A CONSIDERAR LA RECONSIDERACIÓN 

PRESENTADA POR LA RECURRENTE.

3. ERRÓ EL NEGOCIADO DE INVESTIGACIONES DE 

LICENCIAS E INSPECCIÓN DE ARMAS DE FUEGO, AL 

SOSTENER UNA ACCIÓN CONTRA LA RECURRENTE, 

BAS[Á]NDOSE EN UNA NOTIFICACIÓN INSUFICIENTE EN 

DERECHO CONFORME A LA LPAUG.

En esencia, SAS adujo que la inacción del Negociado de 

Investigaciones tuvo como efecto negarle el derecho a una vista 

administrativa, lo que, a su entender, constituyó una crasa violación 

a su debido proceso de ley. A su vez, SAS aseveró que la señora 

Cardona Valentín subsanó el señalamiento que provocó la

intervención de la agencia. Por otro lado, sostuvo que en la 

notificación SAIC-NILIAF-1-0716 no surgen los hechos particulares 

por los que la armería violentó la Ley de Armas, supra, y su 

Reglamento, supra. SAS esgrimió que la carencia de determinaciones 

de hechos en la referida notificación, la cual constituyó una 

determinación final de la agencia, contravino la Sección 3.14 de 

LPAUG, supra, sec. 9654 e imposibilitó que los foros apelativos 
KLRA202400122 9

ejerzan su función revisora. Al efecto, esgrimió que la acción del 

Negociado de Investigaciones fue ultra vires. Por ello, nos solicitó 

revocar la notificación SAIC-NILIAF-DILAIAP-4-0001 del 10 de enero 

de 2024 y en su consecuencia, devolverle la licencia de armero y la 

propiedad incautada.

El 10 de abril de 2024, la parte recurrida radicó su alegato en 

oposición. En el mismo, el Negociado de la Policía indicó que la 

notificación sobre la revocación de la licencia de armero, emitida el 

10 de enero de 2024 por el Negociado de Investigaciones, cumple 

con las disposiciones de la Ley de Armas, supra, su Reglamento, 

supra, y la LPAUG, supra. Por ello, adujo que no se le violentó el

debido proceso de ley de SAS. Por otro lado, el Negociado de la Policía 

aseveró que SAS solicitó la vista administrativa fuera del término 

especificado en cada uno de los sesenta y ocho (68) documentos 

titulados Certificación de recibo de armas y/o municiones, fechado 7 

de septiembre de 2022. Esto, debido a que sostuvo que el término 

venció el 22 de septiembre de 2022, mientras se depositó el correo en 

el día posterior, a saber, el 23 de septiembre de 2022. No obstante, el 

Negociado de la Policía reconoció que, toda vez que el 15 de 

septiembre de 2022 se emitió la Certificación de recibo de armas y/o 

municiones del arma ocupado en igual fecha, de esta Curia entender 

que SAS solicitó la vista administrativa dentro del término, el caso 

debería devolverse a la agencia para que se celebre la vista 

administrativa únicamente sobre dicha arma.

Examinados los planteamientos esbozados por las partes, 

pormenorizaremos la normativa jurídica atinente a este recurso.

III.

A.

La doctrina del agotamiento de los remedios administrativos es 

una norma de autolimitación judicial de carácter consuetudinario y 

práctico cuyo propósito es determinar la etapa apropiada en la que 
KLRA202400122 10

un tribunal debe intervenir en una controversia previamente

presentada ante un foro administrativo. SLG Flores-Jiménez v. 

Colberg, 173 DPR 843, 851 (2008); Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. 

del Rey, 155 DPR 906, 917 (2001); Mun. de Caguas v. AT&T, 154 

DPR 401, 407 (2001); Guadalupe Saldaña v. Pres. UPR, 133 DPR 

42, 49 (1993). Esta doctrina persigue que los tribunales ejerzan su 

discreción de abstenerse de revisar la actuación de una entidad

gubernamental hasta que la persona afectada agote todos los 

remedios administrativos y se refleje la posición final de la agencia. 

Rivera v. ELA, 121 DPR 582, 593 (1988). A su vez, la doctrina del 

agotamiento de los remedios administrativos procura evitar soslayar

el procedimiento administrativo a fin de acelerar la revisión judicial. 

Mun. de Caguas v. AT&T, supra; Quiñones v. ACAA, 102 DPR 746, 

749 (1974). Con ello, se evita “una intervención judicial innecesaria y 

a destiempo que interfiera con el cauce y desenlace normal del 

proceso administrativo”. Guadalupe Saldaña v. Pres. UPR, supra. 

Véase Moreno Ferrer v. JRCM, 209 DPR 430, 435 (2022). Así las 

cosas, la aludida doctrina es aplicable cuando existe alguna fase del 

procedimiento administrativo que la parte afectada deba agotar. Mun. 

de Caguas v. AT&T, supra, pág. 409. 

El agotamiento de todos los remedios provistos por la agencia 

constituye un requisito jurisdiccional. Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. 

Pto. del Rey, supra. En tal sentido, la Sección 4.2 de la LPAUG, 

supra, sec. 9672, particulariza el agotamiento de los remedios 

administrativos como un requisito para la revisión judicial. Véase 

Mun. de Caguas v. AT&T, supra, págs. 407-408. A saber, la referida 

sección establece lo siguiente:

Una parte adversamente afectada por una orden o resolución 

final de una agencia y que haya agotado todos los remedios 

provistos por la agencia o por el organismo administrativo 

apelativo correspondiente podrá presentar una solicitud de 

revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de un 

término de treinta (30) días contados a partir de la fecha del 

archivo en autos de la copia de la notificación de la orden o 
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resolución final de la agencia o a partir de la fecha aplicable 

de las dispuestas en la Sección 3.15 de esta Ley cuando el 

término para solicitar la revisión judicial haya sido 

interrumpido mediante la presentación oportuna de una 

moción de reconsideración. Sección 4.2 de la LPAUG, supra, 

sec. 9672.

Pues, “[e]l balance de poderes que debe existir entre agencias y 

tribunales, y la necesidad y conveniencia de tener un récord 

administrativo completo, aconsejan que se culminen los procesos 

administrativos antes del examen judicial”. Vélez Ramírez v. 

Romero Barceló, 112 DPR 716, 723 (1982). De esta manera, se 

permite que el foro administrativo desarrolle un historial completo del 

asunto ante su consideración, utilice el conocimiento especializado 

de sus funcionarios para adoptar la política pública de la agencia y 

rectifique oportunamente sus errores o reconsidere el alcance de sus 

pronunciamientos. Moreno Ferrer v. JRCM, supra, págs. 435-436; 

Guadalupe Saldaña v. Pres. UPR, supra. Además, esta doctrina

facilita la revisión judicial, dado que el tribunal puede obtener una 

información más precisa sobre los fundamentos de la actuación del 

foro administrativo. Íd.

Ahora bien, a modo de excepción, existen algunas 

circunstancias en las que se puede preterir el agotamiento de los 

remedios administrativos. Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 

supra; Guadalupe Saldaña v. Pres. UPR, supra; Vda. De Iturregui 

v. ELA, 99 DPR 488, 491 (1970). A esos efectos, la Sección 4.3 de la 

LPAUG, supra, sec. 9673 dispone lo siguiente:

El tribunal podrá relevar a un peticionario de tener que agotar 

alguno o todos los remedios administrativos provistos en el 

caso de que dicho remedio sea inadecuado, o cuando el 

requerir su agotamiento resultare en un daño irreparable al 

promovente y en el balance de intereses no se justifica agotar 

dichos remedios, o cuando se alegue la violación sustancial de 

derechos constitucionales, o cuando sea inútil agotar los 

remedios administrativos por la dilación excesiva en los 

procedimientos, o cuando sea un caso claro de falta de 

jurisdicción de la agencia, o cuando sea un asunto 

estrictamente de derecho y es innecesaria la pericia 

administrativa.
KLRA202400122 12

En torno a la excepción por el remedio administrativo ser 

inadecuado y la dilación en los procedimientos, resulta impráctico 

que la persona afectada esté obligada a agotar los remedios 

administrativos ante la inacción de la agencia en hacer cumplir sus 

requerimientos. Moreno Ferrer v. JRCM, supra, pág. 437; Asoc. 

Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, supra. No obstante, la mera 

lentitud de la agencia no justifica prescindir el cauce administrativo 

por sí solo, puesto que se requiere que el trámite administrativo sea 

una gestión inútil o que acarree un daño irreparable. Moreno Ferrer 

v. JRCM, supra, pág. 437; Guadalupe Saldaña v. Pres. UPR, supra, 

pág. 50.

Por otro lado, la mera invocación de una cuestión 

constitucional no es un eslabón que produce la preterición 

automática del procedimiento administrativo. Guadalupe Saldaña 

v. Pres. UPR, supra, pág. 51; Procuradora Paciente v. MCS, 163 

DPR 21, 37 (2004); First Fed. Savs. v. Asoc. De Condómines, 114 

DPR 426 (1983), 438-439. Esto, puesto que es necesario que se 

demuestre la existencia de un agravio de patente intensidad que 

justifique desviar el cauce administrativo. Íd.

Empero, quien recurra a un foro judicial, debe alegar la 

necesidad de preterir el procedimiento administrativo, mediante 

hechos específicos y bien definidos, de modo que el tribunal pueda 

evaluar la defensa del Estado. Guadalupe Saldaña v. Pres. UPR, 

supra, pág. 50; Moreno Ferrer v. JRCM, supra; Rivera v. ELA, supra, 

pág. 596.

B.

La Ley de Armas tiene el propósito de armonizar el derecho 

constitucional de una persona a poseer y portar armas conjunto con 

el derecho del Estado de regular dicha actividad. Exposición de 

motivos de la Ley Núm. 168-2019, supra. En tal sentido, el Artículo 

4.01 de la Ley de Armas, supra, sec. 464, establece que “[n]inguna 
KLRA202400122 13

persona, natural o jurídica, podrá dedicarse al negocio de armero, sin 

poseer una licencia de armero expedida por [...] la Oficina de 

Licencias de Armas”. Dicha licencia de armero deberá renovarse 

anualmente y está sujeta a la aprobación y certificación de la Oficina 

de Licencia de Armas sobre las medidas de seguridad para el 

almacenamiento y la custodia de las armas de fuegos y municiones

en la edificación donde ubique el establecimiento. Íd. Así las cosas, 

cada seis (6) meses, el Negociado de la Policía examinará los 

establecimientos de armería con los siguientes objetivos: Íd., sec. 

464c.

(a) realizar un inventario de las armas y municiones y 

comparar el mismo con el Registro Electrónico; 

(b) inspeccionar los libros, documentos y facturas; y 

(c) verificar el cumplimiento con las medidas de seguridad 

establecidas en este Capítulo y con las demás disposiciones 

de esta Ley. Íd.

De incumplir con las medidas de seguridad, la persona con 

licencia de armero tiene un término de treinta (30) días para cumplir

con las medidas establecidas en la Ley. Íd. De lo contrario, en lo que 

corrige las deficiencias, deberá depositar las armas y municiones que 

posea para la venta, almacenamiento y custodia en la bóveda de otro 

armero o en el Depósito de Armas y Municiones del Negociado de la 

Policía, dentro del término que determine el Comisionado. Íd.

Por su parte, el Artículo 4.03 del Reglamento de la Ley de 

Armas, supra, dispone que dicha licencia de armero requerida para 

operar una armería puede revocarse cuando, entre otras 

circunstancias, se inobserve las medidas de seguridad en dos (2) o 

más ocasiones. En tal circunstancia, el Artículo 4.01 (f) de la Ley de 

Armas, supra, sec. 464, dispone que el Comisionado, previa 

notificación escrita, podrá cancelar la licencia y, de la persona 

afectada estar inconforme, podrá llevar una acción de revisión, a 

tenor con lo establecido en la Ley de Armas. Véase también Artículo 

4.04 del Reglamento de la Ley de Armas, supra. Sobre el particular, 
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el Artículo 7.06 de la Ley de Armas, supra, sec. 467e, dispone que 

toda determinación por virtud de dicho estatuto se regirá por las 

determinaciones de vistas informales, adjudicaciones y 

reconsideraciones establecidas por la LPAUG, supra.

C.

La Sección 1.4 de la LPAUG, supra, sec. 9604, dispone que es 

aplicable a todos los procedimientos administrativos conducidos ante 

las agencias que no están expresamente exceptuados. En tal sentido, 

en lo que respecta a la reconsideración de una determinación 

administrativa, la Sección 3.15 de la LPAUG, supra, sec. 9655 

dispone lo siguiente:

La parte adversamente afectada por una resolución u 

orden parcial o final podrá, dentro del término de veinte 

(20) días desde la fecha de archivo en autos de la 

notificación de la resolución u orden, presentar una 

moción de reconsideración de la resolución u orden. La 

agencia dentro de los quince (15) días de haberse presentado 

dicha moción deberá considerarla. Si la rechazare de plano o 

no actuare dentro de los quince (15) días, el término para 

solicitar revisión comenzará a correr nuevamente desde que 

se notifique dicha denegatoria o desde que expiren esos 

quince (15) días, según sea el caso. Si se tomare alguna 

determinación en su consideración, el término para solicitar 

revisión empezará a contarse desde la fecha en que se 

archive en autos una copia de la notificación de la resolución 

de la agencia resolviendo definitivamente la moción de 

reconsideración. Tal resolución deberá ser emitida y 

archivada en autos dentro de los noventa (90) días siguientes 

a la radicación de la moción de reconsideración. Si la agencia 

acoge la moción de reconsideración pero deja de tornar 

alguna acción con relación a la moción dentro de los noventa 

(90) días de ésta haber sido radicada, perderá jurisdicción 

sobre la misma y el término para solicitar la revisión judicial 

empezará a contarse a partir de la expiración de dicho 

término de noventa (90) días salvo que la agencia, por justa 

causa y dentro de esos noventa (90) días, prorrogue el 

término para resolver por un período que no excederá de 

treinta (30) días adicionales. Si la fecha de archivo en autos 

de copia de la notificación de la orden o resolución es distinta 

a la del depósito en el correo ordinario o del envío por medio 

electrónico de dicha notificación, el término se calculará a 

partir de la fecha del depósito en el correo ordinario o del 

envío por medio electrónico, según corresponda. (Énfasis 

nuestro).

De la parte adversamente afectada por la determinación final 

de la agencia, que haya agotado todos los remedios administrativos 

disponibles, podrá presentar una solicitud de revisión judicial ante el 

Tribunal de Apelaciones dentro del término de treinta (30) días desde 
KLRA202400122 15

la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación de la orden 

o resolución final de la agencia o lo dispuesto por la Sección. 3.15 de 

la LPAUG. Véase Sección 4.2 de la LPAUG, supra, sec. 9672.

Analizada la controversia de marras dentro del marco doctrinal 

previamente esbozado, nos hallamos en posición de resolver.

IV.

En el presente caso, SAS nos señaló que el Negociado de 

Investigaciones cometió tres (3) errores, que discutiremos en 

conjunto. En síntesis, arguyó la agencia incidió en no conceder la 

vista administrativa solicitada y en no reconsiderar su acción, 

amparándose en una notificación insuficiente en derecho.

Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso del recurso en 

cuestión, del escrito en oposición del Negociado de la Policía, así como 

de los documentos que conforman su apéndice, concluimos que el 

Negociado de la Policía cometió los errores señalados. De conformidad 

con el cauce administrativo dispuesto en la Ley de Armas, supra, sec. 

464 y sec. 467e y el Reglamento de Armas, supra, la persona 

adversamente afectada por la determinación del Negociado de la 

Policía podrá solicitar reconsideración, a tenor con los términos 

dispuestos en la LPAUG. Reiteramos que la Sección 3.15 de la 

LPAUG, supra, sec. 9655 dispone que la parte adversamente afectada 

por la resolución u orden final de una agencia podrá solicitar 

reconsideración, dentro del término de veinte (20) días desde la fecha 

de archivo en autos de la notificación de la resolución u orden en 

cuestión. Posterior a agotar los procedimientos administrativos, la 

persona adversamente afectada podrá solicitar revisión judicial ante 

el Tribunal de Apelaciones dentro del término de treinta (30) días 

desde la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación de la 

orden o resolución final de la agencia. Véase Sección 4.2 de la LPAUG, 

supra, sec. 9672. 
KLRA202400122 16

En el caso ante nos, la notificación SAIC-NILIAF-1-0716 del 7 

de septiembre de 2022 es insuficiente en derecho puesto que apercibe 

a SAS sobre un procedimiento administrativo y judicial contrario al 

dispuesto en LPAUG, supra. La notificación SAIC-NILIAF-DILAIAP-4-

0001 del 24 de enero de 2024 también resultó inoficiosa, pues no 

advirtió a SAS de su derecho a solicitar una vista administrativa. 

Adviértase que, de conformidad con lo establecido en la LPAUG, 

supra, SAS tenía derecho a la celebración de una vista administrativa 

de naturaleza evidenciaria. A través del proceso, SAS solicitó la 

celebración de una vista en varias ocasiones, pero la agencia 

recurrida no celebró vista alguna. La agencia recurrida erró al no 

ordenar la celebración de una vita administrativa con el fin de poder 

adjudicar la reconsideración presentada por SAS, ello de forma 

informada, y con las debidas determinaciones de hecho y 

conclusiones de derecho.

El Negociado de la Policía es el organismo administrativo 

llamado por nuestro ordenamiento jurídico para expedir, investigar y 

revocar las licencias de armeros, la ocupación de las armas y las 

municiones, así como para regular la actividad del establecimiento de 

armería, mediante la Ley de Armas, supra, y su Reglamento, supra. 

Por ello, resulta forzoso concluir que el Negociado de la Policía estaba 

obligado a acoger la solicitud de reconsideración de SAS como una 

solicitud de vista administrativa, con el fin de determinar, de forma 

final, si procedía la revocación de la licencia de armero. Resaltamos 

que la notificación SAIC-NILIAF-DILAIAP-4-0001 carece de 

determinaciones de hechos que le permitan a esta Curia apelativa 

evaluar la determinación de la agencia. A la luz de lo anterior, 

atisbamos prudente que este caso continúe su cauce administrativo 

para que el Negociado de la Policía culmine los procedimientos y 

desarrolle un historial completo del asunto ante su consideración, 

previo al examen judicial.
KLRA202400122 17

Por otro lado, con respecto a la Certificación de recibo de armas 

y/o municiones, para solicitar una vista administrativa sobre la 

ocupación de las armas y municiones, notamos que tanto SAS como 

el Negociado de la Policía aducen fechas distintas sobre el recibo de 

dichos documentos por parte de SAS. Pues, la armería arguyó que 

recibió las certificaciones el 14 de septiembre de 2022, mientras la 

agencia adujo que lo entregó el 7 de septiembre de 2022. Además, de 

un examen sosegado de dichas certificaciones, observamos que 

contienen la fecha en que se ocuparon las armas, más no la fecha de 

notificación, de la cual se determina el término para solicitar una 

vista administrativa. Es menester subrayar que en el Inventario de 

propiedad ocupada surge que las armas se ocuparon el 7 de 

septiembre de 2024, pero que la señora Cardona Valentín recibió 

dicho documento el 14 de septiembre de 2022. El referido documento 

establece que el motivo de la ocupación fue la revocación de la licencia 

de armero, fundamentada en una notificación nula. Igualmente, en 

todas las Certificaciones de recibo de armas y/o municiones se refleja

que la ocupación de la propiedad efectuada el 7 de septiembre de 

2022, estuvo motivada ante una notificación contraria a derecho.

14

Adviértase que en dicho documento se consignó palmariamente que 

el motivo para ocupar las armas fue que se revocó la licencia de 

armero, por lo que resulta un contrasentido basar lo consignado en 

dicho documento en una notificación de revocación de la licencia, que 

es nula en derecho. Tampoco hemos encontrado autoridad que 

sustente el término de 15 días que el Negociado informa en el 

formulario pertinente que la parte tiene para impugnar las referidas 

ocupaciones.

Por tal motivo, distinto a lo planteado por el Negociado de la 

Policía, procede que se revise la ocupación de todas las armas y 

14 Véase Íd., Anejo 2, págs. 6-145.
KLRA202400122 18

municiones de SAS y que se celebre una vista administrativa. Es 

decir, sobre la propiedad ocupada tanto el 7 de septiembre de 2022, 

así como el 15 de septiembre de 2022. Para los fines de la revisión de 

la licencia procede tomarse como referencia la fecha de la última 

notificación. Reiteramos que de las propias alegaciones de las partes 

y de los documentos que obran en el expediente ante nos, existe 

ausencia de una fecha cierta de la notificación a SAS de cada 

Certificación de recibo de armas y/o municiones y la ocupación se 

fundamentó en un formulario informando la revocación de la licencia 

de armero que es contrario a derecho.

Por todo lo anterior, procede revocar la notificación SAICNILIAF-DILAIAP-4-0001 emitida el 24 de enero de 2024 y devolver el 

caso al Negociado de la Policía para que se le otorgue a SAS una vista 

administrativa atinente a la revocación de la licencia de armero y la 

ocupación de todas las armas y municiones efectuadas el 7 de 

septiembre de 2022 y el 15 de septiembre de 2022, respectivamente.

V.

Por los fundamentos que anteceden, se revoca la notificación 

SAIC-NILIAF-DILAIAP-4-0001 emitida el 24 de enero de 2024. 

Se devuelve el caso al Negociado de la Policía para que se 

celebre una vista administrativa sobre la revocación de licencia de 

armero y la ocupación de todas las armas y municiones, conforme al 

debido proceso de ley.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones