Número Identificador

SEN2024 ______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

COOPERATIVA DE 

AHORRO & CREDITO 

NAGUABEÑA

Recurrido

v.

NOELIA JIMENEZ 

MOLINA

Peticionarios

KLCE202301435

CERTIORARI

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia

Sala Superior de 

Humacao

Civil Núm.:

NG2022CV0022

Sobre: 

Cobro de Dinero 

Vía Ordinaria

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Bonilla Ortiz, la Jueza Mateu Meléndez y 

la Jueza Prats Palerm.

Bonilla Ortiz, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico a 15 de febrero de 2024.

Comparece ante este foro, la Sra. Noelia Jiménez 

Molina (señora Jiménez o “la peticionaria”) y nos 

solicita que revisemos una Resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Humacao, 

notificada el 17 de noviembre de 2023. En virtud de 

esta, el foro primario declaró No Ha Lugar a la solicitud 

de nulidad de sentencia instada por la peticionaria.

Por los fundamentos que expondremos a continuación,

expedimos el auto, y se REVOCA el dictamen recurrido. 

I.

El 24 de febrero de 2022, la Cooperativa de Ahorro 

& Crédito Naguabeña (Cooperativa o “parte recurrida”) 

presentó una Demanda en cobro de dinero por la vía 

ordinaria contra la señora Jiménez, por concepto de una 

línea de crédito (NG2022CV00022).1 Ese mismo día, la 

parte recurrida presentó, otra Demanda por cobro de 

1 Demanda, anejo I, págs. 1-14 del apéndice del recurso.
KLCE202301435 2

dinero, pero por un préstamo personal (NG2022CV00021). 

En lo pertinente al caso de autos, la parte recurrida 

adujo que la peticionaria les adeudaba la cantidad de 

$8,694.13 más los intereses acumulados, costas y 

honorarios de abogados.

El 18 de marzo de 2022, la parte recurrida presentó 

Moción Solicitando Permiso para Emplazar por Edicto.2

En la misma, indicó que a pesar de las múltiples 

gestiones realizadas para emplazar personalmente a la 

peticionaria, las mismas resultaron infructuosas. Por 

lo tanto, había solicitado al foro primario que le 

permitiera emplazarla mediante edicto. 

Así las cosas, el 25 de marzo de 2022, el foro 

primario expidió el emplazamiento por edicto.3 El 

referido edicto fue dirigido a la señora Jiménez a la 

siguiente dirección: PO BOX 971, NAGUABO, PR 00718-0971. 

El 5 de mayo de 2022, la Cooperativa presentó una 

Moción Solicitando Anotación de Rebeldía y Solicitud de 

Sentencia Sumaria al amparo de la Regla 36.1 y 45.2.4 

Solicitó que, le fuera anotada la rebeldía y dictara 

sentencia en contra de la peticionaria por no comparecer 

dentro del término provisto por ley.

Ante la incomparecencia de la peticionaria, el 20 

de mayo de 2022, el foro primario notificó una Sentencia

en rebeldía.5 Mediante el referido dictamen, condenó a 

la señora Jiménez a satisfacer a la Cooperativa la suma 

de $8,694.13 más los intereses acumulados hasta su total 

2 Véase, Moción Solicitando Permiso para Emplazar por Edicto, 

entrada núm. 8 en el Sistema Unificado de Manejo y Administración 

de Casos (SUMAC).

3 Véase, Emplazamiento por Edicto, entrada núm. 7 en SUMAC.

4 Moción Solicitando Anotación de Rebeldía y Solicitud de Sentencia 

Sumaria al amparo de la Regla 36.1 y 45.2, anejo II, págs. 15-16 

del apéndice del recurso.

5 Sentencia, anejo III, pág. 17 del apéndice del recurso.
KLCE202301435 3

saldo, más costas y la suma de $1,845.95 por concepto de 

costas y honorarios de abogado.

El 17 de junio de 2022, fue expedida la Notificación 

de Sentencia por Edicto, la cual fue notificada a la 

alegada última dirección conocida de la señora Jiménez, 

la cual era: PO BOX 971, NAGUABO, PR 00718.6

El 22 de julio de 2022, la Cooperativa instó Moción 

en Cumplimiento de Orden, mediante la cual certificó que 

el 23 de junio de 2022 había sido publicado el edicto 

sobre la Sentencia.7 

Posteriormente, el 4 de agosto de 2022, la parte 

recurrida presentó Moción Solicitando Orden de Ejecución 

de Sentencia.8 En esencia, expresó que la peticionaria 

no había pagado el importe de Sentencia, por lo que, 

solicitaban la ejecución de la misma.

Así las cosas, al día siguiente el foro primario 

emitió una Orden.9 Mediante el referido dictamen, 

declaró HA LUGAR la moción, y ordenó el embargo de bienes 

muebles e inmuebles para satisfacer la Sentencia.

Luego de varias incidencias procesales, el 21 de 

agosto de 2023, la Cooperativa presentó una Moción 

Solicitando Anotación de Sentencia en el Registro de la 

Propiedad.10 En síntesis, solicitó que se ordenara al 

Registrador de la Propiedad que anotara la Orden y 

Mandamiento en cobro de dinero sobre una propiedad de la 

peticionaria. El 23 de agosto de 2023, el foro primario 

notificó una Orden, declarando HA LUGAR dicha moción.11 

6 Véase, Notificación de Sentencia por Edicto, entrada núm. 14 en 

SUMAC.

7 Moción en Cumplimiento de Orden, anejo IV, págs. 18-1 del apéndice 

del recurso.

8 Moción Solicitando Orden de Ejecución de Sentencia, anejo V, págs. 

22-25 del apéndice del recurso.

9 Orden, anejo VI, pág. 26 del apéndice del recurso. 

10 Véase, Moción Solicitando Anotación de Sentencia en el Registro 

de la Propiedad, entrada núm. 23 en SUMAC.

11 Véase, Orden, entrada núm. 24 en SUMAC.
KLCE202301435 4

Así las cosas, el 30 de agosto de 2023, fue expedido el 

Mandamiento dirigido al Registrador de la Propiedad de 

Humacao.12

No obstante, el 26 de octubre de 2023, la 

peticionaria presentó Urgente Solicitud de Nulidad de 

Sentencia Bajo la Regla 49.2 de Procedimiento Civil.13 

En esta, arguyó que procedía la nulidad de la sentencia 

y de los procedimientos posteriores a ella de 

conformidad con la Regla 49.2 de Procedimiento Civil. 

Alegó que, la parte recurrida había instado otro pleito 

el mismo día que presentó la demanda de epígrafe, sin 

embargo, sobre la presente controversia nunca le fue 

informada. Sostuvo que, desde el 22 de abril de 2022, 

que la representación legal de la peticionaria en el 

otro pleito compareció, les indicó la dirección de la 

señora Jiménez. Por lo tanto, alegó que la Cooperativa 

cuando solicitó la anotación de rebeldía el 5 de mayo de 

2022, ya tenían conocimiento que la peticionaria residía 

hacía varios años en el estado de Florida. Por lo tanto, 

expresó que las actuaciones de la parte recurrida 

constituyeron fraude o falsa representación al tribunal. 

De otra parte, señaló que la Sentencia es nula por falta 

de parte indispensable, ya que la señora Jiménez estuvo 

casada al momento de la solicitud.

Por su parte, el 15 de noviembre de 2023, la 

Cooperativa presentó Oposición a Solicitud de Nulidad de 

Sentencia bajo la Regla 49.2 de Procedimiento Civil.14 

En esencia, arguyó que las mociones radicadas a la 

12 Véase, Mandamiento, entrada núm. 28 en SUMAC.

13 Urgente Solicitud de Nulidad de Sentencia Bajo la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, anejo VII, págs. 27-29 del apéndice del 

recurso.

14 Oposición a Solicitud de Nulidad de Sentencia bajo la Regla 49.2 

de Procedimiento Civil, anejo IX, págs. 31-58 del apéndice del 

recurso. 
KLCE202301435 5

peticionaria fueron notificadas a la dirección postal 

conocida, puesto que, ningún abogado había asumido la 

representación legal. Además, destacó que la abogada de 

la peticionaria en el otro pleito tenía conocimiento que 

adeudaba otra cuenta, refiriéndose a la línea de 

crédito. Finalmente, alegó que no procedía el relevo de 

la sentencia por nulidad, puesto que, cumplieron con el 

debido proceso de ley.

Evaluadas ambas posturas, el foro primario declaró 

No Ha Lugar la nulidad de la sentencia mediante una Orden

notificada el 17 de noviembre de 2023.15

Inconforme, el 18 de diciembre de 2023, la señora 

Jiménez presentó el recurso de epígrafe, adujo que el 

foro primario cometió el siguiente señalamiento de 

error:

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Humacao al declarar sin lugar la 

solicitud de nulidad de sentencia.

Por su parte, el 27 de diciembre de 2023, la 

Cooperativa presentó Moción Informativa y Solicitud de 

Desestimación. En esencia, alegó que procede la 

desestimación del recurso por incumplimiento con las 

Reglas 32 (d) y 33 (b) del Reglamento de este Tribunal 

de Apelaciones.

El 3 de enero de 2024, la peticionaria presentó 

Oposición a Solicitud de Desestimación. Mediante la 

cual, sostuvo que el recurso fue notificado conforme 

requiere la Regla 48 del Reglamento de este Tribunal.

Así las cosas, el 24 de enero de 2024, emitimos una 

Resolución, mediante la cual declaramos NO HA LUGAR a la 

solicitud de desestimación instada por la Cooperativa.

15 Orden, anejo X, pág. 69 del apéndice del recurso.
KLCE202301435 6

El 6 de febrero de 2024, la parte recurrida presentó 

su oposición al recurso de certiorari. Mediante este, 

rechazó que el foro primario actuara de manera 

arbitraria o discriminatoria.

Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, procedemos a resolver el asunto ante nuestra 

consideración. Veamos.

II.

-AEn lo sustantivo, el certiorari es un recurso 

extraordinario discrecional expedido por un tribunal 

superior a otro inferior, mediante el cual el primero 

está facultado para enmendar errores cometidos por el 

segundo, cuando “el procedimiento adoptado no esté de 

acuerdo con las prescripciones de la ley.” Véase, 

Artículo 670 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA 

sec. 3491; Rivera Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto 

Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR 65, resuelto el 8 de mayo 

de 2023; Torres González v. Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 

46, resuelto el 12 de abril de 2023; IG Builders et al. 

v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz 

de León, 176 DPR 913, 917-918 (2008). La expedición del 

auto descansa en la sana discreción del tribunal. Medina 

Nazario v. McNeill Healthcare, 194 DPR 723, 729 (2016). 

Para todo tipo de recurso de certiorari, la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B R. 40, establece los criterios que este foro 

debe tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de este recurso discrecional. Estos son: 

(A) Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho. 
KLCE202301435 7

(B) Si la situación de hechos planteada es 

la más indicada para el análisis del 

problema. 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o 

error craso y manifiesto en la apreciación 

de la prueba por el Tribunal de Primera 

Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige 

consideración más detenida a la luz de los 

autos originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia para su 

consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa no causan un 

fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final 

del litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa evita un fracaso de la 

justicia. 

En lo pertinente a este caso, el certiorari también 

es el recurso apropiado para solicitar la revisión de 

determinaciones post sentencia. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, supra, pág. 339. A esos efectos, el Tribunal 

Supremo expresó que: 

Las resoluciones atinentes a asuntos 

postsentencia no se encuentran comprendidas 

entre aquellas determinaciones de 

naturaleza interlocutoria categóricamente 

sujetas a escrutinio mediante el recurso de 

certiorari. De otra parte, por emitirse 

este tipo de decisión luego de dictada la 

sentencia, usualmente tampoco cualifica 

para el recurso de apelación provisto para 

dictámenes judiciales finales. Se corre el 

riesgo, por lo tanto, de que fallos erróneos 

nunca se vean sujetos a examen judicial 

simplemente porque ocurren en una etapa 

tardía en el proceso, tal como lo es la 

ejecución de sentencia. IG Builders et al. 

v. BBVAPR, supra.

-BLa Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 49.2, es el vehículo procesal mediante el cual una 

parte adversamente afectada por una sentencia puede 

solicitar el relevo de esta. Pérez Ríos y otros v. Luma 
KLCE202301435 8

Energy, LLC, 2023 TSPR 136, 213 DPR ___ (2023); SLG 

Rivera-Perez v. SLG Díaz-Doe et al, 207 DPR 636, 656-

657 (2021); López García v. López García, 200 DPR 50, 59 

(2018). El propósito de la precitada regla es proveer 

un justo balance entre dos intereses conflictivos. 

Ellos son, el asegurar que los pleitos se resuelvan en 

sus méritos, y, por otra parte, que las decisiones sean 

conforme a los principios de la justicia. López García 

v. López García, supra, pág. 60. 

La Regla 49.2 de Procedimiento Civil contempla una 

serie de escenarios en los cuales el tribunal podrá 

relevar a una parte de los efectos de una sentencia 

dictada en su contra. Estos son: 

(a) Error, inadvertencia, sorpresa o 

negligencia excusable; 

(b) descubrimiento de evidencia esencial 

que, a pesar de una debida diligencia, no 

pudo haber sido descubierta a tiempo para 

solicitar un nuevo juicio de acuerdo con la 

Regla 48; 

(c) fraude (incluso el que hasta ahora se 

ha denominado “intrínseco” y el también 

llamado "extrínseco"), falsa representación 

u otra conducta impropia de una parte 

adversa; 

(d) nulidad de la sentencia; 

(e) la sentencia ha sido satisfecha, 

renunciada o se ha cumplido con ella, o la 

sentencia anterior en que se fundaba ha sido 

revocada o de otro modo dejada sin efecto, 

o no sería equitativo que la sentencia 

continúe en vigor, o 

(f) cualquier otra razón que justifique la 

concesión de un remedio contra los efectos 

de una sentencia. Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, supra. 

No será suficiente que esté presente uno de los 

mencionados escenarios para que el tribunal deje sin 

efecto el dictamen notificado. El juzgador deberá 

evaluar el expediente del caso en su totalidad y 
KLCE202301435 9

determinar si bajo las circunstancias particulares del 

asunto amerita que se deje sin efecto la sentencia. 

Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 DPR 807, 817 

(1986). Asimismo, el tribunal debe considerar los 

siguientes criterios: (1) cualquier defensa válida que 

pueda levantar la parte que se opone al relevo de 

sentencia; (2) el tiempo que transcurrió entre la 

sentencia y la solicitud del relevo; (3) el perjuicio 

que sufriría la parte opositora si se concede la 

solicitud del peticionario; y (4) el perjuicio que 

sufriría la parte promovente de dejarle desprovista del 

remedio solicitado. Pardo v. Sucn. Stella, 145 DPR 816, 

825 (1998). 

Es menester destacar que el mecanismo de relevo de 

sentencia es una facultad discrecional del tribunal de 

instancia y debe ser interpretado liberalmente. En caso 

de duda, debe ser resuelta en favor de la parte que 

solicita el remedio. Náter v. Ramos, 162 DPR 616, 624-

625 (2004). No obstante, cuando una sentencia es nula 

ab initio, el juzgador no tendrá discreción para relevar 

a una parte de los efectos de una sentencia. Pérez Ríos 

y otros v. Luma Energy, LLC, supra; Náter v. Ramos, 

supra, pág. 625. 

Una sentencia es nula cuando se ha dictado sin 

jurisdicción o en violación del debido proceso de ley.

SLG Rivera-Pérez v. SLG Díaz-Doe, et al, supra, pág. 

657. Así, pues, la parte que meritoriamente ha 

levantado la defensa de nulidad debe prevalecer en su 

solicitud, independientemente de los méritos que pueda 

tener la defensa o reclamación del perjudicado. Ello, 

puesto que lo nulo no ha nacido a la vida jurídica. R. 

Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, 
KLCE202301435 10

Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, LexisNexis, 

2017, Sec. 4807, pág. 457. 

Por otra parte, cabe señalar que la regla dispone 

un término fatal de seis (6) meses para la presentación 

del relevo de sentencia. Bco. Santander P.R. v. Fajardo 

Farms Corp., 141 DPR 237, 243 (1996). Sin embargo, si 

la solicitud del remedio se basa en que el emplazamiento 

no se realizó conforme a derecho o que se cometió fraude 

al tribunal, el promovente podrá presentar la referida 

moción luego de transcurridos los seis (6) meses de 

haberse dictado la sentencia. Íd., págs. 243-244. R. 

Hernández Colón, ob. cit., secs. 4810, págs. 458-459; 

J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Civil, 2da ed., 

San Juan, Pubs. JTS, 2000, T. IV, págs. 1405 y 1413. 

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que el dictamen 

que se emite en una acción en la cual el emplazamiento 

fue defectuoso, es nulo de su faz, puesto que el tribunal 

no puede adquirir jurisdicción sobre una persona que no 

se emplazó correctamente. Bco. Santander P.R. v. 

Fajardo Farms Corp., supra, pág. 244. Asimismo, ante 

una sentencia nula, no trascurren los términos, porque 

la nulidad es insubsanable. J.A. Montañez v. Policía de 

Puerto Rico, 150 DPR 917, 922 (2000); Echevarría Vargas, 

Procedimiento Civil Puertorriqueño, 1ra ed. rev., 2012, 

pág. 297. Además, el Tribunal Supremo expresó 

recientemente que una parte que evita emplazar a una 

persona conforme a derecho comete fraude al tribunal. 

Colón Vega v. Díaz Lebrón, 2023 TSPR 27, 211 DPR ___ 

(2023). 

A los fines de resolver este caso, aclaramos que la

Regla 49. 2, supra, dispone que “[e]sta regla no limita 

el poder del tribunal para [c]onocer de un pleito 
KLCE202301435 11

independiente con el propósito de relevar a una parte de 

una sentencia, una orden o un procedimiento.” A modo de 

ejemplo, acentuamos que en Bco. Santander P.R. v. 

Fajardo Farms Corp., supra, se presentó una solicitud de 

relevo de sentencia luego de aproximadamente tres (3) 

años de haberse emitido el dictamen. El tribunal afirmó 

que, habiendo trascurrido más de seis (6) meses desde 

que se dictó la sentencia, lo propio era presentar un 

pleito independiente en el que se solicitara declarar 

nula la sentencia. 

III.

Como único señalamiento de error, la peticionaria

alega que incidió el foro primario al denegar la 

solicitud de nulidad de sentencia.

En el caso de autos, el 24 de febrero de 2022, la 

Cooperativa presentó dos (2) demandas en cobro de dinero 

contra la peticionaria, una por concepto de un préstamo 

personal y la segunda, por una línea de crédito. En la 

Demanda -NH2022CV00022-, objeto de la presente 

controversia, el 18 de marzo de 2022, la parte recurrida 

solicitó permiso para emplazar por edicto a la señora 

Jiménez, y el 25 de marzo de 2022, el foro primario 

expidió el emplazamiento por edicto, siendo notificado 

a la siguiente dirección: PO BOX 971, NAGUABO, PR 00718-

0971.

Posteriormente, el 5 de mayo de 2022, la 

Cooperativa presentó una moción solicitando le fuera 

anotada la rebeldía a la peticionaria, y como 

consecuencia, el 20 de mayo de 2022, el foro primario 

dictó Sentencia declarando ha lugar la demanda. Por 

consiguiente, el 17 de junio de 2022, fue expedida la 

Notificación de Sentencia por Edicto, y de igual forma, 
KLCE202301435 12

fue notificada a la última dirección conocida de la 

señora Jiménez: PO BOX 971, NAGUABO, PR 00718. 

Luego de varias incidencias procesales, el 26 de 

octubre de 2023, la peticionaria solicitó la nulidad de 

la sentencia y de los procedimientos posteriores a ella, 

debido a que, las actuaciones de la parte recurrida 

constituyeron fraude o falsa representación al tribunal.

En la moción, la señora Jiménez expresó que, desde el 22 

de abril de 2022, cuando compareció su representación 

legal en el otro pleito, la Cooperativa tenía 

conocimiento de la nueva dirección de la peticionaria. 

A su vez, que la sentencia era nula por falta de parte 

indispensable, ya que la señora Jiménez estuvo casada al 

momento de la solicitud de la línea de crédito objeto de 

este caso.

Por su parte, la Cooperativa arguyó que las 

mociones radicadas a la señora Jiménez fueron 

notificadas a la dirección postal conocida, puesto que, 

ningún abogado había asumido la representación legal en 

dicho pleito. A su vez, sostuvo que la abogada tenía 

conocimiento la deuda. Por lo tanto, plantearon que no 

procedía el relevo de la sentencia, puesto que, 

cumplieron con el debido proceso de ley.

Habiendo evaluado las posturas de ambas partes, el 

foro primario denegó la moción de nulidad de sentencia. 

Por consiguiente, la peticionaria nos solicita que 

expidamos el presente auto de certiorari, para revocar

el dictamen recurrido.

Conforme al derecho antes expuesto, la Regla 49.2 

de Procedimiento Civil, supra, para que proceda el 

relevo de sentencia, “es necesario que el peticionario 

aduzca, al menos, una de las razones enumeradas en esa 
KLCE202301435 13

regla para tal relevo.” García Colón et al. v. Sucn. 

González, supra, pág. 540. A saber: error, 

inadvertencia, sorpresa, negligencia excusable, 

descubrimiento de evidencia esencial, fraude, nulidad de 

la sentencia, que la sentencia ha sido satisfecha, 

renunciada o se ha cumplido con ella o cualquier otra 

razón que justifique la concesión de un remedio. Además, 

la solicitud de relevo de sentencia tiene que 

presentarse dentro de seis (6) meses desde que se 

registró la notificación del dictamen. Reconocemos que, 

si una sentencia es nula, no hay margen de discreción y 

es obligatorio dejarla sin efecto. Íd., pág. 543. 

Cónsono con lo anterior, se considera que una sentencia 

es nula cuando al dictarla se quebrantó el debido proceso 

de ley. Íd.

En el presente caso, la Cooperativa tenía 

conocimiento que la dirección a la que estaban 

realizando las notificaciones de la Señora Jiménez no 

era la última dirección conocida. Desde el 22 de abril 

de 2022, en el caso NG2022CV00021, la abogada de la 

señora Jiménez, asumió representación legal e informó la 

dirección de la peticionaria.16 Sin embargo, la parte 

recurrida optó por continuar realizando las 

notificaciones a otra dirección. Por consiguiente,

dicha acción por parte de la Cooperativa es una violación 

al debido proceso de ley que conlleva obligatoriamente 

el relevo de la sentencia.

16 Por este medio, tomamos conocimiento judicial respecto a que, en 

el caso NG2022CV00021, el 22 de abril de 2022, la representación 

legal de la señora Jiménez presentó una moción, mediante la cual 

indicó que “[l]a parte demandada es residente de 733 Ave Tercera –

Apt. 104, Clermont, Fl. 34714.” Véase, civil núm. NG2022CV00021, 

Moción Asumiendo Representación Legal y Solicitud de Prórroga, 

entrada núm. 9 en SUMAC.
KLCE202301435 14

A tenor con ello, resolvemos que procede el relevo 

de sentencia, toda vez que, en este caso, el foro 

primario quebrantó el debido proceso de ley de la señora 

Jiménez. Así pues, procede declarar nula la Sentencia

al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra.

IV.

Por los fundamentos que anteceden, expedimos el 

auto y REVOCAMOS el dictamen recurrido.

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones