Número identificador 

 SEN2023_________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL V

COMISIONADO DE 

SEGUROS DE PUERTO 

RICO,

Recurrida,

v.

MAPFRE PRAICO 

INSURANCE COMPANY,

Recurrente.

KLRA202300438

REVISIÓN 

procedente de la 

Oficina del 

Comisionado de 

Seguros de Puerto 

Rico.

Caso núm.:

I-2022-73.

Sobre:

violación al Art. 27.161 

(3)(4)(6) y (17) del 

Código de Seguros de 

Puerto Rico, 26 LPRA 

secs. 2716a (3)(4)(6) y 

(17).

Panel integrado por su presidente, el juez Hernández Sánchez, la jueza 

Romero García y la jueza Martínez Cordero.

Romero García, jueza ponente. 

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2023.

Comparece la parte recurrente, MAPFRE PRAICO Insurance 

Company (MAPFRE), y nos solicita que revisemos la Resolución emitida 

por la recurrida, Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico 

(OCS), el 18 de julio de 2023, notificada el 19 de julio de 2023. Mediante la 

misma, la agencia recurrida declaró sin lugar una solicitud de 

desestimación presentada por MAPFRE y ordenó al foro de adjudicación 

que señalara la celebración de una vista administrativa. 

Dado que la resolución recurrida no dispone de la totalidad de la 

controversia ante la agencia, nos encontramos ante un dictamen 

interlocutorio, no susceptible de revisión ante este Tribunal en esta 

etapa. En virtud de ello, desestimamos el presente recurso por falta de 

jurisdicción.

I

Con relación a una solicitud de investigación presentada por la 

señora Diana Carta Gerardino, la OCS notificó una orden contra MAPFRE
KLRA202300438 2

el 12 de octubre de 20221. Mediante la misma, le imputó haber incurrido en 

violaciones a los Artículos 27.161 (3), (4), (6) y (17) del Código de Seguros 

de Puerto Rico, Ley Núm. 77 del 19 de junio de 1957, según enmendada, 

26 LPRA sec. 101, et seq. En virtud de ello, ordenó a MAPFRE que 

resolviera el pago de la reclamación y presentara prueba ante la OCS en 

el término de veinte (20) días. Además, le impuso a la aseguradora una 

multa administrativa de $20,000.00.

Inconforme con la referida determinación, el 11 de noviembre de 

2022, MAPFRE presentó una moción mediante la cual solicitó la 

desestimación de la reclamación, el archivo de la orden y una vista 

administrativa a tenor con el Art. 2.190 del Código de Seguros, 26 LPRA 

sec. 2512. Arguyó que la orden emitida por la OCS era ultra vires y en 

consecuencia nula. Adujo que la OCS carecía de autoridad para adjudicar 

una reclamación y ordenar su pago. Además, alegó que la multa no le había 

sido notificada de manera adecuada y no se le había ofrecido la 

oportunidad de objetarla, en violación a la reglamentación vigente. En la 

alternativa, solicitó la celebración de una vista administrativa que le 

permitiera demostrar que la reclamación había sido denegada 

correctamente.

Por su parte, el 17 de febrero de 2023, la OCS presentó su oposición 

a la solicitud de desestimación3. En ella, arguyó que tenía la facultad por 

virtud de ley para adjudicar los derechos y obligaciones de las partes 

contratantes conforme a los términos de una póliza de seguros y, por tanto, 

podía requerir el pago de una reclamación. Enfatizó que, mediante la 

aprobación del Código de Seguros, se le confirió el deber de reglamentar y 

fiscalizar la industria de seguros. Sostuvo que, en virtud de su deber 

ministerial de hacer cumplir las disposiciones del Código de Seguros, tenía

1 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 351-357. La señora Diana Carta Gerardino 

presentó la referida solicitud el 6 de septiembre de 2022, con el fin de que se investigara 

si la aseguradora había actuado correctamente al denegar el pago de una reclamación 

por concepto de hospitalización y traslado aéreo de su padre señor Edoardo Carta Garau, 

conforme a la póliza de seguro de viaje número 1221228013729. 

2

Íd., a las págs. 20-40.

3

Íd., a las págs. 7-17. 
KLRA202300438 3

la facultad de, entre otras acciones, atender las querellas que imputaran la 

comisión de prácticas contrarias al Código y a su reglamento. Por tanto, 

para atender las querellas que surgieran al amparo del Código de Seguros,

resultaba necesario que recibiera prueba, pasara juicio y resolviera los 

asuntos específicos de la controversia ante su consideración. 

Así pues, razonó que, al determinar que una aseguradora había 

violado alguna disposición del Código de Seguros, poseía la facultad para 

así declararlo conforme al trámite administrativo, ordenar el cese y desista 

de la conducta constitutiva de violación a las leyes y reglamentos, e 

imponer sanciones económicas o medidas correctivas como el pago de una 

reclamación. Conforme a lo anterior, arguyó que también tenía la facultad 

de ordenar el pago de una reclamación a la luz de los hechos y del 

contenido de la póliza. De lo contrario, estaría impedido de velar por el 

interés público y se vería frustrado su deber ministerial de salvaguardar la 

confianza que los consumidores depositan en el negocio de seguros. 

Sometido el asunto, el 18 de julio de 2023, el Comisionado de 

Seguros, Alexander S. Adams Vega, emitió la resolución impugnada4. En 

ella, declaró sin lugar la solicitud de desestimación presentada por 

MAPFRE y ordenó al foro adjudicativo que señalara la correspondiente 

vista. Además, apercibió a la parte adversamente afectada que, de estar 

inconforme con su determinación, tenía derecho a los remedios 

administrativos provistos por la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017, según 

enmendada, 3 LPRA sec. 9601, et seq., tales como la solicitud de 

reconsideración o la solicitud de revisión judicial. 

Aún inconforme, el 18 de agosto de 2023, MAPFRE compareció ante 

nos y formuló los siguientes señalamientos de error: 

Erró la OCS al ordenar a un asegurador a reabrir una 

reclamación cerrada y sin autorización legal para realizar su 

propia investigación ex parte y resolver la reclamación 

ordenando una indemnización.

4 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 1-6. 
KLRA202300438 4

Erró la OCS al disponer de una controversia de cubierta entre 

partes privadas sobre la cual no tiene jurisdicción 

adjudicativa, la cual está reservada a los tribunales. 

(Énfasis omitido).

Por su parte, el 3 de octubre de 2023, la OCS compareció por 

conducto de la Oficina del Procurador General y solicitó la desestimación

del recurso. En síntesis, adujo que el dictamen impugnado constituía una 

resolución interlocutoria no susceptible de revisión por este Tribunal. En 

particular, señaló que, contrario a lo propuesto por la parte recurrente, en 

el caso del título no se configuraba la clara falta de jurisdicción que activara 

la excepción que permitiría a este foro apelativo entender en el mismo. 

Finalmente, enfatizó que el proceso adjudicativo ante la OCS continuaba 

activo5. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, resolvemos. 

II

A

La doctrina prevaleciente dispone que los tribunales tenemos la 

obligación de ser los guardianes de nuestra propia jurisdicción; también, 

que la ausencia de jurisdicción no puede ser subsanada, ni un tribunal 

asumirla, atribuírsela o arrogársela cuando no la tiene. Martínez v. Junta 

de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980); Maldonado v. Pichardo, 104 

DPR 778, 782 (1976). De determinarse que no hay jurisdicción sobre un 

recurso o sobre una controversia determinada, procede su desestimación. 

González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009).

De otra parte, la falta de jurisdicción sobre la materia: (1) no es 

susceptible de ser subsanada; (2) las partes no pueden voluntariamente 

otorgarle jurisdicción sobre la materia a un tribunal ni el tribunal lo puede 

hacer motu proprio; (3) los dictámenes son nulos (nulidad absoluta); (4) los 

tribunales deben auscultar su propia jurisdicción; (5) los tribunales 

apelativos deben examinar la jurisdicción del foro de donde procede el 

5 Para el desglose de los trámites administrativos en curso, nos remitimos a la pág. 6 de 

la oposición al recurso presentada por la OCS el 3 de octubre de 2023.
KLRA202300438 5

recurso; y, (6) el planteamiento sobre jurisdicción sobre la materia puede 

hacerse en cualquier etapa del procedimiento por cualquiera de las partes 

o por el tribunal motu proprio. Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 

(1991). 

Por su parte, la Regla 83(C) del Reglamento de este Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(C), nos permite desestimar un 

recurso de apelación o denegar un auto discrecional, incluso a iniciativa 

propia, por los motivos consignados en el inciso (B) de la Regla 83. En 

específico, la Regla 83(B)(1) provee para la desestimación de un recurso

por falta de jurisdicción.

B

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico (LPAUG), Ley Núm. 38-2017, según enmendada, 3 LPRA sec. 

9601, et seq., en lo pertinente al recurso de revisión judicial, establece que: 

[u]na parte adversamente afectada por una orden o 

resolución final de una agencia y que haya agotado todos los 

remedios provistos por la agencia o por el organismo 

administrativo apelativo correspondiente podrá presentar una 

solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones, dentro 

de un término de treinta (30) días contados a partir de la fecha 

del archivo en autos de la copia de la notificación de la orden 

o resolución final de la agencia [...]. 

Sec. 4.2 de la LPAUG, 3 LPRA sec. 9672. (Énfasis nuestro).

Por tanto, cónsono con la Ley de la Judicatura del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico de 2003, según enmendada, en su Art. 4.002 y 

4.006(c), 4 LPRA secs. 24(u) y 24(y)(c), una vez el ente administrativo 

emite su determinación final, la parte afectada podrá comparecer ante 

este foro intermedio, mediante un recurso de revisión judicial.

Cabe recalcar que la Sec. 4.2 de la LPAUG es clara, a los efectos 

de que las órdenes y resoluciones interlocutorias de una agencia no son 

revisables directamente; ello incluye “aquellas que se emitan en procesos 

que se desarrollen por etapas”. De querer impugnar una disposición 

interlocutoria, esta “podrá ser objeto de un señalamiento de error en el 

recurso de revisión de la orden o resolución final de la agencia”. 3 LPRA 

sec. 9672. 
KLRA202300438 6

Ahora bien, “para que una orden o resolución sea considerada final, 

se requiere que esta le ponga fin al caso ante la agencia y que tenga 

efectos sustanciales sobre las partes”6. Crespo Claudio v. O.E.G., 173 DPR

804, 812-813 (2008). Además, debe incluir determinaciones de hechos, 

conclusiones de derecho y una advertencia sobre el derecho de solicitar la 

reconsideración o revisión. Igualmente, dicha determinación debe estar 

firmada por el jefe de la agencia o por algún funcionario autorizado para 

emitir la decisión final de la agencia. Íd., a la pág. 813. 

Así pues, “el legislador se aseguró de que la intervención 

judicial se realizara después de que concluyeran los trámites 

administrativos y se adjudicaran todas las controversias pendientes 

ante la agencia, de manera que no haya una intromisión de los 

tribunales a destiempo”. Íd. (Énfasis nuestro). Acorde con lo anterior, es 

evidente que es prematuro presentar un recurso de revisión judicial para 

impugnar una determinación administrativa que no es final. “Ello, a su vez, 

es cónsono con la finalidad del requisito de madurez empleado por los 

tribunales [...]”. Íd.

De otra parte, la propia LPAUG dispone que dicha norma tiene 

ciertas excepciones, es decir, detalla aquellas circunstancias en que el 

trámite administrativo podría ser eludido; a saber:

El tribunal podrá relevar a un peticionario de tener que agotar 

alguno o todos los remedios administrativos provistos en el 

caso de que dicho remedio sea inadecuado, o cuando el 

requerir su agotamiento resultare en un daño irreparable al 

promovente y en el balance de intereses no se justifica agotar 

dichos remedios, o cuando se alegue la violación sustancial 

de derechos constitucionales, o cuando sea inútil agotar los 

remedios administrativos por la dilación excesiva en los 

procedimientos, o cuando sea un caso claro de falta de 

jurisdicción de la agencia, o cuando sea un asunto 

estrictamente de derecho y es innecesaria la pericia 

administrativa. 

Sec. 4.3 de la LPAUG, 3 LPRA sec. 9673. (Énfasis nuestro).

6 En ese sentido, un dictamen final es el que pone fin a todas las controversias 

presentadas ante el organismo administrativo, “sin dejar pendiente una para ser 

decidida en el futuro”. Comisionado Seguros v. Universal, 167 DPR 21, 29 (2006). (Énfasis 

nuestro). La finalidad de una determinación administrativa puede equipararse a una 

sentencia en los procedimientos judiciales, “porque resuelve finalmente la cuestión 

litigiosa y de la misma puede apelarse o solicitarse revisión”. Íd. 
KLRA202300438 7

Nótese que el estatuto dispone cinco supuestos conforme a los 

cuales un tribunal podrá relevar a una parte de tener que agotar alguno o 

todos los remedios administrativos provistos: (1) en el caso de que el 

remedio administrativo resulte inadecuado; (2) cuando requerir el 

agotamiento resulte en un daño irreparable al promovente y en el balance 

de intereses no se justifique agotar dichos remedios; (3) cuando se alegue 

la violación sustancial de derechos constitucionales; (4) cuando sea inútil 

agotar los remedios administrativos por la dilación excesiva en los 

procedimientos; o, (5) cuando se trate de un caso claro de falta de 

jurisdicción de la agencia o cuando sea un asunto de estricto derecho y 

la pericia administrativa resulte innecesaria. ORIL v. El Farmer, Inc., 204 

DPR 229, 240 (2020).

C 

La Oficina del Comisionado de Seguros es la entidad encargada de 

reglamentar todos los asuntos relacionados al negocio de los seguros en 

Puerto Rico. Ello, conforme a las facultades que le fueron delegadas por la 

Asamblea Legislativa a través de la Ley Núm. 77 de 19 de julio de 1957, 

según enmendada, 26 LPRA sec.101, et seq., mejor conocida como el 

Código de Seguros de Puerto Rico. Véase, ECP Incorporated v. OCS, 205 

DPR 268, 275 (2020). 

Ahora bien, es preciso resaltar que en el campo del derecho 

administrativo “[la] ley habilitadora es el mecanismo legal mediante el cual 

se autoriza y se delega a la agencia administrativa los poderes necesarios 

para que actúe conforme al propósito perseguido por el legislador al 

crearla”. ECP Incorporated v. OCS, 205 DPR, a la pág. 277, citando a ASG 

v. Mun. San Juan, 168 DPR 337, 343 (2006). En otras palabras, la 

autoridad que se le confiere a una agencia administrativa está sujeta a los 

poderes y las facultades que la Asamblea Legislativa le haya delegado a 

través de su ley habilitadora. OCS v. CODEPOLA, 202 DPR 842, 879 

(2019); Ayala Hernández v. Consejo Titulares, 190 DPR 547, 559 

(2014); DACo v. AFSCME, 185 DPR 1, 12 (2012).
KLRA202300438 8

De conformidad con este este principio, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha reiterado que una agencia “solo puede llevar a cabo las 

funciones que se le han encomendado legislativamente, aquellas que 

surgen de su actividad o encomienda principal y ejercer los poderes que 

sean indispensables para llevar a cabo sus deberes y 

responsabilidades”. OCS v. CODEPOLA, 202 DPR, a la pág. 852, citando 

a Ayala Hernández v. Consejo Titulares, 190 DPR, a la pág. 559. Por lo 

tanto, las entidades administrativas no pueden actuar más allá de los 

poderes que le fueron concedidos por medio de su ley habilitadora, pues 

toda actuación administrativa que se exceda de tales poderes es 

considerada ultra vires y, consecuentemente, nula. ECP Incorporated v. 

OCS, 205 DPR, a la pág. 277.

En lo pertinente al caso del título, el Código de Seguros dispone en 

su Art. 2.010 para la creación del cargo del Comisionado de Seguros. 26 

LPRA sec. 233. Además, en su Art. 2.030 regula lo relacionado a las 

funciones delegadas al Comisionado. A saber:

(1) El Comisionado tendrá la autoridad que expresamente 

se le confiera por las disposiciones de este Código o que 

resulten razonablemente implícitas de dichas 

disposiciones. 

. . . . . . . .

(10) El Comisionado dictará y notificará las órdenes que 

estime necesarias y adecuadas para hacer cumplir las 

disposiciones de este Código y de cualquier otra ley o 

reglamento administrado por éste. La orden expresará sus 

fundamentos y las disposiciones legales de acuerdo con las 

cuales se dicta la orden o se intenta tomar acción. La orden 

indicará, además, la fecha en la cual la misma surtirá efecto.

. . . . . . . .

(12) El Comisionado podrá llevar a cabo las 

investigaciones y exámenes que considere necesarias 

para asegurar el cumplimiento de las disposiciones del 

Código, su Reglamento y las órdenes que ha emitido, y 

para obtener toda la información útil a la administración 

de éstas. Para ello utilizará aquellos mecanismos que estime 

necesarios. La investigación o examen podrá extenderse a 

cualquier persona o entidad que tenga o haya tenido 

negocios de seguros y a aquellas entidades comerciales o 

empresas que tengan relación comercial con éstas. El 

alcance de la investigación o examen podrá extenderse fuera 

de la jurisdicción de Puerto Rico. 

. . . . . . . .
KLRA202300438 9

(14) El Comisionado tendrá el poder de adjudicar 

controversias sobre violaciones al Código o su 

Reglamento, cumpliendo para ello con el procedimiento 

dispuesto en la “Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme”

. . . . . . . .

(17) El Comisionado tendrá la facultad de imponer sanciones 

y penalidades administrativas por violaciones a este Código 

y a los reglamentos aprobados en virtud de éste y dictar 

cualquier remedio pertinente autorizado en el Código.

26 LPRA sec. 235. (Énfasis nuestro).

III 

La controversia medular ante nuestra consideración trata de la 

jurisdicción que podamos ostentar, en esta etapa, para entender en los 

méritos de la determinación interlocutoria de la agencia, cuya jurisdicción 

es cuestionada por la recurrente.

La contención de MAPFRE es que la OCS carecía de jurisdicción 

para dictar la orden impugnada, mediante la cual declaró sin lugar una 

moción de desestimación, ordenó la celebración de una vista 

administrativa, impuso a MAPFRE el pago de una reclamación y una multa 

por incumplimiento con varios artículos del Código de Seguros. En sus dos

señalamientos de error, MAPFRE apunta que la OCS carecía de autoridad 

para disponer de una controversia sobre la cubierta de una póliza suscrita 

entre partes privadas, pues ello constituía un asunto de la exclusiva 

competencia de los tribunales de justicia. 

Arguye que, si bien el Código de Seguros de Puerto Rico le concede 

a la OCS la autoridad para imponer multas a las aseguradoras por incurrir 

en prácticas desleales, según definidas en su Capítulo 7, 26 LPRA. secs.

701-706, no le confiere autoridad para adjudicar en sus méritos las 

reclamaciones relacionadas a la denegatoria de cubierta. Sostiene que al 

amparo del Art. 27.164 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 2716d, es el 

poder judicial quien viene llamado a atender las controversias en que se 

alegue haber sufrido daños como consecuencia de las actuaciones 

indebidas de una aseguradora. 
KLRA202300438 10

Además, aduce que la falta de jurisdicción para atender la 

controversia era de tal magnitud que el propio Código de Seguros guardaba 

silencio al respecto, lo que había provocado la presentación del Proyecto 

de la Cámara 15337, mediante el cual se pretendía otorgar la referida 

autoridad al Comisionado. No le asiste la razón. 

De conformidad con lo dispuesto en el Código de Seguros, la OCS 

es la entidad encargada de reglamentar todos los asuntos relacionados al 

negocio de los seguros en Puerto Rico. Para lograr esta encomienda, se 

creó el cargo del Comisionado de Seguros y, entre las facultades que le 

fueron conferidas, se le delegaron las siguientes: hacer cumplir las 

disposiciones del Código y llevar a cabo investigaciones y exámenes que 

considere necesarios para asegurar el cumplimiento de las disposiciones 

del Código. Además, este cuenta con la facultad de imponer sanciones o 

penalidades administrativas por violaciones al Código de Seguros. Aún 

más, tiene el poder de adjudicar controversias sobre violaciones al Código 

o a su reglamento. Por tanto, en virtud de las referidas disposiciones del 

Código de Seguros no podemos sino concluir que el Comisionado está 

facultado para ordenar el pago de una reclamación8 y, en lo aquí pertinente, 

iniciar el trámite adjudicativo. 

En el caso del título, el Comisionado emitió una Orden el 18 de julio 

de 2023, en la que denegó una moción de desestimación presentada por 

la aseguradora y ordenó el señalamiento de una vista administrativa. 

Por tanto, el Comisionado aún no ha dispuesto en los méritos y de manera 

final la controversia sobre las imputaciones contra MAPFRE por sus

presuntas violaciones al Código de Seguros. En vista de ello, el efecto que 

7

 El referido proyecto fue radicado el 17 de octubre de 2022, con el propósito de facultar 

al Comisionado de Seguros para determinar la valoración de daños en reclamaciones de 

seguros de propiedad y para aclarar que la diferencia en las cuantías de las partidas no 

se considerarán controversia para los fines del Art. 27.166(a) del Código de Seguros de 

Puerto Rico, 26 LPRA sec. 2716f, en cuanto al pago parcial o adelanto por reclamaciones 

ante un evento catastrófico. 

8 Tanto en la Resolución impugnada como en su escrito de oposición la OCS planteó que 

esta controversia había sido atendida previamente por otro panel de este Tribunal. Adujo 

que el panel hermano concluyó que la OCS sí contaba con la facultad para ordenar el 

pago de una reclamación, una vez evaluados los hechos y el contenido de una póliza. 

Véase, Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico v. United Surety & Indemnity 

Company, KLRA201001055. 
KLRA202300438 11

tuvo la Orden impugnada fue encausar el procedimiento administrativo de 

adjudicación y no culminar las controversias entre las partes. Es decir, no 

nos encontramos ante una clara de falta de jurisdicción de la agencia, 

que justifique nuestra intervención en esta etapa interlocutoria. 

Cual apuntado, resulta prematuro presentar un recurso de revisión 

judicial para impugnar una determinación administrativa que no es final. En 

el caso ante nos, por tratarse de la denegatoria de una solicitud de 

desestimación, queda pendiente de resolución la controversia 

principal: si MAPFRE violó los artículos del Código de Seguros, según 

imputado, y si procede tanto el pago de la multa como de la reclamación. 

Lo anterior necesariamente implica que nos encontramos ante una 

resolución interlocutoria no susceptible de revisión por este Tribunal de 

conformidad con la Sec. 4.2 de la LPAUG, 3 LPRA sec. 9671. De interesar

impugnar la disposición final de las controversias ante la OCS, las mismas

podrán ser objeto de señalamientos de error en el recurso de revisión de la 

orden o resolución final de la agencia; la supuesta actuación ultra vires de 

la agencia, inclusive. 

IV

Por virtud de los fundamentos expuestos, desestimamos el 

presente recurso por falta de jurisdicción. La Orden impugnada es de 

naturaleza interlocutoria y, en consecuencia, no susceptible de revisión por 

este Tribunal en esta etapa de los procedimientos. 

Notifíquese.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones