Número Identificador

RES2024________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL I

NEREIDA GUZMÁN 

QUINTERO

RECURRIDA

v.

AUTORIDAD DE LOS 

PUERTOS, ET AL 

PERFECT CLEANING 

SERVICES, INC., Y TRIPLE S

PROPIEDAD, INC.

PETICIONARIOS

KLCE202400463

Certiorari

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Carolina

Caso Núm. 

F DP2011-0388

Sobre: 

Daños y Perjuicios

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Pagán Ocasio, el Juez Marrero Guerrero, y la Jueza Boria 

Vizcarrondo.

Pagán Ocasio, juez ponente

RESOLUC IÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de mayo de 2024.

I.

El 25 de abril de 2024, Perfect Cleaning Services, Inc., y Triple 

S, Propiedad, Inc. (parte peticionaria) presentaron una Petición de 

Certiorari en la que solicitaron que revoquemos una Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Carolina (TPI o foro primario) el 11 de enero de 2024, notificada y 

archivada en autos el 12 de enero de 2024.1 Mediante el dictamen, 

el TPI condenó a la parte peticionaria a pagar en veinte (20) días a 

la Autoridad de los Puertos y AIG Insurance Company Puerto Rico

(parte recurrida) la suma de $62,890.03 por concepto de honorarios 

de abogados y gastos incurridos por estas en el procedimiento de 

ejecución de una Sentencia Parcial dictada por el foro primario el 3 

de noviembre de 2014, más intereses legales desde el 10 de 

noviembre de 2014. Tanto la Resolución recurrida como la Sentencia 

1 Apéndice de la Petición de Certiorari, Anejo LVII, págs. 526-539.
KLCE202400463 2

Parcial fueron emitidas en el contexto de una reclamación de daños 

y perjuicios promovida por la señora Nereida Guzmán Quintero 

(señora Guzmán Quintero) en contra de la parte peticionaria y la 

parte recurrida.

Junto a su petición, la parte peticionaria radicó una Moción 

solicitando se eleve prueba documental y minuta de vista en petición 

de certiorari en la que solicitaron que le ordenáramos al TPI elevar 

cierta prueba documental y una minuta de una vista evidenciaria

celebrada el 25 de abril de 2023, con las cuales no contaba dicha 

parte.

El 26 de abril de 2024, emitimos una Resolución en la que le 

concedimos un término a la parte recurrida para exponer su 

posición sobre los méritos del recurso y declaramos Ha Lugar la 

solicitud de la parte peticionaria para elevar los documentos en 

poder del foro primario, según solicitado. En consecuencia, le 

concedimos un término al TPI para que los elevara, incluyendo el 

Registro de Evidencia y la minuta pertinente a la vista evidenciaria.

El 30 de abril de 2024, la parte peticionaria presentó una 

Moción acreditando cumplimiento con requisito de notificación en la 

que informó que cumplió con lo requerido por el Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, sobre la notificación 

del recurso.

El 2 de mayo de 2024, la parte recurrida radicó una Moción 

solicitando al tribunal que se eleven los autos completos en la que 

solicitó que ordenáramos al TPI elevar la totalidad de los autos del 

caso.

El 6 de mayo de 2024, emitimos una Resolución en la que 

declaramos No Ha Lugar la petición de la parte recurrida para que 

se elevaran los autos completos del foro primario, al ser innecesario.

Ese mismo día, la parte recurrida presentó una Moción 

solicitando extensión de término para oponernos al certiorari en la que
KLCE202400463 3

nos solicitó que le concediéramos un término adicional al provisto 

en nuestra Resolución del 26 de abril de 2024 para exponer su 

posición sobre los méritos del recurso.

Asimismo, radicó una Moción solicitando desestimación del 

certiorari en la que solicitó la desestimación del recurso de epígrafe 

porque, según planteó, la parte peticionaria no lo presentó dentro 

del término jurisdiccional para hacerlo y tampoco solicitó la 

elevación de los autos, ni la transcripción de los procedimientos 

objeto de revisión.

El 7 de mayo de 2024, emitimos una Resolución en la que 

declaramos No Ha Lugar la solicitud de desestimación promovida 

por la parte recurrida y le concedimos un nuevo término para 

exponer su posición sobre los méritos del recurso.

Ese mismo día la parte recurrida presentó una Oposición a 

certiorari en la que solicitó que confirmemos la determinación 

recurrida y le ordenemos a la parte peticionaria pagar el reembolso 

total de lo adeudado, así como sanciones a nivel apelativo.

El 9 de mayo de 2024, la parte recurrida radicó una Moción 

uniendo tabla para la consideración del Tribunal que consta de una 

contra-referencia de documentos previamente sometidos por las 

peticionarias, bajo el KLCE201900950 y que constan en los autos del 

TPI en la que sometió un documento identificando la prueba que 

sostiene la determinación recurrida.

Ese mismo día también, la Secretaria Regional Auxiliar de la 

Región Judicial de Carolina, la señora María L. Vega Ortiz, emitió 

una Certificación en cumplimiento de nuestra Resolución del 26 de 

abril de 2024 en la que detalló la evidencia documental presentada 

en la vista, la cual además acompañó en un legajo elevado a esta 

Curia, la cual hemos tenido oportunidad de examinar.

El 10 de mayo de 2024, la parte peticionaria presentó una 

Moción en torno a “Tabla correspondiente...” presentada por la parte 
KLCE202400463 4

recurrida en la que solicitó que declaráramos No Ha Lugar la moción 

de la parte recurrida en la que se presentó la tabla de los 

documentos sometidos previamente por la parte peticionaria y, por 

consiguiente, ordenáramos el desglose de esta.

Contando con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

damos por perfeccionado el recurso y, en adelante, pormenorizamos 

los hechos procesales atinentes a la Petición de Certiorari.

II.

El caso de marras tuvo su génesis el 8 de noviembre de 2011 

cuando la señora Guzmán Quintero radicó una Demanda sobre 

daños y perjuicios en contra de la Autoridad de los Puertos en 

reclamación por una caída sufrida por ella en el aeropuerto Luis 

Muñoz Marín.

2 Posteriormente, se incluyó en el pleito a Perfect 

Cleaning Services, Inc., como tercero demandado, y se unió Triple 

S, como aseguradora de esta.

Luego de múltiples trámites procesales, el 4 de noviembre de 

2014, el TPI emitió una Sentencia Parcial en la que resolvió que la 

parte peticionaria estaba obligada a relevar a la Autoridad de 

Puertos de continuar en el litigio y tiene la obligación de proveerle 

defensa legal a dicha parte.

3 Además, concluyó que actuó 

temerariamente y ordenó el reembolso de todas las costas, gastos y 

honorarios de abogado incurridos por la Autoridad de Puertos y AIG 

desde el 15 de octubre de 2012. Es decir, determinó que la parte 

peticionaria tenía la obligación de indemnizar y pagar los honorarios 

de abogado y gastos de defensa incurridos por la parte recurrida, 

ante su negativa de proveerle defensa legal, a tenor con la 

documentación suscrita por las partes.

Dicha Sentencia Parcial advino final y firme, por lo que la 

Autoridad de Puertos solicitó que se embargaran los bienes de la 

2 Íd., Anejo I, págs. 1-3.

3 Íd., Anejo V, págs. 13-22.
KLCE202400463 5

parte peticionaria para la satisfacción de las cuantías adeudadas, 

adjudicadas por el TPI. Producto de esa controversia, el 10 de junio 

de 2019, el TPI emitió una Resolución en reconsideración en la que 

condenó a la parte peticionaria a pagar $9,438.86 a la Autoridad de 

los Puertos y $52,731.57 a AIG por concepto de reembolso de gastos 

y honorarios de abogado.

4

Para impugnar esa decisión, el 15 de julio de 2019, Perfect 

Cleaning Services Inc. y Triple S, Inc. radicaron una petición de 

Certiorari, la cual recibió el alfanumérico KLCE201900950. Tras 

varios incidente procesales, el 4 de octubre de 2019, un panel 

hermano dictó una Sentencia en la que expidió el auto solicitado y 

revocó la determinación del TPI, devolviendo el caso al foro primario 

para que evaluara la cuantía que la parte peticionaria debía 

reembolsar a la Autoridad de Puertos y AIG por el período del 15 de 

octubre de 2012 hasta el 4 de noviembre de 2014, cuando fue 

dictada la Sentencia Parcial a través de prueba documental detallada 

y pertinente.

5 A su juicio, no estaba clara la cantidad

correspondiente a ese período que la parte peticionaria debía pagar 

y, aún más, se incluyó incorrectamente en ella gastos en ejecución 

de sentencia, los cuales no serían recobrables hasta que el dictamen 

original no fuese satisfecho en su totalidad. Por ello, consignó que, 

una vez se cumpliera con la Sentencia Parcial, entonces procedería

que el foro primario dirimiera la cantidad a pagar por costas y 

honorarios de abogado en ejecución de sentencia.

Devuelto el pleito al foro de origen, las partes comenzaron a 

litigar sobre la cuantía que la parte peticionaria debía satisfacer a la 

Autoridad de Puertos y AIG.

6 Entre varios incidentes procesales 

adicionales, el 13 de abril de 2021, el TPI emitió una Orden en la 

4 Íd., Anejo VII, págs. 27-30.

5 Íd., Anejo X, págs. 67-79.

6 Véanse Íd., Anejos XV-LVI.
KLCE202400463 6

que dio por cumplido el mandato de la Sentencia del Tribunal de 

Apelaciones en el KLCE201900950 en cuanto a los honorarios de 

abogado en la etapa anterior a la sentencia.7

Después de un tortuoso trámite procesal, que incluyó la 

celebración de una vista evidenciaria para determinar la suma 

procedente a reembolsar por los trámites postsentencia, el 11 de 

enero de 2024, el TPI emitió la Resolución recurrida en la que le 

ordenó a la parte peticionaria pagar $62,890.03, los cuales desglosó,

más intereses legales a la Autoridad de Puertos y AIG.8 Según 

consignó el foro primario, una vez la parte peticionaria completó el 

reembolso de los honorarios de abogado por conducta temeraria 

antes de dictada la Sentencia Parcial, se cumplió con la directriz 

principal de la Sentencia emitida por el panel hermano en el 

KLCE201900950. Por ello, resolvió que le correspondía determinar 

la cuantía de honorarios de abogado que debía sufragar dicha parte

por su conducta temeraria posterior a la Sentencia Parcial.

Para llegar a esa determinación, el foro primario realizó una 

vista evidenciaria el 25 de abril de 2023, en la que se desfilaron 

múltiples documentos para acreditar la cantidad a reembolsarse.

Algunos fueron marcados como exhíbits y otros permanecieron como 

identificación de las partes. Acto seguido, el TPI encontró razonables 

las facturas sometidas y procedentes por la parte recurrida,

autenticadas por acuerdo entre las partes y admitidas en evidencia, 

en las que la cuantía ascendía a $62,890.03. Formuló 

determinaciones de hechos y condenó a la parte peticionaria a la

satisfacción de esa cantidad, más intereses legales desde el 10 de 

noviembre de 2014. Además, incluyó entre sus conclusiones lo

siguiente:

Desde el 15 de octubre de 2012 hasta el 30 de diciembre del 

2020, la Autoridad de los Puertos estuvo realizando gestiones 

7 Íd., Anejo XXXIX, págs. 382-384.

8 Íd., Anejo LVII, págs. 526-539.
KLCE202400463 7

y trabajo legal como parte de los procedimientos de ejecución 

[de] sentencia para cobrar su sentencia. La Autoridad tuvo 

casi nueve (9) años tratando de cobrar su sentencia parcial, 

por la negativa irrazonable de Perfect Cleaning y Triple S de 

pagar. A base de la totalidad de las circunstancias que 

permearon el proceso de ejecución de la sentencia dictada 

por este Tribunal, determinamos que Perfect Cleaning y 

Triple S, fueron temerarios en el trámite de pagar el 

reembolso de todas las costas, gastos y honorarios de 

abogado en que la Autoridad de Puertos incurrió en el asunto 

de defensa y cubierta que surgen de la referida sentencia 

parcial.9

Inconforme, la parte peticionaria radicó el recurso de epígrafe 

y le imputó al TPI la comisión de los siguientes cuatro errores: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL CONCEDER REEMBOLSO POR GASTOS, 

COSTAS, HONORARIOS DE ABOGADO E INTERESES POR 

TEMERIDAD LOS CUALES NO CONSTITUYEN GASTOS EN 

EJECUCIÓN DE SENTENCIA

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DETERMINAR LAS CANTIDADES POR 

CONCEPTO DE HONORARIOS DE ABOGADO CONCEDIDAS 

A PUERTOS Y AIG BAJO LOS HECHOS DE ESTE CASO

TERCER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL EMITIR SU DETERMINACIÓN EN FUNCIÓN 

DE PRUEBA SOBRE LA CUAL NO SE PRESTÓ TESTIMONIO

CUARTO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL CONCEDER INTERESES POR TEMERIDAD 

POR GASTOS, COSTAS, HONORARIOS DE ABOGADO BAJO 

LA REGLA 51.10 DE GASTOS EN EJECUCIÓN DE 

SENTENCIA

En síntesis, su posición es que la determinación del TPI sobrepasó 

los límites de la Reglas 44.1(d) y 51.10 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 44.1(d) y R. 51.10. Según argumenta, las Reglas de 

Procedimiento Civil, supra, no autorizan la concesión de una nueva 

partida de honorarios de abogado por temeridad, sino que 

únicamente permiten la imposición de costas por los gastos 

adicionales incurridos para hacer efectiva la sentencia. Además, 

arguye que la parte recurrida no demostró que los gastos 

reclamados eran razonables y necesarios para ese fin.

El 7 de mayo de 2024, la parte recurrida presentó su Oposición 

a certiorari en la que solicitó que confirmemos la determinación 

recurrida y, además, condenemos a la parte peticionaria al pago de 

9 Íd., pág. 539.
KLCE202400463 8

sanciones a nivel apelativo. Según esbozó, los gastos postsentencia 

incurridos por la parte recurrida para asegurar la ejecución del 

dictamen fueron probados y no cuestionados por la parte 

peticionaria. Asimismo, reiteró que la conducta de la parte 

peticionaria en el litigio posterior a la sentencia fue temeraria, lo 

cual obliga al pago de honorarios de abogado bajo las normas de 

procesales vigentes.

El 9 de mayo de 2024, al elevar ante esta Curia la evidencia 

solicitada, la Secretaria Auxiliar del Centro y Región Judicial de 

Carolina emitió una Certificación en la que detalló la siguiente 

evidencia documental presentada en sala:

PRUEBA PARTE DEMANDANTE

Exhibit 1 Invoice Plaintiff Nérida Guzmán Quintero 

#2500511-1 (11 Folios)

Exhibit 2 Invoice Plaintiff Nérida Guzmán Quintero 

#25000511-3 (3 Folios)

Exhibit 3 HGInvoice Plaintiff Nérida Guzmán Quintero 

#25000511-4 (4 Folios)

Exhibit 4 Invoice #5 Plaintiff Nérida Guzmán Quintero 

#25000511-5 (2 Folios)

Exhibit 5a-5b Declaración Jurada de Juan F. Seguí Cordero 

del 28 de febrero de 2019 (1 Folios)

Certificación con fecha del 27 de febrero de 2019 (1 Folios)

Exhibit 6a-6b Declaración Jurada de Olga I. Oyola con fecha 

del 20 de abril de 2023 (1 Folio)

Autorización Certificada de Alexis Rafael Sánchez Pérez (1 

Folio)

IDENTIFICACIÓN DE LA PARTE DEMANDANTE

Ident. 3 Correos cursados entre la Lcda. Agrait Lladó y la 

Lcda. López Camuy (71 folios)

Ident. 4 AIG Insurance Company – Puerto Rico No. 334368 

(1 Folio)

IDENTIFICACIÓN PARTE DEMANDADA PROVISTO POR 

LA LCDA LÓPEZ CAMUY

Ident. A Correo electrónico enviado por la Lcda. Agrait Lladó 

(1 Folio)

Ident. B Carta con fecha del 23 de mayo de 2014 (2 Folio)

Ident. C Correo electrónico con fecha del 25 de septiembre 

de 2015 (1 Folio)

Ident. N Correo electrónico con fecha del 15 de diciembre de 

2014 (1 Folio)

Ident. P Correo electrónico con fecha del 25 de septiembre 

de 2015 (1 Folio)

Evaluado el trasfondo procesal del caso y contando con la 

evidencia documental desfilada ante el foro primario,

pormenorizamos el derecho relevante a la atención de la Petición de

Certiorari.
KLCE202400463 9

III.

A.

El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016). Véase, además, IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012). A diferencia 

de una apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad 

de expedir el auto de certiorari de forma discrecional. Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, R. 52.1,10

establece las instancias en las que el foro revisor posee autoridad 

para expedir un auto de certiorari sobre materia civil. Scotiabank 

v. ZAF Corp., et al., 202 DPR 478 (2019). La citada regla delimita 

el alcance jurisdiccional del Tribunal de Apelaciones para atender 

un recurso de certiorari que trate sobre la revisión de dictámenes 

interlocutorios del Tribunal de Primera Instancia. Mun. Caguas v. 

JRO Construction, Inc., 201 DPR 703 (2019).

Si el asunto sobre el cual versa el recurso de certiorari está 

comprendido en una de las instancias establecidas en la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, supra, debemos pasar entonces a un 

10 Esta Regla dispone que:

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, solamente 

será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 

dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar 

órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios (sic), anotaciones de rebeldía, en 

casos de relaciones de familia, en casos que revistan interés público o 

en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación constituiría 

un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar la expedición de un 

recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene 

que fundamentar su decisión. 

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por el 

Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el recurso de 

apelación que se interponga contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en 

la Regla 50 sobre los errores no perjudiciales. 
KLCE202400463 10

segundo escrutinio. El mismo se caracteriza por la discreción que 

ha sido conferida al Tribunal de Apelaciones para autorizar, expedir 

y adjudicar en sus méritos el caso.

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional, la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra, establece los criterios que 

debemos tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de un auto de certiorari.

11 Asimismo, de ordinario, 

cuando se suscitan asuntos relacionados a remedios postsentencia,

corresponde evaluarlos a la luz de las disposiciones de esta regla.

B.

La Regla 44 de Procedimiento Civil, supra, R. 44, establece las 

normativas que rigen la concesión de costas y honorarios de 

abogado, así como el interés legal aplicable a estas. En concreto, la 

Regla 44.1(a), supra, R. 44.1(a) define las costas, disponiendo que 

estas comprenderán “los gastos en que se incurra necesariamente 

en la tramitación de un pleito o procedimiento que la ley ordena o 

que el tribunal, en su discreción, estima que una parte litigante debe 

reembolsar a otra”.

Entretanto, la Regla 44.1(d), supra, R. 44.1(d), rige los 

honorarios de abogado, prescribiendo lo siguiente:

11 Esta Regla dispone lo siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al 

determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden de 

mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el 

análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto 

en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la 

luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de 

alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la 

más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no 

causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 

indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita 

un fracaso de la justicia. 
KLCE202400463 11

(d) Honorarios de abogado. En caso que cualquier parte o su 

abogado o abogada haya procedido con temeridad o 

frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia al o 

a la responsable el pago de una suma por concepto de 

honorarios de abogado que el tribunal entienda 

correspondan a tal conducta. En caso que el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, sus municipios, agencias o 

dependencias haya procedido con temeridad o frivolidad, el 

tribunal deberá imponerle en su sentencia una suma por 

concepto de honorarios de abogado, excepto en los casos en 

que esté expresamente exento por ley del pago de honorarios 

de abogado. (Énfasis y subrayado nuestro).

De esta norma, se colige que: (1) si un tribunal determina que una 

parte actuó con temeridad o frivolidad, entonces está obligado a 

imponerle el pago de honorarios de abogado; y (2) la cuantía

impuesta deberá responder a la conducta incurrida. 

Para nuestro más alto foro, la imposición de honorarios de 

abogado y su cuantía es un asunto discrecional del tribunal que 

únicamente puede ser variado ante un abuso de discreción. SLG 

González Figueroa v. SLG et al., 209 DPR 138, 150 (2022); SLG 

Flores Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 866 (2008); Blas v. 

Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267, 334 (1998). También, haciendo 

eco de la referida regla, ha reiterado que, si se determina la 

existencia de temeridad, entonces la imposición del pago de 

honorarios de abogado es mandatoria. Colón Santos v. Coop. Seg. 

Mult. P.R., 173 DPR 170, 188 (2008); Fernández v. San Juan 

Cement Co., Inc., 118 DPR 713, 717 (1987).

Si bien las Reglas de Procedimiento Civil, supra, no proveen 

una definición de temeridad, cabe indicar que tanto el significado, 

como los contornos de este amplio concepto han sido objeto de 

extenso estudio por nuestros tribunales. En ese sentido, se concibe 

que son temerarias las actuaciones de un litigante que: (1) llevan a 

un pleito que pudo evitarse; (2) provocan la prolongación indebida 

del trámite judicial; (3) obligan a otra parte a incurrir en gastos 

innecesarios para defenderse; o (4) dilatan los procedimientos para 

que no responda por sus obligaciones. SLG González Figueroa v. 

SLG et al., supra págs. 148 y 149. Asimismo, un litigante que no 
KLCE202400463 12

salió favorecido actúa con temeridad si obligó a la otra parte a 

asumir innecesariamente los gastos de un pleito gracias a su 

“terquedad, testarudez, obstinación, contumacia, empecinamiento, 

impertinencia e insistencia en una actitud desprovista de 

fundamentos”. Íd., págs. 148-149. Por su parte, académicos como el 

Dr. José Cuevas Segarra han ofrecido aproximaciones al concepto, 

reseñando que la temeridad se trata de una actitud que se proyecta

sobre el procedimiento, que afecta el buen funcionamiento y la 

administración de la justicia. J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho 

Procesal Civil, 2da ed., Publicaciones JTS, 2011, T. IV, pág. 1307. 

De la mano con estas descripciones, el propósito que se busca 

con la imposición de honorarios de abogado es castigar a los 

litigantes que alargan innecesariamente los pleitos ya presentados. 

Íd. Como ha manifestado nuestro más alto foro, se pretende disuadir 

la litigación innecesaria y alentar las transacciones, sancionando al 

temerario de forma tal que se compensen los perjuicios económicos 

y las molestias sufridas por la otra parte. Torres Ortiz v. ELA, 136 

DPR 556, 565 (1994).

Igualmente, otras instancias en las que nuestro Tribunal 

Supremo ha reconocido que una parte actúa temerariamente son 

cuando: (1) contesta la demanda y niega responsabilidad total, pero 

posteriormente la acepta; (2) se defiende injustificadamente de la 

acción; (3) cree que la cantidad reclamada es exagerada y es la única 

razón que tiene para oponerse a las peticiones del demandante, y no 

admite su responsabilidad pudiendo limitar la controversia a la 

fijación de la cuantía a ser concedida; (4) se arriesga a litigar un caso 

del que se desprende prima facie su responsabilidad; y (5) niega un 

hecho que le consta que es cierto. C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 299, 

342 (2011); Blas v. Hosp. Guadalupe, supra pág. 335; Fernández 

v. San Juan Cement Co., Inc., supra pág. 719.
KLCE202400463 13

Ahora bien, también se ha resuelto que no procede el pago de 

honorarios de abogado cuando: (1) se plantean controversias

complejas y novedosas aún no resueltas; (2) se actúa acorde a una 

apreciación errónea del derecho y no existen precedentes 

establecidos sobre el asunto; o (3) existe una desavenencia honesta

o discrepancia genuina sobre el derecho aplicable a los hechos del 

caso. VS PR, LLC v. Drift-Wind, Inc., 207 DPR 253, 277 (2021); 

SLG González Figueroa v. SLG et al., supra pág. 149; Blanco 

Matos v. Colón Mulero, 200 DPR 398, 429 (2018); Torres Vélez v. 

Soto Hernández, 189 DPR 972, 994 (2013).

Por último, como la Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, 

supra, no detalla la forma y manera en que debe fijarse la cuantía a 

imponerse por este concepto, la jurisprudencia también ha señalado 

el camino y ha dispuesto que los tribunales deben tomar en cuenta: 

(1) el grado de temeridad; (2) el trabajo realizado; (3) la duración y 

naturaleza del litigio; (4) la cuantía involucrada; y (5) el nivel 

profesional de los abogados. C.O.P.R. v. S.P.U., supra pág. 342.

C.

Entretanto, la Regla 51 de Procedimiento Civil, supra, R. 51, 

establece las normas pertinentes a la ejecución de sentencias 

dictadas por los tribunales en nuestra jurisdicción. Ahora bien, la 

Regla 51.10 de Procedimiento Civil, supra, regula los gastos en 

ejecución y su recobro al disponer, en específico, lo siguiente:

Serán recobrables todos los gastos necesarios en que 

razonablemente incurra una parte para hacer efectiva la 

sentencia a su favor. La solicitud al efecto se presentará bajo 

juramento de parte o certificación del abogado o de la 

abogada dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en 

que se hizo efectiva la totalidad de la sentencia. Se 

consignará en la solicitud que, según el entender de la parte 

o del abogado o la abogada, las partidas de gastos incluidas 

son correctas y que todos los desembolsos eran necesarios 

para la ejecución de la sentencia. Cualquier parte que no esté 

conforme con los gastos reclamados, podrá impugnarlos en 

todo o en parte dentro del término de diez (10) días contados 

a partir de aquel en que se le notifique la solicitud de gastos 

en ejecución. El tribunal, luego de considerar la posición de 

las partes, resolverá la impugnación. La resolución del 
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Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada por el 

Tribunal de Apelaciones mediante el recurso de certiorari. 

De no presentar una impugnación, el tribunal aprobará la 

solicitud de gastos y podrá eliminar cualquier partida que 

considere improcedente, luego de conceder a la parte 

solicitante la oportunidad de justificarlos.

Esta regla fue incluida por primera vez en las Reglas de 

Procedimiento Civil promulgadas en 2009 y no tiene contraparte en 

aquellas aprobadas en 1979, ni las reglas de procedimiento civil 

federal. Véase el Informe de Reglas de Procedimiento Civil, Comité 

Asesor Permanente de las Reglas de Procedimiento Civil, 

Secretariado de Conferencia Judicial y Notarial, 2008, pág. 596. En

esta ocasión, fue introducida porque el Comité Asesor Permanente 

de las Reglas de Procedimiento Civil entendió que, en la etapa de 

ejecución de sentencia, la parte a cuyo favor se realizó el dictamen 

incurre en una serie de gastos que deben ser reembolsados por la 

parte contraria. Íd. Más aún, como detalla el Informe de Reglas de 

Procedimiento Civil, la Regla 51.10, supra, y los incisos (a) y (b) de la 

Regla 44.1, supra, son similares. Íd.

Sobre esta regla, el Dr. José Cuevas Segarra comenta que se 

debió incluir la facultad de imponer honorarios de abogado por la 

temeridad que se incurra en el proceso de ejecución. Cuevas 

Segarra, op. cit., págs. 1476-1477.

IV.

Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso del expediente, 

en correcta práctica adjudicativa apelativa, a la luz de los criterios 

de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, 

resolvemos que debemos abstenernos de ejercer nuestra función 

revisora y rechazar intervenir con la determinación del TPI. Un 

examen sosegado del expediente del caso ante nuestra 

consideración, de la Resolución recurrida, de la prueba elevada ante 

nos y del trámite ante el foro primario no arroja error alguno que 

amerite nuestra intervención. No surge de los autos que el TPI haya 
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incurrido en error, prejuicio, parcialidad o que haya abusado de su 

discreción al imponerle a Perfect Cleaning Services Inc., y AIG el 

pago de honorarios de abogado por temeridad, quienes por cerca de 

nueve años intentaron eludir su responsabilidad de cumplir con las 

órdenes de una sentencia. La actuación del foro primario fue 

esencialmente correcta en derecho, por lo que no debemos variar su 

criterio. Por ello, denegamos la expedición del certiorari solicitado.

V.

Por los fundamentos pormenorizados, se deniega la 

expedición del auto de certiorari.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaría del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones