Número Identificador

SEN2024 ________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VII

ISLAND PORTFOLIO 

SERVICES, LLC

COMO AGENTE DE 

ACE ONE FUNDING, 

LLC

Apelante

v.

LIZ Y. PADILLA 

NEGRON

Apelada

KLAN202400530

APELACIÓN

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia Sala 

Superior de Bayamón 

Caso Número:

TA2023CV00850

Sobre: 

Cobro de Dinero –

Ordinario

Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, la

Juez Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio.

Pérez Ocasio, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de agosto de 2024.

Comparece ante nos Island Portfolio Services, LLC, en 

adelante, IPS o apelante, solicitando que revisemos la “Sentencia”

notificada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, 

en adelante TPI-Bayamón, el 16 de abril de 2024. En la misma, el 

Foro Apelado desestimó la “Demanda” por cobro de dinero incoada 

por el apelante, el 16 de agosto de 2023.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

revocamos la “Sentencia” apelada.

I.

El 16 de agosto de 2023, IPS demandó a Liz Padilla Negrón, 

en adelante, Padilla Negrón o apelada, en cobro de dinero.1 En su 

petitorio, el apelante solicitó que el Foro Primario señalara vista al 

amparo de la Regla 60 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 60,

1 Apéndice del recurso, pág. 1.
KLAN202400530 2

y ordenara a la apelada, a pagar la cantidad de $5,000.00.2 En su 

“Demanda” IPS indicó ser el acreedor de la cuenta número 

1066190216, de quien Padilla Negrón es alegadamente deudora. Ese 

mismo día, la Secretaría del Foro Apelado emitió la “Notificación y 

Citación sobre Cobro de Dinero” a la apelada.3 En la misma, el juicio 

bajo la precitada regla quedó señalado para el 19 de octubre de 

2023.

Sin embargo, el 4 de octubre de 2023, IPS notificó al TPIBayamón, mediante moción, que de la hoja de rastreo de la citación 

expedida a Padilla Negrón surge que la misma no fue reclamada por 

la apelada.

4 Por ello, el Foro Primario dejó sin efecto la vista señalada 

para el 19 de octubre de 2023, y le concedió diez (10) días a la 

apelante para someter un nuevo proyecto de citación, el cual fue 

sometido el mismo día por IPS.5

Más adelante, el 28 de noviembre de 2023, el apelante se vio 

obligado a presentar una “Solicitud de Conversión de Procedimientos 

y Autorización para Emplazar por Edicto”, ya que la demandada no 

había podido ser contactada y emplazada.6 Así las cosas, el TPIBayamón emitió una “Orden Autorizando Emplazamiento por Edicto”

y la conversión de los procedimientos a la vía ordinaria el mismo 

día.7 En cumplimiento, el 31 de enero de 2024, el edicto en cuestión 

fue publicado en The San Juan Star Daily.

8

Posteriormente, el 2 de abril de 2024, el TPI-Bayamón emitió 

una “Orden” para que el apelante evidenciara en diez (10) días el 

cumplimiento con el emplazamiento por edicto a Padilla Negrón.9

Aduce IPS que la representación legal del apelante no pudo 

2 Apéndice del recurso, pág. 2.

3 Id. pág. 3.

4 Id. pág. 23.

5 Id. pág. 27.

6 Id. pág. 36.

7 Id. pág. 41.

8 Id. pág. 49.

9 Id. pág. 44.
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evidenciar el mismo, por una situación de salud. Aun así, el 16 de 

abril de 2024, el Foro Apelado emitió una “Sentencia” en la que 

desestimó sin perjuicio la causa de acción de IPS.10 Razonó que el 

apelante incumplió al no expedir el emplazamiento por edicto en los 

120 días que dispone el ordenamiento jurídico, en conformidad con 

la Regla 4.3 (c) de las Reglas de Procedimiento Civil, supra.

En consecuencia, el 17 de abril de 2024, IPS radicó una 

“Moción en Cumplimiento de Orden”, en la que anejó evidencia del 

emplazamiento por edicto, publicado dentro del término dispuesto 

en las Reglas de Procedimiento Civil, supra.11 Por ello, solicitó al 

Foro Primario que diera por cumplida la orden emitida. 

No obstante, nos arguye IPS que el Foro a quo no se expresó 

al respecto. Por ello, el 30 de abril de 2024, el apelante presentó una 

“Moción de Reconsideración”.

12 La misma fue declarada “No Ha 

Lugar” por el TPI-Bayamón, el 1 de mayo de 2024.

Unos días más tarde, el 8 de mayo de 2024, IPS radicó una 

“Moción para unirse a Representación Legal en torno a Resolución del 

1 de mayo de 2024”, en la que un nuevo abogado solicitó unirse a 

la representación legal del caso de epígrafe.13 Además, insistió que 

la desestimación era contraria a derecho. Sin embargo, el 9 de mayo 

de 2024, el TPI-Bayamón emitió una “Orden” en la que aceptó la 

representación legal, pero indicó que no tenía nada que proveer en 

cuanto a lo demás.

Así las cosas, el 30 de mayo de 2024, IPS presentó ante esta 

Curia un recurso de “Apelación”. En el mismo, hizo el siguiente 

señalamiento de error:

INCIDIÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DESESTIMAR EL CASO DE CONFORMIDAD 

CON LA REGLA 4.7 DE PROCEDIMIENTO CIVIL, PUES LA 

10 Apéndice del recurso, pág. 46.

11 Id. pág. 48.

12 Id. pág. 57.

13 Id. pág. 63.
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PROPIA REGLA ESTABLECE QUE LA OMISIÓN DE 

PRESENTAR PRUEBA DEL DILIGENCIAMIENTO DE UN 

EMPLAZAMIENTO NO SURTIRÁ EFECTOS EN CUANTO A 

SU VALIDEZ.

Mediante “Resolución” del 4 de junio de 2024, este Tribunal 

concedió a la parte apelada hasta el 1 de julio de 2024 para 

presentar su posición en cuanto al recurso, conforme a lo dispuesto 

en la Regla 22 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 22. No habiendo comparecido Padilla Torres en el 

término dispuesto por este Foro, procedemos a resolver con el 

expediente que obra en autos.

II.

A. Apelación

Las Reglas de Procedimiento Civil se desenvuelven en un 

orden lógico, natural y armonioso entre sí. Este orden queda 

demostrado en las distintas etapas de un litigio (alegaciones, 

mociones, descubrimiento de prueba, vistas evidenciarias, 

sentencia, reconsideración, apelación) y sus efectos escalonados. 

Cada etapa se sirve de la anterior y se proyecta, entonces, para la 

próxima. Vega v. Alicea, 145 DPR 236, 238 (1998). 

La etapa de la apelación se perfecciona con la presentación 

oportuna de un escrito conforme a las formalidades establecidas en 

nuestro estado de derecho, que incluye su debida notificación a las 

partes. El recurso de apelación es aquel “que se presenta ante el foro 

apelativo intermedio cuando se solicita la revisión de una sentencia, 

o un dictamen final, emitido por el Tribunal de Primera Instancia”. 

González Pagán v. SLG Moret-Brunet, 202 DPR 1062, 1070-1071 

(2019); Regla 52.1 y 52.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

52.1 y R. 52.2. Véase R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de 

Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 6ta Ed., San Juan, Ed. Lexis 

Nexis, 2017, pág. 519. 
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La apelación no es un recurso discrecional como en los casos 

de certiorari. Una vez se cumpla con los requisitos jurisdiccionales 

y de perfeccionamiento del recurso, el Tribunal de Apelaciones viene 

obligado a atender el asunto y resolverlo en sus méritos, de forma 

fundamentada. Soc. de Gananciales v. García Robles, 142 DPR 241, 

252 (1997). En ese sentido, reconocemos que existe el derecho 

estatutario para acudir en apelación ante el Tribunal de Apelaciones 

cuestionando toda sentencia final emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia. Silva Barreto v. Tejada Martell, 199 DPR 311, 317 (2017). 

Al revisar una determinación de un foro de menor jerarquía, 

los tribunales revisores tenemos la tarea principal de auscultar si se 

aplicó correctamente el derecho a los hechos particulares del caso. 

Como regla general, los foros apelativos no tenemos facultad para 

sustituir las determinaciones de hechos del tribunal de instancia 

con nuestras propias apreciaciones. W.M.M. P.F.M., et al. v. Colegio 

et al., 211 DPR 871, 902-903 (2023); Dávila Nieves v. Meléndez 

Marín, 187 DPR 750, 770-771 (2013); Serrano Muñoz v. Auxilio 

Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007).

B. Emplazamiento

Reiteradamente, nuestro Alto Foro ha expresado que, como 

regla general, nuestro ordenamiento jurídico reconoce el 

emplazamiento como el mecanismo procesal mediante el cual un 

Tribunal adquiere jurisdicción in personam. Ross Valedón v. Hosp. 

Dr. Susoni, et al., 2024 TSPR 10, 213 DPR ___ (2024); Martajeva v. 

Ferré Morris y otros, 210 DPR 612 (2022); SLG Rivera-Pérez v. SLG 

Díaz-Doe et al., 207 DPR 636, 646-647 (2021); Bernier González v. 

Rodríguez Becerra, 200 DPR 637, 644 (2018); Torres Zayas v. 

Montano Gómez et als., 199 DPR 458, 467 (2017). El propósito del 

emplazamiento es notificarle a la persona demandada que se ha 
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presentado una acción judicial en su contra, a la vez que se le llama 

para que ejerza su derecho a ser oída y defenderse. Id.

Como “el emplazamiento se mueve dentro del campo del 

Derecho constitucional”, nuestro ordenamiento jurídico ha 

requerido el cumplimiento estricto de una serie de requisitos para 

su eficacia. SLG Rivera-Pérez v. SLG Díaz-Doe et al., supra, pág. 647,

citando a R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San 

Juan, Ed. Lexis Nexis, 2017, pág. 257. Emplazar conforme a 

derecho, supone dar estricto cumplimiento a los requisitos 

dispuestos en las Reglas de Procedimiento Civil, supra. Resulta 

importante destacar que la Regla 4.3 de Procedimiento Civil, supra, 

dispone que el emplazamiento debe ser “diligenciado en el término 

de ciento veinte (120) días a partir de la presentación de la demanda 

o de la fecha de expedición del emplazamiento por edicto”. Ross 

Valedón v. Hosp. Dr. Susoni, et al., supra.

Por otro lado, una persona demandada puede ser emplazada

personalmente o, por vía de excepción, mediante edicto. La Regla 4.6 

de Procedimiento Civil, supra, indica que se podrá emplazar a una 

parte mediante edicto cuando: (1) la persona a ser emplazada esté 

fuera de Puerto Rico; (2) el demandado se encuentra en Puerto 

Rico, pero no pudo ser localizado a pesar de las diligencias 

pertinentes; (3) la persona se oculte para no ser emplazada; o (3) se 

trate de una corporación extranjera sin agente residente. Es 

importante señalar que los requisitos del emplazamiento por edicto 

son de estricto cumplimiento. Sánchez Ruiz v. Higueras Pérez, 203 

DPR 982, 988 (2020); Medina Garay v. Medina Garay, 161 DPR 806, 

818-819 (2004). 

Ahora bien, una vez se autoriza a emplazar mediante edicto, 

el demandante, dentro de los diez (10) días siguientes a la 

publicación del edicto, deberá enviarle al demandado una copia del 

emplazamiento y la demanda a su última dirección física o postal 
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conocida. Regla 4.6 de Procedimiento Civil, supra. También, 

relevante al caso ante nos, puntualizamos el siguiente texto de la 

Regla 4.7 de Procedimiento Civil, supra:

En el caso comprendido en la Regla 4.6, se presentará el 

acuse de recibo de la parte demandada. La omisión de 

presentar prueba del diligenciamiento no surtirá efectos en 

cuanto a su validez.

(Énfasis nuestro).

La validez de un emplazamiento que no fue notificado al 

Tribunal a tiempo es un entendido jurídico que se remonta al Código 

de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 253 et seq. En su derogada 

Regla 4(g), el precitado código señalaba que “dejar de presentar 

prueba del diligenciamiento no afecta su validez”. Maldonado v. 

Colón, 68 DPR 340, 342 (1948). Lo cierto es que nuestro Tribunal 

Supremo ha ratificado esta norma desde el 1948, en donde indicó 

que esta práctica tiene el propósito de impedir que un demandado 

impugne la validez de su emplazamiento, porque el demandante no 

presentó prueba del mismo. Id. Véase, además, Ross Valedón v. 

Hosp. Dr. Susoni et al., supra; Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, 

133 DPR 15, 26 (1993).

En el caso Ross Valedón v. Hosp. Dr. Susoni et al., supra, 

nuestro Alto Foro reconoce que la validez de un emplazamiento no 

evidenciado impide, no obstante, que el Tribunal continue con los 

procedimientos. A estos efectos, cita al tratadista Rafael Hernández 

Colón, y expone que “[e]l que no se haya presentado prueba en autos 

sobre el diligenciamiento debidamente practicado en un caso no 

afecta la validez de ese diligenciamiento. Sin embargo, la corte no 

podrá actuar válidamente hasta tanto se acredite en los autos el 

diligenciamiento”. R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil,

supra, págs. 276-277.
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III.

IPS recurre ante esta Curia, solicitando que revoquemos la 

desestimación con perjuicio, dictada mediante “Sentencia”, por el 

TPI-Bayamón. Alega que el Foro Apelado se equivocó al recusar su 

causa de acción, por no haber notificado el emplazamiento por 

edicto en el término provisto. Arguye el apelante que esta no es una 

razón válida en derecho para ello, máxime cuando el 

diligenciamiento en cuestión sí fue realizado dentro de los 120 días 

proscritos en la Ley. Le asiste razón.

Según la normativa esbozada previamente, las Reglas de 

Procedimiento Civil, supra, regulan el ejercicio de emplazar a una 

parte. En este caso, luego de hacer las gestiones pertinentes, sin 

éxito, de emplazar a Padilla Negrón, el TPI-Bayamón autorizó al 

apelante a emplazar por edicto el 28 de noviembre de 2023. Por ello, 

los 120 días para el emplazamiento vencían el 27 de marzo de 2024.

Del expediente surge que IPS emplazó mediante edicto el 31 

de enero de 2024, en cumplimiento con el término dispuesto. Sin 

embargo, cuando el apelante incumplió con la orden del 2 de abril 

de 2024, para evidenciar el cumplimiento con el emplazamiento por 

edicto, el Foro a quo desestimó la “Demanda” de epígrafe. Sin 

embargo, al próximo día, IPS radicó una moción en la que evidenció 

el emplazamiento por edicto y explicó por qué incumplió con la orden 

del 2 de abril de 2024. El Foro Apelado sostuvo su determinación.

Luego de evaluar el expediente ante nos, y el derecho que 

circunscribe la controversia planteada, nos vemos obligados a 

revocar la determinación apelada. Nuestro ordenamiento jurídico ha 

reiterado – estatutaria y jurisprudencialmente – que cuando una 

parte no constate el emplazamiento en el tiempo establecido, pero 

posteriormente compruebe que el mismo fue realizado conforme a 

derecho, no deberá desestimarse su causa de acción. 
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Reconocemos que mientras el Foro Apelado no tenga prueba 

del diligenciamiento de un emplazamiento, no puede continuar con 

los procedimientos. Sin embargo, desestimar una demanda, luego 

de advenir en conocimiento de que la parte interpelada fue 

emplazada, es contrario a la Regla 4.6 de Procedimiento Civil, supra. 

Además, entendemos que es contrario al mandato de interpretación 

establecido en la Regla 1 de Procedimiento Civil, supra. La misma 

dispone que el análisis de las reglas de este cuerpo normativo debe 

estar encaminado a facilitar “el acceso a los tribunales y el manejo 

del proceso, de forma que garanticen una solución justa, rápida y 

económica de todo procedimiento”.

IV.

Por los fundamentos anteriormente esbozados, revocamos la 

“Sentencia” apelada, y devolvemos el caso al Foro Primario para la 

continuación de los procedimientos, en conformidad con lo aquí 

dispuesto.

Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones