Número Identificador

RES2024 _______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

MUNICIPIO DE 

BARCELONETA

Recurrido

v.

COMPAÑÍA A Y OTROS

Peticionarios 

KLCE202301401

CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Carolina

Caso número:

CA2023CV00560

Sobre:

Cobro de Dinero -

Ordinario

Panel especial integrado por su presidente, el juez Adames Soto, la juez

Aldebol Mora y el juez Marrero Guerrero.

1

Aldebol Mora, Juez Ponente

R E S O L U C I Ó N

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de febrero de 2024.

Comparece la parte peticionaria, Fideicomiso Quintana Pérez, 

mediante el recurso de epígrafe y nos solicita que revoquemos la Orden 

emitida y notificada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Carolina, el 3 de octubre de 2023. Mediante el referido dictamen, el foro 

primario declaró No Ha Lugar la solicitud de desestimación promovida por 

la parte peticionaria.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se deniega 

la expedición del auto solicitado.

I

El 24 de febrero de 2023, el Municipio de Barceloneta (Municipio o 

recurrido) incoó una Demanda sobre cobro de dinero en contra de Cidra 

Excavation, Inc., Cidra Excavation, S.E. (Sociedad Especial), Cidra 

Excavation, LLC (Cidra), Fideicomiso Quintana Pérez (Fideicomiso o 

peticionario) y la Sucesión de Jorge Rodríguez Nazario.

2 En síntesis, indicó 

que, el 20 de septiembre de 2011, la Sociedad Especial, por medio de su

1 Mediante Orden Administrativa OATA-2024-017 de 25 de enero de 2024, se designó al 

Hon. Ricardo Marrero Guerrero en sustitución del Hon. Abelardo Bermúdez Torres, quien 

se inhibió en el caso.

2 Apéndice del recurso, págs. 1-33.
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presidente y socio Israel Quintana Luciano (Quintana Luciano) y el 

Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) otorgaron un 

contrato de obras para el Municipio. Alegó que dicho contrato fue afectado 

por un soborno realizado por Quintana Luciano a un empleado del 

Municipio para influenciar y asegurar el referido contrato, así como los 

pagos correspondientes al cumplimiento de este. Señaló que, el 20 de 

febrero de 2013, otorgó un contrato sobre obras y mejoras públicas con la 

Sociedad Especial para finalizar la obra comenzada por el DTOP. Según 

adujo, dicho contrato, fue firmado por Quintana Luciano, quien –cinco días 

antes que venciera el contrato– realizó una alegación de culpabilidad ante 

la Corte Federal para el Distrito de Puerto Rico en un pleito sobre soborno. 

Arguyó que la Sociedad Especial y Quintana Luciano les causó daños por 

el incumplimiento con su deber contractual de informar de manera continua 

si existía una investigación criminal en contra de Quintana Luciano, según 

exigía el referido contrato, así como otras leyes de anticorrupción. Sobre 

ese particular, argumentó que la cláusula trigésima sexta de dicho contrato 

establecía que la Sociedad Especial debía certificar en cada factura, bajo 

pena de nulidad absoluta, que se afectaría el contrato si fuera objeto de 

ciertos delitos, como el soborno en todas sus modalidades.

El Municipio alegó en la acción de epígrafe que, luego de la 

mencionada convicción, Quintana Luciano renunció a la Sociedad Especial 

y creó el Fideicomiso con su esposa, a favor de sus hijos, y traspasó su 

parte de los activos de la Sociedad Especial al Fideicomiso. Según planteó, 

dicho acto fue realizado por Quintana Luciano con el propósito de evadir la 

responsabilidad de restituir los fondos públicos afectados por sus actos de 

corrupción. Además, indicó que los demás socios disolvieron la Sociedad 

Especial y, por medio de familiares, crearon otra personalidad jurídica con 

un nombre similar (Cidra Excavation, LLC). 

Por otro lado, el Municipio señaló en su Demanda que el velo 

corporativo del Fideicomiso fue develado mediante varias sentencias 

emitidas por el Tribunal de Apelaciones a esos efectos. No obstante, indicó 
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que aún no se había descorrido el velo corporativo de Cidra, necesario para 

evitar un fracaso a la justicia y asegurar la recuperación de los fondos

públicos objeto de corrupción gubernamental. En virtud de ello, en esencia, 

solicitó que se declarara la nulidad absoluta del contrato suscrito con la 

Sociedad Especial y se ordenara la devolución de la totalidad de los fondos 

públicos que le fueron desembolsados a la Sociedad Especial, 

equivalentes a $88,296.25.

Luego de varios trámites procesales, el 5 de junio de 2023, el 

Fideicomiso instó una Solicitud de Desestimación, al amparo de la Regla 

10.2(5) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2(5).

3 En esencia, 

argumentó que en la acción de epígrafe no se realizó ninguna alegación en 

su contra, ni se le imputó acción u omisión alguna. Adujo que el Municipio 

afirmó que intentaba cobrar una suma pagada a la Sociedad Especial y no 

a otra entidad o persona. Sobre ese particular, arguyó que las alegaciones 

vertidas en la Demanda se refieren a la validez de ciertos acuerdos de obra 

pactados entre el Municipio y la Sociedad Especial, sin la comparecencia 

del Fideicomiso –accionista de la mencionada sociedad– o sus miembros. 

Sostuvo que, al igual que la Sociedad Especial, era una entidad jurídica 

separada e independiente de sus accionistas, con capacidad para 

demandar y ser demandada, aspecto que el propio Municipio reconocía.

Planteó que, conforme al estado de derecho vigente, el Municipio no poseía 

una causa de acción en contra de los accionistas de la Sociedad Especial, 

por tanto, no respondía por los actos de ningunas de las corporaciones 

codemandadas en el pleito de epígrafe. Según adujo, aun si se tomaran

como ciertas todas las alegaciones de la Demanda, no se justificaba la 

concesión de un remedio, por lo que procedía la desestimación de la 

reclamación de epígrafe en su contra.

En respuesta, el 26 de junio de 2023, el Municipio se opuso.4 Alegó

que, por tratarse de un acto de corrupción gubernamental, los socios de la 

3 Apéndice del recurso, págs. 111-117.

4

Íd., págs. 128-132.
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Sociedad Especial eran responsables de restituir los fondos públicos.

Señaló que, de la prueba documental presentada junto a la Demanda, 

surgía que uno de los accionistas de la Sociedad Especial sobornó a un 

empleado del Municipio y que dicho acto fue objeto de una investigación y 

eventual convicción. Arguyó que lo anterior no le fue informado por los

socios de la Sociedad Especial, lo cual constituyó un acto fraudulento 

utilizando inapropiadamente la figura de la sociedad especial. Sostuvo que, 

teniendo la alternativa de devolver los fondos públicos afectados por el 

referido soborno, tanto la Sociedad Especial como sus socios optaron por 

guardar silencio, constatando y convirtiéndose en cómplices del acto 

fraudulento de uno de sus socios. Argumentó que se debía excluir a la 

Sociedad Especial y a sus accionistas del mandato protector de la persona 

jurídica sobre las obligaciones de la corporación. Además, reiteró que el 

velo corporativo del Fideicomiso fue develado, según indicaban varias 

sentencias emitidas por el Tribunal de Apelaciones, por lo que solicitó que 

se tomara conocimiento judicial sobre ello.

Evaluadas las posturas de las partes, el 3 de octubre de 2023, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió la Orden que nos ocupa.5 En esta, 

declaró No Ha Lugar la moción de desestimación presentada por el 

Fideicomiso.

En desacuerdo, el 17 de octubre de 2023, el Fideicomiso solicitó una 

reconsideración,6 a la cual el Municipio se opuso.7 Atendidos los escritos, 

el 9 de noviembre de 2023, notificada al día siguiente, el foro a quo declaró 

No Ha Lugar la referida moción de reconsideración.8

Inconforme con dicha determinación, el 11 de diciembre de 2023, la 

parte peticionaria acudió ante nos mediante el recurso de epígrafe y realizó

el siguiente señalamiento de error:

Err[ó] el TPI al negarse a desestimar la reclamación del 

Municipio de Barceloneta, contra el Fideicomiso Quintana 

P[é]rez, pues esta entidad, nunca tuvo relación contractual 

5 Apéndice del recurso, págs. 148-149.

6

Íd., págs. 162-171.

7

Íd., págs. 172-183.

8

Íd., pág. 191.
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alguna con el Municipio de Barceloneta. El Municipio no tiene 

causa de acción en su contra.

En cumplimiento con nuestra Resolución del 13 de diciembre de 

2023, y luego de una prórroga a esos efectos, la parte recurrida compareció 

mediante Moción Mostrando Causa Oponiéndose a Expedición de 

Certiorari el 11 de enero de 2024.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a 

resolver.

II

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un tribunal 

de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente una decisión de un 

tribunal inferior. Rivera et al. v. Arcos Dorados et al., 2023 TSPR 65, 212 

DPR ___ (2023); Torres González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821 

(2023); Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994, 1004 

(2021). Ahora bien, tal discreción no opera en lo abstracto. Con respecto a 

lo anterior y para revisar los dictámenes interlocutorios del Tribunal de 

Primera Instancia, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.1, dispone, en su parte pertinente, lo siguiente: 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 

cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 

56 y 57 de este apéndice o de la denegatoria de una moción 

de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 

dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 

revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan interés público o 

en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar 

la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 

Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 

decisión.

[. . .]

Según se desprende de la citada Regla, este foro apelativo 

intermedio podrá revisar órdenes interlocutorias discrecionalmente, cuando 

se recurre de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 
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peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, 

anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de familia o que revistan 

interés público, o en aquellas circunstancias en las que revisar el dictamen 

evitaría un irremediable fracaso de la justicia, entre otras contadas 

excepciones.

A esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, dispone los criterios a considerar 

para ejercer sabia y prudentemente su decisión de atender o no las 

controversias ante sí. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 96-

97 (2008). Véase, además, Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón 

y otros, 2023 TSPR 145, resuelto el 19 de diciembre de 2023; Rivera et al. 

v. Arcos Dorados et al., supra; Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352, 

372 (2020). Así, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra, funge como complemento a la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. La precitada Regla 

dispone lo siguiente:

El [T]ribunal tomará en consideración los siguientes criterios 

al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una 

orden de mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 

Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán 

ser elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa de los procedimientos en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 

indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
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Sin embargo, ninguno de los mencionados criterios es determinante, 

por sí solo, para este ejercicio y no constituye una lista exhaustiva. García 

v. Padró, 165 DPR 324, 335 esc. 15 (2005). Por lo que, de los factores 

esbozados “se deduce que el foro apelativo intermedio evaluará tanto la 

corrección de la decisión recurrida, así como la etapa del procedimiento en 

que es presentada; esto, para determinar si es la más apropiada para 

intervenir y no ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación 

injustificada del litigio”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. 

(Énfasis omitido).

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado también que, de ordinario, 

el tribunal revisor “no intervendrá con el ejercicio de la discreción de los 

tribunales de instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso 

de discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se 

equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un 

perjuicio sustancial”. Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 

170, 181 (1992), citando a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 

(1986). Véase, además, Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 

(2000).

Esbozada la norma jurídica, procedemos a aplicarla al recurso ante 

nos.

III

En síntesis, la parte peticionaria plantea que el Tribunal de Primera 

Instancia erró al declarar No Ha Lugar su solicitud de desestimación, al 

amparo de la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil, supra. Fundamenta su 

postura en que, según sostiene, nunca tuvo una relación contractual con el 

Municipio. En virtud de ello, arguye que el recurrido carece de una causa 

de acción en su contra, por lo que procedía la desestimación del pleito de 

epígrafe.

Luego de un examen sosegado del expediente ante nos, 

determinamos que no existe criterio jurídico que amerite nuestra 
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intervención con lo resuelto por el Tribunal de Primera Instancia.

Considerando las alegaciones bien hechas de la demanda, interpretadas 

de la forma más liberal y favorable posible para la parte demandante –aquí 

recurrida–, colegimos que, en el caso de autos, no hay ausencia total de 

planteamientos que puedan justificar la concesión de un remedio en esta 

etapa de los procedimientos. Al entender sobre los planteamientos que la 

parte peticionaria propone ante este Foro, concluimos que la sala de origen, 

en lo pertinente, no incurrió en error de derecho ni en abuso de discreción 

al declarar No Ha Lugar la Solicitud de Desestimación, promovida por la 

parte peticionaria, ello a fin de que podamos soslayar la norma de 

abstención judicial que, en dictámenes como el de autos, regula el ejercicio 

de nuestras funciones.

Al evaluar los documentos que nos ocupan, concluimos que nuestra 

intervención, en esta etapa de los procedimientos, no resulta oportuna. 

Siendo así, y en ausencia de prueba que nos permita resolver en contrario, 

denegamos expedir el auto de certiorari que nos ocupa, al amparo de lo 

dispuesto en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, y la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, supra.

IV

Por los fundamentos que anteceden, denegamos la expedición del

recurso de certiorari solicitado.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones