Número Identificador

SEN2024 _____________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VIII

CARLOS RIVERA 

ROMÁN

Recurrente

v.

DEPARTAMENTO DE 

CORRECCIÓN Y 

REHABILITACIÓN

Recurrida

KLRA202300661

REVISIÓN 

ADMINISTRATIVA

procedente del

Departamento de 

Corrección y 

Rehabilitación

Solicitud: ICG-1693-

2023

Sobre: Orden Médica 

Entrega de Mattress

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez

Monge Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Juez Ponente, Cruz Hiraldo

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de enero de 2024.

Comparece por derecho propio la parte recurrente, Carlos 

Rivera Román, para solicitarnos que se revise y revoque la 

Resolución emitida el 30 de noviembre de 2023, notificada el 14 de 

diciembre, por el Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Junto al recurso, el Recurrente acompañó una Declaración 

en Apoyo de Solicitud para Litigar como Indigente (In Forma 

Pauperis), suscrita y juramentada por el recurrente. En atención a 

su solicitud, eximimos al Recurrente de presentar el 

correspondiente arancel de presentación y se autoriza litigar in 

forma pauperis.

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

confirma la Resolución apelada.

I

El recurrente es un confinado ubicado en la Institución 

Correccional Guerrero 304 en Aguadilla, Puerto Rico. El 19 de 

octubre de 2023, el recurrente presentó una Solicitud de Remedio 
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Administrativo en la cual indicó que tenía una orden médica 

expedida el 23 de agosto de 2023 para un “mattress” ortopédico y 

que le había solicitado el mismo al Director Médico, Dr. Iván 

Rosario Rosado. El 21 de noviembre de 2023, el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación respondió que, el 19 de octubre de 

2023, se le informó al confinado que el “mattress” fue ordenado y 

se encontraban en espera del mismo.

Así las cosas, el 27 de noviembre de 2023, el recurrente

presentó una Solicitud de Reconsideración expresando su 

inconformidad con la respuesta del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. En particular, esgrimió que han transcurrido más 

de tres (3) meses desde el pedido sin recibir el “mattress” y solicitó 

que se le diera seguimiento a la orden médica debido a que el 

“mattress” actual le complica los dolores de espalda baja por no

encontrarse en buenas condiciones. En respuesta a la 

reconsideración, el Departamento de Corrección y Rehabilitación 

informó que el 20 de octubre de 2023 se ordenó el “mattress” a una 

compañía externa y que los procesos se demoran, por lo que 

llegaría el “mattress” ortopédico próximamente.

Insatisfecho, el 19 de diciembre de 2023, recibida por este 

Tribunal el 26 de diciembre de 2023, el recurrente presentó el 

recurso de revisión administrativa ante nos con el siguiente 

señalamiento de error:

Primer Error – Los recursos administrativos ni la adm. 

de Corrección atendió correctamente el asunto 

planteado sobre la orden m[é]dica con [sic] la entrega 

del mattres [sic] ortopédico emitida el 8-23-2023, en 

Bayamón PR, por el fisiatra Dr. Julio Vázquez.

Examinado el recurso en su totalidad y, en aras de lograr el 

más justo y eficiente despacho, prescindimos del escrito de la parte 

recurrida, según nos permite la Regla 7(B)(5) del Reglamento del 
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Tribunal de Apelaciones1. Asimismo, procedemos a establecer el 

derecho aplicable y resolver conforme a ello.

II

A. Deferencia Administrativa

El objetivo principal de la revisión judicial se enfoca en 

garantizar que las agencias administrativas actúen conforme a las 

facultades concedidas por ley.2 Constituye una norma reiterada 

por el Tribunal Supremo de Puerto Rico que los tribunales 

apelativos deben conceder deferencia a las determinaciones de las 

agencias administrativas por la experiencia y conocimiento 

especializado que éstas poseen sobre los asuntos ante su 

consideración y que por ley se les ha delegado.

3 Por ello, las 

determinaciones de las agencias administrativas gozan de una 

presunción de legalidad y corrección que los tribunales deben 

respetar mientras que no se presente evidencia suficiente para 

superarla o invalidarla.

4

La parte que impugna judicialmente una determinación de 

hecho de una agencia administrativa tiene el peso de la prueba 

para demostrar que estas no están basadas en el expediente o que 

las conclusiones a las que llegó son irrazonables.5 Conforme a lo 

dispuesto en la sección 4.5 de la LPAU6, las determinaciones de 

hechos de una agencia del Gobierno “se sostendrán si se 

fundamentan en evidencia sustancial que obre en el expediente 

administrativo.”7 A estos fines, el Tribunal Supremo ha establecido 

que la evidencia sustancial es “aquella prueba relevante que una 

1 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5).

2 Hernández Feliciano v. Mun. de Quebradillas, 2023 TSPR 6; Oficina de Ética 

Gubernamental v. Martínez Giraud, 209 DPR 79, 88 (2022).

3 Hernández Feliciano v. Mun. de Quebradillas, supra; Oficina de Ética 

Gubernamental v. Martínez Giraud, supra, pág. 89; Rolón Martínez v. Supte. 

Policía, 201 DPR 26, 35 (2018); Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 626 

(2016).

4 Capó Cruz v. Junta Planificación et al., 204 DPR 581, 591 (2020).

5 González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276–278 (2013); OCS v. 

Universal, 187 DPR 164, 178–179 (2012).

6 3 LPRA sec. 2175.

7 JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009).
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mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión”.8 Empero, la aceptación no puede estar sostenida por 

un ligero destello de evidencia o por simples inferencias.9

Ahora bien, el criterio rector al momento de pasar juicio 

sobre la decisión de un foro administrativo es la razonabilidad de 

la actuación de la agencia, luego de considerar el expediente 

administrativo en su totalidad.10 Consecuentemente, la revisión 

judicial estará limitada a evaluar si la actuación de la agencia fue 

arbitraria, ilegal o irrazonable, constituyendo así un abuso de 

discreción.11 De este modo, el alcance del proceso de revisión se 

ciñe a determinar: 1) si el remedio concedido por la agencia fue el 

apropiado; 2) si las determinaciones de hecho de la agencia están 

basadas en evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo, y; 3) si las conclusiones de derecho fueron las 

correctas.12

Por su parte, las determinaciones de derecho pueden ser 

revisadas en todos sus aspectos.13 No obstante, la revisión judicial 

no equivale a la sustitución automática del criterio e interpretación 

del organismo administrativo.14 Los tribunales revisores 

descartarán el criterio de los entes administrativos cuando no se 

pueda hallar fundamento racional que explique o justifique el 

dictamen administrativo.15 En virtud de ello, los tribunales 

revisores descartarán el criterio de la agencia administrativa, en el 

cual cederá la deferencia administrativa, sólo cuando la agencia: 1) 

8 Capó Cruz v. Junta Planificación et al., supra, citando a Rebollo v. Yiyi Motors, 

161 DPR 69, 77 (2004).

9 Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez Giraud, supra, pág. 90.

10 Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez Giraud, supra, pág. 89; Torres 

Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 627; Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 

(2005).

11 Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 626.

12 Id., pág. 627.

13 Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez Giraud, supra, pág. 90; Capó Cruz 

v. Junta Planificación et al., supra.

14 Capó Cruz v. Junta Planificación et al., supra.

15 Id.; Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 36.
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erró al aplicar la ley; 2) actuó arbitraria, irrazonable o ilegalmente, 

o; 3) lesionó derechos constitucionales fundamentales.16

Además, el criterio administrativo no podrá prevalecer 

cuando la interpretación estatutaria realizada por una agencia 

provoque un resultado incompatible o contrario al propósito para 

el cual se aprobó la legislación y la política pública que la 

promueve.17 En ese sentido, la deferencia judicial 

al expertise administrativo, concedido cuando las agencias 

interpretan la ley, tiene que ceder ante actuaciones que resulten 

irrazonables, ilegales o que conduzcan a la comisión de una 

injusticia.

18 Por ende, los tribunales tienen que armonizar, siempre 

que sea posible, todos los estatutos y reglamentos administrativos 

involucrados para la solución justa de la controversia, de modo 

que se obtenga un resultado sensato, lógico y razonable.

19

Por último, cabe destacar que, en el ejercicio de la función 

revisora de los tribunales apelativos, los foros apelativos deben 

diferenciar entre asuntos de interpretación estatutaria, del cual los 

tribunales son especialistas, y los asuntos propios de la discreción 

o la pericia administrativa.20

B. Reglamento Núm. 8583

El Reglamento Núm. 8583 de 4 de mayo de 2015, mejor 

conocido como el Reglamento para Atender las Solicitudes de 

Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros de la 

Población Correccional (en adelante, “Reglamento Núm. 8583”)

21,

fue aprobada con el propósito de crear un mecanismo adecuado en 

la cual toda persona recluida en una institución correccional 

16 Id.; JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, supra. 

17 Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez Giraud, supra, págs. 90-91.

18 Moreno Lorenzo v. Dept. de la Familia, 207 DPR 833, 843 (2021).

19 Id.

20 Hernández Feliciano v. Mun. de Quebradillas, 2023 TSPR 6; OCS v. Point 

Guard Ins., 205 DPR 1005, 1028 (2020).

21 Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios Administrativos 

Radicadas por los Miembros de la Población Correccional, Reglamento Núm. 

8583, Departamento de Corrección y Rehabilitación, 4 de mayo de 2015
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pueda disponer de un organismo administrativo ante la cual pueda 

presentar una solicitud de remedio con el fin de minimizar las 

diferencias entre los miembros de la población correccional y el 

personal y para evitar o reducir la radicación de pleitos en los 

tribunales.22 Asimismo, se creó División de Remedios 

Administrativos en el Departamento de Corrección y Rehabilitación 

para así atender cualquier queja o agravio que pudieran tener los 

confinados en contra de la agencia misma o sus funcionarios sobre 

cualquier asunto.23

En lo pertinente al caso de autos, una vez sometida una 

solicitud de remedios administrativos el Evaluador utilizará todos 

los procedimientos que estime necesarios para la obtención de la 

información requerida para brindar una respuesta adecuada al 

miembro de la población correccional.24 Una vez se obtenga la 

información requerida, el Evaluador contestará y entregará por 

escrito la respuesta al miembro de la población correccional que 

presentó la solicitud dentro del término de veinte (20) días 

laborales.25 No obstante, en los casos en que la solicitud esté 

relacionada a un reclamo al área médica, el Evaluador 

entregará copia de la respuesta emitida por el Área Médica al 

solicitante, tal como la emitió el director médico.

26

III

El recurrente señaló como error que la División de Remedios

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación y 

la administración de la Institución Correccional Guerrero no 

atendieron correctamente la orden médica sobre la entrega del 

“mattress” ortopédico. En primer lugar, el recurrente arguyó que el 

Dr. Iván Rosario Rosado no podía contestar el remedio 

22 Id., pág. 1-2.

23 Id., pág. 2.

24 Id., pág. 27.

25 Id., pág. 28.

26 Id.
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administrativo ya que fue dirigido a él y que el mismo es contrario 

al Reglamento Núm. 8583. En segundo lugar, el recurrente indicó 

que han pasado más de cuatro (4) meses desde la orden médica, 

por lo que procede que se le ordene la entrega del “mattress” según 

la orden médica. No le asiste la razón.

En cuanto al planteamiento sobre incumplimiento con el 

Reglamento Núm. 8583, el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación actuó conforme al inciso (4) de la Regla XIII de dicho 

reglamento. La misma es clara cuando dispone expresamente que 

cuando las solicitudes giran en torno a asuntos médicos, el 

Evaluador entregará la copia exacta de la respuesta que emitió el 

director médico. En el presente caso, el Evaluador, Sr. Henry Luna, 

entregó la copia de la respuesta emitida por el Director de Servicios 

Clínicos, Dr. Iván Rosario Rosado, al recurrente, tal como lo exige 

el Reglamento 8583.

En cuanto al planteamiento sobre la entrega del “mattress”, 

tampoco se cometió el error señalado. El recurrente no ha probado 

que el Departamento de Corrección y Rehabilitación haya actuado 

de manera arbitraria, ilegal o irrazonable, de manera tal que 

constituya un abuso de discreción, sea errónea en derecho o haya

causado alguna lesión a los derechos constitucionales 

fundamentales del recurrente. El Departamento de Corrección y 

Rehabilitación le informó al recurrente que el “mattress” fue

autorizado y pedido el 20 de octubre de 2023 y que se encuentran 

en espera del mismo, lo cual es una indicación que su pedido está 

siendo atendido por la agencia y no amerita nuestra intervención 

en estos momentos.

IV

Por los fundamentos antes expresados, las cuales hacemos 

formar parte de este dictamen, se confirma la Resolución apelada

dictada por el Departamento de Corrección y Rehabilitación.
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones