Número Identificador

RES2023_____________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IV

SOUTH SIDE CAPITAL LLC

Demandante-Recurrida

v.

INMOBILIARIA L.A. INC.,

HEALTHCARE 

CONSULTING SERVICES 

INC., JOSÉ A. LÓPEZ 

ALEJANDRO, TANIA 

CARCASE MOURE Y LA 

SOCIEDAD LEGAL DE 

GANANCIALES 

COMPUESTA POR AMBOS

Demandados

CORTÉS ENTERPRISES, 

INC.

Parte InterventoraPeticionaria

KLCE202300269

Certiorari

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de San 

Juan

Caso Núm.:

K CD2011-1722

(802)

Sobre:

Incumplimiento de 

Contrato, Cobro de 

Dinero y Ejecución 

de Prendas e 

Hipoteca

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 

Juez Barresi Ramos, y la Jueza Rivera Pérez. 

Rivera Pérez, Jueza Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2023.

Comparece Cortés Enterprises, Inc., en adelante (CE o parte 

interventora-peticionaria) mediante recurso de certiorari y nos 

solicita que revisemos la Resolución emitida el 2 de diciembre de 

20221 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan (TPI). En virtud del referido dictamen, el foro primario permitió 

la intervención de CE, y declaró No Ha Lugar la solicitud de 

paralización y nulidad de embargo, y ejecución de sentencia. 

1 La notificación de dicha resolución tiene fecha del 17 de enero de 2023.
KLCE2023000269 2

Por los fundamentos que se expondrán a continuación, se 

deniega la expedición de recurso de certiorari presentado.

I.

Surge de los documentos que obran en el expediente que, el 

21 de febrero de 2002, Banco Popular de Puerto Rico (BPPR) e 

Inmobiliaria L.A., Inc. (ILA) suscribieron un Contrato de Préstamo

por la cantidad de $430,000.00 (Contrato #1).

2 En dicho contrato

ILA se comprometió a pagar en ciento ochenta (180) plazos la 

cantidad de $2,388.89 mensuales más los intereses acumulados

desde el 21 de marzo de 2002. y así sucesivamente los días 21 de 

cada mes. Además, el Sr. José A. López Alejandro (en adelante, el 

señor López Alejandro) era la parte garantizadora.3

Años después, el 23 de enero de 2009, Healthcare Consulting 

Services, Inc. (HCCS) y BPPR suscribieron un Contrato de Préstamo 

(Contrato #2) por la cantidad de $750,000.00.4 Además, participó 

del referido acuerdo, ILA como parte garantizadora, así como los 

esposos, el señor López Alejandro y la Sra. Tania Carcase Moure 

(señora Carcase Moure, en conjunto matrimonio López-Carcase),

como parte garantizadora solidaria prendataria. Ese mismo día, 

BPPR extendió a HCCS una línea de crédito mediante un contrato 

por la suma de $800,000.00.5 Mediante dicho contrato ILA acordó 

constituir un gravamen mobiliario como garantía del préstamo y de 

la línea de crédito.

6 Específicamente, los bienes dados en prenda 

eran tres (3) pagarés hipotecarios valorados en: 1) $430,000.00; 2) 

$250,000.00; y 3) $169,000.00.7 Las tres (3) hipotecas afectaban 

una propiedad inmueble, la cual era la Oficina Núm. 1105 del 

Condominio Capital Center en San Juan, Puerto Rico (Oficina). 

2 Apéndice del recurso de certiorari, a las págs. 17-32. 

3 Junto con el Contrato #1, ILA cedió al BPPR como prenda un pagaré hipotecario 

por la cantidad de $430,000.00. 

4 Apéndice del recurso de certiorari, a las págs. 57-74.

5 Íd., a las págs. 77-93.

6 Íd., a las págs. 100-103.

7 Todos estos eran a favor del BPPR, vencederos a la presentación. Apéndice del 

recurso de certiorari, a las págs. 105-119.
KLCE202300269 3

De igual modo, ese mismo día, el matrimonio López-Carcase,

como garantizador, entregó en prenda un pagaré hipotecario por la 

cantidad de $500,000.00 a favor de BPPR.

8 Este gravamen fue 

constituido sobre el Apartamento Núm. 9 en el Condominio The 

Woods at Palmas del Mar en Humacao, Puerto Rico (Apartamento 

Núm. 9). 

El 1 de agosto de 2011, BPPR presentó una Demanda sobre 

incumplimiento de contrato, cobro de dinero y ejecución de prenda 

e hipoteca en contra de ILA, HCCS, el señor López Alejandro, la 

señora Carcase Moure y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos (SLG).9 En su demanda alegó que éstos 

incumplieron con sus obligaciones de pago a pesar de los intentos 

infructuosos que realizaron para cobrarlos. Además, expuso que 

como acreedor optó por acelerar las deudas, y le solicitó al TPI que 

ordenara el pago de las sumas adeudadas. 

El 15 de noviembre de 2011, el foro primario emitió una Orden

en la cual indicó que el caso continuaría su curso ordinario, aunque 

la hipoteca del Apartamento Núm. 9 no estaba inscrita en el Registro 

de la Propiedad.10

Así las cosas, el 14 de diciembre de 2011, el BPPR presentó 

anotación de la demanda ante el Registro de la Propiedad, mediante 

el Asiento Núm. 147 del Diario Núm. 908.11 Luego el BPPR presentó 

Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial, mediante la cual, 

solicitó al TPI que dejara pendiente de ejecución la hipoteca del 

apartamento concernido mientras dicho gravamen fuera inscrito en 

el Registro de la Propiedad.12

8 Apéndice del recurso de certiorari, a las págs. 124-138.

9 Íd., a las págs. 6-16.

10 Íd., a la pág. 146.

11 Apéndice del recurso de certiorari, a la pág. 296. También este mismo día, ILA, 

HCCS, el señor López Alejandro, la señora Carcase Moure y la SLG contestaron la 

demanda en su contra. Además, incoaron una reconvención en contra de BPPR y 

una demanda contra tercero en contra del Departamento de Salud de Puerto Rico 

(DS) y Management Consultant and Computer Services, Inc. (MCCS). En su 

escrito, alegaron que MCCS interfirió torticeramente en la relación contractual 

entre HCCS y el DS, y que ello produjo el incumplimiento de HCCS con el BPPR. 

12 Apéndice del recurso de certiorari, a las págs. 180-228.
KLCE2023000269 4

Tras varios trámites procesales13, el 6 de junio de 2013, el foro 

a quo dictó Sentencia Sumaria y de Desestimación, en la cual declaró 

Ha Lugar la demanda y, en consecuencia, ordenó el pago solidario 

entre ILA, el señor López Alejandro, la señora Carcase Moure y la 

SLG, a excepción de HCCS.14 Además, decretó la venta en pública 

subasta del bien inmueble (Oficina) en ejecución de las hipotecas 

inscritas que lo gravaron, de no realizarse el pago. A su vez, 

desestimó la acción de ejecución de hipoteca en cuanto al 

Apartamento Núm. 9. 

Más tarde, el 21 de enero de 2014, PR Asset Portfolio 2013-1 

International Sub, LLC (PRAPI) como nueva parte demandante, 

presentó Moción en Solicitud de Anotación de Embargo en Ejecución 

de Sentencia.

15 En su escrito alegó que interesaba ejecutar la 

sentencia antes mencionada en el Apartamento Núm. 9 para abonar 

sumas adicionales a su sentencia, de conformidad con la Regla 56.1 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 56.1. En cumplimiento 

con una orden del TPI, PRAPI presentó estudio de título referente al 

bien inmueble concernido.

16

Así, el foro primario ordenó la expedición de un mandamiento 

dirigido al Registrador de la Propiedad de Humacao para que 

anotara el embargo por la cantidad de $500,000.00 sobre el 

Apartamento Núm. 9.17

De otra parte, el 9 de julio de 2015, el señor López Alejandro 

vendió a CE el bien inmueble en cuestión, y así lo hicieron constar 

13 Mediante moción, el BPPR solicitó sustitución de parte demandante a PR Asset 

Portfolio 2013-1 International Sub 1, LLC (PRAPI). Véase, Apéndice del recurso de 

certiorari, a las págs. 234-235.

14 Apéndice del recurso de certiorari, a las págs. 236-238.

15 Íd., a las págs. 256-261.

16 Íd., a las págs. 275-276. 

17 Íd., a las págs. 277-279. El mandamiento y orden del embargo fue presentado 

en el Registro de la Propiedad de Humacao, el 30 de julio de 2014. Además, el 6 

de octubre de 2014, ordenó la venta y ejecución de sentencia en contra de la finca 

embargada (Apartamento Núm. 9). Íd., a las págs. 298-300. No obstante, la 

subasta fue cancelada por la incomparecencia de la representación de la parte 

demandante. Íd., a la pág. 307.
KLCE202300269 5

mediante Escritura Número Dos sobre Compraventa.

18 Las 

advertencias que surgen de dicho escrito indicaron que:

Yo, la Notario, Doy Fe de haber hecho a los 

comparecientes las reservas y advertencias legales 

pertinentes, y muy especialmente les advertí lo 

siguiente:

[...]

(d) Que no ha revisado personalmente los libros 

del Registro de la Propiedad a fin de 

determinar la existencia de cargas o 

gravámenes sobre el Inmueble y/o 

condiciones restrictivas que pudiesen limitar el 

uso del Inmueble;

(e) Que se ha obtenido una certificación registral 

negativa acreditando que la finca no está inscrita 

en el Registro de la Propiedad; 

(f) Que la expedición de la certificación no cierra 

el Registro y que, por tanto, no obstante la 

certificación negativa, pueden existir cargas 

inscritas con posterioridad a la certificación;

(g) La posibilidad de que otros documentos que 

afecten los derechos por la presente 

adquiridos y/o creados hayan sido 

presentados para inscripción con anterioridad 

al otorgamiento y/o a la presentación para su 

inscripción de una copia certificada de esta 

escritura en el Registro de la Propiedad y de la 

preferencia o superioridad que dichas 

cargas, gravámenes y/o derechos puedan 

obtener por razón de contribuciones sobre la 

propiedad. (Énfasis Nuestro)19

Años después, el 16 de diciembre de 2021, PRAPI presentó 

una nueva solicitud de ejecución de sentencia, mediante la cual 

pidió la expedición de Mandamiento de Venta Judicial sobre el 

Apartamento Núm. 9.20 El TPI ordenó la venta en pública subasta 

de la finca concernida y la Secretaría del Tribunal expidió el 

mandamiento correspondiente.21

Así las cosas, el 6 de septiembre de 2022, se tramitó un Aviso 

de Subasta, mediante el cual se hizo constar que la venta del 

Apartamento Núm. 9 se celebraría el 8 de noviembre de 2022. A su 

vez, dicho documento expuso que el embargo de la propiedad fue 

18 Apéndice del recurso de certiorari, a las págs. 458-462.

19 Íd., a las págs. 460-461. Luego de varios años, el 22 de agosto de 2022, el TPI 

declaró Ha Lugar la solicitud de sustitución de parte demandante, a saber, de 

PRAPI a South Side Capital, LLC (SSC). Íd., a la pág. 361.

20 Apéndice del recurso de certiorari, a las págs. 319-322.

21 Íd., a las págs. 323-327.
KLCE2023000269 6

presentado el 30 de julio de 2014 y estaba anotado en Karibe, el 29 

de diciembre de 2021.22

El 7 de noviembre de 2022, CE presentó Moción Urgente sobre 

Solicitud de Paralización de Venta en Pública Subasta y sobre 

Nulidad de Embargo y Ejecución de Sentencia.

23 Alegó falta de 

notificación como titular del apartamento concernido. Además, 

argumentó falta de partes indispensables en el pleito, toda vez que 

el señor López Alejandro falleció el 1 de agosto de 2016, y su 

sucesión no fue incluida. Expuso que sin dichas partes no procedía 

la ejecución de la sentencia dictada. 

Por su parte, el 18 de noviembre de 2022, South Side Capital, 

LLC (SSC) se opuso.24 En su escrito, alegó que CE adquirió el 

Apartamento Núm. 9 con posterioridad a: i) la presentación de la 

demanda; ii) la anotación de la Demanda; iii) la Sentencia emitida, 

que condenó a la parte demandada al pago de las cuantías 

reclamadas en la Demanda; y iv) a la anotación del embargo de dicho 

inmueble. Argumentó que, de la escritura de compraventa, surgía 

que no se revisaron las constancias en el Registro de la Propiedad. 

Además, que si CE hubiera hecho la diligencia de revisar el Registro, 

se enteraba de la anotación de la demanda y del embargo en contra 

de la finca en cuestión. 

Evaluadas ambas posturas, el 2 de diciembre de 2022, el TPI 

permitió la intervención de CE, pero denegó la solicitud de 

paralización de los procedimientos de ejecución del embargo en 

contra del Apartamento Núm. 9.

25

El 30 de enero de 2023, CE presentó sin éxito una moción de 

reconsideración.26 Insatisfecha aun, acudió ante nos mediante el 

recurso de certiorari de epígrafe y una moción en auxilio de 

22 Íd., a las págs. 365-368.

23 Íd., a las págs. 455-457.

24 Íd., a las págs. 466-473.

25 Íd., a las págs. 1-2. Esta resolución fue notificada a CE, el 17 de enero de 2023.

26 Apéndice del recurso de certiorari, a las págs. 3-4.
KLCE202300269 7

jurisdicción para paralizar los procedimientos del presente caso. El 

21 de marzo de 2023, emitimos Resolución mediante la cual 

declaramos Ha Lugar dicha moción y se concedió plazo a SSC para 

presentar su oposición. 

En su recurso de certiorari, CE imputó al foro primario los 

siguientes señalamientos de error:

Erró el TPI al declarar No Ha Lugar la solicitud de 

paralización y sobre nulidad de embargo y ejecución de 

sentencia por haber sido desestimada la causa de 

acción sobre el bien inmueble embargado.

Erró el TPI al no paralizar la ejecución de sentencia por 

falta de partes indispensables.

Erró el TPI al declarar No Ha Lugar la solicitud de 

paralización y sobre nulidad de embargo y ejecución de 

sentencia a pesar de que el bien inmueble objeto de la 

presente causa de acción no constaba inscrito por 

defectos de título y caducidad al momento de la 

anotación del embargo. 

El 4 de abril de 2023, SSC fijó su posición en cuanto al recurso 

de certiorari presentado por CE. Con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes procedemos a resolver. 

II.

A.

El recurso de certiorari es “un vehículo procesal discrecional 

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un foro inferior.” IG Builders et al. v. BBVAPR, 

185 DPR 307, 337-338 (2012). Véase, además, 800 Ponce de León 

Corp. v. Am. Int'l In. Co., 205 DPR 163, 174 (2020); Pueblo v. Díaz de 

León, 176 DPR 913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 

(2005). En el ámbito judicial, el concepto discreción “no significa 

poder para actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del 

resto del Derecho.” IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338. La 

discreción, “es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera.” 

Torres González v. Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46, 211 DPR ___ 

(2023); 800 Ponce de León Corp. v. Am. Int'l Ins. Co., supra, a la pág. 
KLCE2023000269 8

174.

En el caso particular del Tribunal de Apelaciones, la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, limita los 

asuntos interlocutorios que podemos revisar mediante un recurso 

de certiorari, bajo el entendimiento de que estos pueden esperar 

hasta la conclusión del caso para ser revisados en apelación. IG 

Builders et al. v. BBVAPR, supra, a la pág. 337. Dicha Regla dispone 

que el recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones:

“cuando se recurra de una resolución u orden bajo las 

Reglas 56 y 57 [de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 56 y 57,] o de la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo.” Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra. 

No obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el 

Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia: 

“cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad 

de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que 

revistan interés público o en cualquier otra situación en 

la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia.” Íd. 

Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos 

últimos casos, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, dispone 

que “el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 

decisión.” Íd.

Por otra parte, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que el 

Tribunal de Apelaciones deberá tomar en consideración al 

determinar si procede la expedición de un recurso de certiorari o de 

una orden de mostrar causa. Estos son: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 
KLCE202300269 9

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.” Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.

B.

Sabido es que en nuestro ordenamiento jurídico inmobiliario 

está reconocido el principio de la fe pública registral. Medina y otros 

v. Medina Garay, 170 DPR 135, 142 (2007). Como norma general, la 

inscripción de los derechos reales sobre inmuebles es declarativa, 

toda vez que estos se constituyen, modifican, transmiten o 

extinguen, con eficacia jurídica, fuera del Registro de la Propiedad. 

Luis Rafael Rivera Rivera, Derecho Registral Inmobiliario 

Puertorriqueño, 3ra Edición, Jurídica Editores, 2012, a la pág. 42.

Es decir, no siempre coincide la realidad registral con la realidad 

extrarregistral. Vázquez v. Administración de Reglamentos y 

Permisos, 128 DPR 513, 532 (1991). 

Así, nuestro derecho registral está fundamentado en la 

presunción de que las inscripciones en el Registro de la Propiedad 

son correctas y ciertas. Medina y otros v. Medina Garay, supra, a la 

pág. 143. Ello para salvaguardar la certeza del tráfico económico 

inmobiliario y lograr mediante la publicidad ante terceros de 

aquellos derechos que constan inscritos en el propio Registro. López 

García v. López García, 200 DPR 50,67 (2018); Distribuidores Gas PR 

v. Registradora, 188 DPR 351, 359 (2013). En cuanto a los títulos 
KLCE2023000269 10

inscritos, el Art. 53 de la Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979, 

conocida como Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad27 (Ley 

Núm. 198), establece que surtirán efecto sobre terceros en la fecha 

de su inscripción. Particularmente, dispone que “[s]e considerará 

como fecha de inscripción, para todos los efectos que esta deba 

producir, aun para determinar el plazo necesario para la 

cancelación de asientos, la fecha de la presentación que deberá 

constar en la inscripción misma”.28 (Énfasis nuestro). 

C. 

De otra parte, el Art. 112 de la Ley Núm. 198, supra, 

pormenoriza las personas que pueden solicitar la anotación 

preventiva de sus respectivos derechos en el Registro de la 

Propiedad, éstas son:

1ro. El que reclamare en juicio la propiedad de bienes 

inmuebles o la constitución, declaración, modificación 

o extinción de cualquier derecho registrable o el que 

reclamare en alguna acción que afecte al título de 

propiedad inmueble, o sobre la validez y eficacia, o

invalidez o ineficacia, del título o títulos referentes a la 

adquisición, constitución, declaración, modificación o 

extinción de los precitados derechos registrables.

2do. El que con arreglo a derecho obtuviere a su favor 

mandamiento de embargo, sobre bienes inmuebles del 

deudor.

[...]29

El Tribunal Supremo ha resuelto que la anotación preventiva 

de embargo produce una afección de los terceros adquirentes o 

titulares de derechos reales sobre el bien embargado, siempre que

tengan una fecha posterior a la anotación. (Énfasis Nuestro)

Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 842 (2010). Mientras 

que, quedan inmunes, si sus títulos son de fecha anterior, aunque 

se inscriban con posterioridad a la anotación. Íd., citando a L. Díez27 30 LPRA sec. 2256. Esta legislación es aplicable a los hechos del presente caso, 

toda vez que ocurrieron con anterioridad a la aprobación de la Ley Núm. 210-

2015, según enmendada, conocida como Ley del Registro de la Propiedad 

Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 30 LPRA sec. 6001 et seq.

28 Íd.

29 30 LPRA sec. 2401.
KLCE202300269 11

Picaso y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 6ta ed., Madrid, Ed. 

Tecnos, 1989, Vol. III, págs. 331-332. 

III.

En esencia, la parte interventora-peticionaria nos solicita que

revisemos la Resolución recurrida, en la cual el TPI declaró No Ha 

Lugar la solicitud de paralización sobre nulidad de embargo y 

ejecución de sentencia presentada por ésta. En su recurso, alega 

que el foro primario erró al denegar dicha solicitud, toda vez que fue 

desestimada la causa de acción sobre el bien inmueble embargado. 

A su vez, argumenta que el foro a quo incidió al permitir el 

procedimiento de ejecución de sentencia sin la comparecencia de la 

sucesión del señor López Alejandro. Expone que estos herederos son 

partes indispensables. Por último, imputa error al foro judicial 

recurrido por rechazar la paralización de los procedimientos, toda 

vez que el aludido apartamento carecía de inscripción por defectos 

de título y caducidad al momento de la anotación del embargo. 

Tras un ponderado examen del récord ante nos, las 

alegaciones de las partes y el derecho aplicable, forzoso es colegir 

que CE adquirió la propiedad inmueble concernida en una fecha 

posterior a la anotación del embargo. En específico, la anotación 

preventiva de dicho mecanismo fue presentada en el Registro, 

mediante Mandamiento, el 27 de marzo de 2014 y anotada en 

Karibe, el 29 de diciembre de 2021.30 Mientras que, CE adquirió la 

aludida finca mediante escritura de compraventa con fecha de 9 de 

julio de 2015, la cual fue presentada en el Registro el 19 de julio de 

2021.

Según pormenorizamos, el Art. 53 de la Ley Núm. 198, supra, 

establece que la inscripción de un documento en el Registro de la 

Propiedad se retrotrae al momento de la presentación. Por lo tanto, 

la fecha de inscripción de un escrito en el Registro de la Propiedad 

30 Apéndice del recurso de certiorari, a la pág. 492. 
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es la misma de la presentación. Por ello, la anotación de embargo es 

efectiva contra la parte interventora-peticionaria, toda vez que su 

título adquirido sobre el Apartamento Núm. 9 es posterior a la 

anotación del embargo. 

De otro lado, a poco examinar el expediente nos percatamos 

que el presente caso está en su etapa post sentencia. Por tal razón, 

no nos convence el argumento de CE en cuanto a la falta de partes 

indispensables porque la sentencia que se pretende ejecutar fue 

adjudicada cuando el señor López Alejandro estaba vivo. 

En suma, al considerar todos los criterios establecidos en 

nuestra Regla 40, supra, y los planteamientos de la parte 

interventora-peticionaria, debemos determinar, en nuestro ejercicio 

discrecional, denegar el auto de certiorari solicitado. El TPI no fue 

arbitrario, ni abusó de su discreción al ordenar la ejecución de 

sentencia en este caso, la cual es final y firme, mediante el 

mecanismo del embargo.31

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del recurso de Certiorari, presentado por CE, de 

conformidad con la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, supra.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

31 Cabe señalar que la anotación de embargo proviene de una ejecución de 

sentencia que advino final y firme, la cual se hizo para asegurar el crédito de un 

acreedor del titular del bien inscrito. Nieves Díaz v. González Massas, supra, a la 

pág. 842. Esta acción no se relaciona con la desestimación de la ejecución de 

hipoteca en contra de dicho bien inmueble.