Número Identificador

SEN2024 _______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL II

VÍCTOR M. AYALA TANCO

Recurrente

v.

JUNTA DE LIBERTAD BAJO 

PALABRA

Recurrida 

KLRA202400274

REVISIÓN 

ADMINISTRATIVA 

procedente de la 

Junta de Libertad 

Bajo Palabra

Caso número:

148158

Sobre:

No concesión del 

privilegio de 

libertad bajo 

palabra – volver a 

considerar

Panel integrado por su presidente, el juez Bermúdez Torres, el juez 

Adames Soto y la juez Aldebol Mora.

Aldebol Mora, Juez Ponente

S E N T E N C I A

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de julio de 2024.

Comparece ante nos, por derecho propio, la parte recurrente, 

Víctor M. Ayala Tanco, mediante un recurso de revisión judicial, y 

solicita que revisemos una Resolución emitida por la parte recurrida,

la Junta de Libertad Bajo Palabra, el 11 de diciembre de 2023, 

archivada en autos el día siguiente, notificada mediante correo 

ordinario el 21 del mismo mes y año a la entonces representación 

legal del recurrente. Mediante dicho dictamen, la agencia denegó el 

privilegio de libertad bajo palabra a la parte recurrente.

Posteriormente, la parte recurrida presentó ante nos una 

Solicitud de Desestimación. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

declara Ha Lugar la referida solicitud y, en su consecuencia, se 

desestima el presente recurso por falta de jurisdicción.
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I

Actualmente, Víctor M. Ayala Tanco (Ayala Tanco o 

recurrente) se encuentra cumpliendo una sentencia en la Institución 

Correccional Ponce Principal desde el 11 de mayo de 2022.1 Luego 

de varias incidencias procesales, el 15 de noviembre de 2023, el 

recurrente acudió ante la Junta de Libertad Bajo Palabra (Junta o 

recurrido), acompañado de su representación legal, para la 

celebración de una vista de consideración con el fin de evaluar la 

concesión del privilegio de libertad bajo palabra.

2

Evaluada la documentación que obraba en el expediente 

administrativo, incluyendo los informes, evaluaciones y expedientes 

referidos por el Departamento de Corrección y Rehabilitación, el 11 

de diciembre de 2023, archivada en autos el día siguiente, y 

notificada a la representación legal del recurrente mediante correo 

ordinario el 21 del mismo mes y año, la Junta denegó el privilegio 

de libertad bajo palabra a la parte recurrente.3 En específico, la 

agencia desglosó las siguientes determinaciones de hechos:

1. Del expediente surge que el peticionario se 

encuentra clasificado en custodia mínima desde el 

26 de mayo de 2023. [...]

2. Del expediente surge, que el peticionario posee 

antecedente[s] penal[es] previos (reincidencia por 

Ley de Armas).

3. Del expediente no surge oferta de empleo.

4. Del expediente no surge informe de evaluación 

psicológica reciente por SPEA. Dicha evaluación es 

necesaria tratándose de delitos de carácter violento 

y extremo.

5. El recurso familiar propuesto[,] cuando fue 

investigado[,] no hizo expresión clara de si acepta o 

no al peticionario en su hogar. Por lo que el hogar no 

conocemos si es viable[.]4

Al considerar todos los factores presentes en el caso, la Junta 

concluyó que Ayala Tanco no cualificaba para beneficiarse del 

privilegio de libertad bajo palabra.5 Expresó que deseaba observar 

1 Apéndice del recurso, pág. 9.

2 Íd.

3 Íd., págs. 9-12.

4 Íd., pág. 9.

5 Íd., pág. 10.
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los ajustes del recurrente por un tiempo adicional.6 Señaló que el 

caso volvería a ser considerado en noviembre de 2024.7

En desacuerdo, el 9 de enero de 2024, recibido por la Junta 

el 12 del mismo mes y año, la representación legal de Ayala Tanco 

solicitó la reconsideración de la mencionada determinación.8

Transcurrido el término aplicable para que la Junta 

respondiera la solicitud instada por Ayala Tanco sin que esta lo 

hiciera, el 29 de abril de 2024, recibida el 28 de mayo del mismo 

año, la parte recurrente acudió ante nos mediante el recurso de 

epígrafe. En particular, esbozó el siguiente señalamiento de error:

Err[ó] la Junta de Libertad Bajo Palabra al no exponer 

su posición en cuanto a la solicitud de reconsideración 

presentada a favor de este [recurrente], esto para que 

con[s]tara en el r[é]cord de este organismo sobre [sic] los 

errores marcados, en la que s[í] se present[ó] la 

evidencia fe[h]aciente[,] [la] cual rebatiera los mismos, 

[p]or lo que transcurrier[o]n los t[é]rminos y no hubo 

pronunciación alguna.

Luego de varios trámites procesales, el 3 de julio de 2024, la 

parte recurrida instó una Solicitud de Desestimación. Indicó que la 

Junta no había considerado la solicitud de reconsideración 

promovida por el recurrente dentro de los quince (15) días calendario 

desde la fecha de presentación de la moción. En esencia, sostuvo 

que, al evaluar el término jurisdiccional que tenía la parte recurrente 

para presentar su recurso de revisión judicial, era evidente que este 

Foro carecía de jurisdicción para atenderlo por haberse presentado 

tardíamente. En vista de ello, solicitó la desestimación del presente 

recurso.

Con el beneficio de la copia certificada del expediente 

administrativo, así como de los documentos que obran en autos, 

procedemos a resolver.

6 Apéndice del recurso, pág. 10.

7 Íd., pág. 11.

8 Íd., págs. 13-16. Véase, además, expediente administrativo, págs. 19-22.
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II

A

La jurisdicción es el poder o autoridad de un tribunal para 

considerar y decidir casos y controversias. R&B Power, Inc. v. Junta 

de Subasta ASG, 2024 TSPR 24, 213 DPR ___ (2024); FCPR v. ELA 

et al., 211 DPR 521 (2023); MCS Advantage v. Fossas Blanco et al., 

211 DPR 135 (2023); Cobra Acquisitions v. Mun. Yabucoa et al., 210 

DPR 384 (2022). Es por ello que, la falta de jurisdicción de un 

tribunal incide directamente sobre el poder mismo para adjudicar 

una controversia. Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, 204 DPR 374, 

386 (2020). Por tal razón, es norma reiterada que los tribunales son 

celosos guardianes de su jurisdicción y que tienen el deber 

ineludible de auscultar dicho asunto con preferencia a cualesquiera 

otros. R&B Power, Inc. v. Junta de Subasta ASG, supra; Pueblo v. 

Torres Medina, 211 DPR 950 (2023).

De ese modo, la ausencia de jurisdicción trae varias 

consecuencias, tales como: (1) que no sea susceptible de ser 

subsanada; (2) las partes no puedan conferírsela voluntariamente a 

un tribunal como tampoco puede este arrogársela; (3) conlleva la 

nulidad de los dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales el 

ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; (5) obliga a los 

tribunales apelativos a examinar la jurisdicción del foro de donde 

procede el recurso; y (6) puede presentarse en cualquier etapa del 

procedimiento, a instancia de las partes o por el tribunal motu 

proprio. Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, supra.

En ese sentido, en reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico ha expresado que los tribunales tenemos el deber de 

proteger nuestra jurisdicción sin poseer discreción para asumirla 

donde no la hay. Pueblo v. Ríos Nieves, 209 DPR 264 (2022). Por 

tanto, si un tribunal carece de jurisdicción, solo resta así declararlo 

y desestimar la reclamación sin entrar en los méritos de la 
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controversia. Municipio de Aguada v. W. Construction, LLC y otro, 

2024 TSPR 69, resuelto el 21 de junio de 2024; R&B Power, Inc. v. 

Junta de Subasta ASG, supra; Mun. de San Sebastián v. QMC 

Telecom, 190 DPR 652, 660 (2014). A esos efectos, las cuestiones de 

jurisdicción son de índole privilegiada y deben ser resueltas con 

preferencia. Íd.; Pueblo v. Ríos Nieves, supra; FCPR v. ELA et al., 

supra.

Una de las ocasiones en que un tribunal carece de 

jurisdicción, es cuando se presenta un recurso tardío o prematuro. 

Pueblo v. Ríos Nieves, 209 DPR 264 (2022). Un recurso tardío es el 

que se presenta pasado el término provisto para recurrir. Íd.; Yumac 

Home v. Empresas Massó, 194 DPR 96 (2015); Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008). Al igual que un recurso 

presentado tardíamente, un recurso prematuro adolece del grave e 

insubsanable defecto de falta de jurisdicción. Pueblo v. Ríos Nieves, 

supra. Esto, por razón de que su presentación carece de eficacia y 

no produce efecto jurídico alguno, dado que no existe autoridad 

judicial para acogerlo.

La Regla 57 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 57, 

establece que el plazo para presentar el recurso de revisión será 

dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días contados desde 

el archivo en autos de la copia de la notificación de la orden o 

resolución final del organismo o agencia. De otro lado, el mismo 

Reglamento, en su Regla 83, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, dispone que 

este Tribunal tiene la facultad para, a iniciativa propia o a petición 

de parte, desestimar un recurso por falta de jurisdicción.

B

Sabido es que la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA 

sec. 9601 et seq. (LPAU), regula lo concerniente a la revisión judicial 

de las órdenes o resoluciones finales de los organismos 
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administrativos. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 

que el derecho a cuestionar dichas determinaciones es parte del 

debido proceso de ley cobijado por nuestra Constitución. ACT v. 

Prosol et als., 210 DPR 897 (2022); Asoc. Condómines v. Meadows 

Dev., 190 DPR 843, 847 (2014), citando a Picorelli López v. Depto. de 

Hacienda, 179 DPR 720, 736 (2010). 

Conforme a lo anterior, una parte adversamente afectada por 

una orden o resolución final de una agencia, que haya agotado todos 

los remedios provistos por la agencia o por el organismo 

administrativo apelativo correspondiente, podrá presentar una 

solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones. Sección 4.2 de 

la LPAU, 3 LPRA sec. 9672; Miranda Corrada v. DDEC et al., 211 

DPR 738 (2023).

Según la Sección 4.2 de la LPAU, supra, el término 

jurisdiccional para acudir al foro apelativo mediante revisión judicial 

es de treinta (30) días. Dicho término comienza a transcurrir a partir 

de la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación de la 

orden o resolución final de la agencia o desde que se interrumpa ese 

término mediante la presentación oportuna de una moción de 

reconsideración ante la agencia dentro del término jurisdiccional de 

veinte (20) días. Íd.

En lo pertinente al caso de autos, la Sección 3.15 de la LPAU, 

3 LPRA sec. 9655, provee para que se pueda solicitar la 

reconsideración de la determinación ante la agencia administrativa. 

En particular, dicho articulado establece lo siguiente:

La parte adversamente afectada por una resolución u 

orden parcial o final podrá, dentro del término de veinte 

(20) días desde la fecha de archivo en autos de la 

notificación de la resolución u orden, presentar una 

moción de reconsideración de la resolución u orden. La 

agencia dentro de los quince (15) días de haberse 

presentado dicha moción deberá considerarla. Si la 

rechazare de plano o no actuare dentro de los quince 

(15) días, el término para solicitar revisión comenzará a 

correr nuevamente desde que se notifique dicha 

denegatoria o desde que expiren esos quince (15) días, 
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según sea el caso. Si se tomare alguna determinación 

en su consideración, el término para solicitar revisión 

empezará a contarse desde la fecha en que se archive 

en autos una copia de la notificación de la resolución de 

la agencia resolviendo definitivamente la moción de 

reconsideración. Tal resolución deberá ser emitida y 

archivada en autos dentro de los noventa (90) días 

siguientes a la radicación de la moción de 

reconsideración. Si la agencia acoge la moción de 

reconsideración pero deja de tornar alguna acción con 

relación a la moción dentro de los noventa (90) días de 

ésta haber sido radicada, perderá jurisdicción sobre la 

misma y el término para solicitar la revisión judicial 

empezará a contarse a partir de la expiración de dicho 

término de noventa (90) días salvo que la agencia, por 

justa causa y dentro de esos noventa (90) días, 

prorrogue el término para resolver por un período que 

no excederá de treinta (30) días adicionales.

Si la fecha de archivo en autos de copia de la 

notificación de la orden o resolución es distinta a la del 

depósito en el correo ordinario o del envío por medio 

electrónico de dicha notificación, el término se calculará 

a partir de la fecha del depósito en el correo ordinario o 

del envío por medio electrónico, según corresponda. Íd.

Sobre ese particular, recientemente nuestro Tribunal 

Supremo expresó en ACT v. Prosol et als., supra, pág. 917, que las 

agencias administrativas no están facultadas para, mediante 

determinación administrativa, variar unilateralmente el término 

jurisdiccional de veinte (20) días con el que cuenta una parte 

adversamente afectada para radicar una moción de reconsideración 

ante la propia agencia. Ello, con excepción de que tal determinación 

esté respaldada por una declaración oficial del Gobernador de 

Puerto Rico quien posee la facultad de ordenar la concesión de un 

día de fiesta a todos los empleados, empleadas y agencias de la 

Rama Ejecutiva. ACT v. Prosol et als., supra.

En lo aquí atinente, la Sección 15.1 del Artículo XV del 

Reglamento de la Junta de Libertad Bajo Palabra, Reglamento Núm. 

9232 del 18 de noviembre de 2020 (Reglamento Núm. 9232), 

dispone que toda persona adversamente afectada, por una 

resolución u orden parcial o final, podrá solicitar a la Junta de 

Libertad Bajo Palabra reconsideración sobre la misma, dentro de un 

término de veinte (20) días calendario desde la fecha de archivo en 
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autos de la notificación del dictamen en cuestión. Asimismo, 

establece que dicho organismo administrativo deberá considerar la 

solicitud de reconsideración dentro de los quince (15) días 

calendario desde la fecha de presentación de la moción. En el caso 

en que la agencia rechazare la solicitud de plano o no actuare dentro 

del mencionado plazo, el término jurisdiccional de treinta (30) días 

para solicitar una revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones 

comenzará a transcurrir nuevamente desde que se notifique la 

denegatoria o desde que expiren los quince (15) días, según sea el 

caso.

Esbozada la norma jurídica, procedemos a aplicarla al recurso 

ante nos.

III

De conformidad con los hechos del caso de epígrafe, el 

recurrente acudió ante esta Curia tardíamente. Según el expediente

ante nos, así como la copia certificada del expediente administrativo, 

la Junta emitió la Resolución que nos ocupa el 11 de diciembre de 

2023, archivado en autos el día siguiente. Dicho dictamen fue 

notificado mediante correo ordinario el 21 de diciembre de 2023, 

según se desprende del matasellos de la Oficina del Correo Postal en 

el sobre, al igual que de la solicitud de reconsideración instada por 

la representación legal de la parte recurrente.

9 Posteriormente, el 9 

de enero de 2024, recibido por la Junta el 12 del mismo mes y año, 

el recurrente, a través de su representación legal, presentó una 

moción de reconsideración ante la Junta. Al no recibir respuesta 

alguna de la agencia, el recurrente acudió ante este Tribunal el 29

de abril de 2024, según aparece firmado por este.

10

9 Véase, expediente administrativo, págs. 19 y 49.

10 Cabe destacar que, si bien el recurso tiene el ponche de recibo de la Institución 

Correccional Ponce Principal, esta no cuenta con fecha cierta, por lo que 

utilizaremos como referencia la fecha suscrita por el recurrente.
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Al calcularse los días, según las alegaciones y documentación 

ante nuestro haber, la Junta tenía hasta el lunes, 29 de enero

de 2024, sin contar el sábado y domingo inmediatamente anteriores, 

para acoger la moción de reconsideración. Al no recibir respuesta, 

el recurrente tenía hasta el miércoles, 28 de febrero de 2024, para

presentar una revisión judicial ante este Foro. No obstante, el 

recurrente acudió ante este Tribunal el 29 de abril de 2024, por lo 

que resulta evidente que nos encontramos ante un recurso tardío, 

frente al cual carecemos de jurisdicción.

En virtud de lo anterior, habiendo acudido ante este Foro 

tardíamente, no podemos sino declarar nuestra falta de jurisdicción 

sobre el recurso de autos y, a su vez, declarar Ha Lugar la moción 

de desestimación promovida por la parte recurrida.

IV

Por los fundamentos que anteceden, declaramos Ha Lugar la 

Solicitud de Desestimación presentada por la parte recurrida y, en 

su consecuencia, desestimamos el presente recurso por falta de 

jurisdicción.

Notifíquese a las partes. El Administrador de Corrección 

deberá entregar copia de esta Sentencia al confinado, en cualquier 

institución donde este se encuentre.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones