Número Identificador

SEN2024_________________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VI

KINDRED SPIRITS, INC.

Recurrida

V.

RANDIEL JOSÉ 

NEGRÓN TORRES

Peticionario

KLCE202400048

CERTIORARI

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de 

Bayamón

Caso Núm.: 

SJ2023CV05737

(501)

Sobre: Libelo, 

Calumnia o 

Difamación

Panel integrado por su presidenta la jueza Ortiz Flores, el juez Rivera 

Torres, la jueza Rivera Pérez y el juez Campos Pérez

Rivera Torres, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de febrero de 2024.

Comparece ante este tribunal apelativo el Sr. Randiel José 

Negrón Torres (señor Negrón Torres o peticionario) mediante Petición 

de Certiorari solicitándonos que revoquemos la Resolución emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón 

(TPI), el 12 de diciembre de 2023, notificada al día siguiente. 

Mediante este dictamen, el foro primario declaró, entre otros 

asuntos, No Ha Lugar a la moción de desestimación instada por el 

peticionario al amparo de la Regla 10.2 de las Reglas de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

expedimos el auto de certiorari solicitado y revocamos la Resolución

recurrida. En consecuencia, procede desestimar la demanda instada 

en contra del peticionario. 

I.

El 14 de junio de 2023 Kindred Spirits, Inc., una corporación 

doméstica, dueña y operadora del restaurante Bottles (KSI, Bottles 
KLCE202400048 2

o recurrida), instó demanda sobre daños y perjuicios, libelo, 

calumnia y difamación en contra del peticionario. En síntesis, alegó 

que el señor Negrón Torres ha realizado, durante semanas, varias 

expresiones públicas a través de distintos medios y redes sociales 

sobre la contratación de meseros y meseras por parte de Bottles y la 

manera en que se les paga sus salarios. Arguyó que dichas 

manifestaciones son falsas, difamatorias, libelosas y fueron 

realizadas por el peticionario con grave menosprecio a la verdad para 

dañar la imagen y reputación del negocio. Enfatizó que, contrario a 

lo expresado por el peticionario, todos los meseros y meseras son 

empleados y no contratistas independientes; ningún mesero o 

mesera ha recibido una compensación menor al salario mínimo 

establecido por ley; y Bottles les entrega a ellos (as) la totalidad de 

la propina dejada por un cliente. Manifestó que, a consecuencia de 

dichas expresiones públicas, verbales y escritas, ha sufrido daños 

reales, así como a su imagen y reputación, estimados en 

$1,333,450. Asimismo, solicitó al TPI que imponga el pago de las 

costas, gastos y honorarios de abogado.

El 21 de agosto de 2023, el señor Negrón Torres presentó 

Solicitud de Desestimación en la que elaboró varios argumentos por 

lo que procede desestimar la causa de acción en su contra. Entre 

estos se encuentran que: el restaurante Bottles es una figura 

pública; las expresiones y declaraciones del peticionario están 

directamente vinculadas a las alegaciones contenidas en una 

Querella sobre impago de salarios, incoada en contra de la entidad, 

la cual depende de la adjudicación en el Tribunal Federal de Distrito 

de Puerto Rico, luego de que la recurrida la removiera a dicha 

jurisdicción; las expresiones y declaraciones del señor Negrón Torres 

al descansar exclusivamente en la susodicha Querella están 

protegidas por el privilegio del reporte justo y verdadero; la recurrida 

persigue castigar el ejercicio de la libre expresión por un portavoz de 
KLCE202400048 3

la organización Justicia Salarial creada para promover discusión 

pública a favor del reconocimiento de los derechos de los (as) 

meseros (as); así como para denunciar prácticas violatorias de sus 

derechos; y la única declaración que no está comprendida en dicha

Querella es una respecto a que la exigua compensación que reciben 

los (as) meseros (as) “es un legado directo de la esclavitud”. No 

obstante, alegó que esta última manifestación no es falsa o 

difamatoria, sino que está cimentada en escritos académicos y cae 

dentro de los contornos de la defensa de hipérbole retórica empleada 

para acentuar un asunto de alto interés público. Por lo que, entiende 

que la demanda deja de exponer una reclamación que justifica la 

concesión de un remedio. 

La recurrida se opuso en su escrito y expresó que el 

señor Negrón Torres utilizó el mecanismo desestimatorio de manera 

incorrecta al descansar en defensas afirmativas que no son 

susceptibles de ser resueltas en una moción de tal naturaleza. 

Respecto a lo argumentado por el peticionario ripostó lo siguiente: 

los hechos de la demanda no se relacionan con las alegaciones de la 

Querella y el motivo de la acción se basa en las expresiones que este 

hiciera en las redes sociales y en la prensa contra Bottles; el 

peticionario al pretender establecer que sus manifestaciones son 

meramente reseñas de la Querella está litigando el motivo de sus 

expresiones, lo cual es una evaluación de credibilidad no susceptible 

de aquilatar en una moción de desestimación; la alegación de que el 

señor Negrón Torres hizo las expresiones en calidad de portavoz de 

la organización Justicia Salarial no es un hecho que surja de la 

demanda, por lo que es uno nuevo para amortiguar el efecto de sus 

actos; el peticionario realizó la mayoría de sus declaraciones en sus 

cuentas personales; para que aplique la defensa de reporte justo y 

verdadero este debe pertenecer a un noticiero u organización 

mediática; tampoco dicho privilegio aplica ya que sus expresiones 
KLCE202400048 4

son acusaciones y no un reporte de ciertas alegaciones en contra del 

negocio; la acusación de Bottles como esclavista no se puede 

interpretar como mera retórica cuando la misma es una conclusión 

que este llevó a cabo a raíz de hechos falsos; la expresión “es un 

legado directo de esclavitud” es susceptible de varias 

interpretaciones por lo que se configuraría una controversia de 

hechos; de la demanda no surge un solo hecho que demuestre que 

Bottles es una figura pública; y no ha sido temeraria al incoar la 

causa de acción debido a que todo negocio tiene un interés legítimo 

en proteger su reputación y buen nombre.

El señor Negrón Torres presentó una réplica a la oposición en 

la cual contestó los antedichos argumentos. En especial, recalcó lo 

siguiente: que sus expresiones eran una representación fidedigna de 

las alegaciones incluidas en la Querella; la alegación de que el 

señor Negrón Torres habló como portavoz de Justicia Salarial surge 

del acápite 12 de la demanda; el recurrido falló en citar una fuente 

jurídica vinculante que decrete que el privilegio del reporte justo y 

verdadero solo es extensivo a periodistas; no procede la acción de

libelo al ser las expresiones privilegiadas por ser estas un reporte 

justo y verdadero y; que la referencia al uso simbólico de la figura 

de la esclavitud está cobijado bajo la doctrina de hipérbole retórica. 

El 12 de diciembre de 2023, se celebró una vista 

argumentativa para discutir la moción de desestimación instada por 

el señor Negrón Torres a la que comparecieron las partes y sus 

respectivos representantes legales. De la lectura de la misma surge 

que se esbozaron los mismos planteamientos incluidos en los 

escritos anteriores. Escuchadas las partes, el TPI expresó que 

resolvería por escrito. 

Así las cosas, el 12 de diciembre de 2023, notificada al día 

siguiente, el foro a quo mediante la Resolución recurrida, declaró No 

Ha Lugar a la moción de desestimación instada por el peticionario 
KLCE202400048 5

sin fundamentar dicha determinación. A su vez, pautó la 

Conferencia Inicial y ordenó a las partes presentar en el término de 

treinta (30) la calendarización del descubrimiento de prueba. 

Inconforme con la determinación, el peticionario acude ente 

este foro revisor mediante el recurso de certiorari de epígrafe 

imputándole al TPI haber incurrido en el siguiente error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DECLARAR NO HA LUGAR LA SOLICICITUD DE 

DESESTIMACIÓN, PESE A QUE, TOMANDO COMO 

CIERTOS LOS HECHOS BIEN ALEGADOS EN LA 

DEMANDA, LAS EXPRESIONES ATRIBUIDAS AL SR. 

RANDIEL JOSÉ NEGRÓN TORRES ESTÁN

PROTEGIDAS POR EL PRIVILEGIO DEL REPORTE 

JUSTO Y VERDADERO Y LA DOCTRINA DE 

HIPÉRBOLE RETÓRICA. 

El 19 de enero de 2024, emitimos Resolución concediendo a la 

parte recurrida el término de diez (10) días para expresarse. Así, el 

22 de enero de 2024, la parte recurrida sometió una Moción de 

Prórroga solicitándonos diez (10) días para presentar su posición. 

Este Tribunal emitió una Resolución concediéndole hasta el 5 de 

febrero de 2024 para expresarse. El 5 de febrero de 2024,

compareció la recurrida. En síntesis, la parte recurrida reiteró los 

argumentos planteados anteriormente y, además, añadió que el 

recurso se había tornado académico debido a que el peticionario 

había sometido sus alegaciones responsivas y que el descubrimiento 

de prueba estaba por comenzar. Así pues, al haberse cumplido con 

lo ordenado, decretamos perfeccionado el recurso.

Analizados los escritos de las partes y el expediente apelativo,

así como estudiado el derecho aplicable, procedemos a resolver. 

II.

El auto de certiorari

La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 52, establece las instancias en que el recurso de certiorari será 

expedido y así revisar las resoluciones u órdenes interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia. Sin embargo, aún
KLCE202400048 6

cuando un asunto esté comprendido dentro de las materias que 

podemos revisar de conformidad con la Regla 52.1, supra, previo a 

ejercer debidamente nuestra facultad revisora es menester evaluar 

si, a la luz de los criterios enumerados en la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, se justifica nuestra 

intervención, pues distinto al recurso de apelación, este tribunal 

posee discreción para expedir el auto el certiorari. García v. Padró, 

165 DPR 324, 334 (1999). Por supuesto, esta discreción no opera en 

el vacío y en ausencia de parámetros que la dirija. I G Builders et al. 

v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012); Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). 

Precisa recordar que la discreción ha sido definida como “una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera. (citas omitidas)”. SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 435 (2013). Así pues, 

se ha considerado que la discreción se nutre de un juicio racional 

cimentado en la razonabilidad y en un sentido llano de justicia y “no 

es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni limitación alguna. 

(citas omitidas).” Íd. A estos efectos, la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, enmarca los criterios que debemos considerar al 

momento de determinar si procede que expidamos el auto 

discrecional certiorari. I G Builders et al. v. BBVAPR, supra. Dicha 

regla establece lo siguiente:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 

derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal 

de Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida 

a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados.
KLCE202400048 7

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 

es la más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia.

En síntesis, la precitada regla exige que, como foro apelativo, 

evaluemos si alguna de las circunstancias enumeradas 

anteriormente está presente en la petición de certiorari. De estar 

alguna presente, podemos ejercer nuestra discreción e intervenir 

con el dictamen recurrido. De lo contrario, estaremos impedidos de 

expedir el auto, y por lo tanto deberá prevalecer la determinación del 

foro recurrido. Además, es norma trillada que un tribunal apelativo 

no intervendrá con las determinaciones discrecionales de un 

tribunal sentenciador, a no ser que las decisiones emitidas por este 

último sean arbitrarias o en abuso de su discreción. Pueblo v. Rivera 

Santiago, 176 DPR 559, 581 (2009). También, los criterios antes 

transcritos sirven de guía para poder determinar, de manera sabia 

y prudente, si procede o no intervenir en el caso en la etapa del 

procedimiento en que se encuentra el caso. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 96-97 (2008).

Moción de Desestimación al amparo de la Regla 10.2 de las de 

Procedimiento Civil

Una persona contra quien se haya presentado una 

reclamación judicial puede solicitar su desestimación cuando, de la 

faz de las alegaciones de la demanda, surja que alguna defensa 

afirmativa puede derrotar la pretensión del demandante. Conde 

Cruz v. Resto Rodríguez et al, 205 DPR 1043, 1077-1078 (2020); 

Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 701 (2012). 

A tales efectos, la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil,

32 Ap. V, R. 10.2, dispone lo siguiente:

Toda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación 

se expondrá en la alegación responsiva excepto que, a opción 
KLCE202400048 8

de la parte que alega, las siguientes defensas pueden hacerse 

mediante una moción debidamente fundamentada: 

(1) Falta de jurisdicción sobre la materia;

(2) Falta de jurisdicción sobre la persona;

(3) Insuficiencia del emplazamiento;

(4) Insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento;

(5) Dejar de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio;

(6) Dejar de acumular una parte indispensable;

[...] Si en una moción en que se formula la defensa (5) se 

exponen materias no contenidas en la alegación impugnada, 

y éstas no son excluidas por el tribunal, la moción deberá ser 

considerada como una solicitud de sentencia sumaria y 

estará sujeta a todos los trámites ulteriores provistos en la 

Regla 36 hasta su resolución final, y todas las partes deberán 

tener una oportunidad razonable de presentar toda materia 

pertinente a tal moción bajo dicha regla.

La citada regla establece los fundamentos para que una parte 

en un pleito pueda solicitar la desestimación de una demanda en su 

contra, mediante la presentación de una moción fundamentada en 

cualesquiera de los motivos en ella expuestos. El Día, Inc. v. Mun. de 

Guaynabo, 187 DPR 811, 820-821 (2013); Asoc. Fotoperiodistas v. 

Rivera Schatz, 180 DPR 920, 935 (2011). En particular, la Regla 

10.2(5) de las de Procedimiento Civil, supra, dispone que el 

demandado puede fundamentar su solicitud en que la demanda no 

expone “una reclamación que justifique la concesión de un remedio”. 

En tales casos, la desestimación solicitada se dirige a los méritos de 

la controversia y no a los aspectos procesales. Montañez v. Hosp. 

Metropolitano, 157 DPR 96 (2002).

En fin, la desestimación de la reclamación judicial procede 

cuando surja de los hechos bien alegados en la demanda que la 

parte demandante no tiene derecho a remedio alguno. Torres, Torres 

v. Torres et al., 179 DPR 481, 501 (2010). Para alcanzar dicha 

conclusión, es necesario que el tribunal considere ciertas todas las 

alegaciones fácticas que hayan sido aseveradas de manera clara en 

la demanda. Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. First Bank, 193 DPR 
KLCE202400048 9

38, 49 (2015); Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006). La razón 

de ser de dicho requisito es que el demandante no viene obligado a 

realizar alegaciones minuciosas y técnicamente perfectas, sino que 

se le permite limitarse a bosquejar a grandes rasgos su reclamación, 

mediante una exposición sucinta y sencilla de los hechos. Sánchez 

v. Aut. de Los Puertos, 153 DPR 559, 569 (2001).

Así, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado en 

diversas ocasiones que, ante una moción de desestimación, las 

alegaciones hechas en la demanda hay que interpretarlas 

conjuntamente, liberalmente y de la manera más favorable posible 

para la parte demandante. Colón v. Lotería, supra, a la pág. 649; 

Dorante v. Wrangler of P.R., 145 DPR 408, 414 (1998).

Discreción del Tribunal de Primera Instancia 

Se ha señalado que los tribunales de primera instancia gozan 

de amplio margen de discreción para llevar a cabo los 

procedimientos que presiden, por lo que sus decisiones merecen 

gran deferencia. Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 724, 735 

(2018). Esa discreción se ha definido como “el poder para decidir en 

una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de 

acción”. García v. Padró, supra, pág. 334; Pueblo v. Ortega Santiago, 

125 DPR 203, 211 (1990).

En consecuencia, los tribunales apelativos —salvo contadas 

excepciones— no debemos intervenir con la forma en que los foros 

primarios manejen sus casos. Véase, Citibank et al. v. ACBI et al., 

supra, pág. 736; además, Ramos Milano v. Wal-Mart, 168 DPR 112, 

121 (2006). Por eso, se ha señalado que aquellas determinaciones 

que un tribunal inferior haga en el sano ejercicio de su discreción, 

“deben ser respetadas por los foros apelativos, a menos, claro está, 

que se demuestre arbitrariedad, un craso abuso de discreción, una 

determinación errónea que cause grave perjuicio a una de las partes, 

o la necesidad de un cambio de política procesal o sustantiva”. 
KLCE202400048 10

Citibank et al. v. ACBI et al., supra; Ramos Milano v. Wal-Mart, supra; 

Rebollo López v. Gil Bonar, 148 DPR 673, 678 (1999).

Sobre este particular, nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado que un foro judicial incurre en abuso de discreción:

[...] cuando el juez no toma en cuenta e ignora en la decisión 

que emite, sin fundamento para ello, un hecho material 

importante que no podía ser pasado por alto; cuando el juez, 

por el contrario, sin justificación ni fundamento alguno, 

concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e inmaterial 

y basa su decisión exclusivamente en este, o cuando, no 

obstante considerar y tomar en cuenta todos los hechos 

materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el juez 

los sopesa y calibra livianamente. (citas omitidas) Pueblo v. 

Rivera Santiago, supra, pág. 580. 

Difamación

La Constitución de Puerto Rico y la Constitución Federal 

garantizan el derecho a la libertad de expresión y de prensa. Art. II, 

sec. 4, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2016. Esta constituye una de 

las libertades más apreciadas contenidas en ambas constituciones. 

Torres Figueroa v. Vélez Rivera y otros, 210 DPR 665, 679, (2022) 

(Opinión de conformidad de la Jueza presidenta Oronoz Rodríguez). 

Asimismo, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha 

expresado, en cuando a la Primera Enmienda de la Constitución 

Federal que: “[w]hatever differences may exist about interpretations 

of the First Amendment, there is practically universal agreement 

that a major purpose of that Amendment was to protect the free 

discursion of governmental affairs”. Landmark Communications, 

Inc. v. Virginia, 435 US 829, 838 (1978). 

Además de lo anterior, nuestra Constitución garantiza el 

derecho a la intimidad y a la “protección de ley contra ataques 

abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar”. 

Art. II, sec. 8, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 324. Esto 

como corolario a la máxima constitucional que dicta que la “dignidad 

del ser humano es inviolable”. Art. II, sec. 1, Const. ELA, supra, 

pág. 275. 
KLCE202400048 11

Las acciones de difamación plantean la necesidad de 

balancear el derecho a la libre expresión y la libertad de prensa, que 

comprende el interés del pueblo en fomentar el debate vigoroso sobre 

cuestiones de interés público, y el derecho a la intimidad de los 

individuos. Gómez Márquez et al. v. El Oriental, 203 DPR 783, 795 

(2020), citando a Maldonado y Negrón v. Marrero y Blanco, 121 DPR 

705, 713 (1988); González Martínez v. López, 118 DPR 190, 192 

(1987).

En nuestra jurisdicción existen dos causas de acción en 

daños por difamación, es decir, la establecida en la Ley de Libelo y 

Calumnia de Puerto Rico de 1902, 32 LPRA sec. 3141 et seq., y la 

derivada del Artículo 1802 del Código Civil de 1930, ahora Artículo 

1536 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 10801. Sobre la Ley de 

Libelo y Calumnia, es necesario señalar que la misma codificó rasgos 

básicos del common-law. Colón, Ramírez v. Televicentro de P.R.,

175 DPR 690, 701 (2009). Sin embargo, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha expresado que “... dicha dicotomía [entre la Ley de 

Libelo y Calumnia y el Artículo1802] parece ser ya innecesaria, 

habida cuenta que jurisprudencialmente se han dejado sin efecto 

diversas disposiciones de la Ley de Libelo y Calumnia”. Ojeda v. El 

Vocero de P.R., 137 DPR 315, 326, (1994). Asimismo, el Alto Foro ha 

señalado que la Ley de Libelo y Calumnia de Puerto Rico, supra, ha 

perdido gran parte de su importancia tras la aprobación de nuestra 

Constitución en el 1952. Colón, Ramírez v. Televicentro de P.R.,

supra, pág. 713. 

Como norma general, los casos relacionados con este tema se 

deben resolver según la normativa de los daños y perjuicios 

extracontractuales. Íd. Añade el Tribunal Supremo que debemos 

acudir a nuestro derecho para sopesar los intereses involucrados en

los casos por difamación. Esto debido a que Puerto Rico tiene 

facultad para establecer sus normas de responsabilidad civil 
KLCE202400048 12

extracontractual en casos de difamación “siempre que no se 

imponga una responsabilidad absoluta, ni se reduzca el contenido 

de la Primera Enmienda de la Constitución federal.” (cita omitida) 

Íd., pág. 713. 

Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 

que, “[e]n este campo, la jurisprudencia norteamericana tiene 

solamente carácter ilustrativo o persuasivo, salvo las limitaciones 

impuestas por la Constitución federal y a la jurisprudencia 

interpretativa del Tribunal Supremo de Estados Unidos”. Íd.,

pág. 709; R. Serrano Geyls, Derecho Constitucional de Estados 

Unidos y Puerto Rico, Universidad Interamericana de Puerto Rico, 

2013, Vol. II, pág. 1348.

Por su parte, la difamación ha sido definida como la expresión 

falsa que constituye un ataque al honor, dignidad y reputación de 

una persona. Una expresión difamatoria puede ocurrir mediante el 

libelo o la calumnia. El libelo se conoce como la difamación maliciosa 

que se realiza contra una persona por cualquier medio 

escrito de comunicación, que tienda a exponerle a ser 

desacreditada, deshonrada o menospreciada. C. J. Irizarry Yunqué, 

Responsabilidad Civil Extracontractual: un estudio basado en las 

decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 7ma ed., San Juan, 

pág. 151. La calumnia, por su parte, trata de una expresión 

difamatoria. Íd.

En una acción por difamación, el objeto de derecho es la 

reputación personal del sujeto injuriado públicamente, o sea, se 

trata del derecho de este último a defender su nombre ante los 

ojos de los demás, en el interés de: (1) proteger las relaciones que 

sostiene con terceros; (2) proteger la probabilidad de relaciones 

futuras con terceros; (3) proteger su imagen pública en 

general, y (4) evitar que se le cree una imagen pública negativa si 

careciere de reconocimiento público en el presente. Soc. de
KLCE202400048 13

Gananciales v. El Vocero de P.R., 135 DPR 122, 126-127 (1994).

Cuando quien comparece en una causa de acción por difamación es 

una persona privada, solo es necesario que se demuestre 

negligencia. Torres Silva v. El Mundo, Inc., 106 DPR 415 (1977).

La negligencia se ha definido como la falta del debido cuidado, 

que a la vez consiste en no anticipar y prever las consecuencias 

racionales de un acto, o de la omisión de un acto, que una persona 

prudente habría de prever en las mismas circunstancias. Colón, 

Ramírez v. Televicentro P.R., supra; Ramos v. Carlo, 85 DPR 353, 358 

(1962).

Los criterios que debe utilizar un tribunal para determinar, en 

una acción específica de difamación, si la persona demandada 

incurrió en negligencia al hacer la publicación alegadamente 

libelosa son: (1) la naturaleza de la información publicada y la 

importancia del asunto sobre el cual trata, especialmente si la 

información es libelosa de su faz y puede preverse el riesgo de daño; 

(2) el origen de la información y la confiabilidad de su fuente; (3) la 

razonabilidad del cotejo de la veracidad de la información, lo cual se 

determina tomando en consideración el costo en términos de dinero, 

tiempo, personal, la urgencia de la publicación, el carácter de la 

noticia y cualquier otro factor pertinente. Colón, Ramírez v. 

Televicentro P.R., supra, pág. 708, citando a Torres Silva v. El Mundo, 

Inc., supra.

Privilegio del reporte justo y verdadero 

En casos por difamación, la verdad es objeto de defensa. 

Asimismo, existen otras defensas que dependen de la persona 

responsable de la publicación y la condición de esta. Irizarry Yunqué, 

op cit., págs. 151-152. Una de estas defensas es la comunicación 

privilegiada. El Tribunal Supremo ha expresado que “[u]na 

comunicación privilegiada es aquella que, a no ser por la ocasión o 

las circunstancias, sería difamatoria y sujeta a reclamación”. 
KLCE202400048 14

Villanueva v. Hernández Class, 128 DPR 618, 646 (1991), que cita a 

Díaz v. P.R. Rv., Lt. & P. Co., 63 DPR 808, 811 (1944). Para el profesor 

José Julián Álvarez, se trata de una figura que proviene del 

common-law, cuya única función consiste en “establecer las 

circunstancias en las que no se impondrá responsabilidad, aun 

cuando el demandante haya sufrido daños”. J. J. Álvarez González, 

Derecho Constitucional de Puerto Rico y relaciones constitucionales 

con los Estados Unidos, Bogotá, Ed. TEMIS, 2009, pág. 1024. Véase 

también, J. J. Álvarez González, Derecho Constitucional, 61 Rev. Jur. 

UPR 637, 765 (1992).

La Sección 4 de la Ley de Libelo y Calumnia, 32 LPRA sec. 

3144, establece diversos tipos de comunicaciones privilegiadas. En 

lo pertinente, dispone que:

No se tendrá por maliciosa, ni como tal se considerará 

la publicación que se hace en un procedimiento legislativo, 

judicial, u otro procedimiento cualquiera autorizado por la 

ley. No se presumirá que es maliciosa la publicación que se 

hace:

Primero. (...) 

Segundo. En un informe justo y verdadero de un 

procedimiento judicial, legislativo u oficial, u otro 

procedimiento cualquiera, o de algo dicho en el curso de

dichos procedimientos.

Tercero. (...).

El privilegio condicional del reporte o informe justo y 

verdadero aplica a las recopilaciones de lo allí ocurrido que se hacen 

para el beneficio de la ciudadanía a través de los medios. Meléndez 

Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 201 (2013). Este privilegio se 

asienta en la idea de que el reportero actúa como sustituto del 

público en la observación de un evento. Villanueva v. Hernández 

Class, supra, pág. 648.

Son dos los requisitos que deben estar presentes para que se 

pueda configurar el privilegio del reporte justo y verdadero. En 

primer lugar, el reportaje tiene que ser justo en relación con el 

proceso que es objeto de información. Villanueva v. Hernández 
KLCE202400048 15

Class, supra, pág. 647. El reporte es justo si captura la sustancia

de lo acontecido y si toma en consideración el probable efecto que 

tendrá su publicación en la mente de un lector y oyente promedio. 

Íd.

El segundo elemento del privilegio consiste en que lo 

publicado tiene que ser cierto y reflejar la verdad de lo expresado o 

acontecido en el procedimiento llevado a cabo; ello aún cuando la 

información que se brinda en el procedimiento judicial, legislativo u 

oficial sea falsa o libelosa. Íd. Para que se cumpla con el elemento

de la veracidad de lo relatado, no es necesario que lo publicado sea 

exactamente “correcto”, sino que bastará con que se publique un 

extracto sustancialmente correcto de lo ocurrido. Íd.

Por otra parte, si bien es cierto que este privilegio ha sido 

reconocido como uno de los más importantes para la protección de

la prensa contra ataques de libelo, Villanueva v. Hernández Class, 

supra, pág. 649, no es menos cierto que su aplicabilidad es 

restringida. Meléndez Vega v. El Vocero de PR, supra, pág. 202. Es 

decir, si se redacta un relato parcializado y subjetivo de lo ocurrido 

en los procedimientos y, se prueba que el demandado publicó la 

información maliciosamente con ánimo prevenido, con el fin de

causar daño, o con conocimiento de la falsedad de la información, 

el privilegio no aplica. Íd.

Según la nota al calce Núm. 23, de la decisión de Villanueva 

y. Hernández Class, supra, en algunas jurisdicciones, una vez se ha 

cumplido el examen de lo que constituye lo justo y verdadero, se 

considera que el privilegio cierra las puertas y no se examinan 

los motivos, si algunos, que pudo tener el publicador, ni 

tampoco su actitud hacia la veracidad de la declaración. En 

otras, el privilegio puede ser levantado solo cuando las declaraciones 

difamatorias están basadas claramente en informes oficiales y no se 

extienden a declaraciones que el lector pueda entender provienen de 
KLCE202400048 16

otras fuentes. Aún en otras, el privilegio cubre los reportes y 

anuncios oficiales realizados por oficiales públicos en su capacidad 

como tales, mas no las publicaciones derivadas de declaraciones no 

oficiales. 

Agregamos que en Villanueva v. Hernández Class, supra, el 

Tribunal Supremo ha explicado los alcances del referido privilegio:

[E]l “privilegio del reporte justo y verdadero”, existente en 

nuestro ordenamiento desde principios de siglo [XX], protege 

inclusive a quien publica una información falsa o 

difamatoria, siempre que la misma recoja o refleje 

verazmente lo acontecido en los procedimientos, informes o 

acciones públicas u oficiales de agencias gubernamentales. 

Íd., pág. 648.

Los informes realizados en torno a hechos de carácter 

delictivo también están protegidos por el mencionado

privilegio, toda vez que existe un claro interés público en la 

administración de la justicia. Id., pág. 648, nota al calce 20. 

El propósito de lo anterior es permitir que los reporteros o 

periodistas actúen como sustitutos del pueblo en la 

observación de los eventos de importancia para el país en 

general. Íd., pág. 648. En palabras del Tribunal Supremo, se 

trata de “la protección más importante que se ofrece a la 

prensa en materia de libelo”. Íd., pág. 649.

A pesar de que en nuestra jurisdicción el privilegio del reporte 

justo y verdadero tiene su existencia desde principios del siglo XX, 

se ha trasado el inicio de este al 1796 en las cortes inglesas. Kyu Ho 

Youm, Fair Report Privilege as a Libel Defense: Status for Foreign, 

3 (1) Univ. of Florida J. L. P. P 29, 31 (1990). Es desde ese momento 

que las cortes en Inglaterra comenzaron a reconocer el rol de la 

prensa para informar con precisión sobre procedimientos judiciales 

en los tribunales. Íd. Posteriormente, el privilegio fue extendido a 

otros procedimientos, como reportes y debates parlamentarios. Íd. 

También, se aprobó legislación para extender el privilegio a 

procedimientos no gubernamentales. Íd. 

De otro lado, según el profesor Kyu Ho Youm, en los Estados 

Unidos la aplicación del reporte justo y verdadero se aplicó de forma 

más liberal en comparación con las cortes de Inglaterra. Íd. Por 

tanto, se extendió a procedimientos que no habían sido aplicados 

por los ingleses. Íd. Sin embargo, no existe uniformidad en cuanto a 
KLCE202400048 17

la aplicación de este privilegio. Algunas jurisdicciones abordan la 

defensa desde la legislación, otras desde el common law. D. L. 

Hudson, The First Amendment: Freedom of Speech, sec. 5:8

(Octubre, 2012). Asimismo, en algunas jurisdicciones existe 

legislación que exclusivamente aplica el privilegio a la prensa, 

mientras que existe legislación que no hace la distinción entre 

personas privadas y la prensa. Ho Youm, supra, 36. Compárese N.J. 

Stat. Ann. sec. 2A:43-1 (West); Ariz. Rev. Stat. Ann. sec. 12-653; Ga. 

Code Ann. sec. 51-5-7 (West); Mont. Code Ann. sec. 27-1-804 (West); 

N.D. Cent. Code Ann. sec. 14-02-05 (West).

Sobre el abordaje del privilegio desde la legislación o desde el 

common-law, nos comenta el profesor Rodney A. Smolla que: “[t]hus, 

while the fair report privilege is a venerable common-law doctrine, 

it is a doctrine that clearly partakes of First Amendment values, 

and it has been suggested that the privilege (in some form) 

should perhaps be understood as required by modern First 

Amendment principles.” (Énfasis suplido). R. A. Smolla, Law of 

Defamation sec. 8:67 (2d ed., 2023). Asimismo, añade el profesor 

Smolla que: 

the great landmark decisions in First Amendment 

history, the Supreme Court in New York Times Co. v. Sullivan 

held that traditional common law tort rules governing libel 

were inconsistent with many core free speech values, and 

had to be modified to be brought into conformity with the 

requirements of the First Amendment. In the years since New 

York Times, the Supreme Court has frequently revisited the 

area, defining the contours of First Amendment limitations 

on libel, invasion of privacy, and related torts. 

It is worth noting that while the New York Times 

decision dealt largely with the fault standards that apply to 

defamation law, in its aftermath courts have frequently 

held that other common-law or statutory defamation 

doctrines may also reflect First Amendment values, and 

may indeed come to be understood as required by First 

Amendment principles. A good example is the traditional 

defamation “fair report” privilege which protects fair and 

accurate reporting of judicial proceedings. It has been 

suggested that the fair reports privilege may be required 

by the First Amendment.” (Citado en por la opinión 

concurrente (Citas en el original omitidas). (Énfasis 

suplido). (Citado en la opinión de conformidad emitida por el 

Juez Asociado Colón Pérez a la cual se le unió el Juez 

Asociado Estrella Martínez en el caso Torres, Santana v. 
KLCE202400048 18

Noticentro PR et al., 210 DPR 783, 829 (2022)). Véase 3 R. A. 

Smolla, Smolla & Nimmer on Freedom of Speech, sec. 23:1 

(Abril, 2022).

Respecto a la controversia sobre si el privilegio puede ser 

invocada por ciudadanos particulares, no existe legislación federal 

ni jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que 

señale que el privilegio se extiende a las personas privadas, más allá 

de la prensa. En Puerto Rico, tampoco contamos con legislación ni 

jurisprudencia que haga expresa la aplicación del privilegio a 

personas que no son miembros de la prensa. Sin embargo, para el 

profesor Pedro Malavet Vega este privilegio puede invocarse por 

cualquier persona en nuestra Isla. P. Malavet Vega, Derechos y 

Libertades Constitucionales en Puerto Rico, Ponce, Ed. Lorena, 2003, 

pág. 251. 

A pesar de lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto Rico se 

ha expresado en cuanto a la protección de la libertad de prensa y su 

aplicación a la ciudadanía. Nuestro más Alto Foro ha interpretado 

que: “... la libertad de expresión brinda a la ciudadanía en 

general la misma protección que la ofrecida por la libertad de 

prensa a los medios de comunicación.” Colón, Ramírez v. 

Televicentro de P.R., supra, pág. 708. De igual manera, en el caso de 

Olivera v. Paniagua, nuestro más Alto Foro ha interpretado que:

El reconocimiento de unos derechos a la prensa 

inexorablemente conlleva extender iguales derechos y 

privilegios a la ciudadanía en particular vía la cláusula 

sobre libertad de expresión. En el desarrollo de una 

sociedad democrática ambas caminan juntas de la mano. En 

última instancia el valor que late en el fondo de la cuestión 

es de singular jerarquía. ‘Lo que se debe proteger no es la 

institución en sí, sino la labor de la prensa: viabilizar un 

vehículo de información y opinión, informar y educar al 

público, ofrecer críticas, proveer un foro para la 

discusión y el debate, y actuar como un sustituto para 

obtener noticias e información para sus lectores, que por 

sí y como individuos no pueden o desean compilarla. Una 

garantía especial de la libertad de prensa deberá aplicar 

no solamente a aquellos que la corte podía clasificar 

como prensa’ sino a quien quiera, de cualquier tamaño, 

y cualquier medio, que regularmente asuma la misión de 

la prensa. (Citas omitidas) (Énfasis nuestro) Oliveras v. 

Paniagua Diez, 115 DPR 257, 268, (1984).
KLCE202400048 19

Por su parte, para el profesor Jorge M. Farinacci, “[e]l hecho 

de que la Sección 4 [del Artículo II de nuestra constitución] utiliza 

la frase libertad de prensa, a diferencia de la 'libertad de 

expresión', apunta a que se trata de un derecho general de 

palabra escrita y no un derecho particular de los medios 

noticiosos”. (Énfasis nuestro) J. M. Farrinacci Fernós, La Carta de 

Derechos, San Juan, Ed. Universidad Interamericana de Puerto 

Rico, 1ra ed., 2021, pág. 88. Añade, además, que “[l]o anterior es 

confirmado por el historial legislativo. Específicamente, se vincula 

la libertad de prensa a la 'difusión escrita'. En esa dirección, la 

libertad de palabra se refiere principalmente a expresiones orales, 

mientras que la libertad de prensa se refiere a expresiones escritas”.

(Énfasis nuestro). Íd.

Doctrina de la Hipérbole retórica 

La doctrina de “hipérbole retórica” fue adoptada por nuestro 

Tribunal Supremo en el caso de Garib Bazain v. Clavell, 135 DPR 

475 (1994). Esta derrota una acción por difamación cuando el 

balance de intereses se inclina hacia la protección del derecho a la

libertad de expresión y de la prensa. 

Según la doctrina, hipérbole retórica constituye “...una 

expresión alegadamente difamatoria que no es accionable si se 

utiliza en sentido figurativo, flexible y no necesariamente por su 

significado literal”. Aso. Med. Pediátrica v. Romero, 157 DPR 240, 

246 (2002). Esto, lo que significa es que la doctrina pretende 

proteger expresiones que no pueden ser interpretadas 

razonablemente como que expresan hechos reales. Garib Bazain v. 

Clavell, supra. Además, la opinión constituye una expresión 

“...relativa a cuestiones de interés público que no contenga una 

connotación fáctica que sea susceptible de ser probada como 

falsa...”. Íd., pág. 489. 
KLCE202400048 20

III.

En esencia, el peticionario señaló que el TPI erró al no 

desestimar la demanda en su contra debido a que, aun tomando 

como ciertos los hechos bien alegados en esta, las expresiones que 

se le atribuyen están protegidas por el privilegio del reporte justo y 

verdadero, así como por la doctrina de hipérbole retórica. 

Como cuestión de umbral, precisa advertir que la 

determinación recurrida es un asunto comprendido dentro de las 

materias que podemos revisar de conformidad con la Regla 52.1 de 

las de Procedimiento Civil, supra, al constituir un dictamen 

resolutorio de una moción de carácter dispositivo. Asimismo, a la luz 

de las disposiciones de la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

entendemos que están presentes algunos de los criterios allí 

dispuestos para que proceda nuestra intervención con la misma. Este 

Tribunal se encuentra ante una controversia novel. Esto pues, 

estamos en posición de adoptar una defensa a una persona privada 

que solo ha sido aplicada a la prensa y los medios noticiosos del país.1

El señor Negrón Torres argumenta que parte de sus 

expresiones se limitan a describir el contenido de las alegaciones de 

una Querella presentada contra Bottles, y que estas fueron realizadas 

en calidad de portavoz de la organización Justicia Salarial. Por esta 

razón, arguye que sus expresiones están protegidas por el privilegio 

del reporte justo y verdadero. Por su parte, Bottles afirma que el 

privilegio del reporte justo y verdadero no es de aplicación al caso ante 

nuestra consideración debido a que el peticionario es una persona

privada que realizó las expresiones desde sus cuentas privadas en las 

1 Aclaramos que este Tribunal expide y atiende el caso conforme a nuestro 

Reglamento, por lo que no estamos de acuerdo con la posición de la parte 

recurrida en cuanto a que el caso se ha tornado académico debido a la alegación 

responsiva que presentó el peticionario. Como tribunal intermedio, estamos en 

posición de resolver el asunto ante nuestra consideración, aunque los 

procedimientos hayan continuado en el tribunal de primera instancia.

Enfatizamos, además, que no se solicitó la paralización de los procesos ante el TPI 

ni esta Curia motu proprio hizo tal determinación. Asimismo, conforme más 

adelante se discutirá, la determinación de este tribunal dispone del caso en su 

totalidad en el foro revisado.
KLCE202400048 21

redes sociales. Señala, además, que no surge de las expresiones 

realizadas que él sea portavoz del grupo Justicia Salarial. También 

expresa que, aún si fuera portavoz de Justicia Salarial, en nada 

cambia la ecuación del caso, es decir, la no aplicación del privilegio.

Por tanto, según Bottles, el privilegio solo se extiende a periodistas y 

a medios noticiosos, no a personas privadas. Para sustentar su 

argumento, Bottles cita en su escrito una decisión del Tribunal 

Federal para el Distrito de Florida2 en donde dicha corte determinó 

que el privilegió del reporte justo y verdadero no se aplica a las 

personas privadas.

Huelga decir que las interpretaciones de otras jurisdicciones 

en materia de difamación son meramente persuasivas salvo las 

impuestas por la Constitución federal y la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo de Estados Unidos. Colón, Ramírez v. Televicentro de P.R., 

supra. 

Al momento de esta decisión, y de nuestra investigación 

jurídica, debemos advertir que la controversia planteada por las 

partes no ha sido interpretada por el Tribunal Supremo Federal. No 

obstante, la parte recurrida pretende persuadirnos con un caso del 

Tribunal Federal para el Distrito de Florida, el cual no abona a 

nuestra interpretación jurisprudencial sobre el derecho a la libertad

de prensa y a la libertad de expresión bajo nuestra Constitución. 

Incluso, como bien señalamos anteriormente, existen jurisdicciones 

en donde se ha aplicado el privilegio a personas que no pertenecen a 

la prensa. Ejemplo de esto es el caso Sahara Gaming Corp. v. Culinary 

Workers Union Loc. 226, 115 Nev. 212 (1999), donde la Corte Suprema 

de Nevada aplicó el privilegio a una unión laboral. 

Si acogiéramos la interpretación del caso del Tribunal Federal 

para el Distrito de Florida, citado por la recurrida, estaríamos 

2 Grayson v. No Labels, Inc., No. 620CV1824ORL40LRH, 2021 WL 2869870, at *1 

(M.D. Fla. Jan. 26, 2021).
KLCE202400048 22

restringiendo el derecho a la libertad de prensa consagrado en 

nuestra Constitución. Así pues, precisa puntualizar que nuestro 

más Alto Foro ha resuelto que los derechos y privilegios de la 

prensa se extiende a la ciudadanía en particular. Íd.; Olivera v. 

Paniagua, supra. De igual forma, lo han entendido los profesores 

Farinacci Fernós y Malavet Vega.

Acorde con lo expresado anteriormente, entendemos que el 

privilegio del reporte justo y verdadero puede ser invocado por una 

persona privada como defensa en nuestra jurisdicción. Por tanto, en 

este caso, el señor Negrón Torres, como individuo privado o como 

portavoz del grupo Justicia Salarial, puede invocar la defensa del 

reporte justo y verdadero. Al final, debemos recordar lo expresado por 

nuestro Tribunal Supremo:

‘Lo que se debe proteger no es la institución en sí, sino 

la labor de la prensa: viabilizar un vehículo de información y 

opinión, informar y educar al público, ofrecer críticas, 

proveer un foro para la discusión y el debate, y actuar como 

un sustituto para obtener noticias e información para sus 

lectores, que por sí y como individuos no pueden o desean 

compilarla. Una garantía especial de la libertad de prensa 

deberá aplicar no solamente a aquellos que la corte podía 

clasificar como prensa’ sino a quien quiera, de cualquier 

tamaño, y cualquier medio, que regularmente asuma la 

misión de la prensa. (Citas omitidas) (Énfasis nuestro) 

Oliveras v. Paniagua Diez, supra, pág. 268. 

Como indicamos, para que prevalezca la defensa del privilegio 

justo y verdadero se tiene que cumplir con dos requisitos. Primero, 

el reporte tiene que ser justo en cuanto al objeto de información. En 

otras palabras, debe captar lo acontecido y tomar en consideración 

el probable efecto que su presentación tendrá en la mente de un 

lector y oyente promedio. Segundo, lo publicado tiene que ser cierto 

y reflejar, de manera sustancial, lo verdaderamente expresado o 

acontecido en el procedimiento llevado a cabo. Nótese que el 

privilegio alberga, incluso, la difusión de una expresión falsa y 

difamatoria, si esta es relatada justa y verdaderamente. Además, no 

es necesario que lo publicado sea exactamente "correcto". 
KLCE202400048 23

De una lectura del expediente surge que las expresiones 

vertidas por el peticionario contra Bottles están contenidas en la 

Querella presentada en el caso GB2023CV002683. Tan es así que el 

peticionario hace referencia en sus publicaciones a la Querella 

presentada contra la recurrida.

4 A modo de ejemplo, el señor Negrón 

Torres realizó expresiones en su cuenta personal de la red social 

Twitter (Ahora X), donde señaló que: “BOTTLES no paga NADA de 

salario a las meseras y meseros; están como ‘servicios profesionales’. 

Estas personas tienen derecho a un sub-salario bajo de $2.13, pero 

BOTTLES se esconde detrás de la PROPINA para no pagar nada. 

Deben más de 30k en salarios”.

5 Por su parte, la Querella presentada 

contra Bottles contiene las siguientes alegaciones: “Según el patrono, 

la relación obrero patronal, iba a ser configurada bajo la figura del 

Contratista Independiente y por tal razón la querellada no le pagó el 

sub-salario fijado por la Ley Federal de Normas Razonables de Trabajo 

de 1938”.

6 Se menciona también en la Querella que: “El querellante 

trabajó por espacio de 7 meses y su salario fue uno a base de comisión 

(no recibió salario directo del patrono) y sus ingresos ascendían a 

$850 semanales sin incluir el pago de sub-salario mínimo por hora al 

cual tiene derecho, sin embargo, patrono incumplió con la obligación 

legal de pagar un sub-salario mínimo de $2.13 por hora”.

7 Añade la 

Querella: “Que el patrono mantiene un sistema en el cual le incluye a 

cada mesa un cargo obligatorio por servicio de 18% pero en realidad 

se trata de una propina escondida, sin embargo, la querellada se 

queda con la mitad de la cifra a pesar de que por ley la totalidad de 

dicha cuantía le corresponde al empleado”.

8

3 Este Tribunal tomó conocimiento judicial del caso citado y surge que la parte 

querellada es Bottles, Kindred Spirits Inc., y Richard Gonsalves. 

4 Apéndice parte peticionaria, Anejo 2, a la pág. 7. (Señala el peticionario en su 

cuenta personal de Twitter que: “Escuchadas algunas declaraciones sobre la 

Querella contra Bottles aclaramos que, de una lectura simple del doc., se desprende 

que patrono no está pagando $2.13 por hora.”).

5 Íd., a la pág. 4

6 Íd., Anejo 6, a la pág. 45.

7 Íd.

8 Íd.
KLCE202400048 24

Por lo que, luego de analizadas la Querella; así como las 

expresiones vertidas por el peticionario, colegimos que tales 

expresiones no constituyen una opinión parcializada o subjetiva de 

los hechos. Más bien, las mismas están sustentadas e incluso, no 

cabe duda, que son extractos de varias alegaciones incluidas en la 

referida Querella. Al respecto, debemos recordar que las expresiones 

no tienen que ser correctas y que, además, una vez se ha cumplido el 

examen de lo que constituye lo justo y verdadero, se cierran las 

puertas para examinar los motivos, si algunos, que pudo tener el 

publicador, ni tampoco su actitud hacia la veracidad de la 

declaración. 

Asimismo, y de lo antes explicado, no podemos ignorar, que en 

casos por difamación, la verdad es objeto de defensa. 

En consecuencia, tomando como ciertas las alegaciones, la 

defensa del reporte justo y verdadero termina con el pleito instado por 

la recurrida. Esto, debido a que resulta forzoso colegir que las 

publicaciones del señor Negrón Torres constituyen un informe justo y 

verdadero de la Querella instada en contra de la recurrida y, por ende, 

una comunicación privilegiada, no sujeta a la reclamación judicial 

instada.

Aún cuando lo antedicho daría fin al caso ante nos, el 

peticionario alega que solo la expresión, “ESTO ES UN LEGADO 

DIRECTO DE LA ESCLAVITUD”, no está contenida en la Querella 

presentada contra Bottles. Sin embargo, arguye que la expresión está

protegida por la doctrina de hipérbole retórica. Bottles, por su parte, 

alega que dicha doctrina no es aplicable en este caso debido a que las 

expresiones se fundamentan en hechos falsos y representaciones 

engañosas no susceptibles de ser tomadas como mera retórica. 

Recordemos que la doctrina de la hipérbole retórica protege

únicamente expresiones que no pueden ser interpretadas 

razonablemente como que divulguen hechos reales. Por otro lado, la
KLCE202400048 25

doctrina de opinión protege expresiones relativas a la discusión de

temas de interés público que no contengan aseveraciones fácticas 

que sean susceptibles de ser probadas como falsas.

Así, concurrimos con el señor Negrón Torres cuando expresa 

en su recurso que “...ninguna persona en su sano juicio leería estas 

expresiones y pensaría que las personas que trabajan para la parte 

demandante lo hacen de manera forzada, encadenadas, mientras un 

amo les supervisa y les agrede físicamente y emocionalmente si no 

hacen lo que les han ordenado”.

9 En este sentido, no nos parece 

acertado que una persona razonable piense que verdaderamente se 

está tildando a Bottles de “amo de esclavos”, como alega la parte 

recurrida. Ni menos podemos razonar que la expresión conlleva un 

hecho real de que los meseros y las meseras son maltratadas como 

esclavos (as). Más bien, esta expresión, únicamente, hace referencia 

a como Bottles, conforme a lo alegado en la Querella, realiza la

práctica de la propina, costumbre que es habitual en el comercio de 

comida en Puerto Rico. Además, como surge del expediente, dicha 

expresión la divulga el peticionario en su carácter de portavoz de 

Justicia Salarial, por lo que pretende acentuar un asunto que es de 

interés público conforme con su filosofía. Es decir, se busca resaltar 

ante la audiencia la discusión sobre los salarios de los meseros y 

meseras de la Isla. 

En virtud de todo lo anterior, recalcamos que aún si

tomáramos como ciertas las alegaciones de la demanda, para 

propósitos de analizar la procedencia de la solicitud de desestimación 

al amparo de la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, supra, 

concluimos que no existe una causa de acción a favor de Bottles en 

contra del peticionario por difamación. Ello, pues, las defensas del 

reporte justo y verdadero e hipérbole retórica derrotan la pretensión 

9 Véase, el Recurso de certiorari de la parte peticionaria, a la pág. 13.
KLCE202400048 26

de la parte recurrida. Consecuentemente, resolvemos que el foro 

recurrido incidió al no desestimar la reclamación instada contra el

señor Negrón Torres, al amparo de la Regla 10.2 de las de 

Procedimiento Civil, supra. 

En fin, el TPI cometió el error señalado.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, procede expedir el auto 

de certiorari solicitado y revocar la Resolución recurrida. En

consecuencia, se desestima la demanda instada por Bottles en contra 

del peticionario. 

Notifíquese inmediatamente. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS

Secretaria del Tribunal de Apelaciones