Número Identificador

SEN2024 ______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL I

AGUSTÍN BURGOS TORRES

Apelante

v.

YAZMIRA RODRÍGUEZ 

ÁLVAREZ

Apelada

KLAN202301153

APELACION

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de

Ponce

Civil Núm.:

PO2022CV02956

Sobre:

Daños y otros

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Pagán Ocasio, el Juez Marrero Guerrero y la Jueza Boria 

Vizcarrondo.

Boria Vizcarrondo, Jueza Ponente.

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico a 2 de abril de 2024.

Comparece ante nos el Sr. Agustín Burgos Torres (Sr. Burgos 

Torres o Apelante) y nos solicita que revoquemos la Sentencia del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce (TPI)1 en la 

que se desestimó una causa de acción por daños por esta ser 

prematura.

Por los fundamentos que discutimos a continuación, 

confirmamos la determinación del TPI.

I.

Antes de discutir los hechos pertinentes, debemos señalar que 

el caso ante nuestra consideración está íntimamente relacionado 

con PO2021RF00701 y PO2021RF00891, ambos activos en el TPI.2

1 Apéndice del Recurso de Apelación, Anejo I, págs. 1-6. Archivada y notificada en 

autos el 6 de noviembre de 2023.

2 Tomamos conocimiento judicial de los procedimientos, órdenes, sentencias,

resoluciones, documentos y cualquier otra información que forme parte de los 

expedientes en el Sistema Unificado para el Manejo y Administración de Casos 

(SUMAC) con relación a los casos PO2022CV02956, PO2021RF00701 y 

PO2021RF00891. Véanse la Regla 201(B)(2) de las Reglas de Evidencia de Puerto 

Rico, 32 LPRA Ap. VI, R. 201(B)(2); Asociación de Periodistas v. González, 127 DPR 

704 (1991).
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El caso de marras dimanó el 27 de octubre de 2022 cuando el 

Sr. Burgos Torres presentó una Demanda3 por daños y perjuicios en 

contra de Yazmira Rodríguez Álvarez (Sra. Rodríguez Álvarez o 

Apelada). En esencia, el Sr. Burgos Torres alegó que los menores 

ABR y YOBR no son sus hijos biológicos y le solicitó al TPI que 

ordenara una prueba de histocompatibilidad. Por lo tanto, la 

Demanda contenía dos causas de acción por daños. Como primera 

causa de acción, el Sr. Burgos Torres alegó que sufrió daños puesto 

que la inscripción de los menores ARB y YOBR fue mediante engaño 

por parte de la Sra. Rodríguez Álvarez.4 La segunda causa de acción 

trata sobre los daños sufridos por el Apelante al ser privado de la 

habilidad para compartir con el menor YABR, producto de su 

relación con la Sra. Rodríguez Álvarez, cuya filiación no está en 

controversia.5

En resumen, el Sr. Burgos Torres le solicitó al TPI que 

ordenara: la nulidad e inexactitud del vínculo entre el Apelante y los 

menores ABR y YOBR, una compensación de $150,000 por las 

actuaciones culposas y alegados daños y perjuicios provocados por 

la Sra. Rodríguez Álvarez, la devolución de las aportaciones 

realizadas por concepto de alimento a los menores ABR y YOBR, 

$50,000 en concepto de daños a la herencia futura de su hijo 

biológico YABR y el pago de los alimentos que tuviese que pagar en 

el futuro en la eventualidad de que el TPI no le concediera el remedio 

que solicitó.

Así las cosas, el 2 de enero de 2023, la Sra. Rodríguez Álvarez 

presentó una Moción de Desestimación donde alegó que el TPI 

carecía de jurisdicción sobre la materia debido a que la Demanda

deja de exponer una reclamación que justifique la concesión de un 

3 Apéndice, supra, Anejo V, págs. 60-68.

4 Íd., págs. 104-106.

5 Íd., págs. 106-108.
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remedio conforme a la Regla 10.2 (1) y (5) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 10.2 (1) y (5).

6 La Sra. Rodríguez Álvarez fundamentó 

su Moción en que el Sr. Burgos Torres no pudo demostrar que sufría 

un daño real y palpable, no abstracto ni hipotético, cuando aún 

existía una controversia viva en los tribunales sobre la impugnación 

paternofilial. La parte apelada alegó que en el caso PO2021RF0891, 

el TPI tenía ante su consideración la controversia sobre la 

impugnación paternofilial y que dicha controversia tenía que ser 

resuelta antes de atender el asunto de los daños y perjuicios.

El 17 de enero de 2023, el Sr. Burgos Torres presentó una 

Moción Solicitando Prórroga y Consolidación donde solicitó que se 

consolidara el presente caso y el PO2021RF0891 con el 

PO2021RF0701. El TPI denegó la consolidación7 y ante este hecho,

el Sr. Burgos Torres presentó su Réplica a Moción de Desestimación.

8

Luego de analizar las alegaciones de las partes, el TPI dictó 

Sentencia el 6 de noviembre de 2023. En esta, concluyó que “el 

Tribunal no puede entrar a atender la controversia ante nos, debido 

a que el caso de marras no es uno justiciable por no existir una 

controversia madura y definida; factor determinante para que un 

tribunal pueda atender un caso”.9 En consecuencia, el TPI 

desestimó la Demanda.

Inconforme, y luego de solicitar infructuosamente la 

reconsideración de la determinación, el 26 de diciembre de 2023, el 

Sr. Burgos Torres presentó el Recurso de Apelación ante nuestra 

consideración. En este, alegó que el TPI cometió dos errores:

PRIMER ERROR: COMETIÓ GRAVE ERROR DE 

DERECHO Y ABUSO DE SU DISCRECIÓN EL TPI AL 

DICTAR SENTENCIA DESESTIMANDO LA DEMANDA 

ALEGANDO QUE LA MISMA CARECÍA DE LOS 

REQUISITOS DE “JURSTICIABILIDAD”.

SEGUNDO ERROR: COMETIÓ GRAVE ERROR DE 

DERECHO Y ABUSO DE SU DISCRECIÓN EL TPI AL 

6 Íd., Anejo VII, págs. 70-75.

7 Entrada Núm. 10, en SUMAC.

8 Apéndice, supra, Anejo VIII, págs. 76-102.

9 Íd., Anejo I, pág. 6.
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DICTAR SENTENCIA DESESTIMANDO LA DEMANDA, 

ALEGANDO QUE LA CAUSA DE ACCIÓN NO ESTABA 

MADURA AUN CUANDO LA DEMANDA CONSTITUYE 

UNA RECLAMACIÓN CONTINGENTE AL AMPARO DE 

LA REGLA 14.2 DE PROCEDIMIENTO CIVIL.

Ambos errores señalados tornan alrededor de una 

controversia en común. En esencia, los errores están íntimamente 

relacionados con el concepto de justiciabilidad, específicamente la 

madurez de una causa de acción. Por lo tanto, debemos limitar 

nuestra determinación a contestar si el Sr. Burgos Torres presentó 

ante el TPI una controversia justiciable. 

El 5 de marzo de 2024, la parte Apelada presentó una 

Oposición a Apelación y en Solicitud de Regla 85 del Tribunal 

Apelativo. En esta, la Sra. Rodríguez Álvarez se opuso a las 

alegaciones y los fundamentos que hizo el Sr. Burgos Torres en su 

Recurso Apelativo. También solicitó que se le impusiera a la parte 

Apelante una sanción no menor de $5,000.00 por temeridad al 

amparo de la Regla 85 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXIIB, R. 85.

Señalados los hechos pertinentes, procedemos a esbozar el 

derecho aplicable.

II.

A.

Los tribunales solo pueden atender casos que son justiciables, 

donde exista una controversia, y no en aquellas circunstancias 

donde exista una disputa abstracta, cuya resolución no tendrá 

consecuencias para las partes. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera 

Schatz, 180 DPR 920, 931 (2011); Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., 

178 DPR 563, 571 (2010); E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 552 (1958). El 

principio de justiciabilidad surge a partir de consideraciones de 

índole constitucional, de autolimitación adjudicativa, las cuales 

exigen tener ante nosotros un caso y controversia real antes de 

ejercer el poder judicial. Solo podemos resolver “controversias 
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genuinas surgidas entre partes opuestas que tienen interés real en 

obtener un remedio que haya de afectar sus relaciones jurídicas”. 

E.L.A. v. Aguayo, supra, págs. 558-559. Dicho principio “responde 

en gran medida al papel asignado a la judicatura en una 

distribución tripartita de poderes, diseñada para asegurar que no 

intervendrá en áreas sometidas al criterio de otras ramas de 

gobierno”. Fund. Surfrider v. A.R.Pe., supra, pág. 571.

Nuestro Tribunal Supremo ha desarrollado criterios que los 

tribunales deben considerar para determinar si un caso es 

justiciable.

Para que una controversia sea justiciable se debe 

evaluar si es (1) tan definida y concreta que afecte las 

relaciones jurídicas entre las partes que tienen un 

interés jurídico antagónico; (2) que el interés sea real y 

substancial y que permita un remedio específico 

mediante una sentencia de carácter concluyente, y 

finalmente (3) si la controversia es propia para una 

determinación judicial, ya que se distingue de una 

disputa de carácter hipotético o abstracto, y de un caso 

académico o ficticio. Por lo tanto, no será justiciable

aquella controversia en la que: (1) se trata de resolver 

una cuestión política; (2) una de las partes no tiene 

legitimación activa; (3) después que ha comenzado el 

pleito, hechos posteriores la convierten en académica; 

(4) las partes buscan obtener una opinión consultiva, o 

(5) se promueve un pleito que no está maduro. Asoc. 

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra, pág. 932. 

(Énfasis nuestro).

La madurez de un pleito es un requisito esencial para que los 

tribunales puedan atender una controversia. Dicho requisito surge 

de la norma jurídica que prohíbe que los tribunales emitan 

opiniones consultivas. R. Serrano Geyls, Derecho Constitucional de 

Estados Unidos y Puerto Rico, San Juan, Ed. U.I.A.P.R. 1997, Vol. I, 

pág. 195. Una opinión consultiva “se define como la ponencia legal 

emitida por un tribunal cuando no tiene ante sí un caso o una 

controversia justiciable, y cuyo resultado, por tanto, no es

obligatorio”. Ortíz v. Panel F.E.I., 155 DPR 219, 251 (2001) (citando 

a H.C. Black, Black's Law Dictionary, 7ma ed., Minnesota, Ed. West 

Publishing Co., 1999, pág. 1119)). Mediante su prohibición, los 
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tribunales intentan prevenir que se emitan opiniones en el vacío o 

abstracto que conduzcan a los tribunales a ser asesores o 

consejeros. Íd. Por lo tanto, la presentación prematura de un caso 

incide sobre la jurisdicción de los tribunales. Romero Barceló v. 

E.L.A., 169 DPR 460, 475 (2006).

Para auscultar la madurez de un caso, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico ha desarrollado un análisis bifurcado. En primer 

lugar, debemos determinar si la controversia sustantiva es 

apropiada para la resolución judicial. Contestada esta primera en la 

afirmativa, debemos determinar si el daño a la parte es suficiente 

para requerir una adjudicación. Romero Barceló v. E.L.A., supra; 

Com. Asuntos de la Mujer v. Srio. De Justicia, 109 DPR 715, 720 

(1980). “El factor determinante es que la controversia esté definida 

concretamente de manera que el tribunal pueda evaluarla en sus 

méritos”. Rexach v. Ramírez, 162 DPR 130, 142 (2004).

B.

“El ordenamiento procesal civil procura fundamentalmente 

facilitar los trámites ante los tribunales en términos de costos y 

tiempo, de modo que garantice a todos los ciudadanos del país un 

acceso efectivo a la justicia”. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica 

de Puerto Rico: Derecho procesal civil, 7a ed. rev., San Juan, Ed. Lexis 

Nexis de Puerto Rico, 2017, pág. 1 (citando a Nazario Morales v. 

A.E.E., 172 DPR 649 (2007)). Para cumplir con dicho propósito, las 

Reglas de Procedimiento Civil, supra, contemplan varios 

mecanismos para aliviar la carga de los tribunales, agilizar los 

procedimientos y lograr la justicia de manera más eficiente. En 

miras a estos fines, la Regla 14 de Procedimiento Civil permite que 

las partes soliciten la acumulación de reclamaciones y la Regla 38.1 

de Procedimiento Civil permite la consolidación de pleitos. Mediante 

dicho proceso, se consolidan causas de acciones íntimamente 

relacionadas. 
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La Regla 14 de Procedimiento Civil dispone que:

Regla 14.1. Acumulación de reclamaciones 

Cualquier parte podrá acumular en su alegación tantas 

reclamaciones independientes o alternativas como 

tenga contra la parte adversa.

Regla 14.2. Acumulación de reclamaciones 

contingentes 

Cuando se trate de una reclamación que dependa para 

su ejercicio de que se prosiga otra reclamación hasta su 

terminación, estas dos reclamaciones podrán 

acumularse en el mismo pleito. El tribunal no resolverá 

la reclamación contingente hasta tanto se resuelva la 

reclamación principal.

La Regla 38.1 de Procedimiento Civil dispone que:

Regla 38.1. Consolidación 

Cuando estén pendientes ante el tribunal pleitos que 

comprendan cuestiones comunes o de hechos o de 

derecho, el tribunal podrá ordenar la celebración de una 

sola vista o juicio de cualquiera o de todas las 

cuestiones litigiosas comprendidas en dichos pleitos, 

podrá ordenar que todos los pleitos sean consolidados 

y podrá dictar, a este respecto, aquellas órdenes que 

eviten gastos o dilaciones innecesarias.

Aunque las reglas mencionadas ostentan crear un sistema de 

justicia más eficiente, la concesión de los mecanismos que proveen 

está sujeta a la discreción de los tribunales; ninguna es obligatoria. 

“Consolidación de pleitos significa la unión en un solo proceso 

de dos o más acciones interpuestas por separado para fines de la 

vista de una cuestión en común, o del juicio solamente o para de 

todo ulterior procedimiento; podría denominarse también 

acumulación de autos”. R. Hernández Colón, op. cit., pág. 395.

Cuando los tribunales enfrentan una moción para consolidar dos o 

más pleitos, deben asegurar que ambos pleitos cumplan con los 

siguientes requisitos: “[primero], que los casos presenten cuestiones 

comunes de hecho o de derecho y [segundo], que éstos estén 

pendientes ante el tribunal”. Hospital San Francisco, Inc. v. 

Secretario de Salud, 144 DPR 586, 593 (1997). Luego de cotejar que 

la consolidación cumpla con los requisitos señalados, el tribunal 

deberá ponderar la totalidad de las circunstancias de los casos 

cuales se solicita la consolidación. Íd., pág. 594.
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Ahora bien, los foros de instancia tienen amplia discreción 

sobre el manejo de casos, y aun más sobre el manejo de casos 

complejos. Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117, 141 (1996). Los 

tribunales de instancia ejercen esta discreción al consolidar o 

acumular reclamaciones o pleitos. Las determinaciones que tome un 

tribunal, luego de ponderar la totalidad de las circunstancias de las 

controversias ante su consideración, merecerán “gran deferencia por 

parte del tribunal que la revise. Sólo será alterada cuando se haya 

omitido considerar algún factor importante o cuando de alguna 

otra forma se incurra en un abuso de discreción”. Íd., pág. 142.

(Énfasis nuestro).

C.

En la etapa apelativa, la Regla 85 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, supra, R. 85, rige la imposición de costas y 

sanciones a las partes en pleitos ante su consideración. En concreto, 

la referida regla dispone lo siguiente:

(A) Las costas se concederán a favor de la parte 

que prevalezca, excepto en aquellos casos en que se 

disponga lo contrario por ley.

(B) Si el Tribunal de Apelaciones determina que el 

recurso ante su consideración es frívolo o que se 

presentó para dilatar los procedimientos, lo denegará o 

desestimará, según sea el caso, e impondrá a la parte 

promovente o a su abogado o abogadas las costas, los 

gastos, los honorarios de abogado y la sanción 

económica que estime apropiada, la cual deberá 

reflejar, en lo posible, el costo de la dilación para el 

Estado y para la parte opositora recurrida causado por 

la interposición del recurso, conforme a las guías que 

establezca el Tribunal de Apelaciones.

El tribunal impondrá iguales medidas a la parte 

promovida o a su abogado cuando determine que la 

contestación al recurso es frívola o que ha sido 

presentada para dilatar los procedimientos.

(C) El Tribunal de Apelaciones impondrá costas y 

sanciones económicas en todo caso y en cualquier etapa 

a una parte, a su abogado o a su abogada por la 

interposición de recursos frívolos o por conducta 

constitutiva de demora, abandono, obstrucción o falta 

de diligencia en perjuicio de la eficiente administración 

de la justicia.

(D) A discreción del Tribunal de Apelaciones, la 

sanción económica podrá ser a favor del Estado, de 

cualquier parte o de su abogado o abogada.
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(E) Los dictámenes del Tribunal de Apelaciones 

bajo esta regla, deberán ser debidamente 

fundamentados.

En lo pertinente al caso ante nuestra consideración, debemos 

analizar la frivolidad y la temeridad. El Tribunal Supremo ha 

definido la temeridad en la tramitación de un caso “como aquella 

conducta que promueve un pleito que se pudo obviar, lo prolonga 

innecesariamente o que obliga a una parte a involucrarse en 

trámites evitables”. Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 185 DPR 

880, 926 (2012). “Permitir la radicación de casos frívolos e 

inmeritorios no opera a favor de la sana administración de la 

justicia”. Ramos Figueroa v. Ramos López, 144 DPR 721, 725 (1998) 

(Voto particular de conformidad del Juez Asociado Señor Hernández 

Denton).

En cuanto a la frivolidad, el Tribunal Supremo ha 

determinado que:

Lo frívolo se define como “[a]quello que no tiene razón 

de ser, sin méritos, sin peso ni lógica alguna”. I. Rivera 

García, Diccionario de Términos Jurídicos, 2a ed., New 

Hampshire, Equity Publishing Corp., 1985, pág. 108. 

Sólo lo claramente irrazonable o inmeritorio debe dar 

paso a una determinación de frivolidad por un tribunal 

apelativo. Al discutir la norma procesal sobre la 

imposición de honorarios de abogado por temeridad 

hemos expresado que el objetivo de dicha regla es 

“castigar a aquel litigante perdidoso que, por su 

terquedad, obstinación, frivolidad o insistencia —en 

actitud desprovista de fundamentos— obliga a la parte 

contraria a asumir innecesariamente las molestias, 

gastos e inconvenientes de un pleito”. Depto. Rec. V. 

Asoc. Rec. Round Hill, 149 DPR 91, 100 (1999) (per 

curiam). (Citas omitidas).

Ahora bien, debemos proceder con prudencia al imponer 

sanciones por temeridad. Nuestro Tribunal Supremo ha señalado 

que la temeridad no procederá cuando: (1) existen planteamientos 

complejos y novedosos aun no resueltos en nuestra jurisdicción; (2) 

cuando la parte concernida responde a lo que resulta ser una 

apreciación errónea del derecho sin que existan precedentes 

vinculantes al respecto; o (3) cuando existe alguna desavenencia 
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honesta en cuanto a cuál de las partes beneficia el derecho aplicable. 

Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., supra, pág. 962.

III.

En el caso ante nuestra consideración, la parte apelante ha 

solicitado que revoquemos la desestimación de su Demanda por 

daños por adolecer de los requisitos de justiciabilidad. Por la 

relación íntima entre los errores, los atenderemos en conjunto.

El Sr. Burgos Torres presentó una causa de acción por daños 

y perjuicios con relación a una controversia que aún no ha sido 

resuelta en sus méritos. La realidad es que el caso PO2022CV02956, 

del cual se recurre, requiere que el TPI resuelva controversias aún 

vivas en los casos PO2021RF0701 y PO2021RF00891. Como las 

reclamaciones en el presente caso dependen de unas reclamaciones 

que deben ser adjudicadas primero, no tenemos duda que el caso 

ante nuestra consideración fue presentado prematuramente. En 

consecuencia, no erró el TPI al desestimar las causas de acción 

presentadas por el Sr. Burgos Torres.

En cuanto a la alegación que el TPI erró al no acumular 

reclamaciones contingentes al amparo de la Regla 14.2 de 

Procedimiento Civil, supra, R. 14.2, tampoco le asiste la razón a la 

parte apelante. En primer lugar, consideramos erróneo que el 

apelante fundamente su alegación en la Regla 14.2 de Procedimiento 

Civil cuando la realidad es que esta reclamación trata sobre una 

consolidación de pleitos al amparo de la Regla 38.1 de Procedimiento 

Civil, Íd., R. 38.1. Aunque el caso de marras cumple con los 

requisitos prima facie para la consolidación – que los casos 

presenten cuestiones comunes de hecho o de derecho y que éstos 

estén pendientes ante el tribunal – el TPI ejerció su discreción al 

considerar la totalidad de las circunstancias de los casos. No 

entendemos que haya abusado de su discreción al denegar la 

consolidación de los pleitos. Recordemos que las decisiones sobre el 
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manejo de los casos que toman los tribunales de instancia merecen 

“gran deferencia por parte del tribunal que la revise. Sólo será 

alterada cuando se haya omitido considerar algún factor 

importante o cuando de alguna otra forma se incurra en un 

abuso de discreción”. Vives Vásquez v. E.L.A., supra, pág. 142.

(Énfasis nuestro). Entendemos que estas reclamaciones no fueron 

presentadas en el momento oportuno, por lo que el TPI no estaba en 

posición para resolverlas. Por lo tanto, el TPI no erró al desestimar 

la causa de acción por carecer de justiciabilidad.

Finalmente, consideramos la reclamación de la parte apelada 

en cuanto a la imposición de sanciones al amparo de la Regla 85 del 

Tribunal de Apelaciones, supra, R. 85. Luego de considerar tanto el 

expediente del caso de autos como aquellos casos pendientes ante 

el TPI, no consideramos apropiado la imposición de sanciones en 

esta etapa apelativa. 

Nuestro Reglamento reconoce que debemos ofrecer acceso 

fácil, económico y efectivo al Tribunal, eliminando obstáculos y 

barreras que impidan impartir justicia apelativa a los ciudadanos 

con reclamos válidos. Aunque nuestro más alto foro ha señalado que 

el propósito de las sanciones puede ser disuasivo, punitivo o 

remediatorio, no debemos imponer sanciones si estimamos que 

estas tendrán un efecto disuasivo sobre el acceso a los tribunales y 

a la justicia.

A todas luces, la presentación del recurso de epígrafe no 

adolece de clara frivolidad, ni obedece a intenciones de dilatar los 

procedimientos, ni constituye conducta constitutiva de demora, 

abandono, obstrucción o falta de diligencia en perjuicio de la 

administración de la justicia. El 18 de octubre de 2022, la Honorable 

Jueza Verónica Pagán Torres determinó No Ha Lugar a la Demanda 
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Enmendada10 que presentó el Sr. Burgos Torres en el caso 

PO2021RF00891.

11 Dicha Resolución le ordenó al apelante a 

presentar el pleito de forma independiente y separada, y no como 

reclamación en ese caso. Por esta razón es que el apelante instó la 

Demanda en el caso de marras. A base de esto, no podemos concluir 

que el apelante haya actuado de forma temeraria o frívola. En 

consecuencia, determinamos No Ha Lugar a la imposición de 

sanciones al amparo de la Regla 85 de este Tribunal, Íd. 

IV.

Por las razones señaladas, confirmamos la determinación del 

TPI.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

El Juez Sánchez Ramos está conforme y añade que, además 

de lo referente a justiciabilidad, en los méritos, también procedía la 

desestimación de la demanda, pues no se alega un daño 

jurídicamente reconocible.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

10 Íd., Anejo IX, págs. 103-116.

11 Entrada Núm. 95 en SUMAC, PO2021RF00891.