Número Identificador

SEN2024 _____________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL V

VUR JER, LLC. 

Recurrente

Vs.

JUNTA 

REGLAMENTADORA DE 

CANNABIS MEDICINAL

Recurrida

KLRA202400022

REVISIÓN 

ADMINISTRATIVA

procedente del

Comisión de 

Cannabis

Querella Núm. 

JRCM-2022-031

SOBRE: 

Renovación de 

Licencia CM-2018-

088

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero.

Hernández Sánchez, Juez Ponente 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de febrero de 2024.

El 17 de enero de 2024, Vur Jer, LLC. (Vur Jer o recurrente) 

compareció ante nos mediante un Recurso de Revisión Judicial y 

solicitó la revisión de una Resolución Final que se emitió y notificó el 

18 de diciembre de 2023 por la Junta Reglamentadora del Cannabis 

Medicinal (Junta o recurrida). Mediante el aludido dictamen, la 

Junta declaró No Ha Lugar la Moción de Inhibición y Otros Extremos

que presentó el recurrente. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

revocamos el dictamen recurrido. 

I.

El 1 de diciembre de 2023, Vur Jer presentó una Moción de 

Inhibición y Otros Extremos.

1 En primer lugar, afirmó que el 

testimonio de la directora ejecutiva de la Junta, la Lcda. Arlene 

Questell (señora Questell), era esencial para su defensa y el asunto 

sobre la admisibilidad de dicho testimonio no era una facultad

delegada expresamente a un Oficial Examinador ya que ello trataba 

1 Véase, págs. 46-53 del apéndice del recurso. 
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de una controversia de carácter sustantivo por lo que tenía que ir a 

la Junta. Añadió que las determinaciones que tomaban los oficiales 

examinadores estaban supeditadas a la aprobación de la mayoría de 

los miembros de la Junta. Además, sostuvo que, en el presente caso, 

existía un conflicto de interés ya que la Oficial Examinadora

designada al caso, la Lcda. Ramagui Rivera De Jesús (licenciada 

Rivera), eliminó como testigo a la señora Questell, funcionaria del 

ente adjudicador que adquiere sus servicios y, por ende, se podía 

ver afectada la imparcialidad que debía llevar a cabo durante los 

procesos adjudicativos. En otras palabras, puntualizó que la Junta 

era quien contrataba a la Oficial Examinadora a cargo de presidir 

los procesos adjudicativos y, por ende, ello creaba un claro conflicto

de interés. Por las razones antes expuestas, le solicitó a la Junta a 

que emitiera un dictamen decretando la inhibición de la licenciada 

Rivera.

En vista de lo antes solicitado, el 11 de diciembre de 2023, la 

licenciada Rivera, presentó un Informe de la Oficial Examinadora.

2

En este citó el derecho aplicable en cuanto a la recusación de los 

oficiales examinadores que se emana del Art. 25 del Reglamento 

Núm. 9321, también conocido como Reglamento de Procedimientos 

Adjudicativos y de Reglamentación en el Departamento de Salud que 

se aprobó el 29 de octubre de 2021 (Reglamento Núm. 9321). 

Tomando en consideración el derecho aplicable, argumentó que el 

recurrente no cumplió con los requisitos necesarios para solicitar la 

recusación de un oficial examinador. Específicamente, expresó que 

la solicitud de recusación no fue debidamente jurada, no se 

incluyeron hechos específicos en los cuales se fundamentaban la 

solicitud y tampoco presentaron prueba documental y declaraciones 

juradas en apoyo a esta como lo exige el Reglamento Núm. 9321, 

2 Íd., págs. 63-68. 
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supra. Luego expuso las alegaciones de Ver Jur en su contra y 

expresó sus argumentos en cuanto a ellas. Finalmente, resolvió que 

no procedía la inhibición y le remitió el informe a la Junta para su 

correspondiente evaluación. 

Evaluada la solicitud de inhibición y el informe que presentó 

la licenciada Rivera, el 18 de diciembre de 2023, la Junta emitió y 

notificó una Resolución Final en la cual acogió las conclusiones a las 

que llegó la oficial examinadora y, en consecuencia, declaró No Ha 

Lugar la Moción de Inhibición y Otros Extremos que presentó Ver 

Jur.3

Inconforme con esta determinación, el 17 de enero de 2024, 

la parte recurrente presentó el recurso de epígrafe y formuló los 

siguientes señalamientos de error: 

Erró la Junta Reglamentadora de Cannabis 

Medicinal al no atender de forma transparente la 

solicitud de inhibición presentada por la parte 

recurrente, al punto que se firma la misma por la 

testigo que es el epicentro de la controversia 

evidenciaria y no los miembros que componen la 

Junta en Pleno. 

Erró la Junta Reglamentadora del Cannabis en no 

establecer en la resolución recurrida que la misma 

haya sido evaluada por la Junta en Pleno conforme 

a la ley y el reglamento aplicable. 

Erró la Junta Reglamentadora del Cannabis 

Medicinal al denegar la admisibilidad del testimonio 

de un testigo esencial de la Parte RecurrentePromovente del proceso administrativo y que dicha 

determinación se ha tomado de una óptica 

parcializada. 

Erró la Junta Reglamentadora del Cannabis 

Medicinal al negarse a proveer con lugar la 

inhibición de la oficial examinadora. 

Atendido el recurso, el 22 de enero de 2024, emitimos una 

Resolución concediéndole a la Junta hasta el 6 de febrero de 2024 

para presentar su alegato. Oportunamente, la parte recurrida 

3 Íd., págs. 76-77. 
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presentó una Oposición a Recurso de Revisión Administrativa y negó 

que la agencia cometiera los errores que Vur Jer le imputó. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver. Veamos.

II.

-ALa doctrina de revisión judicial nos encomienda “examinar si 

las decisiones de las agencias administrativas fueron hechas dentro 

de los poderes delegados y son compatibles con la política pública 

que las origina”. Rolón Martínez v. Caldero López, 201 DPR 26, 35 

(2018). Al efectuar tal encomienda, debemos “otorgar amplia 

deferencia a las decisiones de las agencias administrativas”. 

Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, 202 DPR 117, 126 (2019). 

La normativa jurisprudencial ha reiterado que existe en el 

derecho puertorriqueño una presunción de legalidad y corrección a 

favor de los procedimientos y decisiones realizadas por las agencias 

administrativas. Rolón Martínez v. Caldero López, supra, pág. 35. Lo 

anterior responde a la experiencia y pericia que se presume tienen 

dichos organismos para atender y resolver los asuntos que le han 

sido delegados. Íd. 

Así, el estado de derecho vigente nos impone otorgarle 

deferencia a la agencia administrativa, siempre que la parte que la 

impugne no demuestre evidencia suficiente que rebata la 

presunción de legalidad y corrección. Graciani Rodríguez v. Garaje 

Isla Verde, supra, pág.128. Por lo tanto, al realizar nuestra función 

revisora debemos enfocarnos en determinar si la agencia 

administrativa: (1) erró en aplicar la ley; (2) actuó arbitraria, 

irrazonable o ilegalmente; y (3) si lesionó derechos constitucionales 

fundamentales. Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 627-

628 (2016).
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De este modo, si al realizar nuestra función revisora no nos 

encontramos ante alguna de las situaciones previamente 

mencionadas, tenemos el deber de validar la determinación 

realizada por la agencia administrativa. Íd. Ello, aun cuando exista 

más de una interpretación posible en cuanto a los hechos. Íd., pág. 

627. Ahora bien, es preciso recordar que las conclusiones de 

derecho, por el contrario, serán revisables en todos sus aspectos. 

Sección 4.5 de la Ley Núm. 38-2017, según enmendada, mejor 

conocida como Ley de Procedimiento Administrativa Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico (LPAUG), 3 LPRA sec. 9675. 

-BEl Reglamento Núm. 9321, supra, se aprobó con el propósito 

de uniformar los procedimientos adjudicativos y de reglamentación 

sobre los cuales el Departamento de Salud tiene jurisdicción y 

competencia. Exposición de Motivos del Reglamento Núm. 9321. Ello, 

para proveer una solución justa, rápida y económica mediante 

soluciones informales de controversias administrativas sin 

menoscabar los derechos que le asisten a la sociedad. Íd. Ahora 

bien, en lo pertinente al caso ante nos, el Art. 25 de este Reglamento 

preceptúa el procedimiento de recusación de un oficial examinador. 

Específicamente, dispone lo siguiente: 

1. En cualquier etapa de los procedimientos, cualquier 

de las partes podrá solicitar la recusación de un 

Oficial Examinador por alguna de las circunstancias 

expuestas en la Regla 21 (1) de este Reglamento. 

2. La solicitud de recusación debe ser jurada y 

expondrá los hechos específicos en que se 

fundamenta y la prueba documental y declaraciones 

juradas en apoyo de la misma. 

3. La solicitud de recusación debe ser presentada ante 

el Oficial Examinador recusado tan pronto la Parte 

Peticionaria advenga en conocimiento de la causa de 

la recusación. 

4. Una vez presentada la solicitud de recusación, si el 

Oficial Examinador recusado concluye que procede 

su inhibición, hará constar mediante resolución 

escrita los incisos de la Regla 21 (1) aplicable, en su 
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defecto, la razón específica para su inhibición bajo el 

inciso (h) y la notificará a todas las partes. El caso 

será asignado a otro Oficia Examinador. 

5. Si el Oficial Examinador concluye que no procede 

su inhibición, se abstendrá de continuar 

actuando en su capacidad de Oficial Examinador 

en el caso y remitirá los autos del mismo al 

Secretario de Salud para la designación de un 

Oficial Examinador que resuelva la solicitud de 

recusación. 

6. La solicitud de recusación se resolverá dentro del 

término no mayor de quince (15) días desde su 

presentación. 

7. De conceder la solicitud, se realizará el reemplazo 

requerido con un Oficial Examinador que no posea 

ninguna de las limitaciones antes mencionadas. 

8. Una vez un Oficial Examinador haya comenzado a 

intervenir en un caso, no podrán unirse al caso los 

abogados o abogadas cuya intervención pueda 

producir su recusación. (Énfasis suplido) 

III.

El recurrente compareció ante nos impugnando una 

Resolución Final que se emitió y notificó el 18 de diciembre de 2023 

mediante la cual la Junta declaró No Ha Lugar su Moción de 

Inhibición y Otros Extremos. Específicamente, en su primer 

señalamiento de error, indicó que la Junta erró al no atender de 

forma transparente su solicitud de inhibición ya que el dictamen 

recurrido se firmó por la directora ejecutiva de la Junta que era 

epicentro de la controversia evidenciaria. En su segundo 

señalamiento de error, argumentó que la Junta erró al no establecer 

que la solicitud de inhibición se evaluó por la Junta en Pleno 

conforme lo exige la ley y reglamento aplicable. Por otro lado, en su 

tercer señalamiento de error, sostuvo que la Junta erró al denegar 

la admisibilidad del testimonio de la señora Questell. Puntualizó que 

dicha determinación se tomó de manera parcializada. Por último, en 

su cuarto señalamiento de error planteó que la Junta erró al 

declarar No Ha Lugar la solicitud de inhibición de la licenciada 

Rivera. 
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Previo a discutir el primer, segundo y cuarto señalamiento de 

error en conjunto por estar íntimamente relacionadas entre sí cabe 

precisar que, a pesar de que se podría entender que la determinación 

en cuanto a la inhibición es una interlocutoria, como modo de 

excepción, esta es objeto de revisión ya que esperar a la Resolución 

Final de la agencia constituiría un fracaso a la justicia. En el informe 

que preparó la licenciada Rivera en cuanto al asunto de su 

inhibición, esta última utilizó el Reglamento Núm. 9321 de manera 

supletoria ya que era el único estatuto que discutía el procedimiento 

a seguir ante una solicitud de inhibición de un Oficial Examinador 

del Departamento de Salud. La Ley Núm. 42-2017, según 

enmendada, mejor conocida como Ley para Manejar el Estudio, 

Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas 

Aplicables y Límites, 24 LPRA sec. 2621 et seq. y el Reglamentó Núm. 

9038, que se aprobó el 2 de julio de 2018, no preceptúan el proceder 

ante una solicitud de inhibición a pesar de que son estatutos que 

son aplicables al presente caso. Por lo tanto, el derecho aplicable al

asunto ante nuestra consideración emana de la Regla 25 del

Reglamento Núm. 9321. 

En el Informe de la Oficial Examinadora la licenciada Rivera 

llegó a la conclusión de que no procedía su inhibición bajo el 

fundamento de que Ver Jur no juramentó su solicitud de inhibición

y tampoco expuso hechos específicos, prueba documental y 

declaraciones juradas que fundamentaran dicho proceder conforme 

lo exige la Regla 25 del Reglamento Núm. 9321, supra. Sin embargo, 

cabe precisar que, a pesar de que basó su decisión en lo antes 

expuesto, entró a discutir los planteamientos que expuso la parte 

recurrente en su contra sobre la inhibición. Luego de discutir los 

planteamientos nuevamente concluyó que no procedía su 

inhibición. 
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Como es sabido, la Regla 25 del Reglamento Núm. 9321, 

supra, establece que, si un Oficial Examinador concluye que no 

procede su inhibición, se abstendrá de actuar como tal y remitirá 

dicho asunto al Secretario de Salud para que este último designe 

otro Oficial Examinador que resuelva la solicitud de recusación. 

Dicho lo anterior, es evidente que la persona designada a atender la 

recusación de la licenciada Rivera era otra u otro Oficial Examinador 

que fuese elegido por el Secretario de Salud para atender el asunto 

y no así la Junta. La procedencia o no de una inhibición de un Oficial 

Examinador no surge de las funciones delegadas a la Junta que se 

establecen en el Art. 5 de la Ley Núm. 42, 24 LPRA sec. 2622a y en 

el Art. 135 del Reglamento Núm. 9038, supra. 

En el presente caso, la solicitud de inhibición se evaluó por la 

Junta, específicamente, la determinación que estos tomaron se 

firmó por la señora Questell, directora ejecutiva de la Junta y la 

persona que es el eje de la controversia evidenciaria en el presente 

caso. Dicha actuación fue contraria a los postulados de la Regla 25 

del Reglamento Núm. 9321, supra. Como mencionamos 

anteriormente, la solicitud de inhibición se debió atender por otra u 

otro oficial examinador designado por el Secretario de Salud. Así 

pues, le corresponde a la licenciada Rivera a abstenerse de 

continuar actuando en su capacidad como Oficial Examinadora 

del presente caso y remitir los autos de este asunto al Secretario 

de Salud para su correspondiente proceder. Dicho lo anterior, se 

cometió el primer, segundo y cuarto señalamiento de error. 

Por otro lado, el tercer señalamiento de error relacionado a la 

denegatoria por parte de la Junta de la admisibilidad del testimonio 

de la señora Questell no se puede atender en sus méritos. La referida 

determinación no se incluyó como parte de las determinaciones que 

realizó la Junta en el dictamen recurrido. En consecuencia, no 

tenemos jurisdicción para atender dicho asunto.
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IV.

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos el dictamen 

recurrido. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones