Número Identificador

SEN2024 ______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL I

JAHAIRA PONCE MORALES 

y OTROS

Apelantes

v.

COMISIONADO DE LA 

POLICIA ANTONIO LÓPEZ en 

su Capacidad Oficial y 

Personal y como Rep. de la 

SLG con su Cónyuge y Otros

Apelados

KLAN202400027

APELACION

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de

Bayamón

Civil Núm.:

BY2023CV02917

Sobre:

Violación de 

Derechos Civiles

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Pagán Ocasio, el Juez Marrero Guerrero y la Jueza Boria 

Vizcarrondo.

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2024.

Comparece ante nos, mediante Apelación, la señora Jahaira 

Ponce Morales, en representación de sí misma y de los menores 

Kattaleia Zoe Hernández Colón y Hommy Colón Ponce, y la señora 

Laura Ponce Ortiz (en conjunto, Demandantes o Apelantes), y nos 

solicitan que revoquemos la Sentencia Parcial del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI). Dicha Sentencia 

Parcial desestimó la demanda por daños y perjuicios en contra de la 

señora Ana Escobar Pabón, Secretaria del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico, el señor Antonio López 

Figueroa, Comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico, el 

señor Roberto del Valle, Director de Seguridad del Centro de 

Tratamiento de Mujeres de Bayamón, el sargento Erasmo Martínez 

Torres, oficial del Complejo de Rehabilitación para Mujeres de 

Bayamón y la superintendente Wanda Montañez Santiago, 

Superintendente del Complejo para la Rehabilitación de Mujeres de 
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Bayamón (en conjunto, los Codemandados o Apelados), en sus 

capacidades personales. 

Por los fundamentos discutidos a continuación, confirmamos 

la Sentencia Parcial emitida por el TPI.

I.

El 2 de junio de 2022, la señora Shannel Colón Ponce (Sra. 

Colón Ponce), oriunda de Puerto Rico pero domiciliada en el estado 

de Pensilvania, EE. UU., falleció en custodia del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico (DCR) en el Complejo de 

Rehabilitación para Mujeres en Bayamón. La Sra. Colón Ponce 

sufría de una condición mental e inestabilidad emocional, por lo que 

había recibido tratamientos médicos y fue sometida a un proceso de 

hospitalización involuntaria en enero de 2022 en Pensilvania.

Para el 2 de abril de 2022, la Sra. Colón Ponce viajó a Puerto 

Rico. El 20 de abril de 2022, luego de ser vinculada al hurto de un 

vehículo de motor, se entregó a la custodia de la Policía de Puerto 

Rico (Policía). En ese momento, y acompañada por familiares, la Sra. 

Colón Pérez le informó a los agentes de la Policía que sufría de una 

condición mental y que se sintió obligada a hurtar el vehículo de 

motor para huir de una persona que la perseguía. No obstante esta 

información, la Policía procedió a mantenerla bajo custodia pese que 

la Sra. Colón Ponce no contaba con representación legal ni existían 

cargos radicados en su contra. Tampoco le informaron a la familia 

de la Sra. Colón Ponce sobre alternativas o desvíos disponibles para 

personas que requieren tratamiento por condiciones mentales.

La Sra. Colón Ponce pasó cuarenta y ocho (48) horas bajo la 

custodia de la Policía antes de que se presentara una denuncia en 

su contra por violaciones al Código Penal de Puerto Rico. El 22 de 

abril de 2022, un tribunal determinó causa para arresto y señaló la

Vista Preliminar para el 4 de mayo de 2022. Por no poder prestar 
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fianza, la Sra. Colón Ponce fue ingresada al Complejo de 

Rehabilitación de Mujeres de Bayamón.

El día de la Vista Preliminar, la Sra. Colón Ponce compareció

acompañada por la Lcda. Samari Benítez de la Sociedad para la 

Asistencia Legal. La defensa solicitó una vista al amparo de la Regla 

240 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 240, para 

realizarle a la Sra. Colón Ponce una evaluación psiquiátrica, en vista 

a la condición en que se encontraba. En consecuencia, se suspendió 

la Vista Preliminar y se pospuso hasta el 10 de junio de 2022, en 

espera de la evaluación psiquiátrica solicitada. Alegadamente, esta 

fue programada para 8 de junio de 2022.

Lamentablemente, el 2 de junio de 2022, la Sra. Colón Ponce 

falleció en el Complejo de Rehabilitación de Mujeres de Bayamón 

bajo la custodia del DCR debido a un aparente suicidio. Nunca se le 

fue realizada la evaluación psiquiátrica al amparo de la Regla 240 

de Procedimiento Criminal, supra. Los familiares de la Sra. Colón 

Ponce alegan que intentaron visitarla e indagar sobre su condición, 

pero no pudieron. Funcionarios del Complejo de Rehabilitación de 

Mujeres le indicaron que la Sra. Colón Ponce se encontraba en buen 

estado de salud y recibiendo tratamientos médicos.

El 25 de mayo de 2023, Jahaira Ponce Morales (madre de la 

Sra. Colón Ponce), por sí misma y en representación de los menores 

Kattaleia Zoe Hernández Colón (hija de la Sra. Colón Ponce) y 

Hommy Colón Ponce (hermano de la Sra. Colón Ponce), y Laura 

Ponce Ortiz (tía de la Sra. Colón Ponce) (en conjunto, los 

Demandantes o Apelantes) radicaron una Demanda1 ante el TPI en 

contra del Gobierno de Puerto Rico y de varios funcionarios 

públicos. La misma fue enmendada el 15 de agosto de 2023.

2

1 Tomamos conocimiento judicial del caso BY2023CV02917 en el Sistema 

Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), Entrada Núm. 1.

2 Apéndice de Recurso de Apelación, Anejo I, págs. 1-18.
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La Demanda alega que varios funcionarios del Gobierno de 

Puerto Rico causaron la muerte de la Sra. Colón Ponce. Presentaron 

causas de acción al amparo de los Artículos 1536, 1538 y 1540 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5311, et seq., la Ley de 

Reclamaciones y Demandas Contra el Estado, Ley Núm. 104 de 29 

de junio de 1955, 32 LPRA sec. 3077 et seq. (Ley de Pleitos), la

Constitución de Puerto Rico, Const. ELA [Const. PR], LPRA, Tomo 1, 

la Constitución de Estados Unidos, LPRA, Tomo 1 y la Sección 1983 

de la Ley federal de Derechos Civiles, 42 USC sec. 1983 (Sección 

1983). Señalaron como responsables al:

[Comisionado del Negociado de la Policía de 

Puerto Rico, Antonio López porque] era la autoridad 

suprema en cuanto a la elaboración y la ejecución de 

las políticas seguidas en el NPPR. Son ellos los llamados 

a ejecutar las leyes y reglamentos del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico sobre seguridad pública y 

protección, y responde por la disciplina, entrenamiento 

y supervisión de todos los empleados y oficiales del 

NPPR. Es el responsable de elaborar y poner en práctica 

las órdenes generales, protocolos, reglamentos y 

políticas decisionales relativas al entrenamiento, 

supervisión, disciplina y prácticas de seguridad y 

protección a ser empleadas por el NPPR. [...]

[A la Secretaria del Departamento de Corrección 

y Rehabilitación, Ana Escobar porque] era la autoridad 

suprema en cuanto a la elaboración y la ejecución de 

las políticas seguidas en el DCR. Son ellos los llamados 

a ejecutar las leyes y reglamentos del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico sobre seguridad pública y 

protección de las personas privadas de libertad, y 

responde por la disciplina, entrenamiento y supervisión 

de todos los empleados, contratistas de salud y oficiales 

del DCR. Es la responsable de elaborar y poner en 

práctica las órdenes normas, protocolos, reglamentos y 

políticas decisionales relativas al entrenamiento, 

supervisión, disciplina y prácticas de seguridad y 

protección a ser empleadas por el DCR. [...]

[Al Director de Seguridad de la Cárcel de Mujeres 

de Bayamón, Roberto del Valle porque] era la persona 

encargada directamente de la institución donde se 

albergaba a [la Sra. Colón Ponce]. Como supervisor de 

seguridad de la Institución tenía la responsabilidad de 

supervisar a su personal y encargarse de que recibieran 

el adiestramiento adecuado, cosa que no ocurrió. [...]

[A la Superintendente del Complejo para la 

Rehabilitación de Mujeres de Bayamón, Wanda 

Montañez porque] era la persona encargada 

directamente de la institución donde se albergaba a [la 

Sra. Colón Ponce]. Como superintendente de la 

Institución tenía la responsabilidad de supervisar a su 
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personal y encargarse de que recibieran el 

adiestramiento adecuado, cosa que no ocurrió. [...]

[Y al Sargento Erasmo Martínez Torres, 

supervisor de área del Complejo para la Rehabilitación 

de Mujeres de Bayamón] como supervisor del área 

donde falleció [la Sra. Colón Ponce] el día y horas 

indicadas en esta demanda.3

Cada uno de los Codemandados fue demandado tanto en su 

capacidad oficial como en su capacidad personal. Los Demandantes 

señalaron varias causas de acción. 

La primera causa de acción alega que la Policía de Puerto Rico 

violó los derechos civiles de la Sra. Colón Ponce al no desviarla de 

inmediato para tratamiento médico según disponen la leyes y 

política pública del Gobierno de Puerto Rico.4 Alegan que en vez de 

hacer esto, la mantuvieron bajo custodia sin el beneficio de un 

abogado y sin que hubiese cargos pendientes. Por lo tanto, la 

Demanda arguye que el Gobierno de Puerto Rico responde al amparo 

de los Artículos 1536 y 1540 del Código Civil de Puerto Rico, supra, 

al “no elegir adecuadamente [...] a todos los policías que 

intervinieron en la situación antes narrada para atender una 

situación de persona en crisis”.5

La Demanda continúa alegando que los oficiales que 

intervinieron con la Sra. Colón Ponce nunca fueron adiestrados bajo 

la Orden General Número 600-628 de la Policía, Intervención con 

Personas en Crisis de 18 de junio de 2019 (Orden General Núm. 

600). “Es evidente que sus supervisores tampoco”.6 A sabiendas de

la Reforma de la Policía, la Orden General Núm. 600 y el Acuerdo 

para la Reforma Sostenible de la Policía de Puerto Rico (Acuerdo), 

“poco o nada han hecho [los supervisores] para adiestrar a sus 

policías bajo estos protocolos. Ello transciende el campo de la 

negligencia y constituye la indiferencia deliberada requerida bajo [la 

3 Íd., págs. 3-4.

4 Íd., pág. 12.

5 Íd.

6 Íd.
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Sección 1983]”.7 Por esto, alegan los Demandantes, la Policía y sus 

funcionarios en su capacidad individual responden por los daños 

causados a la Sra. Colón Ponce.

Como segunda causa de acción, señalan que las actuaciones 

de los Codemandados violentaron varias secciones de la

Constitución de Puerto Rico, supra. En particular, señalaron que la 

conducta de los Codemandados violó las disposiciones de: la Sección 

1, Artículo II de nuestra Constitución, supra, que establece que la 

dignidad del ser humano es inviolable; de la Sección 7, Artículo II, 

que reconoce como derecho fundamental el derecho a la vida, a la 

libertad y al disfrute de la propiedad; y de la Sección 11, Artículo II

que reconoce los derechos de los imputados por un delito.8 También 

alegan que a la Sra. Colón Ponce se le violaron sus derechos al 

amparo de la Sección 19, Artículo VI de nuestra Constitución, Íd., 

que dispone que “[s]erá política pública del Estado Libre Asociado 

[...] reglamentar las instituciones penales para que sirvan sus 

propósitos en forma efectiva y propender, dentro de los recursos 

disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer 

posible su rehabilitación moral y social”. Alegan que en este sentido 

responden los Codemandados en su capacidad personal.

Como tercera causa de acción, los Demandantes alegan que

al amparo de la Sección 1983:

49. Los [Codemandados] responden en su carácter 

personal, pues según información que recibieron los 

demandantes[,] éstos so color de autoridad e 

intencionalmente, como funcionarios del ELA, llevaron 

a cabo los actos antes relatados, en violación de los 

derechos civiles de la causante de los aquí

demandantes, privándole de su libertad sin el debido 

proceso de ley, amenazando su vida e integridad 

corporal, impidiéndole el ejercicio de su derecho a la 

libertad, a la vida y a su dignidad. Todo ello en violación 

de la Constitución de Estados Unidos, Enmiendas IV, 

VII y XIV. Como señalamos en el apartado II de este 

escrito, los aquí demandantes recibieron información 

que apunta a que Shannel era agredida, maltratada y 

7 Íd.

8 Íd., pág. 14.
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vejada por los funcionarios de Corrección y oficiales de 

custodia al punto que intencionalmente causaron su 

muerte, en violación a la disposición de la Ley federal 

de Derechos Civiles.9

Con relación a esta causa de acción, el apartado II de la 

Demanda dispone que:

29. Shannel fue sometida a tratos inhumanos, crueles 

y degradantes al habérsele privado de los servicios de 

salud mental que su condición requería, provocándole 

intensos sufrimientos y angustias mentales previo a su 

fallecimiento, todo ello en circunstancias muy extrañas 

y sin que los funcionarios del DCR a cargo de su 

custodia recibieran el adiestramiento ni la supervisión 

requerida para manejar este tipo de casos dentro del 

sistema correccional.10

De particular importancia, alegan que este trato fue causado 

porque los supervisores incumplieron con su obligación de proveer 

y facilitar entrenamiento a los oficiales y personal médico que se 

encontraban bajo sus órdenes.11

Así las cosas, entre el 13 de octubre de 2023 y 1 de diciembre 

de 2023, cada uno de los Codemandados presentó una Moción de 

Desestimación.

12 Levantaron una serie de defensas a favor de la 

desestimación, en particular: que la Demanda no expone 

alegaciones específicas en contra del carácter personal de los 

Codemandados y que éstos están protegidos por el manto de la 

inmunidad cualificada.13 En consecuencia, solicitaron la 

desestimación de la Demanda presentada en contra de sus 

caracteres personales. El 18 de diciembre de 2023, la parte 

demandante presentó su Oposición a Mociones de Desestimación 

Presentadas por los Codemandados.

14

Ese mismo día, el TPI emitió una Sentencia Parcial,

15 mediante 

la cual desestimó las reclamaciones contra los demandados en sus 

9 Íd.

10 Íd., pág. 8.

11 Íd., pág. 15.

12 Íd., Anejos II-VI, págs. 19-71.

13 Íd.

14 Íd., Anejo VII, págs. 72-87.

15 Íd., Anejo IX, págs. 90-91.
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capacidades personales. Esta fue notificada el próximo día, 19 de 

diciembre de 2023.16 Inconforme con la determinación del TPI, el 9 

de enero de 2024, los Demandantes (ahora Apelantes) presentaron 

la Moción de Apelación que tenemos ante nuestra consideración.

La Apelación señaló como único error que:

ERRÓ EL TPI AL DESESTIMAR LA DEMANDA 

CONTRA LOS CODEMANDADOS EN SU CAPACIDAD 

PERSONAL, EN CONTRAVENCIÓN A LA LEY 

FEDERAL DE DERECHOS CIVILES (42 U.S.C. SEC. 

1983) Y LA REGLA 10.2 DE PROCEDIMIENTO 

CIVIL.

17

Posteriormente, los Codemandados (ahora Apelados)

presentaron sus Alegatos en Oposición individualmente.

II.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a discutir el derecho aplicable a nuestra controversia. 

A. 

Sabido es que el Gobierno de Puerto Rico disfruta de 

inmunidad soberana, por lo que no puede ser demandado salvo que 

este lo permita expresamente.18 Porto Rico v. Rosaly, 227 US 270, 

273 (1913). Como una renuncia parcial de su inmunidad soberana, 

el Gobierno de Puerto Rico aprobó la Ley de Pleitos, supra, que crea

una causa de acción para demandar al Gobierno de Puerto Rico por 

los daños y perjuicios causados por los actos u omisiones “de 

cualquier funcionario, agente o empleado del Estado, o cualquier 

otra persona actuando en capacidad oficial y dentro del marco de su 

función, cargo o empleo interviniendo culpa o negligencia”. Íd., Art. 

2(a). En virtud de esta ley, el Estado responde por los actos u 

omisiones culposas o negligentes de un funcionario. Esto impide que 

16 Íd. Anejo VIII, págs. 88-89.

17 Recurso de Apelación, pág. 9.

18 En Porto Rico v. Rosaly, 227 US 270 (1913), el Tribunal Supremo de los Estados 

Unidos resolvió que: “It is not open to controversy that, aside from the existence 

of some exception, the government which the organic act established in Porto Rico 

is of such nature as to come within the general rule exempting a government 

sovereign in its attributes from being sued without its consent.”
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un demandante persiga una acción en contra de un funcionario del 

Gobierno luego de haber recaído una sentencia en contra del 

Estado. Viuda de Valentín v. E.L.A., 84 DPR 112, 120 (1961). Esto 

puesto que la Ley de Pleitos persigue “evitar que un demandante 

recobre tanto del Gobierno como del empleado”. De Paz Lisk v. 

Aponte Roque, 124 DPR 472, 493 (1989).

Ahora bien, aunque el propósito de la Ley de Pleitos sea evitar 

que se recobre múltiples veces del Estado, esta no impide que se 

presente una acción en contra de un funcionario público en su 

capacidad oficial y en su capacidad personal. Esto es, cuando un 

funcionario público ejecuta la política pública del Gobierno de 

Puerto Rico, puede incurrir en responsabilidad oficial y personal.

Las normas y doctrinas de inmunidad soberana no son 

pertinentes cuando también se busca demandar a un funcionario 

del Gobierno en su capacidad personal. “La inmunidad de un 

funcionario público contra la responsabilidad civil que pueda 

generar su conducta en el desempeño de sus deberes oficiales es 

una inmunidad separada y distinta a la inmunidad del Estado”. 

Romero Arroyo v. E.L.A., 127 DPR 724, 744 (1991). Por lo tanto, ante 

estos supuestos, debemos aplicar la doctrina de inmunidad 

cualificada. La inmunidad cualificada es una defensa proveniente 

del ámbito federal y derecho común que puede levantar un

funcionario del Gobierno ante una demanda en su capacidad 

personal. “[L]a inmunidad de los funcionarios públicos opera como 

una limitación sustantiva de la responsabilidad personal por daños 

en que puedan incurrir dichos funcionarios en el descargo de sus 

deberes y responsabilidades oficiales”. Íd., pág. 745. 

En resumen, la inmunidad de un funcionario público 

no es una extensión ni tampoco es parte de la 

inmunidad del Estado. Mientras que la doctrina de 

inmunidad del Estado opera como una limitación de 

responsabilidad civil respecto a la entidad 

gubernamental como cuerpo político, las normas de 

inmunidad condicionada de los funcionarios públicos 
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operan como una limitación de la responsabilidad civil 

personal de dichos funcionarios. Por ello, la concesión 

de inmunidad personal a un funcionario público no 

tiene efecto alguno sobre la renuncia del Estado a su 

inmunidad contra demandas por los daños que 

ocasionen los actos culposos o negligentes de sus 

empleados. 

Íd.

“No cabe duda de que como cuestión de política pública es 

menester que los servidores públicos estén protegidos contra 

demandas presentadas en su contra por el hecho de haber ejercido 

de forma razonable y de buena fe funciones que contienen un 

elemento de discreción”. De Paz Lisk v. Aponte Roque, supra, pág. 

495. Esta doctrina dispone que “[u]n funcionario o empleado que no 

actúa de buena fe es responsable, pero aun cuando medie la buena 

fe responde si actuó irrazonablemente o si debió haber sabido que 

su conducta era ilegal”. Acevedo v. Srio. Servicios Sociales, 112 DPR 

256 (1982).

Anteriormente se reconocían dos escrutinios aplicables al 

análisis de la inmunidad cualificada: el objetivo y el subjetivo. Al 

momento de definir los criterios objetivos y subjetivos, el Tribunal 

Supremo federal lo hizo describiendo las situaciones donde la 

inmunidad no aplicaba. En primer lugar, “el escrutinio objetivo 

denegaba inmunidad por violaciones de carácter negligente de 

derechos claramente establecidos”. P.P.D. v. Gobernador II, 139 DPR 

984, 995 esc. 3 (1996) (Voto particular emitido por el Juez Asociado 

Señor Rebollo López). El escrutinio subjetivo “denegaba inmunidad 

a un oficial si éste actuaba con malicia a pesar de que el derecho al 

momento del acto no estuviese claramente establecido”. Íd. Sin 

embargo, en Harlow v. Fitzgerald, 457 US 800 (1982), el Tribunal 

Supremo federal descartó el análisis de dos escrutinios, 

considerando que el análisis subjetivo creaba una carga indebida 

sobre el sistema jurídico y fomentaba un proceso largo y disruptivo
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de descubrimiento de prueba.19 Por lo tanto, el Foro federal adoptó 

como criterio que, por lo general, los funcionarios públicos no gozan 

de inmunidad personal por daños civiles cuando sus conductas 

violan derechos estatutarios o constitucionales claramente 

establecidos de los cuales una persona prudente y razonable tendría 

conocimiento. Íd., pág. 818.

En resumen, un funcionario público responde en su carácter 

personal si en el descargo de sus funciones no actuó de buena fe, 

incurrió en una conducta ilegal o en algún acto delictivo o 

intencional. También responde en su carácter personal si aun 

actuando de buena fe, viola un derecho claramente establecido cuyo 

funcionario tenía conocimiento de o debió tenerlo.

B.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido en varias 

ocasiones que los tribunales de Puerto Rico están capacitados para 

atender reclamos que surjan al amparo de la Sección 1983, supra.

Acevedo v. Srio. Servicios Sociales, supra, pág. 259. “Al ser ésta una 

causa de acción federal sobre la cual ejercemos jurisdicción 

concurrente, estamos obligados a seguir nuestras propias opiniones 

anteriores y las decisiones del Tribunal Supremo de Estados 

Unidos”. Declet Ríos v. Depto. de Educación, 177 DPR 765, 777 

(2009). Esta ley “es un vehículo para que los ciudadanos puedan 

hacer valer los derechos que [confiere] la Constitución y las leyes de 

Estados Unidos frente a aquellas personas que abusan de su poder 

19 [I]t now is clear that substantial costs attend the litigation of the subjective good 

faith of government officials. Not only are there the general costs of subjecting 

officials to the risks of trial—distraction of officials from their governmental duties,

inhibition of discretionary action, and deterrence of able people from public 

service. There are special costs to “subjective” inquiries of this kind. Immunity 

generally is available only to officials performing discretionary functions. In 

contrast with the thought processes accompanying “ministerial” tasks, the 

judgments surrounding discretionary action almost inevitably are influenced by 

the decisionmaker's experiences, values, and emotions. These variables explain 

in part why questions of subjective intent so rarely can be decided by summary 

judgment. Yet they also frame a background in which there often is no clear end 

to the relevant evidence. Judicial inquiry into subjective motivation therefore may 

entail broad-ranging discovery and the deposing of numerous persons, including 

an official's professional colleagues. Inquiries of this kind can be peculiarly 

disruptive of effective government. Harlow v. Fitzgerald, 457 US 800, 818 (1982).
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cuando actúan so color de autoridad estatal”. Leyva et al. v. Aristud 

et al., 132 DPR 489, 500 (1993). La Sección 1983 dispone que:

Every person who, under color of any statute, 

ordinance, regulation, custom, or usage, of any State or 

Territory or the District of Columbia, subjects, or causes 

to be subjected, any citizen of the United States or other 

person within the jurisdiction thereof to the deprivation 

of any rights, privileges, or immunities secured by the 

Constitution and laws, shall be liable to the party 

injured in an action at law, suit in equity, or other 

proper proceeding for redress, except that in any action 

brought against a judicial officer for an act or omission 

taken in such officer ́s judicial capacity, injunctive relief 

shall not be granted unless a declaratory decree was 

violated or declaratory relief was unavailable.

Por lo tanto, “un demandante puede prevalecer en su reclamo 

por violación a sus derechos civiles al amparo del mencionado 

estatuto si demuestra que el demandado actuó so color de autoridad 

y dicha actuación le privó de los derechos garantizados por la 

Constitución y las leyes de Estados Unidos”. Colón Rivera et al. v. 

ELA, 189 DPR 1033, 1054 (2013). Debemos tener en mente que esta

ley no crea derechos sustantivos, sino que provee un mecanismo 

para vindicar cualquier derecho civil que se haya conferido. “Así, el 

primer paso en este tipo de reclamación es identificar cuál es el 

derecho constitucional alegadamente infringido”. Íd. Este derecho 

puede surgir de un estatuto, una cláusula constitucional, un 

derecho establecido jurisprudencialmente o cualquier otro derecho 

reconocido, ya sea al nivel estatal como al nivel federal.

Nuestro Tribunal Supremo, interpretando la jurisprudencia 

federal, ha señalado que en el caso “de los supervisores, la 

imposición de responsabilidad no se hace a base de la doctrina de 

responsabilidad vicaria, ya que tanto él como sus subalternos 

trabajan para un mismo patrono: el Estado. Su responsabilidad está 

fundada en los actos u omisiones en el desempeño de sus funciones 

de supervisión”. Leyva et al. v. Aristud et al., supra, pág. 501 (citando 

a Gutiérrez-Rodríguez v. Cartagena, 882 F.2d 553, 562 (1er Cir. 

1989); Figueroa v. Aponte-Roque, 864 F.2d 947, 953 (1er Cir. 1989); 
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Lipsett v. University of Puerto Rico, 864 F.2d 881, 901–902 (1er Cir. 

1988)). Tanto los foros federales como los de Puerto Rico han 

rechazado que un supervisor responda por una reclamación al 

amparo de la Sección 1983 por la mera negligencia en su deber de 

supervisar. 

Conforme a la doctrina de la mayoría que hoy 

adoptamos, para que la dejadez del supervisor active la 

protección de la citada [Sección 1983], sus actos u 

omisiones deben reflejar una indiferencia 

imprudente o insensible (reckless or callous 

indifference) a los derechos constitucionales del 

demandante, o un comportamiento que pueda ser 

calificado como condonación o aquiescencia en la 

supervisión, que pueda caracterizarse como negligencia 

grave.

Al hacer esta determinación, el tribunal deberá 

evaluar la prueba a los fines de determinar si el 

demandante demostró, mediante preponderancia de la 

prueba, que el supervisor tenía conocimiento previo 

de actos ilícitos de su subalterno y mostró 

indiferencia imprudente o insensible a los derechos 

constitucionales de los ciudadanos al no tomar las 

medidas correctivas apropiadas y necesarias para 

evitar la recurrencia de estos actos.

Un acto aislado no es suficiente para invocar la 

protección de la [Sección 1983] de la Ley federal de 

Derechos Civiles, supra. Se requiere que el supervisor 

tuviera conocimiento previo de varias actuaciones 

ilegales y abusivas de su subalterno o que hubiese 

estado presente en alguna de las ocasiones en que 

se violaron los derechos de un ciudadano.

También hay que probar que él tenía la 

responsabilidad de supervisar los empleados y que, 

mediante sus propios actos u omisiones, permitió 

que sus subordinados violaran los derechos 

constitucionales del demandante. No es necesario 

que el supervisor haya despojado al demandante de sus 

derechos constitucionales mediante sus propias manos. 

Puede ser también responsable cuando ayuda a otros 

o cuando omite ejercer un deber impuesto. Lo mismo 

ocurre si pone en movimiento una cadena de eventos o 

actuaciones de otros que debió prever que causarían 

daño al demandante. El nexo causal se demuestra 

mediante la prueba de un “ligamen causal 

afirmativo” (affirmative links) entre sus actos y el 

daño causado por sus subalternos. Por último, hay 

que demostrar que como resultado de su indiferencia 

los demandantes sufrieron un daño.

Íd., págs. 502-504. (Énfasis nuestro) (Citas omitidas).

La indiferencia imprudente o insensible también ha sido 

reconocido como la indiferencia deliberada (“deliberate indifference”)

discutida por los foros federales. Este estándar implica algo más que 
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una mera negligencia, pero se satisface con algo menos que actos u 

omisiones con el fin de causar daño. Farmer v. Brennan, 511 US 

825, 835 (1994). Está posicionado entre la negligencia y la intención.

Cuando se evalúa la conducta de un funcionario de 

corrección, el Tribunal Supremo federal ha reconocido que su 

conducta debe ser evaluada en el contexto de la Enmienda VIII de la 

Constitución de Estados Unidos, supra, que prohíbe los castigos 

crueles e inusitados. Íd., pág. 832. Por lo tanto, aunque la 

Constitución federal no exige cárceles cómodas, no permite cárceles 

inhumanas. Íd. En consecuencia, el Gobierno y los funcionarios de 

cárceles deben garantizar un nivel de seguridad para la comunidad 

encarcelada. Esto incluye proveer por las necesidades urgentes de 

salud de los confinados. Estelle v. Gamble, 429 US 97, 104 (1976). 

No hacerlo constituye indiferencia deliberada que surte una causa 

de acción al amparo de la Sección 1983. Íd.

Ahora bien, esto no significa que toda reclamación que alegue 

que un confinado no haya recibido atención médica constituye una 

violación a la VIII Enmienda, supra. Por lo tanto, “para formular una 

alegación reconocible, [quien reclame una violación de derechos]

debe alegar actos u omisiones suficientemente perjudiciales 

para demostrar una indiferencia deliberada hacia necesidades 

médicas graves”. Íd., pág. 106. (Traducción nuestra) (Énfasis 

nuestro).

C.

En el 2013, la Policía de Puerto Rico y el Departamento de 

Justicia de los Estados Unidos suscribieron un Acuerdo ante el 

Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico. Este 

Acuerdo tiene el propósito de garantizar prácticas policiales 

constitucionalmente aceptables dentro de nuestra jurisdicción para 

el beneficio de la ciudadanía puertorriqueña. United States of 

America v. Commonwealth of Puerto Rico and the Puerto Rico Police 
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Department, supra. Case Num. 12-cv-2039 (D.P.R. 2013) (GAG). 

Dicha reforma se encarga de considerar las violaciones 

constitucionales cometidas por la Policía de Puerto Rico en el 

descargo de sus funciones documentadas por el Departamento de 

Justicia de los Estados Unidos durante el año 2011. 

En particular, el Acuerdo detalla procedimientos, políticas

públicas, formas de capacitación, supervisión interna y externa y 

datos que contribuyen al patrón de conducta indebida y uso de 

fuerza irrazonable por la Policía de Puerto Rico. En consecuencia, 

incluye los protocolos y directrices que deben seguir los agentes de 

la Policía ante una situación donde vayan a intervenir con una 

persona sufriendo una crisis de salud mental. Esta dispone que:

56. La PPR desarrollará políticas y procedimientos para 

mejorar su respuesta a situaciones de crisis de 

individuos con problemas de comportamiento o salud 

mental y minimizar el uso innecesario de fuerza contra 

dichos individuos. Para alcanzar este resultado, la PPR, 

además de proveerle a todos sus miembros un 

adiestramiento básico de respuesta a personas con 

problemas de comportamiento o crisis de salud mental, 

creará y adiestrará abarcadoramente a un equipo de 

primera respuesta de intervención en crisis conocido 

como Equipo de Intervención en Crisis (“CIT”, por sus 

siglas en inglés). El CIT incorporará los siguientes 

requisitos: 

a) El CIT desarrollará políticas y procedimientos 

para la transferencia de custodia o referido voluntario 

de los individuos entre la PPR, las instalaciones 

receptoras y las agencias locales de servicio de salud 

mental y servicios sociales. 

b) Las políticas y procedimientos del CIT exigirán 

que cuando los miembros de la PPR encuentren 

menores en estados de crisis de salud mental, serán 

referidos a los servicios de salud mental apropiados 

localizados en la comunidad.

c) Los integrantes del CIT serán asignados a las 

divisiones de operaciones de campo y mantendrán sus 

turnos de patrullaje normales, excepto cuando sean 

llamados a responder a eventos de posibles crisis de 

comportamiento o de salud mental donde puede ser 

necesario que los integrantes del CIT respondan fuera 

de su precinto o distrito de patrullaje asignado. 

Acuerdo, supra, págs. 35-36.

El Acuerdo está acompañado por varias órdenes de la Policía

de Puerto Rico para establecer los protocolos específicos ante 

intervenciones con el público. En particular, la Orden General Núm. 
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600, supra, dispone los procedimientos que deben seguir los 

miembros de la Policía durante intervenciones con personas en 

crisis. Esto contempla personas con crisis emocionales, ausencia de 

salud mental o problemas de conducta provocadas por trastornos 

mentales.

D.

Las alegaciones en una demanda tienen el propósito de

presentarle al tribunal los hechos en que las partes apoyan o niegan 

el derecho en controversia, precisar aquellos que las partes acepten 

como ciertos y señalar aquellos se consideran en controversia y 

sobre cuales se presentará prueba para que el tribunal formule las 

conclusiones procedentes. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de 

Puerto Rico: Derecho procesal civil, 6a ed. rev., San Juan, Ed. 

LexisNexis de Puerto Rico, 2017, pág. 279. La Regla 6.1 de 

Procedimiento Civil, supra, procedente de la Regla 8 de 

Procedimiento Civil federal, Fed. R. Civ. P. 8, establece la norma 

sobre la formulación de alegaciones en una demanda y dispone que:

Una alegación que exponga una solicitud de remedio 

contendrá: 

(1) una relación sucinta y sencilla de los hechos 

demostrativos de que la parte peticionaria tiene derecho 

a un remedio, y 

(2) una solicitud del remedio a que crea tener derecho. 

Podrán ser solicitados remedios alternativos o de 

diversa naturaleza.

Nuestro Tribunal Supremo ha determinado que al amparo de

la Regla 6.1 de Procedimiento Civil, “no tienen que exponerse 

detalladamente en la demanda todos los hechos que dan base a la 

reclamación”. León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 40 (2020).

“[A] la parte que persigue un remedio solo se le requiere presentar 

en su alegación una reclamación redactada de forma general”.

J. A. Echevarría Vargas, Procedimiento civil puertorriqueño, 3a ed. 

rev., Bogotá, Ed. Nomos S.A., 2023, pág. 95. (Énfasis nuestro).

La R. 6.1, 2009, al igual que su equivalente 

federal, impone al demandante una obligación 
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relativamente leniente. Un demandante cumple con la 

exigencia de la [Regla 6.1] al notificar al demandado de 

su reclamación y del remedio de tal modo que permita 

al demandado formular una contestación. [...] No 

obstante, si bien el deber que se le exige al demandante 

es bastante liberal y se le requiere brevedad en su 

exposición, la alegación debe aún contener la 

suficiencia fáctica que se necesita para que el 

demandado reciba una adecuada notificación sobre lo 

que se le reclama y la base que la sustenta. 

R. Hernández Colón, op. cit., pág. 287.

Por lo tanto, la información contenida en una demanda “debe

estar a tono con los requisitos mínimos de notificación según 

requiere el debido proceso de ley”. León Torres v. Rivera Lebrón, 

supra, pág. 40.

A diferencia de la normativa en Puerto Rico, el Tribunal 

Supremo federal descartó el análisis laxo sobre las alegaciones. En 

los casos de Bell Atlantic Corp. v. Twombly, 550 US 544 (2007) y 

Ashcroft v. Iqbal, 556 US 662 (2009), el Foro federal pautó y extendió 

a toda reclamación civil federal la normativa de “plausibilidad”. “El 

estándar de plausibilidad requiere que las alegaciones contengan 

una relación fáctica suficiente que, aceptada como cierta, establezca 

que la reclamación del remedio es plausible de su faz”. R. Hernández 

Colón, op. cit., pág. 287.

Este estándar no fue adoptado expresamente por el Comité 

Asesor Permanente que revisó las Reglas de Procedimiento Civil de 

1979, 32 LPRA Ap. III. Sin embargo, ante los cambios suscitados por 

el Tribunal Supremo federal, suscitados por los casos de Ashcroft v. 

Iqbal, supra, y Bell Atlantic Corp. v. Twombly, supra, el Comité

“adoptó una solución, la cual aunque no incorpora el estándar de 

plausibilidad, se encamina en la misma dirección”. R. Hernández 

Colón, op. cit., págs. 280-281. En particular, el Profesor Hernández 

Colón hace hincapié en el cambio al lenguaje de la Regla 6.1 de 

Procedimiento Civil entre el 1979 y el 2009. Bajo las reglas del 1979, 

la Regla 6.1 disponía que una alegación contendrá “una relación 

sucinta y sencilla de la reclamación demostrativa de que el 
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peticionario tiene derecho a un remedio”. Sin embargo, en el 2009, 

la Regla 6.1 fue cambiada para disponer que una alegación 

contendrá “una relación sucinta y sencilla de los hechos 

demostrativos de que la parte peticionaria tiene derecho a un 

remedio”. Por lo tanto, aunque un demandante no tenga que alegar 

todos los hechos específicos que responsabilicen a un demandado, 

sí debe alegar hechos que no sean hipotéticos y que no estén 

basados en conclusiones de derecho.

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, reconoce como 

defensa que la parte demandante haya dejado “de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio”. Íd., R. 

10.2(5). “Al resolver una moción de desestimación por ese 

fundamento, el tribunal toma como ciertos todos los hechos 

alegados e interpreta aseveraciones de la demanda en la forma más 

favorable para el demandante formulando en su favor todas las 

inferencias que puedan asistirle”. R. Hernández Colón, op. cit., pág. 

307. “Solo se podrán entender como ciertos aquellos hechos que 

fueran correctamente alegados sin considerar las alegaciones con 

contenido hipotético”. J. A. Echevarría Vargas, op. cit., pág. 131.

Esto es, el tribunal debe eliminar del análisis las conclusiones 

legales y los elementos de la causa de acción apoyados por 

aseveraciones conclusivas. R. Hernández Colón, op. cit. (Énfasis 

nuestro). “A esos efectos, los foros judiciales deben razonar si, a la 

luz de la situación más favorable al demandante, y resolviendo las 

dudas a favor de éste, la demanda es suficiente para constituir una 

reclamación válida”. González Méndez v. Acción Social et al., 196 

DPR 213, 235 (2016).

Aunque las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 no 

adoptaron el estándar de plausibilidad de manera expresa, nuestro 

Tribunal Supremo se ha expresado más y más a favor de la adopción 
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de la doctrina federal.

20 Tan reciente como a inicios del 2024, 

mediante voz del Juez Asociado Señor Martínez Torres, el Tribunal 

Supremo pautó la normativa sobre una desestimación al amparo de 

la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil. Primero “los tribunales están 

obligados a tomar como ciertos todos los hechos bien alegados en la 

demanda y que hayan sido aseverados de manera clara y 

concluyente”. Costas Elena v. Magic Sport Culinary Corp., 213 DPR 

___, 2024 TSPR 13, pág. *4. “Luego, debe determinar si, a base de 

esos hechos que aceptó como ciertos, la demanda establece una 

reclamación plausible que justifique la concesión de un remedio”. 

Íd. (Énfasis nuestro). “[S]i tras este análisis el Tribunal aún entiende 

que no se cumple con el estándar de plausibilidad, entonces debe 

desestimar la demanda, pues no puede permitir que proceda una 

demanda insuficiente bajo el pretexto de que se podrán probar las 

alegaciones conclusorias con el descubrimiento de prueba”. Íd., pág. 

*5. (Énfasis nuestro).

En resumen, “[a]unque las aseveraciones en una alegación 

deben ser concisas y se deben de considerar como ciertas ante una 

moción de desestimación, no pueden estar fundadas en 

generalidades, conclusiones de derecho o recitación de derecho 

aplicable”. C. Zeno Santiago, Sumario procedimiento civil 

puertorriqueño, 1a ed., San Juan, Ed. SITUM, 2023, pág. 74. La falta 

de hechos que plausiblemente apoyen los remedios solicitados debe 

resultar en la desestimación del recurso. Íd., págs. 74-75. Véanse,

además, R. Hernández Colón, op. cit., pág. 287; Costas Elena v. 

20 [L]o que sí es necesario determinar es si los hechos alegados en la demanda 

establecen de su faz una reclamación que sea plausible y que, como tal, 

justifique que el demandante tiene derecho al remedio que busca o, al menos, a 

parte de este. Si se determina que los hechos alegados “no cumple[n] con el 

estándar de plausibilidad, el tribunal debe desestimar la demanda”. Lo que se 

busca con el análisis de plausibilidad es el “no permitir que una demanda 

insuficiente proceda bajo el pretexto de que con el descubrimiento de prueba 

pueden probarse las alegaciones conclusorias”. Trinidad Hernández v. ELA, 188 

DPR 828, 851 (2013) (Opinión disidente del Juez Asociado Señor Kolthoff 

Caraballo) (Énfasis nuestro) (Citas omitidas).
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Magic Sport Culinary Corp., supra; Bell Atlantic Corp. v. Twombly, 

supra; Ashcroft v. Iqbal, supra.

E.

Antes de resolver, debemos discutir el caso Avilés Colón v. 

ELA, KLAN202100209,21 resuelto por un panel hermano. Este 

discute una controversia relacionada a la nuestra y la parte apelante 

incluye como argumento persuasivo. En Avilés Colón, este Tribunal 

revocó una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia que 

desestimó una demanda por violación de derechos civiles al amparo 

de la Sección 1983 en contra de la capacidad personal del señor 

Henry Escalera, comisionado de la Policía de Puerto Rico. 

En aquel caso, agentes de la Policía fueron llamados por la 

señora Elsa Avilés Colón para intervenir con su hijo, Anthony 

Maldonado Avilés, quien sufría de un ataque de epilepsia. Del 

expediente, surge que los agentes conocían al Sr. Maldonado y su 

condición mental. Aun así, durante la intervención, los agentes le 

dieron muerte al Sr. Maldonado con un disparo a la espalda. Por el 

uso de fuerza excesiva en una situación que no la justificaba, la Sra. 

Avilés presentó una demanda22 en contra de varias personas, 

incluyendo al comisionado de la Policía en aquel entonces, el Sr. 

Escalera, tanto en su capacidad oficial como en su capacidad 

personal.

Luego de varios trámites procesales, el TPI desestimó la 

demanda en contra de la capacidad personal del Sr. Escalera, por lo 

que la Sra. Avilés Colón recurrió a este Tribunal. Nuestro panel 

hermano revocó la determinación del TPI, aduciendo que:

[E]l reclamo de la Sra. Avilés sobre la responsabilidad 

personal del Sr. Escalera al amparo de la Sección 1983 

cruza el umbral de plausibilidad. Ello, debido a que el 

Acuerdo al cual hace referencia en sus alegaciones, 

21 Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la Jueza Romero 

García (jueza ponente) y la Juez Méndez Miró.

22 Tomamos conocimiento judicial del caso JA2020CV00010 en el Sistema 

Unificado para el Manejo y Administración de Casos (SUMAC), entrada núm. 1.
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unido a los hechos esbozados en la demanda, añaden 

mayor valor probatorio a sus alegaciones.

Íd., pág. 20. (Énfasis nuestro).

Añade el Tribunal que “[d]os oficiales adscritos al cuartel de 

la policía en el pueblo de Jayuya actuaron so color de autoridad, con 

total menosprecio a los derechos constitucionales del Sr. 

Maldonado, y le dispararon en medio de una crisis de salud, sin 

motivo aparente”. Íd., págs. 20-21. “En virtud de lo antes expuesto. 

Concluimos que la Sra. Avilés alegó en su Demanda de manera 

clara, concluyente, y que de su faz no da margen a dudas la 

presunta indiferencia deliberada del Sr. Escalera y su 

responsabilidad personal al amparo de la Sección 1983”. Íd., pág. 

21. (Énfasis en el original).

El foro apelativo determinó que, ante los hechos particulares 

del caso, el Acuerdo cobraba mayor valor probatorio. Es decir, el 

deber que exige el Acuerdo, de entrenar y adiestrar a los agentes de 

la Policía sobre el uso de fuerza en intervenciones con el público, le

creaba una obligación de actuar y un conocimiento particular sobre 

el problema al comisionado de la Policía. Íd., esc. 39, pág. 21. Esto 

a la luz de varias determinaciones de los foros federales que 

señalaron el problema endémico de la Policía con el uso de fuerza 

durante intervenciones con la ciudadanía. Véanse, Guadalupe-Báez 

v. Pesquera, 819 F.3d 509 (1er Cir. 2016); Hernández-Zorrilla v. 

Roselló Nevares et al., Case Num. 12-cv-02039 (D.P.R. 2021) (SCC); 

Rolón-Merced v. Pesquera, Case Num. 14-cv-01757 (D.P.R. 2017) 

(DRD). En algunos de estos casos, el Sr. Escalera participó como 

parte, por lo que tenía conocimiento personal del problema. 

III.

Habiendo revisado los hechos, esbozado el derecho pertinente

y considerado los argumentos de las partes, nos encontramos en 

posición para resolver.
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No existe impedimento para que un funcionario público sea 

demandado simultáneamente en su capacidad oficial y personal. 

Aun así, es norma reiterada que, como cuestión de política pública, 

los funcionarios públicos pueden levantar como defensa la 

inmunidad cualificada cuando ejercen de forma razonable y de 

buena fe funciones oficiales que contienen un elemento de 

discreción. La inmunidad cualificada, por lo tanto, es improcedente 

cuando el funcionario actuó de mala fe, incurrió en conducta 

delictiva o actuó de forma intencional para violar derechos 

reconocidos. Aun cuando el funcionario haya actuado de buena fe, 

la inmunidad cualificada no lo protege si su conducta violó un 

derecho claramente establecido cuya existencia debió haber tenido 

conocimiento.

Ahora bien, esta norma aplica cuando trata de la conducta 

propia del funcionario. Distinto es cuando se reclama por la 

conducta de un supervisor, que no tuvo contacto directo con la 

ciudadanía, sino responde por los actos u omisiones de sus 

subalternos. Cuando trata del deber de un supervisor, este no 

responde por la mera negligencia en un deber de supervisar. En 

estas situaciones, el supervisor debió haber actuado con 

indiferencia deliberada hacia una conducta ilegal y abusiva 

conocida y reiterada de sus subalternos. En Avilés Colón, la 

indiferencia deliberada del Sr. Escalera surge claramente al conocer 

del problema endémico de uso excesivo de fuerza por la Policía y no 

tomar medidas para prevenirlo o, en la alternativa, permitirlo por su 

omisión a actuar.

No obstante, lo resuelto en Avilés Colón, determinaciones 

sobre la aplicabilidad de la inmunidad cualificada deben hacerse 

caso a caso, por lo que no debe ser una determinación automática 

o mecánica. Lo cierto es que, aunque similares, los hechos de AvilésColón no son los mismos de los del caso ante nuestra consideración 
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y existen diferencias marcadas. En primer lugar, no estamos ante 

una intervención violenta de la Policía. En el caso de marras, los 

Demandantes alegan que la Sra. Colón Ponce no recibió la atención 

médica debida por parte de los agentes interventores de la Policía. 

Aun así, estos agentes, que intervinieron con la Sra. Colón Ponce el 

20 de abril de 2022 y la mantuvieron bajo custodia hasta el 22 de 

abril de 2022 (cuando se presentó una denuncia en su contra), no 

fueron incluidos como parte en el caso.

Las Demandantes no alegan un conocimiento previo de los 

actos ilícitos de los subalternos del Comisionado fuera del contenido 

de la Orden General Núm. 600 y el Acuerdo. Sin embargo, estas 

fueron adoptadas con el propósito de atender problemas en las

intervenciones directas entre la Policía y la ciudadanía. En 

consecuencia, no tienen el mismo valor probatorio que nuestro 

panel hermano les otorgó en Avilés Colón.

En cuanto a los funcionarios del DCR, los tribunales han 

reconocido que los confinados tienen un derecho a recibir atención 

médica urgente. Sin embargo, quien alega una indiferencia 

deliberada por parte de funcionaros de corrección debe alegar actos 

u omisiones suficientemente perjudiciales para demostrarla. En 

otras palabras, debe incluir hechos demostrativos, según dispone 

nuestra Regla 6.1 de Procedimiento Civil, supra, que demuestren 

una indiferencia deliberada hacia necesidades médicas graves. 

La formulación de las alegaciones en la Demanda no cumple 

con los requisitos de la Regla 6.1 de Procedimiento Civil. Esta 

requiere que una alegación relate de manera sencilla y sucinta los 

hechos demostrativos que demuestren que la parte demandante 

tiene derecho a un remedio. Para sobrevivir una moción de 

desestimación al amparo de la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil, 

las alegaciones deben superar el estándar de plausibilidad. Costas 

Elena v. Magic Sport Culinary Corp., supra. La plausibilidad requiere
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más que una posibilidad de que pueda existir un derecho a una 

reclamación. La plausibilidad, por lo tanto, requiere que las 

alegaciones incluyan contenido fáctico que permita al tribunal 

formular una inferencia razonable de que el demandado es 

responsable de la conducta alegada. Ashcroft v. Iqbal, supra, pág. 

678. Las alegaciones tampoco pueden estar fundadas en 

generalidades, conclusiones de derecho ni recitaciones de derecho 

aplicable. No podemos olvidar que al surgir de una causa de acción 

federal (Sección 1983), estamos obligados a seguir las opiniones 

del Tribunal Supremo de Puerto Rico y las del Tribunal Supremo 

federal. Declet Ríos v. Depto. de Educación, supra, pág. 777.

De una lectura favorable de las alegaciones contenidas en la 

Demanda surge que estas no cumplen con el análisis bajo la Regla 

10.2(5) de Procedimiento Civil. Estas no contienen hechos 

particularizados que establezcan ligámenes causales afirmativos 

entre las conductas de los Codemandados y los daños sufridos por 

los Demandantes. Al contrario, y de forma excesivamente 

generalizada, estas están basadas en recitaciones de derecho

aplicable y aseveraciones conclusorias. Aplicando las normas sobre 

la plausibilidad pautadas en Ashcroft y Twombly por el Tribunal 

Supremo federal, la Regla 8 de Procedimiento Civil federal 

(equivalente a la Regla 6.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico) no 

le abre la puerta al descubrimiento de prueba a un demandante 

armado únicamente con conclusiones. Ashcroft v. Iqbal, supra, pág. 

678.

En resumen, la Demanda presentada no ha logrado alegar 

hechos demostrativos para sostener una demanda en contra de las 

capacidades personales de los Codemandados. Dichas alegaciones 

no han demostrado hechos para vencer la defensa de inmunidad 

cualificada que pueden levantar los supervisores. Tampoco podemos 

aplicar de manera automática lo resuelto en Avilés Colón, puesto 
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que los hechos son marcadamente distintos al caso ante nuestra 

consideración. Finalmente, las alegaciones no cumplen con los 

criterios de la Regla 6.1 de Procedimiento Civil o las normas 

pautadas sobre la plausibilidad.

Por lo tanto, concluimos que el TPI no cometió el error 

señalado por la parte apelante. En consecuencia, se confirma la 

desestimación de la Demanda en contra de las capacidades 

personales de los Codemandados.

IV.

Por las razones esbozadas, confirmamos la Sentencia Parcial

del TPI.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones