Número Identificador

 RES2024__________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL II

EL PUEBLO DE PUERTO RICO

Recurrido

v.

HERIBERTO GONZÁLEZ 

GARCÍA

Peticionario

KLCE202301440

Certiorari

procedente del

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de Aibonito

Caso Núm.

B LE2022G0061

B LE2022G0125

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, el Juez 

Adames Soto y la Juez Aldebol Mora

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de febrero de 2024.

I.

El 18 de diciembre de 2023, en una comparecencia por 

derecho propio, Heriberto González García, quien se encuentra bajo 

la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) 

en la Institución 1072, acude ante nuestra consideración. Sostiene 

que, está extinguiendo una condena de cuatro (4) años, un (1) mes 

y quince (15) días por una infracción al Artículo 3.1 de la Ley Núm. 

54 de 15 de agosto de 1989, según emendada, Ley para la 

Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica1.

En su escueto escrito, nos solicita una reducción de su 

condena. Basa su petición en que ya ha cumplido satisfactoriamente 

seis (6) meses de su condena. En específico, aduce que ha 

participado de los adiestramientos, tratamientos y charlas ofrecidas 

por el DCR, logrando así su total rehabilitación. 

Sin embargo, una vez examinado el recurso, no surge que el 

señor González García haya cancelado los aranceles de 

presentación, ni que solicitara litigar en forma pauperis. Por ello, el 

1 8 LPRA § 631.
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31 de enero de 2024 emitimos Resolución concediéndole un término 

de diez (10) días para someter el formulario intitulado Declaración 

en apoyo de solicitud para litigar como indigente (in forma pauperis). 

Adjuntamos el correspondiente documento con la Resolución. En el 

mismo término, el señor González García debía presentar todos los 

documentos pertinentes, incluido el dictamen por el cual recurre a 

este foro. Notificada el 1 de febrero de 2024 la Resolución, el 12 de 

febrero de 2024 venció el término, sin que el señor González García 

cumpliera con lo ordenado.

En el ejercicio de la facultad discrecional que nos concede la 

Regla 7 (B)(5) de nuestro Reglamento,2 preterimos todo trámite 

ulterior y, por los fundamentos que expondremos a continuación 

desestimamos el presente Recurso.

II.

Sabemos que los tribunales debemos ser celosos guardianes 

de nuestra jurisdicción.3 Cabe puntualizar que “[l]a jurisdicción es 

el poder o autoridad que tiene un tribunal para considerar y decidir 

casos o controversias”.4 Las cuestiones relativas a la jurisdicción, 

por ser privilegiadas, deben ser resueltas con preferencia a 

cualesquiera otras.5 Por lo que, los tribunales tienen el deber 

indelegable de verificar su propia jurisdicción a los fines de poder 

atender los recursos presentados ante éstos.6 Los tribunales no 

2 La Regla 7(B)(5) dispone: 

El Tribunal de Apelaciones tendrá la facultad para prescindir de términos no 

jurisdiccionales, escritos, notificaciones o procedimientos específicos en cualquier 

caso ante su consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente 

despacho y proveer el más amplio acceso al tribunal, de forma que no se impida 

impartir justicia apelativa a los ciudadanos. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B)(5).

3 Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495 (2019); Vázquez v. ARPE, 128 

DPR 513, 537 (1991); Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980); 

Maldonado v. Pichardo, 104 DPR 778, 782 (1976).

4 Torres, 202 DPR, págs. 499-500; Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122 

(2012); Asoc. Punta Las Marías v. ARPE, 170 DPR 253, 263 [nota al calce núm. 3] 

(2007); Cordero et al. v. ARPE et al., 187 DPR 445, 456 (2012).

5 Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254, 267 (2018); S.L.G. SzendreyRamos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007); Morán v. Martí, 165 DPR 356, 364 

(2005); Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 584, 595 (2002).

6 Torres, 202 DPR, págs. 499-500; Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005); 

Vázquez, 128 DPR, pág. 537.
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pueden atribuirse jurisdicción si no la tienen, ni las partes en litigio 

pueden otorgársela.7

Así, cuando un tribunal determina que no tiene la autoridad 

para atender un recurso, sólo puede así declararlo y desestimar el 

caso.8 Debido a que la ausencia de jurisdicción es insubsanable.9

Las disposiciones reglamentarias sobre los recursos a presentarse 

ante este Tribunal de Apelaciones deben observarse 

rigurosamente.10 Conforme a ello, la Regla 83 de nuestro 

Reglamento sobre desistimiento y desestimación, nos concede 

facultad para desestimar por iniciativa propia un recurso, entre 

otras razones, por falta de jurisdicción.11

III.

Desde la presentación del recurso ante nuestra consideración 

González García incumplió con los requisitos reglamentarios para 

su perfeccionamiento, privándonos de auscultar y asumir 

jurisdicción para atenderlo. No podemos pasar por alto que el 

escueto recurso adolece de serios defectos, acorde a la Regla 59 de 

nuestro Reglamento.12 El breve escrito no contiene un índice 

detallado de la solicitud y de las autoridades citadas conforme lo 

dispuesto en la Regla 75 de nuestro Reglamento, inclusive no 

sostiene error alguno cometido privándonos de asumir jurisdicción.

Aunque González García nos solicita que evaluemos su 

condena, no nos ha provisto información medular y necesaria para 

acreditar nuestra jurisdicción y atender sus planteamientos. 

Además, González García aduce que comparece en forma Pro-Se, 

7 Allied Management Group Inc. v. Oriental Bank, 204 DPR 374 (2020); Maldonado

v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007); Vázquez, 128 DPR, pág. 537.

8 Allied Management Group Inc., 204 DPR; Carattini v. Collazo Systems Analysis 

Inc., 158 DPR 345, 355 (2002); Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 584, 595 (2002)

9 Allied Management Group Inc., 204 DPR; Maldonado, 171 DPR, pág. 55; 

Souffront, 164 DPR, pág. 674; Vázquez, 128 DPR, pág. 537. 

10 Isleta, LLC v. Inversiones Isleta Marina, Inc., 203 DPR 585 (2019); García Morales 

v. Mercado Rosario, 190 DPR 632 (2014); Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 

84 (2013); Hernández v. The Taco Maker, 181 DPR 281 (2011); Lugo v. Suárez, 

165 DPR 729 (2005); Pellot v. Avon, 160 DPR 125 (2003).

11 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.

12 Íd., R. 59.
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pero no presentó la correspondiente petición para litigar por derecho 

propio in forma pauperis. Esto a pesar de haber concedido término 

para así hacerlo. Recordemos que la falta de jurisdicción sobre la 

materia no puede ser subsanada ni el tribunal puede arrogársela 

cuando no la hay. Por lo que nos vemos privados de autoridad para 

entender en la controversia que se nos presenta.

La Ley Núm. 201 de 2003, conocida como Ley de la Judicatura 

de 2003,13 persigue brindar acceso fácil, económico y efectivo de la 

ciudadanía ante este Tribunal, así como permitir la comparecencia 

efectiva de apelantes por derecho propio.14 Sin embargo, en Febles 

v. Romar,15 el Tribunal Supremo de Puerto Rico advirtió que, “[e]l 

hecho de que las partes comparezcan por derecho propio, por sí solo, 

no justifica que incumplan con las reglas procesales”. Siendo 

doctrina reiterada que las partes deben cumplir con las 

disposiciones reglamentarias establecidas para la presentación y 

forma de los recursos y que su incumplimiento puede dar lugar a la 

desestimación, procede que desestimemos el recurso incoado.16

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso 

por craso incumplimiento con el Reglamento de este Tribunal. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones

13 4 LPRA § 24(t) et seq.

14 Fraya, S.E. v. A.C., 162 DPR 182, 189-190 (2004).

15 159 DPR 714 (2003).

16 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(C); Arriaga Rivera v. Fondo del Seguro del Estado, 145 

DPR 122 (1998); Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 642, 659 (1987); Matos 

v. Metropolitan Marble Corp., 104 DPR 122, 126 (1975).