Número Identificador:

RES2023________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VIII

MARÍA DE MATER O’NEILL 

BECERRA Y OTROS

Recurrido

v.

WASHINGTON PARTNERS, 

LLC Y OTROS

Peticionario

KLCE202300584

Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

San Juan

Caso Número:

SJ2022CV06522

Sobre:

Daños y otros

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry, la 

Jueza Rivera Marchand y la Jueza Aldebol Mora 

Rivera Marchand, Jueza Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2023.

Comparecen Washington Partners, LLC y Taft Partners, LLC 

(peticionarios) y nos solicitan la revocación de la Orden emitida el 12 

de enero de 2023, notificada el 17 del mismo mes y año, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI o foro 

primario). En esta, el foro primario no autorizó la Reconvención

presentada por los peticionarios. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

denegamos la expedición del auto de certiorari. Veamos. 

I.

María de Mater O’Neill y Sara Marina Dorna Pesquera

(recurridas) incoaron una Demanda en contra de Washington 

Partners, LLC, Taft Partners, LLC, Gustavo Ayala, Rafael Santiago 

Rivera, Eduardo Oliver Polanco, Constructora BHC y otros.

1 Según 

se desprende de sus alegaciones, las demandantes residen en el

apartamento número 1 del Condominio Trigo 557, que consta de 

1 Apéndice, págs. 1-20. 
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tres niveles y se encuentra ubicado en la zona histórica de Miramar,

en el Municipio de San Juan. Relataron que, desde junio de 2021,

los demandados, en calidad de titulares de los apartamentos 

número 2 y 3, han realizado construcciones y remodelaciones sin 

ostentar los debidos permisos de las agencias gubernamentales y en 

violación de la escritura matriz. En particular, indicaron que el 

permiso de construcción emitido por la Oficina de Gerencia y 

Permisos (OGPe) era un permiso nulo. 

Expusieron, además, que las referidas construcciones han 

ocasionado daños a las paredes y al techo de su apartamento y han 

afectado su salud. A su vez, adujeron que dichas construcciones 

impiden el acceso a la azotea del edificio, en la cual se encontraban 

unas placas solares de su propiedad. A esos efectos, solicitaron al 

foro primario un injunction, una sentencia declaratoria y remedios 

por los daños y perjuicios sufridos. La demanda fue enmendada 

para incluir a la OGPe como parte indispensable. Además, en 

cumplimiento con una orden del TPI, la parte demandante aclaró 

que su solicitud de injunction era de índole estatutario, al amparo 

del Artículo 14.1 de la Ley161-2009, 23 LPRA sec. 9024. 

Luego de varias incidencias procesales, el foro primario (sala 

de recursos extraordinarios), mediante una Sentencia Parcial2

emitida el 27 de octubre de 2022, por la vía sumaria, ordenó la 

desestimación y el archivo de las reclamaciones de la demanda 

enmendada sobre el injunction estatutario, bajo el Artículo 14.1 de 

la Ley Núm. 161-2009, supra y la solicitud de sentencia 

declaratoria.3 Consignó que, la OGPe había dejado en suspenso la 

vigencia y la efectividad del permiso de construcción, pendiente a 

2 Apéndice, págs. 370-401.

3 De otra parte, el foro primario emitió una Sentencia Parcial mediante la cual 

acogió un aviso de desistimiento sin perjuicio de la reclamación contra Rafael 

Santiago Rivera presentada por las demandantes. Además, dictó otra Sentencia 

Parcial mediante la cual desestimó la reclamación instada contra la OGPe. Véase,

Apéndice pág. 370 nota núm. 1.
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una recomendación final del Instituto de Cultura Puertorriqueña,

por lo que, la obra de construcción se encontraba paralizada. 

Determinó que dichas reclamaciones se tornaron académicas como 

consecuencia de los cambios fácticos suscitados luego de que se 

presentara el caso en su origen. De otra parte, refirió la reclamación 

sobre daños y perjuicios ante la secretaria regional para que se 

continuara el caso como un pleito ordinario ante la sala civil 

correspondiente. 

Así las cosas, y en lo referente al recurso ante nos, el 19 de 

diciembre de 2022 (5:40:49 pm Entrada Núm. 104), Washington 

Partners, LLC, Taft Partners, LLC, y Gustavo Ayala, presentaron su 

Contestación a la Demanda.

4 En suma, negaron las alegaciones y 

adujeron que los daños alegados en la demanda eran inexistentes. 

Más tarde, pero en igual fecha, instaron una Reconvención

(6:34:00pm Entrada Núm. 106).5 Arguyeron que la azotea era un 

elemento privativo o común limitado de los apartamentos número 

dos (2) y tres (3), respectivamente. A su vez, alegaron que el sistema 

de paneles fotovoltaicos fue instalado en la azotea sin la autorización 

de los demás titulares del condominio. Adujeron que la instalación 

de las placas solares provocó la perforación de la loza en la azotea

del apartamento número tres (3) y de la azotea de la terraza del 

apartamento número dos (2). Además, indicaron que las

perforaciones han causado una constante intrusión de agua en el 

interior del apartamento número tres (3) y en la terraza del 

apartamento número dos (2). Por ello, solicitaron el desahucio 

sumario de las recurridas por la ocupación y uso de la propiedad de 

los apartamentos números 2 y 3. En particular, solicitaron la 

remoción de toda propiedad o artículo que se encontrara fijado en la 

referida azotea. Suplicaron al foro primario que ordenara la 

4 Íd., págs. 402-412. 

5 Apéndice, págs. 413-420.
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reparación de las áreas afectadas y el resarcimiento por los daños y 

perjuicios sufridos. Además, solicitaron remedios por los presuntos 

actos torticeros de las demandantes con las relaciones contractuales 

de los peticionarios ante terceros, más costas, gastos y honorarios 

de abogado. Asimismo, solicitaron un señalamiento de vista para 

dilucidar el desahucio sumario.6

Así las cosas, los peticionarios presentaron una Solicitud de 

Anotación de Rebeldía7 a la cual se opusieron las recurridas. En su 

Oposición a la Reconvención y Anotación de Rebeldía8 arguyeron que,

en el presente caso los demandados incumplieron lo establecido en 

la Regla 11.5 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.

R. 11.5, al presentar su reconvención de forma tardía y sin 

autorización previa del TPI. En su consecuencia, solicitaron que la

Reconvención presentada se tuviese por no puesta y se denegara la 

Solicitud de Anotación de Rebeldía.

9

Evaluados los escritos de las partes, el foro primario emitió 

una Orden, en la cual expuso lo siguiente: 

“No se autoriza reconvención. Dicha acción de desahucio 

sumario deberá presentarla en un pleito independiente.”

10

Insatisfechos, los peticionarios solicitaron una

reconsideración.11 En ella, arguyeron que la causa de acción 

promovida en la Reconvención surgía de la misma serie de eventos 

objeto de la demanda. Por ello, alegaron que la reconvención 

presentada era una de carácter compulsorio y debía permitirse. 

Aclararon que la acción sobre interferencia ilícita podría 

considerarse como una reconvención permisible, según la Regla 

11.2 de las Reglas de Procedimiento Civil, supra. En reacción a lo 

anterior, las recurridas presentaron una Oposición a la 

6 Apéndice págs. 421-424.

7 Íd. pág. 425.

8 Íd. págs. 426-427.

9 Íd. 

10 Íd. pág. 428-429.

11 Apéndice, págs. 430-433.
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Reconvención. En esencia argumentaron que, la Reconvención

presentada altera radicalmente el alcance y naturaleza del caso.12

Además, plantearon que la Reconvención fue presentada posterior a 

la contestación a la demanda, por lo que debía darse por 

renunciada. Por su parte, los peticionarios nuevamente suplicaron 

al foro primario que autorizara sus reclamaciones y que atendiera la 

acción de desahucio sumario.

13

Evaluadas las posturas de las partes, el foro primario 

mediante una fundamentada Resolución declaró no ha lugar el 

petitorio de reconsideración.14

Aún en desacuerdo, los peticionarios acuden ante esta Curia 

mediante el recurso del epígrafe y señalan el siguiente error:

Erró el Tribunal de Primera Instancia al desatender lo 

pautado en la Regla 11 de Procedimiento Civil en torno 

a la procedencia de una reconvención compulsoria.

La Dra. Mater O’Neill Becerra compareció mediante Oposición 

a Expedición de Certiorari, por lo que, con el beneficio de las posturas 

de ambas partes, procedemos a resolver.

15

II.

A. Certiorari

El recurso de certiorari es un auto procesal extraordinario por 

el cual un peticionario solicita a un tribunal de mayor jerarquía que 

revise y corrija las determinaciones de un tribunal inferior. 800 

Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163, 190 (2020). Es norma reiterada 

que, una resolución u orden interlocutoria, contrario a una 

sentencia, es revisable ante el Tribunal de Apelaciones mediante 

auto de certiorari. JMG Investment, Inc. v. ELA et al., 203 DPR 708, 

718 (2019). A diferencia del recurso de apelación, el tribunal revisor 

12 Íd., págs. 441-448. 

13 Íd., págs. 449-453. 

14 Íd., págs. 454-459.

15 Cabe señalar que, el 18 de mayo de 2023, el foro primario emitió una Sentencia 

Parcial en la que autorizó el desistimiento con perjuicio de la Sra. Sara Dorna

Pesquera. Véase, Oposición a Expedición de Certiorari de la parte recurrida, págs. 

75-78. 
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tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional. Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352 (2020).

Por su parte, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1, limita la facultad que tiene el foro apelativo 

intermedio para revisar las resoluciones u órdenes interlocutorias 

que emite el foro primario. Caribbean Orthopedics v. Medshape, et 

al., 207 DPR 994 (2021). Esa regla establece que el recurso de 

certiorari solo se expedirá cuando se recurra de una resolución u 

orden bajo remedios provisionales de la Regla 56, injunctions de la 

Regla 57 o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 

800 Ponce de León v. AIG, supra. No obstante, también dispone que 

el tribunal apelativo, en su ejercicio discrecional y por excepción, 

podrá expedir un recurso de certiorari cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios, en 

casos de anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia, 

en casos revestidos de interés público o en cualquier otra situación 

en la que esperar a una apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. Íd. El delimitar la revisión a instancias 

específicas tiene como propósito evitar las “dilaciones innecesarias, 

el fraccionamiento de causas y las intervenciones a destiempo.” Íd.

Véase, además, Scotiabank v. ZAF Corp., et al., 202 DPR 478, 486-

487 (2019).

Por otro lado, el examen que hace este Tribunal previo a 

expedir un auto de certiorari no se da en el vacío ni en ausencia de 

otros parámetros. 800 Ponce de León v. AIG, supra. Véase, además, 

Mun. Caguas v. JRO Construction, Inc., 201 DPR 703, 711 (2019). A 

esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que debemos tomar 

en consideración al evaluar si procede expedir el auto de certiorari. 

La citada Regla dispone:
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El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente en 

aquellos casos en que se demuestre que el dictamen emitido por el 

foro de instancia es arbitrario o constituye un exceso de discreción. 

Pueblo v. Rivera Montalvo, supra. 

III.

Nos corresponde resolver, si en esta etapa de los 

procedimientos, el foro primario incidió al no autorizar la 

Reconvención instada por los peticionarios. 

Al entender sobre la expedición de un auto de certiorari de 

naturaleza discrecional, debemos evaluar conforme nos permiten los 

estándares de revisión establecidas en la normativa antes expuesta. 

Solo así, podremos expedir el auto de certiorari presentado e 

intervenir con el dictamen recurrido. Con esta premisa conceptual 

establecida, corresponde a la parte peticionaria fundamentar cómo

el TPI excedió los parámetros legales o no consideró adecuadamente 

el derecho aplicable.
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En síntesis, la parte peticionaria plantea que su reconvención 

versa sobre los mismos eventos que motivaron la reclamación de la 

parte recurrida. Por ello, plantea que dicha reconvención era una de 

carácter compulsorio. Arguyó que, no existe disposición legal que 

impida a un tribunal procesar mediante una reconvención una 

acción de desahucio sumario. Por su parte, la recurrida sostiene 

que los demandados no solicitaron autorización al TPI antes de 

presentar la Reconvención. Indicó que los peticionarios 

comparecieron mediante mociones dispositivas y una contestación 

a la demanda, sin presentar reconvención alguna. Sostuvo que las 

reclamaciones sobre las áreas comunes, limitados y/o privativos del 

Condominio se relacionan a controversias que son de la jurisdicción 

y competencia del Departamento de Asuntos al Consumidor, al 

amparo de la Ley de Condominios de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 1921 

et seq., por lo que, no procede la intervención del foro primario sobre 

dichas alegaciones instadas en la Reconvención.

Tras un examen sosegado del recurso de epígrafe, concluimos 

que no concurren los criterios que justifiquen nuestra intervención 

sobre la Orden recurrida, la cual no se aparta del estado de derecho 

vigente, según analizado por el foro primario. Colegimos que el TPI 

ejerció su amplia facultad discrecional en la presente causa y no 

identificamos indicio de pasión, parcialidad o error manifiesto en la 

determinación emitida. Al examinar cuidadosamente el tracto 

procesal, así como la normativa aplicable, concluimos que los 

peticionarios no nos han puesto en posición para intervenir, en esta 

etapa de los procedimientos, en este asunto de naturaleza 

interlocutoria. Tampoco identificamos factor o criterio alguno que 

apunte a un fracaso irremediable de la justicia. Sobre tales bases,

concluimos que no está presente ninguno de los criterios 

establecidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 
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Apelaciones, supra, que justifique nuestra intervención sobre el 

dictamen recurrido. 

IV.

Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del 

auto de certiorari solicitado.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones