Número Identificador

SEN(RES)2023____________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL XI

IRIS FIGUEROA ZABALA

Recurrida

v.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

DE LOS TRIBUNALES

Peticionario

KLCE202300918

CERTIORARI

Procedente de la 

Junta de 

Personal de la 

Rama Judicial

Caso Núm.:

Q-21-02

Sobre:

Licencia de 

Vacaciones

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez 

Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera

Álvarez Esnard, jueza ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de noviembre de 2023.

Comparece el Director Administrativo de los Tribunales (el 

Director Administrativo o el Peticionario) mediante recurso de 

certiorari y solicita la revocación de la Resolución emitida el 20 de 

abril de 2023 por la Junta de Personal de la Rama Judicial (Junta 

de Personal), notificada el 2 de mayo de 2023.1 Mediante la referida 

Resolución, la Junta de Personal declaró Ha Lugar la moción de 

disposición sumaria presentada por la Sra. Iris Figueroa Zabala 

(señora Figueroa Zabala o la Recurrida), y concluyó sumariamente 

que la determinación de la autoridad nominadora de cargar a la 

licencia de vacaciones de la recurrida el periodo de 13 de abril a 1

de mayo de 2020, durante la vigencia de la Emergencia por la 

Pandemia del Coronavirus, fue contraria a la reglamentación 

vigente.

Por los fundamentos que discutiremos a continuación, 

expedimos el auto de Certiorari y revocamos la Resolución recurrida. 

1 Véase páginas 1-10 el Apéndice de la Petición de Certiorari.
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I

La Recurrida es empleada del Poder Judicial y se desempeña 

como Secretaria Auxiliar del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan. El 5 de noviembre de 2020, la señora Figueroa Zabala 

cursó carta al Director Administrativo en la que le solicitó que se 

eliminara el descuento realizado a su licencia de vacaciones de los 

días marcados por ella en el plan de vacaciones que comprende del 

13 de abril de 2020 hasta el 1 de mayo de ese año. Allí expuso que 

los días marcados en el plan eran fechas tentativas.2

De igual forma, el 9 de febrero de 2021, la señora Figueroa 

Zabala presentó Querella ante la Junta de Personal en la que 

impugnó los días descontados de su balance de vacaciones durante 

la vigencia de la Orden Ejecutiva del Gobierno emitida durante la 

emergencia por la pandemia del coronavirus. En síntesis, la 

Recurrida alegó que no fue convocada a trabajar y que la autoridad 

nominadora procedió a cargarle a su licencia de vacaciones los días 

del mes abril que ella había incluido en el plan de vacaciones. 

Destacó que a los fines de que se dejara sin efecto dicho descuento, 

cursó comunicación al Director Administrativo sin obtener 

respuesta.3

El 14 de noviembre de 2022, la señora Figueroa Zabala 

presentó Moción en Solicitud de Adjudicación Sumaria ante la Junta 

de Personal.4 En lo pertinente, allí expuso como hechos 

incontrovertidos, entre otros, los siguientes:

“2. La señora Figueroa tenía separadas en el Plan de 

Vacaciones para el año 2020, las fechas que comprenden 

desde el 13 de abril de 2020 al 1 de mayo de 2020, inclusive 

(15 días laborables), para el disfrute de estas. (Ver Exhibit 

1, plan de vacaciones Enmendado y Exhibit 2, Declaración 

Jurada)

.....

4. La Querellante nunca llenó una solicitud de Licencia 

para solicitar formalmente que se aprobaran las fechas 

demarcadas en el Plan de Vacaciones, según establecido 

2 Véase página 67 del Apéndice de la Petición de Certiorari.

3 Véase página 68 del Apéndice de la Petición de Certiorari.

4 Véase páginas 183-289 del Apéndice de la Petición de Certiorari.
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en las Normas y procedimientos Sobre Asistencia y 

Licencias aprobadas por la OAT el 17 de noviembre de 

2003. (Ver Exhibit 2, Declaración Jurada)

.......

6. La Querellante nunca solicitó en el Sistema KRONOS 

las vacaciones demarcadas en el Plan de Vacaciones 

para las fechas que comprenden desde el 13 de abril de 

2020 al 1 de mayo de 2020, inclusive, previo al 13 de 

marzo de 2020, ni solicitó que su Supervisora las 

aprobara en el Sistema Kronos. (Ver Exhibit 2,

Declaración Jurada)

....

23. La Querellante no disfrutó las fechas separadas por 

ésta en el Plan de Vacaciones, debido al “lockdown” y 

tampoco fue convocada a trabajar durante el período del 

cierre operacional del Poder Judicial, ni se le asignó trabajo 

remoto. 

24. Al regresar a sus labores, tras la reapertura de las 

operaciones del Poder Judicial, la querellante se percató 

que los quince (15) días que ésta había separado en el Plan 

de Vacaciones para el año 2020, desde el 13 de abril de 

2020 al 1 de mayo de 2020, la OAT se los había descontado 

de su balance de licencia de vacaciones. (Ver Exhibit 2, 

supra)

En respuesta, el Director Administrativo presentó Oposición a 

Moción en Solicitud de Adjudicación Sumaria de la Parte Querellante

a la que anejó entre otros documentos, una Declaración Jurada 

prestada por la Directora del Área de Recursos Humanos de la 

Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), la Sra. Sheila 

Ivette Rosado Rodríguez (Anejo I) y una Declaración Jurada prestada 

por la Secretaria Regional II de la Región Judicial de San Juan, la 

Sra. Griselda Rodríguez Collado (Anejo 2).

5 En apretada síntesis, 

allí expuso que estaban en controversia entre otros, los hechos 

2,4,6 alegados como incontrovertidos por la recurrida en la Moción 

en Solicitud de Adjudicación Sumaria, para lo cual presentó 

documentos y contra declaraciones juradas. En esencia, argumentó 

el Director Administrativo que contrario a lo esbozado por la señora 

Figueroa Zabala, en su Moción en Solicitud de Adjudicación Sumaria,

surge de las declaraciones juradas sometidas con su oposición, que 

la recurrida seleccionó en el Formulario OAT 498 el periodo en el 

que deseaba tomar sus vacaciones y que su supervisora había 

5 Véase páginas 31-51 el Apéndice de la Petición de Certiorari.
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aprobado dicha solicitud. Finalmente, expuso que la controversia 

no era susceptible de adjudicación sumaria.

Mediante Resolución emitida el 20 de abril de 2023, notificada 

el 2 de mayo de 2023, la Junta de Personal declaró Ha Lugar la 

moción de disposición sumaria presentada por la señora Figueroa 

Zabala. Así pues, concluyó sumariamente la Junta de Personal que 

la recurrida no realizó una solicitud de vacaciones y que incidió la 

autoridad nominadora al cargar a la licencia de vacaciones de la 

recurrida el periodo de 13 de abril al 1 de mayo de 2020, durante la 

vigencia de la emergencia por la pandemia del coronavirus. Razonó 

la Junta de Personal que, conforme a los hechos incontrovertidos

alegados por la recurrida en su Moción en Solicitud de Adjudicación 

Sumaria, dicho descuento con cargo a la licencia de vacaciones es 

contrario a la reglamentación vigente por lo que ordenó a la 

autoridad nominadora eliminarlo.

En desacuerdo, el 17 de mayo de 2023, el Director

Administrativo solicitó reconsideración.

6 Mediante Resolución de 13 

de junio de 2023, notificada el 17 de julio del corriente año, la Junta 

de Personal declaró No Ha Lugar la Moción de Reconsideración

presentada por el Director Administrativo.7

Inconforme, el Director Administrativo recurre ante nos 

mediante Petición de Certiorari y señala la comisión de los siguientes 

errores por parte de la Junta de Personal:

1. ERRÓ LA JUNTA DE PERSONAL AL ASUMIR 

JURISDICCIÓN SOBRE LA QUERELLA, PESE A QUE 

ESTA VERSABA EXCLUSIVAMENTE SOBRE LA 

ALEGADA “OMISIÓN” EN CONTESTAR LA CARTA DE 

LA EMPLEADA DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 QUE 

SOLICITABA EL PAGO DEL PERIODO EN 

CONTROVERSIA CONFORME A LAS ÓRDENES 

EJECUTIVAS EMITIDAS POR LA ENTONCES 

GOBERNADORA; CONTESTACIÓN QUE EL 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO EMITIÓ EN OCTUBRE 

DE 2021 SIN QUE LA EMPLEADA TOMARA ACCIÓN 

6 Véase páginas 11-24 del Apéndice de la Petición de Certiorari.

7 Véase páginas 25-27 del Apéndice de la Petición de Certiorari.
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ALGUNA DENTRO DEL TÉRMINO JURISDICCIONAL 

DE QUINCE (15) DÍAS PARA ELLO. 

2. ERRÓ LA JUNTA DE PERSONAL AL DEJAR SIN 

EFECTO LO DISPUESTO EN LAS GUÍAS PARA LA 

ASISTENCIA POR ENTENDER QUE NO 

ESTABLECIERON UNAS EXCEPCIONES PARA EL 

PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL QUE NO 

TRABAJÓ DURANTE LA PANDEMIA. CONSIDERANDO 

QUE LAS NORMAS SOBRE ASISTENCIA REQUIEREN 

QUE EL PERSONAL TRABAJE O QUE ESTÉ 

DISFRUTANDO DE UNA LICENCIA CON PAGA O 

TIEMPO COMPENSATORIO PARA QUE PUEDA 

RECIBIR UN SALARIO, LO ERRÓNEAMENTE 

RESUELTO POR LA JUNTA DE PERSONAL IMPEDIRÍA 

REALIZAR PAGO ALGUNO A LA SEÑORA FIGUEROA 

DURANTE ESE PERIODO DE TIEMPO POR NO 

HABERLO TRABAJADO.

3. ERRÓ LA JUNTA DE PERSONAL AL DETERMINAR 

QUE NO PROCEDÍA UTILIZAR LA LICENCIA DE 

VACACIONES POR RAZÓN DE QUE LA EMPLEADA 

NO SOLICITÓ EL PERIODO A TRAVÉS DEL SISTEMA 

KRONOS, A PESAR DE QUE ES UN HECHO 

INCONTROVERTIDO QUE ELLA LAS HABÍA 

SOLICITADO MEDIANTE EL PLAN DE VACACIONES Y 

QUE EL TRÁMITE ADMINISTRATIVO RELACIONADO 

FUE REALIZADO POR LA DIRECTORA EJECUTIVA EN 

CONSIDERACIÓN A LAS CIRCUNSTANCIAS DE LA 

PANDEMIA.

4. ERRÓ LA JUNTA DE PERSONAL AL CONCEDER LA 

MOCIÓN DE ADJUDICACIÓN SUMARIA DE LA 

RECURRIDA YA QUE EL DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO DEMOSTRÓ QUE VARIOS DE 

LOS HECHOS INCLUÍDOS POR ELLA EN APOYO A 

SU SOLICITUD DE DISPOSICIÓN SUMARIA ERAN 

ERRÓNEOS Y/O ESTABAN EN CONTROVERSIA, LO 

QUE IMPEDÍA SU ADJUDICACIÓN SUMARIA.

Por su parte, la señora Figueroa Zavala compareció ante 

nosotros mediante Moción en Cumplimiento de Resolución y en 

Oposición a que se Expida el Auto de Certiorari, presentada el 29 de 

agosto de 2023. En ajustada síntesis, la Recurrida señaló que aun

cuando reconocía que el Tribunal Supremo enmendó el Reglamento 

de la Junta de Personal de la Rama Judicial, para establecer que la 

revisión de las órdenes o resoluciones de la Junta de Personal se 

presenten ante el Tribunal de Apelaciones mediante el recurso de 

certiorari, carecemos de autoridad para revisar discrecionalmente la 

Resolución recurrida mediante una petición de certiorari; por lo que 

procede denegar la expedición del auto.
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Mediante Resolución de 7 de septiembre de 2023, declaramos 

No Ha Lugar la Moción en Cumplimiento de Resolución y en Oposición 

a que se Expida el Auto de Certiorari presentada por la recurrida.

II

-AEl auto de certiorari es un recurso procesal discrecional y 

extraordinario que permite que un tribunal de mayor jerarquía 

revise las determinaciones8 de un foro inferior9. Esta facultad 

discrecional de los tribunales apelativos, para expedir o denegar un 

recurso de certiorari, está limitada por la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico10, que establece cuáles asuntos 

interlocutorios serán revisables. La Regla 52.1, supra, faculta 

nuestra intervención, mediante certiorari para revisar resoluciones 

u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, cuando se recurra de una resolución u orden bajo las 

Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. De igual forma y por excepción nos faculta en 

situaciones determinadas a revisar órdenes o resoluciones 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando 

se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos 

o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, 

anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos 

que revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual 

esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. Regla 52.1 supra. 

11

8 “[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una sentencia, es revisable 

mediante certiorari ante el Tribunal de Apelaciones”. JMG Investment v. ELA et al., 

203 DPR 708, 718 (2019).

9 800 Ponce de León Corp. v. American International Insurance Company of Puerto 

Rico, 205 DPR 163 (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 

(2012). Véase, además, Torres González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR ___ 

(2023); 2023 TSPR 46, resuelto el 12 de abril de 2023.

10 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.

11 En ese contexto, los límites a la facultad revisora del foro apelativo tienen como 

propósito evitar la dilación que causaría la revisión judicial de controversias que 

pueden esperar a ser planteadas a través del recurso de apelación. Véase, 

Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478, 486-487 (2019).
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Ahora bien, el certiorari también es el recurso discrecional

apropiado para solicitar la revisión de una orden o resolución 

de la Junta de Personal de la Rama Judicial. Véase, In re

Enmiendas Rgl. Jta. Personal RJ, 210 DPR 662 (2022). Sobre estos 

extremos, el Artículo XIV(d) del Reglamento de la Junta de Personal 

de la Rama Judicial, según enmendado el 19 de octubre de 2022

(Reglamento de la Junta de Personal), dispone en lo pertinente lo 

siguiente:

La parte adversamente afectada por una orden o 

resolución de la Junta podrá presentar una petición de 

certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, dentro del 

término jurisdiccional de treinta (30) días contados a 

partir de la fecha de la notificación de una orden o 

resolución de la Junta. Cuando se presente una 

moción de reconsideración oportuna ante la Junta, el 

término para presentar petición de certiorari ante el 

Tribunal de apelaciones comenzará a contar desde la 

notificación de la orden o resolución de la Junta que 

resolvió la moción de reconsideración. (Énfasis suplido)

Al ejercer de forma sabia y prudente nuestra facultad 

discrecional de entender o no en los méritos de los asuntos que nos 

son planteados mediante el recurso de certiorari, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones señala los criterios que para 

ello debemos considerar12. Éstos son:

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, 

a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 

derecho.

B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema.

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.

D. Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.

12 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
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B.

En cuanto al mecanismo procesal de sentencia sumaria, su 

propósito cardinal es proveer una solución justa, rápida y 

económica para aquellos litigios de naturaleza civil en los cuales no 

exista un conflicto o controversia genuina de hechos materiales. 

Pérez García v. Office Depot, 203 DPR 687 (2019). Nuestro 

ordenamiento procesal civil contempla que cualquiera de las partes 

pueda solicitar que se disponga sumariamente la totalidad o 

cualquier parte de una reclamación. Regla 36 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36; Torres Pagán et al. v. Mun. de Ponce, 191 

DPR 583, 597 (2014). En ese contexto, la Regla 36, supra, exige que 

el peticionario de un dictamen sumario establezca su derecho con 

claridad y demuestre que no existe controversia sustancial sobre 

algún hecho material; es decir, suficiente para que no sea necesario 

dirimirlo en un juicio plenario. SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 

189 DPR 414 (2013). Para ello, la parte promovente viene obligada 

a desglosar los hechos relevantes sobre los cuales aduce que no 

existe controversia sustancial, en párrafos debidamente numerados 

y, para cada uno de ellos, especificar la página o párrafo de la 

declaración jurada u otra prueba admisible en evidencia que lo 

apoya. Id.; Regla 36.3(a)(4), supra.

En lo atinente al estándar de revisión aplicable, en Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 117 (2015), el Tribunal 

Supremo estableció “el estándar específico” que debe utilizar este 

Tribunal de Apelaciones al “revisar denegatorias o concesiones de 

Mociones de Sentencia Sumaria”. A esos efectos, el Tribunal dispuso

en lo pertinente: [E]l Tribunal de Apelaciones debe: (1) examinar de 

novo el expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le exigen al foro 

primario; (2) revisar que tanto la Moción de Sentencia Sumaria como 

su oposición cumplan con los requisitos de forma codificados en la 
KLCE202300918 9

referida Regla 36; (3) revisar si en realidad existen hechos materiales 

en controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia de la Regla 

36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de exponer 

concretamente cuáles hechos materiales encontró que están en 

controversia y cuáles están incontrovertidos, y (4) de encontrar que 

los hechos materiales realmente están incontrovertidos, debe 

proceder a revisar de novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el Derecho a la controversia. Roldán Flores v. M. 

Cuebas et al., 199 DPR 664, 679 (2018) (citando a Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, supra, págs. 118-119).

III

Es preciso destacar que la adjudicación sumaria del caso que 

nos ocupa, por parte de la Junta de Personal, constituyó un 

mecanismo procesal análogo a la sentencia sumaria emitida por un 

Tribunal de Primera Instancia o a la disposición sumaria de un caso 

por parte de una agencia administrativa en el ejercicio de sus 

funciones cuasi judiciales. En ese contexto, conforme a los criterios 

de la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, los cuales guían el 

ejercicio de nuestra discreción para intervenir con dicha 

adjudicación sumaria, expedimos el auto de certiorari solicitado por 

el Director Administrativo, y revocamos la Resolución recurrida. 

Aclaramos que si bien expedimos el auto de certiorari,

nuestros pronunciamientos no adjudican los méritos del caso ante 

la consideración de la Junta de Personal. Resolvemos que el mismo 

no era susceptible de adjudicación sumaria. Ello obedece a que,

como bien sostiene el Director Administrativo en el cuarto 

señalamiento de error de su Petición de Certiorari, existe 

controversia sobre los hechos materiales esenciales allí esbozados,

que ameritaban la celebración de vista evidenciaria para 

dilucidarlos.
KLCE202300918 10

Al respecto, concluimos que los hechos enumerados en el 

cuarto señalamiento de error de la Petición de Certiorari presentada 

por el Director Administrativo son hechos materiales en controversia

que impedían la adjudicación sumaria del caso. Añadimos, además, 

que en el caso que nos ocupa, existe controversia material sobre los 

hechos 2, 4, 6, 23 y 24, enumerados como hechos incontrovertidos 

por la recurrida en su Moción de Solicitud de Adjudicación Sumaria.

En vista de lo anterior, la Junta de Personal incidió al

conceder la moción de adjudicación sumaria presentada por la 

recurrida y al determinar sumariamente que la señora Figueroa 

Zavala no solicitó vacaciones para el periodo del 13 de abril al 1 de 

mayo de 2020. Este a su vez, es un hecho material esencial en 

controversia que impedía la adjudicación sumaria del reclamo de la 

recurrida.

Como corolario de lo anterior, procede la expedición del auto 

de certiorari y la revocación de la Resolución recurrida, a los fines de 

celebrar vista evidenciaria para la adjudicación en los méritos del 

caso ante la consideración de la Junta de Personal. 

IV

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales 

hacemos formar parte de esta sentencia, expedimos el auto de 

certiorari y revocamos la Resolución recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS

Secretaria del Tribunal de Apelaciones