Número Identificador

RES2024___________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VII

BRANDON LOUIS 

BELTRAN RODRIGUEZ

Peticionario 

v.

DINALYS JOAN 

GONZALEZ VELEZ

Recurrida 

KLCE202400598

CERTIORARI

Procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Humacao

Civil núm.:

HU2021RF00509

(Salón 303)

Sobre: CUSTODIA –

MONOPARENTAL O 

COMPARTIDA Y 

OTROS

Panel integrado por su presidenta la Juez Domínguez Irizarry, la

Juez Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio.

Pérez Ocasio, Juez Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de agosto de 2024.

Comparece ante nos, Brandon Beltrán Rodríguez, en 

adelante, Beltrán Rodríguez, solicitando que revoquemos una 

“Orden” del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao, en 

adelante, TPI-Humacao, notificada el 29 de abril de 2024. En la 

misma, el Foro Recurrido no dio su autorización para que se 

hicieran evaluaciones o entrevistas adicionales al pleito de custodia 

de epígrafe.

Por los fundamentos que a continuación esbozaremos, 

denegamos expedir el auto de certiorari.

I.

Producto de una relación entre Beltrán Rodríguez y Dinalys 

González Vélez, en adelante, González Vélez o recurrida, nacieron 

los menores ABG y RBG en los años 2019 y 2020, respectivamente.1

Sin embargo, el 20 de septiembre de 2021, Beltrán Rodríguez 

1 Apéndice del recurso, pág. 1.
KLCE202400598 2

presentó una “Demanda” de Custodia ante el TPI-Humacao.2 En la 

misma, alegó que abandonó la residencia en donde convivía con la 

recurrida, debido a que sufría violencia doméstica en la relación, y 

por la negligencia de González Vélez con ABG y RBG.3

Por otro lado, el 21 de septiembre de 2021 – un día después 

de presentada la “Demanda” precitada – el Tribunal de Primera 

Instancia de Humacao, Sala Municipal, concedió una Orden de 

Protección, a favor de ABG y RBG, representados por su padre, aquí 

recurrente, en contra de González Vélez.

4 Según la orden 

mencionada, el recurrente alegó que las condiciones de salud e 

higiénicas en las que la recurrida mantenía a los hijos de ambos, le 

afectó los genitales a ABG y RBG.5 Por estas alegaciones, las 

relaciones maternofiliales entre la recurrida y los menores fueron 

suspendidas, se le concedió la custodia provisional a Beltrán 

González y se ordenó al Departamento de la Familia a investigar.6

Así las cosas, el 15 de octubre de 2021, las partes llegaron a 

un acuerdo provisional para compartirse la custodia de los 

menores.7 Luego, el 27 de octubre de 2021, González Vélez presentó 

su “Contestación a la Demanda & Reconvención”.

8 En su 

reconvención, alegó que ella era el sostén económico del hogar que 

compartió con los menores y el recurrente, y que este último no 

aportaba asistencia monetaria, de cuido, alimentos, citas médicas, 

etc.9 Por ello, solicitó al Foro Primario la custodia legal de ABG y 

RBG, por entender que esto se alinea a los mejores intereses de 

bienestar y cuidado de los menores.10 Por su parte, Beltrán González 

2 Apéndice del recurso, pág. 1.

3 Id.

4 Id. pág. 4.

5 Id.

6 Id.

7 Id. pág. 16.

8 Id. pág. 11.

9 Id. pág. 17.

10 Id. pág. 20.
KLCE202400598 3

contestó a la reconvención de la recurrida el 14 de noviembre de 

2021.

11

Posteriormente, el 7 de enero de 2022, Beltrán González 

solicita nuevamente una Orden de Protección a favor de ABG y RBG, 

la cual fue concedida, por una alegada agresión de la recurrida hacia 

uno de estos.12 Por estos hechos, el 10 de enero de 2022, el 

recurrente volvió a solicitarle al TPI-Humacao la suspensión de las 

relaciones maternofiliales de González Vélez con los menores.13 Ese 

mismo día, la Trabajadora Social, Sra. Vicky Peguero Pimentel, de

la Unidad Social de Familia y de Menores, sometió al Foro Recurrido 

una “Moción de Informe Social”.

14 En el precitado informe, se 

recomendó la custodia compartida de los menores.

Sin embargo, a causa de la nueva orden de protección, el 1 de 

febrero de 2022, el TPI-Humacao, ordenó a la Unidad Social de 

Familia y de Menores a actualizar el informe rendido.15 Además, 

dispuso que una vez cumplido esto último, las partes deberían 

informar si impugnarían el informe, y los peritos que para ello 

utilizarían.

Finalmente, el 22 de febrero de 2022, con relación a la 

segunda orden de protección solicitada y luego de una vista en su 

fondo, el TPI-Humacao expidió la misma por un periodo de cuatro 

(4) meses.16 Aun así, en la misma dispuso de relaciones filiales con 

la recurrida, de manera provisional.17

Previo al vencimiento de la precitada orden, el 24 de marzo de 

2022, Beltrán Rodríguez presentó otra moción al Foro Recurrido, 

solicitando que se suspendieran las relaciones filiales provisionales 

11 Apéndice del recurso, pág. 21.

12 Id. pág. 30.

13 Id. pág. 27.

14 Id. pág. 35.

15 Id. pág. 57.

16 Id. pág. 63.

17 Id.
KLCE202400598 4

establecidas, por alegado maltrato físico.18 El 21 de julio de 2023, 

mediante moción, el recurrente volvió a solicitarle al TPI-Humacao 

la suspensión de las relaciones maternofiliales.19 Ese mismo día, el 

Foro Primario, mediante “Orden”, concedió a la recurrida hasta el 

31 de julio de 2023 para presentar su posición con relación a la 

solicitud de Beltrán Rodríguez.20 También, ordenó al Departamento 

de la Familia a informar sus hallazgos y su plan de acción, si alguno. 

Suspendió, además, las relaciones maternofiliales. Finalmente, 

refirió esta situación a la Unidad Social de Familia y de Menores

nuevamente, y le concedió hasta el 2 de agosto de 2023 para 

informar sus hallazgos y recomendaciones.

El 7 de agosto de 2023, el TPI-Humacao ordenó un plan para 

que los menores se relacionaran con la recurrida, en el mismo 

tribunal.21 Para ello, ordenó que se coordinaran las visitas con la 

trabajadora social de la Unidad Social de Familia y de Menores. Más 

adelante, el 21 de septiembre de 2023, la Trabajadora Social de la 

unidad en cuestión, Peguero Pimentel, radicó una “Moción 

Informativa” respecto al caso de epígrafe, en la que instruyó al TPIHumacao sobre sus esfuerzos investigativos al respecto.22 Mediante 

“Orden” del 22 de septiembre de 2023, el Foro Recurrido le concedió 

a la referida Trabajadora Social hasta el 13 de octubre de 2023 para 

presentar su informe final.

23 Además, ordenó al Departamento de la 

Familia a presentar su informe, con relación a los referidos en el 

caso, dentro de cinco (5) días. El 4 de octubre de 2023, el 

Departamento de la Familia cumplió con la orden del tribunal, 

sometiendo su “Informe Social Confidencial”.

24

18 Apéndice del recurso, pág. 65.

19 Id. pág. 67.

20 Id. pág. 73.

21 Id. pág. 74.

22 Id. pág. 75.

23 Id. pág. 77.

24 Id. pág. 78.
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Los hallazgos del escrito informan que los menores han sido 

víctimas de maltrato y “alienación parental por parte de la abuela 

paterna”.

25 Además, indicó que los referidos en contra de la 

recurrida no se fundamentan.26 A base de estas conclusiones, la 

Trabajadora Social del tribunal, Peguero Pimentel, solicitó al Foro 

Primario, mediante “Moción Informativa” del 13 de octubre de 2023, 

que los menores ABG y RBG fueran puestos al cuidado y bajo la 

custodia de González Vélez, su madre, y se suspendan las relaciones 

paternofiliales.27 También solicitó se le concediera hasta el 26 de 

octubre de 2023, para presentar su informe social. El TPI-Humacao, 

mediante “Orden” del 16 de octubre de 2023, concedió las 

solicitudes previamente mencionadas.

28

El 16 de noviembre de 2023 el Foro Primario celebró una vista 

en la que se fijaron relaciones paternofiliales provisionales, entre 

otras cosas.29 Además, se le concedió hasta el 30 de enero de 2024

a la Unidad de Trabajo Social para presentar su informe final.

El Informe Social Forense que fue finalmente sometido a la 

consideración del TPI-Humacao, recomendó que se otorgue la 

custodia de ABG y RBG a la recurrida, y aconsejó un plan de 

relaciones paternofiliales.30 El recurrente, mediante moción del 13 

de marzo de 2024, indicó que interesaba impugnar los hallazgos.31

Además, mediante “Moción Urgente en Cumplimiento de Orden” del 

25 de marzo de 2024, Beltrán Rodríguez indicó que había contratado 

los servicios de una perito para presentar el informe de 

impugnación.32 Añadió que estaba en el proceso de contratar a un 

experto en enajenación parental.

25 Apéndice del recurso, pág. 83.

26 Id. 

27 Id. pág. 86.

28 Id. pág. 87.

29 Id. pág. 92.

30 Id. pág. 146.

31 Id. pág. 148.

32 Id. pág. 149.
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El 8 de mayo de 2024, el recurrente solicitó permiso al Foro 

Recurrido para que los peritos realizaran entrevistas.33 Sin embargo, 

el TPI-Humacao ordenó a Beltrán Rodríguez a contratar a uno de los 

peritos informados, y denegó la solicitud de realizar entrevistas.34

Además, le dio hasta el 30 de mayo de 2024 para cumplir con lo 

señalado. El 16 de mayo de 2024, el recurrente le solicitó al Foro 

Primario que reconsiderara,35 a lo que este expresó “No Ha Lugar”.36

Inconforme, el 29 de mayo de 2024, Beltrán Rodríguez 

presentó una “Moción Urgente en Solicitud de Orden Provisional en 

Auxilio de Jurisdicción bajo la Regla 79 de las del Tribunal de 

Apelaciones de Puerto Rico”, junto a un recurso de “Certiorari”, ante 

nos. En su solicitud urgente en auxilio de jurisdicción, el recurrente

solicitó que paralizáramos los procedimientos en el Foro Primario, 

por la cercanía del día 30 de mayo de 2024, la cual fue señalada

como fecha límite para informar un solo perito.

Por otro lado, en su escrito de “Certiorari”, el recurrente hace 

el siguiente señalamiento de error:

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL AL DENEGAR 

AUTORIZACIÓN A LA PERITO EN TRABAJO SOCIAL PARA 

HACER ENTREVISTAS A EL PERSONAL ESCOLAR Y 

MÉDICO CUANDO SE DEMOSTRÓ LA NECESIDAD PARA 

ELLO Y NO ES ONEROSO Y DAÑINO PARA LOS MENORES, 

EN ESPECIAL CUANDO HA HABIDO VERSIONES 

CONTRADICTORIAS Y LAS TRABAJADORAS SOCIALES 

HAN EVITADO RECIBIR EVIDENCIA DEL RECURRENTE Y 

AL HABER APROBADO LA PRESENTACIÓN DE UN 

ANÁLISIS PERICIAL DE ENAJENACIÓN PARENTAL Y A SU 

VEZ, NO CONCEDER LA EVALUACIÓN PARA LA 

PREPARACIÓN DEL MISMO.

Mediante “Resolución” del mismo día, este Tribunal declaró 

“No Ha Lugar” la moción en auxilio de jurisdicción, y ordenó a la 

33 Apéndice del recurso, pág. 155.

34 Id. pág. 157.

35 Id. pág. 158.

36 Id. pág. 160.
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parte recurrida a presentar su escrito en oposición a la expedición 

del auto, en o antes del 10 de junio de 2024.

El 31 de mayo de 2024, la recurrida presentó ante esta Curia 

una “Solicitud de Desestimación por Falta de Jurisdicción”. Mediante 

“Resolución” del 4 de junio de 2024, este Tribunal declaró la misma 

“No Ha Lugar”. Luego de una breve prórroga, González Vélez radicó 

su “Oposición a Expedición de Certiorari” el día 20 de junio de 2024.

II.

A. Certiorari

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente una 

decisión de un tribunal inferior. Rivera et al. v. Arcos Dorados et 

al., 212 DPR 194, 207 (2023); Torres González v. Zaragoza 

Meléndez, 211 DPR 821, 846-847 (2023); Caribbean Orthopedics v. 

Medshape et al., 207 DPR 994, 1004 (2021); 800 Ponce de León v. 

AIG, 205 DPR 163, 174-175 (2020). Ahora bien, tal discreción no 

opera en lo abstracto. Con respecto a lo anterior y para revisar los 

dictámenes interlocutorios del Tribunal de Primera Instancia, 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, 

dispone, en su parte pertinente, lo siguiente: 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 

cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 

56 y 57 de este apéndice o de la denegatoria de una moción 

de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 

dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 

revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan interés público 

o en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar 
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la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 

Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 

decisión.

[. . .]

(Énfasis nuestro).

Según se desprende de la citada Regla, este foro apelativo 

intermedio podrá revisar órdenes interlocutorias discrecionalmente, 

cuando se recurre de decisiones sobre la admisibilidad de testigos 

de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de 

familia o que revistan interés público, o en aquellas circunstancias 

en las que revisar el dictamen evitaría un irremediable fracaso de la 

justicia, entre otras contadas excepciones. Mun. de Caguas v. JRO 

Construction, 201 DPR 703, 710-711 (2019).

Luego de auscultar si el recurso discrecional cumple con las 

disposiciones de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, el 

tribunal procederá a evaluar el recurso a la luz de la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

La mencionada regla expone los criterios que esta Curia deberá 

considerar para ejercer sabia y prudentemente su decisión de 

atender o no las controversias ante sí. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 96-97 (2008). Véase, además, Rivera et al. 

v. Arcos Dorados et al., supra, pág. 209; Pueblo v. Rivera Montalvo, 

205 DPR 352, 372 (2020). 

Así, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, funge como complemento a la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra. Torres González v. Zaragoza Meléndez, 

supra, pág. 848. La precitada Regla dispone lo siguiente:

El [T]ribunal tomará en consideración los siguientes criterios 

al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una 

orden de mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, 

a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
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(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 

Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán 

ser elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa de los procedimientos en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia. 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

Sin embargo, ninguno de los mencionados criterios es 

determinante, por sí solo, para este ejercicio y no constituye una 

lista exhaustiva. García v. Padró, 165 DPR 324, 335 (2005). Por lo 

que, de los factores esbozados “se deduce que el foro apelativo 

intermedio evaluará tanto la corrección de la decisión recurrida, así 

como la etapa del procedimiento en que es presentada; esto, para 

determinar si es la más apropiada para intervenir y no ocasionar un 

fraccionamiento indebido o una dilación injustificada del 

litigio”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. (Énfasis 

omitido).

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado también que, de 

ordinario, el tribunal revisor “no intervendrá con el ejercicio de la 

discreción de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre 

que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con 

prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y 

que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio 

sustancial”. Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 

181 (1992), citando a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 
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745 (1986). Véase, además, Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 

140, 155 (2000).

B. Custodia

Los padres ostentan el derecho y la responsabilidad – de rango 

constitucional – de velar por el cuido, custodia y control de sus hijos. 

James Montes v. Montes James, 2024 TSPR 27, 213 DPR ___ (2024); 

Rentas Nieves v. Betancourt Figueroa, 201 DPR 416, 428 (2018);

Estrella, Monge v. Figueroa Guerra, 170 DPR 644, 662 (2007); Rivera 

v. Morales, 167 DPR 280, 290 (2006). Como entendido general, el 

lugar para crecer más idóneo para un niño es en el hogar de sus 

padres. Pérez, Ex parte v. Depto. de la Familia, 147 DPR 556, 563 

(1999); Pueblo en interés de los menores R.P.S., et al., 134 DPR 123, 

134 (1993). 

La custodia es la tenencia o control físico que tiene un 

progenitor sobre sus hijos. Jusino González v. Norat Santiago, 212 

DPR 855, 863 (2023). En Puerto Rico, las determinaciones sobre 

custodia deben guiarse por el bienestar y los mejores intereses del 

menor. Id.; Muñoz Sánchez v. Báez de Jesús, 195 DPR 645, 651 

(2016); Torres, Ex Parte, 118 DPR 469, 476 (1987). 

Por tal razón, un tribunal que dilucida custodia tiene 

autoridad para citar a todas aquellas personas que, según su 

criterio, puedan ayudarle a tomar la mejor decisión, en pos del 

interés óptimo del menor. Peña v. Peña, 164 DPR 949, 959 (2005). 

También, puede ordenar aquellas investigaciones de índole social o 

evaluaciones psicológicas o psiquiátricas que estime convenientes. 

Jusino Gonzalez v. Norat Santiago, supra, pág. 865; Rentas Nieves v. 

Betancourt Figueroa, supra, pág. 430; Muñoz Sánchez v. Báez de 

Jesús, supra, pág. 652.

En virtud de lo anterior, la Unidad Social de Relaciones de 

Familia tiene la responsabilidad de ofrecerle al juzgador 
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asesoramiento mediante evaluaciones que le permitan, en el 

ejercicio de sus funciones, tomar decisiones fundadas en los casos 

a su consideración. Oficina de Administración de los Tribunales, 

Circular Núm. 6 del 6 de agosto de 2013, pág. 1; Jusino Gonzalez v. 

Norat Santiago, supra, pág. 865; Muñoz Sánchez v. Báez de Jesús, 

supra, pág. 652. 

Ahora bien, cuando un informe preparado por un especialista 

ha de utilizarse en la resolución de un caso regulando las relaciones 

de familia, las partes afectadas, así como sus abogados, tienen 

derecho a examinarlo. Además, el Foro Sentenciador debe proveer 

una oportunidad a las partes, con el fin de que puedan impugnarlo. 

Rentas Nieves v. Betancourt Figueroa, supra, págs. 431-432.

III.

Beltrán Rodríguez nos solicita que dejemos sin efecto la orden 

recurrida, para así poder contratar dos peritos – uno para impugnar 

el informe social y otro para impugnar las alegaciones de 

enajenación parental. Desea, además, que mediante la revocación 

solicitada, se le autorice a sus peritos a realizar entrevistas 

adicionales.

Luego de un examen sosegado del expediente ante nos, y la 

norma estatutaria y jurisprudencial que regula la custodia y su 

ventilación judicial, colegimos que no existe criterio jurídico que 

amerite nuestra intervención con lo resuelto por el Foro Primario. 

Este Tribunal ha evaluado detenidamente el expediente y el tracto 

procesal del caso de epígrafe, y no encontramos razón en derecho 

que justifique nuestra intervención. 

Luego de apreciar el planteamiento que la parte peticionaria 

propone ante este Foro, distinguimos que la sala de origen no 

incurrió en error de derecho ni en abuso de discreción al ordenarle 

al recurrente que contrate a un solo perito para la vista de 

impugnación señalada. Tampoco hemos hallado abuso o error en la 
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determinación del Foro Recurrido, en su discreción de no autorizar 

nuevas entrevistas. Ello, nos hace concluir que nuestra 

intervención, en esta etapa de los procedimientos, no resulta 

oportuna. 

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos el auto 

solicitado.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

La Jueza Grana Martínez concurre sin opinión escrita.

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS

Secretaria del Tribunal de Apelaciones