Número Identificador

SEN2023 ________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN

PANEL XI

VÍCTOR VEDOVATO Y 

SHARI VEDOVATO

Querellantes - Recurridos

V.

JOVA ENTERPRISES, LLC 

H/N/C PUERTO RICO 

SOTHEBY’S 

INTERNATIONAL Y 

ORIANA JUVELIER

Querellados - Recurrentes

SARAH O’BRIEN 

GREENE-FLAHERTY

Parte Interesada

Recurrente

KLRA202300091

Consolidado con:

KLRA202300092

Revisión de Decisión 

Administrativa

procedente del 

Departamento de 

Asuntos del 

Consumidor

Caso Núm.:

SAN-2021-0009172

Sobre:

Bienes Raíces (Ley 

Núm. 10 de 26 de 

abril de 1994, 

según enmendada)

Panel integrado por su presidenta; la Juez Lebrón Nieves, el Juez 

Adames Soto y la Jueza Martínez Cordero

Lebrón Nieves, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2023.

Comparecen Jova Enterprises, LLC, h/n/c Sotheby’s 

International, Inc. (en adelante, PRSIR o parte recurrente) y la 

señora Oriana Juvelier, (en adelante, señora Juvelier o parte 

recurrente), mediante recurso de Revisión Judicial con identificación 

alfanumérica KLRA202300091 y, la señora Sarah O’Brien GreeneFlaherty (en adelante, señora O’Brien o parte recurrente), mediante

recurso de Revisión Judicial con identificación alfanumérica 

KLRA202300092. En ambos recursos, los recurrentes nos solicitan 

la revisión de una Resolución emitida y notificada el 25 de enero de 

2023, por el Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO),

mediante la cual, declaró CON LUGAR una Querella presentada por 
KLRA202300091 consolidado con KLRA202300092 2

el matrimonio del señor Víctor M. y la señora Shari Vedovato, (en 

adelante, matrimonio Vedovato o parte recurrida). Consecuente a 

ello, la agencia ordenó a los recurrentes de epígrafe, devolver a la 

parte recurrida un depósito realizado por el matrimonio Vedovato a 

la señora O’Brien, en atención a un contrato suscrito por ambos.

Adelantamos que, por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se desestiman los recursos de epígrafe por falta de 

jurisdicción, al haberse incoado los mismos de manera prematura.

Se devuelve el caso a DACO para la continuación de los 

procedimientos.

I

Conforme surge del expediente, el 11 de junio de 2021, el 

matrimonio Vedovato presentó una Querella ante DACO, Querella 

Núm. SAN-2021-009172, contra PRSIR y la señora Juvelier. Allí, la 

parte recurrida alegó que, el 7 de mayo de 2021, suscribió un 

documento intitulado Purchase and Sale Contract (el Contrato), 

mediante el cual, pactaron con la señora O’Brien los términos y las 

condiciones que regirían en la compra y venta de la residencia 

principal de esta última, ubicada en Dorado. A esos efectos, las 

partes acordaron que el precio de venta del inmueble sería de cinco 

millones de dólares ($5,000,000.00). En adición, las partes

convinieron que, el matrimonio Vedovato le entregaría a la señora 

O’Brien la suma de quinientos mil dólares ($500,000.00), por 

concepto de depósito. Asimismo, por medio del aludido Contrato, el 

matrimonio Vedovato se obligó a cerrar el negocio de compraventa 

en o antes del 6 de junio de 2021. 

Es menester destacar que, el Contrato contenía una cláusula 

la cual disponía que, la parte recurrida, como compradora, tenía 

derecho a inspeccionar la propiedad en cuestión, por medio de un 

profesional licenciado y certificado. La misma cláusula estipulaba, 

además, que, la inspección debía llevarse a cabo durante un periodo 
KLRA202300091 consolidado con KLRA202300092 3

de veinte (20) días, contados a partir de la fecha en la que se firmase 

el Contrato. De no llevarse a cabo la referida inspección, se aceptaría 

automáticamente el estado del inmueble. En adición, la cláusula 

indicaba que, independientemente de los resultados de la 

inspección, ello no era causa para que el matrimonio Vedovato 

prescindiera del Contrato, por lo que estaba obligado a cerrar la 

compra en la fecha de cierre, según estipulada.1

A tales efectos, el matrimonio Vedovato alegó en su Querella 

que, contrató los servicios del inspector certificado, señor Felipe 

Muñoz, (en adelante, el inspector) para que llevara a cabo la aludida

inspección. No obstante, según adujo la parte recurrida, aunque la 

inspección se llevó a cabo dentro de los días pactados en el Contrato, 

a la fecha del 3 de junio de 2021, esta no había recibido el informe 

final por parte del inspector. Alegó, además, que, por conversaciones 

preliminares con el inspector, obtuvo información sobre las 

condiciones del inmueble, que desconocía y, con las cuales no 

estaba de acuerdo. En vista de ello, el matrimonio Vedovato cursó 

una misiva a la señora Juvelier en donde solicitó una extensión del 

término pactado en el Contrato. Sin embargo, según surge, al día 

siguiente, 4 de junio de 2021, la señora O’Brien denegó la solicitud 

de extensión del término.

Consecuentemente, conforme sostuvo el matrimonio 

Vedovato, este le solicitó a la señora Juvelier y a la señora O’Brien 

la devolución del depósito de quinientos mil dólares ($500,000.00), 

como producto de los resultados del informe llevado a cabo por el 

inspector. No obstante, arguyó el matrimonio Vedovato que, si bien 

la señora Juvelier no contestó a la misiva sobre la devolución del 

depósito, la señora O’Brien sí respondió, denegando la misma.

1 Véase Apéndice de la parte recurrente, del recurso de Revisión Judicial

KLRA202300091, pág. 49.
KLRA202300091 consolidado con KLRA202300092 4

Así las cosas, en su Querella, el matrimonio Vedovato solicitó 

a DACO la devolución del depósito y, además, que se declarase nulo 

el Contrato suscrito con la señora O’Brien. Sobre esto último, la 

parte recurrida sostuvo que, el Contrato contenía cláusulas 

contrarias a derecho, y carecía de elementos esenciales, propios de 

los contratos en Puerto Rico. 

En lo pertinente, luego de presentada la Querella, el 16 de 

junio de 2021, PRSIR y la señora Juvelier presentaron a DACO una 

Solicitud de Resolución Sumaria al Amparo de la Regla 11 del 

Reglamento de Procedimientos Adjudicativos.

2 Mediante esta,

sostuvieron que, el remedio solicitado por medio de la Querella se 

había tornado académico, puesto que, el depósito reclamado había 

sido consignado ante el Tribunal de Primera Instancia.3 En 

consecuencia, manifestaron que, la Querella debía ser cerrada y 

archivada, de manera sumaria. A raíz de ello, el 2 de septiembre de 

2021, la parte recurrida presentó su Oposición a Solicitud de 

Resolución Sumaria al Amparo de la Regla 11 del Reglamento de 

Procedimientos Administrativos. En virtud de esta, el matrimonio 

Vedovato sostuvo que, DACO era la agencia administrativa con 

jurisdicción para atender la cuestión planteada en la Querella, y que 

la doctrina de academicidad no podía aplicarse puesto que, (1) la 

cuestión planteada era susceptible de repetición y, (2) porque

existían consecuencias colaterales que lo impedían. 

2 En su escrito, PRSIR y la señora Juvelier alegaron que, recibieron copia de la 

referida Querella por correo electrónico y que, el documento no suponía una 

notificación oficial de la agencia. En relación a ello, conforme surge del expediente, 

DACO notificó la Querella a PRSIR y a la señora Juvelier el 17 de junio de 2021, 

es decir, un día después de estas haber presentado su Solicitud de Resolución 

Sumaria.

3 Según surge del expediente, una Moción de Consignación fue presentada ante el 

foro primario el 25 de junio de 2021, por PRSIR. Junto a la Moción, PRSIR anejó 

un cheque por la cantidad de $492,464.44, pagadero a la orden del Secretario del 

Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. En su Moción, PRSIR sostuvo que, la 

diferencia entre la cantidad del cheque y la cantidad del depósito, a saber, 

$7,535.56, había sido retirada luego de la autorización de las partes suscribientes 

en el Contrato, con el propósito de reconectar el servicio de energía eléctrica en el 

inmueble en cuestión.
KLRA202300091 consolidado con KLRA202300092 5

Posteriormente, el 12 de octubre de 2021, PRSIR y la señora 

Juvelier presentaron una Moción Asumiendo Representación Legal; 

Reiterando Solicitud de Resolución Sumaria por Academicidad; 

Oposición a Solicitud para Enmendar Querella y en torno a Escritos 

de los Querellantes. En lo aquí pertinente, PRSIR y la señora Juvelier 

reiteraron su postura en cuanto a que la Querella debía 

desestimarse por academicidad, mediante resolución sumaria.

Transcurrido casi un (1) año, el 7 de septiembre de 2022, 

DACO emitió una Notificación de Orden y Citación de Vista 

Administrativa, mediante la cual señaló una vista para el 11 de 

octubre de 2022. Ante ello, el 16 de septiembre de 2022, la señora 

O’Brien presentó una Moción Urgente para que se Mantengan en 

Suspenso los Procedimientos. Asimismo, PRSIR y la señora Juvelier 

presentaron una Moción solicitando Paralización de los Procesos, 

Término para Contestar la Querella y Acumular Partes 

Indispensables y Notificación a través de Representación Legal. En 

esencia, ambas partes solicitaron la paralización de los 

procedimientos ante la agencia administrativa, hasta tanto varios 

procedimientos relacionados al caso, y que se encontraban ante los 

foros judiciales, estuviesen resueltos de manera final y firme.4

El matrimonio Vedovato se opuso a ambas solicitudes de 

paralización, el 6 de octubre de 2022. Mediante su Enérgica 

Oposición a Ambas Mociones Solicitando Paralización o Suspensión 

de los Procedimientos Administrativos y Otros Extremos, el 

matrimonio Vedovato sostuvo que, las partes querelladas se habían 

4 El 14 de junio de 2021, la señora O’Brien presentó una Demanda ante el 

Tribunal de Primera Instancia, en la que solicitó el depósito de quinientos mil 

dólares ($500,00.00) consignado, por entender que el mismo le pertenecía, a tenor 

con las cláusulas del contrato suscrito entre esta y el matrimonio Vedovato. Tras 

varios trámites procesales, el 2 de febrero de 2022, notificada el 3 de febrero de 

2022, el foro primario emitió una Sentencia a través de la cual paralizó los 

procedimientos judiciales, hasta tanto DACO dilucidara la controversia ante su 

consideración. Dicha Sentencia fue confirmada por un panel hermano de este 

Tribunal de Apelaciones, el 6 de junio de 2022, en el caso KLAN202200151. 

Posteriormente, la señora O’Brien acudió mediante recurso de Certiorari ante el 

Tribunal Supremo, CC-2022-0535, y el mismo fue declarado No Ha Lugar el 21 

de octubre de 2022.
KLRA202300091 consolidado con KLRA202300092 6

excedido del término dispuesto en ley de veinte (20) días para 

replicar a la Querella, por lo que debía anotársele la rebeldía a 

ambas. En adición, el matrimonio Vedovato solicitó la 

recalendarización de la vista señalada. No obstante, según surge del 

expediente, la vista se llevó a cabo en el día señalado, el 11 de 

octubre de 2022. Allí, según surge y en lo aquí pertinente, la señora 

O’Brien solicitó ser incluida como parte en la Querella. Asimismo, 

las partes acordaron someter mociones de sentencia sumaria, en 

conjunto con sus respectivos memorandos de derecho, para la 

disposición de la Querella.

A tenor con lo anterior, DACO emitió una Notificación de 

Orden y Citación a Vista Administrativa, el 24 de octubre de 2023. 

En virtud de esta, DACO, (1) declaró NO HA LUGAR la Solicitud de 

Resolución Sumaria presentada por PRSIR y la señora Juvelier el 16 

de junio de 2021; (2) aceptó a la señora O’Brien como parte

interventora en la Querella; (3) concedió a la señora O’Brien, a PRSIR 

y a la señora Juvelier un término de veinte (20) días para contestar 

la Querella y presentar sus mociones de sentencia sumaria; y (4) 

señaló los días 22 y 23 de noviembre de 2022 para llevar a cabo las 

vistas administrativas.

En cumplimiento con lo dictaminado, el 17 de noviembre de 

2022, PRSIR y la señora Juvelier presentaron su Contestación a 

Querella. En la misma fecha, contestó la señora O’Brien. En sus 

respectivas contestaciones, PRSIR, la señora Juvelier y la señora 

O’Brien, negaron la mayoría de las alegaciones en su contra y

presentaron sus defensas afirmativas. Asimismo, solicitaron la 

desestimación de la Querella. En adición, la señora O’Brien presentó 

una Reconvención contra el matrimonio Vedovato, y una Querella 

contra Tercero, contra la corredora independiente de bienes raíces 

contratada por el matrimonio Vedovato, la señora Mariángel Martí 

(en adelante, señora Martí). En apretada síntesis, la señora O’Brien 
KLRA202300091 consolidado con KLRA202300092 7

adujo, por medio de su Reconvención que, el matrimonio Vedovato 

incumplió con su obligación contractual al no comparecer al cierre 

del Contrato en la fecha estipulada. De otro lado, a través de la 

Querella contra Tercero alegó que, la señora Martí interfirió 

torticeramente con sus derechos, al cooperar con el matrimonio 

Vedovato a incumplir con el contrato. A tales efectos, la señora 

O’Brien solicitó a DACO que (1) declarara su derecho al recibo del 

depósito entregado por el matrimonio Vedovato; (2) ordenara el 

cumplimiento específico del Contrato y la entrega del depósito; (3) 

concediera una suma por daños extracontractuales causados por el 

matrimonio Vedovato y la señora Martí; (4) y, concediera el pago de 

honorarios de abogados y costas a su favor.

Posteriormente y también en cumplimiento con lo ordenado,

el 12 de diciembre de 2022, el matrimonio Vedovato presentó su 

Solicitud de Disposición Sumaria al Amparo de la Regla 11 del 

Reglamento de Procedimientos Adjudicativos del DACO. Evaluada la 

Solicitud, DACO emitió una Orden el 22 de diciembre de 2022, 

notificada el 27 de diciembre de 2022, en la que ordenó a las partes 

a contestar la Solicitud de Disposición Sumaria presentada por la 

parte recurrida, en un término de veinte (20) días. Así pues, el 11 de 

enero de 2023, la señora O’Brien presentó su Oposición a Solicitud 

de Disposición Sumaria al Amparo de la Regla 11 del Reglamento de 

Procedimientos Adjudicativos del DACO.

5 En esa misma fecha, PRSIR 

y la señora Juvelier presentaron su Oposición a Solicitud de 

Disposición Sumaria al Amparo de la Regla 11 del Reglamento de 

Procedimientos Adjudicativos del DACO, a través de la cual, 

destacamos que, se unieron a la Oposición presentada por la señora 

O’Brien. 

5 Junto con su contestación a la Querella, la señora O’Brien presentó una Solicitud 

de Desestimación al Amparo de la Regla 10.1 del Reglamento de Procedimientos 

Adjudicativos del DACO por Falta de Jurisdicción, Academicidad, y/o por Constituir 

una Querella Patentemente Inmeritoria.
KLRA202300091 consolidado con KLRA202300092 8

Precisa destacar que, el mismo 11 de enero de 2023, la señora 

O’Brien presentó dos (2) mociones ante DACO, a saber: Moción 

Solicitando Anotación de Rebeldía y Moción en Solicitud de Expedición 

de Citación. En virtud de la primera, la señora O’Brien adujo que, la 

señora Martí no había presentado su contestación a la Querella 

contra Tercero instada en su contra, dentro del término dispuesto en 

ley para ello, por lo que debía anotársele la rebeldía. Por medio de la 

segunda, la señora O’Brien solicitó a DACO que, citara a la señora 

Martí para su comparecencia a la vista señalada para el 24 de enero 

de 2023.6 Cabe destacar que, conforme surge del expediente, DACO 

no realizó un señalamiento formal de vista administrativa para dicha 

fecha. No obstante, las partes comparecieron a la agencia el 24 de 

enero de 2023, y la vista administrativa fue celebrada.7

En la referida vista, DACO determinó que resolvería las 

mociones dispositivas en o antes del 7 de febrero de 2023. Asimismo, 

dictó que las partes tendrían diez (10) días para informar su 

disponibilidad en determinadas fechas del mes de marzo, por si 

surgía la necesidad de señalar alguna otra vista administrativa. No 

obstante lo anterior, al próximo día, el 25 de enero de 2023, DACO 

emitió y notificó una Resolución. Mediante la misma, el foro 

administrativo consignó las siguientes determinaciones de hechos:

1. Las partes querellantes se identifican en la 

presente querella como los Srs. Víctor M. y Shari 

Vedovato (Querellantes), residentes de Dorado, 

P.R. y con dirección postal, según surge del 

expediente administrativo, en 263 Dorado Beach 

East Dorado, P.R. 00646-2217.

2. La parte querellada se identifica en la presente 

querella como Jova Enterprises, LLC h/n/c Puerto 

Rico Sotheby’s International Realty, Inc. (Jova), 

una corporación doméstica de responsabilidad 

limitada y con fines de lucro que está registrada y 

6 No surge del expediente disposición de DACO sobre dichas mociones, si alguna.

7 Conforme surge, comparecieron a la vista las siguientes personas: la señora 

Vedovato, junto a sus representantes legales, licenciados Yulimar Zayas Pagán y 

Luis Vivoni López y, el señor Juan Segarra Palmer, como intérprete; la licenciada 

Frances Devaris Martínez, en representación de PRSIR y la señora Juvelier; y los 

licenciados Alfredo Fernández Martínez, Carlos Baralt Suárez y José Martínez 

Rivera, en representación de la señora O’Brien.
KLRA202300091 consolidado con KLRA202300092 9

activa ante el Registro de Corporaciones y 

Entidades del Departamento de Estado del 

Gobierno de Puerto Rico desde el día 1 de 

septiembre de 2011 bajo el número 205431, cuyo 

Agente Residente es la Sra. Margaret Juvelier y 

dirección postal es 1052 Ashford Avenue San Juan, 

P.R. 00907.

3. La parte coquerellada se identifica en la presente 

querella como la Sra. Oriana Juvelier (Sra. 

Juvelier), corredora de bienes raíces, residente de 

San Juan, P.R. y con dirección postal, según surge 

del expediente administrativo, en 1052 Ashford 

Avenue San Juan, P.R. 00907.

4. La parte interventora en la presente querella se 

identifica como Sarah O’Brien Greene-Flaherty 

(Sra. O’Brien), residente de Dorado, P.R. y con 

dirección, según surge del expediente 

administrativo, en 357 Dorado Beach East Dorado, 

P.R. 00646.

5. El día 7 de mayo de 2021, los Srs. Víctor M. y Shari 

Vedovato firmaron un Purchase and Sale Contract 

(Contrato) donde acordaron con la Sra. [Sarah] 

O’Brien Green-Flaherty la compraventa de la 

propiedad localizada en 357 Dorado Beach en 

Dorado, Puerto Rico por la cantidad de cinco 

millones de dólares ($5,000,000.00), de los cuales 

los Compradores transferirían al Vendedor la 

cantidad de quinientos mil dólares ($500,000.00) 

como Depósito a ser guardados en la cuenta de 

fideicomiso (Escrow Account) de la corredora de 

bienes raíces, la Sra. Oriana Juvelier.

6. Entre las cláusulas del Contrato, se redactó una 

cláusula sobre inspección de la propiedad que lee 

como sigue:

“(...) Purchaser represents and warrants to Seller 

that Purchaser has been informed of and granted 

access to the Property to conduct a complete and 

through examination of the same; and with the 

opportunity of during the Term period to inspect, 

Purchaser has been informed of his/her right to 

have the Property inspected by a licensed 

professional duly certified by the Commonwealth of 

Puerto Rico. This Contract is subject upon Purchaser 

having the right to engage a professional inspector, 

at Purchaser’s sole cost, to determine the structure 

and condition of the property. The inspection shall 

be conducted and the contingency concluded within 

Twenty (20) calendar days from the date of the 

execution of this Contract (the “Inspection Period”). 

Failure from Purchaser to request an inspection 

within the allowed period will result in an automatic 

acceptance of the state of the property “AS IS, 

WHERE IS”. Results of the inspection is no cause to 

terminate this Agreement and Purchaser’s 

obligation to close on the purchase of the Property on 

the Closing Date.
KLRA202300091 consolidado con KLRA202300092 10

For purposes of determining the Twenty (20) 

calendar day Inspection Period, the days occurring 

during said period in which the Inspection could not 

be performed, or Purchaser could not have access to 

the Property due to a Major Event should not be 

counted. For purposes of this Contract, the term 

“Major Event” is limited to lockdowns or 

inaccessibility to the Property for reasons 

attributable to the COVID-19 Pandemic and/or Acts 

of Nature such as hurricanes, floods, earthquakes, 

landslides, tornados, tsunamis, and storms (“Acts of 

Nature”)(...)”. Cláusula 11.

7. Entre las cláusulas del Contrato, se redactó una 

cláusula sobre pacto de retención de depósito 

incondicional que lee como sigue: “(...) Upon any 

termination on this Agreement, the Earnest Money 

Deposit shall not be returned to Purchaser. (...)”.

8. Los Querellantes entregaron el Depósito a Jova por 

conducto de la Sra. Juvelier.

9. El día 4 de junio de 2021, por conducto de 

representación legal los Querellantes solicitaron a 

la Sra. Juvelier y a Jova la devolución del Depósito, 

pero hasta el día 9 de diciembre de 2022, las 

mismas han retenido el mismo, negándose a 

devolverles el depósito.

10. El día 11 de junio de 2021, los Querellantes 

radicaron su querella ante el Departamento de 

Asuntos al Consumidor solicitando a [e]ste que 

declare nulo el contrato habido entre las partes por 

ser contrario a la ley, y que se ordene a la Sra. 

Juvelier y a Sotheby’s la devolución inmediata del 

Depósito de quinientos mil dólares ($500,000.00) a 

los Vedovato con cualquier otro pronunciamiento 

que en derecho proceda, entre otros.

11. El día 14 de junio de 2021, Jova Enterprises, LLC 

radicó ante el Tribunal de Primera Instancia del 

Centro Judicial de Bayamón, Sala Superior (TPI), el 

caso civil DO2021CV00119 sobre Sentencia 

Declaratoria; Cumplimiento Específico de 

Contrato, presentando una Moción de Consignación

donde, en esencia, consignó el Depósito provisto 

por los Querellantes, reclamando ciertos remedios.

12. El día 16 de junio de 2021, Jova Enterprises, LLC 

h/n/c/ Puerto Rico Sotheby’s International Realty, 

Inc. y Oriana Juvelier radicaron ante el 

Departamento una Solicitud de Resolución Sumaria 

al Amparo de la Regla 11 del Reglamento de 

Procedimientos Adjudicativos donde, en esencia, 

solicitó la desestimación de la presente 

controversia por academicidad al haber consignado 

el Depósito en el TPI.

13. El día 4 de noviembre de 2021, los Querellantes 

radicaron ante el TPI una Moción de Desestimación 
KLRA202300091 consolidado con KLRA202300092 11

y/o Paralización de los Procedimientos y una Moción 

en Réplica a Otra e Informativa donde, en esencia, 

solicitan la paralización y/o desestimación de los 

procedimientos ante el TPI por existir la presente 

querella radicada con anterioridad.

14. El día 2 de febrero de 2022, el TPI emitió una 

Sentencia donde paralizó administrativamente la 

demanda presentada por la Sra. Sarah O’Brien 

Greene-Fraherty hasta tanto el Departamento de 

Asuntos del Consumidor resuelva la controversia 

sometida ante su consideración.

15. El día 6 de junio de 2022, tras múltiples trámites 

procesales, el Panel V del Tribunal de Apelaciones 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico [notificó]

a las partes una Sentencia en el caso 

KLAN202200151 donde, en esencia, sostuvo la 

Sentencia del TPI bajo el fundamento que el DACO 

es quien tiene la jurisdicción para atender la 

controversia sobre nulidad de contrato bajo la Ley 

10.

Tras esbozar las determinaciones de hechos, el foro 

administrativo concluyó lo siguiente: 

En la presente querella, los Srs. Víctor M. y Shari 

Vedovato firmaron junto a la Sra. Sarah O’Brien 

Greene-Flaherty un contrato de opción a compra donde 

acordaron la compraventa de la Propiedad localizada en 

357 Dorado Beach East en Dorado, Puerto Rico por la 

cantidad de cinco millones de dólares ($5,000,000.00), 

transfiriendo a la cuenta escrow de Jova Enterprises, 

LCC por conducto de la Sra. Oriana Juvelier la cantidad 

de quinientos mil dólares ($500,000.00) como Depósito.

En el Contrato, se pactó una cláusula de retención 

incondicional que indica que “(...) Upon any termination 

on this Agreement, the Earnest Money Deposit shall not 

be returned to Purchaser. (...)”, aproximadamente 

traducido como: “al ocurrir cualquier cancelación de 

este Acuerdo, el Depósito no será devuelto al 

Comprador”, cláusulas que han sido específicamente 

proscritas por nuestra Máxima Curia.

Toda vez que el TSPR ha determinado que dichas 

cláusulas son nulas por contradecir la ley y que, al 

existir las mismas, no es necesario adjudicar si 

efectivamente medi[ó] o no culpa del comprador en el 

fracaso de la compraventa proyectada, no resta más que 

aplicar el Derecho vigente a la presente controversia.

A tenor con lo anterior, DACO declaró CON LUGAR la 

Querella, y ordenó a PRSIR y a la señora Juvelier devolver el depósito 

de quinientos mil dólares ($500,00.00) al matrimonio Vedovato.

Inconforme, el 24 de febrero de 2023, la señora O’Brien presentó
KLRA202300091 consolidado con KLRA202300092 12

ante este Tribunal de Apelaciones el recurso de Revisión Judicial, 

KLRA202300091 y sostuvo que, DACO cometió los siguientes 

errores:

Primer Error: Erró el DACO al violarle el debido proceso 

de ley a la Sra. O’Brien al ignorar su reconvención, así 

como su querella contra la Sra. Mariángel Martí y 

solicitud para que la Sra. Martí fuera citada a testificar.

Segundo Error: Erró el DACO al ignorar los términos y 

condiciones claros del Purchase and Sale Contract y

ordenar la devolución del depósito al matrimonio 

Vedovato conociendo que el dinero no está en posesión 

de los querellados porque estaba depositado en el TPI 

de Bayamón.

De igual forma, en la misma fecha, PRSIR y la señora Juvelier

presentaron el recurso de Revisión Judicial, KLRA202300092 y 

sostuvieron que, DACO cometió los siguientes errores:

Primer Error: Erró el DACO al asumir jurisdicción para 

resolver una controversia que se había tornado 

académica.

Segundo Error: Erró el DACO al ordenar a PRSIR y a 

Oriana Juvelier devolver un depósito que consta 

depositado en el Tribunal de Primera Instancia.

Tercer Error: Erró el DACO al interpretar los términos 

y condiciones del contrato de compraventa.

El 28 de febrero de 2023, emitimos Resolución mediante la 

cual, ordenamos la consolidación de los recursos judiciales, 

KLRA202300091 y KLRA202300092, a tenor con las Reglas 17 y 

80.1 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. En la misma 

Resolución, dispusimos hasta el 6 de marzo de 2023 para que las

partes recurrentes acreditaran la notificación del Recurso Judicial 

presentado, a las partes y a DACO. Además, concedimos a la parte 

recurrida hasta el 27 de marzo de 2023 para exponer su posición.

Tras varias incidencias procesales y una prórroga solicitada y 

concedida a la parte recurrida, esta última presentó su Alegato en 

Oposición ante este Tribunal, el 12 de abril de 2023.

Contando con la comparecencia de todas las partes, nos 

encontramos en posición para resolver el presente recurso.
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II

A. Jurisdicción 

Nuestro Tribunal Supremo, ha definido la jurisdicción como 

el poder que ostentan los tribunales para considerar y decidir los 

casos y las controversias que sean presentados a su atención.8 Es 

normativa reiterada que, los tribunales debemos ser celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción, por lo que, los asuntos relativos 

a la jurisdicción son privilegiados y deben ser atendidos con 

prontitud.9 La ausencia de jurisdicción puede ser levantada motu 

proprio, ya que, esta incide de forma directa sobre el poder del 

tribunal para adjudicar una controversia.10

La Alta Curia ha dispuesto que, para que un recurso quede 

perfeccionado es necesaria su oportuna presentación y notificación 

del escrito a las partes apeladas.11 Una de las instancias en que un 

tribunal carece de jurisdicción es cuando se presenta un recurso 

tardío o prematuro. Lo anterior, debido a que, una apelación o 

recurso prematuro, al igual que uno tardío, adolece del grave e 

insubsanable defecto de falta de jurisdicción.12 Su presentación 

carece de eficacia y, como consecuencia, no produce ningún efecto 

jurídico, pues no hay autoridad judicial para acogerlo.13 

Un recurso de revisión tardío es aquel que se presenta fuera 

del término disponible para ello, y que, consecuentemente, 

manifiesta la ausencia de jurisdicción.14 Desestimar un recurso por 

8 Beltrán Cintrón v. ELA, 204 DPR 89 (2020), Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 

DPR 495 (2019); S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011).

9 Torres Alvarado v. Madera Atiles, supra, pág. 500; González v. Mayagüez Resort 

& Casino, 176 DPR 848, 856 (2009). 

10 Allied Management Group, Inc. v. Oriental Bank, 204 DPR 374 (2020); Torres 

Alvarado v. Madera Atiles, supra, pág. 500; Ruiz Camilo v. Trafon Group Inc., 200 

DPR 254, 268 (2018); Suffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005). 

11 González Pagán v. Moret Guevara, 202 DPR 1062, 1070-1071 (2019).

12 MMR Supermarket, Inc. v. Municipio Autónomo de San Lorenzo, 2022 TSPR 99 

(2022); Báez Figueroa v. Administración de Corrección, 2022 TSPR 52 (2022); 

Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico v. Carrión 

Marrero, 2022 TSPR 34 (2022); Yumac Home Furniture v. Caguas Lumber Yard, 

194 DPR 96, 107 (2015). 

13 MMR Supermarket, Inc. v. Municipio Autónomo de San Lorenzo, supra; Báez

Figueroa v. Administración de Corrección, supra; Autoridad para el Financiamiento 

de la Infraestructura de Puerto Rico v. Carrión Marrero, supra.

14 MMR Supermarket, Inc. v. Municipio Autónomo de San Lorenzo, supra.
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ser tardío priva fatalmente a la parte de presentarlo nuevamente, 

ante ese mismo foro, o ante cualquier otro.15 En cambio, la 

desestimación de un recurso por prematuro le permite a la parte que 

recurre volver a presentarlo, una vez el foro apelado resuelve lo que 

estaba ante su consideración.16

Por consiguiente, un tribunal no tiene discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay. Si carece de jurisdicción, deberá así 

declararlo y desestimar la reclamación sin entrar en sus méritos, 

pues la falta de jurisdicción no es susceptible de ser subsanada.17 

Cónsono con lo anterior, la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones18, confiere facultad a este Tribunal para 

que, a iniciativa propia o a petición de parte, desestime un recurso 

de apelación o deniegue un auto discrecional cuando este carezca 

de jurisdicción.

B. La Revisión de Determinaciones Administrativas 

El Artículo 4.006 (C) de la Ley de la Judicatura del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, Ley 201-2003, 4 LPRA sec. 24y, 

establece la competencia del Tribunal de Apelaciones. En lo 

pertinente, dispone que este Tribunal conocerá mediante recurso de 

revisión judicial, que se acogerá como cuestión de derecho, las 

decisiones, órdenes y resoluciones finales de organismos o agencias 

administrativas. (Énfasis nuestro).

Por su parte, la Sección 3.14 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAUG), 3 LPRA 

sec. 9654, dispone lo siguiente en cuanto a órdenes o 

resoluciones finales emitidas por las agencias administrativas: 

[...] La orden o resolución [final] deberá incluir y 

exponer separadamente determinaciones de hecho si 

15 Yumac Home Furniture v. Caguas Lumber Yard, supra, pág. 107. 

16 Íd., Véase, además, Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649, 654 (2000).

17 Íd.; Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico v. 

Carrión Marrero, supra. Mun. De San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652, 

600 (2014); Suffront v. A.A.A., supra, pág. 674. 

18 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.
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éstas no se han renunciado, conclusiones de 

derecho, que fundamentan la adjudicación, la 

disponibilidad del recurso de reconsideración o revisión 

según sea el caso. La orden o resolución deberá ser 

firmada por el jefe de la agencia o cualquier otro 

funcionario autorizado por ley. [...] (Énfasis nuestro).

Nuestro más alto foro judicial ha explicado los objetivos que 

se persiguen para que los foros administrativos emitan 

determinaciones de hecho y conclusiones de derecho.19 Al respecto 

ha enumerado las siguientes:

(1) proporcionar a los tribunales la oportunidad de 

revisar adecuadamente la decisión administrativa y 

facilitar esta tarea; (2) fomentar que la agencia adopte 

una decisión cuidadosa y razonada dentro de los 

parámetros de su autoridad y discreción; (3) ayudar a 

la parte afectada a entender por qué el organismo 

administrativo decidió como lo hizo, y, al estar mejor 

informada, poder decidir si acude al foro judicial o acata 

la determinación; (4) promover la uniformidad 

intraagencial, en particular cuando el proceso decisorio 

institucional es adoptado por distintos miembros de un 

comité especial a quienes les está encomendado 

celebrar vistas y recibir la prueba, y (5) evitar que los 

tribunales se apropien de funciones que corresponden 

propiamente a las agencias administrativas bajo el 

concepto de especialización y destreza.

20

A la luz de este marco jurídico, procedemos a resolver.

III

Como tribunal apelativo, en primer lugar, estamos obligados 

a examinar si tenemos jurisdicción para atender los recursos

presentados. Veamos.

Conforme surge del tracto procesal previamente reseñado,

luego de múltiples incidencias procesales, la señora O’Brien 

presentó su Contestación a la Querella presentada por el matrimonio 

Vedovato ante DACO. En su contestación, además de responder a 

las alegaciones en su contra y, de presentar sus defensas 

afirmativas, la señora O’Brien incluyó una Reconvención, contra el 

matrimonio Vedovato y, una Querella contra Tercero, contra la 

19 Mun. de San Juan v. JCA, 149 DPR 263, 281-282 (1999).

20 Íd., Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 DPR 265 (1987).
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corredora de bienes raíces, contratada por el matrimonio Vedovato,

la señora Martí. Luego de un minucioso análisis de los expedientes 

ante nuestra consideración, observamos que, la agencia 

administrativa aún no se ha expresado sobre estos últimos dos

asuntos. Es decir, por medio de la Resolución que nos solicitan los 

recurrentes revisemos, nada dispone DACO sobre la Reconvención y

la Querella contra Tercero presentada por la señora O’Brien. DACO 

atiende únicamente las cuestiones de la Querella presentada por el 

matrimonio Vedovato.

Como mencionamos, la competencia de este Tribunal de 

Apelaciones se limita a la revisión de las decisiones, órdenes y 

resoluciones finales de organismos o agencias administrativas. A 

tenor con la LPAUG, dichas resoluciones finales deben incluir, entre 

otras, determinaciones de hecho y conclusiones de derecho. En este 

caso, si bien DACO incluyó en su Resolución determinaciones de 

hecho y conclusiones de derecho, estas se limitan a los asuntos 

señalados en la Querella incoada por el matrimonio Vedovato, 

quedando pendiente de determinación final la Reconvención y la 

Querella contra Tercero, presentada por la señora O’Brien. En razón 

de ello, somos del criterio que, de los casos ante nuestra 

consideración, no surge una resolución final que podamos revisar.

Consecuentemente, colegimos que, los recursos de epígrafe fueron 

presentados de forma prematura, lo que nos priva de autoridad para 

entender en los méritos de los mismos.

No obstante, lo aquí resuelto no impide que las partes 

recurrentes comparezcan nuevamente ante este Tribunal dentro del 

término jurisdiccional dispuesto por nuestro ordenamiento legal, 

ello, una vez el foro recurrido emita su dictamen conforme a lo aquí 

dispuesto.
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IV

Por los fundamentos expuestos, se desestiman los recursos de 

epígrafe por falta de jurisdicción, al haberse incoado los mismos de 

manera prematura. Se devuelve el caso a DACO para la 

continuación de los procedimientos.

Notifíquese.

Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones