Número Identificador

SEN2024________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

CARLIZ DE LA CRUZ 

HERNÁNDEZ

Recurrida

v.

RIMAS ENTERTAINMENT, LLC. Y 

OTROS

Peticionarios

KLCE202400758

Recurso de Certiorari

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de

San Juan

Caso Núm. 

SJ2023CV01925

Sobre:

Daños y Perjuicios

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez Bonilla 

Ortiz, la Jueza Mateu Meléndez y la Jueza Prats Palerm.

Prats Palerm, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de agosto de 2024.

Comparecen Noah Kamil Assad Byrne (“señor Assad Byrne” o 

“Peticionario”) mediante Petición de Certiorari y solicita la revisión de la 

Resolución emitida el 2 de julio de 2024 por el Tribunal de Primera Instancia 

(“TPI”). Mediante el referido dictamen, el TPI, declaró No Ha Lugar la 

solicitud de desestimación instada por el señor Assad Byrne al amparo de 

la Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, por 

entender que el Peticionario estaba impedido de presentar una segunda 

solicitud de desestimación, en virtud de la Reglas 10.7, 32 LPRA Ap. V, R. 

10.7, y 10.8, 32 LPRA Ap. V., R. 10.8, de Procedimiento Civil.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se expide el

auto de certiorari solicitado y se Revoca el dictamen recurrido.

I.

El 1 de marzo de 2023, Carliz De La Cruz Hernández (“señora De La 

Cruz Hernández” o “Recurrida”) presentó ante el TPI una Demanda sobre 

daños y perjuicios, derechos de imagen y derechos morales de autor en 

contra de Rimas Entertainment, LLC, Rimas Classics, LLC (en conjunto, 

“Rimas”), Benito A. Martínez Ocasio, mejor conocido por su nombre 

artístico, “Bad Bunny” (“señor Martínez Ocasio”), Noah Assad, LLC
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(“Corporación”) y el señor Assad Byrne. En síntesis, la Recurrida alegó que 

creó y grabó con su voz la frase “Bad Bunny Baby”, la cual fue utilizada en 

“intros” de las canciones del señor Martínez Ocasio, sin su consentimiento 

o autorización escrita.

El 5 de abril de 2023, Rimas presentó una Notificación de Aviso de 

Traslado al Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto 

Rico. Así las cosas, el 10 de abril de 2023, el TPI emitió una Sentencia

mediante la cual ordenó la paralización y archivo de los procedimientos y se

reservó jurisdicción para decretar su reapertura.

Devuelto el caso al TPI por el foro federal, el 1 de abril de 2024, la 

señora De La Cruz Hernández presentó una Moción Solicitando Reapertura 

del Caso. El foro primario decretó la reapertura del caso de epígrafe 

mediante Orden expedida el 10 de abril de 2024.

Tras varias instancias procesales, las cuales no son necesarias 

pormenorizar, el 8 de mayo de 2024, el señor Assad Byrne y la Corporación, 

de manera conjunta, presentaron una Solicitud de Desestimación por 

Insuficiencia en el Emplazamiento y Falta de Jurisdicción sobre la Persona. 

Arguyeron que, no fueron emplazados conforme a derecho, toda vez que los 

emplazamientos fueron entregados a Juan J. Cirino, quien no era un

representante autorizado de la Corporación o una persona autorizada para 

recibir los emplazamientos del señor Assad Byrne.

El 28 de mayo de 2024, la señora De La Cruz Hernández presentó su 

Moción en Oposición a Moción Solicitando Desestimación por alegada Falta 

de Jurisdicción sobre la Persona. Atendidos los planteamientos de las partes, 

el 30 de mayo de 2024, el foro primario emitió una Resolución mediante la 

cual denegó la solicitud de desestimación instada por el señor Assad Byrne 

y la Corporación.

Posteriormente, el 27 de junio de 2024, el señor Assad Byrne, 

renunció al emplazamiento y se sometió voluntariamente a la jurisdicción 

del foro primario mediante la presentación de una Solicitud de 

Desestimación al amparo de la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil. El 
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Peticionario adujo que, las alegaciones en su contra incumplían con el 

estándar de plausibilidad adoptado por nuestro más Alto Foro en Luis P.

Costas Elena y otros v. Magic Sport Culinary Corp. y otros, 2024 TSPR 13 

(2024), resuelto el 16 de febrero de 2024. De igual manera, arguyó que no 

se cumplían los elementos necesarios para que prosperara la causa de 

acción instada en su contra.

El 2 de julio de 2024, la señora De La Cruz Hernández presentó una 

Moción bajo la Regla 10.7 y 10.8 de Procedimiento Civil para que se declare 

improcedente la Moción de Desestimación presentada por Noah Assad Byrne. 

En resumidas cuentas, la Recurrida arguyó que la segunda solicitud de 

desestimación presentada por el señor Assad Byrne resultaba improcedente 

al amparo de la Regla 10.7, 32 LPRA Ap. V, R. 10.7, y 10.8, 32 LPRA Ap. V., 

R. 10.8, de Procedimiento Civil. Sostuvo que, todas las defensas que la Regla 

10 permite presentar deben ser acumuladas en una misma solicitud o se 

entenderán renunciadas.

Ese mismo día, el foro primario dictaminó una Resolución mediante 

la cual denegó la solicitud de desestimación instada por el señor Assad 

Byrne. El TPI concluyó que, el Peticionario estaba impedido de presentar 

una segunda moción de desestimación al amparo de las Reglas 10.7 y 10.8 

de Procedimiento Civil, supra.

El 3 de julio de 2024, el señor Assad Byrne presentó una Urgente 

Solicitud de Reconsideración. En esa misma fecha, la señora De La Cruz 

Hernández presentó su Oposición a Urgente Solicitud de Reconsideración. 

Atendidos los planteamientos de las partes, el 8 de julio de 2024, el TPI 

denegó mediante Resolución la solicitud de reconsideración presentada por 

el Peticionario.

Insatisfecho aún, el 9 de julio de 2024, el señor Assad Byrne acudió 

ante esta Curia mediante Petición de Certiorari. El Peticionario le imputó al 

TPI la comisión de los siguientes errores:

Erró y abusó de su discreción el Tribunal de Primera 

Instancia al resolver que el codemandado Noah Assad Byrne 

está impedido de presentar una segunda moción de 

desestimación al amparo de las Reglas 10.7 y 10.8 de 
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Procedimiento Civil, a pesar de que el Tribunal Supremo en 

Conde Cruz v. Resto Rodríguez, 205 DPR 1043 (2020) 

resolvió que una solicitud de desestimación al amparo de la 

Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil bajo el fundamento de 

que la demanda deja de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio es una defensa 

privilegiada que no se renuncia si no se acumula en una 

primera solicitud de desestimación, siendo esto una 

violación al debido proceso de ley. 

Erró y abusó de su discreción el Tribunal de Primera 

Instancia al ordenarle al codemandado Noah Assad Byrne a 

contestar una demanda[,] a pesar de que presentó una 

solicitud de desestimación al amparo de la Regla 10.2(5) de 

Procedimiento Civil habiendo el Tribunal adquirido 

jurisdicción sobre su persona bajo del [sic] fundamento de 

que esa moción de desestimación es improcedente al 

amparo de las Reglas 10.7 y 10.8 de Procedimiento Civil.

El 19 de julio de 2024, la señora De La Cruz Hernández presentó su 

alegato en oposición. Perfeccionado el recurso y con el beneficio de la 

comparecencia de las partes, procedemos a resolver.

II.

-AEl auto de certiorari es un vehículo procesal que permite a un tribunal 

de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal inferior. En 

esencia, se trata de un recurso extraordinario mediante el cual se solicita al 

tribunal de superior jerarquía la corrección de un error cometido por el 

tribunal inferior. 800 Ponce de León Corp. v. American International 

Insurance, 205 DPR 163 (2020); Medina Nazario v. McNeil Healthcare, LLC, 

194 DPR 723, 728-729 (2016); véase, además, Art. 670 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3491. Por tanto, la expedición del auto 

de certiorari descansa en la sana discreción del tribunal revisor. Íd.; IG 

Builders et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). 

 La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, delimita 

expresamente las instancias en las que este Tribunal de Apelaciones puede 

expedir los recursos de certiorari para revisar resoluciones y órdenes 

interlocutorias del foro de Instancia. 800 Ponce de León Corp. v. American 

International Insurance, supra; Scotiabank de Puerto Rico v. ZAF Corporation, 

202 DPR 478, 487 (2019). En lo pertinente, la referida regla dispone lo 

siguiente: 
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[e]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando 

se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o

de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 

obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el 

Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia 

cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a 

privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan interés público o en 

cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar la 

expedición de un recurso de certiorari, en estos casos, el 

Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. 

32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 

Aun cuando al amparo del precitado estatuto adquirimos jurisdicción 

sobre un recurso de certiorari, la expedición del auto y la adjudicación en 

sus méritos es un asunto discrecional. No obstante, tal discreción no opera 

en el abstracto. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 96 (2008). 

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones establece los 

criterios que este foro tomará en consideración para ejercer prudentemente 

su discreción para expedir o no un recurso de certiorari, a saber: 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos son contrarios a derecho.

B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada para 

analizar el problema. 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 

manifiesto de la apreciación de la prueba por el Tribunal de 

Primera Instancia.

D. Si el asunto planteado exige consideración, más detenida a 

la luz de los autos originales, por los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados. 

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es 

la más propicia para su consideración.

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no 

causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del litigio. 

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita 

un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B.

De otra parte, este Tribunal solo intervendrá con las determinaciones 

discrecionales del Tribunal de Primera Instancia, cuando se demuestre que 

hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 

(2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

En el ámbito jurídico la discreción ha sido definida como una forma de 
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razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 

434-435 (2013). La discreción se nutre de un juicio racional apoyado en la 

razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de justicia. Íd. Por lo 

anterior, un adecuado ejercicio de discreción judicial está estrechamente 

relacionado con el concepto de razonabilidad. Umpierre Matos v. Juelle 

Albello, 203 DPR 254, 275 (2019); Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 

140, 155 (2000).

-BLa Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, permite a una parte que 

es demandada, mediante la presentación de una moción debidamente 

fundamentada a esos fines, solicitar la desestimación de la demanda 

instada en su contra. En particular, la referida regla establece que la parte 

demandada podrá solicitar la desestimación de la demanda en su contra 

por alguno de los siguientes fundamentos:

(1) falta de jurisdicción sobre la materia;

(2) falta de jurisdicción sobre la persona;

(3) insuficiencia del emplazamiento;

(4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento;

(5) dejar de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio;

(6) dejar de acumular una parte indispensable. Íd.

(Énfasis suplido)

Con el fin de evitar que los procesos judiciales se dilaten 

innecesariamente, la Regla 10.7 de Procedimiento Civil, supra, obliga a la 

parte que presente una moción al amparo del discutido estatuto a acumular 

todas las mociones y defensas a las que entienda que tenga derecho, con 

excepción de las defensas provistas en las Reglas 10.2 (1) y 10.8 (b). En ese 

sentido, “[l]as reglas no pueden permitir que todas estas mociones se 

presenten separadamente porque se dilataría el proceso innecesariamente. 

Todas se deben formular conjuntamente y resolverse de una vez por el 

tribunal”. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho 

Procesal Civil, 6ta ed., LexisNexis de Puerto Rico, 2017, Cap. 26, Sec. 2607, 

págs. 310-311.
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Específicamente, la precitada Regla 10.7 de Procedimiento Civil, 

supra, lee como sigue:

La parte que presente una moción de acuerdo con esta Regla 

10, puede unirla con las demás mociones que en la misma se 

disponen y a las cuales tenga entonces derecho. La parte que 

presente una moción de acuerdo con esta Regla 10 y no incluya 

en ella cualquiera de las defensas y objeciones a que tenga 

derecho y que esta Regla 10 le permita presentar mediante 

moción, no podrá presentar luego una moción fundada en las 

defensas u objeciones así omitidas, excepto las provistas en 

las Reglas 10.2(1) y 10.8(b).

(Énfasis suplido)

Por otra parte, la Regla 10.8 (b) de Procedimiento Civil, supra, dispone 

lo siguiente:

(b) La defensa de haber dejado de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio, la 

defensa de haber omitido acumular una parte indispensable 

como se dispone en la Regla 16 y la objeción de haber omitido 

exponer una defensa legal a una reclamación, pueden hacerse 

mediante cualquier alegación permitida u ordenada según lo 

dispuesto en la Regla 5.1, mediante una moción para que se 

dicte sentencia por las alegaciones o en el juicio.

(Énfasis suplido)

Al respecto, el Tribunal Supremo expresó en Conde Cruz v. Resto 

Rodríguez et. al, supra, a las págs. 1066-1067, lo siguiente:

Conforme las Reglas 10.7 y 10.8(b) de Procedimiento Civil antes 

citadas, la defensa de dejar de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio no está sujeta a la 

regla general sobre acumulación y renuncia de defensas que 

la Regla 10.7, supra, instituye. En contraste, esta defensa -de 

ordinario- no se entiende renunciada aun si no se acumula en 

una moción al amparo de la Regla 10 de Procedimiento Civil, 

supra, y puede aducirse en cualquier alegación responsiva, en 

una moción para que se dicte sentencia por las alegaciones e 

incluso luego de comenzado el juicio. Regla 10.8(b) de 

Procedimiento Civil, supra.

(Énfasis suplido)

Finalmente, para que prevalezca una solicitud de desestimación al 

amparo de la Regla 10.2, supra, el tribunal debe convencerse con certeza 

que el demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier estado 

de derecho que se pudiere probar en apoyo a su reclamación, aun 

interpretando la demanda lo más liberalmente a su favor. Rivera Sanfeliz et 

al. V. Jta. Dir. Firstbank, 193 DPR 38, 49 (2015).
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III.

El Peticionario aduce que incidió el foro primario al resolver que, en 

virtud de la Reglas 10.7 y 10.8 de Procedimiento Civil, supra, estaba 

impedido de presentar una segunda solicitud de desestimación, previo a 

presentar su alegación responsiva. Le asiste la razón. Veamos.

Los errores señalados por el señor Assad Byrne serán discutidos de 

manera conjunta, por entender que están intrínsicamente relacionados. En 

el caso de marras, la solicitud de desestimación presentada por el señor 

Assad Byrne fue instada al amparo de la Regla 10.2 (5) de Procedimiento 

Civil, supra. Sin embargo, el foro primario resolvió que, en virtud de las 

Reglas 10.7 y 10.8 de Procedimiento Civil, supra, el señor Assad Byrne no 

podía presentar una segunda moción de desestimación.

Como regla general, conforme dispone la Regla 10.7 de Procedimiento 

Civil, supra, la parte que presente una moción de desestimación al amparo 

de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, tiene que acumular en esa 

moción todas las defensas que la precitada regla le permite presentar 

mediante moción o, de contrario, se entenderán renunciadas. A manera de 

excepción, la referida regla establece que no se considerarán renunciadas 

aquellas defensas contempladas por la Regla 10.8 (b) de Procedimiento Civil, 

supra, tal como la defensa privilegiada de dejar de exponer una reclamación 

que justifique la concesión de un remedio. La Regla 10.7 de Procedimiento 

Civil, supra, expresamente exceptúa de su aplicación las solicitudes de 

desestimación instadas al amparo de la Regla 10.2 (5), supra. De igual 

manera, nuestro más Alto Foro expresó en Conde Cruz v. Resto Rodríguez et 

al., supra, que la “la Regla 10.7 exceptúa de este requisito de acumulación 

de defensas a las mociones de desestimación al amparo de la Regla 10.2 

cuyo fundamento sea que la demanda deja de exponer la reclamación que 

justifique la concesión de un remedio”.

En otras palabras, la presentación de una primera moción de 

desestimación, por insuficiencia en el diligenciamiento del emplazamiento,

no impide que una segunda solicitud sea instada al amparo de la Regla 10.2 
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(5) de Procedimiento Civil, supra. Por todo lo cual, resulta forzoso concluir 

que incidió el foro primario al resolver que el señor Assad Byrne estaba 

impedido de presentar una segunda solicitud de desestimación. El TPI venía 

obligado a resolver en sus méritos la moción de desestimación instada por 

el Peticionario.

IV.

Por los fundamentos que anteceden, se expide el auto de certiorari

solicitado y se Revoca la Resolución el dictamen recurrido. Se devuelve el 

caso para la continuación de los procedimientos, según lo aquí dispuesto.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones