Número Identificador

SEN2023 _____________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VII

ISLAND PORTFOLIO 

SERVICES, LLC COMO

AGENTE DE FAIRWAY 

ACQUISITIONS FUND, 

LLC

Apelante

V.

ABIMAEL CRUZ ALONSO

Apelada

KLAN202301126

Apelación

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Municipal de 

Hatillo

Caso Núm.:

HA2022CV00275

(101)

Sobre:

COBRO DE 

DINERO (REGLA 

60)

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry, la

Jueza Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio.

Grana Martínez, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de enero de 2024.

La apelante, Island Portfolio Services, LLC, solicita que 

revoquemos la Sentencia en la que el Tribunal de Primera 

Instancia desestimó la demanda de cobro de dinero presentada al 

amparo de la Regla 60 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.

Los hechos procesales pertinentes para resolver este recurso

son los siguientes.

I

El 28 de noviembre de 2022, la apelante presentó una 

demanda de cobro de dinero al amparo de la Regla 60, supra. 

Island Portfolio Services alegó que es una agencia de cobro y la 

tenedora y dueña de la cuenta 10100130588110101, cuyo deudor 

es el señor Abimael Cruz Alonso. La apelante adujo que adquirió la 

deuda del acreedor original, Banco Popular de Puerto Rico, y que 

es por la cantidad de $5,848.60.
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La apelante notificó al señor Abimael Cruz Alonso a la última 

dirección conocida dirección postal HC7 Box 31635, Hatillo, PR 

00659.

La vista se realizó el 25 de enero de 2023. El señor Abimael 

Cruz Alonso no compareció. La apelante hizo constar que la 

notificación-citación apareció unclaimed. El TPI concedió 15 días a 

la apelante para que informara el curso de acción a seguir. Página 

28 del apéndice. La apelante informó que notificó correctamente al 

señor Cruz Alonso, envió la notificación a la dirección que había 

enviado previamente la carta de cobro y esa la había recibido. 

Island Portfolio Services pidió nuevamente el señalamiento de vista 

y la expedición de citaciones, a la misma dirección, estando 

convencido de que era la dirección correcta.

El 14 de junio de 2023 se celebró por segunda ocasión la 

vista. El apelado no compareció. La apelante informó que el correo 

postal devolvió nuevamente la citación. El TPI desestimó el caso 

sin perjuicio, porque era la segunda ocasión en la que se realizaba 

la vista y la notificación era devuelta.

La apelante solicitó reconsideración y que se ordenara la 

conversión del pleito al trámite o procedimiento ordinario,

conforme a lo resuelto en Cooperativa v. Hernández Hernández,

205 DPR 624 (2020). El TPI denegó la reconsideración.

Inconforme la apelante presentó este recurso en el que alega 

que:

Incidió el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

desestimar el caso sin antes convertir el asunto al 

trámite ordinario, según lo resuelto en Primera 

Cooperativa de Ahorro v. Hernández Hernández, 205 

DPR 624 (2020).

II

La Regla 60 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, establece 

un procedimiento sumario en los casos de cobro de dinero por una 

cantidad que no exceda $15,000.00. Su texto es el siguiente:
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Cuando se presente un pleito en cobro de una suma 

que no exceda los quince mil (15,000) dólares, 

excluyendo los intereses, y no se solicite en la 

demanda tramitar el caso bajo el procedimiento 

ordinario, la parte demandante deberá presentar un 

proyecto de notificación-citación que será expedido 

inmediatamente por el Secretario o Secretaria. La 

parte demandante será responsable de diligenciar la 

notificación-citación que será expedido 

inmediatamente por el Secretario o Secretaria. La 

parte demandante será responsable de diligenciar la 

notificación-citación dentro de un plazo de diez (10) 

días de presentada la demanda, incluyendo copia de 

esta, mediante entrega personal conforme a lo 

dispuesto en la Regla 4 o por correo certificado.

La notificación-citación indicará la fecha señalada 

para la vista en su fondo, que se celebrará no más 

tarde de los tres (3) meses a partir de la presentación 

de la demanda, pero nunca antes de quince (15) días 

de la notificación a la parte demandada. En la 

notificación se advertirá a la parte demandada que en 

la vista deberá exponer su posición respecto a la 

reclamación, y que si no comparece podrá dictarse 

sentencia en rebeldía en su contra.

La parte demandante podrá comparecer a la vista por 

sí o mediante representación legal. El tribunal 

entenderá en todas las cuestiones litigiosas en el acto 

de la vista y dictará sentencia inmediatamente. Como

anejo la demanda, el demandante podrá acompañar 

una declaración jurada sosteniendo los hechos 

contenidos en la demanda o copia de cualquier otro 

documento que evidencie las reclamaciones de la 

demanda. Si la parte demandada no comparece y el 

tribunal determina que fue debidamente notificada y 

que le debe alguna suma a la parte demandante, será 

innecesaria la presentación de un testigo por parte del 

demandante y el tribunal dictará sentencia conforme a 

lo establecido en la Regla 45. Si se demuestra al 

tribunal que la parte demandada tiene alguna 

reclamación sustancial o en el interés de la justicia, 

cualquiera de las partes tendrá derecho a solicitar que 

el pleito se continue tramitando bajo el procedimiento 

ordinario prescrito por estas reglas o el tribunal podrá 

motu proprio ordenarlo, sin que sea necesario cancelar 

la diferencia en aranceles que correspondan al 

procedimiento ordinario.

.....

El propósito primordial de la Regla 60, supra, es agilizar y 

simplificar los procedimientos en acciones de reclamaciones de 

cuantías pequeñas. Así se facilita el acceso a los tribunales y una 

justicia más rápida, justa y económica. Las Reglas de 

Procedimiento Civil aplican supletoriamente, siempre que no sean 

incompatibles con el procedimiento sumario. El emplazamiento por 
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edicto, la contestación a la demanda, el descubrimiento de prueba, 

las reconvenciones, la demanda contra terceros, entre otros, son 

incompatibles con el procedimiento sumario de la Regla 60. A 

diferencia del diligenciamiento personal que, es compatible, a 

pesar de no estar específicamente dispuesto en dicha regla. RMCA 

v. Mayor Bianchi, 208 DPR 100, 107-108 (2021); Cooperativa v. 

Hernández Hernández, 205 DPR 624, 630-632 (2020).

El Tribunal Supremo de Puerto Rico aclaró que antes de 

desestimar una demanda basada en la Regla 60, supra, hay que 

considerar su conversión al procedimiento ordinario. El foro 

primario está obligado a hacer esa consideración, 

independientemente de que haya transcurrido el plazo de 10 días 

para diligenciar la notificación-citación. Cooperativa v. Hernández 

Hernández, supra, pág. 628. Según el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico, la redacción de la Regla 60, supra, se inclina hacia la 

conversión ordinaria del procedimiento y no a la desestimación.

Cooperativa v. Hernández Hernández, supra, pág. 638. Fue 

enfático en que la desestimación en un procedimiento de Regla 60,

supra, contraviene y hace impráctico el principio cardinal de 

solución justa, rápida y económica de las controversias y lesiona el 

debido proceso de ley y el acceso al foro judicial. Cooperativa v. 

Hernández Hernández, supra, pág.639.

La Regla 60, supra, permite que cualquiera de las partes 

solicite que el pleito continue tramitándose de forma ordinaria y el 

tribunal puede hacerlo motu proprio. La conversión del caso a 

ordinario no es automática, ya que es un asunto que el tribunal 

tiene que sopesar sus méritos. El Tribunal Supremo de Puerto Rico 

resumió las instancias en las que un caso puede convertirse en 

ordinario y son las siguientes: (1) el demandado demuestra que 

tiene una reclamación sustancial, (2) cuando las partes solicitan 

en el interés de la justicia que el pleito se ventile de forma 
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ordinaria, (3) el tribunal tiene discreción para ordenarlo motu 

proprio, en el interés de la justicia y (4) la demandante no conoce 

ni provee el nombre y dirección del deudor, (5) es necesario 

emplazar por edictos. RMCA v. Mayor Bianchi, supra, pág. 108; 

Cooperativa v. Hernández Hernández, supra, págs. 637- 638.

III

La apelante tiene razón. El TPI abusó de su discreción al 

desestimar el caso y no ordenar su conversión al procedimiento 

ordinario. La decisión apelada es contraria a lo resuelto por el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico en Cooperativa v. Hernández 

Hernández, supra. El foro apelado no observó la norma que inclina 

la Regla 60, supra, hacia la conversión ordinaria del procedimiento 

y no a la desestimación. Su proceder constituye un 

incumplimiento con la directriz de que antes de desestimar la 

demanda, tiene que considerar la conversión al procedimiento 

ordinario, independientemente de que haya transcurrido el plazo 

para diligenciar la notificación-citación.

Portfolio actuó conforme a derecho, porque notificó al deudor 

en dos ocasiones distintas a su última dirección conocida y 

acompañó la demanda con evidencia que sustenta su alegada 

acreencia. No obstante, no puede atribuírsele responsabilidad, 

porque en ambas ocasiones la notificación-citación fue devuelta.

Después de todo, la reclamación de una carta certificada es un 

acto absolutamente unilateral del destinatario.

La Regla 60, supra, facultad a la apelante a solicitar la 

conversión del procedimiento a ordinario. Su reclamo procede 

porque existen algunas de las instancias en las que el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico así lo ha reconocido. La decisión apelada 

atenta contra el interés de la justicia, la solución justa, rápida y 

económica de las controversias, el debido proceso de ley y el acceso 

al foro judicial. El foro apelado incurrió en tales violaciones, porque 
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penaliza con la desestimación a la apelante que ha sido diligente y 

la obliga a presentar otro pleito para probar su reclamación. Por 

último, la devolución en dos ocasiones de la notificación a la 

última dirección conocida evidencia la posibilidad de que sea 

necesario emplazar por edictos.

IV

Por lo antes expuesto, se revoca la sentencia apelada y se 

ordena la continuación del caso por la vía ordinaria.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones