Número Identificador

SEN2023_____________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

MANUEL ÁNGEL 

RODRÍGUEZ COLÓN; 

ISRAEL RODRÍGUEZ 

COLÓN; BLANCA I. 

RODRÍGUEZ COLÓN; 

SUCESIÓN ANASTACIO 

RODRÍGUEZ COLÓN y

otros

Peticionarios

V.

WILFRIDO RODRÍGUEZ 

COLÓN, por sí y en 

representación de la 

Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta 

por este y su esposa, 

ELIZABETH LÓPEZ y 

otros

Recurridos

KLCE202300612

Certiorari

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

Humacao

Caso Núm.:

HU2020CV01065

Sobre:

Injunction

preliminar y 

permanente

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la 

Jueza Mateu Meléndez y el Juez Marrero Guerrero.

Rodríguez Casillas, juez ponente.

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2023.

Comparece ante nos el Sr. Manuel Ángel Rodríguez Colón,

el Sr. Israel Rodríguez Colón; la Sra. Blanca I. Rodríguez Colón;

1

la Sucesión de Anastacio Rodríguez Colón;

2 y la Sucesión de Juan 

R. Rodríguez Colón,

3 (parte peticionaria – demandantes) mediante el 

recurso de certiorari epígrafe. Solicitan que revoquemos la 

Resolución emitida el 2 de mayo de 2023 notificada el 3 del mismo 

1 En la demanda figuraba como codemandante, la señora Dolores Rodríguez 

Colón; ahora, es parte codemandada en rebeldía.

2 Compuesta por Bienvenida Rodríguez Rivera, Amparo Rodríguez Rivera, María 

I. Rodríguez Rivera, Juan Rodríguez Rivera, María E. Rodríguez Rivera, Jaime 

Rodríguez Rivera, María M. Rodríguez Fabian y Anastacio Rodríguez Rivera 

(fallecido), por lo que le sucede Gabriel Rodríguez O’neill.

3 Compuesta por Sandra Rodríguez Maldonado, Zulma Rodríguez Maldonado, 

María Rodríguez Maldonado y Gloria Rodríguez Maldonado.
KLCE202300612 2

mes y año, por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior 

de Humacao. Allí, se declaró No Ha Lugar la reconsideración a la 

paralización de los procesos hasta que se presente una 

determinación judicial sobre incapacidad de la señora Sandra 

Rodríguez Maldonado.

Evaluada la totalidad del expediente, se expide el auto de 

certiorari y se revoca la Resolución recurrida. Veamos los 

fundamentos.

-ILa parte peticionaria presentó el 2 de noviembre de 2021

una demanda enmendada sobre anulación de escrituras, vicios del 

consentimiento, reivindicación de bien inmueble, ejecución de la 

fianza notarial, y daños y perjuicios,

4 contra los demandados:

Wilfrido Rodríguez Colón, Elizabeth López, Luz Esther Rodríguez 

Colón, la abogada – notaria Aida Luz Moringlane Ruiz, el Fondo de 

Fianza Notarial del Colegio de Puerto Rico y su aseguradora

(recurridos–demandados).

En apretada síntesis, la parte peticionaria advino como 

cotitulares de una finca de 2 cuerdas de terreno ubicada en el Bo. 

Tejas en Humacao, P.R., a título hereditario de sus padres Juan 

Rodríguez Rojas y Gerardina Colón Cuadrado, ambos fallecidos. 

Mediante Declaratoria de Herederos la parte peticionaria reclamó el 

50% de participación sobre dicha propiedad.

5 A través de la 

Escritura Núm. 22 del 29 de junio de 2002, las copeticionarias6

cedieron sus participaciones hereditarias bajo treta y engaño de la 

notaria Aida Luz Moringlane Ruiz y el coheredero Wilfrido Rodríguez 

4 Anejo 15 del Recurso de Certiorari, págs. 43 – 60. 

5 Al fallecimiento de Gerardina Colón Cuadrado la sucesión se componía de sus 

hijos y esposo; a saber: Manuel Ángel Rodríguez Colón, Anastacio Rodríguez Colón 

(fallecido), Dolores Rodríguez Colón, Blanca I. Rodríguez Colón, Luz E. Rodríguez 

Colón, Wilfrido Rodríguez Colón, Israel Rodríguez Colón; y su esposo, Juan 

Rodríguez Colón. Anejo 15 del Recurso de Certiorari, pág. 47.

6 Sandra Rodríguez Maldonado, Zulma Rodríguez Maldonado, María Rodríguez 

Maldonado y Gloria Rodríguez Maldonado. Anejo 15 del Recurso de Certiorari, pág. 

47.
KLCE202300612 3

Colón con la promesa de un pago que no se concretó. A su vez, el 

otro 50% de la finca fue donado en las Escrituras Número 277 y 288

sobre Donación y Aceptación otorgadas fraudulentamente el 5 de 

junio de 2004. Ante este escenario, el coheredero Wilfrido Rodríguez 

Colón en contubernio con la notaria Moringlane Ruiz logró obtener 

pleno dominio unilateral de la finca e impidiendo que la parte

peticionaria puedan hacer uso y disfrute de la misma.9

Oportunamente, los demandados-recurridos contestaron la 

demanda.10 Así, se inició el descubrimiento de prueba en la que la 

parte peticionaria presentó el 11 de julio de 2022 una MOCIÓN EN 

TORNO A DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA Y EN SOLICITUD DE 

ORDEN PROTECTORA A TENOR CON LA REGLA 23 DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL.

11 En la aludida moción, solicitó una orden 

protectora a favor de la codemandante Sandra Rodríguez 

Maldonado, ya que ésta estaba imposibilitada de contestar un 

interrogatorio y el requerimiento de admisiones por limitaciones 

mentales y cognoscitivas que no le permiten leer ni escribir. 

Por otra parte, el 6 de julio de 2022 los recurridosdemandados Wilfrido Rodríguez Colón, Elizabeth López y Luz Esther 

Rodríguez Colón presentaron una MOCIÓN URGENTE.

12 Alegaron

que, el 30 de junio de 2022 se recibió un correo electrónico de la 

nieta de la codemandante Dolores Rodríguez Colón,

13 en la cual

7 Donante: Juan Rodríguez Rojas. Donatarios: Anastacio Rodríguez Rivera,

Dolores Rodríguez Colón, Manuel Ángel Rodríguez Colón, Blanca I. Rodríguez 

Colón, Luz E. Rodríguez Colón y Wilfrido Rodríguez Colón como apoderado de 

Israel Rodríguez Colón.

8 Donantes: Anastacio Rodríguez Rivera, Dolores Rodríguez Colón, Manuel Ángel 

Rodríguez Colón, Blanca I. Rodríguez Colón, Luz E. Rodríguez Colón e Israel 

Rodríguez Colón. Donatario: Wilfrido Rodríguez Colón.

9 Anejo 15 del Recurso de Certiorari, págs.48– 52.

10 Anejo 18 del Recurso de Certiorari, págs. 76 – 84.; Anejo 19 del Recurso de 

Certiorari, págs. 85 – 95.; Anejo 20 del Recurso de Certiorari, págs. 96 – 100.; Anejo 

21 del Recurso de Certiorari, págs. 101 – 110.; Anejo 22 del Recurso de Certiorari, 

págs. 111 – 119.

11 Anejo 31 del Recurso de Certiorari, págs. 144 – 146.

12 Anejo 29 del Recurso de Certiorari, págs. 137 – 139.

13 Id., en la pág. 139.
KLCE202300612 4

indicó que el abogado de la parte peticionaria no tenía autorización 

para representarla en este caso. 

La parte peticionaria replicó el 7 de julio de 2022.

14 En 

resumen, alegó que se comunicó con la hija de la codemandante 

Dolores Rodríguez Colón, la Sra. Doris Rojas, y ésta le informó que 

su madre había cambiado de parecer y ya no quería ser parte del 

pleito.

Así las cosas, el 14 de julio de 2022 se celebró una Vista 

Transaccional mediante videoconferencia.

15 Surge de la Minuta que,

se planteó el deseo de la codemandante Dolores Rodríguez Colón de 

no continuar en el pleito. También, se planteó la incapacidad de la 

codemandante Sandra Rodríguez Colón. Atendido los argumentos, 

el TPI manifestó que la señora Dolores Rodríguez Colón era parte 

indispensable en el pleito, razón por la cual debía continuar en el 

pleito. En cuanto al problema de capacidad de la señora Sandra 

Rodríguez Maldonado, se le solicitó al TPI una evaluación para

determinar la necesidad de un defensor judicial bajo la Regla 15.2

de Procedimiento Civil.

16

Así, se llevó a cabo la vista sobre el estado de los 

procedimientos del 4 de agosto de 2022. Estuvieron presentes

mediante videoconferencia todas las partes incluyendo la señora 

Dolores Rodríguez Colón.

17 Luego de varias preguntas, el TPI

manifestó que la señora Dolores Rodríguez Colón debía permanecer 

en el pleito como parte demandada, ya que no deseaba ser parte en 

el pleito. 

Cónsono con el asunto atendido en la vista, el 3 de octubre 

de 2022 la parte peticionaria presentó MOCIÓN EN SOLICITUD DE 

ENMIENDA A LA DEMANDA Y SOLICITUD DE EMPLAZAMIENTO POR 

14 Anejo 30 del Recurso de Certiorari, págs. 140 – 143.

15 Anejo 32 del Recurso de Certiorari, págs. 147 – 149.

16 Regla 15.2 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V., R. 

15.2.

17 Anejo 34 del Recurso de Certiorari, págs. 155 – 156.
KLCE202300612 5

EDICTO A PERSONA NO DOMICILIADA.

18 En resumen, la parte 

peticionaria informó que, solicitó la renuncia a la representación 

legal de la codemandante Dolores Rodríguez Colón, vía correo 

certificado a la dirección postal: 809 W. 6ht. St. Kewanee, Illinois 

61443, sin embargo, la misma fue devuelta al no ser reclamada.

19

Por lo cual, le requirió al TPI que se le relevara de la representación 

legal de la codemandante, permitiera enmendar la demanda a los 

fines de realinearla como parte demandada, y autorizara su 

emplazamiento por edicto, dado que su domicilio no estaba en 

Puerto Rico.

En la misma fecha, 3 de octubre de 2022 y notificada el 4 

del mismo mes y año, el TPI autorizó a la parte peticionaria a 

enmendar la demanda para que la señora Dolores Rodríguez Colón 

fungiera ahora como parte demandada; se emplazara la misma por 

edictos y, además, relevó al abogado de la parte peticionaria de la 

representación legal de ésta.20

Efectivamente, el 21 de octubre de 2022, la parte 

peticionaria presentó una MOCIÓN INFORMATIVA EN 

CUMPLIMIENTO CON LA REGLA 4.6 DE PROCEDIMIENTO CIVIL.

21

En la cual, informó haber emplazado por edictos a la señora Dolores 

Rodríguez Colón como parte demandada. El 25 de octubre de 

2022,

22 el TPI notificó haberse enterado del mismo.23

Después de varias incidencias procesales, el 13 de enero de 

2023 se celebró una vista con el propósito de auscultar el 

nombramiento de un Defensor Judicial para la codemandante 

Sandra Rodríguez Maldonado.

24 En dicha vista no estuvo presente

18 Véase, Réplica a Moción de Desestimación, presentada ante nos el 13 de julio de 

2023, Anejo 1, a las págs. 1 – 5.

19 Id., pág. 4.

20 Id., Anejo 2, a la pág. 6.

21 Id., Anejos 2 y 3, a las págs. 8 – 9.

22 Notificada el 25 de octubre de 2022.

23 Véase, Réplica a Moción de Desestimación, presentada ante nos el 13 de julio de 

2023, Anejo 4, a la pág. 10.

24 Véase, el Anejo 36 del Recurso de Certiorari, págs. 160 – 163.
KLCE202300612 6

la codemandada Dolores Rodríguez Colón, por lo que la parte 

peticionaria solicitó y obtuvo del TPI la anotación de rebeldía sobre 

la codemandada.

25 Por otro lado, la señora Sandra Rodríguez 

Maldonado se negó a comparecer a la vista pero su hermana, la 

señora Zulma Rodríguez Maldonado se presentó y brindó detalles

sobre la condición de salud de la codemandante.

En lo referente a la capacidad de la codemandante Sandra

Rodríguez Maldonado, el 6 de febrero de 2023 la parte peticionaria

presentó una MOCIÓN AFIANZANDO SOLICITUD DE DEFENSOR 

JUDICIAL Y/O MEDIDAS CAUTELARES AL AMPARO DE LA REGLA 

15.2(B) DE PROCEDIMIENTO CIVIL.

26 En síntesis, solicitó el 

nombramiento de un defensor judicial para la codemandante

Sandra Rodríguez Colón, quien desde su nacimiento no contaba con 

las capacidades cognoscitivas y mentales, por lo que no aprendió a 

leer ni escribir ni entiende el proceso judicial.

Surge del expediente, que el TPI emitió una Resolución

notificada el 15 de febrero de 2023 asignando un Defensor Judicial 

a la codemandante, Sandra Rodríguez Maldonado. En lo pertinente 

expresó:

LUEGO DE EVALUADA LA PETICIÓN DE LA PARTE 

DEMANDANTE EN CUANTO A LA DESIGNACIÓN DE UN 

DEFENSOR JUDICIAL A LA PARTE CO-DEMANDANTE 

SANDRA RODRÍGUEZ MALDONADO, EVALUADA LA 

TOTALIDAD DE LAS CIRCUNSTANCIAS Y EN ÁNIMO DE 

PROTEGER LA INTEGRIDAD EMOCIONAL DE UNA PERSONA 

CON ALGÚN CASO ALEGADO DE INCAPACIDAD, ESTE 

TRIBUNAL LE ASIGNARÁ UN DEFENSOR JUDICIAL 

CONFORME LA REGLA 15.2 DE LAS REGLAS DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL DE PUERTO RICO A LA CODEMANDANTE SANDRA RODRÍGUEZ MALDONADO.27

Así, pues, el 14 de febrero de 2023,

28 se asignó al Lcdo. 

Daniel Molina López (Lcdo. Molina López) como defensor judicial de

la codemandante Sandra Rodríguez Maldonado.

29 En contrario, el 

25 Id., pág. 160.

26 Véase, Anejo 40 del Apéndice de Certiorari, págs. 168 - 179.

27 Véase, Anejos 5 del Apéndice de Certiorari, pág. 19.

28 Notificada 16 de febrero de 2023.

29 Anejo 6 del Recurso de Certiorari, págs. 20 – 21.
KLCE202300612 7

Lcdo. Molina López solicitó que se le relevara de la representación 

legal de la incapaz,

30 ya que su área de especialidad y desempeño 

era la litigación corporativa; además, no tenía experiencia como 

defensor judicial de incapaces. Sin embargo, el TPI no acogió la 

solicitud y le indicó que la designación era como defensor judicial, 

no de abogado.31 En ese sentido, el 6 de marzo de 2023,

32 foro a 

quo reiteró que la designación del licenciado era como defensor 

judicial para cubrir la capacidad de la alegada incapaz.33

El 15 de marzo de 2023, el Lcdo. Molina López presentó 

MOCIÓN SOLICITANDO MEDIDAS CAUTELARES.

34 En síntesis, 

expresó que, como defensor judicial y para proteger los interés de la 

señora Sandra Rodríguez Maldonado, era necesario que se le 

relevara y se emitieran las siguientes medidas: (1) emitir una orden 

para que la codemandantes, hermanas de Sandra Rodríguez Colón, 

presenten una solicitud de declaración de incapaz de ésta y el 

nombramiento de un tutor en propiedad; (2) la paralización de los 

procesos del TPI hasta la designación del tutor en propiedad; y (3)

la concesión un lapso de tiempo para que el tutor designado pueda 

contratar un abogado. 

El 16 de marzo de 2023, la parte peticionaria presentó una

moción intitulada BREVE RÉPLICA EN TORNO A MOCIÓN DE 

MEDIDAS CAUTELARES.

35 En resumen, adujeron que la solicitud 

para la designación en propiedad de un tutor demostraba el

desconocimiento en cuanto a la figura del defensor judicial “ad 

liten”. Añadieron que, ante las reiteradas solicitudes del 

Lcdo. Molina López anunciando su indisponibilidad, se le permitiera 

renunciar.

30 Anejo 8 del Recurso de Certiorari, págs. 30 – 32.

31 Anejo 10 del Recurso de Certiorari, pág. 35.

32 Notificada el 7 de marzo de 2023.

33 Anejo 11 del Recurso de Certiorari, pág. 37.

34 Anejo 4 del Recurso de Certiorari, págs. 11 – 18.

35 Anejo 13 del Recurso de Certiorari, págs. 39 – 40.
KLCE202300612 8

El 16 de abril de 2023, la codemandada Aida Luz Moringlane 

Ruiz presentó un escrito CUMPLIMIENTO DE ORDEN EN CUANTO A 

MEDIDAS CAUTELARES, en la que se unió a la solicitud del Lcdo. 

Molina López para que se paralizara el pleito hasta que se nombrara 

un tutor en propiedad.

36

Evaluada la solicitud del defensor judicial y la posición de las

partes, el TPI emitió una Resolución el 17 de abril de 2023,

37 en la 

que paralizó los procesos hasta que la parte peticionariademandante presente una determinación judicial sobre la 

incapacidad de la codemandante Sandra Rodríguez Maldonado y su 

correspondiente carta tutelar.38 En lo pertinente indicó:

ANTE LA ALEGACIÓN DE LA PARTE DEMANDANTE SOBRE 

LA CONDICIÓN MENTAL E INCAPACIDAD DE LA SEÑORA 

SANDRA RODRÍGUEZ Y COMO MEDIDA PREVENTIVA, ANTE 

LA SOLICITUD DE SU DEFENSOR JUDICIAL, PARA 

PROTEGER CUALQUIER INTERÉS DE ESTA SE ORDENA LA 

PARALIZACIÓN DEL PRESENTE CASO HASTA TANTO SE 

PRESENTE UNA DETERMINACIÓN JUDICIAL SOBRE LA 

INCAPACIDAD DE ESTA Y SU CORRESPONDIENTE CARTA 

TUTELAR.

Dicho dictamen fue objeto de una Moción de 

Reconsideración,

39 sin embargo, la misma fue declarada No Ha Lugar

por el TPI el 2 de mayo de 2023.

40 En lo pertinente señaló:

[...] EL TRIBUNAL TIENE SERIAS INTERROGANTES SOBRE 

LA CAPACIDAD DE LA DEMANDANTE PARA PODER 

CONSENTIR A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA E 

INCLUSIVE CONTRATAR LA REPRESENTCIÓN LEGAL, 

BASADO EN LA PROPIAS ALEGACIONES DE LA DEMANDA.

Inconforme, el 30 de mayo de 2023 la parte peticionaria

recurrió ante nos en el presente recurso de certiorari y señaló que el 

TPI incidió de las siguientes maneras: 

Erro [sic] el TPI al no relevar al defensor judicial designado a 

pesar de este haberle advertido su total desconocimiento 

sobre la materia para la cual había sido designado. [sic]

Erro [sic] el TPI al adoptar como suyas las medidas cautelares 

solicitadas por el defensor judicial y paralizar los 

procedimientos judiciales ordenando la radicación de un 

procedimiento de incapacidad y tutela y una vez resuelto y 

36 Anejo 14 del Recurso de Certiorari, págs. 41 – 42.

37 Notificada el 18 del mismo mes y año.

38 Anejo 3 del Recurso de Certiorari, pág. 10.

39 Anejo 2 del Recurso de Certiorari, págs. 3 – 9.

40 Notificada 3 de mayo de 2023. Anejo 1 del Recurso de Certiorari, pág. 2.
KLCE202300612 9

haberse designado un tutor reiniciar los procedimientos ante 

si. [sic]

Atendido el recurso legal epígrafe, el 5 de junio de 2023

emitimos una Resolución mediante la cual concedimos a las partes 

10 días para notificar razón por la cual no se deba expedir el auto 

de certiorari. Luego de algunas incidencias procesales, el 14 de 

junio de 2023 el defensor judicial de la señora Sandra Rodríguez 

Maldonado compareció ante este foro apelativo mediante el escrito

OPOSICIÓN A LA EXPEDICIÓN DEL AUTO DE CERTIORARI. Además, 

el 20 de julio de 2023 compareció la corecurrida Aida Luz 

Moringlane Ruíz, en escrito OPOSICIÓN A EXPEDICIÓN DEL AUTO 

DE CERTIORARI Y SUSCRIBIENDO LA TOTALIDAD DE LAS 

ALEGACIONES DEL DEFENSOR JUDICIAL.

Por su parte, el 29 de junio de 2023 los corecurridos Wilfrido 

Rodríguez Colón, Elizabeth Torres López y Luz Esther Rodríguez 

Colón comparecieron en un escrito SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN 

POR FALTA DE JURISDICCIÓN. En resumen, alegaron que este foro

apelativo carecía de jurisdicción ante el incumplimiento de los 

peticionarios con la Regla 33 (B) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones,41 ya que la codemandada en rebeldía, la señora Dolores

Rodríguez Colón no fue notificada del recurso de epígrafe. 

En respuesta, el 13 de julio de 2023 la parte peticionaria 

presentó REPLICA A MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN. En síntesis, 

admitió que no notificó el recurso epígrafe a la codemandada Dolores 

Rodríguez Colón, pero alegó que dicha omisión no constituye 

fundamento suficiente para desestimar el presente recurso legal. 

Añadió, que el foro recurrido luego de anotar la rebeldía a ésta, no

le notificó de las resoluciones a la codemandada en rebeldía que 

41 Regla 33 (B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

33 (B).
KLCE202300612 10

emitió en los procesos, por lo cual los términos para la revisión de 

la resolución recurrida no habían comenzado a decursar. 

El 14 de julio de 2023, los corecurridos Wilfrido Rodríguez 

Colón, Elizabeth Torres López y Luz Esther Rodríguez Colón 

presentaron DUPLICA A R[É]PLICA A MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN. 

En síntesis, manifestaron que la resolución que paralizó los 

procesos ante el TPI es interlocutoria y no un dictamen final que 

tuviera que ser notificado a la codemandada Dolores Rodríguez 

Colón.

-II-

-AEl Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que el auto 

de certiorari constituye “un vehículo procesal discrecional que permite 

a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

tribunal inferior”.

42 Por discreción se entiende el “tener poder para 

decidir en una forma u otra, esto es, para escoger entre uno o varios 

cursos de acción”.43

Por su parte, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil,

44 delimita 

las instancias en que este foro habrá de atender y revisar mediante 

certiorari las resoluciones y órdenes emitidas por los tribunales de 

instancia, a saber:

[E]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será́ expedido por el Tribunal de Apelaciones 

cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 

56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá́ revisar 

órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal 

de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, 

asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que 

revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual 

esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de 

la justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari 

42 Municipio Autónomo de Caguas v. JRD Construction, Inc., et al, 201 DPR 703, 

711 (2019).; IG Builders et al. V. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 – 338 (2012).

43 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005).

44 Reglas de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V., R. 52.1.
KLCE202300612 11

en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 

fundamentar su decisión. [...].45

Con el objetivo de que podamos ejercer de una manera 

prudente la facultad discrecional que se nos ha delegado para

entender o no en los méritos del asunto esbozado en este recurso, 

nuestros oficios se encuentran en la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones.46

El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al 

determinar la expedición de un auto de certiorari o de una 

orden de mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, 

a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 

derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal 

de Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 47

Por lo que, al tener discreción judicial para expedir o denegar 

el auto de certiorari, Nuestro Tribunal Supremo ha dispuesto que: 

[d]e ordinario, no se intervendrá́ con el ejercicio de discreción 

de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que 

hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó́con 

prejuicio o parcialidad, o que se equivocó́ en la interpretación 

o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un 

perjuicio sustancial.48

-BLas Reglas de Procedimiento Civil establecen como se deben 

notificar las órdenes, resoluciones y sentencias.49 Específicamente, 

la Regla 65.3 de Procedimiento Civil en sus incisos (a) y (b) dispone

la forma en que el Secretario del Tribunal notificará una orden,

resolución o sentencia a las partes comparecientes en un pleito:

45 Id.

46 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40.

47 Id.

48 Id.; Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992).; Lluch 

v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).

49 Reglas de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V.
KLCE202300612 12

(a) Inmediatamente después de archivarse en autos copia de 

la notificación del registro y archivo de una orden, 

resolución o sentencia, el Secretario o la Secretaria 

notificará tal archivo en la misma fecha a todas las partes 

que hayan comparecido en el pleito en la forma 

preceptuada en la Regla 67. El depósito de la notificación 

en el correo será aviso suficiente a todos los fines para los 

cuales estas reglas requieran una notificación del archivo 

en autos de una orden, resolución o sentencia.

(b) El Secretario o Secretaria notificará a la última dirección 

que se haya consignado en el expediente por la parte que 

se autorrepresenta o a la dirección del abogado o abogada 

que surge del registro del Tribunal Supremo para recibir 

notificaciones, en cumplimiento con la Regla 9 de este 

apéndice, toda orden, resolución o sentencia que de 

acuerdo con sus términos deba notificarse a las partes que 

hayan comparecido en el pleito.50

Los incisos (a) y (b) de la Regla 65.3 antes citada, está 

diseñada para las partes que comparecen en el pleito. Ahora, en lo 

que respecta a la controversia que nos ocupa, la Regla 65.3 (c) de 

Procedimiento Civil,51 distingue el caso de partes en rebeldía cuando 

hayan comparecido en autos o cuando nunca hayan comparecido. 

Veamos el primer caso:

(c) En el caso de partes en rebeldía que hayan 

comparecido en autos, el Secretario o Secretaria le 

notificará toda orden, resolución o sentencia a la última 

dirección que se haya consignado en el expediente por la 

parte que se autorepresenta o a la dirección del abogado o 

abogada que surge del registro del Tribunal Supremo para 

recibir notificaciones, en cumplimiento con la Regla 9. 

[...].

52

Nótese, que lo antes dicho está pensado para un caso en que 

cualesquiera de las partes [demandante o demandado] en rebeldía 

haya comparecido en autos. Lo cual, obliga al Secretario del 

Tribunal a notificarle de toda orden, resolución o sentencia a la 

última dirección que se haya consignado en el expediente por la parte 

que se autorepresenta o a la dirección del abogado o abogada que 

surge del registro del Tribunal Supremo para recibir notificaciones.

Por otra parte, la misma Regla 65.3(c) atiende el caso de una

parte demandada en rebeldía que fue emplazada por edicto y que 

50 32 LPRA Ap. V., R. 65.3 (a)(b). Énfasis nuestro.

51 32 LPRA Ap. V., R. 65.3 (c).

52 Id. Énfasis nuestro.
KLCE202300612 13

nunca haya comparecido en autos o de partes demandadas 

desconocidas:

... [E]n el caso de partes en rebeldía, que hayan sido 

emplazadas por edictos y que nunca hayan 

comparecido en autos o de partes demandadas 

desconocidas, el Secretario o Secretaria expedirá un aviso de 

notificación de sentencia por edictos para su publicación por 

la parte demandante. [...]Todos los términos comenzarán a 

computarse a partir de la fecha de la publicación del edicto, la 

cual deberá acreditarse mediante una declaración jurada del 

(de la) administrador(a) o agente autorizado(a) del periódico, 

acompañada de un ejemplar del edicto publicado. [...]. 53

Surge de la referida Regla 65.3 (c) que, las partes demandadas

antes dicha, el Secretario del Tribunal vendrá obligado a notificar 

únicamente la Sentencia, y lo hará por edictos.

Por su parte, la Regla 67.1 de Procedimiento Civil,

54 esboza 

sobre cuándo se requiere la notificación de los escritos. Dicha regla 

enuncia lo siguiente:

Toda orden emitida por el tribunal y todo escrito presentado 

por las partes será notificado a todas las partes. La 

notificación se efectuará el mismo día en que se emita la orden 

o se presente el escrito.

No será necesario notificar a las partes en rebeldía por 

falta de comparecencia, excepto que las alegaciones en 

que se soliciten remedios nuevos o adicionales contra dichas 

partes se les notificará en la forma dispuesta en la Regla 4.4 

o, en su defecto, por la Regla 4.6, para diligenciar 

emplazamientos.55

La aludida Regla 67.1 obliga tanto al tribunal como a las 

partes, a notificar toda orden o escrito respectivamente. Nótese, que 

la parte en rebeldía por falta de comparecencia; es decir, que nunca 

compareció, no hay la obligación de notificarle la orden del tribunal 

o el escrito de la parte, excepto, cuando se trata de remedios nuevos 

o adicionales contra dicha parte rebelde.

Nuestro Alto Foro Judicial esbozó en el caso Banco Popular v. 

Andino Solís, 192 DPR 172 (2015) sobre la mencionada Regla 67.1

que: “[c]uando una parte fue debidamente emplazada y no 

compareció, no es necesario que se le notifique toda alegación

subsiguiente a la demanda original. ... [S]in embargo, cuando la 

53 Id. Énfasis nuestro.

54 32 LPRA Ap. V., R. 67.1.

55 Id. Énfasis nuestro.
KLCE202300612 14

parte comparece se deben enviar todas las notificaciones

correspondientes, aun cuando se le haya anotado la rebeldía”.56

-CComo norma general, en nuestro sistema de derecho existe 

una presunción de capacidad.

57 Ahora, cuando se alegue la falta de 

capacidad —absoluta o parcial— de una persona mayor de edad o 

de un menor emancipado, se puede solicitar su incapacitación.58 La 

misma puede ser solicitada por “[e]l cónyuge, siempre que convivan 

a la fecha de la solicitud; los progenitores; y, en todos los casos, 

cualquier pariente con plena capacidad de obrar que tenga derecho a 

sucederle o el defensor judicial que el tribunal designe” para ese fin.

59

De su parte, el Ministerio Público deberá solicitar la declaración de 

incapacitación: 

(a) cuando le sea requerido por alguna persona con interés en 

el bienestar y la seguridad personal del menor o del alegado 

incapaz, si las personas llamadas a hacerlo no inician 

oportunamente el procedimiento; 

(b) cuando se trata de una persona que representa un peligro 

para su propia seguridad física o para la de otras personas; 

(c) cuando no se conoce o no existe ninguna de las personas 

mencionadas en el artículo precedente; y 

(d) cuando el heredero del alegado incapaz es menor de edad 

o carece de la capacidad de obrar necesaria para comparecer 

en juicio.60

Una vez se alegue la falta de capacidad de un mayor de edad 

o de un menor emancipado, el tribunal deberá evaluar su estado 

mental y, si así lo determina y encuentra conveniente, puede

designar un defensor judicial.61

En ese sentido, un defensor judicial es “un tutor especial si se 

quiere, nombrado [por el tribunal] para que represente a un 

incapacitado o a un menor en un pleito en específico”.

62 Es decir, es 

56 Banco Popular v. Andino Solís, 192 DPR 172, 180 (2015) citando a Alamo v. 

Supermercado Grande, Inc., 158 DPR 93, 105 esc. 9 (2002). Énfasis nuestro.

57 31 LPRA sec. 5601.; Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 157 (2000).

58 Artículo 110 del Código Civil de Puerto Rico de 2020, 31 LPRA sec. 5631.

59 Id.

60 Artículo 111 del Código Civil de Puerto Rico de 2020, 31 LPRA sec. 5632.

61 Rivera y otros v. Bco. Popular, supra, pág. 159.

62 Rivera Marrero v. Santiago Martínez, 203 DPR 462, 486 (2019), citando en 

aprobación a Crespo v. Cintrón, 159 DPR 290, 300 (2003); R & G Premier Bank PR 

v. Registradora, 158 DPR 241, 248 (2002); Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 
KLCE202300612 15

el nombramiento del defensor judicial es ad litem. Este

nombramiento procede en virtud del parens patriae que ostenta el 

Estado, cuyo objetivo principal es asegurar el bienestar de los 

menores o incapacitados.63 Por ello, el defensor judicial está 

facultado a levantar aquellos planteamientos que entienda 

procedentes y pertinentes a favor y en beneficio del incapacitado al 

que representa. 

Cónsono con lo antes dicho, la Regla 15.2 de Procedimiento 

Civil,64 “[r]econoce la facultad de los tribunales para nombrar un 

defensor judicial que represente a un menor de edad o a una persona 

incapacitada judicialmente en una causa de acción cuando lo juzgue 

conveniente o esté dispuesto por ley”.

65 En lo pertinente a nuestra 

controversia, la citada Regla 15.2 en el inciso (a) dispone:

Regla 15.2. Menores y personas incapacitadas

(a) Un o una menor deberá comparecer por medio de su padre 

o madre con patria potestad o, en su defecto, por medio de su 

tutor o tutora general. Una persona mayor de edad o 

emancipada que esté judicialmente incapacitada deberá 

comparecer por medio de su tutor o tutora general. Sin 

embargo, el tribunal podrá nombrarle un defensor o una 

defensora judicial a cualquier menor o persona incapacitada 

judicialmente siempre que lo juzgue conveniente o esté 

dispuesto por ley. 

(b) En los casos previstos en la última oración de la Regla 

4.4(c),

66 y en la Regla 22.2,67 el tribunal determinará sobre el 

estado mental de la parte y si es conveniente y procede el 

nombramiento de un defensor o una defensora judicial.

Nótese, el inciso (a) de la referida regla contempla que, si la 

capacidad de una persona está restringida por alguna condición, ya 

sea minoría de edad, demencia, prodigalidad, o cualquier otra, 

140, 159 (2000) y Fernández Martínez v. Tribunal Superior, 89 DPR 754, 758

(1964).

63 Rivera Marrero v. Santiago Martínez, 203 DPR 462, 486 (2019).; Crespo v. 

Cintrón, 159 DPR 290, 300 (2003).; R & G Premier Bank PR v. Registradora, 158 

DPR 241, 248 (2002).

64 32 LPRA Ap. V, R.15.2.

65 Crespo v. Cintrón, supra.; Rivera Marrero v. Santiago Martínez, supra, en la pág. 

489.

66 La Regla 4.4 inciso (c) le impone a la parte demandante, a su abogado o a la 

persona que diligencie el emplazamiento, el deber de notificar al tribunal cuando 

tenga fundamento razonable para creer que la persona que será emplazada está 

incapacitada mentalmente, para que el tribunal proceda de acuerdo con lo 

dispuesto en la Regla 15.2(b). 32 LPRA Ap. V, R. 4.4 (c).

67 La Regla 22.2 de Procedimiento Civil esboza que si una parte queda 

incapacitada, previa moción, el tribunal podrá permitir que el pleito continúe por 

o contra su defensor judicial. 32 LPRA Ap. V, R. 22.2.
KLCE202300612 16

queda a discreción del tribunal —si es conveniente y procede—

nombrarle un defensor judicial.68 Bajo ese criterio de conveniencia,

el tribunal tiene la discreción de establecer cualquier otra medida 

para proteger los intereses de la parte incapacitada, a la vez que 

procura que el caso sea resuelto de una manera justa, rápida y 

económica.69

Distinto al nombramiento ad litem del defensor judicial, el 

nombramiento del tutor abarca una gama mayor de 

responsabilidades de tutela sobre la persona incapaz. El artículo 

122 del Código Civil de Puerto Rico,

70 define y establece el objeto de 

la tutela.

Artículo 122. — Tutela; definición y objeto. 

La tutela confiere a una persona natural o jurídica la 

autoridad para representar y asistir a otra que, sin estar 

sujeta a la patria potestad, tiene restringida la capacidad de 

obrar por razón de su minoridad o por las causas que declara 

la ley.

La tutela tiene por objeto la guarda y la representación 

de la persona incapaz y la administración de sus bienes, o 

solamente la administración de los bienes, según las 

limitaciones que determina la sentencia y las exigencias del

régimen tutelar al que queda sometida.

Las funciones tutelares constituyen un deber, se 

ejercen en beneficio del tutelado y están bajo la salvaguarda 

de la autoridad judicial.71

De igual forma, el Código Civil,

72 dispone quien puede ser 

llamado tutor del incapaz mayor de edad.73 La designación se hará 

en el orden de preferencia asignada por el Código y en atención al 

interés óptimo del incapaz.74

Una vez se nombra a una persona tutor, éste representa al 

tutelado en todos los actos jurídicos que requieran su 

consentimiento, exceptuando los que dispone la ley o la sentencia 

68 Rivera Marrero v. Santiago Martínez, 203 DPR 462, 489 (2019); Rivera y otros v. 

Bco. Popular, supra, pág. 159.

69 Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V.

70 31 LPRA sec. 5661.

71 Id.

72 Ley Núm. 55 de 1 de junio de 2020, según enmendado, conocida Código Civil 

de Puerto Rico de 2020, 31 LPRA sec. 5311 et seq.

73 31 LPRA sec. 5683.

74 Id.
KLCE202300612 17

de incapacitación.75 Según impone el Código Civil en su Artículo 

158,76 el tutor tiene que cumplir con las siguientes obligaciones;

(a) ejercer la tutela con la diligencia propia de una persona 

prudente y razonable que exijan las circunstancias 

particulares de su cargo; 

(b) rendir cuentas periódicas sobre el desarrollo de su gestión 

en el plazo y condiciones que ordena la sentencia; 

(c) alimentar y educar al tutelado, con arreglo a su condición 

y con estricta sujeción a las disposiciones de los progenitores 

o a las que, a falta de ellas, ha adoptado el tribunal; 

(d) en el caso de menores de edad, corregirlos y disciplinarlos 

moderadamente; 

(e) procurar, por cuantos medios proporciona la fortuna del 

incapaz, que este adquiera su plena capacidad de obrar o la 

recobre, se rehabilite de la dependencia o trastorno emocional 

o físico que lo sujeta a la tutela y logre su mejor inserción en 

la sociedad; 

(f) dirigir y asistir a la persona que hará el inventario y el 

avalúo de los bienes a que se extiende la tutela, dentro del 

plazo que señale el tribunal; y 

(g) rendir las cuentas periódicas y las finales, al terminar el 

cargo.77

Además de las obligaciones esbozadas, el tutor tiene los 

siguientes deberes con su tutelado:

(a) someterlo al tratamiento que requiere su condición; 

(b) darle una carrera u oficio determinado, si ello no ha sido 

ordenado por los progenitores; 

(c) procurar los rendimientos propios del patrimonio y 

colocarlos en inversiones seguras, después de cubrir las 

obligaciones de la tutela; 

(d) proceder a la división de la herencia o de otros bienes que 

el tutelado posea en común con otros titulares; 

(e) iniciar en nombre y en representación del tutelado toda 

acción legal en la que el tutor no tenga intereses encontrados; y 

(f) realizar cualquier gestión que convenga al interés óptimo 

del tutelado y que agilice la atención de sus asuntos 

personales y económicos. 

Estas actuaciones están sujetas a las limitaciones que 

la ley dispone y a las medidas de control que establezca el 

tribunal. En caso de duda sobre el alcance de la gestión, la 

actuación del tutor se entiende limitada a los actos propios de 

un administrador.78

-IIIEsbozado el derecho aplicable, atendamos las controversias 

planteadas ante nos. 

En primer orden, debemos atender una cuestión 

jurisdiccional sobre la falta de notificación de las resoluciones del 

75 31 LPRA sec. 5721; Véase, ASR v. Ex Parte Proc. Rel. Fam., 196 DPR 944, 952 

(2016).

76 31 LPRA sec. 5723.

77 31 LPRA. sec. 5723.

78 31 LPRA sec. 5729.
KLCE202300612 18

TPI, y del presente recurso legal, a la codemandada en rebeldía,

Dolores Rodríguez Colón. 

Surge del expediente, que al inicio del pleito la señora Dolores 

Rodríguez Colón compareció como parte demandante, sin embargo, 

el 4 de agosto de 2022 expresó que no deseaba continuar como parte 

del pleito. Ante esto, el TPI expresó que se trataba de una parte 

indispensable en el pleito y debía ser traída como parte demandada. 

Así, la parte peticionaria conocía que la dirección residencial 

de la codemandada era en el estado de Illinois, por lo que se emitió 

y diligenció emplazamiento por edicto —incluso copia de la demanda 

se le envió a través de correo certificado con acuse de recibo a la 

dirección de 809 W. 6ht. St. Kewanee, Illinois 61443— y no fue 

reclamada ni contestada. En consecuencia, el 13 de enero de 2023

se le anotó rebeldía a la codemandada Dolores Rodríguez Colón por 

no comparecer a los procesos. 

A tono con lo antes dicho y el derecho esbozado, no hay duda 

de que la señora Dolores Rodríguez Colón nunca ha comparecido 

como parte demandada en este pleito, razón por la cual la parte 

peticionaria no está obligada a notificarle el presente recurso de 

certiorari a la codemandada. De igual modo, tampoco el TPI está

obligado de notificarle la Resolución interlocutoria recurrida. Razón 

por la cual, contamos con jurisdicción para atender esta 

controversia.

En segundo orden, la parte peticionaria señala —en 

síntesis— que el TPI erró al adoptar las medidas cautelares 

solicitadas por el defensor judicial para paralizar procesos judiciales 

hasta tanto se celebre un procedimiento de incapacidad y tutela de 

la codemandante Sandra Rodríguez Maldonado. Tiene razón. 

Explicamos.

Primeramente, para todos los efectos prácticos la Resolución 

recurrida relevó al licenciado Molina López de su nombramiento 
KLCE202300612 19

como defensor judicial de la incapaz, Sandra Rodríguez Maldonado 

en este pleito. Ello en contravención a la normativa de que al 

nombrar un defensor judicial el caso sea resuelto de una manera 

justa, rápida y económica.79

En segundo lugar, la paralización y orden para que se nombre 

un tutor a la señora Sandra Rodríguez Maldonado no resulta 

razonable cuando ya, el TPI determinó que es una persona incapaz 

de velar por sus intereses en este pleito, y le nombró al licenciado 

Molina López como su defensor judicial que, precisamente tiene la 

obligación de velar por dichos intereses.

En tercer lugar, el licenciado Molina López fue nombrado 

defensor judicial por el TPI y se le indicó que debía continuar con 

esta obligación, a pesar de que su práctica es en el ámbito 

corporativo. No obstante, la figura del defensor judicial no conlleva

un conocimiento técnico o complicado que el licenciado Molina no 

pueda ejecutar. Como es sabido el defensor judicial está facultado a 

levantar aquellos planteamientos que entienda procedentes y 

pertinentes a favor y en beneficio del incapacitado al que representa. 

A eso, fue asignado el licenciado Molina López en este caso. 

Independiente de su expertis laboral, en este proceso le corresponde

velar los intereses de la señora Sandra Rodríguez Maldonado 

referente a este litigio. En ese sentido, no vemos excusa alguna para 

que el licenciado Molina cumpla con su deber. Advertimos que el 

Canon 1 del Código de Ética Profesional establece como obligación 

fundamental de todo abogado luchar continuamente para garantizar 

que toda persona tenga acceso a la representación capacitada, 

íntegra y diligente de un miembro de la profesión legal.80

Evaluada la totalidad del expediente, la Resolución recurrida 

y el derecho aplicable, es forzoso concluir que el TPI incidió al 

79 Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V.

80 4 LPRA Ap. IX.
KLCE202300612 20

paralizar los procesos pese a haber nombrado un defensor judicial 

que protegerá y velará los intereses de la incapaz Sandra Rodríguez 

Maldonado. Como bien mencionamos, en los procesos se busca la 

solución, justa, rápida y económica de los procesos. En este caso, la 

paralización de los procesos no es la solución adecuada, cuando ya 

se ha nombrado un defensor judicial.

A tenor con lo expuesto, se expide el auto de certiorari y se 

revoca la Resolución recurrida.

-IVPor lo fundamentos antes expuestos, se expide el certiorari 

epígrafe y se revoca la Resolución del TPI. Se ordena la continuación 

de los procedimientos sin más dilaciones, conforme a lo aquí 

resuelto.

Lo acordó el Tribunal y certifica la secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones