Número Identificador

SEN2024________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL I

EDWIN FRANQUI 

MARRERO

Peticionario

V.

DEPARTAMENTO DE 

CORRECCIÓN Y 

REHABILITACIÓN

Recurrido

KLRA202300581

Revisión 

Administrativa

procedente de la 

Negatoria de 

Programa de PreReinserción a la Libre 

Comunidad

Núm. De Confinado: 

6-54702

Sobre:

Revisión 

Administrativa

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, Juez 

Pagán Ocasio y el Juez Marrero Guerrero.

Marrero Guerrero, juez ponente

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de enero de 2024.

Comparece por derecho propio y de forma pauperis ante este 

Tribunal el Sr. Edwin Franqui Marrero (en adelante, señor Franqui 

Marrero o peticionario), quien se encuentra confinado bajo la 

custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación (en 

adelante, DCR o parte recurrida). Solicita que revoquemos la

Evaluación Programa de Pre-Reinserción [a la Libre Comunidad]

emitida por el DCR el 17 de agosto de 2023 y notificada el 26 de 

septiembre de 2023.

1 Mediante dicha resolución, la parte recurrida 

denegó al peticionario participar del Programa de Pre-Reinserción a 

la Libre Comunidad, debido a la inviabilidad del hogar propuesto. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la determinación del DCR. Explicamos. 

I.

El 9 de febrero de 2023, la parte recurrida remitió a 

investigación el plan de salida presentado por el señor Franqui 

1 Apéndice del Escrito en cumplimiento de resolución del DCR, Anejo 1, pág. 10.
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Marrero con el fin de participar en el Programa de Pre-Reinserción a 

la Libre Comunidad (en adelante, Programa) del DCR.2 Como parte 

de este procedimiento, el DCR llevó a cabo una evaluación de la 

viabilidad del hogar propuesto por el señor Franqui Marrero, 

destinado para el disfrute de pases extendidos en la libre comunidad 

y pernoctar regularmente con sus familiares. La residencia incluida 

en el plan de salida del peticionario se encuentra ubicada en el 

Barrio Maleza del municipio de Mayagüez. El DCR también recibió

el insumo de las víctimas de los delitos por los cuales el señor 

Franqui Marrero se encuentra confinado. Además, examinó un 

informe que detalla la participación del peticionario en las terapias 

Aprendiendo a Vivir sin Violencia.

Así las cosas, el 3 de marzo de 2023, el DCR suscribió el 

Informe [de Investigación del] Programa Pre-Reinserción [a la libre 

comunidad] (en adelante, Informe de Investigación).3 En síntesis, la 

parte recurrida detalló en dicho informe que: (1) el señor Franqui

Marrero propuso el hogar de su hermano, el señor David Franqui 

Marrero; (2) al investigar el hogar propuesto por el peticionario, el 

mismo está siendo ocupado únicamente por la señora Verónica 

Martínez Vizcarrondo; (3) la señora Martínez Vizcarrondo es 

excuñada del señor Franqui Marrero, tiene cincuenta y tres (53) 

años y es paciente de desprendimiento de la retina; (4) el hermano 

del peticionario se encuentra cumpliendo pena de cárcel por varios 

delitos, incluyendo cargos bajo la Ley Núm. 54 de 1989, conocida 

como la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia 

Doméstica, donde la persona perjudicada en el caso fue, 

precisamente, la señora Martínez Vizcarrondo; y (5) los ingresos 

mensuales del hogar son de $1,730.00, mientras que los gastos 

2 Íd., Anejo 1, págs. 1-2.

3 Íd., págs. 7-8.
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ascienden a $555.00, contemplando únicamente el canon de 

alquiler de la propiedad y los servicios esenciales.

En cuanto a la opinión de la señora Martínez Vizcarrondo 

sobre la residencia propuesta por el peticionario, según el Informe 

de Investigación, se determinó que ella accedió a recibirlo en su 

hogar a pesar de no conocerlo personalmente. La señora Martínez 

Vizcarrondo expresó su deseo de que el peticionario sea liberado de 

la institución carcelaria con una alguna oportunidad de empleo para 

que solo regrese al hogar a dormir. También expuso que necesitaría 

que el señor Franqui Marrero se hiciera cargo de sus gastos y se 

encargara de mantener ordenado el espacio que ocupara.4 En 

cambio, la opinión de la comunidad fue mixta, ya que algunas 

personas expresaron su oposición debido a la naturaleza de los 

delitos y otras se mantuvieron neutrales.

5

El 10 de febrero de 2023, el DCR emitió una Certificación de 

Notificación [a las víctimas de delito]. En esta, detalló que las

reacciones de las personas que fueron víctimas de los delitos 

cometidos por el señor Franqui Marrero, ante la posibilidad de que 

el peticionario participara del Programa, fueron similares a la de los 

vecinos de la comunidad de Mayagüez.6

De igual manera, el DCR elaboró el Informe Final de Ajuste y 

Progreso de Terapias donde especificó que la experiencia del señor 

Franqui Marrero fue positiva, alcanzando un índice de progreso final 

de ochenta y tres (83).7 Este índice fue considerado “bueno” en la 

evaluación del peticionario.

Finalmente, el 17 de agosto de 2023, el DCR emitió el 

Resumen Evaluación [del] Programa de Pre-Reinserción [a la Libre 

Comunidad] mediante el cual declaró “no favorable” la admisión del 

4 Íd., pág. 7.

5 Íd., pág. 8.

6 Íd., pág. 4.

7 Íd., págs. 5-6.
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señor Franqui Marrero al Programa.8 El DCR fundamentó esa 

decisión en la ausencia de evidencia en el expediente administrativo 

que indique que el peticionario no constituiría un riesgo para su 

propia seguridad, la de posibles compañeros, la de la comunidad 

donde compartiría regularmente con su familia o la de las víctimas 

de los delitos por los cuales fue condenado. Además, el DCR 

particularizó que “[d]e la investigación realizada por el Negociado de 

Comunidad se desprende que el [h]ogar [propuesto] no es viable”.9

Inconforme con la decisión, acude el peticionario ante este 

foro y alega que la decisión fue irrazonable. Sostiene que su 

excuñada es una persona íntegra y moral, sin antecedentes penales, 

mayor de edad y dispuesta a brindar apoyo en su reintegración a la 

libre comunidad. Respecto a los vecinos, afirmó que estos no lo 

conocen personalmente y sugiere que cualquier preocupación sobre 

el riesgo que pueda representar su presencia en la comunidad debe 

ser respaldada por evidencia documentada. Asegura que la 

residencia cuenta con servicios básicos como agua, luz y telefonía, 

además de contar con una habitación asignada para él. Asimismo, 

niega la presencia de personas de dudosa reputación en la 

residencia o la operación de negocios de venta de bebidas 

alcohólicas en sus cercanías. Por último, destaca que las víctimas 

de los delitos por los cuales fue condenado residen en municipios 

diferentes al hogar propuesto en su plan de salida. En consecuencia,

solicita que revoquemos la decisión administrativa impugnada y 

ordenemos una reevaluación imparcial y justa.

Por su parte, en su comparecencia el DCR sostuvo que la 

negativa de no permitir la participación del señor Franqui Marrero 

en el Programa se fundamenta en la inviabilidad del hogar propuesto 

8 Íd., págs. 9-10. Cabe señalar que, el dictamen fue notificado al peticionario el 26 

de septiembre de 2023.

9 Íd.
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en su plan de salida. Afirma que el peticionario carece de evidencia 

sustancial en el expediente administrativo que tienda a rebatir la 

presunción de corrección y legalidad que respalda la decisión 

administrativa. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a detallar la normativa aplicable en este caso. Veamos. 

II.

Es norma conocida que los tribunales apelativos debemos 

otorgar amplia deferencia a las decisiones emitidas por las agencias 

administrativas, puesto que estas cuentan con vasta experiencia y 

pericia para atender aquellos asuntos que se les han sido delegados 

por la Asamblea Legislativa. Oficina de Ética Gubernamental v. 

Martínez Giraud, 210 DPR 79, 88-89. (2022); Super Asphalt v. AFI y 

otros, 206 DPR 803, 819 (2021); Graciani Rodríguez v. Garaje Isla 

Verde, 202 DPR 117, 126 (2019); Rolón Martínez v. Supte. Policía, 

201 DPR 26, 35 (2018); Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 

626 (2016); Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 

940 (2010). Por estas razones, dichas determinaciones suponen 

una presunción de legalidad y corrección, que a los tribunales nos 

corresponde respetar, mientras la parte que las impugne no 

presente prueba suficiente para derrotarlas. Oficina de Ética 

Gubernamental v. Martínez Giraud, supra; Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores, 185 DPR 206, 216 (2012). No obstante, tal norma no es 

absoluta, por lo que nuestro Máximo Foro ha enfatizado que no 

podemos imprimirle un sello de corrección, so pretexto de 

deferencia, a las determinaciones administrativas que sean 

irrazonables, ilegales o contrarias a derecho. 

Por esa misma línea, en Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, 

196 DPR 606, 628 (2016), nuestro Tribunal Supremo resumió las 

normas básicas en torno al alcance de la revisión judicial de la forma 

siguiente:
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Los tribunales deben deferencia a las decisiones de una 

agencia administrativa, pero tal deferencia cederá 

cuando: (1) la determinación administrativa no está 

basada en evidencia sustancial; (2) el ente 

administrativo erró en la aplicación o interpretación de 

las leyes o reglamentos que se le ha encomendado 

administrar; (3) el organismo administrativo actuó 

arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando 

determinaciones carentes de una base racional, o (4) la 

actuación administrativa lesionó derechos 

constitucionales fundamentales. Es importante destacar 

que si el tribunal no se encuentra frente a alguna de esas 

situaciones, aunque exista más de una interpretación 

razonable de los hechos procede que se valide la 

interpretación que realizó la agencia administrativa 

recurrida.

Del mismo modo, la Sec. 4.5 de la Ley Núm. 38 del 30 de junio 

de 2017, 3 LPRA 9675, conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), 

estableció el marco de revisión judicial de las agencias 

administrativas. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra. La 

intervención del tribunal se limita a tres áreas, a saber: (1) si el 

remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las 

determinaciones de hecho que realizó la agencia están sostenidas 

por evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo 

visto en su totalidad, y (3) si las conclusiones de derecho del ente 

administrativo fueron correctas. Íd.; Oficina de Ética Gubernamental 

v. Martínez Giraud, supra; Torres Rivera v. Policía de 

PR, supra; Nobbe v. Jta. Directores, supra; Sec. 4.5 de la LPAU, 3 

LPRA sec. 9675. Por lo tanto, aquellas determinaciones de hechos 

formuladas por el ente administrativo deberán sostenerse cuando 

estén basadas en evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo considerado en su totalidad. Oficina de Ética 

Gubernamental v. Martínez Giraud, supra; Super Asphalt v. AFI y 

otros, supra.

Ahora bien, las determinaciones de derecho pueden ser 

revisadas en su totalidad. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, 

pág. 36; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 627; Sec. 4.5 
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LPAU, 3 LPRA sec. 9675. No obstante, los tribunales deberán darles 

peso y deferencia a las interpretaciones que la agencia realice de 

aquellas leyes particulares que administra. Rolón Martínez v. Supte. 

Policía, supra; Torres Rivera v. Policía de PR, supra. Esto, pues el 

Tribunal Supremo ha dispuesto que la deferencia que le deben los 

tribunales a la interpretación que haga el ente administrativo sobre 

aquellas leyes y reglamentos que le corresponde poner en vigor, cede 

si la agencia: (1) erró al aplicar la ley; (2) actuó arbitraria, irrazonable 

o ilegalmente, o (3) lesionó derechos constitucionales 

fundamentales. Íd; Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez 

Giraud, supra. 

Finalmente, destacamos que el criterio administrativo no 

podrá prevalecer en aquellas instancias donde la interpretación 

estatutaria realizada por una agencia provoque un resultado 

incompatible o contrario al propósito para el cual fue aprobada la 

legislación y la política pública que promueve. Lo anterior ya que la 

deferencia judicial al expertise administrativo, concedido cuando las 

agencias interpretan la ley, tiene que ceder ante actuaciones que 

resulten irrazonables, ilegales o que conduzcan a la comisión de una 

injusticia. Íd.

B.

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

establece como política pública del Estado la reglamentación de las 

instituciones penales con el objetivo de facilitar la rehabilitación 

moral y social. Artículo IV, Sec. 19, LPRA Tomo I. Para dar 

cumplimiento a este mandato, la Asamblea Legislativa otorgó al 

Secretario o la Secretaria del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (DRC), entre otras atribuciones, la autoridad para 

adoptar, establecer, desarrollar e implementar reglas, reglamentos, 

órdenes, manuales, normas y procedimientos, con el propósito de 

supervisar el funcionamiento eficaz del Departamento y de los 
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programas y servicios que ofrece. Plan de Reorganización del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011, según 

enmendado, 3 LPRA Ap. XVIII, Art. 7 (aa). 

En virtud de lo anterior, el DCR implementó el Programa de 

Pre-Reinserción a la Libre Comunidad (Programa). A través de dicho 

programa, los miembros de la población correccional convivirían en 

una facilidad correccional, experimentando un ambiente similar a 

las condiciones que enfrentarían al reintegrarse a la libre 

comunidad. OA-DCR-2018-07, pág. 5. Asimismo, el enfoque 

principal del Programa es proporcionar a las personas recluidas

oportunidades laborales, programas educativos o de tratamientos,

así como promover el desarrollo de habilidades que faciliten su 

reintegración en la sociedad. Íd.

Como parte de la evaluación de los candidatos al Programa, 

se recoge el insumo de las víctimas de los delitos por los cuales 

fueron sentenciados. Íd., págs. 13 y 19-22. Además, se recopila 

información confiable que evidencie que el miembro de la población 

correccional no representa un riesgo para su propia seguridad, la de 

sus compañeros, la comunidad y las víctimas o partes perjudicadas. 

Íd., págs. 9-10. 

Con el propósito de ingresar al Programa, la persona 

confinada suscribirá un contrato con el DCR, mediante el cual se 

comprometerá a cumplir con las condiciones que le sean 

impuestas. Íd., págs. 10-11. En este contexto, cualquier violación 

por parte del miembro de la población correccional a las condiciones 

impuestas resultará en su reingreso a prisión para cumplir con el 

resto de su condena. Íd.

Además, como parte integral del Programa, las personas que 

se encuentran confinadas podrían beneficiarse de pases de salida 

para compartir con sus familiares. Íd., pág. 32. Esta alternativa 

abarca la posibilidad de que los participantes del Programa 
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pernocten fuera de la institución penal. Por lo tanto, cada candidato 

es evaluado de acuerdo con el Reglamento Núm. 7595 del DCR del 

28 de octubre de 2008, Reglamento para la Concesión de Permisos 

a los Miembros de la Población Correccional para Salir a Residir 

Fuera de las Institucionales Correccionales (Reglamento Núm. 

7595). Íd. Este cuerpo reglamentario también establece la necesidad 

de realizar una investigación de campo para cotejar la disponibilidad

e idoneidad del hogar propuesto para las visitas familiares. 

Reglamento Núm. 7595, Art. VIII. A.1.b, supra. Este proceso 

investigativo implica obtener la opinión de los vecinos del hogar 

propuesto, así como de las víctimas o partes perjudicadas.

Por último, es importante destacar que, la supervisión fuera 

de la institucional carcelaria de los participantes del programa se

llevará a cabo a través del mecanismo de supervisión electrónica, la 

cual será sufragada por el participante o por sus familiares. 

Íd., págs. 10 y 15. De igual forma, estas personas serán sometidas

periódicamente a pruebas de dopaje, las cuales serán costeadas por 

el participante del Programa o por sus familiares. Íd., págs. 15-16.

III.

En el presente caso, debemos determinar si el DCR incidió al 

denegarle al peticionario participar del Programa de Pre-Reinserción 

a la Libre Comunidad, debido a la inviabilidad del hogar propuesto.

Es harto conocido que los Tribunales debemos ser deferentes 

en torno a las decisiones administrativas, pero tal deferencia cederá 

cuando la determinación no esté basada en evidencia sustancial, 

cuando el ente administrativo haya errado en la aplicación de la ley

y cuando la actuación resulte arbitraria, irrazonable e ilegal. Torres 

Rivera v. Policía de Puerto Rico, supra. Sin embargo, tras una 

evaluación exhaustiva del expediente bajo nuestra consideración y 

de la normativa aplicable al caso, no encontramos razones que

justifiquen renunciar a la deferencia otorgada a la decisión
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administrativa. En consecuencia, llegamos a la conclusión de que el 

DCR no incidió en su decisión. Explicamos a continuación.

Según se desprende del Informe de Investigación, la señora 

Martínez Vizcarrondo no conoce personalmente al señor Franqui 

Marrero.

10 Este escenario llama la atención, ya que no es común ni 

razonable abrir las puertas del hogar, para residir bajo el mismo 

techo, a personas a quienes desconocemos. Además, al poner a 

disposición su hogar, la señora Martínez Vizcarrondo estaría 

aceptando ciertas responsabilidades estipuladas por el Programa

con respecto al señor Franqui Marrero, a pesar de no conocerlo 

personalmente. Esto suscita dudas sobre si la señora Martínez 

Vizcarrondo podría realmente asumir la responsabilidad que implica

supervisar al peticionario y cubrir todos aquellos gastos que, por 

alguna razón, este no pueda sufragar.

En otra instancia, se desprende del Informe de Investigación

que, la señora Martínez Vizcarrondo enfrentó problemas legales con 

el hermano del peticionario bajo la Ley Núm. 54 de 1989. El DCR

podía razonablemente concluir, al evaluar todo lo antes 

mencionado, que el hogar propuesto por el peticionario no era 

viable.

IV.

Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la 

determinación administrativa notificada por el DCR al señor Franqui 

Marrero.

Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

10 Íd., pág. 7.