Número Identificador: 

SEN2024___________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VI

ALEXANDRA M. CRUZ 

BONILLA, LUIS 

RODRÍGUEZ LEBRÓN, 

ALEXANDRA M. CRUZ 

BONILLA EN 

REPRESENTACIÓN DE 

LA MNOR A.I.R.C., 

COMO MADRE CON 

PATRIA POTESTAD Y 

CUSTODIA Y OTROS 

Apelante 

v.

MAYAGÜEZ ACADEMY, 

CORP., LEARN 

LANGUAGE CENTER, 

CORP. H/N/C 

MAYAGÜEZ ADADEM, 

JOEL HERNÁNDEZ 

MARTÍNEZ Y OTROS

Apelados

KLAN202400634

Apelación 

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Mayagüez

Caso Civil Núm. 

MZ2023CV01374

Salón 306

Sobre:

Daños y Perjuicios

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez 

Rivera Torres, la Jueza Rivera Pérez y el Juez Campos Pérez

Rivera Pérez, Jueza Ponente.

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de agosto de 2024

Comparece la Sra. Alexandra M. Cruz Bonilla, el Sr. Luis 

Rodríguez Lebrón, et als., mediante un recurso de Apelación y nos 

solicitan la revisión de la Sentencia Parcial dictada el 30 de abril de 

2024 y notificada el 3 de mayo de 2024 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Mayagüez. Mediante este dictamen, el 

TPI declaró Ha Lugar las respectivas mociones de desestimación 

presentadas por los codemandados Sra. Julymar Ríos Bonilla, Sr. 

Carlos Cordero, M.A.C.R., Sr. Favio A. Vázquez Sepúlveda, Sr. Luis 

J. Rodríguez González y Sr. Elvin M. Vélez Pérez. En consecuencia, 
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se desestimó la causa de acción de daños y perjuicios del presente 

caso en cuanto a estas partes. 

Por los fundamentos que expondremos, se desestima el

presente recurso de apelación.

I

El 8 de agosto de 2023, la Sra. Alexandra M. Cruz Bonilla (en 

adelante, Sra. Cruz Bonilla) y el Sr. Luis Rodríguez Lebrón (en 

adelante, Sr. Rodríguez Lebrón), por sí y en representación de la

Comunidad de Bienes compuesta por ambos y de sus hijos menores

A.I.R.C. y A.E.R.C., presentaron una Demanda sobre daños y 

perjuicios en contra de la Sra. Julymar Ríos Bonilla (en adelante, 

Sra. Ríos Bonilla) y el Sr. Carlos Cordero Ayala (en adelante, Sr.

Cordero Ayala), por sí y en representación de la Sociedad de Bienes 

Gananciales compuesta por ambos y de su hijo menor de edad

M.A.C.R.; Mayagüez Academy, Corp.; Learn Language Center, Corp.; 

el Sr. Joel Hernandez Martínez, su esposa y su Sociedad de Bienes 

Gananciales; la Sra. Jiselle Planadeball Luciano, su esposo y su 

Sociedad de Bienes Gananciales, et als.

1 En síntesis, en la demanda 

se solicitó una indemnización por los daños y perjuicios sufridos por 

la menor A.I.R.C. y sus padres como consecuencia de los alegados

actos de acoso escolar o “bullying” cometidos por el menor M.A.C.R., 

así como por la inacción en la supervisión e implementación de 

medidas disciplinarias de sus padres los codemandados Sra. Ríos

Bonilla y Sr. Cordero Ayala y del personal de la institución educativa

codemandada Mayagüez Academy, Corp.

Luego de varios trámites procesales, los codemandados Sr. 

Favio A. Vázquez Sepúlveda, Sr. Luis J. Rodríguez González y Sr. 

Elvin M. Vélez Pérez presentaron una moción de desestimación,2 a 

1 Véase, Apéndice de la Apelación, a las págs. 1-23.

2 Véase, Apéndice de la Apelación, a las págs. 36-41.
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la cual se opusieron la Sra. Cruz Bonilla y el Sr. Rodríguez Lebrón.3

En síntesis, los codemandados solicitaron la desestimación de la 

causa de acción en cuanto a su carácter personal bajo la Regla 10.2 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2. Al respecto, alegaron 

lo siguiente:

“4. En el presente caso los codemandados Favio 

Alejandro Vázquez Sepúlveda, Luis Jaime Rodríguez 

González y Elvin Manuel Vélez Pérez han sido traídos al 

pleito por el mero hecho de ser esposos de las 

codemandadas Raquel Crespo Rosario, Emily Castillo 

Justiniano y Miriam Quiñones Torres respectivamente 

y por estos estar bajo el régimen de Sociedad de Bienes 

Gananciales, concepto reconocido por nuestro 

ordenamiento. Los mismos no trabajan ni trabajaron al 

momento de los alegados hechos con MAYAG[Ü]EZ 

ACADEMY, CORP., ni con ninguno de los 

codemandantes, codemandados, ni son señalados como 

cocausantes de ningún daño específico en inciso alguno 

de la demanda.”

Por su parte, el 8 de febrero de 2024, la codemandada Sra. 

Ríos Bonilla presentó su respectiva moción de desestimación,

4 a la 

cual posteriormente se unió el Sr. Cordero Ayala.5 En síntesis, la 

Sra. Ríos Bonilla solicitó la desestimación de la demanda en cuanto 

a su hijo menor M.A.C.R. y ella bajo la Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil, supra, alegando que la misma dejaba de exponer una 

reclamación que justificara la concesión de un remedio por no existir 

un nexo causal entre los alegados actos culposos o negligentes que 

se les imputan y los daños sufridos. En respuesta a esta solicitud de 

desestimación, la Sra. Cruz Bonilla y el Sr. Rodríguez Lebrón 

presentaron una Moción en Oposición a Desestimación y a 

Contestación a Demanda el 3 de abril de 2024.

6

Finalmente, el 30 de abril de 2024, notificada el 3 de mayo de 

2024, el TPI dictó la Sentencia Parcial aquí apelada,7 mediante la 

3 Véase, Apéndice de la Apelación, a las págs. 42-45.

4 Véase, Apéndice de la Apelación, a las págs. 57-64.

5 Véase, Apéndice de la Apelación, a las págs. 91-95.

6 Véase, Apéndice de la Apelación, a las págs. 102-104.

7 Véase, Apéndice de la Apelación, a las págs. 113-126.
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cual declaró Ha Lugar las respectivas mociones de desestimación 

presentadas por los codemandados Sra. Julymar Ríos Bonilla, Sr. 

Carlos Cordero, M.A.C.R., Sr. Favio A. Vázquez Sepúlveda, Sr. Luis 

J. Rodríguez González y Sr. Elvin M. Vélez Pérez. En consecuencia, 

se desestimó la demanda del presente caso en cuanto a estas partes. 

En su dictamen, el TPI concluyó y resolvió lo siguiente:

“[...]

En el presente caso, el niño al que se le imputa haber 

incurrido en conducta denominada como bullying tenía 

tres años de edad al momento de la conducta. 

Concluimos que el niño es incapaz de medir las 

consecuencias de sus acciones y/o actuar con intención 

lo cual es el requisito esencial del Bullying tal como 

aparece en su definición.

Aun dando por ciertos todos lo[s] hechos bien alegados 

de la demanda no podemos concluir que [en] el presente 

caso exista una causa de acción que justifique la 

concesión de un remedio en cuanto al menor M.A.C.R., 

su madre o su padre. Como cuestión de realidad, 

nuestro ordenamiento jurídico no sustenta la causa de 

acción incoada. Por otra parte, el menor M.A.C.R. no 

puede ser el causante de los alegados daños sufridos 

por los demandados toda vez que sus acciones no 

pueden ser caracterizadas como intencionales e 

imponerle responsabilidad por las mismas no va acorde 

con su edad, madurez, capacidad e inteligencia a sus 3 

años.

[...]

Aun dando por ciertas las alegaciones de la demanda, 

no podemos llegar a la conclusión de que un niño de 3 

años actuara mediando intención malévola de causar 

daños y sin haber mediado negligencia. Los hechos 

alegados en la demanda, y que para efectos de esta 

moción se tienen que dar por ciertos, se tratan de 

actuaciones ordinarias y corrientes entre niños de 3 y 4 

años, que no envuelve peligrosidad de por sí. En 

adición, estamos convencidos de que por más activa y 

eficaz que hubiese sido la vigilancia de los padres y por 

más adecuada que fuese la educación en el hogar, ello 

no puede evitar conducta ordinaria y corriente entre 

niños de 3 y 4 años. A un padre solo se le debe imponer 

la necesidad de ejercitar control para evitar aquella 

conducta de sus hijos que envuelva riesgos anticipables 

o que conlleve peligrosidad.

Al estar frente a una moción de desestimación bajo la 

Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

10.2, debemos dar por ciertos todos los hechos bien 

alegados en la demanda. Una vez dando dichas 

alegaciones por ciertas, evaluamos si la demanda 

pudiera conllevar la concesión de un remedio en su día. 
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Al realizar dicho análisis concluimos que procede la 

desestimación parcial de la presente demanda en contra 

de JULYMAR RIOS BONILLA en su carácter personal, 

en su carácter de madre y en representación de su hijo 

menor M.A.C.R. y CARLOS CORDERO, en su carácter 

de padre y en representación de su hijo menor M.A.C.R., 

toda vez que la reclamación expone alegaciones que no 

justifican la concesión de un remedio, en cuanto a 

dichas partes.

En adición, en torno a los demandados Favio Alejandro 

Vázquez Sepúlveda, Luis Jaime Rodríguez González y 

Elvin Manuel Vélez Pérez, no se ha realizado alegación 

alguna sobre conducta dirigida a causar daños a los 

demandantes. Estos han sido traídos al pleito por ser 

esposos y representantes de la sociedad de bienes 

gananciales que componen con las demandadas, 

Raquel Crespo Rosario, Emily Castillo Justiniano y 

Miriam Quiñones Torres, respectivamente. Los mismos 

no trabajan ni trabajaron, al momento de los alegados 

hechos, con Mayagüez Academy Corp., ni con ninguno 

de los codemandantes, codemandados, ni son 

señalados como causantes de ningún daño específico

en inciso alguno de la demanda.”

El 20 de mayo de 2024, la Sra. Cruz Bonilla presentó una 

Moción en Solicitud de Reconsideración,

8 la cual fue declarada No Ha 

Lugar por el TPI mediante la Resolución emitida y notificada el 30 de 

mayo de 2024.9

En desacuerdo con la determinación del TPI, la parte apelante 

acudió ante nos el 2 de julio de 2024 mediante el presente recurso 

de Apelación.

10 En este, señala la comisión por el TPI de los errores 

siguientes:

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL AL HACER 

DETERMINACIONES DE HECHOS SIN HABER 

CULMINADO EL DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA Y EN 

MENOSCABO DEL DEBIDO PROCESO DE LEY EN UN 

CASO QUE ES DE CARACTER PROBATORIO Y DE 

MATERIA PERICIAL.

ERRÓ EL TPI AL DICTAR SENTENCIA PARCIAL 

DESESTIMANDO A FAVOR DE LOS APELADOS 

JULYMAR RIOS Y CARLOS CORDERO, 

8 Véase, Apéndice de la Apelación, a las págs. 136-138.

9 Véase, Apéndice de la Apelación, a las págs. 142-143.

10 El 30 de mayo de 2024, se archivado en autos de copia de la notificación de la

Resolución resolviendo la moción de reconsideración, por lo que el término de 

treinta (30) días para presentar el recurso de apelación vencía el sábado 29 de 

junio de 2024. La parte apelante presentó oportunamente su recurso de apelación

ante el TPI el lunes 1 de julio de 2024, según el matasello de la Secretaría de dicho 

tribunal y al día siguiente lo presentó ante este Tribunal de Apelaciones. Véase, 

Regla 14 (A) y (C) del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 70(C). 
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FUNDAMENTADA EN QUE LOS APELANTES DEJARON 

DE EXPONER HECHOS QUE JUSTIFIQUEN LA 

CONCESION DE UN REMEDIO, CUANDO DE LOS 

HECHOS ALEGADOS EN LA DEMANDA SURGE DE SU 

FAZ VARIAS RECLAMACIONES QUE SON PLAUSIBLES 

Y QUE COMO TAL, JUSTIFICAN QUE LOS APELANTES 

TENGAN DERECHO A TODO O PARTE DEL REMEDIO 

SOLICITADO.

ERR[Ó] EL TPI AL DESESTIMAR PARCIALMENTE LA 

DEMANDA BAJO EL FUNDAMENTO DE QUE LAS 

ACCIONES DEL MENOR M.A.C.R. APELADO NO 

PUEDEN SER CARACTERIZADAS COMO 

INTENCIONALES, CUANDO EL TPI NO ES PERITO NI 

PUEDE CONVERTIRSE EN ABOGADO DE PARTE; AL 

ASI HACERLO ABUSO DE SU DISCRESION Y SU 

DECISION VA EN DETRIMIENTO DEL DEBER 

INHERENTE DEL ESTADO DE VELAR POR EL MEJOR 

BIENESTAR DE LA MENOR APELANTE, QUIEN ACUDE 

AL TRIBUNAL EN SOLICITUD DE REMEDIO, 

COHARTANDO EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO 

DE LEY, Y EN SU CONSECUENCIA, A TENER SU DIA 

EN CORTE.

ERRÓ EL TPI AL DICTAR SENTENCIA PARCIAL 

DESESTIMANDO A FAVOR DE LOS APELADOS FAVIO 

ALEJANDRO VAZQUEZ SEPULVEDA, LUIS JAIME 

RODRIGUEZ GONZALEZ Y ELVIN MANUEL VELEZ 

PEREZ, FUNDAMENTADA EN QUE LOS APELANTES 

DEJARON DE EXPONER HECHOS QUE JUSTIFIQUEN 

LA CONCESION DE UN REMEDIO, CUANDO DE LOS 

HECHOS ALEGADOS EN LA DEMANDA SURGE DE SU 

FAZ VARIAS RECLAMACIONES QUE SON PLAUSIBLES 

Y QUE COMO TAL, JUSTIFICAN QUE LOS APELANTES 

TENGAN DERECHO A TODO O PARTE DEL REMEDIO 

SOLICITADO DEL CUAL RESPONDEN LOS APELADOS 

COMO MIEMBROS DE LA SOCIEDAD LEGAL DE 

GANANCIALES COMPUESTA POR ESTOS Y SUS 

ESPOSAS, MAESTRAS Y/O EMPLEADAS DEL 

PLANTEL ESCOLAR Y APELADAS.

El 29 de julio de 2024, el Sr. Cordero Ayala presentó Solicitud 

de Desestimación por Falta de Jurisdicción & Perfeccionamiento del 

Recurso, en la que alega que la moción de reconsideración 

presentada por la parte apelante ante el TPI no cumplió con el 

criterio de especificidad exigido en la Regla 47 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 47, por lo que no tuvo el efecto de 

interrumpir el término establecido para la presentación de un 

recurso de apelación. El Sr. Cordero Ayala sostiene que en la referida

moción la parte apelante se limitó a reafirmar las alegaciones 

expuestas en la demanda. Además, este alega que la parte apelante 
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certificó que había notificado el recurso a las demás partes el 1 de 

julio de 2024, pero en realidad lo notificó el 2 de julio de 2024, por 

lo que este no se perfeccionó dentro del término legal 

correspondiente.

El 31 de julio de 2024, Mayagüez Academy, Corp., et als., 

presentaron Moción en Solicitud de Desestimación por Falta de 

Jurisdicción y por No Haber Perfeccionado el Recurso, en la que 

también alegaron que la moción de reconsideración presentada por 

la parte apelante ante el TPI no tuvo el efecto de interrumpir el 

término establecido para la presentación de un recurso de 

apelación. Según su contención, no habiéndose interrumpido el 

referido término, la parte apelante tenía hasta el 3 de junio de 2024 

para presentar su recurso y no fue hasta el 1 de julio de 2024 que 

lo presentó de forma tardía. Además, estas partes alegaron también

que la parte apelante notificó el recurso a las demás partes el 2 de 

julio de 2024 a pesar de haber certificado que las había notificado 

el 1 de julio de 2024 y no presentó una moción suplementaria 

certificando el cambio en cuanto a la certificación original.

En esa misma fecha, el Sr. Favio A. Vázquez Sepúlveda, Sr. 

Luis J. Rodríguez González y Sr. Elvin M. Vélez Pérez presentaron 

Moción en Solicitud de Desestimación por Falta de Jurisdicción sin 

Someternos a la Jurisdicción del Honorable Tribunal, en la que 

alegaron que la parte apelante no notificó el recurso al Lcdo. Cruz 

Martínez, abogado que los representa.

El 19 de agosto de 2024, la parte apelante presentó Moción en 

Cumplimiento de Orden, mediante la cual se opuso a las solicitudes 

de desestimación presentadas por los apelados alegando, entre otras 

cosas, que el Sr. Favio A. Vázquez Sepúlveda, Sr. Luis J. Rodríguez 

González y Sr. Elvin M. Vélez Pérez fueron notificados al haberse 
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notificado al abogado que representa a sus respectivas esposas y 

sociedades de gananciales.

Así, contando con el beneficio de la comparecencia de las 

partes, procedemos a resolver.

A.

La jurisdicción se refiere al poder o autoridad de un tribunal 

para considerar y decidir casos, por lo que su ausencia priva a un 

foro judicial del poder necesario para adjudicar una controversia. 

Metro Senior v. AFV, 209 DPR 203, 208 (2022); Allied Mgmt. Group, 

v. Oriental Bank, 204 DPR 374, 385-386 (2020). En múltiples y 

variadas ocasiones, el Tribunal Supremo ha expresado que los 

tribunales debemos ser celosos guardianes de esa jurisdicción que 

nos ha sido concedida, examinando tal aspecto en primer orden, 

incluso cuando no haya sido planteado por ninguna de las partes. 

Horizon v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 234 (2014). 

Además, se ha señalado que los tribunales no tienen discreción para 

asumir jurisdicción donde no la hay. Mun. de San Sebastián v. QMC 

Telecom, 190 DPR 652 (2014); S.L.G. Solá-Morreno v. Bengoa 

Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011); González v. Mayagüez Resort & 

Casino, 176 DPR 848, 856 (2009).

Un recurso tardío es aquel que se presenta pasado el 

término provisto para recurrir. Yumac Home v. Empresas Massó, 

194 DPR 96, 107 (2015). Por otra parte, un recurso prematuro es 

aquel que se presenta con relación a una determinación que está 

pendiente ante la consideración del tribunal apelado, es decir, 

que aún no ha sido finalmente resuelta. Íd. Un recurso 

prematuro, al igual que uno tardío, priva de jurisdicción al 

tribunal al cual se recurre. Íd. No obstante, existe una importante 

diferencia en las consecuencias que acarrea cada una de estas 

desestimaciones. Íd. La desestimación de un recurso por ser 
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tardío priva fatalmente a la parte de presentarlo nuevamente, 

ante ese mismo foro, o ante cualquier otro. Íd.

Ante la situación en la que un tribunal carece de autoridad 

para atender un recurso, solamente procede decretar la 

desestimación del caso ante su consideración. Lozada Sánchez et al. 

v. JCA, 184 DPR 898, 909 (2012). Por ser las cuestiones de 

jurisdicción privilegiadas, estas deben ser resueltas con preferencia 

y de carecer un tribunal de jurisdicción, lo único que puede hacer 

es así declararlo. Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 222 

(2007); Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 

(2003).

La Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 83(C), autoriza al Tribunal de Apelaciones a 

desestimar un recurso, a iniciativa propia o solicitud de parte, 

cuando carezca de jurisdicción para atenderlo.

B.

En términos generales, una moción de reconsideración 

permite que la parte afectada por un dictamen judicial pueda 

solicitar al tribunal que considere nuevamente su decisión, antes de 

recurrir en alzada a un tribunal de mayor jerarquía. Div. de 

Empleados Públicos UGT v. CEMPR, 212 DPR 742 (2023); Simons y 

otros v. Leaf Petroleum Corp., 209 DPR 216 (2022); Medina Nazario 

v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 731 (2016); Constructora 

Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 24 (2011); Castro v. Sergio 

Estrada Auto Sales, Inc., 149 DPR 213, 217 (1999). Al respecto, la

Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 47, dispone lo 

siguiente: 

“La parte adversamente afectada por una orden o 

resolución del Tribunal de Primera Instancia podrá, 

dentro del término de cumplimiento estricto de quince 

(15) días desde la fecha de la notificación de la orden o 

resolución, presentar una moción de reconsideración de 
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la orden o resolución.

La parte adversamente afectada por una sentencia del 

Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del término 

jurisdiccional de quince (15) días desde la fecha de 

archivo en autos de copia de la notificación de la 

sentencia, presentar una moción de reconsideración de 

la sentencia.

La moción de reconsideración debe exponer con 

suficiente particularidad y especificidad los hechos y el 

derecho que la parte promovente estima que deben 

reconsiderarse y fundarse en cuestiones sustanciales 

relacionadas con las determinaciones de hechos 

pertinentes o conclusiones de derecho materiales.

La moción de reconsideración que no cumpla con las 

especificidades de esta regla será declarada “sin lugar” 

y se entenderá que no ha interrumpido el término para 

recurrir.

Una vez presentada la moción de reconsideración 

quedarán interrumpidos los términos para recurrir en 

alzada para todas las partes. Estos términos 

comenzarán a correr nuevamente desde la fecha en que 

se archiva en autos copia de la notificación de la 

resolución resolviendo la moción de reconsideración.

La moción de reconsideración se notificará a las demás 

partes en el pleito dentro de los quince (15) días 

establecidos por esta regla para presentarla ante el 

tribunal de manera simultánea. El término para 

notificar será de cumplimiento estricto.”

De conformidad con la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, 

una vez se presenta al Tribunal de Primera Instancia y notifica a 

todas las partes una moción de reconsideración de manera 

oportuna y fundamentada, se interrumpe el término para recurrir 

en alzada. Ese término comenzará a contarse de nuevo desde la 

fecha en que se archiva en autos copia de la notificación de la 

resolución resolviendo la moción de reconsideración. Regla 

52.2(e)(2) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.2(e)(2).

Véase, además, Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. Co., 182 DPR 

714, 719 (2011); Insular Highway v. A.I.I. Co., 174 DPR 793, 805

(2008); Lagares v. E.L.A., 144 DPR 601, 613 (1997).

Ese término quedará automáticamente interrumpido al 

presentarse la moción de reconsideración, siempre que se cumpla 

con los requisitos de forma expuestos en la Regla 47 de 
KLAN202400634 11

Procedimiento Civil, supra.

C.

En cuanto a la notificación del recurso de apelación a las 

partes, la Regla 13 (B) (1) del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 13 (B) (1), dispone que “[l]a parte apelante notificará el 

recurso apelativo y los Apéndices dentro del término dispuesto para 

la presentación del recurso, siendo éste un término de estricto 

cumplimiento.” Además, dispone que “[l]a parte apelante deberá 

certificar con su firma en el recurso, por sí o por conducto de su 

representación legal, la fecha en que se efectuó la notificación.” 

Finalmente, la regla añade que “[e]sta norma es aplicable a todos los 

recursos.”

En cuanto a la forma de efectuar la notificación, la Regla 13 (B) 

(2) y (3) del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13 (B) 

(2) y (3), dispone lo siguiente:

“La parte apelante notificará el recurso de apelación 

debidamente sellado con la fecha y hora de su 

presentación mediante correo certificado o servicio de 

entrega por empresa privada con acuse de recibo. 

Podrá, además, utilizar los siguientes métodos sujeto a 

lo dispuesto en estas reglas: correo ordinario, entrega 

personal, telefax o correo electrónico, siempre que el 

documento notificado sea copia fiel y exacta del 

documento original. 

La notificación por correo se remitirá a los abogados o 

abogadas de las partes, o a las partes cuando no 

estuvieren representadas por abogado o abogada, a la 

dirección postal que surja del último escrito que conste 

en el expediente del caso. Cuando del expediente no 

surja una dirección y la parte estuviere representada 

por abogado o abogada, la notificación se hará a la 

dirección que de éste o ésta surja del registro que a esos 

efectos lleve el Secretario o Secretaria del Tribunal 

Supremo. 

[...]

La notificación mediante correo electrónico deberá 

hacerse a la dirección electrónica correspondiente de los 

abogados o abogadas que representen a las partes o al 

de las partes, de no estar representadas por abogado o 

abogada, cuando las partes a ser notificadas hubieren 

provisto al tribunal una dirección electrónica y así surja 
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de los autos del caso ante el Tribunal de Primera 

Instancia. 

[...]

Se considerará que la fecha de la notificación a las 

partes es la que conste en el certificado postal como la 

fecha de su depósito en el correo. 

Si la notificación se efectúa por correo ordinario, la 

fecha del depósito en el correo se considerará como la

fecha de la notificación a las partes. 

Se considerará que la fecha de la notificación a las 

partes es la que conste del documento expedido por la 

empresa privada que demuestre la fecha en que ésta 

recibió el documento para ser entregado a su 

destinatario.

Cuando la notificación se efectúa por correo ordinario, 

entrega personal, telefax o correo electrónico, será 

válida si no hubiere controversia sobre la fecha de la 

notificación ni sobre el hecho de haber sido recibida por 

su destinatario. Se entenderá que las partes que 

incluyan la información del número de telefax o la 

dirección electrónica en los autos del caso ante el 

Tribunal de Primera Instancia consienten a ser 

notificados por estos medios. 

Cualquier parte o su abogado o abogada podrá darse 

por notificada haciéndolo así constar al tribunal.”

Conforme a lo anterior, para el perfeccionamiento adecuado de 

un recurso presentado ante el Tribunal de Apelaciones es necesario 

la oportuna presentación y la notificación del escrito a las partes 

apeladas. Regla 13 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra. Véase, González Pagán et al. v. SLG Moret-Brunet, 202 DPR 

1062 (2019); Montañez Leduc v. Robinson Santana, 198 DPR 543 

(2017); Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc., 188 DPR 98, 105 (2013). La 

falta de oportuna notificación a todas las partes en el litigio priva de 

jurisdicción al Tribunal para ejercer su facultad revisora, por lo que

conlleva la desestimación del recurso de apelación. Montañez Leduc 

v. Robinson Santana, supra, págs. 549-553; Pérez Soto v. Cantera 

Pérez, supra, pág. 105; Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 

91 (2013).
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Los términos de cumplimiento estricto pueden 

prorrogarse siempre y cuando exista una justa causa. Rivera 

Marcucci, et al. v. Suiza Dairy, 196 DPR 157, 170 (2016); Soto Pino 

v. Uno Radio Group, supra; Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, 184 DPR 

393, 403 (2012). Por ello, no constituye un defecto fatal la 

notificación tardía, si se puede demonstrar la existencia de justa 

causa. Rivera Marcucci, et al. v. Suiza Dairy, supra, pág. 170; Soto 

Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 93.

Los tribunales tienen discreción para extender un término de 

cumplimiento estricto sólo cuando la parte que lo solicita demuestra 

justa causa para la tardanza. Rivera Marcucci, et al. v. Suiza Dairy, 

supra, pág. 170. Al ser así, se le requiere a quien solicita la prórroga 

o a quien actúe fuera del término que presente justa causa por la 

cual no puede o pudo cumplir con el término establecido. Íd. De 

conformidad con esto el Tribunal Supremo ha reafirmado que los 

tribunales podrán eximir a una parte de observar el cumplimiento 

con un término de este tipo únicamente si concurren las siguientes 

condiciones: (1) que en efecto exista justa causa para la dilación; y 

(2) que la parte le demuestre detalladamente al tribunal las bases 

razonables que tiene para la dilación, es decir, que acredite de 

manera adecuada la justa causa aludida. Rivera Marcucci, et al. v. 

Suiza Dairy, supra, pág. 171; Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, 

pág. 93.

Las partes litigantes deben atender estos requerimientos con 

seriedad, ya que “[n]o se permitirá desviación alguna del plazo [...] 

so pena de desestimación del recurso, a menos que la tardanza 

ocurrida se justifique detalladamente y a cabalidad”. (cita omitida) 

Rivera Marcucci, et al. v. Suiza Dairy, supra, pág. 171. De hecho, 

en Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 97, se señaló que “es 

un deber acreditar la existencia de justa causa, incluso antes de que 
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un tribunal se lo requiera, si no se observa un término de 

cumplimiento estricto”. 

La justa causa se acredita mediante explicaciones “concretas 

y particulares, debidamente evidenciadas en el escrito, que les

permitan a los tribunales concluir que hubo una excusa razonable 

para la tardanza o la demora”. Rivera Marcucci, et al. v. Suiza Dairy, 

supra, pág. 172, citando a Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág.

93. No constituyen justa causa las “vaguedades y las excusas o 

planteamientos estereotipados”. Íd. Es evidente que la existencia de 

justa causa es un elemento que ha de evaluarse caso a caso. Al

justipreciar las razones ponderadas, por una parte, el juzgador debe 

llevar a cabo un análisis cuidadoso de las explicaciones que 

demuestren el incumplimiento y de la evidencia que lo sustenta.

Rivera Marcucci, et al. v. Suiza Dairy, supra, pág. 172.

III

Evaluadas las solicitudes de desestimación presentadas por 

las partes apeladas, así como la oposición presentada por la parte 

apelante, determinamos que, en efecto, procede la desestimación del 

presente recurso de Apelación por falta de jurisdicción por no 

haberse notificado el escrito a todas las partes apeladas. 

Según expusimos, la Regla 13 (B) (1) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, dispone que “[l]a parte apelante 

notificará el recurso apelativo y los [a]péndices dentro del término 

dispuesto para la presentación del recurso, siendo [e]ste un término 

de estricto cumplimiento.” Además, dicha Regla dispone que “[l]a 

parte apelante deberá certificar con su firma en el recurso, por sí o 

por conducto de su representación legal, la fecha en que se efectuó 

la notificación.”

De un examen del recurso de Apelación presentado por la 

parte apelante, no surge que se haya notificado dicho recurso al 
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Lcdo. Cruz Martínez, representante legal de los apelados Sr. Favio 

A. Vázquez Sepúlveda, Sr. Luis J. Rodríguez González y Sr. Elvin M. 

Vélez Pérez. Tampoco se ha demostrado la existencia de justa causa

para la falta de notificación. La parte apelante debió cumplir con la 

notificación del recurso a todas las partes, incluyendo al Lcdo. Cruz 

Martínez. Consideramos que notificar al abogado que representa a 

la Sociedad Legal de Gananciales de los apelados que no fueron 

notificados no es suficiente para cumplir con el requisito de 

notificación cuando estos han comparecido representados en su 

carácter personal por un abogado diferente.

Por consiguiente, a juicio nuestro el presente recurso de 

apelación no se perfeccionó adecuadamente, por lo que 

determinamos que procede su desestimación por falta de 

jurisdicción. 

IV

Por los fundamentos anteriormente expuestos, al amparo de 

la Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra,

se desestima el presente recurso de apelación.

Notifíquese.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaría del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones