Número Identificador

SEN2024________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

MELANY GUZMÁN CLASS y 

JOSHUA SEPÚLVEDA 

GUZMÁN

Apelados

CORPORACIÓN DEL FONDO 

DEL SEGURO DEL ESTADO

Demandante en SubrogaciónApelada

v.

BLUE WATERS CHARTERS, 

LLC; VIEQUES AIR LINK, 

INC.; STARR INDEMNITY & 

LIABILITY COMPANY; 

DEMANDADOS A, B y C; 

COMPAÑÍAS 

ASEGURADORAS X, Y y Z

Apelantes

KLAN202300764

Apelación 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de San 

Juan

Civil Núm.:

SJ2021CV04094

Sobre:

Daños y Perjuicios 

- Subrogación

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry1, la 

Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores

Rivera Marchand, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2024.

Comparecen Blue Waters Air Charters, LLC (Blue Waters), 

Vieques Air Link, Inc. (VAL) y Starr Indemnity & Liability Company

(Starr) (conjuntamente, los apelantes). Solicitan que revoquemos en 

parte una Sentencia Parcial sumaria, que el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI o foro primario) notificó 

el 16 de junio de 2023.2 En esta, el TPI desestimó -por la vía 

sumaria- la causa de acción sobre daños y perjuicios que instaron 

Melany Guzmán Class y Joshua Sepúlveda Guzmán (demandantes

y apelados) en contra de Blue Waters y determinó que existen 

1 Mediante Orden Administrativa Núm: OATA-2023-176, se designa a la Jueza 

Domínguez Irizarry para entender y votar en el caso de epígrafe, debido a la 

inhibición de la Jueza Cintrón Cintrón.

2 Apéndice, págs. 705-722.
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controversias de hechos medulares que impiden la adjudicación de 

la totalidad del pleito instado en contra de los demás codemandados. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación,

confirmamos el dictamen apelado. 

I.

Los demandantes incoaron el pleito de epígrafe en contra de 

los apelantes por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia 

del accidente de aviación que ocurrió el 2 de junio de 2020.3 En este 

trágico suceso se estrelló el Piper Azteca N14181 y falleció a sus 24 

años de edad, Samuel Galarza Guzmán, hijo de Melany Guzmán 

Class y hermano de Joshua Sepúlveda Guzmán.

De las alegaciones de la demanda surge que, Samuel Galarza 

Guzmán laboraba como técnico de “avionics electronics” en Propilot, 

Inc. (Propilot), compañía que provee servicios conocidos como 

“avionics” que consisten en la reparación de aviones y otros, con 

sede en el Aeropuerto de Isla Grande. Propilot acordó con Blue 

Waters proveer servicios al avión Piper Azteca N14181 el 5 de febrero 

de 2020. El día de los hechos, Samuel Galarza Guzmán y Raymond 

Chaparro, empleados de Propilot, realizaron trabajos de “avionics”

en el referido avión. Como parte de los servicios y labores a 

efectuarse, se requirió un vuelo de prueba. Con ese propósito, Blue 

Waters contrató a VAL para que Luis Torres Gavino fungiera de 

piloto. 

En la demanda alegaron que, sin realizar un vuelo de 

seguridad previo, los empleados de Propilot abordaron el avión para 

el vuelo de prueba. Según lo expuesto, el avión tuvo dificultades en 

el primer intento para despegar, y luego de verificar una goma, los 

empleados volvieron a abordar el avión. Arguyeron además que, en 

el segundo intento, el avión giró nuevamente y, presuntamente, el 

motor izquierdo falló. La nave del Piper Azteca N14181 se inclinó 

3 Apéndice, págs. 1-12.
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hacia arriba, el avión perdió propulsión y el piloto perdió el control 

de la nave. Al estar debajo de la velocidad mínima (“below Vmc”), el 

avión se invirtió hacia la izquierda estrellándose en las 

inmediaciones de la Bahía de San Juan. Samuel Galarza Guzmán

y Luis Torres Gavino fallecieron en el acto. Raymond Chaparro, 

sobrevivió el accidente. 

Basado en lo antes, la madre y el hermano de Samuel Galarza 

Guzmán suplicaron el resarcimiento por los daños y perjuicios 

sufridos y continuos, por culpa y negligencia de los demandados. En 

particular, expusieron haber sufrido angustias mentales, pérdida de 

ingresos, más pérdidas generales de disfrute y calidad de vida. Por 

todo lo antes, solicitaron que se dictara sentencia a su favor 

condenando a los demandados al pago de $3,000,000.00 de forma 

solidaria, más una suma por gastos, costas y honorarios de 

abogado. 

Como segunda causa de acción, los demandantes incluyeron 

a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) en 

subrogación. La CFSE expuso que, Samuel Galarza Guzmán se 

encontraba laborando al momento del accidente producto de lo cual

se presentó una reclamación ante sí. El administrador de la CFSE 

emitió una decisión final en la cual reconoció a la madre, Melany 

Guzmán Class, como única beneficiaria de su hijo. A esos efectos,

la agencia solicitó el reembolso de $113,729.63 por concepto de la 

compensación otorgada a la beneficiaria del obrero fallecido.

Blue Waters y la aseguradora, Starr, solicitaron la 

desestimación del pleito. Expusieron que la encomienda de trabajo 

fue comisionada por VAL, por conducto de Blue Waters a Propilot.

Informaron que VAL y Blue Waters son compañías afiliadas y VAL 

tenía una póliza de seguros para empleados abordo de aeronaves,

por lo que, a su entender, existía un vínculo obrero-patronal entre 

Samuel Galarza Guzmán y VAL, producto de la relación entre el 
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principal y el agente en el contrato de servicios. Añadieron que, tanto 

VAL como Blue Waters son patronos estatutarios y están cobijados 

bajo la inmunidad patronal de la Ley del Sistema de Compensación 

por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, 

según enmendada, 11 LPRA sec. 1, et seq. (Ley 45). A su entender, 

la póliza del seguro obrero-patronal bajo la CFSE cobija o beneficia 

a lo largo de la cadena contractual, por lo que, ello priva de 

jurisdicción al TPI para entender sobre la causa de acción instada. 

En respuesta, los demandantes se opusieron a la moción 

dispositiva.

4 Evaluado lo anterior, el TPI denegó el petitorio 

desestimatorio5 y, en cumplimiento con la orden emitida, Blue 

Waters, VAL y Starr acreditaron su alegación responsiva.6

Así las cosas, y luego de múltiples incidencias procesales que 

no es necesario particularizar,

7 el 19 de enero de 2023, Blue Waters, 

VAL y Starr instaron una solicitud de sentencia sumaria.8 En esta,

propusieron 25 hechos incontrovertidos y acompañaron múltiples 

documentos9 para fundamentar la desestimación del pleito en su 

4 Apéndice, págs. 21-73.

5 Apéndice, págs. 92-93.

6 Apéndice, págs. 94-119.

7 Cabe señalar que se instó una demanda enmendada el 10 de agosto de 2021 

con el fin de eliminar referencias al Sr. Ruiz Rodríguez. Apéndice, pág. 74-85. El 

16 de agosto de 2021, el TPI ordenó la consolidación del caso de epígrafe 

(SJ2021CV03338) con el caso SJ2021CV04094. Apéndice, pág. 91. Los 

demandados acreditaron su alegación responsiva a la demanda enmendada. 

Apéndice, págs. 120-141. En particular, afirmaron que Raymond Chaparro no es 

parte en el pleito y luego constaba en la demanda enmendada. El 6 de junio de 

2022, el TPI emitió una Sentencia de Paralización porque el co-demandante, Sr. 

Chaparro Lorenzo no había sido dado de alta de la CFSE y es cuando el TPI ordenó 

la desconsolidación del caso SJ2021CV03338 con el caso SJ2021CV04094 

Apéndice, pág. 169.

8 Apéndice, págs. 172-449.

9 Junto a su petitorio incluyeron los siguientes documentos: Anejo 1- Certificado 

de Incorporación de VAL; Anejo 2-Certificado de Incorporación de Blue Waters; 

Anejo 3-Contrato de empleo de Luis Torres Gavino; Anejo 4- Contestaciones y 

Objeciones a Primer Pliego de Interrogatorio y Solicitud de Producción de 

Documentos de Blue Waters; Anejo 5- U.S. Department of Transportation Federal 

Aviation Administration Airman Details Report; Anejo 6-Resumé de Luis Torres 

Gavino; Anejo 7-Declaración jurada de Raymond Chaparro ante la CFSE; Anejo 

8-Toma de deposición de José Nieves Irizarry; Anejo 9-Aircraft Lease Agreement 

para el arrendamiento de la aeronave Britten-Norman Islander N907VL; Anejo 10-

Aircraft Lease Agreement para el arrendamiento de la aeronave Britten-Norman 

Islander N908VL; Anejo 11-Carta Acuerdo entre VAL y Blue Waters; Anejo 12-

Carta emitida por Carlos M. Rodríguez; Anejo 13-Acuerdo de Gravamen 

Mobiliario; Anejo 14-Shop Order SO-00847; Anejo 15-Cheque número 0352 por 

la suma de $43,049.59; Anejo 16-Recibo de pago; Anejo 17-Informe patronal 

sometido por Propilot; Anejo 18-Decisión del Administrador Sobre MuerteDependencia expedido por la CFSE; y Anejo 19-Certificación de vigencia expedida 

por la CFSE. 
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totalidad. En apretada síntesis sostuvieron que, ante la cadena 

contractual existente aplica la doctrina de un solo patrono la cual 

favorece la inmunidad patronal de los demandados en este caso.

Coetáneo a ello, los demandados presentaron otra Solicitud de 

Sentencia Sumaria Parcial en la Alternativa de no Concederse la 

Solicitud Dispositiva Radicada en esta Misma Fecha (SUMAC 81).

10

En esta insistieron que, el TPI desestime la reclamación sobre daños 

en la cual se alega que la demandante Guzmán Class heredó la 

causa de acción por los sufrimientos de su hijo fallecido, como 

resultado del accidente hasta su muerte. Ello por entender que, la 

demandante no cuenta con evidencia para sustentar dicha causa de 

acción. En este petitorio, los demandados propusieron siete hechos 

incontrovertidos para fundamentar su postura.11

En reacción, la parte demandante presentó su oposición a la 

moción de sentencia sumaria y moción de sentencia sumaria 

parcial.

12 En esta, admitieron las propuestas de hecho de los 

demandados números 1, 2, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 24 y 25. Sin 

embargo, objetaron los números 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

15, 19, 20 y 21, respectivamente. En cuanto a la solicitud de 

sentencia sumaria parcial, admitieron las propuestas número 1 (en 

parte), 3, 5, y 6. De otra parte, negaron los hechos propuestos 

números 2, 4 y 7. A su vez, propusieron quince hechos materiales 

adicionales que, a su entender, no están en controversia.13

10 Apéndice págs. 450- 461.

11 Junto a su petitorio incluyeron los siguientes documentos: Anejo 1, Toma de la 

deposición del Sr. Raymond Chaparro Lorenzo y Anejo 2, Decisión del 

Administrador sobre muerte-dependencia emitida por la Corporación del Fondo 

del Seguro del Estado. Cabe señalar que surge del Informe preliminar entre 

abogados presentado el 2 de febrero de 2023 que las partes presentaron 18 

estipulaciones de hechos. Apéndice, págs. 489-491.

12 Apéndice, págs. 548-626. En su oposición incluyeron los siguientes 

documentos: Exhibit 1-Declaración jurada suscrita por Luis Alberto Irizarry 

Porrata; Exhibit 2-Transcripción de la deposición de Carlos M. Rodríguez Colón; 

Exhibit 3-Informe patronal; Exhibit 4-Shop Order SO-00347; Exhibit 5-Cheque 

emitido por la cantidad de $18,561.11; Exhibit 6-Cheque emitido por la cantidad 

de $43,049.59; Exhibit 7-Toma de deposición de Raymond Chaparro Lorenzo; 

Exhibit 8-Resolución de Declaratoria de Herederos de Samuel Junior Galarza 

Guzmán; Exhibit 9-Informe médico forense de Samuel Junior Galarza Guzmán; 

Exhibit 10-Artículo “The experience of drowning”.

13 Apéndice, págs. 554-556.
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Ahora bien, basado en lo anterior, al concluir su oposición,

los demandantes se allanaron a que el TPI dicte sentencia sumaria 

parcial desestimando la demanda en cuanto a la codemandada, 

Blue Waters, no así, en cuanto a los demás demandados.14 Con 

relación a la Moción de sentencia sumaria parcial,

15 los demandantes 

se opusieron por entender que lo argumentado es de naturaleza 

especulativa y destacaron los hallazgos del informe forense, entre 

otros asuntos.16 A lo antes, se unió la CFSE mediante moción de 23 

de marzo de 2023.17

Con el beneficio de la réplica de los demandados18 y las 

dúplicas de la demandante19 y de la CFSE,

20 el TPI emitió la 

Sentencia Parcial recurrida el 16 de junio de 2023. En esta,

desestimó la demanda en contra de Blue Waters, no así en contra

de VAL, y su aseguradora, Starr. Allí también, consignó los 

siguientes hechos incontrovertibles:

1. La demandante Melany Guzmán Class (Guzmán Class) es 

la madre de Samuel Galarza Guzmán quien falleció el 2 

de junio de 2020.

2. El demandante Joshua Sepúlveda Guzmán (Sepúlveda 

Guzmán) es hermano por parte de madre de Samuel 

Galarza Guzmán.

3. Vieques Air Link, Inc. (VAL) es una corporación doméstica 

con fines de lucro, organizada y existente conforme a las 

leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con 

oficinas principales en San Juan, Puerto Rico. 

4. VAL se dedica a la operación de una línea aérea de 

pasajeros, según surge de su Certificado de 

Incorporación.

5. Para el 2 de junio de 2020, VAL era patrono del piloto Luis 

Torres Gavino, quien se desempeñaba como Director de 

Operaciones.

6. Blue Waters Charters, LLC (Blue Waters) es una 

compañía de responsabilidad limitada con fines de lucro, 

organizada y existente conforme a las leyes del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, con oficinas principales en 

San Juan, Puerto Rico. 

7. Blue Waters es una corporación cuyo propósito estriba en 

poseer título de dueño, arrendar, utilizar y/o administrar 

14 Apéndice pág. 568.

15 Entrada núm. 81 en SUMAC.

16Apéndice, pág. 572-624. 

17 Apéndice, pág. 627.

18 Apéndice, págs. 630-656. Con su réplica, incluyeron el siguiente documento: 

Anejo 1-Toma de la deposición de José Nieves Irizarry.

19 Apéndice, págs. 657-701. De su dúplica incluyó los siguientes documentos: 

Anejo 1-Toma de deposición de Raymond Chaparro Lorenzo; Anejo 2-Contestación 

a Primer Pliego de Interrogatorios y Solicitud de Producción de Documentos de 

Melany Guzmán Class y Anejo 3-Correo electrónico de Carlos Javier Morales 

emitido el 29 de marzo de 2022.

20 Apéndice, pág. 702.
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naves aéreas, transportar carga y pasajeros por medio de 

naves aéreas o cualquier equipo de transportación 

similar. 

8. Para el 2 de junio de 2020, Blue Waters era la dueña 

registral del avión Piper Azteca Modelo PA-23-250, 

número de serie 27-4746, y número de registro N14181 

(Piper).

9. El 5 de febrero de 2020, Pro Pilot emitió una cotización 

para la instalación de los avionics a nombre de Blue 

Waters, titular registral del Piper. 

10.El 29 de mayo de 2020, Blue Waters emitió un cheque 

por la suma de $43,049.59 a nombre de Pro Pilot para el 

pago de los equipos y los trabajos de instalación de 

avionics solicitados. 

11.Blue Waters pagó por los trabajos que Pro Pilot realizó en 

el Piper, que surgen del Shop Order.

12.Las instalaciones de avionics requerían un vuelo de 

prueba para confirmar el funcionamiento de las 

instalaciones y cumplir con los requerimientos de la FAA.

13.Para el 2 de junio de 2020, Galarza Guzmán se 

desempeñaba como empleado de Pro Pilot, una entidad 

con sede en el Aeropuerto de Isla Grande que se dedica, 

inter alia, a proveer servicios de reparación de aviones, 

incluyendo servicios y reparación de instrumentos y 

equipos de comunicación, radar y otros relacionados 

conocidos como avionics.

14.Para el 2 de junio de 2020, Galarza Guzmán realizaba 

trabajos como técnico de avionics eletronics para cuyo 

empleo contaba con una Certificación expedida, el 1ero 

de diciembre de 2017, por la Electronic Technicians 

Association. 

15.Para el 2 de junio de 2020, Galarza Guzmán había sido 

empleado de Pro Pilot por aproximadamente 23 meses.

16.Pro Pilot asignó a Chaparro Lorenzo y a Galarza Guzmán 

llevar a cabo las instalaciones de los avionics en el Piper. 

17.Torres Gavino era un piloto certificado por la FAA como 

Airline Transport Pilot, además de mecánico. 

18.El 2 de junio de 2020, previo a que se ejecutara el vuelo 

de prueba del Piper, Torres Gavino procuró el 

combustible, a nombre de VAL, para dicha nave a la 

compañía Million Air.

19.El 2 de junio de 2020, el Piper se accidentó luego de 

despegar del Aeropuerto de Isla Grande (Ribas 

Dominicci), estrellándose en la Bahía de San Juan, cerca 

del Club Náutico.

20.Torres Gavino y Galarza Guzmán fallecieron en el 

accidente. Chaparro Lorenzo sobrevivió.

21.Torres Gavino y Galarza Guzmán fallecieron en el curso 

de sus empleos.

22.Antes de accidentarse el avión, Chaparro Lorenzo notó 

que Galarza Guzmán tenía el cinturón de seguridad 

abrochado. 

23.En su deposición, Chaparro Lorenzo relató que perdió el 

conocimiento y no recuerda cómo salió del avión.

24.La causa de muerte de Galarza Guzmán fue trauma 

corporal e inhalación de agua.

25.El informe de hechos suscrito por el Agente Francisco 

Ramos de la División de Buzos de las Fuerzas Unidas de 

Rápida Acción (FURA) de la Policía de Puerto Rico indica 

que, al extraer los cuerpos del Piper, a Galarza Guzmán 

hubo que cortarle el cinturón.

26.Al 2 de junio de 2020, Pro Pilot tenía la póliza de seguro 

número 1912002964 vigente con la CFSE.

27.Al 2 de junio de 2020, VAL tenía la póliza de seguro 

número 3514083522 vigente con la CFSE.

28.Guzmán Class recibió compensación de la CFSE por el 

fallecimiento de Galarza Guzmán.
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29.El 28 de junio de 2021, la CFSE notificó la decisión del 

Administrador de la CFSE y concedió compensación a la 

viuda e hijas de Torres Gavino por el accidente ocurrido 

en el curso de su empleo con VAL el 2 de junio de 2020.

30.Para el 2 de junio de 2020, Blue Waters no tenía 

empleados en nómina.

31.Guzmán Class fue declarada como única y universal 

heredera de Galarza Guzmán.21

A lo antes añadió las siguientes cuatro controversias que, a 

su entender, impiden la adjudicación de la totalidad de la 

reclamación por la vía sumaria, a saber:

1. Si existe un vínculo obrero-patronal entre Galarza y VAL 

-en el contexto de un contrato de obra o de servicios entre 

VAL, Blue Waters y Pro Pilot- que cobije a VAL bajo la 

doctrina de inmunidad patronal bajo la Ley Núm. 45, 

supra. 

2. Si VAL, por medio de un contrato de obra o de servicios, 

coordinó las instalaciones de los avionics en la nave Piper 

con Pro Pilot, cumplió con su obligación subsidiaria de 

asegurar a los empleados de Pro Pilot y, por ende, le 

aplica la doctrina de patrono estatutario. 

3. De no aplicar la inmunidad patronal, procede dilucidar si 

el piloto Torres Gavino incurrió en negligencia, por el [sic] 

cual su patrono VAL deba responder vicariamente.

4. De no aplicar la inmunidad patronal, procede determinar 

la extensión y la valorización de los daños en cuanto a los 

codemandantes Guzmán Class, Sepúlveda Guzmán y el 

propio perjudicado Galarza Guzmán.22

De otra parte, el foro primario tomó conocimiento sobre el 

hecho de que los demandantes se allanaron a la desestimación de 

la demanda únicamente en contra de Blue Waters. Sobre tales 

bases, desestimó con perjuicio dicha causa de acción y ordenó la 

continuación de los procesos en cuanto a las demás partes. En su 

análisis, el TPI destacó que, las controversias existentes son 

medulares. Determinó que, las incongruencias y las contradicciones 

en los documentos presentados no le permiten, en esta etapa de los 

procedimientos, establecer claramente la relación contractual de 

VAL con Blue Waters para así declarar a VAL como patrono 

estatutario.23 Expuso que, la causa de acción por los daños que 

presuntamente sufrió Samuel Galarza Guzmán antes de morir no es 

aconsejable resolverla sumariamente debido a que atañe cuestiones 

de credibilidad.

21 Apéndice, págs. 709-712.

22 Apéndice, pág. 713.

23 Apéndice págs. 719-720.
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VAL y Starr solicitaron reconsideración el 5 de julio de 2023, 

y en ella, anejaron una declaración jurada suscrita por Carlos M. 

Rodríguez Colón.

24 A lo antes, se opuso la parte demandante el 20 

de julio de 2023.

25 Acto seguido, replicaron VAL y Blue Waters el 21 

de julio de 2023.

26 En respuesta, el TPI expuso lo siguiente: “Ha 

lugar. No se considerará la réplica. El asunto se había dado por 

sometido.”27

El 26 de julio de 2023, VAL y Starr suplicaron que se diera 

por sometida (sin oposición de la CFSE) la moción de 

reconsideración presentada.28 En atención a lo anterior, el 3 de 

agosto de 2023, el TPI notificó una Resolución29 en la cual reiteró su 

decisión de no desestimar sumariamente la demanda en contra de 

VAL y Starr. Fundamentó que, existen incongruencias en cuanto a 

la prueba presentada por las partes. Entre otras, dos versiones 

contradictorias del testimonio de Carlos M. Rodríguez Colón, sin los 

apelantes explicar tal discrepancia. Basado en lo anterior, el foro 

primario resolvió que no considerará la segunda declaración para 

propósitos de reconsiderar su dictamen, a tenor de la doctrina de 

sham affidavit. 

Inconforme, comparecieron Blue Waters, VAL y Starr y 

señalan los siguientes cuatro errores:

Erró el TPI al haber dictado Sentencia Sumaria únicamente 

en cuanto a Blue Waters sin haber considerado o haber dado 

justo peso a los hechos materiales incontrovertidos que 

apoyaban la desestimación a favor de todas las partes 

demandadas, en claro abuso del ejercicio de su discreción.

Erró el TPI al encontrar que la doctrina de “sham affidavit” 

fue aplicable en cuanto a la declaración jurada que se 

acompañó a la Moción de reconsideración de las apelantes. 

Erró el TPI al abusar de su discreción al no permitirle a las 

apelantes ser oídas en cuanto a los argumentos 

improcedentes de la parte demandante bajo la doctrina de 

“sham affidavit”.

24 Apéndice págs. 723-751. 

25 Apéndice págs.752-761.

26 Apéndice, pág. 764.

27 Apéndice, pág. 778.

28 Apéndice, págs. 780-782.

29 Apéndice, págs. 783-790.
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En la alternativa, erró el TPI al no haber desestimado por 

ausencia de prueba la acción alegadamente heredada por 

Guzmán-Class basada en los daños supuestamente sufridos 

por el causante. 

Por su parte, Melany Guzmán Class compareció mediante un 

alegato el 3 de octubre de 2023. Sin embargo, la CFSE no 

compareció. Procedemos a resolver.

II.

A. Sentencia Sumaria

El mecanismo de sentencia sumaria provisto en la Regla 36 

de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R.36, permite a los 

tribunales disponer, parcial o totalmente, de litigios civiles en 

aquellas situaciones en las cuales no existe controversia real y 

sustancial de un hecho material que requiera ventilarse en un juicio 

plenario, por lo cual solo resta aplicar el derecho. Birriel Colón v. 

Supermercado Los Colobos (Econo Rial, Inc.) e Integrand Assurance 

Company, 2023 TSPR 120, resuelto el 3 de octubre de 2023; Oriental 

Bank v. Caballero García, 2023 TSPR 103, resuelto el 23 de agosto 

de 2023. Este mecanismo lo puede utilizar la parte reclamante o 

aquella parte que se defiende de una reclamación. 32 LPRA Ap. V, 

R. 36.1 y 36.2.

Mediante el mecanismo de sentencia sumaria, se procura 

profundizar en las alegaciones para verificar si, en efecto, los hechos 

ameritan dilucidarse en un juicio. León Torres v. Rivera Lebrón, 204 

DPR 20, 42 (2020). Este cauce sumario resulta beneficioso tanto 

para el tribunal, como para las partes en un pleito, pues se agiliza 

el proceso judicial, mientras simultáneamente se provee a los 

litigantes un mecanismo procesal encaminado a alcanzar un 

remedio justo, rápido y económico. Serrano Picón v. Multinational 

Life Insurance Company, 2023 TSPR 118, resuelto el 29 de 

septiembre de 2023; Universal Insurance Company y otro v. Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico y otros, 2023 TSPR 24, resuelto el 7 de 
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marzo de 2023. Como se sabe, procede dictar sentencia sumaria si 

se desprende de las alegaciones, deposiciones, declaraciones 

juradas, contestaciones a interrogatorios, admisiones ofrecidas, 

entre otros, que no existe controversia real sustancial sobre un 

hecho esencial y pertinente, y siempre que el derecho aplicable así 

lo justifique. González Meléndez v. Municipio Autónomo de San Juan 

y otros, 2023 TSPR 95, resuelto el 24 de julio de 2023. De manera 

que, en aras de prevalecer en una reclamación, la parte promovente 

debe presentar prueba incontrovertible sobre todos los elementos 

indispensables de su causa de acción. Íd. 

Nuestro ordenamiento civil y su jurisprudencia interpretativa 

impone unos requisitos de forma con los cuales hay que cumplir al 

momento de presentar una solicitud de sentencia sumaria, a saber: 

(1) una exposición breve de las alegaciones de las partes; (2) los 

asuntos litigiosos o en controversia; (3) la causa de acción sobre la 

cual se solicita la sentencia sumaria; (4) una relación concisa, 

organizada y en párrafos enumerados de todos los hechos esenciales 

y pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial, con 

indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas 

u otra prueba admisible en evidencia donde se establecen estos 

hechos, así como de cualquier otro documento admisible en 

evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal; (5) las 

razones por las cuales se debe dictar la sentencia, argumentando el 

derecho aplicable, y (6) el remedio que debe ser concedido. Oriental 

Bank v. Caballero García, supra. Véase, además, la Regla 36.3 de las 

Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3. Si el 

promovente de la moción incumple con estos requisitos, “el tribunal 

no estará obligado a considerar su pedido”. Meléndez González et al. 

v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 111 (2015). Además, el promovente de 

una solicitud de sentencia sumaria ha de acompañar su petitorio 

con prueba de la cual surja preponderantemente la ausencia de 
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controversias sobre los hechos medulares del caso. Birriel Colón v. 

Supermercado Los Colobos (Econo Rial, Inc.) e Integrand Assurance 

Company, supra.

Cabe destacar que, “la parte que desafía una solicitud de 

sentencia sumaria no puede descansar en las aseveraciones o 

negaciones consignadas en su alegación”. León Torres v. Rivera 

Lebrón, supra, pág. 43. Por el contrario, la Regla 36.3(c) de las Reglas 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(c), obliga a quien se 

opone a que se declare con lugar esta solicitud a enfrentar la moción 

de su adversario de forma tan detallada y específica como lo ha 

hecho el promovente puesto que, si incumple, corre el riesgo de que 

se dicte sentencia sumaria en su contra, si la misma procede en 

derecho. Íd. A esos efectos, deberá sustentar con evidencia 

sustancial los hechos materiales que entiende están en disputa. 

Birriel Colón v. Supermercado Los Colobos (Econo Rial, Inc.) e 

Integrand Assurance Company, supra.

Por ello, en la oposición a una solicitud de sentencia sumaria, 

el promovido debe puntualizar aquellos hechos propuestos que 

pretende controvertir y, si así lo desea, someter hechos materiales 

adicionales que alega no están en disputa y que impiden que se dicte 

sentencia sumaria en su contra. León Torres v. Rivera Lebrón, supra. 

Claro está, para cada uno de estos supuestos, deberá hacer 

referencia a la prueba específica que sostiene su posición, según 

exigido por la antes citada Regla 36.3 de Procedimiento Civil. Íd. En 

otras palabras, la parte opositora tiene el peso de presentar 

evidencia sustancial que apoye los hechos materiales que alega 

están en disputa. Íd. De lo anterior se puede colegir que, ante el 

incumplimiento de las partes con las formalidades de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil de 2009, supra, la consideración de sus 

posiciones descansa en la sana discreción del Tribunal.
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Al atender la solicitud, el Tribunal deberá asumir como ciertos 

los hechos no controvertidos que se encuentren sustentados por los 

documentos presentados por el promovente. E.L.A. v. Cole, 164 DPR 

608, 626 (2005). Toda inferencia razonable que pueda surgir de los 

hechos y de los documentos se debe interpretar en contra de quien 

solicita la sentencia sumaria, pues sólo procede si bajo ningún 

supuesto de hechos prevalece el promovido. Íd., pág. 625. Además, 

al evaluar los méritos de una solicitud de sentencia sumaria, el 

juzgador debe actuar guiado por la prudencia y ser consciente en 

todo momento que su determinación puede conllevar el que se prive 

a una de las partes de su “día en corte”, componente integral del 

debido proceso de ley. León Torres v. Rivera Lebrón, supra, pág. 44.

Sin embargo, la sentencia sumaria generalmente no 

procederá cuando existan controversias sobre hechos esenciales 

materiales, o si la controversia del caso está basada en elementos 

subjetivos como intención, propósitos mentales, negligencia o 

credibilidad. Segarra Rivera v. Int’l Shipping et al., 208 DPR 964 

(2022). Además, existen casos que no se deben resolver mediante 

sentencia sumaria porque resulta difícil reunir la verdad de los 

hechos mediante declaraciones juradas o deposiciones. Jusino et 

als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 579 (2001). De igual modo, no es 

apropiado resolver por la vía sumaria “casos complejos o casos que 

involucren cuestiones de interés público”. Íd.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha discutido los criterios 

que este Tribunal de Apelaciones debe considerar al momento de 

revisar una sentencia dictada sumariamente por el foro de instancia. 

Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 679-680 (2018); 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, págs. 118-119. 

Nuestro más Alto Foro señaló que: 

[E]l Tribunal de Apelaciones debe: (1) examinar de novo 

el expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le exigen 
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al foro primario; (2) revisar que tanto la Moción de 

Sentencia Sumaria como su oposición cumplan con los 

requisitos de forma codificados en la referida Regla 36;

(3) revisar si en realidad existen hechos materiales en 

controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia de 

la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de 

exponer concretamente cuáles hechos materiales 

encontró que están en controversia y cuáles están 

incontrovertidos, y (4) de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, debe 

proceder a revisar de novo si el Tribunal de Primera 

Instancia aplicó correctamente el Derecho a la 

controversia. Roldán Flores v. M. Cuebas et al., supra, 

pág. 679. 

Conforme a lo anterior, los foros apelativos nos encontramos 

en la misma posición que el Tribunal de Primera Instancia y 

utilizamos los mismos criterios para evaluar la procedencia de una 

sentencia sumaria. González Meléndez v. Municipio Autónomo de 

San Juan y otros, supra. Por ello, nuestra revisión es una de novo, y 

nuestro análisis debe regirse por las disposiciones de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y su jurisprudencia interpretativa. 

González Santiago v. Baxter Healthcare, 202 DPR 281, 291 (2019).

De esta manera, si entendemos que los hechos materiales realmente 

están incontrovertidos, debemos revisar de novo si el foro primario 

aplicó correctamente el derecho. Acevedo Arocho y otros v. 

Departamento de Hacienda de Puerto Rico y otros, 2023 TSPR 80, 

resuelto el 26 de junio de 2023.

B. Inmunidad Patronal 

La Ley 45, supra, se creó para garantizar al obrero su 

compensación en contra de los riesgos a su salud que se relacionen 

con su trabajo. Arzuaga Monserrate y otro v. Empresas Ortiz Brunet 

y otros, 2023 TSPR 44, resuelto el 10 de abril de 2023. A esos fines, 

la Ley 45, supra, exige que los patronos realicen una aportación 

patronal para compensar a los obreros y empleados por sus lesiones, 

incapacidad productiva o muerte como resultado de un accidente o 

enfermedad ocupacional. Sobre este tema, el Tribunal Supremo 

expresó:
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A cambio de esta aportación patronal, la ley ofrece al 

obrero lesionado una compensación segura, inmediata 

y cierta en comparación a una reclamación ordinaria en 

daños, mientras que reconoce la inmunidad del patrono 

asegurado contra acciones por daños y perjuicios de 

sus empleados. Además, la CFSE asume los gastos de 

tratamiento médico y compensación sin derecho a 

reembolso, independientemente de quien fue la 

negligencia. (Nota y cita omitida.) Arzuaga Monserrate y 

otro v. Empresas Ortiz Brunet y otros, supra.

Cabe señalar que, cuando la lesión, enfermedad o muerte del 

obrero sea imputable a un tercero, la Ley 45, supra, viabiliza que el 

Fondo se subrogue en los derechos del lesionado y reclame 

judicialmente al tercero responsable de los daños. Íd.

Con respecto a la cláusula de contratista que emana del 

Artículo 17 de la Ley 45, supra, nuestro más Alto Foro expresó que 

“es la que impone a los patronos -dueños de obras, principales, 

contratistas o subcontratistas- la responsabilidad subsidiaria de 

asegurar a los obreros de aquellos con los que contraten o ajusten.” 

SLG Ortiz-Cintrón v. Rivera Núñez et al., 194 DPR 936, 943 (2016). 

Cabe puntualizar que, el citado Artículo 17 obliga al patrono a 

asegurar con el Fondo a sus propios empleados y, de forma 

subsidiaria, a los trabajadores de los patronos con quienes contrató 

o subcontrató, si estos no aseguraron a sus empleados. Íd.

Por lo tanto, mediante la cláusula de contratista, los 

empleados de los contratistas o subcontratistas no asegurados 

quedan protegidos. Íd. Otro efecto de la cláusula de contratista es 

que, el patrono asegurado, sea real o estatutario, tiene inmunidad 

absoluta frente a las demandas sobre daños y perjuicios, aunque 

surjan producto de su negligencia crasa. Íd. Valga aclarar que, 

patrono real es el empleador, o sea, quien contrata directamente al 

empleado. Caballer Rivera v. Adriel Toyota, 200 DPR 120, 130 

(2018). Mientras que, el patrono estatutario es quien contrata los 

servicios de otra empresa, e indirectamente, contrata también a los 

empleados de esta. SLG Ortiz-Cintrón v. Rivera Núñez et al., supra. 

De manera que, cuando alguno de los patronos, a lo largo de la 
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misma cadena contractual, paga el seguro obrero-patronal al Fondo, 

beneficia a los demás patronos envueltos en el contrato de obra o 

servicio y les provee inmunidad en contra de las acciones de daños. 

Íd.

C. Sham affidavit

En nuestra jurisdicción, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

acogió la norma federal denominada sham affidavit doctrine. SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013). Al amparo de 

esta doctrina, los tribunales están impedidos de considerar un 

testimonio reciente -suscrito por la parte adversa a la parte 

promovente de una solicitud de sentencia sumaria- que sea 

claramente incompatible con una declaración bajo juramento 

emitida anteriormente, si no ofrece una explicación adecuada para 

la nueva versión. Íd. Si la inconsistencia entre ambas declaraciones 

resulta evidente, el juzgador viene obligado a rechazar la declaración 

subsiguiente. Íd.

Cabe señalar que, la antedicha norma es de aplicación cuando 

la parte que se opone a que se dicte sentencia sumariamente 

presenta declaraciones inconsistentes como subterfugio para crear 

controversias de hechos materiales, con el único propósito de 

impedir la solución sumaria del asunto, práctica contraria al 

objetivo de la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. Íd. Lo anterior 

no se refiere a inconsistencias de poca trascendencia que surgen por

errores o discrepancias de buena fe o producto de prueba 

descubierta posteriormente. Íd.

III.

En su recurso, los apelantes impugnan como primer error la 

determinación del foro primario de denegar su petitorio sumario a 

pesar de que presuntamente no existen hechos materiales en 

controversia. En el segundo y tercer error los apelantes arguyen que,

el TPI incidió al aplicar la doctrina de sham affidavit para no 
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considerar el segundo testimonio de Carlos M. Rodríguez Colón.

Como último señalamiento de error los apelantes aducen que, el foro 

primario se equivocó al no desestimar, por falta de prueba, la 

reclamación de Guzmán Class sobre los daños que sufrió el 

causante producto del accidente hasta su fallecimiento.

Por su parte, los apelados en su Oposición argumentan que, 

el mero hecho de que VAL y Blue Waters sean consideradas un solo 

patrono bajo la Ley de Relaciones del Trabajo no conlleva 

necesariamente que también lo sean bajo la Ley de Compensaciones 

por Accidentes del Trabajo. Lo antes, en la medida en que, cada 

patrono paga las primas conforme a sus riesgos. Añaden que, los 

apelantes no explicaron a qué se debió el segundo testimonio 

incompatible que ofreció Carlos M. Rodríguez Colón, conforme lo 

requiere la doctrina de sham affidavit. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra. Por último, arguyen que el TPI actuó correctamente 

al no desestimar la reclamación de daños heredable debido a que, 

según el informe de autopsia, la causa de muerte de Samuel Galarza 

Guzmán fue por ahogamiento. Por su estrecha relación entre sí, 

discutiremos conjuntamente los errores señalados.

En cumplimiento con el deber que nos impone Meléndez

González et al. v. M. Cuebas, supra, revisamos de novo la moción 

dispositiva de los apelantes y su correspondiente oposición. De igual 

manera, debemos evaluar si las partes cumplieron con los requisitos 

de forma dispuestos en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. 

Superado lo anterior, debemos determinar si, en el presente caso, 

existen hechos materiales en controversia que impiden resolver 

sumariamente este asunto. 

Al analizar el petitorio sumario de los apelantes constatamos 

que, cumplieron con las formalidades que establece la Regla 36.3(a)

de Procedimiento Civil, supra. Con relación a los méritos de la causa, 

en esencia argumentaron que, el piloto Torres Gavino laboraba como 
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chief pilot de Blue Waters.

30 Adujeron que, VAL y Blue Waters 

firmaron un acuerdo mediante el cual VAL presuntamente se 

comprometió a la compra e instalación del equipo necesario para 

que el avión Piper Azteca N14181 cumpliera con las 

reglamentaciones federales.

31 Alegaron, además, que VAL tenía una 

póliza de seguro con cubierta para el avión Piper Azteca N14181 y 

para Blue Waters que concede inmunidad absoluta tanto a VAL 

como a Blue Waters.32 Aseguraron que, existe un vínculo obreropatronal indirecto entre VAL, Blue Waters y el causante, Samuel 

Galarza Guzmán y que su fallecimiento ocurrió como resultado de 

su relación laboral. 

Separadamente, instaron una Solicitud de Sentencia Sumaria 

Parcial en la Alternativa de no Concederse la Solicitud Dispositiva 

Radicada en esta Misma Fecha. En ella expusieron que, los apelados 

carecen de evidencia suficiente para demostrar que Samuel Galarza 

Guzmán estuvo consciente luego de que el avión en el cual viajaba 

impactó el mar y para sustentar que este sufrió daños y angustias 

mentales desde el impacto hasta su muerte. 

De otra parte, los apelados en su Oposición también 

cumplieron con las formalidades Regla 36.3 (b) de Procedimiento 

Civil, supra. Primeramente, se allanaron a que el TPI desestimara la 

reclamación en contra de Blue Waters bajo la doctrina de patrono 

estatutario. Además, argumentaron que, de los Anejos 1 y 2 que 

sometieron los apelantes no se colige que VAL y Blue Waters tengan 

una administración y un fin común, compartiendo accionistas, 

directores, oficiales y empleados. Añadieron que, según declaró en 

su deposición el Sr. Carlos M. Rodríguez Colón, Blue Waters no tenía 

empleados. Lo antes para controvertir la alegación de los apelantes 

30 Contestaciones y Objeciones a Primer Pliego de Interrogatorio y Solicitud de 

Producción de Documentos, Anejo 4, Apéndice, págs. 201-205.

31 Anejo 11, Apéndice, pág. 257.

32 Véase, Carta firmada por Carlos M. Rodríguez Colón, Anejo 12, Apéndice pág. 

258.
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de que el piloto Torres Gavino era director de operaciones de Blue 

Waters lo cual, a su entender, imposibilita la aplicación de la 

doctrina de inmunidad patronal.

Allí también los apelados expresaron que, los Exhibits 4, 5 y 

6 anejados junto a su Oposición demuestran que Blue Waters, no 

VAL, contrató y pagó a Propilot la instalación de los equipos de 

avionics en el avión Piper Azteca N14181.

33 Aseguraron que, según 

la declaración jurada de Luis Alberto Irizarry Porrata, Blue Waters 

no tenía autorización para operar como línea aérea, por lo cual, no 

podía tener como empleado a Luis Torres Gavino en calidad de Chief 

Pilot.

34 Por último, señalaron que, la teoría de los apelantes de que 

Samuel Galarza Guzmán quedó inconsciente con el impacto sin 

sufrir daños heredables es especulativa e infundada.

Luego de examinar de novo el petitorio sumario de los 

apelantes, la Oposición de los apelados y el voluminoso apéndice

ante nuestra consideración, concluimos que los apelados lograron 

demostrar que existen hechos medulares en controversia que 

impiden la solución sumaria de este asunto. En particular, existe 

controversia con respecto a cuál es la cadena contractual entre Blue 

Waters, VAL y Propilot y si VAL le aplica la inmunidad patronal bajo 

la Ley 45, supra. 

Puntualizamos que, no surge inequívocamente de los anejos 

que obran en el expediente ante esta Curia que VAL y Blue Waters 

sean un mismo patrono con iguales accionistas, directores, oficiales 

y empleados. Además, y a pesar de que, por definición no se 

configura el sham affidavit en este caso, colegimos que, surgen

claras contradicciones sobre este asunto debido a que Carlos M. 

Rodríguez Colón ofreció testimonios incongruentes sobre el 

particular inicialmente durante la deposición y posteriormente en la 

33 Apéndice, págs. 579-581.

34 Exhibit 1 de la Oposición, Apéndice, págs. 572-575.
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declaración jurada que los apelantes sometieron junto a su petitorio 

de reconsideración ante el TPI. 

En virtud de lo anterior, coincidimos con el foro primario en 

cuanto a que existen controversias medulares los cuales impiden la 

adjudicación la causa por la vía sumaria, en en esta etapa de los 

procesos.35

Por último, convenimos que, con respecto a la reclamación de 

los daños, el foro primario no incidió al consignar (como la 

controversia número 4) que, de no aplicar la inmunidad patronal, 

procedería entonces dilucidar las controversias medulares sobre la 

extensión y la valorización de los presuntos daños en cuanto a los 

codemandantes Guzmán Class, Sepúlveda Guzmán y el propio 

perjudicado Galarza Guzmán. De nuestra evaluación de novo, no 

identificamos que el foro primario haya errado en posponer su 

determinación sobre el tema de resarcimiento de los daños y sobre 

si los daños del perjudicado son heredables los cuales ciertamente 

envuelven asuntos de credibilidad.

Basado en lo anterior y de conformidad con la facultad que 

nos confirió el Tribunal Supremo en Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, supra, reconocemos que el TPI actuó correctamente al 

declarar no ha lugar la solicitud de sentencia sumaria de los 

apelantes y al ordenar la continuación de los procedimientos. Los 

errores señalados no se cometieron. 

IV.

Por todo lo anterior, confirmamos la Sentencia Parcial apelada.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

35 Apéndice, pág. 713.