Número Identificador

SEN2023 _____________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL V

GABRIEL COLÓN 

VALDERRAMA

Recurrente

Vs.

DPTO. 

TRANSPORTACIÓN Y 

OBRAS PÚBLICAS

Recurrida

KLRA202300521

REVISIÓN 

ADMINISTRATIVA

procedente del

Departamento de 

Trasportación y 

Obras Públicas

Querella Núm. 

2023-SP-004

SOBRE: 

Reglamento 9459 

para Establecer 

Sistema de Puntos 

para los Conductores

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero.

Hernández Sánchez, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de noviembre de 2023.

El 5 de octubre de 2023, el señor Gabriel Colón Valderrama 

(señor Colón Valderrama o parte recurrente) compareció ante nos 

mediante un Recurso de Revisión y solicitó la revocación de una 

Resolución que se emitió y notificó el 5 de septiembre de 2023 por la

Directoría de Servicios al Conductor del Departamento de 

Transportación y Obras Públicas (DTOP o parte recurrida). Mediante 

el aludido dictamen, el DTOP declaró No Ha Lugar la apelación de la 

parte recurrente. Consecuentemente, le suspendió al señor Colón

Valderrama su certificado de licencia de conducir número 6213429, 

por el término de tres (3) años, conforme al Inciso C, (3)(d) del

Reglamento Núm. 9459, también conocido como Reglamento para 

Establecer Sistema de Puntos para los Conductores que se aprobó el

10 de mayo del 2023 (Reglamento 9459). 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

REVOCAMOS la Resolución recurrida. 
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I.

El 10 de febrero de 2023, la Sra. Eileen M. Vélez Vega (señora 

Vélez Vega), secretaria del DTOP, remitió una carta al señor Colón 

Valderrama en la cual le informó que le suspendió su certificado de 

licencia de conducir por un término de tres (3) años, conforme a la 

Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, según enmendada, mejor 

conocida como Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico (Ley Núm. 

22-2000) y el Reglamento 9459, supra.

1 Asimismo, le apercibió de 

que podía solicitar una vista administrativa para oponerse a la 

suspensión ante el DTOP dentro del término de veinte (20) días 

siguientes a la fecha de la notificación de la carta. Por último, le 

informó que podía comparecer a la vista administrativa presentando 

su propia defensa o asistido por un abogado. Cabe precisar que, la 

referida carta estaba acompañada del Informe del Sistema de Puntos

y la Certificación Oficial de Multas Administrativas a Licencia de la 

parte recurrente, ambos documentos con fecha de 17 de abril de 

2023. 

Posteriormente, el 17 de marzo del 2023, el señor Colón 

Valderrama remitió una carta al DTOP intitulada Solicitud de Vista 

Administrativa al Amparo del Reglamento 7977 del DTOP (Número de 

Certificado de Licencia de Conducir 6213429).

2 En síntesis, solicitó 

la celebración de una vista administrativa para dilucidar la 

intención de suspensión del certificado de su licencia de conducir 

por parte del DTOP.

Así las cosas, el 16 de mayo de 2023, el DTOP emitió una 

Notificación de Vistas Administrativas.

3 En esta, se le indicó a la 

parte recurrente que se celebraría una vista administrativa el 7 de 

junio de 2023, a las 9:00am en la Directoría de Servicios al 

1 Véase, págs. 1-3 del apéndice del recurso.

2

Íd., págs. 5-6. 

3

Íd., pág. 7. 
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Conductor. A su vez, les advirtió a las partes que tenían derecho de 

estar asistidos por abogado, a ser oídos, a exponer sus posiciones y 

a presentar prueba en la vista adjudicativa. 

Luego de que se celebró la vista administrativa, el 18 de julio 

de 2023, el oficial examinador que la presidió, presentó su Informe 

y Recomendación del Oficial Examinador (Informe). En este

recomendó declarar No Ha Lugar a la apelación del señor Colón 

Valderrama y, en consecuencia, declaró Ha Lugar la determinación 

del DTOP en cuanto a la suspensión de la licencia de este último

conforme al inciso C, número 3(d) del Reglamento 9459, supra, el 

cual disponía que se suspendería la licencia cuando el conductor 

llegara a 30 puntos o más en un término máximo de tres (3) años. 

Asimismo, realizó las siguientes determinaciones de hechos:

1. El Sr. Gabriel Colón Valderrama es conductor con 

número de licencia 6213429, expedida por el 

Departamento de Transportación y Obras Públicas.

2. Por no estar de acuerdo con la determinación fechada 

10 de febrero de 2023, el peticionario por conducto de 

su representación legal, Lcda. María del C. Ojeda 

Rodríguez, radicó una Solicitud de Vista 

Administrativa, por lo que la Directoría de Servicios al 

Conductor le citó para vista administrativa para el 7 de 

junio de 2023 a las 8:00 de la mañana según solicitado. 

3. Obran en el expediente administrativo los siguientes 

documentos:

a. Carta de la Sra. Eileen M. Vélez Vega, Secretaria del 

Departamento de Transportación y Obras Pública al 

peticionario Gabriel Colón Valderrama suspendiéndole 

su certificado de licencia de conducir número 6213429 

por el término de tres (3) años fechada 10 de febrero de 

2023.

b. Informe de Sistema de Puntos del peticionario Gabriel 

Colón Valderrama fechado de 17 de abril de 2023.

c. Certificación Oficial de Multas Administrativas a 

Licencia del peticionario Gabriel Colón Valderrama 

fechado 17 de abril de 2023.

d. Solicitud de Vista Administrativa radicada por la 

representante legal del peticionario Gabriel Colón 

Valderrama fechada 17 de marzo de 2023.

4. La parte peticionaria se le había notificado sobre varias 

violaciones a la Ley de Tránsito se presentó como 
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prueba la forma DTOP DIS – 292 del Sr. Gabriel Colón 

Valderrama en la cual arroja una serie de violaciones. 

La representante de la agencia, Sra. Jessica Angúlo, 

testificó y presentó comunicación notificada el 10 de 

febrero de 2023 y dirigida al peticionario Cabriel Colón 

Valderrama a su dirección postal donde se le notificó 

suspenderle su certificado de licencia de conducir 

conforme a la disposición en el Artículo 8.02(J).

5. Además testificó que a base de dichos puntos y en 

virtud de la Ley 22 del 7 de enero según enmendada 

conocida como Ley de Vehículo y Tránsito en su Artículo 

8.02(J) y el Reglamento 7977 hoy Reglamento 9454 de 

fecha 10 mayo de 2023 se le suspende de su certificado 

de licencia de conducir por el término de tres (3) años. 

Además, se le notifica que de no estar conforme podría 

apelar solicitando una vista administrativa. Siendo así 

el señor Colón Valderrama solicita una vista 

administrativa por conducto de su representación legal, 

Lcda. María del C. Ojeda Rodríguez fechada 17 de marzo 

de 2023. Habiéndose radicado la correspondiente 

solicitud de vista administrativa se procedió a celebrar 

la misma y se confirma la misma con toda la 

documentación que se ha hecho mención en la misma. 

En virtud de lo anterior, el 5 de septiembre de 2023, el DTOP

emitió una Resolución que se notificó el mismo día, en la cual acogió 

la recomendación del Informe y Recomendación del Oficial 

Examinador y adoptó las determinaciones de hechos que se 

realizaron en este.

4 Así pues, declaró No Ha Lugar la apelación del 

señor Colón Valderrama y en consecuencia, declaró Ha Lugar la 

determinación de suspender el certificado de licencia de conducir 

número 6213429 de este último.

Inconforme, el 5 de octubre de 2023, la parte recurrente 

presentó el recurso de epígrafe y formuló los siguientes 

señalamientos de error:

Erró el Departamento de Transportación y Obras 

Públicas al emitir una determinación final 

habiéndosele negado y/o coartado tajantemente al 

Peticionario su derecho constitucional a ser oído en 

la vista administrativa celebrada el 7 de junio de 

2023.

Erró el Oficial Examinador del Departamento de 

Transportación y Obras Públicas al establecer un 

4

Íd., págs. 8-28. 
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“ruling” determinado que el DTOP no tenía 

jurisdicción para ver la vista, impidiéndole a la Parte 

Peticionaria presentar sus planteamientos en 

cuanto a los fundamentos de dicho “ruling”, 

contrainterrogar a la funcionaria del DTOP y ejercer 

su derecho a ser oído. 

Erró el Oficial Examinador del Departamento de 

Transportación y Obras Públicas al determinar que 

la fecha a partir de la cual comienza a decursar el 

término de (30) días para solicitar la vista 

administrativa es la consignada en la carta cuando 

la realidad es que dicho término comienza a 

transcurrir desde la fecha de su notificación.

Erró el Departamento de Transportación y Obras 

Públicas al concluir en su Resolución emitida y 

notificada el 5 de septiembre de 2023 que el 

expediente del caso surge que en la vista se recibió 

el testimonio y alegaciones de la parte peticionaria 

cuando ni siquiera se le tomó juramento, no se 

permitió argumentación alguna para cuestionar el 

“ruling” del Oficial Examinador sobre ausencia de 

jurisdicción para entrar en la vista en su fondo y no 

se le dio oportunidad de contrainterrogar a la testigo 

del DTOP sobre la notificación de la comunicación 

fechada el 10 de febrero del 2023. 

Erró el Departamento de Transportación y Obras 

Públicas al concluir en la Determinación de Hecho 

número (4) que a la parte peticionaria se le había 

notificado sobre varias violaciones a la Ley de 

Tránsito sin que haya dado la oportunidad alguna al 

Peticionario de rebatir y argumentar durante la vista 

administrativa sobre la notificación cursada el 21 de 

febrero del 2023. 

Atendido el recurso, el 11 de octubre de 2023, emitimos una 

Resolución concediéndole a la parte recurrida hasta el 14 de 

noviembre de 2023, término final e improrrogable, para que 

presentar su postura. Posteriormente, el 6 de noviembre de 2023, le 

ordenamos al DTOP a presentar una copia certificada del expediente 

administrativo del presente caso. En cumplimiento con nuestra 

orden, el 10 de noviembre de 2023, el DTOP nos remitió una copia 

certificada del expediente administrativo. Posteriormente, la parte 

recurrida presentó un Escrito en Cumplimiento de Resolución y negó 

que el oficial examinador cometiera los errores que señaló el señor 

Colón Valderrama. 
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Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver. Veamos. 

II.

La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAUG), 3 LPRA sec. 9671, 

permite que se solicite al Tribunal de Apelaciones la revisión judicial 

de las decisiones de las agencias administrativas. Dicha revisión 

tiene como propósito limitar la discreción de las agencias y 

asegurarse de que estas desempeñen sus funciones conforme a la 

ley. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 891-892 (2008). 

Sin embargo, los tribunales apelativos han de otorgar gran 

consideración y deferencia a las decisiones administrativas en vista 

de la vasta experiencia y conocimiento especializado de la agencia. 

Rolón Martínez v. Caldero López, 201 DPR 26, 35 (2018). Además, es 

norma de derecho claramente establecida que las decisiones 

administrativas gozan de una presunción de legalidad y corrección. 

Íd. Esta presunción de legalidad y corrección “debe ser respetada 

mientras la parte que la impugne no produzca suficiente evidencia 

para derrotarla”. Íd. La persona que impugne la legalidad o 

corrección tendrá que presentar evidencia suficiente para derrotar 

tal presunción, no pudiendo descansar únicamente en meras 

alegaciones. Íd.

El criterio rector al momento de pasar juicio sobre una 

decisión de un foro administrativo es la razonabilidad de la 

actuación de la agencia. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005). 

Por tanto, al realizar nuestra función revisora debemos enfocarnos 

en determinar si la agencia administrativa: (1) erró en aplicar la ley; 

(2) actuó arbitraria, irrazonable o ilegalmente; y (3) si lesionó 

derechos constitucionales fundamentales. Torres Rivera v. Policía de 

PR, 196 DPR 606, 627-628 (2016). De este modo, si al realizar 

nuestra función revisora no nos encontramos ante alguna de las 
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situaciones previamente mencionadas, tenemos el deber de validar 

la determinación realizada por la agencia administrativa. Íd., pág. 

628. 

Cónsono a lo anterior, la Sec. 4.5 de la LPAUG, 3 LPRA sec. 

9675, en esencia, dispone que el alcance de una revisión judicial de 

una determinación administrativa se circunscribe a determinar lo 

siguiente: (1) si el remedio que concedió la agencia fue apropiado; 

(2) si las determinaciones de hechos que realizó la agencia están 

sostenidas por evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo; y, por último, (3) si las conclusiones de derecho 

fueron correctas. (Énfasis nuestro).

Ahora bien, es de suma importancia precisar que para que el 

foro apelativo pueda ejercer su función de revisión judicial, es 

esencial que las agencias administrativas expongan de manera clara 

sus determinaciones de hechos y las razones para llegar a su 

determinación final, incluyendo hechos básicos de los cuales, a 

través de un proceso de razonamiento e inferencia, se derivan de 

aquellos. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 

437-438 (1997). Es decir, el dictamen debe reflejar que dicho 

organismo ha considerado y resuelto los conflictos de prueba, y sus 

determinaciones deben de incluir tanto los hechos probados como 

los que fueron rechazados. Íd. Consecuentemente, los 

fundamentos de una decisión no pueden ser pro forma. Íd. Estos 

deben reflejar que la agencia cumplió con su obligación de 

evaluar y resolver los conflictos de prueba del caso ante su 

consideración. Íd. (Énfasis suplido). 

A tenor con lo antes expresado, nuestro Más Alto Foro ha 

establecido que las determinaciones de hechos en los dictámenes 

finales de las agencias administrativas, “deben ser lo 

suficientemente definidas para poner a las cortes en posición de 

revisar inteligentemente la decisión [del organismo administrativo] y 
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determinar si los hechos tal y como [éste] los encontró probados... 

ofrecen una base razonable para [su decisión]”. Misión Industrial v. 

Junta de Planificación, 146 DPR 64, 152 (1998). En cuanto a las 

conclusiones de derecho, “la agencia no puede limitarse a 

‘recitar’ o a repetir frases generales que aparecen en [sus 

reglamentos o en su ley orgánica] como único fundamento para 

su decisión”. Íd. Así pues, en conclusión, las determinaciones 

de hechos y las conclusiones de derecho que forman parte de 

las resoluciones finales de las agencias administrativas no 

pueden ser pro forma. (énfasis nuestro). 

Por su parte, la Sección 4.2 de la LPAUG, 3 LPRA sec. 9672, 

delimita el alcance de la revisión judicial de las decisiones 

administrativas y los requisitos formales de dichos dictámenes. 

Particularmente y en lo pertinente al caso ante nos, la referida 

sección dispone que una orden o resolución final debe incluir 

determinaciones de hechos y las conclusiones de derecho que 

fundamentan la adjudicación y la advertencia del derecho a solicitar 

una reconsideración o revisión, según sea el caso. 

Ahora bien, cabe precisar que, por su parte, el Reglamento 

Núm. 9459, aplica a los procesos adjudicativos formales que se 

ventilan en las vistas administrativas que se celebran ante el DTOP 

cuando se revoque o suspenda cualquier licencia de conducir por 

acumulación de infracciones en el sistema de puntos para los 

conductores. En específico, el Art. VI, inciso I (1) dispone que el 

conductor que no esté de acuerdo con la determinación de 

suspensión del Secretario podrá, dentro del término de treinta (30) 

días a partir del recibo de la notificación de intención de suspender, 

solicitar una vista administrativa o someter un escrito para mostrar 

causa por la cual no procede la suspensión de su certificado de 
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licencia de conducir.5 Así pues, en caso de solicitar una vista 

administrativa, el Secretario le notificará mediante carta, dentro de 

un periodo que no excederá noventa (90) días de haber recibido la 

solicitud, el día, hora y lugar en que tendrá efecto dicha vista.6 Una 

vez la determinación de suspensión haya advenido final, ya sea por 

el mero transcurso de los treinta (30) días sin acción por parte del 

conductor, por haberse celebrado la vista administrativa o 

considerado el escrito mostrando causa sosteniéndose la 

suspensión o revocación, la determinación del Departamento será 

final y firme.7

III.

En el caso ante nos, la parte recurrente nos solicitó la 

revocación de la Resolución que se emitió y notificó el 5 de 

septiembre de 2023, por el DTOP. Específicamente, en su primer 

señalamiento de error argumentó que erró el DTOP al emitir una 

determinación final habiéndole coartado su derecho constitucional 

a ser oído en la vista administrativa. Además, en su segundo 

señalamiento de error planteó que erró el oficial examinador del 

DTOP al establecer que no tenía jurisdicción para ver la vista e 

impedirle contrainterrogar a la funcionaria del DTOP. Ahora bien, 

en su tercer señalamiento de error, sostuvo que erró el oficial 

examinador del DTOP al determinar que la fecha a partir de la cual 

comienza a transcurrir el término de (30) días para solicitar la vista 

administrativa era la consignada en la carta, cuando dicho término 

comenzaba a transcurrir desde la fecha de su notificación. 

Por otro lado, en su cuarto señalamiento de error, señaló que 

erró el DTOP al concluir que del expediente del caso surgía que en 

la vista se recibió el testimonio y alegaciones de la parte recurrente, 

5 Art. VI, I (1) del Reglamento Núm. 9459, supra. 

6 Art. VI, I (2) del Reglamento Núm. 9459, supra. 

7 Art. VI, I (3) del Reglamento Núm. 9459, supra. 
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aun cuando no se le tomó juramento, ni se permitió argumentación 

alguna para cuestionar sobre la jurisdicción del Oficial Examinador 

para atender la vista en su fondo y, no se le dio oportunidad para

contrainterrogar sobre la notificación de la comunicación fechada el 

10 de febrero del 2023. Por último, impugnó la determinación del 

DTOP al concluir que se le había notificado sobre varias violaciones 

a la Ley 22-2000 sin habérsele dado la oportunidad de argumentar 

durante la vista administrativa sobre la notificación de la carta 

cursada el 21 de febrero del 2023.

El Art. 27.04 de la Ley Núm. 22-2000 dispone que “todo 

Reglamento adoptado al amparo de esta Ley deberá cumplir con lo 

dispuesto en la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 

enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme” o cualquier ley que le sustituya”. 9 LPRA sec. 5724. 

Asimismo, el Reglamento 9459 se adoptó en virtud de varias leyes, 

entre estas la LPAUG.8 Dicho lo anterior, el Art. 4.5 de la LPAUG, 

supra, establece que el alcance de una revisión judicial de una 

determinación administrativa se circunscribe, entre otros asuntos a 

determinar si las conclusiones de derecho fueron correctas. Por su 

parte, el Tribunal Supremo de Puerto determinó que la agencia 

administrativa no puede limitarse a repetir frases generales que 

aparecen en sus reglamentos o en su ley orgánica como único 

fundamento para basar su decisión. A su vez, nuestro ordenamiento 

jurídico dispone que las determinaciones de hechos de las agencias

administrativas deben reflejar los hechos probados según la prueba 

presentada. 

En el caso de autos, se celebró una vista administrativa el 7 

de junio de 2023 y el oficial examinador que la presidió preparó un 

Informe. Posteriormente, el 5 de septiembre de 2023, el DTOP emitió 

8 Art. III, B del Reglamento Núm. 9459, supra.
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una Resolución mediante la cual acogió dicho Informe según 

redactado, sin realizarle ninguna modificación. Es decir, adoptó las 

determinaciones de hecho que realizó el oficial examinador y expresó 

que se recibió el testimonio y las alegaciones de la parte recurrente. 

Cabe precisar que las determinaciones de hechos que realizó el 

oficial examinador, la cuales fueron acogidas por el DTOP, se 

enfocaron en aspectos procesales del caso. No obstante, no se 

emitieron determinaciones de hechos basadas en la prueba 

presentada por las partes del caso. Además, en la parte de 

conclusiones de derecho, el recurrido citó las disposiciones 

pertinentes a la LPAUG, la Ley Núm. 22-2000 y el Reglamento 9459 

como único fundamento para basar su decisión. Entiéndase, el 

DTOP no fundamentó sus conclusiones de derecho según la prueba 

presentada en la vista que se llevó a cabo el 7 de junio de 2023. 

Nótese que, el Reglamento 9459 no establece la forma en la 

cual la agencia administrativa debe disponer sobre la controversia. 

No obstante, reiteramos que el Art. 27.04 de la Ley Núm. 22-2000, 

9 LPRA sec. 5724, dispone que todo Reglamento debe cumplir con 

la LPAUG. Por tanto, si bien es cierto que el señor Colón Valderrama 

tiene derecho a solicitar la revisión judicial ante este foro, nos vemos 

imposibilitados de realizar un análisis exhaustivo de la controversia, 

toda vez que el dictamen recurrido carece de adjudicación del 

derecho a los hechos procesales del caso, lo cual no nos permite

ejercer nuestra función revisora, según establece la LPAUG.

En vista de lo antes expresado, cuando la agencia emita su 

determinación final, también deberá cumplir con los postulados de 

la LPAUG, supra, la Ley Núm. 22-2000, supra, el Reglamento Núm. 

9459, supra, y la jurisprudencia aplicable. Es decir, deberá formular 

determinaciones de hechos suficientemente definidas que permitan 

que los tribunales ejerzan su función de revisión judicial. Además, 

sus conclusiones de derecho deben ser el resultado de un análisis 
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que interprete las normas legales aplicables a la luz de los hechos 

probados. Enfatizamos que una decisión administrativa no puede 

sostenerse con fundamentos pro forma, y debe evitar la repetición de 

frases genéricas provenientes de sus reglamentos o ley orgánica 

como único fundamento para una decisión. Misión Industrial v. 

Junta de Salario Mínimo, supra, pág. 152. 

Debido al incumplimiento de la Resolución con la LPAUG, 

prescindimos de la discusión del resto de los errores planteados.

Dicho lo anterior, procede revocar la resolución que se emitió y 

notificó el 5 de septiembre de 2023. Por tanto, devolvemos el caso al 

DTOP para que emita un dictamen conforme a las disposiciones de 

la LAPUG, en específico los Arts. 4.1, 4.2 y 4.5. Por último, 

aclaramos que mediante este dictamen no estamos prejuzgando en 

sus méritos la suspensión de la licencia de conducir del recurrente. 

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, REVOCAMOS el 

dictamen recurrido y DEVOLVEMOS el caso a la agencia 

administrativa para que resuelva según lo aquí dispuesto. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones