Número Identificador

RES2024 _______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL XI

MUNICIPIO DE SAN 

JUAN 

Recurrido 

v.

S & MG MEDICAL 

SERVICE GROUP

CORP.; SMG MEDICAL 

SERVICES AND SUPPLY, 

INC., Y OTROS

Peticionario 

KLCE202301286

CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de

San Juan

Caso número:

SJ2019CV00345

Sobre:

Nulidad de 

Contrato, Cobro de 

Dinero

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez 

Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Díaz Rivera, Jueza Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de enero de 2024.

Comparece ante nos, SMG Medical Services & Supply, Inc. 

(SMG) y nos solicita que revisemos y revoquemos la Resolución

emitida el 24 de julio de 2023 y notificada el 31 de julio de 2023, por 

el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de San Juan. 

Mediante dicho dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar la Moción de 

Desestimación, que presentó SMG. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos expedir el recurso de certiorari.

I.

El 14 de enero de 2019, el Municipio de San Juan presentó 

una Demanda en contra de S & MG Medical Service Group, Inc. (S 

& MG), SMG y Laura Morales Burgos sobre sentencia declaratoria, 

nulidad de contratos y recobro de fondos públicos.1 En apretada 

síntesis, el Municipio de San Juan solicitó que se declaren nulos los 

contratos 2009-000068, 2010-000091, 2011-00246, 2011-00678, 

1 El 18 de mayo de 2020, el TPI emitió una Sentencia mediante la cual desestimó 

la Demanda incoada en contra de S & MG y Laura Morales Burgos. 
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2012-00389 y 2013-000714. Oportunamente, el 17 de abril de 

2019, SMG presentó una Contestación a Demanda. En esta, negó 

las alegaciones de la Demanda y levantó varias defensas afirmativas, 

entre estas, cosa juzgada, impedimento por fraccionamiento de 

causa e impedimento colateral por sentencia.2

Luego de varios incidentes procesales, innecesarios 

pormenorizar, el 27 de diciembre de 2019, SMG presentó una 

Moción de Desestimación. A grandes rasgos, solicitó la desestimación 

de la causa de acción presentada en su contra por entender que la 

controversia era cosa juzgada. Indicó que en el caso KAC2013-0642 

se evidenció que el Municipio de San Juan le adeudaba dinero por 

concepto de incumplimiento de contratos, específicamente, sobre los 

contratos 2011-000246, 2012-000389 y 2013-000714, que son los 

mismos que se alegan en el caso de epígrafe.

Posteriormente, el 27 de enero de 2020, el Municipio de San 

Juan presentó una Oposición a Moción de Desestimación. En 

síntesis, alegó que los contratos 2009-00068, 2010-00091 y 2011-

000678, no fueron objeto de evaluación y adjudicación en el caso 

KAC2013-0642. Acentuó que en el caso de epígrafe la controversia 

es distinta a la del caso KAC2013-0642, pues en aquella ocasión la 

controversia giraba en torno a si SMG ofreció unos servicios y si el 

Municipio de San Juan pagó por dichos servicios. Añadió que en el 

caso de autos la controversia gira en torno a la nulidad de los 

contratos y a la ilegalidad del pago.

Consecuentemente, el 24 de julio de 2023, el TPI emitió una 

Resolución notificada el 31 de julio de 2023, mediante la cual declaró 

No Ha Lugar la Moción de Desestimación, que presentó SMG el 27 de 

diciembre de 2019. Inconforme, el 14 de agosto de 2023, SMG 

presentó una Moción Solicitando Reconsideración de Resolución. Así, 

2 Según surge del expediente, existe un caso relacionado con el de autos, 

entiéndase el caso KAC2013-0642. 
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el 16 de octubre de 2023, el TPI emitió una Resolución mediante la 

cual declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración que 

presentó SMG. 

Insatisfecho aun, el 16 de noviembre de 2023, SMG presentó 

una Petición de Certiorari y señaló la comisión del siguiente error:

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DENEGAR -SUMARIAMETE Y SIN 

FUNDAMENTO ALGUNO- LA MOCIÓN DE 

DESESTIMACIÓN HACIENDO CASO OMISO A LOS 

PLANTEAMIENTOS DE RECONVENCIÓN 

COMPULSORIA (R. 11.1 de procedimiento civil), 

IMPEDIMENTO COLATERAL POR SENTENCIA, 

FRACCINAMIETO DE CAUSA DE ACCIÓN Y DE 

PRESCRIPCIÓN SOBRE NULIDAD CONTRACTUAL 

(Art. 1251, 31 LPRA § 3500 del antiguo Código 

Civil). 

Examinado el recurso de certiorari, este Tribunal emitió una 

Resolución el 29 de noviembre de 2023, concediéndole un término 

de veinte (20) días a la parte recurrida para que expresara su 

posición al recurso. El 15 de diciembre de 2023, el Municipio de San 

Juan presentó un Alegato en Oposición. Con el beneficio de la 

comparecencia de todas las partes, procedemos a resolver.

II.

A. Certiorari 

El auto de certiorari es el recurso extraordinario mediante el 

cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su 

discreción, una decisión de un tribunal inferior. Rivera Gómez y 

otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR 65, 212 

DPR ___ (2023). Véase, además, Torres González v. Zaragoza 

Meléndez, 211 DPR 821 (2023); 800 Ponce de León Corp. v. AIG, 205 

DPR 163, 174 (2020); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 

(2009). En particular, es un recurso mediante el cual se solicita la 

corrección de un error cometido por un foro inferior. Torres González 

v. Zaragoza Meléndez, supra. Así pues, la determinación de expedir 

o denegar un recurso de certiorari está enmarcada en la discreción 
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judicial. 800 Ponce de León Corp. v. AIG, supra. No obstante, la 

discreción judicial para expedir o no el auto de certiorari solicitado 

no ocurre en un vacío ni en ausencia de unos parámetros. Torres 

González v. Zaragoza Meléndez, supra.

A esos efectos, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA 

Ap. V) limita la autoridad de este Tribunal de Apelaciones para 

revisar las órdenes y resoluciones interlocutorias que dictan los 

tribunales de instancia por medio del recurso discrecional del 

certiorari. Véase, Scotiabank of PR v. ZAF Corp., 202 DPR 478, 486-

487 (2019). En lo pertinente, la precitada disposición reglamentaria, 

supra, dispone que:

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 

cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 

56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar 

órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan interés público o 

en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia, al denegar 

la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 

Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 

decisión. 

Si ninguno de esos elementos está presente en la petición ante 

la consideración del Tribunal, procede abstenerse de expedir el auto, 

de manera que se continúen los procedimientos del caso, sin mayor 

dilación, ante el Tribunal de Primera Instancia. García v. Asociación, 

165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 

151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 

729, 745 (1986).

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sensata 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 

asuntos que son planteados mediante el recurso, la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, señala los criterios que 
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debemos considerar al atender una solicitud de expedición de un 

auto de certiorari. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. En 

lo pertinente, la precitada disposición reglamentaria dispone lo 

siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios 

al determinar la expedición de un auto de certiorari, o de una 

orden de mostrar causa: 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida a 

diferencia de sus fundamentos son contrarios a derecho.

 

B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema. 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 

Primera Instancia. 

D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida 

a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados. 

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 

es la más propicia para su consideración. 

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del litigio. 

 

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia. 

Nótese que, distinto al recurso de apelación, el auto de 

certiorari, por ser un recurso discrecional, debemos utilizarlo con 

cautela y por razones de peso. Pueblo v. Díaz de León, supra, pág. 

918. 

Ahora bien, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

reiteradamente ha indicado que la discreción significa tener poder 

para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o 

varios cursos de acción. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 

580 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). El adecuado 

ejercicio de la discreción judicial está “inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Pueblo v. 

Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). Así pues, un tribunal 

apelativo no intervendrá con las determinaciones discrecionales de 

un tribunal sentenciador, a no ser que las decisiones emitidas por 
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este último sean arbitrarias o en abuso de su discreción. Pueblo v. 

Rivera Santiago, supra, pág. 581; S.L.G. Flores, Jiménez v. Colberg, 

173 DPR 843 (2008).

III.

Luego de examinar cautelosamente el expediente del recurso 

ante nuestra consideración, declinamos ejercer nuestra discreción 

para expedir el auto discrecional solicitado. Veamos. 

Al examinar el trámite procesal del caso de autos, 

particularmente la Moción de Desestimación que presentó SMG y la 

Oposición a Moción de Desestimación que presentó el Municipio de 

San Juan, no encontramos indicio de que el foro de instancia haya 

actuado de forma arbitraria, caprichosa, haya abusado al ejercer su 

discreción, o cometido algún error de derecho al emitir la Resolución

recurrida. Pueblo v. Rivera Santiago, supra; S.L.G. Flores, Jiménez v. 

Colberg, supra. Véase, además, Trans-Oceanic Life Ins. V. Oracle 

Corp, 184 DPR 689, 709 (2012). 

En su Resolución del 24 de julio de 2023, el foro recurrido 

determinó que:

[t]ras un análisis de las alegaciones de las partes, a raíz

de la Moción de desestimación presentada el 27 de 

diciembre de 2019 por la CoDemandada SMG Medical 

Services and Supply, Inc. el Tribunal dispone: No Ha 

Lugar a la solicitud de desestimación. SE ORDENA la 

continuación de los procedimientos del caso. 

Así pues, el foro recurrido evaluó la Moción de Desestimación

que presentó la parte peticionaria, así como la Oposición a Moción 

de Desestimación que presentó la parte recurrida y, en 

consecuencia, declaró No Ha Lugar la solicitud de la parte 

peticionaria. Con tal proceder, el foro de instancia actuó dentro de 

su discreción y conforme a derecho, pues el Tribunal tiene amplia 

facultad para disponer de los procedimientos ante su consideración 

de forma que se pueda asegurar la más eficiente administración de 

la justicia. Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117 (1996). 
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En conclusión, conforme a la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, supra, y evaluados los criterios establecidos en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, resolvemos denegar 

el certiorari solicitado, pues no identificamos fundamentos jurídicos 

que nos motiven a expedir el mismo. 

IV.

Por los fundamentos que anteceden, los que hacemos formar 

parte del presente dictamen, denegamos la expedición del auto de 

certiorari solicitado. Devolvemos el asunto al foro de origen para la 

continuación de los procedimientos.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones