Número Identificador SEN 20 2 3

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__________ _____ Estado Libre Asociado de Puerto Rico TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL V GABRIEL COLÓN VALDERRAMA Recurr ente
Vs.

DPTO. TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS Recurr ida KL RA 202300 521 REVISIÓN ADMINISTRATIVA p rocedente del Departamento de Trasportación y Obras Públicas Querella Núm. 2023

- SP

- 004
SOBRE: Reglamento 9459 para Establecer Sistema de Puntos para los Conductores Panel integrado por su president e , el Juez Hernández Sánchez, la Jueza Romero García y la Juez a Martínez Cordero

. Hernández Sánchez, Juez Ponente
SENTENCIA En San Juan, Puerto Rico, a 16 de noviembre de 20 2 3

. El 5 de octubre de 2023, el señor Gabriel Colón Valderrama (señor Colón Valderrama o parte recurrente) compareció ante nos mediante un Recurso de Revisión y solicitó la revocación de una Resolución que se emitió y notificó el 5 de septiembre de 2023 por la Directoría de Servicios al Conductor del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP o parte recurrida ). Mediante el aludido dictamen, el DTOP declaró No Ha Lugar la apelación de la parte recurrente

. Consecuentemente , le suspendió al señor Colón Valderrama su certificado de licencia de conducir número 6213429, por el término de tres (3) años , conforme al Inciso C, (3)(d) del Reglamento Núm. 9459 , también conocido como Reglamento para Establecer Sistema de Puntos para los Conductores que se aprobó el 10 de mayo del 2023 (Reglamento 9459)

. Por los fundamentos que expondremos a continuación,
REVOCAMOS la Resolución recurrida

.KLRA20230 0521 2
I. El 10 de febrer o de 2023, la Sra. Eileen M. Vélez Vega (señora Vélez Vega) , secretaria del DTOP , remitió una carta a l señor Colón Valderrama en la cual le informó que le suspendió su certificado de licencia de conducir por un término de tres (3) años, conforme a la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, según enmendada , mejor conocida como Ley de Vehícul os y Tránsito de Puerto Rico (Ley Núm.
22

- 2000) y el Reglamento 9459, supra . 1 Asimismo, le apercibió de que podía solicitar una vista administrativa para oponerse a la suspensión ante el DTOP dentro del término de veinte (20) días siguientes a la fecha de la notificación de la carta . Por último, le informó que podía comparecer a la vista administrativa presentando su propia defensa o asistido por un abogado. Cabe precisar que, l a refer ida carta estaba acompañada del Informe del Sistema de Puntos y la Certificación Oficial de Multas Administrativas a Licencia de la parte recurrente, amb o s documentos con fecha de 17 de abril de
2023. Posteriormente, el 1 7 de marzo del 2023, el señor Col ón Valderrama remitió una carta al DTOP intitulada Solicitud de Vista Administrativa al Amparo del Reglamento 7977 del DTOP (Número de Certificado de Licencia de Conducir 6213429)

. 2 En síntesis, solicitó la celebración de una vista administrativa para dilucidar la intención de suspensión del certificado de su licencia de conducir por parte del DTOP. Así las cosas, el 16 de mayo de 2023, el DTOP emitió una Notificación de Vistas Administrativas

. 3 En esta , se le indic ó a la parte re currente que se celebraría una vista administrativa el 7 de junio de 2023, a las 9:00am en la Directoría de Servicios al

1 Véase, págs. 1

- 3 del apéndice del recurso. 2 Íd., pág s . 5

- 6. 3 Íd., pág. 7.KLRA20230 0521 3

Conductor. A su vez, les advirtió a las partes que tenían derecho de estar asistidos por abogado, a ser oídos, a exponer sus posiciones y a presentar prueba en la vista adjudicativa. Luego de que se celebró la vista administrativa , el 18 de julio de 2023, el o ficial examinador que la presidió , presentó su Informe y Recomendación del Oficial Examinador ( Informe )

. En este recomendó declarar No Ha Lugar a la apelación del señor Colón Valderrama y , en consecuencia, decla ró Ha Lugar la determinación del DTOP en cuanto a la suspensión de la licencia de este último conforme al in ciso C, n úmero 3(d) del Reglamento 9459, supra , e l cual disponía que se suspendería la licencia cuando el conductor lleg ara a 30 puntos o más en un término máximo de tres (3) años. Asimismo, realizó las siguientes determinaciones de hechos:
1. El Sr. Gabriel Colón Valderrama es conductor con número de licencia 6213429, expedida por el Departamento de Transportación y Obras Públicas.
2. Por no estar de acuerdo con la determinación fechada 10 de febrero de 2023, el peticionario por conducto de su representación legal, Lcda. María del C. Ojeda Rodríguez, rad icó una Solicitud de Vista Administrativa, por lo que la Directoría de Servicios al Conductor le citó para vista administrativa para el 7 de junio de 2023 a las 8:00 de la mañana según solicitado.
3. Obran en el expediente administrativo los siguientes docu mentos:

a. Carta de la Sra. Eileen M. Vélez Vega, Secretaria del Departamento de Transportación y Obras Pública al peticionario Gabriel Colón Valderrama suspendiéndole su certificado de licencia de conducir número 6213429 por el término de tres (3) años fechada 10 de febrero de 2023. b. Informe de Sistema de Puntos del peticionario Gabriel Colón Valderrama fechad o de 17 de abril de 2023.

c. Certificación Oficial de Multas Administrativas a Licencia del peticionario Gabriel Colón Valderrama fechado 17 de abril de 2023. d. Solicitud de Vista Administrativa radicada por la representante legal del peticionario Gabriel Colón Valderrama fechada 17 de marzo de 2023.
4. La parte peticionaria se le había notificado sobre varias violaciones a la Ley de Tránsito se presentó comoKLRA20230 0521 4 prueba la forma DTOP DIS

– 292 del Sr. Gabriel Colón Valderrama en la cual arroja una serie de violaciones. La representante de la agencia, Sra. Jessica Ang ú lo, testificó y presentó comunicación notificada el 10 de febrero de 2023 y dirigida al peticionario Cabriel Colón Valderrama a su dirección postal donde se le notificó suspenderle su certificado de licencia de conducir conforme a la disposición en el Artículo 8.02(J).

5. Además testificó que a base de dichos puntos y en virtud de la Ley 22 del 7 de enero según enmendada conocida como Ley de Vehículo y Tránsito en su Artículo 8.02(J) y el Reglamento 7977 hoy Reglamento 9454 de fecha 10 mayo de 2023 se le suspende de su certificado de licencia de conducir por el término de tres (3) años. Además, se le notifica que de no estar conforme podría apelar solicitando una vista administrativa. Siendo así el señor Colón Valderrama solicita una vista administrativa por conducto de su representación legal, Lcda. María del C. Ojeda Rodríguez fechada 17 de mar zo de 2023. Habiéndose radicado la correspondiente solicitud de vista administrativa se procedió a celebrar la misma y se confirma la misma con toda la documentación que se ha hecho mención en la misma. En virtud de lo anterior, e l 5 de septiembre de 2023, el DTOP
emitió una Resolución que se notificó el mismo día , en la cual acogió la recomendación d el Informe y Recomendación del Oficial Examinador y adoptó las determinaciones de hechos que se realizaron en este

. 4 Así pues , declaró No Ha Lugar la apelación del
señor C olón Valderrama y en consecuencia, declaró Ha Lugar la determinación de suspender el certificado de licencia de conducir número 6213429 de este último

. Inconforme, el 5 de octubre de 2023, la parte recurrente presentó el recurso de epígrafe y formuló los siguientes señalamientos de error: Erró el Departamento de Transportación y Obras Públicas al emitir una determinación final habiéndosele negado y/o coartado tajantemente al Peticionario su derecho c onstitucional a ser oído en la vista administrativa celebrada el 7 de junio de 2023. Erró el Oficial Examinador del Departamento de Transportación y Obras Públicas al establecer un

4 Íd., pág s . 8

- 28.KLRA20230 0521 5 “ruling” determinado que el DTOP no tenía jurisdicción para ver la v ista, impidiéndole a la Parte Peticionaria presentar sus planteamientos en cuanto a los fundamentos de dicho “ruling” , contrainterrogar a la funcionaria del DTOP y ejercer su derecho a ser oído. Erró el Oficial Examinador del Departamento de Transportación y O bras Públicas al determinar que la fecha a partir de la cual comienza a decursar el término de (30) días para solicitar la vista administrativa es la consignada en la carta cuando la realidad es que dicho término comienza a transcurrir desde la fecha de su notificación. Erró el Departamento de Transportación y Obras Públicas al concluir en s u Resolución emitida y notificada el 5 de septiembre de 2023 que el expediente del caso surge que en la vista se recibió el testimonio y alegaciones de la parte peticio naria cuando ni siquiera se le tomó juramento, no se permitió argumentación alguna para cuestionar el “ruling” del Oficial Examinador sobre ausencia de jurisdicción para entrar en la vista en su fondo y no se le dio oportunidad de contrainterrogar a la testigo del DTOP sobre la notificación de la comunicación fechada el 10 de febrero del 2023. Erró el Departament o de Transportación y Obras Públicas al concluir en la Determinación de Hecho número (4) que a la parte peticionaria se le había notificado sobre varias violaciones a la Ley de Tránsito sin que haya dado la oportunidad alguna al Peticionario de rebatir y a rgumentar durante la vista administrativa sobre la notificación cursada el 21 de febrero del 2023. Atendido el recurso, el 11 de octubre de 2023, emitimos una Resolución concediéndole a la parte recurrida hasta el 14 de noviembre de 2023 , término final e improrrogable, para que presentar su postura. Posteriormente, el 6 de noviembre de 2023, le ordenamos a l DTOP a presentar una copia certificada del expediente administrativo del presente caso. En cumplimiento con nuestra orden, el 10 de noviembre de 2023 , el DTOP nos remitió una copia certificada del expediente administrativo. Posteriormente, l a parte recurrida present ó un Escrito en Cumplimiento de Resolución y negó que el o ficial e xaminador com e tiera los errores que señaló el señor
Colón Valderrama.KLRA20230 0521 6 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver. Veamos.
II. La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAUG), 3 LPRA sec. 9671, permite que se solicite al Tribunal de Apelaciones la revisión judicial de las decisiones de las agencias administrativas. Dicha revisi ón tiene como propósito limitar la discreción de las agencias y asegurarse de que estas desempeñen sus funciones conforme a la ley. García Reyes v. Cruz Auto Corp. , 173 DPR 870, 891

- 892 (2008). Sin embargo, los tribunales apelativos han de otorgar gran consideración y deferencia a las decisiones administrativas en vista de la vasta experiencia y conocimiento especializado de la agencia. Rolón Martínez v. Caldero López , 201 DPR 26, 35 (2018). Adem ás, es norma de derecho claramente establecida que las decisiones administrativas gozan de una presunción de legalidad y corrección. Íd. Esta presunción de legalidad y corrección “debe ser respetada mientras la parte que la impugne no produzca suficiente e videncia para derrotarla”. Íd. La persona que impugne la legalidad o corrección tendrá que presentar evidencia suficiente para derrotar tal presunción, no pudiendo descansar únicamente en meras alegaciones. Íd. El criterio rector al momento de pasar juicio sobre una decisión de un foro administrativo es la razonabilidad de la actuación de la agencia. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005). Por tanto, al realizar nuestra función revisora debemos enfocarnos en determinar si la agencia administrativa: (1) er ró en aplicar la ley; (2) actuó arbitraria, irrazonable o ilegalmente; y (3) si lesionó derechos constitucionales fundamentales. Torres Rivera v. Policía de
PR , 196 DPR 606, 627

- 628 (2016). De este modo, si al realizar nuestra función revisora no nos encon tramos ante alguna de lasKLRA20230 0521 7

situaciones previamente mencionadas, tenemos el deber de validar la determinación realizada por la agencia administrativa. Íd., pág.
628. Cónsono a lo anterior, la Sec. 4.5 de la LPAUG, 3 LPRA sec. 9675, en esencia, dispone que e l alcance de una revisión judicial de una determinación administrativa se circunscribe a determinar lo siguiente: (1) si el remedio que concedió la agencia fue apropiado; (2) si las determinaciones de hechos que realizó la agencia están sostenidas por evid encia sustancial que obra en el expediente administrativo; y, por último, (3) si las conclusiones de derecho fueron correctas

. ( É nfasis nuestro). Ahora bien, es de suma importancia precisar que para que el foro apelativo pueda ejercer su función de revisi ón judicial, es esencial que las agencias administrativas expongan de manera clara sus determinaciones de hechos y las razones para llegar a su determinación final, incluyendo hechos básicos de los cuales, a través de un proceso de razonamiento e inferenci a, se derivan de aquellos. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R. , 144 DPR 425,
437

- 438 (1997). Es decir, el dictamen debe reflejar que dicho organismo ha considerado y resuelto los conflictos de prueba, y sus determinaciones deben de incluir tanto l os hechos probados como los que fueron rechazados. Íd. Consecuentemente, los fundamentos de una decisión no pueden ser pro forma . Íd. Estos deben reflejar que la agencia cumplió con su obligación de evaluar y resolver los conflictos de prueba del caso ante su consideración. Íd. ( É nfasis suplido ). A tenor con lo antes expresado, nuestro Más Alto Foro ha establecido que las determinaciones de hechos en los dictámenes finales de las agencias administrativas, “deben ser lo suficientemente definidas para po ner a las cortes en posición de revisar inteligentemente la decisión [del organismo administrativo] yKLRA20230 0521 8

determinar si los hechos tal y como [éste] los encontró probados... ofrecen una base razonable para [su decisión]”. Misión Industrial v. Junta de Planificac ión , 146 DPR 64, 152 (1998). En cuanto a las conclusiones de derecho, “la agencia no puede limitarse a ‘recitar’ o a repetir frases generales que aparecen en [sus reglamentos o en su ley orgánica] como único fundamento para su decisión”. Íd. Así pues, en c onclusión, las determinaciones de hechos y las conclusiones de derecho que forman parte de las resoluciones finales de las agencias administrativas no pueden ser pro forma

. (énfasis nuestro). Por su parte, la Sección 4.2 de la LPAUG, 3 LPRA sec. 9672, delimita el alcance de la revisión judicial de las decisiones administrativas y los requisitos formales de dichos dictámenes. Particularmente y en lo pertinente al caso ante nos, la referida
secci ón dispone que una orden o resolución final debe incluir determinaciones de hechos y las conclusiones de derecho que fundamentan la adjudicación y la advertencia del derecho a solicitar una reconsideración o revisión, según sea el caso. Ahora bien, cabe precisar que, por su parte, el Reglamento
Núm. 9459, aplica a los procesos adjudicativos formales que se ventilan en las vistas administrativas que se celebran ante el DTOP cuando se revoque o suspenda cualquier licencia de conducir por
acumulación de infr acciones en el sistema de puntos para los conductores. En específico, el Art

. VI, inciso I (1) dispone que el conductor que no esté de acuerdo con la determinación de suspensión del Secretario podrá, dentro del término de treinta (30) días a partir del rec ibo de la notificación de intención de suspender, solicitar una vista administrativa o someter un escrito para mostrar causa por la cual no procede la suspensión de su certificado deKLRA20230 0521 9

licencia de conducir. 5 Así pues, en caso de solicitar una vista
administ rativa, el Secretario le notificará mediante carta, dentro de un periodo que no excederá noventa (90) días de haber recibido la solicitud, el día, hora y lugar en que tendrá efecto dicha vista. 6 Una vez la determinación de suspensión haya advenido final, ya sea por el mero transcurso de los treinta (30) días sin acción por parte del conductor, por haberse celebrado la vista administrativa o considerado el escrito mostrando causa sosteniéndose la suspensión o revocación, la determinación del Departamento se rá final y firme. 7
III. En el caso ante nos, la parte recurrente nos solicitó la revocación de la Resolución que se emitió y notificó el 5 de septiembre de 2023 , por el DTOP. Específicamente, en su primer señalamiento de error argumentó que erró el DTOP al emitir una determinación final habiéndole coartado su derecho constitucional a ser oído en la vista administrativa. Además, en su segundo señalamiento de error planteó que er ró el o ficial e xaminador del DTOP al establecer que no tenía jurisdicción para ver la vista e impedir le contrainterrogar a la funcionaria del DTOP. Ahora bien,

e n su tercer señalamiento de error, sostuvo que erró el o ficial

e xaminador del DTOP al determinar que la fecha a partir de la cual comienza a transcurrir el término de (30) días para solicitar la vista administrativa era la consignada en la carta , cuando dicho término comenzaba a transcurrir desde la fecha de su notific ación.
Po r otro lado, e n su cuarto señalamiento de error, señaló que erró el DTOP al concluir que del expediente del caso surgía que en la vista se recibió el testimonio y alegaciones de la parte recurrente,

5 Art. VI, I (1) del Reglamento Núm. 945 9 , supra . 6 Art. VI, I ( 2) del Reglamento Núm. 945 9 , supra . 7 Art. VI, I ( 3) del Reglamento Núm. 945 9 , supra .KLRA20230 0521 10

aun cuando no se le tomó juramento , ni se permi tió argumentación alguna para cuestionar sobre la jurisdicción del Oficial Examinador para atender la vista en su fondo y , no se le dio oportunidad para contrainterrogar sobre la notificación de la comunicación fechada el 10 de febrero del 2023. Por último , impugnó la determinación del DTOP al concluir que se le había notificado sobre varias violaciones a la Ley 22

- 2000 sin habérsele dado la oportunidad de argumentar durante la vista administrativa sobre la notificación de la carta cursada el 21 de febrero del 2023.
E l Art. 27.04 de la Ley Núm. 22

- 2000 dispone que “todo Reglamento adoptado al amparo de esta Ley deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme” o cualquier ley que le sustitu ya”. 9 LPRA sec. 5724. Asimismo, el Reglamento 9459 se adoptó en virtud de varias leyes, entre estas la LPAUG. 8 Dicho lo anterior , el Art. 4.5 de la LPAU G , supra , establece que el alcance de una revisión judicial de una determinación administrativa se cir cunscribe , entre otros asuntos a determinar si las conclusiones de derecho fueron correctas. Por su parte, el Tribunal Supremo de Puerto determinó que la agencia administrativa no puede limitarse a repetir frases generales que
aparecen en sus reglamentos o en su ley orgánica como único fundamento para basar su decisión. A su vez, nuestro ordenamiento jurídico dispone que las determinaciones de hechos de la s agencia s administrativa s deben reflejar los hechos probados según la prueba presentada. En el caso de autos, se celebró una vista administrativa el 7 de junio de 2023 y el oficial examinador que la presidió preparó un Informe . Posteriormente, el 5 de septiembre de 2023, el DTOP emitió

8 Art. III , B del Reglamento Núm. 945 9 , supra .KLRA20230 0521 11

una Resolución mediante la cual acogió dicho Informe segú n redactado, sin realizarle ninguna modificación. Es decir, adoptó las determinaciones de hecho que realizó el oficial examinador y expresó que se recibió el testimonio y las alegaciones de la parte recurrente. Cabe precisar que las determinaciones de hech os que realizó el oficial examinador, la cuales fueron acogidas por el DTOP, se enfocaron en aspectos procesales del caso. No obstante, no se emitieron determinaciones de hechos basadas en la prueba presentada por las partes del caso. Además, en la parte d e conclusiones de derecho, el recurrido citó las disposiciones pertinentes a la LPAUG, la Ley Núm. 22

- 2000 y el Reglamento 9459 como único fundamento para basar su decisión . Entiéndase, el DTOP no fundamentó sus conclusiones de derecho según la prueba
pres entada en la vista que se llevó a cabo el 7 de junio de 2023. Nótese que, el Reglamento 9459 no establece la forma en la cual la agencia administrativa debe disponer sobre la controversia. No obstante, reiteramos que el Art. 27.04 de la Ley Núm. 22

- 2000 , 9 LPRA sec. 5724, dispone que todo Reglamento debe cumplir con la LPAUG

. Por tanto, si bien es cierto que el señor Colón Valderrama tiene derecho a solicitar la revisión judicial ante este foro, nos vemos imposibilitados de realizar un análisis e xhaustivo de la controversia, toda vez que el dictamen recurrido carece de adjudicación del derecho a los hechos procesales del caso, lo cual no nos permit e ejercer nuestra función revisora, según establece la LPAUG. En vista de lo antes expresado , cuand o la agencia emita su determinación final, también deberá cumplir con los postulados de la LPAUG, supra, la Ley Núm. 22

- 2000, supra, el Reglamento Núm. 9459, supra, y la jurisprudencia aplicable. Es decir, deberá formular determinaciones de hechos suficientemente definidas que permitan que los tribunales ejerzan su función de revisión judicial. Además, sus conclusiones de derecho deben ser el resultado de un análisisKLRA20230 0521 12

que interprete las normas legales aplicables a la luz de los hechos probados. Enfatizamos que una decisión administrativa no puede sostenerse con fundamentos pro forma, y debe evitar la repetición de frases genéricas provenientes de sus reglamentos o ley o rgánica como único fundamento para una decisión. Misión Industrial v. Junta de Salario Mínimo , supra, pág. 152. Debido al incumplimiento de la Resolución con la LPAUG , prescindimos de la discusión del resto de los errores planteados. Dicho lo anterior, procede revocar la resolución que se emiti ó y notificó el 5 de septiembre de 2023

. Por tanto, devolvemos el caso al DTOP para que emita un dictamen conforme a l as disposiciones de la LAPUG, en específico los Arts. 4.1, 4.2 y 4.5

. Por último, aclaramos que mediante este dictamen no estamos prejuzgando en

sus m éritos la suspensión de la licencia de conducir del recurrente.
IV. Por los fundamentos antes expuestos, REVOCAMOS el dictamen recurrido y DEVOLVEMOS el caso a la agencia administrativa para que resuelva según lo aquí dispuesto.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solí s Secreta ria del Tribunal de Apelaciones