Número Identificador

RES2024 ________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

EILEEN M. 

POMALES ORTIZ

Peticionaria

V.

JOSÉ F. RIVERA VEGA

Recurrido

KLCE202400457

Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

Caguas 

Caso Núm.:

GR2022CV00025

Sobre:

Liquidación de 

Comunidad de 

Bienes

Panel integrado por su presidenta; la Juez Domínguez Irizarry, la 

Juez Lebrón Nieves y la Juez Rivera Marchand

Lebrón Nieves, Juez Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de mayo de 2024.

El 23 de abril de 2024, compareció ante este Tribunal de 

Apelaciones, la señora Eileen M. Pomales Ortiz (en adelante, señora

Pomales Ortiz o parte peticionaria), mediante recurso de Certiorari. 

Por medio de este, nos solicita que, revisemos la Orden emitida y 

notificada el 25 de marzo de 2024, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Caguas. En virtud del aludido dictamen,

el foro a quo declaró No Ha Lugar la Moción Informativa y en Solicitud 

de Orden presentada por la parte peticionaria. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega el recurso de certiorari. 

I

El caso de marras tuvo su origen el 4 de febrero de 2022, 

cuando la señora Pomales Ortiz interpuso una Demanda en contra 

del señor José F. Rivera Vega (en adelante, señor Rivera Vega o parte 

recurrida) sobre liquidación de comunidad de bienes post ganancial. 
KLCE202400457 2

En esencia, la parte peticionaria arguyó que, estuvo casada con el 

señor Rivera Vega desde el 10 de diciembre de 1993, hasta el 13 de 

enero de 2022, cuando se divorciaron mediante sentencia dictada 

por el Tribunal de Primera Instancia. Consiguientemente, sostuvo 

que, existía una comunidad de bienes post ganancial que contenía 

activos y pasivos, que, al momento de la presentación de la 

Demanda, no había sido liquidada. Asimismo, surge de la Demanda

que, durante la vigencia de su matrimonio, para el año 2000 el señor 

Rivera Vega firmó un contrato intitulado Rivera-Pagán/Rivera-Vega

Transfer and Consent Agreement. Mediante este, el recurrido 

alegadamente adquirió con dinero perteneciente a la sociedad legal 

de gananciales, un negocio de distribución de bienes de servicios 

financieros de su padre, el señor José Rivera Pagán (en adelante, 

señor Rivera Pagán). Entre otras cosas, la parte peticionaria alegó

que, el recurrido se encontraba en uso exclusivo del aludido negocio 

y que, además, le había excluido de la participación en los ingresos, 

administración, información financiera y administrativa de este. 

Solicitó al foro primario que ordenara a las partes preparar un 

inventario de bienes y avalúo para proceder con la liquidación de la 

comunidad de bienes post ganancial, así como un crédito mensual 

a su favor desde diciembre de 2021 hasta que se concretara la 

liquidación de bienes. 

En respuesta, el 26 de abril de 2022, el señor Rivera Vega

presentó la Contestación a Demanda y Reconvención. En esencia, la 

parte recurrida negó las alegaciones esbozadas en la Demanda, y 

sostuvo que, la señora Pomales Ortiz, para el mes de diciembre de 

2021, recibió acciones y cheques como adelanto a la liquidación de 

la Sociedad Legal de Gananciales. Entre otras cosas, negó la 

existencia de algún negocio perteneciente a la comunidad de bienes 

post ganancial. De igual forma, adujo que, era contratista 

independiente de Primerica Financial Services, Inc. (en adelante, 
KLCE202400457 3

Primerica), y que, mediante el contrato Rivera-Pagán/Rivera-Vega

Transfer and Consent Agreement, se pactó la transferencia de 

derechos y obligaciones personales del señor Rivera Pagán hacia la 

parte recurrida. Asimismo, incluyó una reconvención, donde 

argumentó que, la parte peticionaria, para el año 1994, había 

suscrito un contrato con Primerica Financial Services, Inc., 

mediante el cual se comprometió a prestar sus servicios 

profesionales en calidad de contratista independiente. Sostuvo que, 

el referido contrato se mantenía vigente y que la señora Pomales 

Ortiz continuaba recibiendo beneficios bajo el código CCN73, al cual 

se refirió como un bien ganancial. Finalmente, le solicitó al Tribunal 

de Primera Instancia que ordenara la liquidación de la comunidad 

de bienes existentes entre las partes. 

Para el 27 de abril de 2022, la señora Pomales Ortiz presentó 

la Urgente Moción de Medidas Cautelares Provisionales para dar 

Acceso y Proteger la Participación de la Demandante en el Patrimonio 

Postganancial. Reiteró lo alegado en la Demanda, y solicitó al foro 

primario que, emitiese las medidas cautelares correspondientes 

para no ser excluida del acceso y participación de los ingresos del 

negocio en cuestión. Entre las medidas cautelares solicitadas se 

encontraban las siguientes: 

a. Que se consignen en el Tribunal todos los ingresos 

que el negocio genera entre $70,000.00 y $90,000.00 

dólares mensuales netos; o, en la alternativa, que se 

le pague la mitad de dichos ingresos a la Sra. 

Pomales.

b. Que se incluya como titular a la Demandante (de 

manera conjunta) en cualquier cuenta bancaria, de 

acciones y/o inversiones del Demandado y/o 

relacionada directa o indirectamente con el negocio 

propiedad de la comunidad postganancial antes 

descrito.

c. Que se incluya a la Demandante como accionista, 

dueña y oficial corporativo de cualquier corporación 

bajo la cual esté operando el negocio perteneciente a 

la comunidad postganancial antes descrito.
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d. Que se produzcan y entreguen todos los documentos 

relacionados a cualquier corporación directa o 

indirectamente relacionada con el negocio propiedad 

de la comunidad postganancial antes descrito, 

incluyendo sin limitarse a, libros de la corporación, 

resoluciones corporativas, libros de contabilidad, 

estados bancarios, listado de clientes, auditorías, 

estados financieros, entre otros.

e. Que se entregue copia de todos los estados bancarios 

de cualquier cuenta bancaria, de acciones y/o 

inversiones del Demandante y/o directa o 

indirectamente relacionada al negocio propiedad de 

la comunidad postganancial antes descrito.

f. Que permita y ordene la co-administracion de la 

Demandante en el negocio de propiedad de la 

comunidad postganancial antes descrito.

g. Que se le conceda a la Demandante libre acceso y 

derecho propietario a cualquier cuenta y/o activo 

relacionado con el negocio propiedad de la 

comunidad postganancial antes descrito.

Posteriormente, el 16 de mayo de 2022, la peticionaria

presentó la Réplica a la Reconvención. Mediante esta, solicitó que se 

desestimara la Reconvención. 

Por otro lado, el 2 de junio de 2022, la parte recurrida 

presentó la Oposición a: “Urgente Moción de Medidas Cautelares 

Provisionales para dar Acceso y Proteger la Participación de la 

Demandante en el Patrimonio Postganancial”. Expresó que, no 

procedía la solicitud de la señora Pomales Ortiz, en la medida en 

que, esta no logró demostrar que procedían en derecho. Añadió que, 

todos los derechos, frutos, productos, y aumento que surgiesen de 

los contratos entre Primerica y el señor Rivera Vega, y entre este y 

el señor Rivera Pagán eran privativos de este para su beneficio y uso 

exclusivo y no pertenecían a la sociedad de gananciales o a la 

comunidad de bienes postganancial. A tales efectos, solicitó que, el 

foro primario declarara No Ha Lugar la solicitud de la parte 

peticionaria. 

Mediante Resolución emitida el 2 de agosto de 2022, el foro de 

primera instancia declaró Ha Lugar la solicitud de la señora Pomales 

Ortiz y le ordenó al señor Rivera Vega que: 
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a. Certifique y entregue evidencia a la parte 

demandante de todos los ingresos, [c]réditos, 

provechos y beneficios que ha percibido y percibe de 

parte de Primerica desde diciembre de 2021 hasta el 

presente, y continúe recibiendo mensualmente 

hasta la liquidación de la comunidad postganancial;

b. Le pague la mitad de dichos ingresos, [c]réditos, 

provechos y beneficios a la Demandante, hasta tanto 

se liquide la comunidad postganancial, incluyendo 

los ingresos relacionados a los meses de diciembre 

de 2021 hasta el presente;

c. Produzca y entregue a la Demandante todos los 

documentos relacionados con el negocio existente 

con Primerica, incluyendo sin limitarse a, libros de 

contabilidad, estados bancarios, listado de clientes, 

auditorías, estados financieros, entre otros. 

d. No podrá vender, disponer, defraudar, traspasar, 

fusionar, ceder, donar y/o transferir cualesquiera 

derechos y acciones de la empresa y negocio 

existente con Primerica, hasta la liquidación de la 

comunidad postganancial.

e. De igual forma, la parte demandante también deberá 

preservar y no podrá disponer, vender, defraudar, 

traspasar, ceder, donar y/o transferir cualesquiera 

bienes de la comunidad postganancial hasta su 

liquidación total.

En desacuerdo, la parte recurrida presentó un recurso de 

Certiorari ante este Foro, con identificación alfanumérica 

KLCE202200970, el cual fue resuelto mediante Sentencia emitida el 

21 de septiembre de 2022. En virtud de dicho dictamen, este 

Tribunal confirmó la Resolución emitida el 2 de agosto de 2022, pero 

modificó el lenguaje dispuesto en cuanto al inciso c, a los efectos de 

eliminar la frase “entre otros” y entrega de listas de clientes. Así, se 

delimitó la orden de entrega y acceso a la información requerida en 

el inciso c por la coadministradora de la comunidad de bienes 

gananciales, en lo pertinente a los ingresos y coadministración del 

negocio lo cual no implicaba la transferencia de los códigos 42470, 

43361 y KG582 y entrega del listado de clientes. 

Para el 12 de diciembre de 2022, Primerica presentó la Moción 

Asumiendo Representación Legal y Solicitud de Orden Protectora, 

donde le solicitó al foro a quo que, autorizara la consignación de la 
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mitad de la compensación debida a la parte recurrida por parte de 

Primerica y que, emitiera una orden protectora con el propósito de 

proteger la información confidencial sobre terceros ajenos al caso. 

Por su parte, la señora Pomales Ortiz presentó la Oposici[ó]n a: 

Solicitud de Orden Protectora [...] (SUMAC 97). 

El 24 de enero de 2023, la parte recurrida presentó la Urgente 

Moción de Medidas Cautelares Provisionales y Créditos. Por medio 

de la aludida moción, el señor Rivera Vega sostuvo que, existía un 

crédito a su favor, puesto que, realizó una serie de gastos respecto 

a la comunidad de bienes post ganancial. Arguyó, además que, la 

señora Pomales Ortiz mantenía un monopolio respecto al código 

CCN73, adscrito por Primerica a la parte peticionaria, que 

devengaba ingresos y beneficios pertenecientes a la comunidad post 

ganancial. De igual manera, le solicitó al foro de primera instancia 

que le ordenara a la señora Pomales Ortiz a pagar la mitad de lo 

percibido bajo el código CCN73, hasta tanto se realizara la 

liquidación de la comunidad de bienes post ganancial.

El 26 de enero de 2023, se celebró la Vista de Discusión de 

Moción1. En corte abierta, el foro a quo declaró No Ha Lugar a la 

Urgente Moción de Medidas Cautelares Provisionales y Créditos2. De 

igual manera, declaró No Ha Lugar la solicitud de orden protectora 

presentada por Primerica. 

Inconforme con dicha determinación, el 27 de febrero de 2023, 

el señor Rivera Vega presentó ante este Tribunal de Apelaciones un 

recurso de Certiorari el cual fue identificado alfanuméricamente 

como KLCE202300184. Mediante Resolución emitida el 20 de marzo 

de 2024, desestimamos el aludido recurso por falta de jurisdicción, 

por motivo de que la Minuta recurrida en esa ocasión, no cumplía 

con el requisito de incluir la firma de la juez que presidió la vista. 

1 Minuta del 26 de enero de 2023, transcrita el 2 de febrero de 2023.

2 Minuta del 26 de enero de 2023, transcrita el 2 de febrero de 2023. 
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Acaecidas varias incidencias procesales, innecesarias 

pormenorizar, el 13 de septiembre de 2023 fue celebrada una 

Conferencia Sobre el Estado de los Procedimientos3. En esta, las 

partes comunicaron que se coordinaron las deposiciones y que, 

cualquier asunto pendiente sería resuelto al amparo de la Regla 34.1 

de las Reglas de Procedimiento Civil. Entre otras cosas, el Tribunal 

de Primera Instancia les concedió a las partes como fecha límite el 

29 de septiembre de 2023 para actualizar el listado de los posibles 

testigos. 

De igual manera, el 14 de diciembre de 2023, fue celebrada 

otra Conferencia Sobre el Estado de los Procedimientos4. Según 

surge de la Minuta, el foro primario concedió un término de treinta 

(30) días a la representación legal de la parte peticionaria para 

informar la prueba documental que necesitara por parte de 

Primerica, como también, para informar si iba a deponer a alguna 

persona adicional. Añadió que, partiendo de la premisa de que se 

realizaría la deposición adicional, concedió noventa (90) días para 

culminar el descubrimiento de prueba, hasta el 14 de marzo de 

2024. Igualmente, les apercibió a las partes que no habría término 

adicional. 

El 16 de enero de 2024, la parte peticionaria presentó la 

Moción Informativa, donde expresó que, aunque la parte recurrida 

había anunciado prueba pericial, al momento de la presentación de 

la moción no había recibido ningún informe sobre tal asunto. Sin 

embargo, indicó que, de recibirse alguna prueba pericial se 

reservaba el derecho de deponer al perito dentro del término 

concedido por el foro de primera instancia. 

3 Minuta del 13 de septiembre de 2023, transcrita el 6 de octubre de 2023. 

4 Minuta del 14 de diciembre de 2023, transcrita el 21 de diciembre de 2023.
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El Tribunal de Primera Instancia, por medio de Orden emitida 

en igual fecha, le concedió a la parte peticionaria diez (10) días para 

informar si estaría utilizando prueba pericial. 

Por otro lado, la parte recurrida presentó la Urgente Moci[ó]n 

para que se Dicte Orden. En virtud de esta, sostuvo que, la parte 

peticionaria no había cumplido con la Orden emitida por el Tribunal 

el 16 de enero de 2024. 

El mismo día, la señora Pomales Ortiz presentó Moción en 

Cumplimiento de Orden, donde indicó que se proponía utilizar como 

prueba pericial al CPA Luis A. Martínez-Renta. En respuesta, el

señor Rivera Vega presentó la Urgente Réplica, en la cual solicitó al 

foro primario que no permitiera prueba pericial de la parte 

peticionaria debido a que, esta había incumplido en dos ocasiones 

con actualizar el listado de sus testigos y en particular, por 

incumplir con la orden de informar su prueba pericial dentro del 

término concedido. 

Mediante Orden emitida el 29 de enero de 2024, la primera 

instancia judicial declaró No ha Lugar la Urgente Moci[ó]n para que 

se Dicte Orden. De igual manera dispuso lo siguiente: 

El descubrimiento de prueba se dará por terminado el 

20 de marzo de 2024. Lo no descubierto para dicha 

fecha, no se podrá incluir en el Informe de Conferencia 

con Antelación al Juicio.

Las partes deben cumplir con la Regla 34.1 de 

Procedimiento Civil, so pena de sanciones.

En esa misma fecha, el foro primario emitió otra Orden donde 

expresó que “No habr[á]n m[á]s modificaciones en cuanto a peritos”. 

El 1ro de marzo de 2024, la parte peticionaria presentó la 

Moción Urgente de Orden para que se Descubra lo Solicitado a 

Primerica. Arguyó que, pese a que había notificado a Primerica un 

requerimiento de producción de documentos, esta última se había 

mantenido ignorando el mismo. A estos efectos, le solicitó al foro a 

quo que le ordenara a Primerica a producir lo solicitado. 
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En igual fecha, el Tribunal de Primera Instancia emitió una 

Orden, donde declaró Ha Lugar lo solicitado por la señora Pomales 

Ortiz en la Moción Urgente de Orden para que se Descubra lo 

Solicitado a Primerica y ordenó que tal orden fuese cumplida en o 

antes de cinco (5) días a partir de la notificación so pena de desacato. 

El 14 de marzo de 2024, la señora Pomales Ortiz presentó 

Moción Informativa sobre Incumplimiento de Primerica y en Solicitud 

de Orden, donde informó que había transcurrido el término 

concedido por el foro de primera instancia sin que Primerica hubiese 

cumplido con el requerimiento de producción de documentos. 

Asimismo, añadió que, no había podido completar la deposición del 

señor Rivera Vega, la cual se “encontraba pendiente y abierta hasta 

tanto se obtuviera la información y documentación relevante que 

obra en poder de PRIMERICA”. Sostuvo, además, que tal 

información y documentos formaban parte del análisis pericial del 

procedimiento. El Tribunal de Primera Instancia, emitió Orden ese 

mismo día, mediante la cual le concedió término a la parte 

peticionaria hasta el 21 de marzo de 2024 para culminar la 

deposición a la parte recurrida, y le apercibió que, no se le 

concederían más prórrogas.

El 21 de marzo de 2024, la parte peticionaria presentó la 

Moción Informativa y en Solicitud de Orden. Por medio de la aludida 

moción, la parte peticionaria arguyó que, la parte recurrida había 

notificado su Informe Pericial el último día concedido para el 

descubrimiento de prueba. Sostuvo que, ello incidía con su derecho 

a deponer al perito anunciado. Es por lo que, solicitó a la primera 

instancia judicial que le permitiera la deposición del perito 

anunciado por la parte recurrida. Propuso que la misma se llevara 

a cabo en cualquier fecha entre el 15 al 22 de abril de 2024. 

Igualmente, añadió que, Primerica había contestado parcialmente la 
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producción de documentos y que por ello, se encontraba en 

incumplimiento con la orden del Tribunal. 

En respuesta, la parte recurrida presentó la Urgente R[é]plica 

a: “Moción en Solicitud de Orden”. En virtud de esta, la parte 

recurrida indicó que, desde el 29 de septiembre de 2023 había 

anunciado su perito y actualizado el listado de testigos según 

ordenado, y que, a pesar de ello, la parte peticionaria nunca había 

citado o enviado un aviso de deposición al perito anunciado. 

Finalmente, el 25 de marzo de 2024, la primera instancia 

judicial emitió una Orden donde declaró No Ha Lugar lo solicitado 

por la parte peticionaria. 

Inconforme con tal determinación, el 23 de abril de 2024, la 

señora Pomales Ortiz compareció ante este Tribunal mediante el 

recurso que nos ocupa y esgrimió los siguientes señalamientos de 

error: 

Primer Señalamiento de Error

Erró y abusó de su discreción el TPI al negarle el 

derecho a la peticionaria de deponer al perito del 

Recurrido y/o llevar a cabo descubrimiento de prueba 

en relación al Informe pericial.

Segundo Señalamiento de Error

Erró y abusó de su discreción el TPI al impedirle a la 

peticionaria presentar prueba pendiente de ser 

producida por un tercero, de conformidad con una 

orden final y firme emitida por el propio TPI cuando aún 

no había concluido el descubrimiento de prueba 

coart[á]ndole así su debido proceso a presentar prueba 

en apoyo a su reclamación.

Tercer Señalamiento de Error

Erró el TPI al no implementar y/o tomar medidas y 

providencias para que Primerica Financial Services 

cumpliera con la Orden emitida por el propio Tribunal, 

despojando con ello a la Peticionaria de información y 

documentación esencial (sic) para defender su reclamo.

Transcurrido el término reglamentario, sin que compareciera 

la parte recurrida a exponer su postura, disponemos del recurso sin 

el beneficio de su comparecencia.
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II

A. El Certiorari

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente una 

decisión de un tribunal inferior. Rivera et al. v. Arcos Dorados et al., 

2023 TSPR 65, 212 DPR ___ (2023); Torres González v. Zaragoza 

Meléndez, 2023 TSPR 46, 211 DPR 821, 846-847 (2023); Caribbean 

Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994, 1004 (2021); Pueblo 

v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352, 372 (2020)5. Ahora bien, tal 

“discreción no opera en lo abstracto. A esos efectos, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, 

dispone los criterios que dicho foro deberá considerar, de manera 

que pueda ejercer sabia y prudentemente su decisión de atender o 

no las controversias que le son planteadas”. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008); Pueblo v. Rivera Montalvo, supra, 

pág. 372; Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra, pág. 848. La 

precitada Regla dispone lo siguiente:

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa de los procedimientos en que se 

presenta el caso es la más propicia para su 

consideración.

5 Véase también Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728-729 

(2016); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz 

de León, 176 DPR 913, 917 (2009).
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(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXIIB, R. 40.

No obstante, “ninguno de los criterios antes expuestos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, es 

determinante, por sí solo, para este ejercicio de jurisdicción, y no 

constituye una lista exhaustiva”. García v. Padró, 165 DPR 324, 327 

(2005). Por lo que, de los factores esbozados “se deduce que el foro 

apelativo intermedio evaluará tanto la corrección de la decisión 

recurrida, así como la etapa del procedimiento en que es presentada; 

esto, para determinar si es la más apropiada para intervenir y no 

ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación injustificada 

del litigio”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97.

Por otro lado, a partir del 1 de julio de 2010, se realizó un 

cambio respecto a la jurisdicción del Tribunal Apelativo para revisar 

los dictámenes interlocutorios del Tribunal de Primera Instancia 

mediante recurso de certiorari. A tal fin, la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, dispone, en su parte pertinente, lo siguiente: 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 

obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, 

el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o 

resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia cuando se recurra de decisiones 

sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan interés 

público o en cualquier otra situación en la cual esperar 

a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. Al denegar la expedición de un recurso de 

certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no 

tiene que fundamentar su decisión. (Énfasis Nuestro).

[. . .]
KLCE202400457 13

Según se desprende de la precitada Regla, este foro apelativo 

intermedio podrá revisar órdenes interlocutorias discrecionalmente, 

cuando se recurre de decisiones sobre la admisibilidad de testigos 

de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de 

familia o que revistan interés público, o en aquellas circunstancias 

en las que revisar el dictamen evitaría un irremediable fracaso de la 

justicia, entre otras contadas excepciones. Torres González v. 

Zaragoza Meléndez, supra, pág. 820

De igual manera, la precitada regla procesal “reconoce que 

ciertas determinaciones interlocutorias pueden afectar 

sustancialmente el resultado del pleito o tener efectos limitativos 

para la defensa o reclamación de una parte o conllevar cuestiones 

neurálgicas o de política pública que deben estar sujetos a revisión 

de forma inmediata”. Íd. págs. 820-821 citando a Hernández Colón

Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San 

Juan, Ed. LexisNexis, 2017, Sec. 5515a, pág. 533.

El certiorari, como recurso extraordinario discrecional, debe 

ser utilizado con cautela y solamente por razones de peso. Pérez v. 

Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 7 (1948). Este procede cuando no 

está disponible la apelación u otro recurso que proteja eficaz y 

rápidamente los derechos del peticionario. Pueblo v. Tribunal 

Superior, 81 DPR 763, 767 (1960). Nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado también que “de ordinario, el tribunal apelativo no 

intervendrá con el ejercicio de la discreción de los tribunales de 

instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que 

se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa 

etapa evitará un perjuicio sustancial”. Zorniak Air Servs. v. Cessna 
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Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); Rivera y otros v. Bco. Popular, 

152 DPR 140, 155 (2000).

B. Jurisdicción 

Nuestro Tribunal Supremo, ha definido la jurisdicción como 

el poder que ostentan los tribunales para considerar y decidir los 

casos y las controversias que sean presentados a su atención. 

Beltrán Cintrón v. ELA, 204 DPR 89 (2020); Torres Alvarado v.

Madera Atiles, 202 DPR 495 (2019); SLG Solá-Moreno v. Bengoa 

Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). Es normativa reiterada que, los 

tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción, 

es por lo que, los asuntos relativos a la jurisdicción son privilegiados 

y deben ser atendidos con prontitud. Báez Figueroa v. Adm. 

Corrección, 209 DPR 288, 298 (2022); Torres Alvarado v. Madera 

Atiles, supra, pág. 500; González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 

DPR 848, 856 (2009). La ausencia de jurisdicción puede ser 

levantada motu proprio, ya que, esta incide de forma directa sobre el 

poder del tribunal para adjudicar una controversia. Allied 

Management Group, Inc. v. Oriental Bank, 204 DPR 374 (2020); 

Torres Alvarado v. Madera Atiles, supra, pág. 500; Ruiz Camilo v. 

Trafon Group Inc., 200 DPR 254, 268 (2018); Suffront v. AAA, 164 

DPR 663, 674 (2005).

Por consiguiente, un tribunal no tiene discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay, si carece de jurisdicción, deberá así 

declararlo y desestimar la reclamación sin entrar en sus méritos, 

pues la falta de jurisdicción no es susceptible de ser subsanada. 

Yumac Home Furniture v. Caguas Lumber Yard, 194 DPR 96, 107 

(2015); Mun. De San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652, 600 

(2014); Suffront v. AAA, supra, pág. 674; Cobra Acquisitions v. Mun. 

Yabucoa et al., 210 DPR 384, 394-395 (2022). 
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Cónsono con lo anterior, la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones6, confiere facultad a este Tribunal para a 

iniciativa propia o a petición de parte desestimar un recurso de 

apelación o denegar un auto discrecional cuando este foro carece de 

jurisdicción.

C. Manejo de Sala

Como es sabido, nuestra más Alta Curia ha reconocido que, 

los foros de instancia gozan de amplia discreción en la tramitación 

de los casos ante su consideración, de manera que, se pueda 

asegurar la más eficiente administración de la justicia. Vives 

Vázquez v. ELA, 142 DPR 117 (1996); Molina v. Supermercado

Amigo, Inc., 119 DPR 330 (1987). Conforme a ello, con el propósito 

de mantener un funcionamiento efectivo de nuestro sistema judicial, 

y de que se dispongan los asuntos litigiosos de forma rápida, es 

necesario que los juzgadores de instancia ostenten “gran flexibilidad 

y discreción para lidiar con el diario manejo y tramitación de los 

asuntos judiciales”. In re Collazo I, 159 DPR 141 (2003). Ello 

implica que, estos deberán gozar de poder y autoridad suficiente 

para conducir los asuntos litigiosos ante su consideración y para 

aplicar aquellos correctivos apropiados, de acuerdo a su buen 

juicio7. En virtud de estos poderes, los foros de instancias tienen 

disponibles múltiples mecanismos procesales para asegurar y 

mantener el orden de los procedimientos que atienden, para hacer 

cumplir sus órdenes y para realizar cualquier acto necesario para 

cumplir a cabalidad sus funciones. Íd.; ELA v. Asoc. de Auditores, 

47 DPR 669 (1999).

Nuestra última instancia judicial ha señalado que, 

“[e]specíficamente, la discreción ha de ceder en las circunstancias 

en las que se configura: un craso abuso de discreción o que el 

6 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.

7 Íd. pág. 150. 
KLCE202400457 16

tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que la intervención en esa etapa evitaría un 

perjuicio sustancial a la parte afectada por su determinación.” 

Banco Popular de Puerto Rico v. Andrés Gómez Alayón y otros, 2023 

TSPR 145, 212 DPR ____ (2023).

No obstante, “la tarea de determinar cuándo un tribunal ha 

abusado de su discreción no es una fácil. Empero, no [hay] duda de 

que el adecuado ejercicio de discreción judicial está estrechamente 

relacionado con el concepto de razonabilidad”. SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013). Es por lo que, nuestra 

más Alta Curia ha definido la discreción como “una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera”. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 

338 (2012). Así, la discreción se “nutr[e] de un juicio racional 

apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de 

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni 

limitación alguna”. Ello “no significa poder para actuar en una 

forma u otra, haciendo abstracción del resto del Derecho”. (Citas 

omitidas). SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 435. 

Si la actuación del tribunal de instancia no se encuentra 

desprovista de base razonable, ni perjudica los derechos 

sustanciales de una parte, prevalecerá el criterio del juzgador de 

hechos a quien le corresponde la administración del proceso para 

disponer de los procedimientos ante su consideración. Sierra v. 

Tribunal Superior, 81 DPR 554 (1959).

Esbozada la norma jurídica, procedemos a aplicarla al 

recurso ante nos. 

III

Como tribunal apelativo, en primer lugar, estamos obligados 

a examinar si tenemos jurisdicción para atender el recurso 
KLCE202400457 17

presentado. Por ello, en el caso de autos, debemos determinar en 

primera instancia, si el promovente del recurso ha planteado un 

asunto comprendido en alguna de las excepciones de la Regla 52.1, 

supra. Veamos.

Conforme surge del tracto procesal antes reseñado, la parte 

peticionaria recurre de una Orden emitida por la primera instancia 

judicial, donde declaró No Ha Lugar la Moción Informativa y en 

Solicitud de Orden. En la aludida moción, la parte peticionaria había 

solicitado al foro a quo que se le permitiera deponer al perito 

anunciado por la parte recurrida fuera del término dispuesto para 

concluir el descubrimiento de prueba. 

De un minucioso examen del recurso de epígrafe, colegimos 

que, la solicitud planteada por la parte peticionaria no se encuentra 

dentro de los asuntos comprendido en alguna de las excepciones de 

la Regla 52.1, supra. Veamos. 

Según el derecho expuesto, la Regla 52.1, supra, dispone que: 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 

obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, 

el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o 

resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia cuando se recurra de decisiones 

sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan interés 

público o en cualquier otra situación en la cual esperar 

a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. Al denegar la expedición de un recurso de 

certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no 

tiene que fundamentar su decisión. (Énfasis Nuestro).

[. . .]

Queda claro que la precitada regla se limita a decisiones sobre 

la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, no sobre 

asuntos de descubrimiento de prueba ajenos a tal disposición. En 

el caso de marras se trata de un asunto de un término concedido 
KLCE202400457 18

por el foro a quo para culminar descubrimiento de prueba, asunto 

que se refiere estrictamente al manejo de caso del foro primario. 

Cabe destacar que, reconocemos la discreción del foro primario en 

el manejo de sala y en la tramitación de los asuntos ante su 

consideración.

En la medida en que la actuación del tribunal de instancia no 

se encuentra desprovista de base razonable, ni perjudica los 

derechos sustanciales de una parte, será necesario que prevalezca 

el criterio del juzgador de hechos a quien le corresponde la 

administración del proceso para disponer de los procedimientos 

ante su consideración8. 

Evaluado el recurso presentado por la parte peticionaria, al 

amparo de los criterios para la expedición del auto de certiorari, en 

ausencia de estos resolvemos no intervenir con el mismo.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega el recurso 

de Certiorari. 

Notifíquese.

Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

8 Sierra v. Tribunal Superior, supra, pág. 572.