Número Identificador: 

SEN2023____________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

GERMÁN SUÁREZ 

HERNÁNDEZ; JACKELINE 

FRANCO BONILLA; LUIS 

ALBERTO BERMÚDEZ 

BONILLA, Y SHEILA 

SUÁREZ PÉREZ

DEMANDANTE(S)-RECURRIDA(S)

V.

AT&T OF PUERTO RICO,

INC.; AT&T MOBILITY

PUERTO RICO,INC.;

CHUBB INSURANCE

COMPANY OF PUERTO

RICO; MASTEC NORTH

AMERICA, INC.; CH

RENTAL LLC; FM

TECHNOLOGY GROUP

LLC; MAPFRE PRAICO

INSURANCE COMPANY; A

Y B COMPAÑÍAS

ASEGURADORAS; JOHN

DOE Y RICHARD DOE

DEMANDADA(S)

CAPE FEAR UTILITIES,

LLC

CO-DEMANDADA(S)-PETICIONARIA(S)

KLCE202200203

Certiorari

procedente del

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Salinas

Caso Núm.

SA2019cv00094 (202)

Sobre:

Daños y perjuicios

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, el Juez Pagán 

Ocasio y la Juez Barresi Ramos.

Barresi Ramos, juez ponente

S E N T E N C I A

En San Juan, Puerto Rico, hoy día 28 de febrero de 2023.

La compañía Cape Fear Utilities LLC (Cape Fear) comparece ante 

este Tribunal de Apelaciones mediante Certiorari incoado el 23 de febrero de 

2022. En su recurso, nos solicita que revisemos la Resolución decretada el 30 

de noviembre de 2021 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Salinas 1. Mediante el referido dictamen, el foro primario denegó una

1 Esta determinación judicial fue notificada y archivada en autos el 2 de diciembre de 2022. 

Véase Apéndice de Certiorari, págs. 93- 96.
KLCE202200203 2

solicitud de desestimación, por prescripción, presentada por Cape Fear.

Exponemos el trasfondo fáctico y procesal que acompaña a la presente 

controversia.

- I -

El 14 de marzo de 2019, los señores German Suárez Hernández, 

Jackeline Franco Bonilla, Luis Alberto Bermúdez Bonilla y Sheila 

Suárez Pérez (señores Suárez Hernández) presentaron una demanda 

sobre daños y perjuicios contra varias entidades de la corporación AT&T;

entre estas, AT&T Mobility Puerto Rico, Inc. (AT&T).

2 Los señores Suárez 

Hernández reclamaron una compensación por los daños sufridos a raíz de

un accidente de tránsito ocurrido el 15 de marzo de 2018. Alegaron que 

mientras transitaban en un vehículo de motor por la carretera núm. 3, a la 

altura del municipio de Salinas, cayeron en una zanja excavada como parte

de unos trabajos que AT&T realizaba en el lugar. Ello provocó que el 

conductor perdiera el control e impactara a otros dos (2) automóviles que 

viajaban en sentido contrario. Los señores Suárez Hernández arguyeron

que la excavación no contaba con iluminación, rótulos, vallas de seguridad, 

zafacones o algún otro dispositivo que alertara de su existencia.

En la Demanda, se incluyeron como partes co-demandadas a las 

contratistas D y F, las que se describieron como “entidades naturales o 

jurídicas de nombre desconocido que también responde[n] por hacer los 

trabajos de manera descuidad[a] y negligente [...]”, añadiendo que, “[t]an 

pronto se conozca su identidad se notificará a este Honorable Tribunal”.3

En algún momento posterior a la presentación de la Demanda, los 

señores Suárez Hernández advinieron en conocimiento de que AT&T había 

contratado a la compañía Mastec North America, Inc. (Mastec) para que 

realizara los trabajos que dieron lugar al accidente vehicular. Por 

2 Véase Demanda, Apéndice del Certiorari, pág. 1.

3

Id., pág. 6, inciso núm. 19 de la Demanda. En el inciso número 20, a su vez, se alegó lo 

siguiente: “Compañías de Comunicaciones Y y Z son entidades naturales o jurídicas de 

nombre desconocido que responde[n] por haber hecho trabajos en el lugar y dejar la 

excavación sin seguridad. Tan pronto se conozca su identidad se notificará a este Honorable 

Tribunal”.
KLCE202200203 3

consiguiente, el 10 de junio de 2019, los señores Suárez Hernández

presentaron una Demanda Enmendada en la cual se notificó que el nombre 

correcto de la “contratista D” era Mastec, e incluyeron como co-demandada

a su aseguradora, Chubb Insurance Company of Puerto Rico.

4

El 7 de agosto de 2019, Mastec presentó su Contestación a Demanda 

Enmendada.

5 En su alegación responsiva, se limitó a negar la mayoría de las 

aseveraciones de los señores Suárez Hernández, y levantó algunas defensas 

afirmativas. Mastec, sin embargo, no hizo mención alguna de otra compañía 

subcontratista que hubiera estado realizando trabajos en el lugar y en la fecha 

del accidente.

Luego, el 24 de octubre de 2019, Mastec remitió una misiva a los 

señores Suárez Hernández en la cual expresó:

Como parte del descubrimiento de prueba, le incluyo 

información con respecto a varios contratistas de MasTec y que 

eran quienes estaban realizando los trabajos a los que se refiere 

la demanda los cuales, alegadamente, son la causa de los 

da[ñ]os. No le había dado esta información anteriormente 

porque yo la vine a recibir la semana pasada.6

Entre las compañías subcontratadas por Mastec se enumeraron a FM 

Technology Group LLC (FM Technology), CH Rental LLC (CH Rental) y 

Cape Fear. CH Rental contrató, a su vez, a MAPFRE PRAICO Insurance 

Company (MAPFRE), mientras que Cape Fear contrató a la aseguradora 

FCCI.

Con esta nueva información, el 9 de diciembre de 2019, los señores 

Suárez Hernández presentaron una Segunda Demanda Enmendada, en la 

cual incluyeron como co-demandadas a las compañías Cape Fear, CH 

Rental, MAPFRE y FM Technology, y les imputaron haber sido negligentes 

en la ejecución de los trabajos de construcción que provocaron el accidente.7

Por su parte, el 8 de mayo de 2020, Mastec presentó Demandas Contra

4 Véase Demanda Enmendada, Apéndice del Certiorari, págs. 8 y 13.

5 Véase entrada núm. 53 del expediente electrónico del Sistema Unificado de Manejo y 

Administración de Casos (SUMAC).

6 Véase Apéndice del Certiorari, pág. 66.

7 Véase Apéndice del Certiorari, pág. 15. Distinto a la Demanda Enmendada, en este escrito 

no se sustituyó el nombre de un demandado de nombre desconocido por su verdadero 

nombre, sino que se incluyeron a nuevos co-demandados. 
KLCE202200203 4

Coparte contra Cape Fear, CH Rental, MAPFRE y FM Technology. La 

reclamación contra esta última fue posteriormente desistida tanto por los 

señores Suárez Hernández como por Mastec.

Luego de varios incidentes procesales que no ameritan reseña, el 14 de 

julio de 2020, CH Rental y MAPFRE, co-demandadas, solicitaron la 

desestimación de las reclamaciones en su contra al amparo de la Regla 10.2 

de las de Procedimiento Civil de 2009, infra.

8 Argumentaron que, para el 9

de diciembre de 2020, cuando fueron incluidas en el pleito mediante la 

Segunda Demanda Enmendada, la causa de acción contra CH Rental estaba 

prescrita, y que “la parte Demandante debía conocer, o tomar pasos 

afirmativos para conocer, quienes eran los alegados responsables del daño 

[...], antes de que transcurriera el término prescriptivo para este tipo de 

reclamación”.9

El 19 de agosto de 2020, los señores Suárez Hernández se opusieron

a la solicitud de desestimación de CH Rental y MAPFRE.

10

Fundamentándose en la teoría cognoscitiva del daño, argumentaron que 

trajeron al pleito a CH Rental y MAPFRE dentro del término de un (1) año 

de haber advenido en conocimiento, mediante el descubrimiento de prueba, 

de la participación de estas compañías en las excavaciones. En la alternativa,

arguyeron, además, que en la Demanda se incluyeron alegaciones contra CH 

Rental y MAPFRE, aunque bajo los nombres ficticios de “Contratistas D &

F” y “Compañías aseguradoras A, B & C”. En cumplimiento con una orden 

del tribunal, el 11 de febrero de 2021, CH Rental y MAPFRE presentaron un 

memorando de derecho.11

El día 21 de mayo de 2021, mediante Sentencia Parcial se declaró “ha 

lugar” el petitorio de CH Rental y MAPFRE, desestimando así las

8 Véase Moción de Desestimación, Apéndice del Certiorari, pág. 23.

9

Id., pág. 24.

10 Véase Moción en Oposición a la Desestimación, Apéndice del Certiorari, pág. 29. Junto con 

el escrito se acompañó la misiva fechada 24 de octubre de 2019 cursada por Mastec.

11 Véase Moción en Cumplimiento de Orden y Memorando de Derecho en Sustento a Solicitud 

de Desestimación, Apéndice del Certiorari, pág. 36.
KLCE202200203 5

reclamaciones su contra.12 El foro primario concluyó que los señores Suárez 

Hernández tenían un (1) año a partir de la fecha del accidente para presentar 

su reclamación; no fue hasta un (1) año y ocho (8) meses después del 

incidente que estos demandaron a CH Rental y MAPFRE, y los señores 

Suárez Hernández no demostraron satisfactoriamente “su imposibilidad de 

ejercer su causa de acción dentro del término prescriptivo estatuido en la 

ley”.13 Los señores Suárez Hernández solicitaron la reconsideración del 

dictamen, sin éxito.14

El 7 de julio de 2021, Cape Fear —quien había presentado su 

Contestación a Segunda Demanda Enmendada el 11 de agosto de 2020—

solicitó la desestimación por prescripción de la reclamación en su contra.

15

Interponiendo los mismos fundamentos esbozados en la Sentencia Parcial, 

Cape Fear alegó que los señores Suárez Hernández no demostraron que les 

fuera imposible ejercer su causa de acción dentro del término prescriptivo de 

un (1) año, y no evidenciaron las diligencias realizadas para conocer la 

identidad de las personas o entidades que causaron sus daños antes de la 

presentación de la Demanda.

16

Por su parte, el 9 de agosto de 2021, los señores Suárez Hernández se 

opusieron a la solicitud de desestimación de Cape Fear.

17 Sostuvieron que 

no fue hasta que recibieron la comunicación fechada 24 de octubre de 2019,

como parte del descubrimiento de prueba, que advinieron en conocimiento 

de que Mastec había subcontratado las obras de excavación a otras 

entidades. Por lo tanto, toda vez que en nuestro ordenamiento rige la teoría 

cognoscitiva del daño, su causa de acción contra Cape Fear no se encontraba 

prescrita.

El 30 de noviembre de 2021 —notificada el 2 de diciembre de 2021—, 

12 Véase Sentencia Parcial, Apéndice del Certiorari, pág. 48.

13 Id., pág. 52.

14 Véanse Moción de Reconsideración a Sentencia Parcial, Apéndice del Certiorari, pág. 54; y 

Notificación, Apéndice del Certiorari, pág. 71.

15 Véase Apéndice del Certiorari, pág. 41.

16 Véase Moción de Desestimación, Apéndice del Certiorari, pág. 73.

17 Véase Moción en Oposición a la Desestimación, Apéndice del Certiorari, pág. 86.
KLCE202200203 6

el foro a quo dictó la Resolución recurrida, y declaró “no ha lugar” la solicitud 

de desestimación presentada por Cape Fear.

18 En su dictamen, el foro 

primario consignó lo siguiente:

Es el descubrimiento de prueba una vía importante para 

obtener información de distinta naturaleza incluyendo el 

conocimiento de quienes son los responsables al agraviado.

Ello es así, porque no siempre se conocen las partes desde el 

primer momento de la ocurrencia de los hechos que dan 

margen a la reclamación. Máxime que los hechos que originan

el caso de autos o a las partes a quién se les pudiese imputar 

responsabilidad civil extracontractual no son necesariamente 

personas naturales que al momento de los hechos surgiera 

algún tipo de información que permitiera identificar las 

mismas. No podemos perder de perspectiva, que las 

responsabilidades [...] o contractuales entre las partes 

demandadas son desconocidas por el demandante, salvo que 

en ocasiones se active o recurra a un razonable descubrimiento 

de prueba (una vez presentada la demanda y se activen las 

herramientas procesales y judiciales).

[...]

Siendo un hecho cierto que la parte demandante advino en 

conocimiento de la existencia de la parte codemandada Cape

Fear Utilities, LLC, el 24 de octubre de 2019, luego de ejercitar 

el esfuerzo de investigación que proveen las reglas en cuanto al 

descubrimiento de prueba se concluye que la demanda 

enmendada de Cape Fear no está prescrita [...].

Inconforme, el 17 de diciembre de 2021, Cape Fear presentó una 

Moción de Reconsideración.

19 El foro primario mantuvo su determinación, y 

el 24 de enero de 2021, dictaminó una Resolución en la cual declaró “sin lugar” 

la solicitud de reconsideración presentada por Cape Fear.

Aún insatisfecha, el 23 de febrero de 2022, Cape Fear acudió ante este 

Tribunal de Apelaciones mediante recurso de Certiorari, y señaló el siguiente 

error:

Erró y abusó de su discreción el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al rehusar desestimar la causa de acción contra Cape 

Fear.

El 14 de marzo de 2022, los señores Suárez Hernández presentaron 

su Escrito en Cumplimiento de Orden y para Mostrar Causa.

Evaluado concienzudamente el expediente del caso y contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, nos encontramos en posición 

18 Véase Apéndice del Certiorari, pág. 93.

19 Véase Apéndice del Certiorari, pág. 97.
KLCE202200203 7

de resolver. A continuación, exponemos las normas de derecho pertinentes 

a la controversia planteada. 

- II -

A.

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario disponible 

para que un tribunal apelativo pueda corregir un error de derecho cometido 

por un tribunal inferior. 20 “La característica distintiva de este recurso se 

asienta en la discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su 

expedición y adjudicar sus méritos”. 21 Aun así, nuestra discreción para 

expedir un auto de certiorari no se extiende a cualquier situación procesal, ni 

abarca todo tipo de materias. 

La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009 delimita las 

instancias en que este foro apelativo puede revisar vía certiorari las 

resoluciones y órdenes emitidas por los tribunales de primera instancia.22 En 

su parte pertinente, dicha Regla dispone lo siguiente (énfasis suplido):

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 

cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 

y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar 

órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal 

de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, 

asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que 

revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual 

esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari

en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 

fundamentar su decisión.

23

20 800 Ponce de León Corp. v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016).

21 IG Builders Corp. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012).

22 32 LPRA Ap. V, R.52.1.

23 El tratadista Rafael Hernández Colón puntualiza que, aunque “[l]a yuxtaposición de las 

palabras ‘será’ y ‘podrá’ en la R. 52.1, 2009 según aprobada por la Asamblea Legislativa puede 

crear confusión en cuanto al carácter discrecional de la expedición del auto de certiorari

respecto a las resoluciones bajo las Reglas 56 y 57 o de las denegatorias de mociones de 

carácter dispositivo[,] [n]o debe haber duda de que se trata de un recurso discrecional en 

todos los casos [...]”. Véase, Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho 

Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2017, pág. 532, escolio 31. En IG Builders Corp. 

v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012), el Tribunal Supremo explica que “[l]a característica 

distintiva de este recurso se asienta en la discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos”.
KLCE202200203 8

Lo anterior constituye tan solo la primera parte de nuestro análisis 

sobre la procedencia de un recurso de certiorari para revisar un dictamen del 

Tribunal de Primera Instancia. De modo que, aun cuando un asunto esté 

comprendido entre las materias que por excepción las Reglas de 

Procedimiento Civil de 2009 nos autorizan a revisar, el ejercicio prudente de 

esta facultad nos requiere tomar en consideración, además, los criterios 

dispuestos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 24 

Estos criterios son los siguientes: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para 

el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 

Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a 

la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o 

de alegatos más elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es 

la más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no 

causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación

indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia.

Es preciso aclarar que la anterior no constituye una lista exhaustiva, y 

ninguno de estos criterios es determinante, por sí solo, para justificar el 

ejercicio de nuestra jurisdicción.25 Esto es, los anteriores criterios nos sirven 

de guía para poder determinar de la forma más sabia y prudente si se justifica 

nuestra intervención en la etapa del procedimiento en que se encuentra el 

caso. 26 Ello, pues distinto al recurso de apelación, este Tribunal posee 

discreción para expedir el auto de certiorari.27 

Finalmente, este Tribunal solo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del tribunal sentenciador cuando 

24 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).

25 García Morales v. Padró Hernández, 165 DPR 324, 335 esc. 15 (2005).

26 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).

27 Feliberty Padró v. Pizarro Rohena, 147 DPR 834, 837 (1999).
KLCE202200203 9

este último haya incurrido en un craso abuso de discreción.28 Esto es, “que 

el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio 

sustancial”.29

La etapa de los procedimientos en que se presenta el recurso objeto 

de este dictamen es propicia para su consideración, pues se trata de 

determinar si la causa de acción contra una parte co-demandada está 

prescrita. Para este análisis, encontramos que la situación de hechos 

planteada es la más indicada. Más aún, la expedición del recurso no tiene el 

potencial de causar un fraccionamiento indebido ni una dilación indeseable 

del litigio. Con ello, se satisfacen al menos tres (3) de los criterios necesarios 

para mover nuestra discreción a favor de la expedición del auto solicitado.

B.

La prescripción es una institución que extingue el derecho a ejercitar 

una causa de acción cuando la parte legitimada deja de hacerlo dentro del 

término determinado por ley.30

“A través de la prescripción, nuestro ordenamiento promueve que las 

reclamaciones se insten de manera oportuna y que las personas ejerciten sus 

causas de acción diligentemente”.31 “La prescripción castiga la inercia a la vez 

que estimula el ejercicio rápido de las acciones. Mientras más cerca de su 

origen se entablen las reclamaciones, más se asegura que el transcurso del 

tiempo no confundirá ni borrará el esclarecimiento de la verdad en sus 

dimensiones de responsabilidad y evaluación de la cuantía”.32

Esta figura jurídica estaba regulada —para la fecha en que ocurrieron 

los hechos en el presente caso— por el Artículo 1861 del Código Civil de 

Puerto Rico de 1930, el cual dispone que “[l]as acciones prescriben por el mero 

28 García Rubiera v. Asociación de Suscripción Conjunta, 165 DPR 311, 322 (2005).

29 Lluch v. España Service Station, 117 DPR 729, 745 (1986).

30 Rivera Ruiz v. Municipio Autónomo de Ponce, 196 DPR 410, 415 (2016); Fraguada Bonilla v. 

Hospital Auxilio Mutuo, 186 DPR 365, 372-373 (2012).

31 Maldonado Rivera v. Suárez, 195 DPR 182, 192 (2016).

32 Campos Ledesma v. Compañía de Fomento Industrial de PR, 153 DPR 137, 143 (2001).
KLCE202200203 10

lapso del tiempo fijado por la ley”. 33 Un término prescriptivo puede 

interrumpirse de tres (3) maneras: la correspondiente acción judicial; una 

reclamación extrajudicial; y por el reconocimiento de la deuda por parte del 

deudor.34 “Una vez se interrumpe la prescripción, el término prescriptivo 

comienza a transcurrir nuevamente”.35 La prescripción extintiva es una figura 

de naturaleza sustantiva, la cual se rige por los principios del Código Civil.

36

No obstante, en el ámbito procesal “la prescripción es una defensa afirmativa 

que debe plantearse de forma expresa y oportuna, o de lo contrario se 

entiende renunciada”.37

La causa de acción que provee el Artículo 1802 del Código Civil de 

Puerto Rico de 1930 para exigir la reparación de un daño extracontractual 

causado por culpa o negligencia, tiene un término prescriptivo de un (1) 

año.38 “[L]a brevedad de este término responde a que el legislador quiso 

dotar de mayor certeza una relación que generalmente carece de ella debido 

a la inexistencia de un vínculo previo entre las partes y el desconocimiento 

de la extensión de la obligación”.39

En nuestro ordenamiento jurídico rige la teoría cognoscitiva del 

daño.40 Según esta, por consideraciones de justicia, se estima que el término 

prescriptivo para el ejercicio de estas acciones no comienza en el instante en 

que objetivamente ocurre el daño, sino desde que se conocen los otros 

elementos necesarios para poder ejercer la acción.41 Así se desprende del 

Artículo 1868 del Código Civil de Puerto Rico de 1930 el cual establece que el 

término prescriptivo de una acción de daños y perjuicios comienza a decursar 

33 31 LPRA ant. sec. 5291.

34 Artículo 1873 del Código Civil de PR de 1930, 31 LPRA ant. sec. 5303. Artículo 1873 del 

Código Civil de PR de 1930, 31 LPRA ant. sec. 5303. Artículo 1873 del Código Civil de PR de 

1930, 31 LPRA ant. sec. 5303.

35 Maldonado Rivera v. Suárez, supra, pág. 193.

36 Fraguada Bonilla v. Hospital Auxilio Mutuo, supra, pág. 373.

37 Menéndez Guzmán v. Berríos López, 172 DPR 1010, 1017 (2008).

38 31 LPRA ant. sec. 5141.

39 Maldonado Rivera v. Suárez, supra, pág. 194.

40 Id., pág. 212.

41 COSSEC v. González López, 179 DPR 793, 806 (2010); Vega Lozada v. J. Pérez & Cía, Inc., 135 

DPR 746, 754 (1994).
KLCE202200203 11

“desde que lo supo el agraviado”.42 “[N]o puede ejercitarse una acción si de 

buena fe el titular desconoce que tiene derecho a ejercitarla”.43 Empero, “si 

el desconocimiento que impide ejercer la acción se debe a la falta de 

diligencia del reclamante, entonces no son aplicables las aludidas 

consideraciones [...] sobre la prescripción.”44 En consideración de lo anterior, 

se impone la norma de que “el término prescriptivo para exigir 

responsabilidad por un daño extracontractual comienza a transcurrir cuando 

el perjudicado conoció —o debió conocer de haber procedido diligentemente—

la existencia del daño, quién lo causó, así como los elementos necesarios para 

ejercer efectivamente la causa de acción”.45 “Los tribunales tienen el deber de 

determinar, atendidas las circunstancias particulares de cada caso, si el 

perjudicado ejerció la diligencia de un hombre razonable y prudente [...] para 

identificar lo más pronto posible la existencia de un daño, para efectos del 

comienzo del transcurso del plazo prescriptivo [...]”.46

Esto se conoce como la norma de conocimiento imputado.47 Por lo 

tanto, el perjudicado que alegue que conoció del daño sufrido en un 

momento posterior al de su ocurrencia “debe probar que un hombre 

prudente y razonable, por razón de las circunstancias particulares del caso, 

no habría podido descubrir la consecuencia lesiva hasta el momento en que 

él la conoció”.48 De esta forma, “el perjudicado tiene la carga de la prueba en 

cuanto a cuándo fue que tuvo conocimiento de la consecuencia lesiva, o en 

su caso, de cuándo debió obtenerlo”.49

De otra parte, cuando existen dos (2) o más cocausantes de un daño, 

todos responden de forma solidaria ante la persona perjudicada.50 En estos 

42 31 LPRA ant. sec. 5298. Similarmente, el Artículo 1869 del Código Civil de Puerto Rico de 

1930, 31 LPRA ant. sec. 5299, dispone (énfasis suplido): “El tiempo para la prescripción de 

toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se 

contará desde el día en que pudieron ejercitarse”.

43 Vega Lozada v. J. Pérez & Cía, Inc., supra, págs. 754-755.

44 Id., pág. 755.

45 Maldonado Rivera v. Suárez, supra, pág. 212 (énfasis suplido).

46 Vera Morales v. Dr. Bravo Colón, 161 DPR 308, 330 (2004).

47 H. Brau del Toro, Los Daños y Perjuicios Extracontractuales en Puerto Rico, 2da. ed., San 

Juan, Puerto Rico, Publicaciones JTS, Inc., 1986, Vol. I, pág. 440.

48 Id.

49 Id., citado con aprobación en Vera Morales v. Dr. Bravo Colón, supra, pág. 326.

50 Cubano v. Jiménez, 32 DPR 167, 170 (1923).
KLCE202200203 12

casos, “la presentación oportuna de una demanda contra un presunto 

cocausante no interrumpe el término prescriptivo contra el resto de los 

alegados cocausantes [...]”.51 Por ende, cuando existen cocausantes de un 

daño, el perjudicado “deberá interrumpir la prescripción en relación con cada 

cocausante por separado, dentro del término de un año establecido por el 

Art. 1868 del Código Civil, si interesa conservar su causa de acción contra 

cada uno de ellos”.52

De forma similar, “[u]n cocausante demandado no puede traer al 

pleito mediante demanda contra tercero a un presunto cocausante solidario 

con respecto a quien la causa de acción del perjudicado prescribió”. 53

“Prescrita a su favor la causa de acción, ese alegado cocausante no está sujeto 

a responderle al perjudicado ni tampoco, mediante una acción de nivelación, 

a los cocausantes demandados”.54 En estos casos, “[s]i después de celebrado 

el juicio el tribunal concluyera que el presunto cocausante que no fue 

demandado a tiempo en efecto contribuyó a producir el daño, el por ciento 

de responsabilidad que se le atribuya se descontará de la indemnización del 

perjudicado”.

55

La norma anterior es consistente con la teoría cognoscitiva del daño.

Consecuentemente, “si mediante el descubrimiento de prueba u otro medio 

el agraviado conoce de la existencia de otro coautor y del resto de los 

elementos necesarios para reclamarle, el término prescriptivo contra ese 

alegado cocausante comenzará a transcurrir en ese momento”.56

C.

“En nuestra jurisdicción, los derechos y obligaciones adjudicados 

mediante un dictamen judicial, que adviene final y firme, constituyen ley del 

caso”.57 Estas determinaciones que han sido adjudicadas por el foro primario 

51 Fraguada Bonilla v. Hospital Auxilio Mutuo, supra, pág. 389.

52 Íd., supra, pág. 389 (citas omitidas).

53 Maldonado Rivera v. Suárez, supra, pág. 211.

54 Id.

55 Id., pág. 212.

56 Fraguada Bonilla v. Hospital Auxilio Mutuo, supra, pág. 390.

57 Cacho Pérez v. Hatton Gotay, 195 DPR 1, 8 (2016).
KLCE202200203 13

o por un tribunal apelativo dentro de un mismo proceso, como regla general, 

obligan tanto al tribunal de instancia como al que las dictó, si el caso vuelve 

ante su consideración.58 En específico, las determinaciones judiciales que 

constituyen la ley del caso incluyen todas aquellas cuestiones finales 

consideradas y decididas por el tribunal. 59 Ahora bien, “[m]ás que un 

mandato invariable o inflexible, la doctrina recoge una costumbre deseable: 

las controversias sometidas, litigadas y decididas por un tribunal dentro de 

una causa deben usualmente respetarse como finales”.60“ Por el contrario, 

[la doctrina] es descartable si conduce a resultados manifiestamente 

injustos”. 61 Por consiguiente, “[e]n situaciones excepcionales, si el caso 

vuelve ante la consideración del tribunal y este entiende que sus 

determinaciones previas son erróneas y pueden causar una grave injusticia, 

ese foro puede aplicar una norma de derecho distinta”. 62

D.

La Regla 10.3 de las de Procedimiento Civil de 2009—moción para que 

se dicte sentencia por las alegaciones— “regula el procedimiento que se ha 

de seguir en cuanto a una moción de desestimación presentada después de 

haberse notificado todas las alegaciones”. 63 Procede dictar sentencia por las 

alegaciones “cuando de estas surge que no existe controversia sustancial de 

hechos, haciendo innecesario la celebración de un juicio en su fondo para 

recibir o dilucidar la prueba.64 La moción se considerará, no a base de prueba 

alguna, sino aplicando el derecho a lo que está expuesto en las alegaciones.65

“[E]l estándar aplicable al adjudicar una moción para que se dicte 

sentencia por las alegaciones es idéntico al que se utiliza ante una moción de 

desestimación fundamentada en que la demanda deja de exponer una 

58 Cacho Pérez v. Hatton Gotay, supra, pág. 9.

59 Félix Taveras v. Las Haciendas, SE, 165 DPR 832, 843 (2005).

60 Management Administration Services Corp. v. ELA, 152 DPR 599, 607 (2000).

61 Id., pág. 608.

62 Cacho Pérez v. Hatton Gotay, supra, pág. 9.

63 32 LPRA Ap. V, R. 10.3. Montañez v. Hospital Metropolitano, 156 DPR 96 (2002), págs. 101-

102. 

64 Id., pág. 102.

65 Rafael Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 6ta ed., 

San Juan, Ed. LexisNexis, 2017, pág. 312.
KLCE202200203 14

reclamación que justifique la concesión de un remedio”.66 Ello es así, pues 

ambas mociones se dirigen a los méritos de la controversia y no a los aspectos 

procesales del caso.67

Al resolver una solicitud de desestimación fundamentada en que se 

deja de exponer una reclamación que justifica la concesión de un remedio, 

“los tribunales deben tomar como ciertos todos los hechos bien alegados de 

la demanda y que hayan sido aseverados de manera clara y concluyente.”68

No obstante, mientras que los hechos y alegaciones de la demanda se 

considerarán como ciertos, “aquellos de la contestación a la demanda se 

estimarán ciertos sólo en lo que no estén en conflicto con la demanda”.69 La 

obligación de tomar como ciertos únicamente los hechos bien alegados de la 

demanda supone excluir del análisis las conclusiones de derecho o las 

alegaciones redactadas de tal forma que su contenido resulte hipotético.70

Como parte de este estándar adjudicativo, los tribunales están 

llamados a interpretar las alegaciones de la demanda conjuntamente y de 

forma liberal a favor de la parte demandante, resolviendo toda duda a su favor 

y concediendo el beneficio de cuanta inferencia sea posible hacer de los 

hechos bien alegados en la demanda.71 De esta forma, solo procederá una 

moción de desestimación cuando la parte demandante no demuestre tener 

derecho a remedio alguno bajo cualesquiera hechos y estado de derecho que 

pudiera probar en un juicio.72 Asimismo amerita tener en cuenta que “[n]o 

procede la desestimación definitiva de una demanda por dejar de 

exponer la misma hechos que justifiquen la concesión de un remedio 

si dicha demanda es susceptible de ser enmendada”.73

66 Montañez v. Hospital Metropolitano, supra, págs. 103-104.

67 Id., pág. 104.

68 González Méndez v. Acción Social de PR, 196 DPR 213, 234 (2016).

69 Montañez v. Hospital Metropolitano, supra.

70 José A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. JTS, 2011, T. II, 

págs. 529, citado en Asociación Puertorriqueña de Importadores de Cerveza, Inc. v. ELA, 171 

DPR 140, 149 (2007) (Rebollo López, opinión de conformidad).

71 González Méndez v. Acción Social de PR, supra, pág. 234; Montañez v. Hospital 

Metropolitano, supra, pág. 103.

72 Ortiz Matías v. Mora Development Corp., 187 DPR 64, 65 (2013); Montañez v. Hospital 

Metropolitano, supra, pág. 105.

73 Clemente González v. Departamento de la Vivienda, 114 DPR 763, 771 (1983) (énfasis 

suplido); véase, además, Figueroa v. Tribunal Superior, 88 DPR 122, 124 (1963). En Figueroa 
KLCE202200203 15

En suma, el criterio al adjudicar esta moción de desestimación no es 

si la parte demandante va a prevalecer finalmente, sino si tiene derecho a 

ofrecer prueba que justifique su reclamación, asumiendo como ciertos los 

hechos bien alegados de la demanda.74 Por último, es preciso apuntar que

cuando en la moción de desestimación se exponen materias no contenidas 

en la demanda, y estas no son excluidas por el tribunal, la moción deberá ser 

considerada como una solicitud de sentencia sumaria, y estará sujeta a todos 

los trámites aplicables.75

- III -

Son dos (2) los argumentos principales que desarrolla Cape Fear en 

apoyo de su pretensión. De un lado, es enfática en señalar la inconsistencia 

entre los resultados de la Sentencia Parcial determinada el 21 de mayo de 2021 

y la Resolución recurrida pronunciada el 24 de enero de 2022. En el primero 

de estos dictámenes, bajo circunstancias muy similares a las del presente 

caso, el foro primario desestimó la causa de acción contra CH Rental y 

MAPFRE por entender que estaba prescrita. No obstante, en la segunda

decisión, el tribunal concluyó que los señores Suárez Hernández

interrumpieron oportunamente el término prescriptivo frente a Cape Fear. 

Esta incongruencia es descrita de la siguiente forma por Cape Fear:

[S]in decirlo, el Honorable Tribunal de Primera Instancia 

resolvió que las diligencias realizadas por la parte demandante 

para conocer la relación de CH Rental y Mapfre no cumplieron 

con las exigencias de la teoría cognoscitiva del daño, pero sí 

fueron suficientes para evitar la desestimación por prescripción 

de la causa de acción contra Cape Fear.76

Por ende, Cape Fear argumenta que la Resolución recurrida violenta 

la doctrina de la ley del caso por ser incompatible con lo resuelto previamente 

v. Tribunal Superior, supra, se expresa: “Una demanda debe desestimarse en definitiva 

porque no aduce causa de acción sólo cuando la razón de pedir no procede bajo supuesto 

alguno de derecho concebible, y por lo tanto, la misma no es susceptible de ser enmendada”.

74 José A. Segarra, op. cit., pág. 530.

75 Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil de 2009, supra. Según se ha interpretado la

equivalente federal de nuestra regla (subrayado nuestro):

A motion to dismiss made under Federal Rule of Civil Procedure 12(b)(6) must be 

treated as a motion for summary judgment under Federal Rule of Civil Procedure 56 if 

either party to the motion to dismiss submits materials outside the pleadings in 

support or opposition to the motion, and if the district court relies on those materials.

Anderson v. Angelone, 86 F.3d 932, 934 (9th Cir. 1996).

76 Véase Certiorari, pág. 7.
KLCE202200203 16

mediante la Sentencia pronunciada el 21 de mayo de 2021, y sostiene que, a 

fin de evitar una gran injusticia, el Tribunal de Primera Instancia debió 

acoger su solicitud de desestimación por prescripción. De entrada,

advertimos que el peso del argumento de Cape Fear se sostiene en la premisa 

de que, entre los dictámenes contradictorios del foro a quo, el correcto es el 

de la Sentencia Parcial intimada el 21 de mayo de 2021.

En segundo lugar, Cape Fear argumenta que los señores Suárez 

Hernández no desempeñaron el nivel de diligencia que se espera de una 

parte demandante para conocer la identidad de los cocausantes de un daño.

Así, Cape Fear señala que los señores Suárez Hernández nunca informaron 

sobre las gestiones que llevaron a cabo antes de presentar su reclamación

para conocer quiénes le causaron sus daños, y esperaron innecesariamente 

hasta el descubrimiento de prueba para indagar sobre las subcontratistas de 

AT&T.

Cape Fear presentó una solicitud para que se desestimara la causa de 

acción presentada en su contra por el fundamento de prescripción. Como 

dicha moción se presentó luego de notificadas todas las alegaciones 

responsivas, pero antes de que se presentara la prueba, ella debe ser 

considerada como una solicitud para que se dicte sentencia por las 

alegaciones.77 De este modo, solo procederá la desestimación cuando la parte

demandante no demuestre tener derecho a remedio alguno bajo cualesquiera 

hechos y estado de derecho que pudiera probar en un juicio.78

Según la teoría cognoscitiva del daño que rige en nuestro 

ordenamiento, el término prescriptivo de una acción de daños y perjuicios 

inicia “cuando el perjudicado conoció —o debió conocer de haber procedido 

diligentemente— la existencia del daño, quién lo causó, así como los 

elementos necesarios para ejercer efectivamente la causa de acción”.79 Lo 

anterior supone que el perjudicado debe emplear la diligencia de un hombre 

77 Montañez v.Hospital Metropolitano, supra, pág. 105.

78 Id., pág. 105; Ortiz Matías v. Mora Development Corp., supra, pág. 65.

79 Maldonado Rivera v. Suárez, supra, pág. 212.
KLCE202200203 17

prudente y razonable para identificar la existencia de un daño y la identidad 

del causante o los cocausantes.80

Como es sabido, “[l]a diligencia exigible es función de la previsibilidad 

de las consecuencias dañosas y de la capacidad de prever que de un hombre 

prudente y razonable se pueda esperar ante las circunstancias de la situación 

de hechos en cuestión”.81 El hombre o mujer prudente y razonable “es aquella 

persona que actúa con el grado de cuidado, diligencia, vigilancia y precaución 

exigidos por las circunstancias”.82

En otros casos, en donde la controversia también ha girado en torno 

al nivel de diligencia que se espera de una parte demandante para investigar 

la identidad de todos los cocausantes de un daño, ha resultado determinante 

el hecho de que existían informes y documentos de los cuales surgía la 

identidad de los presuntos cocausantes, y a los cuales los perjudicados

pudieron haber accedido con razonable facilidad en, o cerca, del momento 

en que ocurrió el daño.83

En el presente caso, según lo antes expuesto, los señores Suárez 

Hernández podrían alegar y demostrar ante el Tribunal de Primera Instancia

que sus circunstancias son tales que no debe exigírseles conocimiento 

especial sobre el entramado de relaciones contractuales, de contratistas y 

subcontratistas, que suelen acompañar las gestiones de compañías 

multinacionales como AT&T. Igualmente, podrían argüir y probar que no 

tuvieron acceso, antes de presentar su reclamación, a algún informe o 

documento del que surgieran los nombres de las contratistas y 

subcontratistas envueltas en la excavación de AT&T. De este modo, podrían 

alegar y evidenciar —tal como alegaron ante el foro primario en su moción 

en oposición a la desestimación— que conocieron del nombre de Cape Fear

80 Véase Vera Morales v. Dr. Bravo Colón, supra, pág. 330.

81 Brau del Toro, op. cit., pág. 440 (énfasis suplido).

82 Pons Anca v. Engerbretson, 160 DPR 347, 355 (2003) (énfasis suplido).

83 Véanse Fraguada Bonilla, supra; Vera Morales, supra; y por su valor persuasivo, Dingui Díaz 

v. Hospital Ryder Memorial Inc., KLAN201701114 (sentencia de 26 de febrero de 2018); Dávila 

Correa v. Rodríguez Pérez, KLAN201001862 (sentencia del Tribunal de Apelaciones de 30 de 

junio de 2011).
KLCE202200203 18

por primera vez, en medio del descubrimiento de prueba, mediante la 

divulgación que hizo Mastec en su misiva con fecha de 24 de octubre de 2019, 

por lo que interrumpieron, oportunamente, el término prescriptivo de la 

acción contra Cape Fear, de conformidad con la teoría cognoscitiva del daño.

Los señores Suárez Hernández le reclamaron a Cape Fear por 

primera vez en la Segunda Demanda Enmendada instada el 9 de diciembre de 

2019. En esta, sin embargo, no se incluyeron alegaciones respecto al 

momento y las circunstancias en que estos advinieron en conocimiento de la 

identidad de Cape Fear y de su participación en la excavación que provocó 

el daño. No fue hasta que presentaron su oposición a la desestimación 

interpelada por CH Rental y MAPFRE, que los señores Suárez Hernández

alegaron por primera vez que se habían enterado de la identidad de Cape 

Fear el 24 de octubre de 2019, por medio de la antedicha comunicación

cursada por Mastec, copia de la cual anejaron a su petitorio.

Si bien al adjudicar una moción de desestimación como la de autos 

solo se consideran las alegaciones de la demanda, “[n]o procede la 

desestimación definitiva de una demanda por dejar de exponer la misma 

hechos que justifiquen la concesión de un remedio si dicha demanda es 

susceptible de ser enmendada”. 84 Luego de haberse presentado una 

alegación responsiva —como en el presente caso— “las partes podrán 

enmendar su alegación únicamente con el permiso del tribunal o mediante 

el consentimiento por escrito de la parte contraria”. 85 No obstante lo 

anterior, “el permiso se concederá liberalmente cuando la justicia así lo 

requiera”.86

Finalmente, no es de aplicación aquí la doctrina de la ley del caso. En 

la Sentencia Parcial dictada el 21 de mayo de 2021 —mediante la cual se 

desestimó la causa de acción en cuanto a CH Rental y MAPFRE— no se 

adjudicaron derechos ni obligaciones entre los señores Suárez Hernández

84 Clemente González v. Departamento de la Vivienda, supra, pág. 771.

85 Regla 13.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, supra.

86 Id.
KLCE202200203 19

y la Cape Fear. En cualquier caso, conviene recordar que el tribunal tenía la 

facultad para aplicar una norma de derecho distinta, o variar la aplicación de 

la misma norma, ante el convencimiento de que la determinación previa era 

errónea y de que su reiteración podía causar una grave injusticia.87 Al día de 

hoy, la Sentencia Parcial emitida el 21 de mayo de 2021 advino final y firme 

sin que los señores Suárez Hernández presentarán alguna revisión ante esta 

instancia apelativa. Resolvemos, por consiguiente, que no se equivocó el foro 

primario al denegar la solicitud de desestimación de Cape Fear. 

- IVPor los fundamentos expuestos, expedimos el auto de certiorari;

confirmamos la Resolución recurrida dictaminada el 30 de noviembre de 2021;

y ordenamos la continuación de los procedimientos ante el Tribunal de 

Primera Instancia de manera compatible con lo aquí dispuesto.

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

87 Cacho Pérez v. Hatton Gotay, supra, pág. 9.