Número Identificador: 

SEN2023___________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL X

ÁNGEL E. PÉREZ RODRÍGUEZ

RECURRENTE(S)

V.

DEPARTAMENTO DE 

CORRECCIÓN Y 

REHABILITACIÓN 

RECURRIDA(S)

KLRA202300544

REVISIÓN DE DECISIÓN 

ADMINISTRATIVA

procedente del 

Departamento de 

Corrección y 

Rehabilitación (DCR)

Caso Núm.

PP-807-23

Sobre:

Ley Núm. 85-2022

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Juez Barresi 

Ramos y la Jueza Santiago Calderón.

Barresi Ramos, juez ponente

S E N T E N C I A

En San Juan, Puerto Rico, hoy día 30 de noviembre de 2023.

Comparece ante nos el señor ÁNGEL E.PÉREZ RODRÍGUEZ (señor PÉREZ 

RODRÍGUEZ), por derecho propio e in forma pauperis, mediante Revisión 

Judicial instada el 13 de octubre de 2023. En su escrito, nos solicita que 

revisemos la Respuesta al Miembro de la Población Correccional emitida el 31 

de agosto de 2023 por la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

1 En dicha 

Respuesta, el DCR dispuso: “[s]egún la solicitud en este remedio, se verifica 

el expediente y tiene realizada una nueva liquidación de sentencia con fecha 

del 28 de agosto de 2023 aplicando la [L]ey 85-2022”.

Exponemos el trasfondo fáctico y procesal que acompaña a la presente 

controversia. 

1 Véase Apéndice de Revisión Judicial, págs. 4- 5.
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- I -

El 2 de agosto de 2023, el señor PÉREZ RODRÍGUEZ suscribió una 

Solicitud de Remedio Administrativo (Solicitud) requiriendo que se le 

proveyera su nueva Hoja de Control sobre Liquidación de Sentencias en la cual 

se incluyeran los efectos de la Ley 85 de 11 de noviembre de 2022.

2 Dicha 

Solicitud fue presentada el 4 de agosto de 2023 y recibió el número PP-807-

23. El día 31 de agosto de 2023, la señora Millieangerly Ortiz, evaluadora,

suscribió la Respuesta al Miembro de la Población Correccional expresando lo 

siguiente: “[s]egún la solicitud en este remedio, se verifica el expediente y 

tiene realizada una nueva liquidación de sentencia con fecha del 28 de agosto 

de 2023 aplicando la [L]ey 85-2022”. La notificación fue efectuada el 14 de 

septiembre de 2023 al señor PÉREZ RODRÍGUEZ.

El 15 de septiembre de 2023, el señor PÉREZ RODRÍGUEZ firmó la 

Solicitud de Reconsideración argumentando que: “[e]n dicha hoja se proyecta 

que la fecha del mínimo de la Sentencia de este MPC es para el 6 de 

noviembre de 2034 esto para la J.L.B.P.”.

3 Dicho petitorio fue presentado el 19 

de septiembre de 2023. Ese mismo día, 19 de septiembre de 2023, la señora 

Joan Mariani Ortiz, Coordinadora, determinó denegar la solicitud de 

reconsideración. Su escrito enuncia: “[l]a liquidación de sentencia emitida el 

28 de agosto de 2023 refleja los criterios de la Ley 85. Por lo que se acoge la 

respuesta emitida por la Sra. Brenda Alvarado Pag[á]n, técnica record”.4

Inconforme con la antedicha conclusión, el 20 de octubre de 2023, el 

señor PÉREZ RODRÍGUEZ acudió ante este Tribunal de Apelaciones mediante 

su Revisión Judicial. En su manuscrito, señala el(los) siguiente(s) error(es): 

2 Véase Apéndice de Revisión Judicial, pág. 3. Para enmendar el Artículo 308 de la Ley 146-

2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, con el fin de 

establecer los términos para cualificar para la consideración de la Junta de Libertad Bajo 

Palabra; enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, según enmendada, 

conocida como “Ley de la Junta de Libertad Bajo Palabra”, a los fines de atemperar su 

contenido con las disposiciones de este estatuto y lo dispuesto en la Ley 168-2019, conocida 

como “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”; disponer sobre la retroactividad de la 

aplicación de esta Ley; y para otros fines relacionados.

3 Véase Apéndice de Revisión Judicial, pág. 6.

4

Íd., pág. 7. El 24 de septiembre de 2023, el señor PÉREZ RODRÍGUEZ recibió su copia.
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Erró el Departamento de Corrección por conducto de la 

Técnic[a] de R[é]cord Criminal esto debido que no cumple con 

lo que estipula la Ley 85-2022 en cuanto a tabular conforme a 

la pena mayor impuesta para el mínimo de la J.L.B.P. esto ya 

que se est[á] operando en contra del derecho debido a que este 

recurrente cumple sentencia consolidada de 173 años y su pena 

mayor de 99 años.

El pasado 31 de octubre, dictaminamos Resolución en la cual se 

concedió un plazo perentorio de treinta (30) días para exponer posición sobre 

el recurso incoado al DCR. El 22 de noviembre de 2023, el Departamento 

de Corrección y Rehabilitación (DCR), por conducto de la Oficina del 

Procurador General de Puerto Rico, presentó su Escrito en Cumplimiento de 

Resolución y Solicitud de Desestimación aduciendo que el 2 de noviembre de 

2023 se le entregó Hoja Control sobre Liquidación de Sentencias y Notificación 

sobre Cambio de Fecha de Cumplimiento de Sentencia al señor PÉREZ 

RODRÍGUEZ.

5

Evaluado concienzudamente el expediente del caso y contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, nos encontramos en posición 

de adjudicar. Puntualizamos las normas de derecho pertinentes a la(s) 

controversia(s) planteada(s).

- II -

La jurisdicción es el poder o autoridad con el que cuenta un tribunal 

para considerar y decidir los casos y controversias ante su consideración.6 Por 

lo que, la falta de jurisdicción de un tribunal incide directamente sobre su 

poder para adjudicar una controversia.7

Los tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción. Aun en 

ausencia de un señalamiento por alguna de las partes, la falta de jurisdicción

puede ser considerada motu proprio por los tribunales. Las cuestiones de 

jurisdicción por ser privilegiadas deben ser resueltas con preferencia. Si un 

5 Véase Apéndice de Escrito en Cumplimiento de Resolución y Solicitud de Desestimación,

pág. 5.

6 FCPR v. ELA et al., 2023 TSPR 26, 211 DPR ___ (2023); Cobra Acquisitions v. Mun. Yabucoa 

et al., 210 DPR 384, 394 (2022).

7 Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, 204 DPR 374, 385 (2020).
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tribunal se percata que carece de jurisdicción, así tiene que declararlo y 

desestimar el caso.8 

El Tribunal Supremo ha resuelto enfáticamente que la ausencia de 

jurisdicción trae consigo las siguientes consecuencias: “(1) no es susceptible de 

ser subsanada; (2) las partes no pueden voluntariamente conferírsela a un 

tribunal como tampoco puede éste arrogársela; (3) conlleva la nulidad de los 

dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales el ineludible deber de 

auscultar su propia jurisdicción; (5) impone a los tribunales apelativos el deber 

de examinar la jurisdicción del foro de donde procede el recurso; y (6) puede 

presentarse en cualquier etapa de los procedimientos, a instancia de las partes 

o por el tribunal motu proprio”.9

La doctrina jurídica de justiciabilidad limita la intervención de los 

tribunales a aquellos casos en que exista una controversia genuina surgida 

entre partes opuestas que tengan un interés real en obtener un remedio.10 No 

se consideran controversias justiciables aquellas en que: 1) se procura resolver 

una cuestión política; 2) una de las partes carece de legitimación activa; 3) 

hechos posteriores al comienzo del pleito han tornado la controversia en 

académica; 4) las partes están tratando de obtener una opinión consultiva, o;

(5) se intenta promover un pleito que no está maduro.11

La academicidad es una manifestación de la doctrina de justiciabilidad. 

Un caso es académico cuando se trata de obtener un fallo sobre una 

controversia disfrazada, que en realidad no existe, o una determinación de 

un derecho antes de que este haya sido reclamado o una sentencia sobre un 

asunto que, al dictarse, por alguna razón, no tendrá efectos prácticos sobre 

una controversia existente.12

8 FCPR v. ELA et al., 2023 TSPR 26, 211 DPR ___ (2023); Cobra Acquisitions v. Mun. Yabucoa 

et al., supra; Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, supra, págs. 366-387.

9 MCS Advantage v. Fossas Blanco et al., 2023 TSPR 08, 211 DPR ___ (2023); Cobra Acquisitions 

v. Mun. Yabucoa et al., supra, pág. 395; Beltrán Cintrón v. ELA, 204 DPR 89, 101-102 (2020).

10 Ramos, Méndez v. García García, 203 DPR 379, 393-394 (2019). 

11 Íd.

12 Amador Roberts et als. v. ELA, 191 DPR 268, 282 (2014).
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La Regla 83 (B) (5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

dispone en lo pertinente que: “Una parte podrá solicitar en cualquier 

momento la desestimación de un recurso por los motivos siguientes: [ ]...(5) 

que el recurso se ha convertido en académico”.

13 Una vez un tribunal 

determina que no tiene jurisdicción, “procede la inmediata desestimación del 

recurso apelativo conforme lo ordenado por las leyes y los reglamentos para 

el perfeccionamiento de estos recursos”.14 Ello sin entrar en los méritos de la 

controversia ante sí.

- III -

En este recurso, el señor PÉREZ RODRÍGUEZ alegó que el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) incidió al no 

entregarle una nueva Hoja de Control sobre Liquidación de Sentencias

incluyendo los efectos de la Ley 85 de 11 de noviembre de 2022.

Hemos evaluado todos los documentos presentados por las partes y 

surge que el pasado 2 de noviembre, el señor PÉREZ RODRÍGUEZ recibió copia 

de Hoja de Control sobre Liquidación de Sentencias. Dicho documento 

acredita que el DCR adjudicó las disposiciones de la Ley 85- 2022. 15 En 

consecuencia, entendemos que los hechos medulares han cambiado toda vez 

que la reclamación del señor PÉREZ RODRÍGUEZ ha sido atendida. Ante la 

ausencia de una controversia genuina entre las partes, entendemos que el 

recurso de Revisión Judicial se ha tornado académico. 

- IV -

Por los fundamentos antes expuestos y en conformidad con la Regla 

83 (B) (5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, desestimamos, por 

academicidad, este Revisión Judicial incoado el 13 de octubre de 2023 por el 

13 Dicho inciso lee: “(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la desestimación de 

un recurso por los motivos siguientes: (1) que el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción; 

(2) que el recurso fue presentado fuera del término de cumplimiento estricto dispuesto por ley 

sin que exista justa causa para ello; (3) que no se ha presentado o proseguido con diligencia o 

de buena fe; (4) que el recurso es frívolo y surge claramente que ha sido interpuesto para 

demorar los procedimientos; o (5) que el recurso se ha convertido en académico”. 

14 Allied Mgmt Group v. Oriental Bank, supra, pág. 385. 

15 El señor PÉREZ RODRÍGUEZ reclamó que el 6 de enero de 2032 debe cualificar para la Junta 

de Libertad Bajo Palabra (JLBP).
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señor PÉREZ RODRÍGUEZ; y ordenamos el cierre y archivo del presente caso.

Notifíquese al(a la) señor(a) ÁNGEL E. PÉREZ RODRÍGUEZ quien se 

encuentra bajo la custodia del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación a: Institución Ponce Principal Fase 5 O-Azul #312 3699 

Ponce By Pass Ponce, PR 00728-1500 o en cualquier institución en 

donde se encuentre. 

Notifíquese inmediatamente.

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaría del Tribunal de 

Apelaciones.

La Juez Lebrón Nieves concurre con el resultado sin opinión escrita.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones