Número Identificador

SEN2024________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IV

HÉCTOR IBAÑEZ 

HERNÁNDEZ

Parte Recurrente

v.

ADMINISTRACIÓN DE 

COMPENSACIONES POR 

ACCIDENTES DE 

AUTOMÓVILES

Parte Recurrida

KLRA202300496

Revisión de 

Decisición 

Administrativa

procedente de la 

Oficina del Juez 

Administrativo 

de la 

Administración

de 

Compensaciones 

por Accidentes 

de Automóviles 

(ACAA)

Caso Núm.:

NV-2022-002

Sobre:

Impugnación 

Convocatoria

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 

Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Rodríguez Flores, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2024. 

Comparece el recurrente, Sr. Héctor Ibáñez Hernández (en 

adelante Ibáñez), mediante el recurso de revisión administrativa del 

epígrafe. En este, nos solicita la revocación de una determinación 

notificada por la Oficina de la Jueza Administrativa de la 

Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles 

(en adelante ACAA), mediante la cual se desestimó su impugnación 

al proceso de selección para el puesto de Ayudante del Director de

la Oficina Regional de Aguadilla llevado a cabo por la ACAA. Por los 

fundamentos expuestos a continuación, confirmamos la 

determinación recurrida.
KLRA202300496 2

I.

Según se desprende del expediente, la agencia publicó la 

Convocatoria 22G-03 para el puesto de Ayudante de Director en la 

Oficina Regional de Aguadilla de ACAA. Interesado en el mismo, 

Ibáñez presentó su solicitud de empleo para dicha convocatoria y, 

tras ser evaluado mediante examen su preparación académica, 

adiestramientos y experiencia de trabajo, se le otorgó diez puntos 

adicionales por su calificación de veterano, para un total de 108.94 

puntos. Dado que dicha puntuación lo ubicó en el tope de la lista de 

candidatos elegibles, se le citó para entrevista pautada el 20 de 

octubre de 2022. 

Para evaluar a los candidatos elegibles, entre los cuales se 

encontraba Ibáñez, el Comité de Preselección de Candidatos

designado por el Director Ejecutivo de la agencia utilizó un examen

compuesto de nueve (9) preguntas que midieron conocimientos, 

aptitudes y razonamiento analítico. Las respuestas a los exámenes 

fueron evaluadas y calificadas de manera independiente por los tres 

evaluadores. Como resultado de ese proceso, Ibáñez obtuvo 87 

puntos, mientras que la señora Colón Pérez obtuvo 108 puntos, la 

cual la colocó en la primera posición entre todos los aspirantes. De 

tal manera, el Comité de Preselección de Candidatos sometió los 

resultados al Director y este le notificó el 17 de noviembre de 2022 

a Ibáñez que no resultó seleccionado para el puesto en cuestión.

En desacuerdo, el 5 de diciembre de 2022, Ibáñez presentó 

una apelación ante la oficina del juez administrativo de la ACAA

impugnando la selección y el nombramiento. Alegó que se incumplió 

con las secciones 9.2, 9.3 y 9.5 del Reglamento de Personal para los 

Empleados Gerenciales, en violación al principio de mérito. También

adujo discrimen político y violación a la Carta de Derechos del 

Veterano Puertorriqueño del Siglo XX1. Solicitó que se deje sin efecto

la designación de la Sra. Colón Pérez para el puesto para conferírselo 
KLRA202300496 3

a él, por ser el candidato más idóneo. Para sustentar la alegación de 

discrimen, adujo que el Comité de Preselección de Candidatos para 

la convocatoria estuvo compuesto por personas afines políticamente 

con la administración actual, lo que tuvo el efecto de que se 

discriminara políticamente contra aquellos aspirantes que no 

comparten la misma afiliación política. Añadió que él cumple con 

todos los requisitos mínimos del puesto, que incluye una

preparación académica y experiencia laboral superior a la del resto 

de los aspirantes. Además, asume que la puntuación adicional que 

debió haber recibido como veterano lo colocó en una posición 

superior al candidato seleccionado. El 3 de abril de 2023, Ibáñez

enmendó la apelación para incluir la información del candidato 

seleccionado en la convocatoria y evidencia de su derecho a 

comparecer como parte interventora del caso. 

La ACAA contestó la apelación enmendada el 5 de abril de 

2023 y se realizó descubrimiento de prueba. 

Así las cosas, el 24 de mayo de 2023, la ACAA presentó Moción 

Solicitando Resolución Sumaria del Caso en la que solicitó la 

desestimación de la apelación. En la moción, propuso 17 hechos 

incontrovertidos y presentó sus planteamientos de derecho. En 

primer lugar, arguyó que cualquier impugnación en cuanto a la 

puntuación obtenida, se presentó fuera de término ya que la carta 

del 19 de octubre de 2022, en la cual se le informó su puntuación 

obtenida en el examen de convocatoria, expresamente advirtió que 

contaba con 15 días para solicitar la revisión de la puntuación, 

término dentro del cual Ibáñez no presentó escrito alguno. En 

segundo lugar, adujo que Ibáñez obtuvo una puntuación de 98.94, 

la cual, luego de acreditado los 10 puntos de preferencia por 

veterano, reflejó una puntuación total de 108.94, que lo colocó en el 

primer lugar del Registro de Elegibles. No obstante, el aspirante 

elegido lo superó en la fase de entrevista.
KLRA202300496 4

Por otro lado, la ACAA indicó que la participación del Comité 

de Preselección de Candidatos fue conforme al Reglamento de 

Personal y arguyó que Ibáñez no demostró que el procedimiento 

llevado a cabo hubiera afectado sus derechos. Asimismo, sostuvo 

que Ibáñez no presentó los elementos esenciales de una reclamación 

de discrimen político. Por último, adujo que el proceso y selección 

se hizo conforme a derecho y planteó que Ibáñez no rebatió la 

presunción de legalidad y corrección de las decisiones 

administrativas. 

El 4 de julio de 2023, Ibáñez presentó Oposición a Moción 

Solicitando Resolución Sumaria del Caso. Reiteró que la selección 

de otro candidato fue arbitraria, caprichosa, discriminatoria y ajena 

al principio de mérito, y que él es el candidato idóneo para ocupar 

el puesto. Aseguró que el caso presenta elementos subjetivos no 

susceptibles de adjudicarse por la vía sumaria. Afirma que como la 

ACAA acompañó a su solicitud las hojas de entrevista de los 

candidatos y las puntuaciones, él tiene derecho a interrogar a los 

entrevistadores sobre ese aspecto. 

El 28 de agosto de 2023, la Jueza Administrativa de la ACAA 

dictó la Resolución recurrida, en la cual esbozó los siguientes 14 

hechos incontrovertidos: 

1) El 3 de agosto de 202[2], la ACAA publicó la Convocatoria 

Gerencial Núm. 22G-03 para el puesto de Ayudante de 

Director de Oficina Regional de Aguadilla.

2) Como requisito mínimo, la convocatoria para el puesto de 

Ayudante de Director de la Oficina Regional de Aguadilla 

pedía un bachillerato en un colegio o universidad 

acreditada y dos (2) años de experiencia administrativa, 

que incluyera funciones relacionadas con la supervisión 

y coordinación de asuntos administrativos. Además, 

aclaraba que un grado de maestría en Administración 

Pública o Gobierno y Política Pública podía convalidar los 

años de experiencia administrativa. 

3) El apelante presentó su Solicitud de Empleo para la 

convocatoria 22G-03, y luego de la evaluación de la 

misma, se le adjudicó una puntuación de 108.94 en su 

examen de convocatoria, la cual se desglosa de la 

siguiente manera: (i) 70 puntos por cumplir con los 

requisitos mínimos de la convocatoria, (ii) 18.94 puntos 

por experiencia adicional, (iii) 10 puntos por poseer una 

maestría (preparación académica adicional a la 
KLRA202300496 5

requerida), y (iv) 10 puntos adicionales de preferencia por 

presentar la evidencia de veterano (Forma 214).

4) El 19 de octubre de 2022 la ACAA le notificó al Apelante 

sobre la puntuación obtenida en su examen de 

convocatoria, y le apercibió que de no estar de acuerdo 

con dicha puntuación tendría un término de quince (15) 

días para revisar la calificación obtenida. 

5) En la referida comunicación el Apelante fue citado por la 

ACAA para una entrevista el 20 de octubre de 2022, a las 

10:30 a.m. 

6) La certificación de elegibles para la convocatoria estuvo 

compuesta por los siguientes candidatos: (1) Héctor 

Ibáñez, puntuación 108.94; (2) Jéssica Colón Pérez, 

puntuación 98.94; (3) Armando Rodríguez Santoni, 

puntuación 98.94; y (4) Idermis Martínez Martínez, 

puntuación 83.53. 

7) De conformidad con las facultades delegadas, y en 

atención a las disposiciones del Reglamento de Personal, 

el Director Ejecutivo, Noé Marcano Rivera, designó un 

Comité de Entrevistas para evaluar a los candidatos que 

reunieran los requisitos mínimos del puesto, integrado 

por los siguientes funcionarios: (i) Lcda. Shakira Santiago 

Rodríguez, Subdirectora de Relaciones Laborales; (2) 

Lcdo. Alberto Marini Delgado, Director de Asuntos 

Legales, y (iii) Ramón L. Figueroa González, Director de 

Departamento de Recursos Humanos y Relaciones 

Laborales. 

8) El 20 de octubre de 2022, el Apelante fue entrevistado por 

el Comité de Entrevistas para cubrir el puesto de 

Ayudante de Director en Oficina Regional de Aguadilla y 

obtuvo una puntuación total de 87 puntos en tal proceso. 

9) El 20 de octubre de 2022, la candidata seleccionada para 

ocupar el puesto de la convocatoria en cuestión, Sra. 

Jessica Colón Pérez, fue entrevistada por el comité de 

Entrevistas y obtuvo una puntuación total de 108 puntos 

en tal proceso. 

10)Mediante el proceso de entrevista de selección, el objetivo 

fue evaluar, a través de nueve (9) preguntas, el 

conocimiento general de trabajo, destrezas, habilidades y 

conocimientos especiales, experiencias generales y 

específicas, así como preparación académica. Las 

respuestas a tales preguntas fueron evaluadas por cada 

miembro del Comité dentro de la escala establecida 0 a 4. 

11)Además, en el proceso se evaluaron otros aspectos, tales 

como puntualidad, vestimenta, proyección y dominio del 

tema. 

12)El 24 de octubre de 2022 el Comité emitió una 

Recomendación de Selección de Candidato Convocatoria 

Núm. 22G-03 al Director Ejecutivo, indicando que los 

candidatos calificados a base de capacidad e idoneidad 

para desempeñar las funciones del puesto de Ayudante 

de Director de la Oficina Regional de Aguadilla eran los 

siguientes:

A) Idermis Martínez Martínez

B) Jessica Colón Pérez

C) Héctor Ibáñez Hernández

D) Armando Rodríguez Santoni

13)El 25 de octubre de 2022, el Director Ejecutivo seleccionó 

a la candidata Jessica Colón Pérez para el puesto de la 

convocatoria 22G-03. 
KLRA202300496 6

14)La ACAA notificó al Apelante que fue considerado, pero 

no seleccionado para el puesto de Subdirector Regional 

Oficina Regional de San Juan [Sic].

1

Luego, la Jueza Administrativa delimitó las siguientes 

controversias: (1) determinar si la ACAA cumplió con el Reglamento 

de Personal y el principio de mérito durante el proceso de 

reclutamiento y selección para la convocatoria, (2) determinar si 

hubo algún tipo de discrimen político en contra de Ibáñez y (3) si la 

ACAA incumplió con las disposiciones de la Ley 203 del 2007 con 

relación a la preferencia de veterano. 

La Jueza Administrativa aclaró que mediante la Resolución 

2020-mayo-7A, la Sección 9.5 del Reglamento de Personal fue 

enmendada a los efectos de establecer un comité de tres (3) o más 

miembros mediante designación del Director Ejecutivo de la agencia 

para realizar entrevistas y la preselección de candidatos. Por ello, 

concluyó que la alegación de que la designación de un Comité de

Preselección de Candidatos constituyó una violación al reglamento 

de personal, resulta contraria a derecho. A su vez, concluyó que a 

Ibáñez se le reconoció su preferencia de veterano. También, luego de 

reseñar el proceso para incluir candidatos en el Registro de 

Elegibles, el procedimiento de entrevistas, puntuación y selección, 

la Jueza Administrativa coligió que el proceso de reclutamiento y 

selección se llevó a cabo de conformidad con el Reglamento de 

Personal y en armonía con el principio de mérito. Finalmente, indicó 

que la mera alegación de elementos subjetivos resulta insuficiente 

si ello no acarrea hechos materiales en disputa que puedan afectar 

el resultado de su reclamación. Resaltó que hubo descubrimiento de 

prueba en el que Ibáñez tuvo la oportunidad de indagar sobre 

cualquier elemento que entendiera meritorio, sin embargo no 

presentó prueba para demostrar la existencia de controversia sobre 

1 Véase Resolución Final, apéndice del recurso, págs. 115-116. 
KLRA202300496 7

un hecho material, solamente descansó en sus alegaciones. En 

cuanto al discrimen político, resolvió que Ibáñez no presentó los 

elementos de la reclamación. Por último, concluyó que Ibáñez no 

logró probar que el proceso de entrevistas fuera defectuoso, así como 

tampoco impugnó los cómputos de las puntuaciones otorgadas a los 

candidatos, por lo que al proceso le asiste una presunción de 

legalidad y corrección que no logró ser derrotada. 

En desacuerdo, Ibáñez compareció ante este Tribunal de 

Apelaciones en solicitud de revisión administrativa el 18 de 

septiembre de 2023. Planteó el siguiente error:

Erró la Jueza Administrativa de la ACAA al dictar 

resolución sumaria desestimando la impugnación 

presentada por el recurrente, Sr. Héctor Ibáñez 

Hernández, con relación a la convocatoria número 22G03, toda vez que existen controversias de hechos en el 

presente caso, así como elementos subjetivos. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

resolvemos. 

II.

A. Revisión Judicial y la doctrina de deferencia judicial

La Sección 4.1 de la Ley Núm. 38-2017, Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), 3 

LPRA sec. 9671, dispone que las decisiones administrativas pueden 

ser revisadas por el Tribunal de Apelaciones. Véase, OEG v. Martínez 

Giraud, 210 DPR 79, 88 (2022), citando a AAA v. UIA, 200 DPR 903, 

910 (2018); Art. 4.006c de la Ley Núm. 201-2003, Ley de la 

Judicatura, 4 LPRA sec. 24y y la Regla 56 del Reglamento de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.56. 

La finalidad de la revisión judicial es asegurar que los 

organismos administrativos actúen conforme a las facultades

concedidas por ley. OEG v. Martínez Giraud, supra. Es norma 

reiterada que, al revisar las determinaciones de los organismos 

administrativos, los tribunales apelativos le conceden deferencia, 
KLRA202300496 8

por la experiencia y el conocimiento especializado que estos 

poseen. Hernández Feliciano v. Mun. Quebradillas, 211 DPR 99 

(2023), 2023 TSPR 6, resuelto el 20 de enero de 2023.

Por su parte, la Sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9675, 

establece que los tribunales deben sostener las determinaciones de 

hechos de las agencias si están basadas en "evidencia sustancial 

que obra en el expediente administrativo". Super Asphalt v. AFI y 

otro, 206 DPR 803, 820 (2021). Como vemos, la norma anterior 

nunca ha pretendido ser absoluta. Por eso, el Tribunal Supremo ha 

resuelto con igual firmeza que, los tribunales no podemos imprimirle 

un sello de corrección, so pretexto de deferencia, a las 

determinaciones o interpretaciones administrativas irrazonables, 

ilegales, o simplemente, contrarias a derecho. Graciani Rodríguez v. 

Garage Isla Verde, 202 DPR 117, 127 (2019). 

Por otro lado, la citada Sección 4.5 de la LPAU, supra, dispone 

que "[l]as conclusiones de derecho serán revisables en todos sus 

aspectos por el tribunal". Aun así, se sustituirá el criterio de la 

agencia cuando no se pueda hallar fundamento racional que 

explique o justifique el dictamen administrativo. La intervención 

judicial en las determinaciones administrativas debe ocurrir cuando 

la decisión administrativa no se fundamente en evidencia sustancial 

o cuando la agencia se equivoque en la aplicación de la ley. Rolón 

Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 36 (2018), citando a OCS 

Universal, 187 DPR 164, 179 (2012). De otra parte, "los tribunales 

deben darle peso y deferencia a las interpretaciones que la agencia 

realice de aquellas leyes particulares que administra". Íd., págs. 36-

37. Lo anterior responde a la experiencia y al conocimiento 

especializado que tienen las agencias sobre los asuntos que le son 

encomendados. Capó Cruz v. Jta. Planificación et al., 204 DPR 581, 

591 (2020). 
KLRA202300496 9

Por consiguiente, dada la presunción de corrección y 

regularidad que reviste a las determinaciones de hecho elaboradas 

por las agencias administrativas, estas deben ser respetadas 

mientras la parte que las impugne no produzca evidencia suficiente 

para derrotarlas. Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, supra, 

pág. 128, citando a Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005). Al 

revisar las decisiones de las agencias, el criterio rector que debe 

guiar a los tribunales es la razonabilidad de la actuación. Hernández 

Feliciano v. Municipio de Quebradillas, supra.

Por lo tanto, si al momento de examinar un dictamen 

administrativo se determina que: (1) la decisión administrativa no 

está basada en evidencia sustancial; (2) la agencia erró en la 

aplicación de la ley; (3) el organismo administrativo actuó de manera 

irrazonable, arbitraria o ilegalmente; o (4) su actuación lesiona 

derechos constitucionales fundamentales, entonces la deferencia 

hacia los procedimientos administrativos cede. Íd.

Acorde con lo antes expuesto, la revisión judicial de los 

dictámenes administrativos está limitada a determinar si hay 

evidencia sustancial en el expediente para sostener la conclusión de 

la agencia o si esta actuó de forma arbitraria, caprichosa o ilegal. Íd. 

Por tanto, las determinaciones de hecho deberán sostenerse siempre 

que estén fundamentadas en evidencia sustancial que surja de la 

totalidad del expediente administrativo. Capó Cruz v. Jta. 

Planificación et al., supra. 

Así las cosas, cuando una parte afectada por un dictamen 

administrativo impugne las determinaciones de hecho, esta tiene la 

obligación de derrotar con suficiente evidencia que la decisión del 

ente administrativo no está justificada por una evaluación justa del 

peso de la prueba ante su consideración. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 

DPR 69, 77 (2004). OEG v. Martínez Giraud, supra. De no 

identificarse y demostrarse esa otra prueba en el expediente 
KLRA202300496 10

administrativo, las determinaciones de hechos deben sostenerse por 

el tribunal revisor, pues el recurrente no ha logrado rebatir la 

presunción de corrección o legalidad. O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 

98, 118 (2003).

B. La adjudicación Sumaria de Controversias en los Foros 

Administrativos

En lo atinente a la disposición sumaria de los recursos en el 

ámbito administrativo, la LPAU permite que las agencias emitan 

órdenes o resoluciones sumarias si concluyen, luego de analizar los 

documentos que acompañan la solicitud y la moción en oposición -

así como aquellos que obren en el expediente de la agencia- que no 

es necesario celebrar una vista adjudicativa. Sec. 3.7, inciso (b) de 

la LPAU, 3 LPRA sec. 9647. En cambio, no podrán disponer de 

manera sumaria cuando la ley orgánica de la agencia disponga lo 

contrario o cuando existan hechos materiales o esenciales 

controvertidos; haya alegaciones afirmativas en la querella que no 

han sido refutadas; surja de los propios documentos que se 

acompañan con la petición una controversia real sobre algún hecho 

material y esencial, o como cuestión de derechos no proceda. Íd.;

OCS v. Universal, 187 DPR 164 (2012). 

Una parte prevalece por la vía sumaria cuando esta logra 

establecer que no se configuró algún elemento de la causa de acción, 

o cuando es evidente que la parte demandante no cuenta con la 

evidencia suficiente para probar su caso. López v. Miranda, 166 DPR

546, 566 (2005). Por otro lado, la parte promovida debe establecer, 

mediante prueba, que aún hay hechos materiales en controversia.

Íd., a la pág. 563.

Finalmente, cabe señalar que, como norma general, las Reglas de 

Procedimiento Civil no aplican de manera automática a los 

procedimientos administrativos. Pérez v. VPH Motors, Corp., 152 
KLRA202300496 11

DPR 475, 484 (2000). El objetivo de esta norma es que los 

organismos administrativos tengan un funcionamiento más flexible, 

ágil y sencillo, pues de lo contrario, se frustraría su propósito 

principal. Íd.

C. Principio de mérito e idoneidad del candidato seleccionado

En el campo laboral público rige el principio de mérito. Rosa 

Maisonet v. ASEM, 192 DPR 368, 383 (2015); López v. 

C.E.E., 161 DPR 527, 537 (2004) y Martínez v. Ofic. del 

Gobernador, 152 DPR 586, 596 (2000). Este principio busca 

garantizar que aquellas personas que estén empleadas por el 

Gobierno se seleccionen y se retengan exclusivamente en 

consideración a sus méritos e idoneidad. González Segarra et al. v. 

CFSE, 188 DPR 252, 280 (2013), citando a A. Cuevas Biret, La 

negociación colectiva y el sistema de mérito en Puerto Rico, San Juan, 

[s. Ed.], 1974, pág. 16. La clave es la idoneidad del aspirante. 

Martínez v. Ofic. Del Gobernador, 152 DPR 586, 596 (2000). La 

idoneidad del funcionario público, de ordinario viene atada a la 

aptitud profesional, entendida ésta como la capacidad para ejercer 

un cargo u oficio de modo competente por poseer el conocimiento 

profesional necesario. Sin embargo, la aptitud profesional, si bien es 

un elemento importante, es una condición necesaria, pero no 

suficiente para considerar a una persona como idónea para ejercer 

un cargo. También forma parte de la idoneidad de carácter, 

entendida ésta como “el conjunto de cualidades personales, al 

margen de la preparación profesional, que tiene el funcionario y que 

afectan o pueden afectar el desempeño de su cargo”.

2

D. Convocatorias para cubrir puestos de carrera en la ACAA y 

normas internas de reclutamiento

2 S. Steidel Figueroa, Ética de los jueces: Apuntes sobre su objeto y metodología, 

VI Ethos Gubernamental, Revista del Centro para el Desarrollo para el 

pensamiento Ético, a la pág. 217 (2008-2009). 
KLRA202300496 12

Sobre el proceso de reclutamiento, el Reglamento de Personal 

dispone que, luego de corregir los exámenes se deberá establecer un 

registro de elegibles en orden descendente de notas con el nombre 

de las personas que hayan aprobado el examen. Sección 9.4. En 

cuanto a la sección 9.5, la Resolución 2020-MAYO-7A, modificó sus 

términos para disponer lo siguiente:

El Director Ejecutivo designará un comité de 3 o más 

empleados o funcionarios para realizar las entrevistas y 

la preselección de candidatos. Además, tendrá 

discreción para nombrar varios comités de entrevistas 

de preselección cuando lo entienda necesario. En 

cualquier caso, el comité o los comités podrán estar 

compuestos por el Director de Recursos Humanos, el 

director de la oficina o departamento y cualquier otro 

designado.

E. Nueva carta de derechos del veterano puertorriqueño del siglo 

XXI, Ley 203-2007 

La Ley Núm. 203-2007, conocida como Nueva 

Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI, 

(Carta de Derechos del Veterano)3 dispone que el Gobierno de 

Puerto Rico y sus agencias deben “[d]ar preferencia a un veterano, 

en igualdad de condiciones académicas, técnicas o de experiencia, 

en su nombramiento o concesión de ascenso para cualquier cargo, 

empleo u oportunidad de trabajo”. Art. 4(F)(a)(1), 29 LPRA sec. 

737. Específicamente en cuanto al puntaje garantizado al veterano, 

la Carta de Derechos del Veterano establece lo siguiente: 

En aquellos casos en los cuales, como parte de un 

proceso de empleo, un veterano hubiere tomado 

cualquier prueba o examen como parte de una solicitud 

de ingreso, de reingreso o de ascenso, y dicho veterano 

hubiere obtenido, en la correspondiente prueba o 

examen, la puntuación mínima requerida para 

cualificar para el ingreso, reingreso o ascenso al 

correspondiente cargo, se garantiza el derecho de dicho 

veterano a que se le sumen diez (10) puntos o el diez por 

ciento (10%), lo que sea mayor, a la calificación obtenida 

por dicho veterano en la correspondiente prueba o 

examen. Art. 4(F)(a)(3), Id.

3 29 LPRA sec. 735
KLRA202300496 13

Por su parte, la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en 

Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos 

(OCALARH) aprobó el Reglamento Núm. 7452, Carta Normativa 

Especial Núm. 1-2007; Normas que regirán las acciones de personal 

en las que apliquen las áreas esenciales al principio de mérito, el cual 

establece que “[s]i la certificación de elegibles figura el nombre de 

un(a) veterano(a) y éste(a) está disponible, tendrá preferencia sobre 

aquellos candidatos con una puntuación igual o inferior a la de él o 

ella”. Reglamento Núm. 7452, Parte V(B)(12). Asimismo, al 

interpretar la normativa aplicable, la OCALARH aclaró que “en un 

registro de elegibles donde figure un veterano disponible, las 

Autoridades Nominadoras tienen que darle preferencia sobre 

aquellos candidatos con puntuación igual o inferior. Esto significa 

que no se puede seleccionar a candidatos con puntuaciones iguales 

o inferiores a la del veterano”. Memorando Especial Núm. 45-2015 

sobre Normas sobre derecho a preferencia y concesión de puntuación 

adicional a la calificación para empleo al veterano, pág. 4. 

F. Discrimen político

El Tribunal Supremo expresó que un empleado público de 

confianza tiene un caso prima facie de discrimen político cuando 

demuestra “(1) que no hay un motivo racional para su despido, y (2) 

que ha sido sustituido por una persona que pertenece a un partido 

distinto al suyo, el cual es el mismo de la autoridad 

nominadora.”4 López v. Miranda, 166 DPR 546, 559 (2005), que cita 

4 Vale la pena destacar que la gran mayoría de las decisiones emitidas por este 

Tribunal respecto a la materia en controversia ha atendido el discrimen político 

dentro de una situación en que el empleado público es de confianza y ha sido 

despedido; esto es, la elaboración de normas probatorias para establecer el 

discrimen político se ha dado dentro de este contexto. En atención a ello, es 

necesario señalar que en el presente caso ni se trata de empleados de confianza 

ni de una demanda por despido. Trata de unas alegaciones hechas por empleados 

de carrera que alegan que el patrono realizó ciertos actos – alegadamente 

motivados por discrimen político- que resultaron perjudiciales para ellos. Ello no 

obstante, somos del criterio que la normativa que expondremos a continuación, 

la cual trata sobre empleados de confianza que han sido despedidos, aplica 

también, sustancialmente, al empleado de carrera y que abarca situaciones como 

las del presente caso donde el empleado alega actos del patrono que le fueron 

perjudiciales. López v. Miranda, 166 DPR 546, 559 (2005).
KLRA202300496 14

a Rodríguez Cruz v. Padilla Ayala, 125 DPR 486 (1990); McCrillis v. 

Aut. Navieras de P.R., 123 DPR 113 (1989); Báez Cancel v. Alcalde 

Mun. de Guaynabo, 100 DPR 982 (1972). Además, el empleado 

también debe demostrar que está identificado claramente con un 

partido político, y que ha sido sustituido por una persona de un 

partido distinto al suyo. Rodríguez Cruz v. Padilla Ayala, supra, a la 

pág. 502.

El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer 

Circuito señaló que los cuatro elementos que debe probar un 

demandante, en una acción por discrimen político, son los 

siguientes: “‘(1) que el demandante y el demandado tienen 

afiliaciones políticas opuestas, (2) que el demandado es consciente 

de la afiliación del demandante, (3) que ocurrió una acción laboral 

adversa, y (4) que la afiliación política fue un factor sustancial o 

motivador de la acción laboral adversa’.” (Traducción 

suplida.) Ocasio-Hernández v. Fortuño-Burset, 640 F.3d 1, 13 (1st 

Cir. 2011), que cita a Lamboy–Ortiz v. Ortiz–Vélez, 630 F.3d 228, 239 

(1er Cir.2010). Así, no basta con una mera alegación de que exista 

discrimen político. López v. Miranda, 166 DPR 546, 561 (2005). 

III.

En síntesis, Ibáñez plantea en su señalamiento de error, que 

incidió la Jueza Administrativa al resolver el caso mediante 

resolución sumaria, ya que aún existían hechos en controversia, así 

como elementos subjetivos, que, a su entender, deben dilucidarse 

en una vista evidenciaria. 

La Moción Solicitando Resolución Sumaria del Caso, presentada 

por la ACAA estuvo fundamentada con evidencia documental, tales

como la solicitud de empleo de Ibáñez, más copia de las hojas de 

entrevistas de este y de la candidata seleccionada para demostrar 

que Ibáñez no resultó ser el candidato idóneo para el puesto. 
KLRA202300496 15

Además, la agencia arguyó que Ibáñez no cumplió con los requisitos 

para probar haber sufrido un discrimen político en el proceso de 

selección. 

La Jueza Administrativa resolvió conforme a la evidencia 

disponible en el expediente, mediante resolución sumaria por 

entender que no existían hechos materiales en controversia, que la 

ACAA no incumplió con su Reglamento de Personal y el principio de 

mérito durante el proceso de reclutamiento y selección para la 

convocatoria al puesto de Ayudante de Director de la Oficina 

Regional de Aguadilla, convocatoria 22G-03. También concluyó que 

tampoco hubo algún tipo de discrimen político en contra de Ibáñez 

y que mucho menos se incumplió con las disposiciones de la Ley 

203-2007 con relación a la preferencia al veterano. 

Es norma reiterada de derecho, que los tribunales debemos 

otorgar “deferencia a la aplicación del Derecho que realiza una 

agencia administrativa sobre la interpretación de las leyes y los 

reglamentos que esta[s] administra[n].” Olmo Nolasco v. Del Valle 

Torruella, 175 DPR 464, 470 (2009). De igual forma, las decisiones 

administrativas merecen gran deferencia de nuestra parte, las 

cuales debemos revisar bajo un criterio de razonabilidad. Lo esencial 

es que estas se sostengan “‘por evidencia sustancial que surja del 

expediente administrativo considerado en su totalidad’.” Otero v. 

Toyota, 163 DPR 716, 127-728 (2005), que cita a Pacheco v. 

Estancias, 160 DPR 409 (2003). Por lo cual, le corresponde al 

peticionario demostrar que existe otra prueba que sostenga que la 

actuación de la agencia no está fundamentada en evidencia 

sustancial o que reduzca el valor de la evidencia impugnada. 

Véase, Borschow Hosp. v. Jta. de Planificación , 177 DPR 545, 566 

(2009). 

Ibáñez tenía el peso de la prueba de demostrar que, como parte 

del proceso de selección de la Convocatoria 22G-03 para el puesto 
KLRA202300496 16

de Sub Director de Finanzas no se siguió el procedimiento 

establecido por el Artículo 9 del Reglamento de Personal, 

enmendado mediante Resolución 2020-Mayo-7A, el cual regula la 

publicación de convocatorias, la realización de exámenes para cada 

clase de puesto, el establecimiento de un registro de elegibles, el 

proceso de entrevista y las recomendaciones del Comité de

Preselección de Candidatos al Director Ejecutivo para que este lleve 

a cabo la selección final de la persona candidata que ocupará el 

puesto objeto de la convocatoria. No obstante, el recurrente no alegó, 

ni mucho menos logró probar, que el proceso de entrevista y examen 

fue de alguna manera defectuoso. Así, por ejemplo, Ibáñez no 

impugnó los cómputos que llevó a cabo la agencia para calcular las 

puntuaciones obtenidas por cada candidato, una vez evaluados los 

exámenes correspondientes. En ausencia de prueba en contrario, 

dichos exámenes se presumen correctos y válidos. Tampoco logró 

probar más allá de sus alegaciones, que su identificación políticopartidista lo perjudicó.

Por otra parte, del expediente administrativo se desprende que la 

agencia cumplió con el derecho de preferencia establecido por la 

Carta de Derechos del Veterano al otorgarle los 10 puntos 

adicionales a la calificación obtenida, lo cual ubicó al recurrente en 

el tope de la lista de candidatos elegibles para entrevista. Por tanto, 

la preferencia dispuesta por la Ley Núm. 203-2007, el Reglamento 

Núm. 7452 y la carta normativa atinente se cumplió con la 

colocación inicial en el registro de elegibles en condiciones de 

preeminencia, pero sin garantía inexorable de cara a un proceso de 

entrevistas. 

Por lo anterior, al igual que la Jueza Administrativa, resolvemos 

que procede la disposición del caso por la vía sumaria. Luego de 

evaluar el expediente administrativo, queda claro que no había 

ningún hecho material en controversia, y los hechos del caso no 
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justifican una vista evidenciaria. En cuanto a la alegación sobre 

discrimen político, Ibáñez no podía descansar en meras alegaciones, 

sino que estaba obligado a presentar prueba que sustentara las 

mismas. Ibáñez tampoco presentó ninguna prueba para contradecir 

la Moción Solicitando Resolución Sumaria del Caso, y establecer que 

aún hay hechos materiales en controversia. López v. Miranda, 166 

DPR 546, 563 (2005). 

Finalmente, en cuanto al asunto de que la designación de la 

candidata escogida fue contrario al reglamento, resolvemos que no 

tiene razón, dado que el reglamento permite un Comité de 

Preselección de Candidatos compuesto por tres (3) o más empleados 

o funcionarios, designados por el Director Ejecutivo, tal cómo 

ocurrió. 

Por todo lo cual, en ausencia de una actuación arbitraria, ilegal, 

o irrazonable, no intervendremos con la determinación de la agencia. 

Resolvemos, que la misma es razonable, y está sostenida por 

evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo. 

IV.

Por los fundamentos expuestos, se confirma la Resolución

recurrida.

Notifíquese.

Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones