Número Identificador

SEN2024 _____________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VIII

JAMES MALCOLM 

UGOBONO DÍAZ

Demandante-Apelante

Vs.

VANESSA UGOBONO 

DÍAZ Y OTROS

Demandados-Apelados

KLAN202301073

APELACIÓN

procedente del

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de San 

Juan

Civil Núm.

SJ2023CV03370

Sala: 805

SOBRE: 

DIFAMACIÓN; 

DAÑOS Y 

PERJUICIOS

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez

Monge Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Cruz Hiraldo, Juez Ponente 

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de mayo de 2024.

Comparece la parte apelante, el señor James Malcolm 

Ugobono Díaz, (en adelante, el apelante o señor Ugobono Díaz) para 

solicitarnos que se revise y revoque la Sentencia emitida el 30 de 

octubre de 2023 y notificada el 2 de noviembre de 2023 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, en la 

cual declaró Ha Lugar a la Moción Solicitando Desestimación

presentada por la apelada. La señora Vanessa Ugobono Díaz y el 

señor Diego Ugobono Díaz (en adelante, los Hermanos Ugobono Díaz 

o apelados) presentaron su alegato de oposición el 21 de diciembre 

de 2023. 

Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente y 

el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración,

confirmamos la Sentencia apelada.
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I

El 21 de abril de 2023 el señor Ugobono Díaz presentó una 

demanda por daños y perjuicios y difamación en contra de su 

hermana, la señora Vanessa Ugobono Díaz. En esencia, su reclamo 

estuvo basado en que la señora Ugobono Díaz les había manifestado 

a dos oficiales del orden público que “tenía miedo que el demandante 

desconectara y asesinara a su mamá”.

1 Posteriormente, el señor 

Ugobono Díaz enmendó la demanda y acumuló a su hermano el 

señor Diego Ugobono Díaz. En adición, acumuló una nueva causa 

de acción en contra de los hermanos Ugobono Díaz.2 En la 

enmienda, alegó tener una causa de acción por persecución 

maliciosa. Adujo que la señora Ugobono Díaz le había verbalizado a 

un tercero, el señor Juan Zalduondo, que el apelante “le ha robado 

a su madre”. 

También arguyó que la persecución maliciosa se configuró 

toda vez que los apelados solicitaron una orden de protección a favor 

de su madre, al amparo de la Ley Núm. 121-2019, también conocida 

como “Carta de Derechos y la política Pública del Gobierno a favor 

de los adultos mayores”, 8 LPRA sec. 1511, para evitar las visitas 

familiares. No obstante, el Tribunal de Primera Instancia emitió un 

estado provisional de derecho al amparo de la Ley Núm. 140- 1974, 

32 LPRA sec. 2817 para mantener el estado de las visitas familiares 

con la señora Rosalía Díaz Sinko, madre de todas las partes 

involucradas en el presente recurso.

El 31 de agosto de 2023, la parte demandada-apelada 

presentó una Moción de Desestimación al amparo de la Regla 10.2 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. R.10.2 (5).

3 En síntesis, los 

hermanos Ugobono Díaz relacionaron los múltiples procesos

1 Apéndice I del Recurso de Apelación, págs. 1-2.

2 Apéndice X del Recurso de Apelación, págs. 16-20.

3 Apéndice XXII del Recurso de Apelación, págs. 44-59.
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judiciales que el apelante ha instado en su contra y la pobre relación 

familiar que existe entre ambas partes. Adicionalmente, arguyeron

que las expresiones realizadas por la señora Ugobono Díaz eran una 

opinión vertida por ella, por lo que no podían considerarse una 

expresión difamatoria. Toda vez que dichas expresiones se le habían 

realizado a un funcionario del orden público, que estaban apoyados 

en causa probable y que existía una investigación en curso. A su 

vez, sobre la causa de acción de persecución maliciosa, adujeron 

que esta no se configuró de acuerdo con los requisitos de nuestro 

ordenamiento, toda vez que existía causa probable para que la 

señora Ugobono Díaz solicitara una orden de protección en contra 

del apelante. 

El apelante presentó su Oposición a Moción Solicitando 

Desestimación el 5 de octubre de 2023.4 En síntesis, adujo que no 

procedía desestimar su reclamación, toda vez que las imputaciones 

hechas hacia su persona configuraron un patrón de persecución 

maliciosa. También argumentó que la demanda enmendada 

satisfacía los elementos de la Regla 6.1 de Procedimiento Civil, supra

y que dichas alegaciones eran suficientes en derecho para sostener 

la causa de acción. 

Posteriormente, el 9 de octubre de 2023, los hermanos 

Ugobono Díaz presentaron una Moción Informativa. En la misma

notificaron al Tribunal que la señora Díaz Sinko había fallecido.

5 El 

10 de octubre de 2023 el apelante presentó una Moción en torno a 

‘Moción informativa’.6 Sostuvo que dicha moción estaba plasmada 

de información incorrecta. No obstante, el 30 de octubre de 2023 y 

notificada el 2 de noviembre del mismo año, el Foro a quo emitió 

4 Apéndice XXVIII del Recurso de Apelación, págs. 66-80.

5 Apéndice XXIX del Recurso de Apelación, págs. 81-84.

6 Apéndice XXX del Recurso de Apelación, págs. 85-88.
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Sentencia donde declaró Ha Lugar la Moción de Desestimación

presentada por los apelados.

7

Inconforme con el dictamen del Tribunal de Primera Instancia, 

el 29 de noviembre de 2023, la parte apelante presentó el recurso de 

Apelación ante nos, donde imputó al Tribunal de Primera Instancia 

los siguientes señalamientos de error:

A. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA SALA

SUPERIOR DE SAN JUAN EN UN CRASO ABUSO DE 

DISCRESIÓN [sic] Y DETERMINAR QUE LA DEMANDA NO 

TIENE ALEGACIONES SUFICIENTES QUE DEMUESTREN 

LA CONCESIÓN DE UN REMEDIO, EN UNA EQUIVOCADA

INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA NORMA 

PROSECAL [sic] Y SUSTANTIVA.

B. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA SALA

SUPERIOR DE SAN JUAN, AL DETERMINAR QUE NO SE 

CONFIGURA UNA ACCIÓN POR DIFAMACIÓN, AL HABER 

APLICADO INCORRECTAMENTE LA NORMA YA QUE EL 

CASO DE AUTOS TRATA DE PERSONA PRIVADA, POR LO 

QUE EL ESTANDAR DE NEGIGENCIA [sic] EN LA 

PUBLICACIÓN.

C. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA SALA 

SUPERIOR DE SAN JUAN, AL DETERMINAR QUE NO SE 

CONFIGURA UNA ACCIÓN POR DIFAMACIÓN, AL HABER 

APLICADO INCORRECTAMENTE LA NORMA DE 

PRIVILEGIO RESTRINGUIDO [sic].

D. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA SALA 

SUPERIOR DE SAN JUAN, AL DETERMINAR QUE LA 

OPINIÓN DE UNA PERSONA NO PUEDE GENERAR UNA 

CAUSA DE ACCIÓN POR DIFAMACIÓN.

E. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA SALA 

SUPERIOR DE SAN JUAN, AL DETERMINAR QUE EL 

DEMANDANTE-APELANTE NO HA DEMOSTRADO QUE LAS 

EXPERSIONES [sic] DIFAMATORIAS LE CAUSARON DAÑOS 

Y/O PERJUICIOS AL DEMANDANTE-APELANTE, SIENDO 

TAL DETERMINACIÓN EN CONTRAVERSIÓN [sic] A LA 

REGLA 6.1 DE PROCEDIMIENTO CIVIL.

F. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA SALA 

SUPERIOR DE SAN JUAN, AL DETERMINAR QUE NO SE 

CONFIGURA UNA ACCIÓN POR PERSECUCIÓN MALISIOSA 

[sic] PORQUE AL HABER EXPEDIDO UNA ORDEN DE 

PROTECCIÓN, EXISTÍA UNA CAUSA PROBABLE QUE 

IMPIDE LA PERSECUCIÓN MALICIOSA, CONTRARIO A LA 

NORMA LEGAL VIGENTE.

7 Apéndice XXXIII del Recurso de Apelación, págs. 91-104.
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II

-ALa Regla 10 de Procedimiento Civil, permite a una parte 

demandada presentar tres (3) clases de mociones antes de contestar 

la demanda, estas siendo: (1) una moción de desestimación; (2) una 

moción para solicitar una exposición más definida; y (3) una moción 

eliminatoria. 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, 10.4 y 10.5 respectivamente.

La notificación de alguna de estas mociones interrumpe y altera el 

término para presentar la alegación responsiva. 32 LPRA Ap. V, R. 

10.1; Conde Cruz v. Resto Rodríguez, 205 DPR 1043,1065 (2020). No 

obstante, en aras de evitar dilaciones innecesarias, la parte que 

presente una moción al amparo de la regla deberá acumular en esta 

todas las mociones y defensas a las que entienda que tiene derecho 

y que la regla contempla. 32 LPRA Ap. V, R. 10.7. (Énfasis suplido).

Por su parte, la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, 

supra, permite que una parte demandada solicite la desestimación 

de una causa de acción presentada en su contra si resulta evidente 

que de las alegaciones de la demanda prosperará alguna de las 

defensas afirmativas que establece la misma regla. Esta moción se 

basará en al menos uno de los siguientes fundamentos: (1) la falta 

de jurisdicción sobre la materia o (2) la falta de jurisdicción sobre la 

persona, (3) insuficiencia del emplazamiento (4) insuficiencia del 

emplazamiento del diligenciamiento; (5) dejar de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio, o (6) 

dejar de acumular una parte indispensable. 32 LPRA Ap. V, R. 10.2 

(5). La parte que presente dicha moción de desestimación deberá

acumular todas las defensas que la regla permite o, de no hacerlo, 

se entenderán renunciadas, con excepción a la defensa de 

jurisdicción sobre la materia o las contempladas en la Regla 10.8 de 

Procedimiento Civil. 32 LPRA Ap. V, R. 10.7-10.8; Conde Cruz v. 

Resto Rodríguez, supra, pág. 1066. (Énfasis suplido).
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De ordinario, al considerarse una moción de desestimación al 

amparo de esta regla, los tribunales tienen que tomar como cierto y 

de la forma más favorable para la parte demandante todos los 

hechos bien alegados en la demanda y que hayan sido aseverados 

de manera clara y concluyente. Eagle Security Police, Inc. v. Dorado, 

211 DPR 70, 84 (2023); Cobra Acquisitions, LLC v. Municipio de 

Yabucoa, 210 DPR 384, 396 (2022). Cónsono con lo anterior, los 

foros adjudicativos tienen el deber de interpretar las alegaciones de 

una demanda de manera conjunta y liberalmente a favor de la parte 

demandante para facilitar el amparo judicial. Eagle Security Police, 

Inc. v. Dorado, supra, pág. 84; González Méndez v. Acción Social et 

al., 196 DPR 213, 234 (2016).

Para que prevalezca una solicitud de desestimación al 

amparo de la Regla 10.2, supra, el tribunal debe convencerse 

con certeza que el demandante no tiene derecho a remedio 

alguno bajo cualquier estado de derecho que se pudiere probar 

en apoyo a su reclamación, aun interpretando la demanda lo 

más liberalmente a su favor. Rivera Sanfeliz et al. V. Jta. Dir. 

Firstbank, 193 DPR 38, 49 (2015). Así pues, los foros judiciales 

deben ponderar si, a la luz de la situación más favorable al 

demandante y resolviendo toda duda a su favor, la demanda es 

suficiente para establecer una reclamación válida. Eagle Security 

Police, Inc. v. Dorado, supra, pág. 84. Asimismo, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico resolvió que el estándar de revisión de la moción de 

desestimación se extiende a la solicitud de remedios alternativos.

Comisión v. González Freyre, 211 DPR 579,614-615 (2023); Cobra 

Acquisitions, LLC v. Municipio de Yabucoa, supra, págs. 400-401.

-BLa Regla 6.1. de las Procedimiento Civil, supra, establecen dentro 

de su texto, que debe cumplirse como se indica:
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Una alegación que exponga una solicitud de remedio 

contendrá: 

(1) una relación sucinta y sencilla de los hechos 

demostrativos de que la parte peticionaria tiene 

derecho a un remedio, y 

(2) una solicitud del remedio a que crea tener 

derecho. Podrán ser solicitados remedios alternativos o 

de diversa naturaleza.

Ahora bien, una vez realizada dicha alegación, corresponde a 

la parte contraria contra la cual se reclama, como lo sería un 

demandado, presentar una alegación responsiva en la cual admita 

o niegue las aseveraciones en que descanse la parte contraria o 

demandante. Conde Cruz v. Resto Rodríguez, supra, pág.1063. Es

norma reiterada que las alegaciones se interpretarán de manera 

conjunta y liberalmente a favor de la parte demandante, con el 

objetivo de hacer justicia. 

Insistentemente hemos advertido que “el propósito de las 

alegaciones es notificar a la parte contraria, a grandes rasgos, de las 

reclamaciones en su contra para, de este modo, brindarle la 

oportunidad de comparecer al proceso y defenderse, si es que lo 

desea”. León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 41 (2020). Por 

consiguiente, el documento sí debe incluir “un mínimo de detalle 

que informe sobre los alegados actos lesivos que causaron el alegado 

perjuicio”. Es decir, debe contener un grado suficiente de 

información sobre las imputaciones de suerte que le permita a la 

parte demandada entender la sustancia de lo que debe defender. Id.

pág. 41.

Nótese que las siguientes expresiones del tratadista Rafael 

Hernández Colón han sido adoptadas por el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, con la finalidad de que el caso prospere hacia otras 

etapas del proceso: 

La R[egla] 6.1 [...] impone al demandante una obligación 

relativamente leniente. Un demandante cumple con la 

exigencia de la regla al notificar al demandado de su 

reclamación y del remedio de tal modo que permita al 

demandado formular su contestación. [...] No obstante, 

si bien el deber que se le exige al demandante es 
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bastante liberal y se le requiere brevedad en su 

exposición, la alegación debe aún contener la 

suficiencia fáctica que se necesita para que el 

demandado reciba una adecuada notificación sobre 

lo que se le reclama y la base que la sustenta. El 

demandante debe alegar hechos suficientes que eleven 

su reclamación más allá del nivel especulativo y la 

empujen a través de la línea de lo “concebible” a lo 

“plausible” R. Hernández Colón, Derecho procesal civil, 

6ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2017, pág. 287.

León Torres v. Rivera Lebrón, supra, pág. 41.

-CLa protección contra ataques abusivos a la honra y reputación 

surge del Artículo II, Sec. 8 de la Constitución de Puerto Rico, LPRA, 

Tomo 1, además de lo provisto por el Art. 1536 de nuestro Código 

Civil, 31 LPRA sec. 10801, según modificado por la doctrina 

constitucional federal. Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 

123, 147 (2013); Colón, Ramírez v. Televicentro de P.R., 175 DPR 

690, 705–706, 726 (2009). De esta protección surge la causa 

de acción de difamación, la cual conlleva la difícil tarea de balancear 

el alcance de la libertad de expresión y el derecho a la intimidad, 

ambos valores reconocidos como de alta jerarquía y de interés 

público en nuestro ordenamiento jurídico. Giménez Álvarez v. Silén 

Maldonado, 131 DPR 91, 97–98 (1992). 

La Ley Para autorizar Pleitos Civiles por Daños y Perjuicios

Ocasionados por Libelo y Calumnia del 19 de febrero de 1902, 32 

LPRA sec. 3141-3149, es extensiva a las acciones de daños y 

perjuicios por difamación. En nuestro sistema de derecho, se ha 

reconocido la acción de daños y perjuicios por difamación. 

Ésta es una acción torticera genérica que incluye tanto el libelo 

como la calumnia. Ojeda v. El Vocero de Puerto Rico, 137 DPR 

315,326-327 (1994).

La precitada ley, en su Sección 3 define calumnia como “la 

publicación falsa o ilegal, que no sea un libelo, y que impute a una 

persona la comisión de un hecho constitutivo de delito, o tienda 

directamente a perjudicarle con relación a su oficina, profesión, 
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comercio o negocios o que, como consecuencia natural, le cause 

daños reales y efectivos”. 32 LPRA sec. 3143.

Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

“[l]a difamación en el ámbito civil se ha definido como “desacreditar 

a una persona publicando cosas contra su reputación””. Pérez

Rosado v. El Vocero, 149 DPR 427, 441 (1999). La calumnia, por su 

parte, se configura con la mera expresión oral difamatoria. Ojeda 

v. el Vocero de Puerto Rico, supra, pág. 326. A su vez, destacamos 

que “una opinión es la expresión sobre cuestiones de interés 

público que no contienen una connotación fáctica que sea 

susceptible de ser probada como falsa”. Colón Perez v. Televicentro 

de PR, 175 DPR 690,719 (2009); Asoc. Med. Podiatrica v. Romero, 

157 DPR 240, 246 (2002); Soc. de Gananciales v. López, 116 DPR 

112 (1985). (Énfasis suplido).

En adición a lo anterior, nuestro máximo foro judicial aclaró

que:

[p]osteriormente, decidimos Ojeda v. El Vocero de P.R., 

supra, (citas omitidas) en el cual, si bien reiteramos la 

existencia en nuestra jurisdicción de dos causas de 

acción en daños por difamación, es decir, la establecida 

en la Ley de 1902 y la derivada del Artículo [1536] del 

Código Civil, también expresamos que “dicha dicotomía 

parece ser ya innecesaria, habida cuenta [de] que [ya] 

jurisprudencialmente se han dejado sin efecto [la 

mayoría de las] disposiciones de la Ley de Libelo y 

Calumnia” y las demás son innecesarias. Colón Pérez v. 

Televicentro de PR, 175 DPR 690,712-713 (2009).

Así las cosas, nuestro estado de derecho reconoce una causa de 

acción a la persona perjudicada por una difamación o una calumnia. 

A estos efectos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico concluyó que 

“[l]a acción para exigir la responsabilidad civil por injuria y

calumnia es lo mismo que la acción de daños y perjuicios por

difamación”. Ojeda v. El Vocero de Puerto Rico, supra, pág. 326.

Nuestro más alto foro ha establecido que “cuando se efectúan

expresiones o publicaciones difamatorias que producen daños, sin

que medie malicia o alguno de los elementos para que proceda
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la acción estatutaria de los daños por difamación, siempre

procederá una acción de daños y perjuicios bajo el Artículo

[1536] del Código Civil, supra, teniendo que probarse todos los

elementos indispensables de dicha causa de acción”. Ojeda v. El

Vocero de Puerto Rico, supra, pág. 326, citando a Romany v. El 

Mundo, Inc., 89 DPR 604, 618 (1963). (Énfasis suplido).

En síntesis, para una causa de acción por calumnia, el estándar 

utilizado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico el interesado tiene

que probar: (1) la falsedad de la información publicada; (2) los

daños reales sufridos a causa de dicha expresión difamatoria;

8

(3) si el demandante es una figura privada, hay que demostrar 

que las expresiones fueron hechas negligentemente, y (4) si el 

demandante es una figura pública, en vez, hay que demostrar que 

las expresiones se hicieron con malicia real, es decir, a sabiendas de 

que era falso o con grave menosprecio de si era falso o no. Garib 

Bazain v. Clavell, 135 DPR 475, 482 (1994). (Énfasis suplido).

 -DAunque en nuestro ordenamiento jurídico se ha elaborado 

sobre la “doctrina del privilegio restringido”, esta tuvo su base inicial 

en la Ley de Libelo y Calumnia, supra. Expresamente la Sección 4. 

dispone lo siguiente:

No se tendrá por maliciosa, ni como tal se 

considerará la publicación que se hace en un 

procedimiento legislativo, judicial, u otro 

procedimiento cualquiera autorizado por la Ley. No 

se presumirá que es maliciosa la publicación que se 

hace: Primero: En el propio desempeño de un cargo 

oficial; Segundo: En un informe justo y verdadero, de 

un procedimiento judicial, legislativo u oficial, u otro 

procedimiento cualquiera, u de algo dicho en el curso 

de dichos procedimientos; Tercero: A un funcionario 

oficial, apoyada en causa probable, con la intención 

8 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido los daños reales indemnizables 

de la siguiente manera: “Para que ocurra un daño real indemnizable según el 

Art. [1536] (antes 1802) del Código Civil, 31 LPRA sec. [10801] (antes 5141), tienen 

que concurrir los elementos esenciales siguientes: (1) que el daño cause una 

lesión, pérdida o menoscabo; (2) que el daño recaiga sobre bienes o intereses 

jurídicos de una persona; (3) que el daño sea resarcible de alguna forma. Soto 

Cabral v. ELA, 138 DPR 298, 312 (1995). 
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de servir al procomún, o de conseguir remedio a un 

perjuicio hecho a un particular. 32 LPRA sec. 3144. 

(Énfasis suplido).

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que “[u]n 

ciudadano que sospeche razonablemente que se ha cometido o que 

se piensa cometer un crimen tiene el privilegio, para su protección 

y la de la sociedad, de comunicárselo a las autoridades 

correspondientes o a quien él crea de buena fe que pueda tomar 

acción correctiva. La comunicación puede ser falsa, pero el 

privilegio persiste”. Cortés Portalatín v. Hau Colón, 103 DPR 734, 

739 (1975) citando a Quiñones v. J. T. Silva Banking and Commercial 

Co., 16 DPR 696 (1910). Asimismo, “[s]e pierde la inmunidad si la 

comunicación se entabla con quien no existe razón para creer que 

puede proteger el interés del actor o de la comunidad, según sea el 

caso; o si el actor le imparte publicidad excesiva al asunto; o si el 

actor se mueve por motivos impropios”. Cortés Portalatín v. Hau 

Colón, supra, pág. 739; Romany v. El Mundo, Inc., supra.; (citas 

omitidas). “El hecho de que otras personas escuchen o lean 

incidentalmente una comunicación hecha de modo razonable 

no anula el privilegio”. Cortés Portalatín v. Hau Colón, supra, pág.

739.

-EEn nuestro ordenamiento no existe una acción de daños y 

perjuicios como consecuencia de acciones civiles. Sin embargo, a 

manera de excepción, se ha reconocido la procedencia de una acción 

de daños y perjuicios por persecución maliciosa cuando los hechos 

del caso revelan circunstancias extremas en que se acosa al 

demandante con pleitos injustificados e instituidos maliciosamente.

La persecución maliciosa o uso injustificado de los procedimientos 

legales constituye la presentación maliciosa y sin causa de acción 

probable, de un proceso criminal o civil contra una persona, que 

produce daños a ésta. H.M. Brau del Toro, Los daños y perjuicios 
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extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 

1986, Vol. I, pág. 109. Así pues, “siendo la malicia un elemento 

esencial de la persecución maliciosa, en nuestro ordenamiento se le 

cataloga como una acción en daños y perjuicios causados por 

conducta torticera intencional bajo el Artículo [1536] del Código 

Civil”, supra. García v. ELA, 163 DPR 800, 810 (2005).

Para que pueda instituirse con éxito un pleito de esta 

naturaleza deben concurrir los siguientes requisitos: (1) que una 

acción civil fue iniciada, o un proceso criminal instituido, por 

el demandado o a instancia de éste; (2) que la acción, o la causa, 

terminó de modo favorable para el demandante; (3) que fue 

seguida maliciosamente y sin que existiera causa probable, y (4) 

que el demandante sufrió daños y perjuicios como consecuencia 

de ello. García v. ELA, 163 DPR 800,810 (2005); Gímenez Álvarez v. 

Silen Maldonado, 131 DPR 91, 96 (1992). 

Así las cosas, “el mero hecho de informar a las autoridades 

la comisión de un delito no es suficiente para imponer 

responsabilidad, sino que debe demostrarse que el demandado 

instigó activa y maliciosamente la iniciación del proceso y que 

no fueron las autoridades quienes a base de su propia evaluación 

de los hechos decidieron procesar al demandante”. Raldiris v. 

Levitt & Sons of PR, Inc., 103 DPR 778, 781-782 (1975). De igual 

forma, tampoco el suministrar información a las autoridades del 

Estado constituye, de por sí, la instigación que se requiere como 

elemento esencial de esta causa de acción. Parrilla v. Ranger 

American of PR, 133 DPR 263, 273 (1993). (Énfasis suplido).

III.

El señor Ugobono Díaz expone seis (6) señalamientos de error 

de los cuales discutiremos primeramente de manera conjunta los

identificados con las letras A y E. Posteriormente, procederemos con 
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los errores identificados con las letras B, C y D. Finalmente,

atenderemos el último error bajo la letra F. 

Arguye el apelante que incidió el Foro de Instancia al 

desestimar su reclamación por no tener derecho a la concesión de 

un remedio al amparo de la Regla 10.2(5), supra, toda vez que las 

alegaciones no cumplían con la Regla 6.1 de Procedimiento Civil, 

supra. No le asiste la razón.

Según esbozado previamente, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha sido enfático en la interpretación de las Reglas de 

Procedimiento Civil, supra, sosteniendo que, una alegación que 

exponga una solicitud de remedio deberá contener una relación 

sucinta y sencilla de los hechos demostrativos de que la parte 

peticionaria tiene derecho a un remedio. Sostiene el apelante que el 

foro primario incidió al desestimar la demanda al amparo de la Regla 

10.2(5) de las de Procedimiento Civil, supra, toda vez que el foro 

primario tenía que interpretar dichas alegaciones de la forma más 

favorable hacia el apelante.

Examinamos las alegaciones de la demanda de la manera más 

favorable hacia el apelante. Veamos:

1. El 20 de abril de 2023 el demandante llegó a la Urbanización 

Santa María Calle Mimosa #155 donde se encuentra 

localizada la residencia de su madre, quien se encuentra 

postrada en una cama, con varias máquinas colocadas en su 

cuerpo.

2. Que al llegar a la residencia de su madre, Rosalía 

Magadalena Díaz Sinko, le fue negado el acceso, por lo que 

llamó a la policía.

3. Al lugar de los hechos llegó la Policía Municipal de San Juan, 

del Cuartel de Puerto Nuevo, y el Agente L. González, Placa 

2265 tomó la querella asignándole el número 2023-B03-

4654.

4. Cuando el demandante logró acceso a la residencia de su 

madre y poder verla, la demandada se encontraba hablando 

con otros dos Agentes Municipales y en voz alta informa que 

ella “tenía miedo de que el demandante desconectara y 

asesinara a su mamá”, siendo falso con conocimiento de su 

falsedad e informándolo como si fuera verídico. Por ello, la 
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parte demandante ha sido objeto de declaraciones 

difamatorias de la demandada.

5. Recientemente, la co-demandada ha realizado expresiones 

difamatorias alegando que el demandante le ha “robado a su 

madre”, información falsa e informada por la demandada con 

conocimiento de su falsedad e informándolo como si fuera 

verídico al Sr. Juan Zalduondo. Éste último se acercó al 

demandante para preguntarle, sufriendo el demandante por 

ello y teniendo que informar la falsedad de ello y corregir que 

quien único se ha apropiado y usurpado pertenencias de su 

madre Rosalía es la co-demandada Vanessa, que quien para 

tratar de desviar la atención y ante el hecho de que el 

demandante ha comenzado los procedimientos judiciales 

para desenmascarar la verdad ha empezado la campaña 

difamatoria.

6. Por otra parte, el 20 de abril de 2023 los co-demandados 

hermanos presentaron una Petición de Orden de Protección, 

alegadamente en favor de Doña Rosalía, al amparo de la Ley 

121, Ley de Carta de Derecho y la Política Pública del 

Gobierno a Favor de los Adultos Mayores, Vanessa Ugobono 

Díaz y Diego J. Ugobono Díaz v. James M. Ugobono Díaz, 

Caso Núm. SJL121-2023- 3019, y luego de inducir a error, 

obtuvieron una Orden de Protección Ex Parte, la cual 

conllevaba repercusiones criminales por incumplimiento.

7. El 31 de mayo de 2023 se llevó a cabo la Vista de Orden 

Permanente, y luego de desfilada la prueba, el Tribunal 

Municipal de San Juan declaró No ha Lugar la Orden de 

Protección por no darse los elementos para su expedición. El 

Tribunal expidió un estado provisional de derecho, al amparo 

de la ley 140, de manera que los co-demandados hermanos 

no pudieran impedir las visitas del demandante a ver a su 

madre.

8. La radicación de la Petición de Orden Ex Parte, fue en la 

tarde del 20 de abril de 2023, luego de que la co-demandada 

Vanessa fuera emplazada personalmente para caso Ex Parte 

James M. Ugobono Díaz, Civil Núm. SJ2023RF00415, sobre 

declaración de incapacidad y nombramiento de tutor, para 

con su madre.

[A. Primera causa de acción: Difamación por la 

codemandada Vanessa Ugobono Diaz]

9. La presente causa de acción se radica al amparo de la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 1 

L.P.R.A. Artículo II, Sección 8, así como al amparo del Código 

Civil de Puerto Rico de 2020, 31 L.P.R.A., y la Ley de Libelo 

y Calumnia de Puerto Rico, del 19 de febrero de 1902, 32 

L.P.R.A. Secciones 3142 et seq., y/o equidad.

10.Los actos intencionales de la co-demandada Vanessa 

configuran la causa de acción, siendo la información provista 

falsa, con conocimiento de su falsedad, informándolos como 

si fuera verídico y con la intención de causar daños al 

demandante.
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[B. Segunda Causa de acción: Persecución Malisiosa [sic] 

por los codemandados Vanessa y Diego J. Ugobono Díaz]

1. El Tribunal Supremo en Bonet Cardona v. Holahan, y 

otros, 181 D.P.R. __ (2011) nos recuerda que: 

Reiteradamente hemos expresado que en nuestra 

jurisdicción no existe per se la acción civil de daños y 

perjuicios como resultado de un pleito civil. García v. E.L.A., 

163 D.P.R. 800 (2005); Giménez Álvarez v. Silén Maldonado, 

131 D.P.R. 91, 96-97 (1992); Commonwealth Loan Corp. v. 

García, 96 D.P.R. 773 (1968); Berríos v. International Gen. 

Electric, 88 D.P.R. 109 (1963); Pereira v. Hernández, 83 

D.P.R. 160 (1961); Suárez v. Suárez, 47 D.P.R. 97 (1934); 

López de Tord & Zayas v. Molina, 38 D.P.R. 823 (1928). Sólo 

como excepción a esta norma, hemos reconocido una causa 

de acción por persecución maliciosa cuando se presentan 

hechos extremos en los que se acosa al demandante con 

pleitos injustificados e instados maliciosamente. Giménez 

Álvarez v. Silén Maldonado, supra; Fonseca v. Oyola, 77 

D.P.R. 525 (1954). “Siendo la malicia un elemento esencial 

de la persecución maliciosa, en nuestro ordenamiento se le 

cataloga como una acción en daños y perjuicios causados 

por conducta torticera intencional . . .” García v. E.L.A., 

supra, pág. 810.

2. En Giménez Álvarez v. Silén Maldonado, 131 D.P.R. 91 

(1992), el Tribunal Supremo nos enumera los requisitos para 

la causa de acción: Para que pueda instituirse con éxito un 

pleito de daños y perjuicios por persecución maliciosa deben 

concurrir los requisitos siguientes: (1) que una acción civil 

haya sido iniciada, o un proceso criminal instituido, por el 

demandado o a instancia de éste; (2) que la acción, o la 

causa, haya terminado de modo favorable para el 

demandante; (3) que haya sido seguida maliciosamente y sin 

que existiera causa probable, y (4) que el demandante haya 

sufrido daños y perjuicios como consecuencia de ello.

Como observamos, de una lectura integral de las alegaciones

y, aun tomando como ciertas todas las alegaciones del apelante, 

para efectos de rebatir una moción al amparo de la Regla 10.2 (5),

supra, en los hechos uno (1) al ocho (8), no se desprende ninguna 

reclamación que amerite la concesión de un remedio, pues lo 

que permea son alegaciones explicativas. Por otro lado, la 

alegación número nueve (9), y el diez (10), de la primera causa de 

acción, y las alegaciones uno (1) y dos (2) de la segunda causa de 

acción son conclusiones de derecho y citas legales. Según el

estándar exigido por Regla 6.1 de Procedimiento Civil, supra, de las 

alegaciones precitadas y tomándolas de la forma más favorable para 

el apelante, no se desprende que la parte apelante tenga derecho a 
KLAN202301073 16

un remedio, ni exponen una solicitud del remedio al que el apelante 

cree tener derecho.

Por otro lado, según los criterios establecidos por la 

jurisprudencia precitada sobre las causas de acción de difamación, 

libelo y calumnia, el demandante debe cumplir con los estándares 

precitados para demostrar su causa. Es decir, que la información o 

expresión vertida es falsa y difamatoria, y que por causa de su 

publicación sufrió daños reales según lo establecido por el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico.

9 Porto y Siurano v. Bently P.R., supra, pág. 

345. De una lectura de las alegaciones previamente mencionadas de 

la Demanda Enmendada no se desprenden los daños reales que 

alegadamente sufrió el apelante. Solo existe una reclamación 

general sobre la cantidad monetaria que el apelante reclama, más 

no se detallan los daños reales sufridos. No se cometieron los errores 

señalados.

Procedemos a discutir los señalamientos de error B, C y D.

Sostiene el apelante que erró el Tribunal de Primera Instancia al

determinar que una opinión no configura una acción por difamación

siendo el apelante una persona privada. También señala el apelante 

que incidió el foro primario al aplicar incorrectamente la norma de 

privilegio restringido. No le asiste la razón.

Según sostuvo el apelante, que la codemandada-apelada, 

señora Ugobono Díaz ha cometido actos de difamación en su contra, 

y que, a su entender, fueron satisfechos los elementos necesarios 

para una causa de acción por difamación. Veamos. 

Según las alegaciones del apelante, la señora Ugobono Díaz 

realizó las siguientes expresiones:

9 Los daños reales indemnizables que están cobijados sobre la doctrina de 

difamación requieren cumplir con los siguientes elementos: según el Art. [1536] 

(antes 1802) del Código Civil, 31 LPRA sec. [10801] (antes 5141), tienen que 

concurrir los elementos esenciales siguientes: (1) que el daño cause una lesión, 

pérdida o menoscabo; (2) que el daño recaiga sobre bienes o intereses 

jurídicos de una persona; (3) que el daño sea resarcible de alguna forma. Soto 

Cabral v. ELA, 138 DPR 298, 312 (1995). (Énfasis suplido).
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[...] 

4. Cuando el demandante logró acceso a la residencia de su 

madre y poder verla, la demandada se encontraba hablando 

con otros dos Agentes Municipales y en voz alta informa que 

ella “tenía miedo de que el demandante desconectara y 

asesinara a su mamá”, siendo falso con conocimiento de su 

falsedad e informándolo como si fuera verídico. Por ello, la 

parte demandante ha sido objeto de declaraciones 

difamatorias de la demandada.

5. Recientemente, la co-demandada ha realizado expresiones 

difamatorias alegando que el demandante le ha “robado a su 

madre”, información falsa e informada por la demandada 

con conocimiento de su falsedad e informándolo como si 

fuera verídico al Sr. Juan Zalduondo. Éste último se acercó 

al demandante para preguntarle, sufriendo el demandante 

por ello y teniendo que informar la falsedad de ello y corregir 

que quien único se ha apropiado y usurpado pertenencias de 

su madre Rosalía es la co-demandada Vanessa, que quien 

para tratar de desviar la atención y ante el hecho de que el 

demandante ha comenzado los procedimientos judiciales 

para desenmascarar la verdad ha empezada la campaña 

difamatoria.

Como parte del estándar de difamación que se efectúa ante una 

persona privada, hay que probar los elementos necesarios, más 

demostrar que se incurrió en negligencia. Ahora bien, tomando 

como ciertos los hechos alegados en la demanda enmendada, 

ninguno de ellos nos mueve a concluir que se cumplió con los 

elementos del estándar de difamación antedicho. 

Por otro lado, concluimos que las expresiones de la señora 

Ugobono Díaz realizadas al señor Zalduondo no constituyen una 

expresión difamatoria. Luego de haber evaluado en el derecho 

aplicable sobre la libertad de expresión y el derecho a la intimidad y 

en el balance de intereses que convergen ante estos dos importantes 

derechos, es preciso sostener el derecho de la libertad de expresión 

y de intimidad que ostenta una persona en una conversación 

privada. Así pues, es menester señalar que la opinión brindada por 

la señora Ugobono Díaz al señor Zalduondo constituye una opinión 

de su percepción, la cual está protegida por nuestra Constitución, 

mientras no contenga hechos que sean susceptibles de juzgar.

10

10 CONST.P.R., Art. II sec. 4 y 8.
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Aun tomando como cierto, que la conversación entre la apelada 

y el señor Zalduondo cumpliera con el requisito de publicación, 

continúa constituyendo una opinión de la señora Ugobono Díaz 

hacia el apelante, en una conversación de carácter privado. A su vez, 

la alegación del apelante sobre este particular no detalla los daños 

reales sufridos por dichas expresiones.

De la misma forma, tanto la Ley de Libelo y Calumnia, supra, 

como la jurisprudencia interpretativa han destacado desde tiempos 

inmemorables que “Un ciudadano que sospeche razonablemente 

que se ha cometido o que se piensa cometer un crimen tiene el 

privilegio, para su protección y la de la sociedad, de 

comunicárselo a las autoridades correspondientes o a quien él 

crea de buena fe que pueda tomar acción correctiva. La 

comunicación puede ser falsa, pero el privilegio persiste”. Cortés 

Portalatín v. Hau Colón, supra, pág. 739 citando a Quiñones v. J. T. 

Silva Banking and Commercial Co., supra. Según expuesto 

previamente y según las alegaciones del apelante, las expresiones 

vertidas por la señora Ugobono Díaz fueron realizadas a un agente 

del orden público en el curso de una investigación, según alegó el 

propio señor Ugobono Díaz en su demanda enmendada:

2. Que al llegar a la residencia de su madre, Rosalía 

Magadalena Díaz Sinko, le fue negado el acceso, por lo que 

llamó a la policía.

[...]

4. Cuando el demandante logró acceso a la residencia de su 

madre y poder verla, la demandada se encontraba hablando

con otros dos Agentes Municipales y en voz alta informa que 

ella “tenía miedo de que el demandante desconectara y 

asesinara a su mamá”, siendo falso con conocimiento de su 

falsedad e informándolo como si fuera verídico. Por ello, la 

parte demandante ha sido objeto de declaraciones 

difamatorias de la demandada.

Según surge de los autos de epígrafe, y ante la multiplicidad 

de controversias entre las partes, los acercamientos entre los 

hermanos Ugobono Díaz han sido reiteradamente antagónicos. Por 

lo que es sensato concluir que, en las expresiones realizadas a un 
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oficial de la policía, la apelada sospechara razonablemente y de 

buena fe que se podía cometer un crimen, toda vez que entre ambas 

partes ha fluctuado un comportamiento agresivo y hostil. Además,

señala el apelante que según lo resuelto en Bosch v. Editorial El 

Imparcial, Inc., 87 DPR 285 (1963), no aplica la defensa que brinda 

este privilegio restringido y que es una cuestión puramente 

estatutaria. El precitado caso sostiene que: “A menos que el 

privilegio surja de la faz de la demanda, como por ejemplo 

cuando se alega en la demanda que el libelo consiste en la 

publicación fiel y exacta de un procedimiento judicial, en cuyo 

caso debe prosperar una moción para desestimarla, la regla es 

que la defensa de privilegio no se puede alegar por vía de moción 

para desestimar o por excepción previa”. Íd. pág. 305.

Sin embargo, cuando el privilegio surge de la faz de la 

demanda, sí puede prosperar la defensa. Nos explicamos. Según una 

lectura integral de la demanda enmendada, el apelante expone que, 

por habérsele negado el acceso a la residencia de su madre, este 

llamó a la policía. Posteriormente, encontró a la señora Ugobono 

Díaz hablando con dos agentes municipales y les manifestó que 

“tenía miedo de que el demandante desconectara y asesinara a su 

mamá”. Según las expresiones que vertió la señora Ugobono Díaz a 

los oficiales de la policía, sí se cumplen con los requisitos de la 

doctrina de privilegio restringido antes precitada. Se desprende de 

la demanda enmendada que dichas expresiones quedan cobijadas 

bajo la Sección 4 de la Ley de Libelo y Calumnia, supra. La cobertura 

del privilegio restringido surge de las propias alegaciones de la 

demanda enmendada. Por lo que la señora Ugobono Díaz no es 

responsable ante el apelante por dichas expresiones.

Asimismo, el apelante arguye que erró el foro inferior al no 

determinar que la opinión de una persona no puede generar una 

causa de acción por difamación. Luego de auscultar los requisitos 
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establecidos en la causa de acción por difamación, concluimos que 

los mismos no fueron satisfechos para establecer responsabilidad 

por difamación. Aplicando integralmente la jurisprudencia y 

legislación antes expuesta, podemos colegir que las expresiones 

están cobijadas por ser consideradas una opinión de la señora 

Ugobono Díaz. Tal como concluyó el foro primario, las expresiones 

realizadas por la señora Ugobono Díaz al señor Zualdondo, en la 

privacidad de su comunicación, constituyen una opinión y están 

protegidas por la libertad de expresión. El tratar de penalizar a un 

ciudadano particular por sostener una opinión contraria al señor 

Ugobono Díaz, viola la garantía a la libertad de expresión contenida 

en la Constitución de Puerto Rico, supra. En el caso de marras, no 

se ha demostrado los elementos requeridos por la jurisprudencia 

antedicha. Por lo que no se cometieron los errores señalados. 

Por último, discutimos el error F, donde el apelante arguye 

que incidió el Foro a quo al no determinar que no se configuraba una 

acción de persecución maliciosa por haberse expedido una orden de 

protección en contra del apelante. No le asiste la razón. 

Como destacamos previamente, en la doctrina de persecución 

maliciosa, en síntesis, deben concurrir los siguientes requisitos: (1) 

que una acción civil fue iniciada, o un proceso criminal instituido, 

por el demandado o a instancia de éste; (2) que la acción, o la causa, 

terminó de modo favorable para el demandante; (3) que fue seguida 

maliciosamente y sin que existiera causa probable, y (4) que el 

demandante sufrió daños y perjuicios como consecuencia de ello.

El propio apelante arguye en su Recurso, que entre las partes 

se inició un Proceso Ex parte al amparo de la Ley Núm. 121-2019 

que resultó en una Orden de Protección Provisional a favor de la 

adulta mayor, la señora Díaz Sinko. Es preciso señalar, que esta 

solicitud fue en beneficio de la señora Díaz Sinko, no entre las 

partes aquí concernientes, es decir entre el apelante y los 
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hermanos Ugobono Díaz. Posteriormente, según surge de los autos, 

el Tribunal emitió una orden al amparo de la Ley Núm. 140-1974, 

para conservar el estado de las visitas a la señora Díaz Sinko. 

El apelante concluye que, por los apelados haber iniciado un 

procedimiento ex parte es suficiente para satisfacer el estándar de 

persecución maliciosa que los hermanos Ugobono Díaz han 

desarrollado en su contra. En adición, sostiene que a raíz de los 

mencionados eventos ha sufrido daños. No nos convence dicho 

argumento. 

La jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo ha sido 

enfática en que dichos requisitos bajo la causal de persecución 

maliciosa deben ser satisfechos concurrentemente. En este caso, no 

se cumplen con los elementos de la causa de acción de persecución 

maliciosa antes mencionados. Tampoco se demostraron los alegados 

daños sufridos. No se cometió el error señalado.

IV.

Por los fundamentos antes expresados, las cuales hacemos 

formar parte de este dictamen, confirmamos la Sentencia apelada 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

El juez Rivera Colón concurre sin voto escrito. El juez Monge 

Gómez concurre con las siguientes expresiones: “Estoy de acuerdo 

en que procede confirmar la Sentencia apelada, sin embargo, 

abordaría el análisis del caso de una manera distinta”.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones