Número Identificador

SEN2024____________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VI

ANA OQUENDO 

FERNÁNDEZ 

Apelante

v.

ESTADO LIBRE 

ASOCIADO DE PUERTO 

RICO, ET. AL.

Apelados

KLAN202400545

Apelación

Procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de San 

Juan

Caso Civil Núm.: 

SJ2024CV02129

(801)

Sobre:

Daños y Perjuicios

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez 

Rivera Torres, la Jueza Rivera Pérez y el Juez Campos Pérez.

Rivera Pérez, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2024.

Comparece la Sra. Ana Oquendo Fernández (en adelante, 

Sra. Oquendo Fernández) mediante un recurso de apelación y nos 

solicita la revisión de la Sentencia Parcial dictada y notificada el 

16 de mayo de 2024 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan (en adelante, TPI). Mediante dicho 

dictamen, el TPI declaró Ha Lugar la Moción de Desestimación

presentada el 13 de mayo de 2024 por el Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico (en adelante, ELA). En consecuencia, se desestimó 

la demanda sobre daños y perjuicios presentada por la Sra. 

Oquendo Fernández en contra del ELA. 

Por los fundamentos que expondremos, se desestima el 

presente recurso de apelación por falta de jurisdicción.
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I.

El 3 de marzo de 2024, la Sra. Oquendo Fernández presentó 

una demanda sobre daños y perjuicios en contra del ELA y el 

Departamento de Transportación y Obras Públicas (en adelante, 

DTOP).1 En síntesis, la Sra. Oquendo Fernández solicitó una 

indemnización por los daños y perjuicios sufridos como 

consecuencia de una caída al tropezarse con un tubo que 

sobresalía de una acera en la Avenida Ponce de León de San Juan

el 27 de septiembre de 2023. Posteriormente, la demanda se 

enmendó con el propósito de incluir a MAPFRE como parte 

demandada en el caso.2

Luego de varios trámites procesales, el 13 de mayo de 2024, 

el ELA presentó una Moción de Desestimación, en la que solicitó

la desestimación de la demanda al amparo de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.3 En síntesis, el ELA

alegó que la notificación efectuada por la Sra. Oquendo

Fernández al Estado4 no cumplió con las exigencias de contenido

establecidas en el Artículo 2A de la Ley Núm. 104 de 29 de junio 

de 1955, infra, al no advertir el sitio exacto donde ocurrió el 

alegado accidente, lo que ameritaba la desestimación de la acción 

judicial.

El 15 de mayo de 2024, la Sra. Oquendo Fernández 

presentó una Moción de Oposición a la Moción de Desestimación, 

en la que se opuso a la solicitud de desestimación del ELA.5 En 

síntesis, la Sra. Oquendo Fernández alegó que la notificación en 

cuestión cumplía con todas las exigencias de forma y contenido

1 Véase, Apéndice I, Apelación, págs. 1-3.

2 Véase, Apéndice I, Apelación, págs. 11-14.

3 Véase, Apéndice VI, Apelación, págs. 15-25.

4 Véase, Apéndice VI, Apelación, págs. 27-29.

5 Véase, Apéndice VII, Apelación, págs. 30-39.
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establecidas en la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, infra. 

En particular, sostuvo que de esta surgía de que el accidente 

había ocurrido en la Avenida Ponce de León de San Juan cerca 

de su residencia y se incluyó su dirección. Además, la Sra. 

Oquendo Fernández alegó que el ELA no contestó la notificación 

ni investigó el accidente. Añadió que tampoco demostró que sufrió 

algún perjuicio por motivo de la alegada notificación defectuosa; 

y que exigirle a la parte demandante “incluir en la notificación 

con particular precisión el lugar exacto de su caída, excede lo 

requerido por la ley y constituiría un fracaso a la justicia.”6

Ese mismo día, la Lcda. Tamara Álvarez Vega presentó una 

moción titulada Renuncia a Representación Legal, mediante la 

cual solicitó ser relevada de la representación legal del ELA.

7

Además, solicitó que se le concediera al ELA un término de treinta 

(30) días para anunciar su nueva representación legal. 

Finalmente, solicitó que el Tribunal le dirigiera toda 

correspondencia futura a la Lcda. Alana Pagán González, 

directora de la División de Asuntos Civiles, Daños y Perjuicios de 

la Secretaría Auxiliar de lo Civil, y proveyó su teléfono, dirección 

postal y correo electrónico. 

El 16 de mayo de 2024, el TPI emitió y notificó una Orden, 

mediante la cual dispuso lo siguiente:

“Se revela a la Lcda. Tamara Álvarez Vega de la 

representación legal. Tome nota Secretaría y partes. 

Tiene la parte codemandada 15 días para anunciar 

quién asumirá la misma.”8

Finalmente, en esa misma fecha, el TPI dictó y notificó la

Sentencia Parcial apelada, mediante la cual declaró Ha Lugar la 

6 Véase, Apéndice VII, Apelación, pág. 35.

7 Véase, entrada 22 del Expediente Digital del Caso Núm. SJ2024CV02129 en el 

Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (en adelante, SUMAC).

8 Véase, entrada 26 del Expediente Digital del Caso Núm. SJ2024CV02129 en el 

SUMAC.
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Moción de Desestimación presentada el 13 de mayo de 2024 por 

el ELA y, en consecuencia, desestimó la demanda del presente 

caso.

9

El 28 de mayo de 2024, el ELA presentó una Moción 

Asumiendo Representación Legal solicitando la admisión de la 

Lcda. Roxanne González Otero como representante legal del 

ELA,

10 a lo cual accedió el TPI mediante una Orden emitida y 

notificada 4 de junio de 2024.

11

Por otra parte, en desacuerdo con la determinación de la 

Sentencia Parcial, la Sra. Oquendo Fernández acudió ante nos el 

4 de junio de 2024 mediante el presente recurso de Apelación. En 

este, la Sra. Oquendo Fernández señala la comisión por el TPI del 

error siguiente:

ERRÓ EL TPI AL DESESTIMAR LA CAUSA DE 

ACCIÓN DE LA DEMANDANTE-APELANTE AL 

DETERMINAR QUE LA NOTIFICACIÓN ENVIADA AL 

SECRETARIO DE JUSTICIA CONFORME A LEY DE 

PLEITOS CONTRA EL ESTADO FUE INSUFICIENTE 

POR NO INCLUIR UNA DESCRIPCIÓN CLARA Y 

CONCISA DEL SITIO DEL ACCIDENTE.

El 24 de junio de 2024, la Oficina del Procurador General 

de Puerto Rico, presentó una Moción de Desestimación en la cual 

alegó que la sentencia apelada no había sido notificada a todas 

las partes.

Procedemos a resolver conforme al cuadro procesal y fáctico 

antes reseñado.

II.

La jurisdicción se refiere al poder o autoridad de un tribunal 

para considerar y decidir casos, por lo que su ausencia priva a 

9 Véase, Apéndice IX, Apelación, págs. 50-53.

10 Véase, entrada 29 del Expediente Digital del Caso Núm. SJ2024CV02129 en 

el SUMAC.

11 Véase, entrada 32 del Expediente Digital del Caso Núm. SJ2024CV02129 en 

el SUMAC.
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un foro judicial del poder necesario para adjudicar una 

controversia. Metro Senior v. AFV, 209 DPR 203, 208 (2022); 

Allied Mgmt. Group, v. Oriental Bank, 204 DPR 374, 385-386 

(2020). En múltiples y variadas ocasiones, el Tribunal Supremo 

ha expresado que los tribunales debemos ser celosos guardianes 

de esa jurisdicción que nos ha sido concedida, examinando tal 

aspecto en primer orden, incluso cuando no haya sido planteado 

por ninguna de las partes. Horizon v. Jta. Revisora, RA Holdings, 

191 DPR 228, 234 (2014). Además, se ha señalado que los 

tribunales no tienen discreción para asumir jurisdicción donde 

no la hay. Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652 

(2014); S.L.G. Solá-Morreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 

(2011); González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 856 

(2009).

Un recurso tardío es aquel que se presenta pasado el 

término provisto para recurrir. Yumac Home v. Empresas Massó, 

194 DPR 96, 107 (2015). Por otra parte, un recurso prematuro es 

aquel que se presenta con relación a una determinación que está 

pendiente ante la consideración del tribunal apelado, es decir, 

que aún no ha sido finalmente resuelta. Íd. Un recurso 

prematuro, al igual que uno tardío, priva de jurisdicción al 

tribunal al cual se recurre. Íd. No obstante, existe una importante 

diferencia en las consecuencias que acarrea cada una de estas 

desestimaciones. Íd. La desestimación de un recurso por ser 

tardío priva fatalmente a la parte de presentarlo nuevamente, 

ante ese mismo foro, o ante cualquier otro. Íd.

Ante la situación en la que un tribunal carece de autoridad 

para atender un recurso, solamente procede decretar la 

desestimación del caso ante su consideración. Lozada Sánchez et 
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al. v. JCA, 184 DPR 898, 909 (2012). Por ser las cuestiones de 

jurisdicción privilegiadas, estas deben ser resueltas con 

preferencia y de carecer un tribunal de jurisdicción, lo único que 

puede hacer es así declararlo. Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 

DPR 216, 222 (2007); Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 

DPR 345, 355 (2003).

La Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(C), autoriza al Tribunal de Apelaciones 

a desestimar un recurso, a iniciativa propia o solicitud de parte, 

cuando carezca de jurisdicción para atenderlo.

B.

Como parte de las exigencias mínimas del debido proceso 

de ley, la notificación adecuada de todos los incidentes procesales 

relevantes es esencial en todo procedimiento adversativo. 

Hernández v. Secretario, 164 DPR 390, 395 (2005). El deber de 

notificar a las partes adecuadamente no es un mero requisito, 

sino que ello afecta los procedimientos posteriores al dictamen 

referido y trastoca las garantías del debido proceso de ley. Dávila 

Pollock et als. v. R. F. Mortgage, 182 DPR 86, 94 (2011). Por tal 

razón, las Reglas de Procedimiento Civil imponen ciertos 

requisitos procesales para asegurar la efectividad en la 

notificación de sus dictámenes. Al respecto, el Tribunal Supremo 

ha expresado lo siguiente:

“Para que se activen y comiencen a decursar los 

términos jurisdiccionales o de cumplimiento estricto 

para presentar una moción de reconsideración o un 

certiorari para que el tribunal apelativo revise una 

resolución u orden interlocutoria, es necesario que la 

notificación de la resolución u orden interlocutoria se 

haya hecho correctamente.” Sánchez et als. v. Hosp. 

Dr. Pila et als., 158 DPR 255, 260 (2002).

Cónsono con lo anterior, la Regla 67.1 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 67.1, dispone que “[t]oda orden emitida 
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por el tribunal y todo escrito presentado por las partes será 

notificado a todas las partes”. Siempre que una parte haya 

comparecido representada por abogado, “la notificación será 

efectuada al abogado o abogada, a menos que el tribunal ordene 

que la notificación se efectúe a la parte misma”. Regla 67.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 67.2. A su vez, la Regla 46 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 46, dispone que una 

sentencia “no surtirá efecto hasta archivarse en autos copia de 

su notificación a todas las partes y el término para apelar 

empezará a transcurrir a partir de la fecha de dicho archivo”. 

Por tanto, nuestras Reglas de Procedimiento Civil 

establecen unas normas claras en torno a las notificaciones de 

dictámenes interlocutorios y sentencias. En el caso de sentencias, 

establecen que estas no surtirán efecto hasta que se archiven en 

autos y se notifiquen a todas las partes. Consecuentemente, una 

sentencia notificada de forma defectuosa es inapelable hasta que 

se subsane el defecto en su notificación.

III.

La Oficina del Procurador General de Puerto Rico, presentó 

una Moción de Desestimación, mediante la cual solicitó la 

desestimación del recurso de Apelación presentado por la Sra. 

Oquendo Fernández. En síntesis, alegó que la sentencia apelada 

no fue notificada a la representación legal del ELA, por lo que los 

términos para apelarla no habían comenzado a transcurrir. 

Examinada la notificación de la sentencia apelada expedida 

por la Secretaría, observamos que en efecto el referido dictamen 

le fue notificado únicamente al Lcdo. Juan M. Cancio Biaggi,

abogado de la Sra. Oquendo Fernández y a la Lcda. Shadia Yamila 
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Correa Rivera, abogada de la compañía aseguradora MAPFRE.12

Es decir, la sentencia apelada no fue notificada al ELA por 

conducto de la Lcda. Alana Pagán González, directora de la 

División de Asuntos Civiles, Daños y Perjuicios de la Secretaría 

Auxiliar de lo Civil, según había solicitado la Lcda. Tamara 

Álvarez Vega en su solicitud de relevo. 

No habiéndose notificado la sentencia apelada a todas las 

partes del caso de autos, concluimos su notificación fue 

defectuosa y los términos para presentar un recurso de apelación 

no han comenzado a transcurrir. Por lo tanto, determinamos que 

procede la desestimación del presente recurso de apelación por 

haberse presentado de forma prematura.

Una vez la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia 

notifique la sentencia conforme disponen las Reglas de 

Procedimiento Civil, comenzaran a trascurrir los términos para 

apelar.

IV.

Por los fundamentos expuestos, se desestima el presente 

recurso de apelación por falta de jurisdicción al ser prematuro.

Notifíquese.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

12 Véase Apéndice IX, pág. 49.