Número Identificador

RES2024________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL I

GLADYMELL MARTÍNEZ 

NEGRÓN

Recurrida

v.

DDR RÍO HONDO LLC 

H/N/C PLAZA RÍO 

HONDO, SE; CHUBB 

INSURANCE COMPANY 

OF PUERTO RICO Y 

OTROS

Peticionaria

KLCE202400323

Certiorari

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 

Bayamón

Caso núm.: 

BY2021CV05343

(703)

Sobre: Daños y 

Perjuicios

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el 

Juez Pagán Ocasio, el Juez Marrero Guerrero y la Jueza Boria 

Vizcarrondo.

Sánchez Ramos, Juez Ponente 

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de abril de 2024.

En un caso de daños y perjuicios por una caída en los terrenos 

de un centro comercial, el Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) 

denegó una moción de sentencia sumaria presentada por la 

aseguradora del referido centro comercial. Según se explica a 

continuación, en el ejercicio de nuestra discreción, declinamos la 

invitación a intervenir con lo actuado por el TPI.

I.

En diciembre de 2021, la Sa. Gladymell Martínez Negrón (la 

“Demandante”) presentó la acción de referencia, sobre daños y 

perjuicios (la “Demanda”), en contra de DDR Río Hondo LLC (el 

“Centro”) y Chubb Insurance Company of Puerto Rico (la 

“Aseguradora”). 

La Demandante alegó que, el 9 de enero de 2021, se 

encontraba en Plaza Río Hondo Mall, en Bayamón, y que, al salir 

caminando del Centro a través de la salida ubicada en el área de la 

tienda Best Buy, para dirigirse al estacionamiento, se tropezó con 
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un muro ubicado en un área de carga y cayó al suelo, como 

resultado de lo cual sufrió daños.

En junio de 2022, la Aseguradora trajo como tercero 

demandado a Best Buy Store PR, LLC (la “Tienda”). La Aseguradora 

planteó que, de conformidad con el contrato de arrendamiento entre 

el Centro y la Tienda, el área donde ocurrió el accidente estaba bajo 

el control de la Tienda. Sostuvo, por tanto, que es la Tienda quien 

respondería a la Demandante por la caída. 

En noviembre de 2023, la Aseguradora presentó una Moción

en Solicitud de Sentencia Sumaria (la “Moción”). Arguyó que la caída 

ocurrió por la decisión de la Demandante de voluntariamente 

asumir el riesgo de tramitar por un área peligrosa, a pesar de tener 

otra alternativa visible y segura para proceder. Sostuvo que el muro 

en el área donde ocurrió el accidente era perceptible a simple vista 

cuando la Demandante caminó por el área de carga, y que la 

Demandante optó por no usar una rampa de impedidos para bajar 

al pavimento.

Además, la Aseguradora planteó que el lugar de la caída 

estaba bajo el control de la Tienda y que, de conformidad con el 

contrato de arrendamiento entre la Tienda y el Centro, era la Tienda 

quien debía responderle a la Demandante y, además, defender e 

indemnizar al Centro de reclamaciones como la presente. 

La Tienda se opuso a la Moción; en lo pertinente, señaló que 

el lugar de la caída no estaba bajo su control, sino bajo el control 

del Centro. De todas maneras, también sostuvo que era el Centro

quien le daba mantenimiento al área. Por su parte, la Demandante 

también se opuso a la Moción. 

Mediante una Resolución notificada el 30 de enero (la 

“Resolución”), el TPI denegó la Moción. Razonó que el récord no le 

permitía determinar, de forma incontrovertida, quién tenía el control 

del área de la caída. Específicamente, el TPI concluyó que del récord 
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“no surge quién es el responsable del accidente, ni cuáles eran las 

medidas de seguridad que existían en el área”; además, expuso que 

“no queda claro que el área donde ocurrió el accidente [esté] bajo el 

control” de la Tienda. Razonó que, “de los contratos[,] no queda 

claro quién tiene el control del área”, ni tampoco “quién, por 

costumbre, lo mantenía y realmente lo controlaba”.

El 14 de febrero, la Aseguradora solicitó la reconsideración de 

la Resolución, lo cual fue denegado por el TPI mediante un dictamen 

notificado el 16 de febrero.

Inconforme, el 15 de marzo, la Aseguradora presentó el 

recurso que nos ocupa. Arguye que no hay controversia sobre el 

hecho de que la Demandante decidió atrechar por una zona de 

carga, en vez de caminar por la acera disponible, y que esta se cayó 

por “caminar sin mirar al piso”, al tropezar “con un muro 

enteramente perceptible, a plena luz del día ...”. Insistió en que el 

área de carga la usaba de forma exclusiva la Tienda, por lo cual no 

podía considerarse como un área común del Centro. Disponemos.

II.

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Diaz de León, 176 DPR 913, 

917 (2009); García v Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal revisor tiene la facultad de expedir 

el recurso de manera discrecional, por tratarse de ordinario de 

asuntos interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr una 

solución justiciera. Torres Martínez v Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 

98 (2008); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
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La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios a examinar para 

ejercer nuestra discreción, al disponer lo siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.

La denegación de una petición de expedición del auto de certiorari

no impide a la parte afectada reproducir su planteamiento en 

apelación. Torres Martínez, supra. 

Por otra parte, la Regla 36.2 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 36.2, permite a una parte solicitar que se dicte 

sentencia sumaria a su favor. Una parte demandante puede 

prevalecer con la presentación de una moción de sentencia sumaria 

si provee prueba incontrovertible sobre todos los elementos 

indispensables de su causa de acción. Ramos Pérez v. Univisión, 178 

DPR 200, 212-214, 217 (2010). El fin de este mecanismo es 

favorecer la más pronta y justa solución de un pleito que carece de 

controversias genuinas sobre los hechos materiales y esenciales de 

la causa que trate. Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 541, 

555 (2011); Ramos Pérez, 178 DPR a la pág. 212-214; Sucn. 

Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154, 184 (2005). 

La parte promovente de una moción de sentencia sumaria 

deberá demostrar que, a la luz del derecho sustantivo, amerita que 
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se dicte sentencia a su favor. Ramos Pérez, 178 DPR a la pág. 213; 

Sucn. Maldonado, 166 DPR a la pág. 184; Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 

308, 332-333 (2004). Cuando de los documentos o declaraciones 

juradas sometidos por las partes, surge una controversia de hechos, 

la moción de sentencia sumaria es improcedente. Mgmt. Adm. 

Servs., Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 610 (2000).

La parte que se oponga a que se dicte sentencia sumaria debe 

controvertir la prueba presentada. La oposición debe exponer de 

forma detallada y específica los hechos pertinentes para demostrar 

que existe una controversia fáctica material, y debe ser tan detallada 

y específica como lo sea la moción de la parte promovente, pues de 

lo contrario, se dictará la sentencia sumaria en su contra si procede 

en derecho. Regla 36 (c) de Procedimiento Civil, supra. 

Cuando la moción de sentencia sumaria está sustentada con 

declaraciones juradas u otra prueba, la parte opositora no puede 

descansar en meras alegaciones y debe proveer evidencia para 

demostrar la existencia de una controversia en torno a un hecho 

material. En lo pertinente, la Regla 36.3 (b) de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b), establece que la contestación a la moción 

de sentencia sumaria deberá contener lo siguiente: (1) una 

exposición breve de las alegaciones de las partes, los asuntos 

litigiosos o en controversia y la causa de acción, reclamación o parte 

respecto a la cual es solicitada la sentencia sumaria; (2) una relación 

concisa y organizada, con una referencia a los párrafos enumerados 

por la parte promovente, de los hechos esenciales y pertinentes que 

están realmente y de buena fe controvertidos, con indicación de los 

párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 

admisible en evidencia donde se establecen los mismos, así como de 

cualquier otro documento admisible en evidencia que se encuentre 

en el expediente del tribunal; (3) una enumeración de los hechos que 

no están en controversia, con indicación de los párrafos o las 
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páginas de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en 

evidencia donde se establecen los mismos, así como de cualquier 

otro documento admisible en evidencia que se encuentre en el 

expediente del tribunal, y (4) las razones por las cuales no debe ser 

dictada la sentencia, argumentando el derecho aplicable. 

Toda relación de hechos expuesta en la moción de sentencia 

sumaria o en su contestación podrá considerarse admitida si se 

indican los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas o de 

otra prueba admisible en evidencia donde ésta se establece, a menos 

que esté debidamente controvertida conforme lo dispone la regla en 

cuestión. 

El Tribunal no tendrá la obligación de considerar aquellos 

hechos que no han sido específicamente enumerados y que no 

tienen una referencia a los párrafos o las páginas de las 

declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde 

se establecen. Tampoco tendrá la obligación de considerar cualquier 

parte de una declaración jurada o de otra prueba admisible en 

evidencia a la cual no se haya hecho referencia en una relación de 

hechos. Regla 36.3 (d) de Procedimiento Civil, supra. 

III.

A la luz de los citados criterios reglamentarios, y en el ejercicio 

de nuestra discreción, hemos determinado denegar el auto 

solicitado. El TPI consignó los hechos materiales sobre los cuales 

no había controversia, así como aquellos que entendió estaban en 

controversia. No podemos concluir que sea errónea la apreciación 

del TPI en cuanto a la imposibilidad, en esta etapa, de concluir, 

como lo pretende la Aseguradora, que la caída ocurrió 

exclusivamente por la negligencia de la Demandante, o que el área 

del accidente era controlada y mantenida, en la práctica, 

únicamente por la Tienda.
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IV.

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega el auto de 

certiorari solicitado.

Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones