Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECAL VI1

MADELEINE CANDELARIO DEL 

MORAL

Recurrida

v.

DAVID EFRÓN

Peticionaria

KLCE202400774

Certiorari

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de San 

Juan 

Caso Núm.:

K DI1999-1421

Sobre:

Divorcio

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Torres, la Jueza 

Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard

Santiago Calderón, Jueza Ponente

S E N T EN C I A

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2024.

Comparece el señor David Efrón (señor Efrón o parte 

peticionaria) mediante recurso de Certiorari presentado el 11 de julio 

de 2024, y nos solicita la revisión de la Resolución emitida el 17 de 

abril de 2024, notificada el 30 de abril de 2024, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI o foro primario). 

Mediante el referido dictamen, el TPI encontró a la parte peticionaria

incurso en desacato y le impuso una sanción de $10,000.00 por 

cada mensualidad que este no abone; además, resolvió que la deuda 

asciende a $28,303,287 más intereses. El 15 de mayo de 2024, el 

señor Efrón solicitó Reconsideración y, el 31 de mayo de 2024, fue 

declarada No Ha Lugar.

Por los fundamentos expuestos a continuación, expedimos el 

auto de certiorari y confirmamos la Resolución recurrida. 

1 El recurso de epígrafe fue asignado a este Panel conforme a lo dispuesto en la 

Orden Administrativa OAJP-2021-086 sobre Normas para la Asignación de 

Recursos Nuevos Previamente Presentados en el Tribunal de Apelaciones, emitida 

el 4 de noviembre de 2021, con efectividad del 10 de enero de 2022.

Número Identificador

SEN2024__________
KLCE202400774 2

I.

Las controversias de este caso tienen su origen en una extensa 

relación de hechos y procedimientos judiciales ante este Foro 

intermedio. Sin embargo, para propósitos de facilitar el 

entendimiento del caso a lo aquí pertinente, los hechos se sintetizan 

a continuación. La génesis del caso ocurre en el 1999, cuando las 

partes presentaron las demandas de divorcio KDI1999-14212 y 

KDI1999-18083, las cuales fueron consolidadas4. El 3 de mayo de 

2001, el TPI decretó5 roto y disuelto el matrimonio entre el señor 

Efrón y la señora Madeleine Candelario Del Moral (señora 

Candelario o parte recurrida) por la causal de trato cruel. A su vez,

emitió una Resolución6 confiriendo a la señora Candelario recibir la 

suma de $50,000.00 mensuales por concepto de disfrute de bienes 

y suma líquida para alimentarse; así como otros $50,000.00 como 

“litis expensas”. No obstante, la administración de la Sociedad Legal 

de Bienes Gananciales fue adjudicada a favor del señor Efrón. 

Luego, la cuantía mensual fue reducida por el foro primario7. Dicho 

dictamen fue recurrido; y, el 16 de febrero de 2006, esta Curia8

restituyó a $50,000.00 mensuales la cantidad a la que la señora 

Candelario tiene derecho a recibir mensualmente como 

participación por concepto de disfrute de bienes gananciales. 

Tras innumerables incidentes procesales acontecidos desde el 

2001 hasta el presente, el 17 de abril de 2024, el TPI celebró vista 

para mostrar causa por la cual no se le debía encontrar incurso en 

desacato al señor Efrón. La parte peticionaria esgrimió varios 

argumentos, a saber: que se debe determinar el valor actual del 

caudal comunal (ganancial); solicitó la consolidación del caso de 

2 Apéndice del recurso, pág. 8.

3 Apéndice del recurso, pág. 12.

4 Apéndice del recurso, págs. 15-16.

5 Íd.

6 Apéndice del recurso, págs. 19-50.

7 KLRX201000024.

8 KLCE200500605 consolidado con KLCE200500616.
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divorcio con el de liquidación de la sociedad legal de gananciales; y 

que no debe encontrarse incurso en desacato porque no cuenta con 

los ingresos para satisfacer el pago de $50,000.00 dólares 

mensuales a favor de la parte recurrida, por lo que procede una vista 

ante los alegados cambios de circunstancias y una vista a tenor con 

el Artículo 460 del Código Civil9 .

El 17 de abril de 2024, el foro primario emitió la Resolución 

impugnada. En la cual, concluyó:

Habiendo reconocido el demandado no haber realizado los 

pagos de $50,000 según ordenados por el Tribunal sin 

demostrar justa causa para dicho incumplimiento, se le 

encuentra incurso en desacato y se le impone una sanción 

de $10,000 por cada mensualidad que, en adelante, deje de 

abonar, pagaderos a la Sra. Candelario Del Moral. 

Inconforme con la determinación del foro primario, el 11 de 

julio de 2024, la parte peticionaria acudió ante esta Curia e imputó 

al foro primario la comisión de los siguientes errores:

Primer error: Erró en Tribunal de Primera Instancia al 

determinar que el impago de la Sentencia imponiendo 

adelantos ascendentes a $50,000 mensuales por concepto de 

adelantos constituye desacato.

Segundo error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

establecer una deuda, la cual por mandato del Tribunal debe 

deducirse de la participación que le corresponda a la otra 

parte, sin previamente cuantificar cual es la participación 

que el correspondería a la Recurrida.

Tercer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

determinar que no procede la imposición de una fianza a 

Candelario para garantizar el cumplimiento de la Sentencia 

y el garantizar el pago de las deudas y obligaciones de la 

comunidad y el pago de los créditos a favor de Efrón.

Cuarto error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

denegar la consolidación del caso con el caso de liquidación 

de la comunidad de bienes el cual se litiga en una Sala del 

mismo Tribunal.

Quinto error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

denegar la solicitud de vista para modificar la suma 

impuesta por concepto de adelantos por existir cambios de 

circunstancias.

Sexto error: Erró el Tribunal de Instancia al imponer una 

sanción de $10,000 mensuales a Efrón por cada impago de 

la suma total de $50,000 mensuales a favor de Candelario 

por ser ésta irrazonable.

9 31 LPRA secc.1600.
KLCE202400774 4

El 12 de agosto de 2024, la señora Candelario presentó 

Oposición a Petición de Certiorari, por lo que, con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver.

II.

-AEl desacato es un procedimiento sui generis cuyo objetivo es 

vindicar la autoridad y dignidad del tribunal10. La característica 

esencial del desacato es que la parte perjudicada siempre es el 

tribunal11. Por lo tanto, el poder de castigar por desacato ya sea civil 

o criminal, es un atributo inherente que posee el Poder Judicial para 

velar por el funcionamiento ordenado de los procesos que debe 

imperar en los tribunales. A su vez, los actos constitutivos de

desacato pueden ser directos o indirectos12. Se incurrirá en desacato 

directo cuando la acción u omisión lesiva a la adecuada 

administración de la justicia se cometa en presencia del tribunal13.

El Art. 2.017 de la Ley Núm. 201-2003, mejor conocida como 

la Ley de la Judicatura, dispone que los jueces y las juezas tienen el 

poder para castigar por desacato14. El procedimiento de desacato en 

nuestra jurisdicción proviene de tres fuentes jurídicas y se 

fundamenta en “el poder inherente de los tribunales para hacer 

cumplir sus órdenes”15. Dicho mecanismo está dirigido a que los 

jueces y juezas puedan guardar e imponer el orden en su presencia 

y en los procedimientos ante su consideración. Por esta razón, se 

utiliza para que los tribunales restablezcan su autoridad y dignidad, 

además de hacer cumplir sus órdenes, sentencias y providencias16. 

Este mecanismo también se utiliza para realizar u ordenar cualquier 

10 Pueblo v. Torres, 56 DPR 605, 623 (1939). 

11 In re: Cruz Aponte, 159 DPR 170, 182 (2003). 

12 ELA v. Asoc. De Auditores, 147 DPR 669 (1999). 

13 In re: Cruz Aponte, 159 DPR 170 (2003).

14 4 LPRA secc. 24o(j).

15 ELA v. Asoc. de Auditores, 147 DPR 669, 681 (1999).

16 In re: Velázquez Hernández, 162 DPR 316, 326 (2004).
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acto que resulte necesario a fin de cumplir a cabalidad sus 

funciones17.

La autoridad de condenar por desacato es un poder inherente 

de todos los tribunales; su existencia es esencial para la 

conservación de orden en los procedimientos judiciales y para hacer 

cumplir las sentencias, órdenes y autos de los tribunales y, por lo 

tanto, para la debida administración de la justicia18.

Por otra parte, cuando nos referimos al desacato civil, el 

debido proceso de ley exige que, previo a su imposición, se conceda 

una orden para mostrar causa dentro de un término razonable, la 

oportunidad de conocer la falta que se le imputa, las circunstancias 

bajo las cuales, y el sitio y fecha en que la incurrió, y los hechos que 

la constituyen, de manera que la persona tenga una oportunidad 

razonable de presentar su defensa19. La sentencia mediante la cual 

se castiga con la imposición del desacato civil ha de establecer el 

acto o actos constitutivos de dicho desacato, así como la fecha y 

lugar de su comisión y las circunstancias de la misma20.

-BSe ha sostenido que el más poderoso instrumento para hacer 

justicia reservado a los jueces es la discreción21. La discreción 

judicial consiste en el poder que tiene un tribunal para decidir en 

una forma u otra, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de 

acción22. Sin embargo, el adecuado ejercicio de la discreción está 

inexorablemente atado al concepto de la razonabilidad23. Se es 

17 Íd.

18 Pueblo v. Pérez Díaz, 99 DPR 788, 800 (1971).

19 El desacato civil sólo está sujeto a las garantías mínimas del debido proceso de 

ley, lo que incluye el derecho a ser notificado y una adecuada oportunidad a ser 

escuchado. United Mine Workers v. Bagwell, 512 U.S. 821, 827 (1994). La potestad 

de la cual están investidos los tribunales para imponer un desacato es una 

función inherente de la función judicial. Pueblo v. Lamberty González, 112 DPR 

79, 81 (1982).

20 Pueblo v. Pérez Díaz, supra, pág. 802.

21 Rodríguez v. Pérez, 161 DPR 637, 661 (2004). Torres v. Junta Ingenieros, 161 

DPR 697, 715 (2004).

22García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005); Pueblo v. Ortega Santiago, 125 

DPR 203, 211 (1990). 

23 García v. Asociación, supra, pág. 321. 
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irrazonable o se abusa de la discreción cuando el tribunal al emitir 

su decisión no toma en cuenta o ignora, sin fundamento para ello, 

un hecho material importante que no debió ser pasado por alto; o 

cuando el tribunal, sin justificación ni fundamento, le da gran peso 

y valor a un hecho irrelevante e inmaterial, basando su decisión 

exclusivamente en ese hecho; o cuando aun considerando y 

tomando en cuenta hechos materiales importantes y descartando 

los irrelevantes, el Juez sopesa y calibra livianamente los mismos24.

En cuanto a nuestra función revisora, se ha reiterado que en 

nuestro ordenamiento jurídico impera la norma de que un tribunal 

apelativo sólo intervendrá con las determinaciones discrecionales 

del tribunal sentenciador cuando este último haya incurrido en 

arbitrariedad o en un craso abuso de discreción25. Ello está 

predicado en la premisa de que el foro apelativo no puede pretender 

administrar ni manejar el trámite regular de los casos ante el 

Tribunal de Primera Instancia.

-CLa Regla 56.3 de las de Procedimiento Civil26 dispone: Un 

remedio provisional sin la prestación de fianza podrá concederse en 

cualquiera de los casos siguientes: 

(a) Si aparece de documentos públicos o privados, según 

definidos por ley y firmados ante una persona autorizada 

para administrar juramento, que la obligación es legalmente 

exigible, o 

(b) cuando sea una parte litigante insolvente que esté 

expresamente exceptuada por ley para el pago de aranceles 

y derechos de presentación, y a juicio del tribunal la 

demanda aduce hechos suficientes para establecer una 

causa de acción cuya probabilidad de triunfo sea evidente o 

pueda demostrarse, y haya motivos fundados para temer, 

previa vista al efecto, que de no obtenerse inmediatamente 

dicho remedio provisional la sentencia que pueda obtenerse 

resultaría académica porque no habría bienes sobre los 

cuales ejecutarla, o

(c) si se gestiona el remedio después de la sentencia. [...].

24 Pueblo v. Ortega Santiago, supra, págs. 211-212.

25 García v. Asociación, supra, pág. 322; Meléndez Vega v. Caribean Intl. News, 

151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

26 32 LPRA Ap. V, R. 56.3.
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-DLa Regla 85 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones de 

Puerto Rico permite que, en el ejercicio de la sana discreción, se 

impongan sanciones económicas ante la presentación de recursos 

frívolos27. Este tipo de sanción puede ser impuesta, entre otros, a 

favor del Estado28. En lo pertinente, la citada disposición establece 

lo siguiente:

(B) Si el Tribunal de Apelaciones determina que el recurso ante su 

consideración es frívolo o que se presentó para dilatar los 

procedimientos, lo denegará o desestimará, según sea el caso, e 

impondrá a la parte promovente o a su abogado o abogadas las 

costas, los gastos, los honorarios de abogado y la sanción 

económica que estime apropiada, la cual deberá reflejar, en lo 

posible, el costo de la dilación para el Estado y para la parte 

opositora recurrida causado por la interposición del recurso, 

conforme a las guías que establezca el Tribunal de Apelaciones. El 

tribunal impondrá iguales medidas a la parte promovida o a su 

abogado cuando determine que la contestación al recurso es frívola 

o que ha sido presentada para dilatar los procedimientos29.

(Énfasis nuestro).

III.

Es menester puntualizar que, este foro intermedio ha emitido 

más de diez (10) resoluciones finales y sentencias sobre el petitorio 

de la parte peticionaria. Desde el 2001, se dispuso el pago de la 

suma de $50,000.00 mensuales a favor de la señora Candelario; así 

como, también es un hecho cierto y no refutado por el señor Efrón,

que no ha desembolsado cantidad alguna para cumplir con la orden 

emitida por el Poder Judicial.

Así pues, y según hemos reseñado anteriormente, los 

tribunales tienen facultad para tomar medidas dirigidas a evitar 

cualesquiera conductas que tienda a impedir u obstruir la 

administración de la justicia. No cabe duda de que, cuando una 

parte incumple con los requerimientos del tribunal, este está 

facultado para imponer una sanción incluyendo el desacato. 

27 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 85 (B).

28 Íd., inciso (D).

29 Íd., inciso (B).
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Reiteramos que el desacato civil tiene un fin reparador al obligar a 

una persona a que cumpla con las órdenes del tribunal30. 

Conforme con esos principios, los errores primero y sexto no

fueron cometidos. A esos fines, nuestro Tribunal Supremo ha 

resuelto que el mecanismo del desacato no es punitivo y la 

imposición de la pena por tiempo indefinido no es su finalidad 

primordial, sino sirve solamente como un medio para el logro del 

cumplimiento de una orden original31. Es decir, la orden de desacato 

civil tiene el propósito básico de que se cumpla con una orden 

emitida por el tribunal, que ha sido desacatada, en beneficio del otro 

litigante de la acción civil. Ciertamente, la imposición del desacato 

que determina el foro primario es la consecuencia natural de la 

conducta desplegada por el señor Efrón, quien ha hecho caso omiso 

a las órdenes del TPI sin siquiera intentar justificar su 

incumplimiento, lo cual demuestra un patrón de inobservancia con 

las órdenes judiciales. Por tal razón, la determinación del TPI resulta 

ser una razonable y este Tribunal ha sido consistente y enfático que 

no tolera el reiterado incumplimiento de la parte peticionaria.

Por estar estrechamente relacionados, discutiremos en 

conjunto los errores segundo, cuarto y quinto. En específico, la parte 

peticionaria alega que debe cuantificarse el valor actual de la 

comunidad de bienes y la participación de la señora Candelario, así 

como solicita que proceda la consolidación del caso de divorcio con 

el de división de bienes gananciales, y requiere la modificación de 

los $50,000.00. Los errores que aduce la parte peticionaria son un 

subterfugio para relitigar los asuntos ya dilucidados ante los 

30 In re: Velázquez Hernández, 162 DPR 316, 327 (2004); Álvarez v. Arias, 156 

DPR 352, 372 (2002); Pueblo v. Barreto Rohena, 149 DPR 718, 723(1999); Pres. 

del Senado, 148 DPR 737, 762-763 (1999) (1999); Srio. de DACO v. Comunidad 

San José, 130 DPR 782, 804 (1992).

31 Pérez v. Espinosa, 75 DPR 777, 781-782 (1954).
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tribunales32, dilatando así la ejecución. Por tal razón, colegimos que 

no se cometieron los errores segundo, cuarto y quinto.

Finalmente, atenderemos el error tercero sobre la necesidad 

de fijarle una fianza a la señora Candelario. Adelantamos que no le 

asiste la razón a la parte peticionaria. Veamos. La Regla 56.3 de las 

de Procedimiento Civil33 dispone que la fianza que se ordena prestar 

a quien solicita el remedio provisional tiene por fin responder por los 

daños y perjuicios que pudieran surgir a consecuencia del 

aseguramiento requerido. En Blatt & Udell v Core 110 DPR 142, 144 

(1989), el Tribunal Supremo establece que: Se podrá conceder un 

remedio provisional sin la prestación de fianza, si apareciere de 

documentos públicos o privados firmados ante una persona 

autorizada para administrar juramento, que la obligación es 

legalmente exigible, o si se gestionara el remedio después de 

sentencia. En todos los demás casos, el tribunal exigirá la prestación 

de una fianza suficiente para responder por todos los daños y 

perjuicios que se causen al demandado como consecuencia del 

aseguramiento....

En el caso de autos, el escrito de la parte peticionaria obvia la

discusión del primer error y descansa en meras alegaciones sin 

proveer las disposiciones de ley y la jurisprudencia aplicable, en fin, 

incumple con la Regla 34(C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones34. Por lo expresado, no estamos en posición de atender 

este error imputado por la parte peticionaria.

Luego de examinar el expediente del caso ante nuestra 

consideración, no hemos hallado abuso de discreción del TPI. Como 

vemos, ninguno de los errores señalados fue cometido.

32 KLRX200700059, KLRX2010000024, KLCE201401167, KLCE201901529 y 

KLCE202001004.

33 32 LPRA Ap. V, R. 56.3.

34 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34(C).
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IV.

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de 

Certiorari y confirmamos el dictamen emitido por el foro primario.

En consecuencia, imponemos a la parte peticionaria la sanción 

económica de $5,000.00 a favor del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, la cual deberá pagar mediante sellos de rentas internas en la 

Secretaría del Tribunal de Apelaciones en un término de quince (15) 

días. De igual forma, en un término no mayor de quince (15) días,

deberá mostrar evidencia de que la sanción fue satisfecha.

Notifíquese inmediatamente.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. La Jueza Álvarez Esnard disiente, sin voto 

escrito. 

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones