Número Identificador

RES2023________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL I

JOSÉ A. SÁNCHEZ

Peticionario

v.

ONE CORPS, INC. 

Y OTROS

Recurridos

KLCE202300094

Certiorari

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 

Arecibo

Caso núm.: 

AR2022CV02259 

(403)

Sobre: Despido 

Injustificado (Ley 

Núm. 80) y otros

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Rivera Torres y el Juez Salgado Schwarz.

Sánchez Ramos, Juez Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2023.

En un procedimiento sumario en el ámbito laboral, instado 

por quien era empleado de una compañía de seguridad, el Tribunal 

de Primera Instancia (“TPI”) le concedió a la fiadora del patrono una 

prórroga para contestar la querella. Como explicaremos a 

continuación, se deniega la expedición del auto solicitado.

I.

La acción de referencia, por despido injustificado y otras (la 

“Querella”), se presentó en diciembre de 2022 por el Sr. José A. 

Sánchez Nazario (el “Empleado”) contra One Corps, Inc. (el 

“Patrono”) y Mapfre Insurance Company (la “Fiadora”), bajo el 

procedimiento sumario dispuesto por la Ley Núm. 2 del 17 de 

octubre de 1961, según enmendada, 32 LPRA Sec. 3118 et seq. (“Ley 

2”).

En lo pertinente, el Empleado alegó que el Patrono era una 

“agencia de seguridad” que debía “prestar una fianza en 

aseguramiento de salarios de empleados”. Además, alegó que, 

durante el “período que comprende [la] reclamación”, el Patrono 
KLCE202300094 2

“había prestado fianza de pago ... a través de” la Fiadora, por lo que 

dicha parte debía responder junto con el Patrono por la reclamación 

objeto de la Querella.

Según expone el Empleado, el Patrono fue emplazado el 23 de 

diciembre y este presentó su contestación a la Querella el 31 de 

diciembre.

En cuanto a la Fiadora, esta fue emplazada el 27 de diciembre 

y, en el último día que tenía dicha parte para contestar la Querella 

(9 de enero), la Fiadora presentó una moción de prórroga para 

contestar la Querella (la “Moción”).

Mediante una Resolución de 18 de enero, el TPI le concedió 

un día (hasta el 19 de enero) a la Fiadora para contestar la Querella. 

Según ordenado por el TPI, el 19 de enero, la Fiadora contestó la 

Querella.

El 30 de enero (lunes), el Empleado presentó el recurso que 

nos ocupa. Plantea que el TPI no tenía autoridad para conceder la 

Moción, pues la misma no se suscribió bajo juramento, según exige 

la Ley 2, supra. Disponemos.

II.

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 

917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal revisor tiene la facultad de expedir 

el recurso de manera discrecional, por tratarse de ordinario de 

asuntos interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr una 

solución justiciera. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 

98 (2008); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).
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La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1, reglamenta en qué circunstancias este Tribunal 

podrá expedir un auto de certiorari; al respecto, dispone, en lo 

pertinente (énfasis suplido): 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este 

apéndice o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar 

órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos 

o peritos esenciales, asuntos relativos 

a privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en 

casos de relaciones de familia, en casos que revistan 

interés público o en cualquier otra situación en la cual 

esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. ... 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 40, establece los criterios a 

examinar para ejercer nuestra discreción, al disponer lo siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso 

y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más 

elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución final 

del litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 
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La denegación de una petición de expedición del auto de certiorari 

no impide a la parte afectada reproducir su planteamiento en 

apelación. Torres Martínez, supra.

III.

Concluimos que no procede nuestra intervención en la acción 

de referencia. Como cuestión de umbral, no está claro que tengamos 

autoridad para expedir el auto solicitado a la luz de lo dispuesto en 

la Regla 52.1, supra. De todas formas, aun partiendo de la premisa 

de que sí podríamos intervenir, hemos determinado, en el ejercicio 

de nuestra discreción, declinar la invitación a revisar lo actuado por 

el TPI en este caso.

En el contexto de un proceso sumario bajo la Ley 2, supra, la 

regla general, con limitadísimas excepciones, es la no revisión de 

dictámenes interlocutorios por este Tribunal. Véase, por ejemplo, 

Medina Nazario v. McNeil Healthcare, 194 DPR 723, 733 (2016) (“la 

revisión de resoluciones interlocutorias es contraria al carácter 

sumario del procedimiento laboral”, por lo cual no se admite salvo 

en “casos extremos”); Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, 147 DPR 

483, 494-98 (1999).

En efecto, “la revisión de resoluciones interlocutorias es 

contraria al carácter sumario del procedimiento” y, así, este Tribunal 

debe “abstenerse de revisar dichas resoluciones”. Dávila, 147 DPR 

a las págs. 496 & 497. Esta norma general solamente admite 

excepción cuando el TPI ha actuado sin jurisdicción o “en casos 

extremos en que la revisión inmediata, en esa etapa, disponga del 

caso ... en forma definitiva o cuando dicha revisión inmediata tenga 

el efecto de evitar una ‘grave injusticia’”. Dávila, 147 DPR a la pág. 

498 (énfasis suplido).

En este caso, considerados los factores de la Regla 40, supra, 

particularmente a la luz de la norma general de no revisión de 

dictámenes interlocutorios en casos que se conducen sumariamente 
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bajo la Ley 2, supra, hemos concluido que debemos denegar el auto 

solicitado. 

No surge del récord que lo actuado por el TPI genere un 

“fracaso de la justicia”, de tal modo que estemos ante una situación 

extrema, o una grave injusticia, que amerite nuestra intervención. 

Véase Regla 40(A) y 40(G) de nuestro Reglamento, supra; Dávila, 

supra; Medina Nazario, supra. Tampoco podemos concluir, a la luz 

de las circunstancias particulares de este caso, que el TPI hubiese 

actuado sin jurisdicción al extender el término que tenía la Fiadora 

para contestar la Querella, o que dicha actuación fuese irrazonable 

o arbitraria (tal que se configure un caso extremo o una grave 

injusticia).

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega el auto de 

certiorari solicitado.

Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones