NÚMERO IDENTIFICADOR

SEN2024____________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

Panel II

VÍCTOR RODRÍGUEZ MARQUEZ

Recurrente

v. 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

Recurrida

KLRA202400227

Revisión Judicial 

procedente de la 

Oficina de 

Apelaciones del 

Sistema de 

Educación

Caso Núm.

2016-08-0264

Sobre: 

Reclutamiento y 

Selección

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el 

Juez Adames Soto y la Juez Aldebol Mora

Adames Soto, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2024.

Comparece el señor Víctor Rodríguez Márquez (señor Rodríguez 

Márquez o recurrente), mediante recurso de revisión judicial, solicitando 

que revoquemos la Resolución Sumaria emitida por la Oficina de 

Apelaciones del Sistema de Educación (OASE), el 29 de febrero de 2024.

En su determinación, OASE declaró No Ha Lugar la Apelación presentada 

por el recurrente y dispuso que este no había puesto al Departamento de 

Educación (DE o agencia recurrida) en posición de conceder el remedio 

solicitado, por lo que decretó el cierre y el archivo del caso. 

Tras evaluar los asuntos ante nuestra consideración, hemos 

determinado Confirmar la determinación de la OASE. 

I. Resumen del tracto procesal

 El 16 de junio de 2016, el señor Rodríguez Márquez presentó ante la 

agencia recurrida una Solicitud de Cambio de Estatus a Permanente, al 

amparo de la Ley para Regular la Permanencia de Maestro, infra. En 
KLRA202400227 2

síntesis, arguyó que cumplía con todos los requisitos que la referida Ley 

establecía para que se le concediera el estatus de empleado permanente,

pues poseía experiencia en la categoría de Trabajador Social, había 

trabajado para el DE desde el 2008 hasta el 2016, ocupando un puesto 

con estatus transitorio consecutivamente, y contaba con evaluaciones 

satisfactorias durante dicho término. Junto a esta Solicitud el recurrente 

acompañó varios documentos pertinentes a los hechos que alegó.

En respuesta, el 1 de julio de 2016, el DE le remitió una Notificación 

de Solicitud de Reclamo sobre Elegibilidad para Otorgación de Estatus 

Permanente conforme a la Ley 312 de 15 de mayo de 1938, según 

enmendada. En esta, la agencia recurrida le informó al señor Rodríguez 

Márquez que denegaba su solicitud de permanencia, debido a que tenía 

una querella activa en la División Legal del DE. 

Inconforme, el 15 de agosto de 2016, el recurrente presentó una 

Apelación ante la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). Adujo 

que el DE le había violentado el debido proceso de ley al denegar su

derecho al cambio de estatus permanente, a pesar de haber cumplido con 

los requisitos estatutarios para ello, y formar parte del Registro de 

Elegibles. En específico, respecto a los requisitos estatutarios, aseveró

contar con una licencia para trabajar en el DE desde el 2008, y tres 

evaluaciones satisfactorias en dichos periodos, acompañando los

documentos demostrativos de ello. A tenor, solicitó que el foro 

administrativo proveyera los remedios procedentes.

Por su parte, el 30 de agosto de 2016, el DE presentó Contestación 

a Apelación. 

Luego de atendidos varios trámites procesales, incluyendo el 

traslado del caso de la CASP a la OASE, y transcurrido tiempo considerable

sin que fuera dilucidada la controversia presentada, el 14 de febrero de 

2023, el señor Rodríguez Márquez presentó una Moción Solicitud de 
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Resolución Sumaria. En la sección que dedicó a la Exposición breve de las 

alegaciones de la parte apelante1, enumeró una serie de hechos, 

acompañando evidencia documental pertinente en algunos de estos.

Luego, procedió a citar la Ley de permanencia de Maestros, infra, junto al 

Reglamento de Personal Docente, infra, concluyendo que había cumplido 

con cada uno de los requisitos legales necesarios para que el DE le 

otorgara el estatus permanente solicitado. 

El DE no presentó moción en oposición a resolución sumaria.

Sin embargo, el 26 de junio de 2023, la agencia recurrida presentó

una Moción en Solicitud de Desestimación por Academicidad. Según lo 

indica el título de esta moción, el DE arguyó que la causa de acción instada 

por el recurrente se había tornado en académica, pues el propósito de su

solicitud, que se le otorgara el estatus de permanencia, había sido 

cumplido al concedérsele dicho estatus en el 2022.

Esto último provocó que, el 29 de junio de 2023, el recurrente

presentara Moción Oposición Solicitud de Desestimación por Academicidad 

y Solicitud de Determinación. Opuso a la petición de desestimación que,

aunque sí se le había otorgado la permanencia en el 2022, esto no tornaba 

la controversia en académica, pues el estatus de permanente se debía 

retrotraer a la fecha en que cumplió con los requisitos legales para ello, en 

el 2016, año en que presentó la solicitud de cambio de estatus.

Entonces, requerido por el foro administrativo para que se expresara 

sobre la petición de retroactividad del nombramiento permanente 

esgrimido por el recurrente, el DE instó Moción en cumplimiento de orden, 

sometiendo memorando de derecho y reiterando solicitud de desestimación. 

A juicio del DE no procedía la retroactividad del nombramiento reclamada 

por el recurrente, por tratarse de un intento inoportuno de enmendar la 

apelación instada en el 2016.

1 Anejo VII del apéndice del recurso de revisión judicial, pág. 42.
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Es así como, una vez evaluadas las mociones presentadas por las

partes, la OASE dictó Resolución Sumaria, denegando la solicitud de 

desestimación por academicidad, pero declarando No Ha Lugar la 

Apelación del recurrente y ordenando su cierre y archivo. Como parte de 

la referida Resolución, la OASE enumeró los siguientes hechos

identificándolos como incontrovertidos:

1. El apelante, Víctor Rodríguez Márquez trabaja para el 

Departamento como Trabajador Social Escolar. 

2. El apelante, aunque ha mencionado que labora en la 

agencia desde el 2008 en puestos transitorios, solo 

presentó informes de cambio o evaluaciones 

correspondientes a las siguientes fechas: 2008-2009 en la 

Escuela Superior Trina Padilla de Sanz; Centro de Servicios 

de Educación Especial de la Región de San Juan para el 

año escolar 2013-2014; en el año escolar 2014-2015 en la 

Escuela de la Comunidad Manuel A. Pérez, Distrito San 

Juan II; Centro Eugenio María de Hostos en el Distrito 

Escolar de San Juan (I, II) para el año escolar 2015-2016; 

para el año escolar 2017-2018 Escuela Ángel Ramos del 

Distrito Escolar de San Juan (III, IV, V). 

3. De los documentos sometidos, el apelante tiene una 

evaluación correspondiente al año escolar 2013-2014 

cuando laboraba en el Centro de Servicios de Educación 

Especial; una evaluación correspondiente al año escolar 

2014-2015; y una evaluación correspondiente al año 

escolar 2008-2009 cuando labora en la Escuela Superior 

Trina Padilla de Sanz. 

4. El 16 de junio de 2016, el apelante, mediante 

comunicación escrita, hizo un reclamo a la autoridad 

nominadora para que le otorgara el estatus permanente al 

amparo de Ley 312. 

5. En comunicación fechada 15 de julio de 2016, la agencia 

le notificó al apelante que se le denegaba su petición toda 

vez que tenía acciones disciplinarias pendientes en la 

División Legal de la agencia. 

6. Al apelante se le concedió la permanencia para el año 

2022. 

Según indicamos, el foro recurrido denegó la petición del DE para 

desestimar la apelación por academicidad. Al así decidir, observó que,

aunque el recurrente fue nombrado con estatus permanente en el 2022,

tal nombramiento fue concedido luego de transcurridos más de seis (6) 

años desde que el recurrente hiciera tal solicitud. Añadió el mismo foro, 
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que el recurrente entendía que tenía derecho a ser nombrado a una plaza 

permanente desde el 2016, y era a esa fecha a la que se debía retrotraer 

su nombramiento permanente. Por tanto, no procedía la desestimación de 

la apelación, pues permanecía viva la controversia sobre si el 

nombramiento se debía retrotraer a la fecha en que el recurrente entendía 

que cumplió con los requisitos legales para lograr el estatus permanente.

Dispuesto lo anterior, sin embargo, el foro administrativo denegó la 

solicitud del recurrente para que su estatus permanente fuera retrotraído 

a la fecha en que solicitó tal cambio. Al así obrar, en su Resolución el foro 

recurrido aludió al precedente establecido en Fajardo v. DIP, 126 DPR 619, 

626 (1990), a los efectos de que no procedía el nombramiento automático 

de estatus permanente solo porque un maestro hubiese cumplido con los 

requisitos legales relativos a los dos años de labores y que estos fueran

satisfactorios, sin que se probara la existencia de una plaza vacante a 

ese momento. Conforme a esto, el foro administrativo dirigió su mirada a 

las alegaciones contenidas en la Apelación, concluyendo que no se había 

incluido allí una alegación sobre la existencia de plaza vacante en el DE al 

momento de solicitar el estatus permanente. Por lo cual, a pesar de haber

quedado probado que el recurrente sí contaba con dos años consecutivos 

de servicio en el DE, junto a evaluaciones satisfactorias, le correspondía 

también haber alegado que existía una plaza vacante al momento de su 

petición, pero no lo hizo. Explicó que recaía en la parte promovente de la 

acción presentar las alegaciones sobre todos los elementos de la causa de 

acción, pero esto no fue satisfecho. 

Insatisfecho, el recurrente presentó una Solicitud de 

Reconsideración. Con referencia a la determinación de la OASE de que no

se había demostrado la existencia de una plaza vacante, el señor Rodríguez 

Márquez arguyó que ese particular no fue planteado pues, desde su 

perspectiva, el derecho a la permanencia se justificaba por una necesidad 
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de servicio evidente. Tal necesidad, continuó aduciendo el recurrente, 

había quedado constatada en el Memorando Oficial de 31 de mayo de 2016, 

suscrito por el entonces Secretario del DE, documento que se anejó junto 

a la moción de reconsideración. Añadió, que la Oficial Examinadora debió 

haber solicitado a las partes que se expresaran sobre la necesidad de 

demostrar la existencia de una plaza vacante, antes de disponer de la 

apelación.

La OASE denegó la petición de reconsideración. 

Es así como el señor Rodríguez Márquez acude ante nosotros, 

mediante recurso de revisión judicial, haciendo los siguientes 

señalamientos de error:

Primer Error: Erró la OASE al resolver mediante resolución 

sumaria una controversia que no fue planteada por ninguna 

de las partes por lo que se laceró el debido proceso de ley del 

recurrente al no tener la oportunidad, previo a que se 

sometiera el caso sumariamente de argumentar o presentar 

prueba al respecto. 

Segundo Error: Erró la OASE al concluir que le correspondía 

al apelante/recurrente presentar prueba de la existencia de 

plazas disponibles para la otorgación de permanencia cuando 

la Ley de Permanencias no dispone este requisito y la Ley para 

la Administración de los Recursos Humanos del Servicio Público 

expresamente prohíbe la creación de puestos de duración fija 

por términos mayores de seis meses. Además, de la prueba 

presentada por el propio Departamento de Educación surge 

que para ese momento el Secretario de Educación estableció 

mediante Memorando Oficial que todo maestro transitorio 

elegible que cumpliera con determinados requisitos sería 

nombrado a un puesto regular sin necesidad de que se 

declararan vacantes. 

II. Exposición de Derecho

A. La Revisión Judicial

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico, (Ley Núm. 38-2017 o LPAU), según enmendada, 3 LPRA sec. 

9601 et seq., dispone el alcance de la revisión judicial sobre las 

determinaciones de las agencias. Tanto la referida ley, como la 

jurisprudencia aplicable, establecen que la función revisora de las 

decisiones administrativas concedida a los tribunales apelativos consiste 
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esencialmente en determinar si la actuación de la agencia fue dictada 

dentro de las facultades que le fueron conferidas por ley y si la misma es 

legal y razonable. T–JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 80 

(1999). Al respecto, es norma de derecho claramente establecida que los 

tribunales apelativos han de conceder gran deferencia y consideraciones a 

las decisiones de los organismos administrativos en vista de la vasta 

experiencia y conocimiento especializado. Graciani Rodríguez v. Garage 

Isla Verde, 202 DPR 117, 126 (2019). Por lo tanto, los tribunales deben ser 

cautelosos al intervenir con las decisiones administrativas. Metropolitana, 

S.E. v. A.R.P.E., 138 DPR 200, 213 (1995); Viajes Gallardo v. Clavell, 131 

DPR 275, 289–290 (1992). 

Es por las razones expuestas que las decisiones de los foros 

administrativos están investidas de una presunción de regularidad y 

corrección. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 892 (2008). La 

presunción de corrección que acarrea una decisión administrativa deberá 

sostenerse por los tribunales, a menos que la misma logre ser derrotada 

mediante la identificación de evidencia en contrario que obre en el 

expediente administrativo. E.L.A. v. P.M.C., 163 DPR 478, 488-490 (2004). 

Al momento de revisar una decisión administrativa el criterio rector 

para los tribunales será la razonabilidad en la actuación de la 

agencia. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76 (2004). Conforme a la cual, 

habrá que determinar si la actuación de la agencia fue arbitraria, ilegal, 

caprichosa o tan irrazonable que constituyó un abuso de discreción. Mun. 

de San Juan v. CRIM, 178 DPR 163, 175 (2010). Por tanto, la revisión 

judicial de una determinación administrativa se circunscribe a determinar 

si: (1) el remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) las 

determinaciones de hechos realizadas por la agencia están sostenidas por 

evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo, y (3) las 

conclusiones de derecho fueron correctas. Sec. 4.5 de la Ley Núm. 38-
KLRA202400227 8

2017, supra, 3 LPRA sec. 9675; Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 

606, 626-627 (2016). 

Por otra parte, nuestro Tribunal Supremo ha identificado 

circunstancias en que corresponde no observar tal deferencia. En 

específico, dicho alto foro ha reconocido que la referida deferencia a las 

determinaciones administrativas cederá cuando: (1) la decisión no está 

basada en evidencia sustancial; (2) el organismo administrativo ha errado 

en la aplicación de la ley, y (3) ha mediado una actuación irrazonable o 

ilegal. Acarón, et al v. D.R.N.A., 186 DPR 564, 584 (2012); Costa Azul v. 

Comisión, 170 DPR 847, 852 (2007). (Énfasis nuestro).

B. La Resolución Sumaria 

La Sección 3.7 de la Ley Núm. 38-2017, supra, 3 LPRA sec. 

9647, establece que, salvo disposición en contrario por su ley orgánica, las 

entidades administrativas podrán disponer de los asuntos ante su 

consideración mediante resolución sumaria. OCS v. Universal, 187 DPR 

164, 177 (2012). Lo anterior procede luego que la agencia determine que 

no es necesario celebrar una vista adjudicativa. Sin embargo, antes de 

resolver la solicitud presentada por alguna de las partes, la agencia deberá 

evaluar y analizar los documentos que acompañan la moción de solicitud 

de resolución sumaria, y su correspondiente oposición. Sec. 3.7, la Ley

Núm. 38-2017, supra, 3 LPRA sec. 9647.

Por otro lado, la agencia no podrá dictar órdenes o resoluciones 

sumarias en los casos en que: 

(1) estén presentes hechos materiales o esenciales 

controvertidos; (2) existen alegaciones afirmativas en la 

querella que no han sido refutadas; (3) surge de los propios 

documentos que se acompañan con la petición una 

controversia real sobre algún hecho material y esencial; o 

(4) como cuestión de derecho no procede la orden de 

resolución sumaria del proceso. 3 LPRA sec. 9647. 
KLRA202400227 9

Este mecanismo de resolución sumaria busca agilizar la solución 

del caso, cuando no existan hechos materiales en controversia.

2

(Énfasis provisto). OCS v. Universal, supra, a la pág. 177-178, que cita a 

Comisionado Seguros P.R. v. Integrand, 173 DPR 900 (2008). Asimismo, se 

persigue una solución rápida para evitar “tener que celebrar una 

‘audiencia evidenciaria [que] no aportaría ningún elemento meritorio al 

proceso analítico’”. (corchete en el original) Íd., a la pág. 178, que cita a, J. 

Echevarría Vargas, Derecho administrativo puertorriqueño, San Juan, Ed. 

Situm, 2012, pág. 231. 

Por su parte, el Reglamento de la Oficina de Apelaciones del Sistema 

de Educación (OASE), Reglamento 9099 de 29 de mayo de 193, disponía 

sobre la resolución sumaria lo siguiente.

Artículo 12.1 - Adjudicación sumaría de casos:

En cualquier caso en el que el juez administrativo tenga ante 

sí una controversia de derecho, podrá emitir una resolución 

sumaria sin sujeción a ningún otro trámite procesal.

Artículo 12.2 -Solicitud de resolución sumaria

Concluido el término para efectuar el descubrimiento de 

prueba, las partes podrán solicitar la resolución sumaria del 

caso. La parte que se oponga a una solicitud de resolución 

sumaria tendrá un término de diez (10) días calendario a 

partir de la notificación de la solicitud para presentar su 

oposición.

Si luego de evaluar la solicitud de resolución sumaria, la 

oposición a dicha solicitud y los documentos contenidos en el 

expediente de la agencia el juez administrativo determina que 

no es necesario celebrar una vista para adjudicar la(s) 

controversia(s) podrá dictar resolución sumaria final o parcial 

resolviendo la(s) controversia(s) entre las partes.

C. Ley para Regular la Permanencia de Maestros

La Ley Núm. 312 del 15 de mayo de 1938, según enmendada, mejor 

conocida como la “Ley para Regular la Permanencia de Maestros”, (Ley 

2 Véase, Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010), (“[U]n hecho material es 

aquel que puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho 

sustantivo aplicable”).

3 Este Reglamento fue posteriormente enmendado, pero nos limitamos a citar el vigente 

al momento de considerar la solicitud de remedio sumario presentada por el recurrente.
KLRA202400227 10

Núm 312), 18 LPRA Sec. 214, et seq., establece los requisitos para que un 

maestro pueda ocupar un puesto docente con carácter permanente en el 

Departamento de Educación de Puerto Rico. En lo particular, la Sec. 1 de 

la Ley Núm 312, supra, dispone:

Todo maestro en servicio activo en las escuelas públicas, 

mediante nombramiento hecho de conformidad con la Ley 

Escolar, los reglamentos del Departamento de Educación y los 

reglamentos de la Junta Estatal de Instrucción Vocacional, 

Técnica y de Altas Destrezas, y que haya ejercido como tal en 

cualquier categoría de escuela durante el período probatorio 

que se especifica más adelante, tendrá derecho a ser 

contratado con carácter permanente en la categoría 

correspondiente en que esté ejerciendo al expirar dicho 

período probatorio, sin otras pruebas de calificación o 

capacidad profesional que la posesión de una licencia regular 

de la misma categoría del puesto que ocupa el maestro y haber 

realizado, a juicio del Departamento de Educación, labor 

satisfactoria. Para los efectos de esta ley, no se tomará en 

consideración el tiempo que los maestros ejerzan en calidad 

de provisionales. Tales maestros tendrán derecho a ser 

contratados con carácter permanente en el municipio en que 

están ejerciendo al expirar el período probatorio. El tiempo 

trabajado por los maestros con certificado regular en calidad 

de sustituto y que hayan realizado labor satisfactoria en 

puestos de la misma categoría se convalidará como período 

probatorio. La equivalencia de los dos (2) años de período 

probatorio comprenderá el trabajo realizado con contrato 

sustituto o probatorio durante dos (2) años consecutivos.

Tales maestros tendrán derecho a ser contratados con 

carácter probatorio o permanente en el municipio donde estén 

trabajando cuando les corresponda una plaza en propiedad.

8 LPRA sec. 214.

III. Aplicación del Derecho a los hechos

Por estar íntimamente relacionados, discutiremos en conjunto los dos

señalamientos de errores alzados por el recurrente. 

Apuntamos en la exposición de derecho que, al considerar una 

solicitud de resolución sumaria nos corresponde determinar como paso 

inicial, si existen hechos materiales o esenciales que permanezcan en 

controversia. Según es sabido, solo ante la ausencia de hechos medulares 

en controversia podrá el foro adjudicativo disponer de una causa de acción 

de manera sumaria. Ver, OCS v. Universal, supra.
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Examinada la Moción Solicitud de Resolución Sumaria que presentó 

el recurrente ante la OASE el 14 de febrero de 20224, junto a la 

documentación allí incluida para sostener los hechos alegados, surge que, 

al radicar su apelación el 5 de agosto de 2016, llevaba siete años laborando 

en el DE como Trabajador Social Escolar, para lo cual poseía una licencia

que había sido renovada el 20 de junio de 2013 y era válida hasta el año 

2019, con estatus transitorio elegible en el Distrito de San Juan. 

Con más detalle, durante el año escolar 2013-2014, el recurrente 

laboró en un puesto de Trabajador Social Escolar transitorio en el Centro 

de Servicios de Educación Especial de la Región de San Juan. De igual 

forma, al próximo año escolar, 2014-2015, ejerció las mismas funciones, 

en un puesto transitorio, pero en la Escuela de la Comunidad Manuel A. 

Pérez, Distrito San Juan II. Luego, durante el el año escolar 2015-2016,

continuó ejercitándose como Trabajador Social Escolar, con 

nombramiento transitorio, en el Centro Eugenio María de Hostos en el 

Distrito Escolar de San Juan (I, II). Además, contó con evaluaciones 

satisfactorias correspondientes a las siguientes fechas por año escolar: 

2008-2009, en la Escuela Superior Trina Padilla de Sanz; 2013-2014, en 

el Centro de Servicios de Educación Especial de la Región de San Juan; 

2014-2015 en la Escuela de la Comunidad Manuel A. Pérez, Distrito San 

Juan II; 2015-2016, en el Centro Eugenio María de Hostos en el Distrito 

Escolar de San Juan (I, II); 2017-2018, en la Escuela Ángel Ramos del 

Distrito Escolar de San Juan (III, IV, V).

Según advertimos en el tracto procesal, el DE nunca presentó un 

escrito en oposición a la solicitud de resolución sumaria instada por el 

señor Rodríguez Márquez, por lo cual falló en controvertir los hechos 

medulares que se propusieron como incontrovertidos, los cuales acogemos 

como tales.

4 Anejo VII del recurso de revisión judicial, págs. 42-70.
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En armonía con lo hasta aquí indicado, es de ver que en la propia 

Resolución recurrida la OASE también concluyó que; Ciertamente, basado 

en la Ley 312, supra, así como en el Reglamento antes citado, la parte 

apelante, en teoría, cumplía con parte de los requisitos necesarios para 

obtener puesto permanente: estuvo trabajando dos (2) años ininterrumpidos 

consecutivos y fue evaluado en ambos satisfactoriamente5. Coincidimos 

con tal valoración.

Sin embargo, dispuesto lo anterior, la OASE también determinó que 

el recurrente no tenía derecho a que se retrotrajera su nombramiento a la 

fecha en que presentó la solicitud de cambio de estatus, por no haber 

alegado en su Apelación que existiera una plaza vacante en la fecha 

que solicitó el nombramiento de estatus permanente. Llegó a esta 

conclusión luego de citar al Tribunal Supremo, a efectos de que: 

[c]abe dejar sentado que el maestro sustituto -- que ha 

cumplido por lo menos dos años consecutivos de labor 

satisfactoria en el puesto-- no adquiere automáticamente 

un derecho a permanencia en la categoría de puesto objeto 

de la sustitución ni aun una expectativa de retención en 

la misma plaza que ocupa. Como maestro sustituto, su 

derecho está supeditado a que surja una vacante en el 

mismo municipio en que presta servicios y a que le 

corresponda esa plaza. (Énfasis provisto). Fajardo v. D.I.P.,

126 DPR 619, 627 (1990). 

En su recurso de revisión judicial el recurrente se opuso a tal 

conclusión, aduciendo lo siguiente: que dicha controversia nunca estuvo 

planteada por ninguna de las partes; su derecho al estatus permanente se 

justificaba por una necesidad evidente de servicio y las normas citadas; el 

Memorando Oficial de 31 de mayo de 2016 emitido por el entonces 

Secretario de Educación le concedió el derecho a la permanencia a todo 

aquél que cumpliera con los requisitos mencionados en la propia 

comunicación6. No nos persuade. 

5 Anejo III del recurso de revisión judicial, pág. 25 de su apéndice.

6 Recurso de revisión judicial, págs. 12-14.
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Según es sabido, nada impide que las Reglas de Procedimiento Civil 

se adopten para guiar el curso administrativo, en tanto no sea 

incompatible con este. Saldaña Egozcue v. J.A.C., 201 DPR 615 (2018). En

la misma tónica, cabe intercalar aquí la expresión de nuestro Tribunal 

Supremo a los efectos de que, al disponer de una moción de sentencia 

sumaria, el tribunal necesariamente tendrá que escudriñar las alegaciones 

de la demanda. León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 42 (2020). Se 

añade más adelante en la misma Opinión que los tribunales no pueden 

desentenderse de las reclamaciones conforme éstas aparecen redactadas 

en la demanda y actuar como si un demandante tuviese la potestad de 

enmendar o suplementar sus alegaciones a través de las aseveraciones y 

los argumentos. Íd, pág. 47. Además, le está vedado a la parte demandante 

cualquier intento de incorporar reclamaciones nuevas o corregir 

deficiencias en su demanda una vez se ha sometido una solicitud de 

sentencia sumaria en el caso. (Énfasis provisto). Íd., pág. 49.

Aplicando los segmentos de la Opinión citada al caso de autos, 

resulta evidente que, al sopesar la petición de resolución sumaria instada 

por el recurrente, el foro recurrido estaba llamado, como lo hizo, a verificar 

las alegaciones contenidas en la Apelación, sin que tal ejercicio estuviese

supeditado a que el DE hiciera algún señalamiento sobre ello. Entonces, 

efectuada dicha lectura de las alegaciones contenidas en la Apelación, nos 

resulta evidente que no fue incluida alegación alguna donde se adujera la 

existencia de una vacante disponible para el puesto cuya permanencia se 

procuraba. Al redactar su demanda, el demandante tiene el control de sus 

reclamaciones y, consiguientemente, escoge cómo entiende es la mejor 

forma de precisar sus causas de acción. León Torres v. Rivera Lebrón, 

supra, pág. 55.

La alegación requerida a la que aludió el foro administrativo no debió

tomar por sorpresa al recurrente, pues resulta de un precedente 
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establecido por el alto Foro en el 2019, Fajardo v. D.I.P., supra, es decir,

hace más de veinticinco años, que no ha perdido vigencia. En este sentido,

el recurrente sabía o debía saber que al instar la Apelación al amparo de

la Ley Núm. 312, no resultaba suficiente para obtener el puesto 

permanente al que aspiraba, solo alegar haberlo ocupado por dos años 

consecutivos con labor satisfactoria, pues también se requería como

elemento esencial alegar que existía una vacante disponible, pero no lo 

hizo.

Entonces, para suplementar una alegación que no incluyó en la 

Apelación presentada, el recurrente arguye que el memorando del DE 

intitulado Solicitud de información sobre el proceso de otorgación de 

permanencia, de 31 de mayo de 2016, suscrito por el entonces Secretario 

de Educación, proveía prueba sobre la necesidad del puesto cuya 

permanencia solicitó. No obstante, según adelantamos, le está vedado a la 

parte demandante, aquí recurrente, cualquier intento de corregir 

deficiencias en su demanda una vez se ha sometido una solicitud de 

sentencia sumaria en el caso. León Torres v. Rivera Lebrón, supra. Además, 

en cualquier caso, en ninguna parte del referido memorando se dejó 

constancia de que hubiese una plaza vacante que pudiera ser ocupada por 

el recurrente de manera permanente al momento en que fue presentada la 

Apelación.

En definitiva, los errores señalados por el recurrente no fueron 

cometidos, por lo que procede sostener la determinación administrativa 

recurrida.

IV. Parte dispositiva

 Por los fundamentos que anteceden, Confirmamos la Resolución 

Sumaria recurrida.
KLRA202400227 15

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones