Número Identificador

RES2024___________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL1

UNITED SURETY AND 

INDEMNITY COMPANY

Parte Recurrida

v.

VILLAS DE MONTELLANO 

ASSOCIATES, S.E. LTD.; 

LUIS TRIGO VELA; SU 

ESPOSA, FRANCES 

CÓRDOVA, Y LA 

SOCIEDAD LEGAL DE 

BIENES GANANCIALES 

COMPUESTA POR 

AMBOS; UBS FINANCIAL 

SERVICES 

INCORPORATED OF 

PUERTO RICO; 

INGENIERO MIGUEL L. 

NOGUERAS BARRANCO

Parte Peticionaria

KLCE202300732

CERTIORARI

Procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de San 

Juan

Caso Núm.:

K AC2009-1195

(Salón 604)

Sobre: Acción Civil

Panel integrado por su presidenta la jueza Cintrón Cintrón, la juez 

Barresi Ramos y el juez Pérez Ocasio.

Pérez Ocasio, Juez Ponente

RESOLUCION

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de marzo de 2024.

Comparece ante nos, Luis Trigo Vela (Trigo Vela o 

peticionario), su esposa Frances Córdova (Córdova o peticionaria) y 

la Sociedad Legal Gananciales compuesta por ambos (SLG), 

solicitando que revisemos una “Resolución” del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan, en adelante, TPI-San Juan, 

notificada el 21 de junio de 2021.

1 Véase Orden Administrativa OATA-2023-131 del 14 de julio de 2023, 

donde se designa al Juez Alberto Luis Pérez Ocasio en sustitución de la 

jueza Camille Rivera Pérez.
KLCE202300732 2

En la misma, el Foro Primario denegó una “Moción de 

Sentencia Sumaria” presentada el 28 de enero de 2020 por el 

peticionario.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos el recurso solicitado.

I.

Según el recurso que ahora nos ocupa, los eventos que han 

producido la controversia del caso de marras tienen su génesis en 

la exposición de hechos que a continuación resumimos:2

Trigo Vela se dedicaba al desarrollo de propiedades, 

bajo un programa de subsidios federales para el desarrollo 

de viviendas. Villas de Montellanos Associates S.E., en 

adelante VMA, también se dedicaba al desarrollo de vivienda 

social bajo el mismo programa.

VMA contrató a White Construction Inc., en adelante 

White, como contratista de uno de sus proyectos. Sin 

embargo, la relación entre ambos desembocó en una 

demanda presentada el 24 de mayo de 1994, por VMA, por 

incumplimiento de contrato. White reconvino con una 

demanda en cobro de dinero. Eventualmente, White obtuvo 

una orden de aseguramiento de sentencia y embargo sobre 

la propiedad de VMA, el día 7 de marzo de 1996.

Para levantar el embargo, VMA necesitaba una fianza

judicial, la cual le solicitó a San Juan Abstract Company, en 

adelante, SJAC. Esta compañía, que ofrece servicios de 

seguros por especialidad y títulos, se encargaba de manejar 

ciertos aspectos financieros del dinero provisto por los 

inversionistas del proyecto de VMA. 

Posteriormente, Caribbean Limited Partnership, en 

adelante CLP, compró el proyecto de VMA. CLP, a su vez, 

contrató a Vivienda Social, Inc., en adelante VS, como 

“Completed Project Developer”.

VS y VMA otorgaron un contrato de préstamo 

mediante el cual VS se obligó a proveer a SJAC un máximo 

de $885,750 del dinero que tenía en su cuenta de depósitos 

en garantía. De esta manera, se podía terminar el proyecto 

de VMA y garantizar la fianza a través el Certificado de 

2 Este insumo se recopiló de los hechos expuestos en la “Moción de 

Sentencia Sumaria” del peticionario, y de la “Resolución” de la cual se 

recurre. Apéndice del recurso, págs. 16-32; 105-164.
KLCE202300732 3

Depósito Núm. 1660000520. Por su parte, VS recibiría los 

frutos que generara el Certificado de Depósito.

A través de SJAC, VMA tramitó la fianza con United 

Surety and Indemnity Company, en adelante, USIC o 

recurrida, quien es una aseguradora financiera de Puerto 

Rico. USIC condicionó la fianza a que se proveyera una 

garantía de cien por ciento en efectivo, y se firmara un 

“General Agreement of Indemnity”, en adelante, GAI. VMA 

firmó el GAI y, por conducto de SJAC, le entregó a USIC la 

posesión física del Certificado de Depósito, y le cedió a este

los derechos sobre la cuenta del Certificado de Depósito en 

cuestión. USIC, además, aseguró su garantía con el 

documento “Assignment of Bank Account”, en adelante, 

ABA. El 22 de septiembre de 1997 USIC expidió la Fianza 

Para Levantar Embargo Núm. 9747694, en adelante, Fianza 

9747694, garantizando el pago de cualquier sentencia que 

recayera a favor de White hasta un límite de $800,000.00.

USIC no requirió ninguna otra cosa de VMA. USIC no 

solicitó que VS, ni los peticionarios firmaran un GAI. 

Además, tampoco indagó sobre la relación entre VMA y VS. 

Es decir, USIC desconocía que la corporación principal de la 

fianza era diferente a la corporación colateral.

Luego de un tiempo, los intereses en la cuenta del 

Certificado de Depósito dado a USIC en garantía comenzaron 

a bajar. Propulsada por VS, VMA se comunicó con USIC para 

sugerirle un cambio en la garantía dada a estos, por una más 

prometedora. Se propuso que se invirtiera el colateral de 

$800,000.00 que estaba en el Certificado de Depósito en una 

cuenta de valores en UBS Financial Services Incorporated of 

Puerto Rico, en adelante, UBS, que tendría acciones 

preferidas de First Bank. Además, la cuenta sería cedida a 

favor de USIC como garantía del cumplimiento de VMA con 

sus obligaciones si USIC tuviese que pagar alguna 

reclamación bajo la Fianza 9747694.

El 6 de octubre de 2003 USIC encargó al Sr. Trigo 

Vela, quien representaba a VMA, para que se abriera con 

UBS la cuenta de valores a favor de USIC por la cantidad de 

$800,000.00. A esos efectos, UBS creó la cuenta JX-Q3437-

5S, con un balance de $800,000.00 en acciones preferidas 

de First Bank, a nombre de “Vivienda Social, Inc., Collateral 

Account for United Surety”, en adelante, Cuenta 

Colateral. Finalmente, en el 2004 recayó sentencia en el 

caso de VMA y White.
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Así las cosas, el 9 de junio de 2004 el TPI-San Juan 

desestimó la demanda de VMA y declaró con lugar la 

reconvención de White. 

En consecución, el 28 de febrero de 2005 VS solicitó 

la autorización de USIC para retirar de la Cuenta Colateral 

cualquier cantidad en exceso de los $800,000.00, la cual fue 

concedida por USIC. Con dicha autorización UBS le permitió 

a Vivienda Social el retiro del exceso de $800,000.00. 

Posteriormente, el 26 de junio de 2007, USIC y SJAC

fueron notificados del mandamiento de ejecución de 

sentencia en el caso de VMA y White. Sin embargo, en vista 

de que no se había producido el pago garantizado con la 

fianza, en noviembre de 2008, el TPI-San Juan ordenó a 

USIC radicar copia del expediente de la fianza al Foro 

Primario. No obstante, el recibo de la entrega del Certificado 

de Depósito y el documento ABA no fue entregado con el 

expediente, pues USIC no disponía de él. Por esto, USIC se 

comunica con UBS, quienes le informan que la Cuenta 

Colateral es de VS, por lo que no le pueden entregar las 

acciones de esta. UBS le explica a USIC que estos no tienen 

un gravamen inmobiliario sobre la Cuenta Colateral.

Ante este cuadro fáctico, USIC le solicitó a SJAC que 

hablara con VMA en el 2009, para que estos informaran 

como pagarían la fianza. En este tiempo, comenzaron las 

conversaciones transaccionales con Trigo Vela, como 

representante de VMA. Durante estos esfuerzos, USIC le 

solicita a Trigo Vela y a Córdova que firmaran un GMI. Estos 

últimos se negaron. 

El 29 de septiembre de 2009, USIC presentó la demanda en 

este caso contra VMA, el Sr. Trigo Vela, Vivienda Social, UBS y 

otros.

3 En su petitorio, USIC le solicitó al Foro Primario que,

mediante órdenes a las partes peticionarias, facilitaran el acceso, 

disposición y retiro de las acciones en la Cuenta Colateral de VS, 

que tiene UBS.

El 18 de agosto de 2010, se radicó una “Demanda 

Enmendada” por primera vez.4 Luego, el 19 de marzo de 2013, se 

3 Apéndice del recurso, pág. 1283. 

4 Id. pág. 1300.
KLCE202300732 5

radicó una “Segunda Demanda Enmendada”.

5 En las mismas, USIC 

alega haber sido inducido a error al permitir la sustitución del 

Certificado de Depósito por la cuenta de acciones en UBS.

En cuanto a Trigo Vela, USIC alega que el peticionario le hizo 

creer falsamente que podría disponer de las acciones de la Cuenta 

Colateral de ser necesario. Por ello, USIC solicitó que se declarara 

nulo el contrato que creó la cuenta de UBS. También, solicitó del 

Foro Recurrido que sostuviera el acuerdo verbal con Trigo Vela, y 

ordenara la restitución – con intereses – de los $800,000.00 

depositados en la Cuenta Colateral.

Durante los próximos siete (7) años, las partes continuaron 

litigando la controversia y realizando descubrimiento de prueba.

Ahora bien, el 28 de enero de 2020, los peticionarios 

solicitaron que se dictara sentencia sumariamente, aduciendo, en 

esencia, que USIC fue temerario en su manejo del Certificado, por lo 

que sus pérdidas son producto de su negligencia.6 Además, 

arguyeron que USIC no perfeccionó una garantía mobiliaria, por lo 

que no puede reclamar esta. También, planteó que la reclamación 

de daños en su contra, por la recurrida, está prescrita. Finalmente,

plantea que el peticionario no puede ser sujeto a responsabilidad en 

el caso de epígrafe, basado en una conversación transaccional, pues 

sería contrario a lo establecido en la Regla 408 de Evidencia, 32 

LPRA Ap. VI, R. 408.

En su moción, los peticionarios expusieron ciento cincuenta 

y cuatro (154) determinaciones de hechos que sustentaron con los 

siguientes documentos:

1. “Disbursement Instructions” de CLP del 5 de marzo de 1997.

2. “Loan Agreement” entre Miguel Nogueras y Luis C. Trigo, del 6 

de febrero de 1997.

3. El ABA, del 13 de agosto de 1997.

5 Id. pág. 1326.

6 Apéndice del recurso, pág. 105.
KLCE202300732 6

4. El GAI del 2 de septiembre de 1997.

5. La “Fianza para Levantar Embargo” del 22 de septiembre de 

1997.

6. Cheques de VS a SJAC, del 1997 y 1998.

7. “Orden sobre Aseguramiento de Sentencia”, del 7 de marzo de 

1996.

8. Comunicaciones por escrito, fax y correo electrónico entre las 

partes, desde 2003 al 2011.

9. “Claims Listing – Villa-8” de VMA, del 2 de julio de 2007.

10. Oferta de UBS a USIC para el cambio de acciones a First Bank

del 17 de abril de 2009.

11. Estados de cuenta de VS del Banco R&G de los años 1998, 

2001, 2002 y 2003.

12. Facturas de USIC a VMA de los años 1999-2003 y 2007-2008.

13. Estado de cuenta de UBS en abril del año 2005 y octubre del 

año 2007. 

14. Las transcripciones de las deposiciones realizadas a:

a. Duhamel Iglesias Cacho – Vicepresidente de USIC (16 de 

mayo de 2011).

b. Miguel Nogueras Barranco – Presidente de VS (16 de 

mayo de 2011).

c. Luis Trigo Vela – Presidente de Indeco Housing Corp. (17 

de mayo de 2011).

d. Pablo Dardet Hevia – Presidente de SJAC (18 de mayo de 

2011).

e. Nelson Rodríguez Fernández – Consultor financiero de 

UBS (19 de mayo de 2011).

f. Frederick Millán Benítez – Presidente de USIC (20 de 

mayo de 2011).

g. Carlos Irizarry Lozada – Tesorero y miembro de la Junta 

de Directores de USIC (8 de junio de 2011).

h. Raúl Escudero Villetas – Corredor de Valores de UBS (27 

de septiembre de 2011).7

El 14 de julio de 2020, USIC presentó su oposición a la 

sentencia sumaria.8 Arguyó que, con relación a las alegaciones de 

admisibilidad sobre conversaciones transaccionales, los 

peticionarios levantan defensas afirmativas que no presentaron 

7 Actualmente trabaja para el Banco Santander, pero al momento de los 

hechos, fungía según descrito.

8 Apéndice del recurso, pág. 54. Hacemos constar que del expediente que 

obra en autos, no surgen los documentos con los que la aquí recurrida 

sustentó su oposición.
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oportunamente. También, argumentó que la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales compuesta por los peticionarios se benefició de 

la garantía en cuestión, por lo que Trigo Vela responde. Finalmente

plantea que, por el contrario, la parte peticionaria es la que ha 

incurrido en conducta temeraria, al inducirlos a error con respecto 

al CD y las relaciones entre VMA y VS.

El 11 de septiembre de 2020, los codemandados presentaron 

una “Moción Solicitando Desglose de la Oposición a Moción de

Sentencia de USIC por Craso Incumplimiento con la Regla 36 y no 

Discutir el Derecho Aplicable y Mala Fe”.

9 Allí, argumentaron que las 

disposiciones de los Capítulos 8 y 9 de la Ley Núm. 208 de 17 de 

agosto de 1995, mejor conocida como la Ley de Transacciones 

Comerciales, 19 LPRA sec. 401 et al, no son de las defensas 

afirmativas enumeradas en la Regla 6.5 de Procedimiento Civil, 

supra, 32 LPRA Ap. V, R. 6.5.

Posteriormente, el 16 de junio de 2021, el Foro Primario emitió 

una “Resolución” declarando “No Ha Lugar” a la sentencia sumaria 

solicitada por el aquí peticionario.10 En la misma, el TPI-San Juan 

hizo las siguientes determinaciones de hechos:

1. El 6 de febrero de 1997, Vivienda Social suscribió un 

acuerdo de préstamo con VMA y acordó prestarle hasta 

un máximo de $885,750.00 para garantizar la

terminación del proyecto y para que el mismo se pudiera 

vender libre de gravámenes.

2. El “Loan Agreement” fue suscrito por el Sr. Miguel 

Nogueras Barranco y el Sr. Luis Trigo Vela como 

representantes de Vivienda Social, Inc. y Villas de 

Montellano Associates, S.E. Ltd, respectivamente.

3. Vivienda Social, Inc. accedió a que $800,00.00 fueran 

utilizados para garantizar la fianza judicial expedida a 

favor de VMA para levantar un embargo sobre la

propiedad en la que se ubica el mencionado proyecto.

9 Apéndice del recurso, pág. 33.

10 Id. pág. 16.
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4. El 2 de septiembre de 1997, la demandante United Surety 

and Indemnity Company y la codemandada Villas de 

Montellano Associates otorgaron un contrato titulado 

General Agreement of Indemnity.

5. El 31 de julio de 1997, RG Premier Bank expidió el 

Certificado de Depósito núm. 1660000520 por la 

cantidad de $800,000.00. Este se expidió a nombre de 

San Juan Abstract-Vivienda Social, Inc.

6. El 13 de agosto de 1997, el Sr. Pablo Dardet Hervia 

suscribió el Assignment of Bank Account con USIC y le 

cedió el Certificado de Depósito núm. 1660000520.

7. El 22 de septiembre de 1997, USIC expidió una fianza 

judicial a favor de Villas de Montellano Associates (VMA) 

en el caso civil núm. K AC1994-1608. La fianza fue para 

levantar un embargo y garantizar hasta el límite de 

$800,000.00 el pago de cualquier sentencia que recayera 

a favor de White Construction, SE quien había

interpuesto Reconvención contra VMA.

8. La colateral de $800,000.00 fue el Certificado de Depósito 

(CD) propiedad de Vivienda Social, Inc. a favor de United 

Surety, el que fue sustituido por las acciones preferidas 

de FirstBank a través de la cuenta en UBS.

9. En el año 2003, el CD núm. 1660000520 fue depositado 

en una cuenta de valores administrada por la 

codemandada UBS Financial Services Incorporated of 

Puerto Rico, según acordado con el codemandado señor 

Trigo Vela.

10.En enero de 2009, la parte demandante intentó retirar el 

CD de la cuenta de valores para recuperar la suma de 

$800,000.00 que había prestado como indemnización en

una acción civil.

Además, el TPI-San Juan expuso que existía controversia en 

los siguientes hechos:

1. Cuál es la relación del Sr. Luis Trigo Vela con VMA;

2. Cuál es la relación del Sr. Luis Trigo Vela con Vivienda

Social;

3. Cómo fue que Trigo Vela impidió que se vendieran las 

acciones de la cuenta de UBS y si tenía la facultad de 

autorizar la venta de las acciones;

4. Cuáles eran las funciones, responsabilidades y facultades 

del Sr. Carlos Irizarry en USIC; 

5. Si hubo comunicación alguna entre Trigo Vela y Carlos 

Irizarry de USIC referente al alegado cambio del colateral, 
KLCE202300732 9

antes de que se utilizara el Certificado de Depósito para 

la compra de las acciones preferidas;

6. Si hubo acuerdo verbal entre USIC, Vivienda Social, VMA 

y/o Luis Trigo Vela para el cambio del Certificado de 

Depósito por acciones que posteriormente se depositaron 

en la cuenta de UBS;

7. De existir el acuerdo anterior, cuáles fueron los términos 

de dicho pacto y si USIC solicitó que se incluyera algún 

tipo de restricción a su favor en la cuenta de valores que 

se creó en UBS; qué restricción, si alguna, tenía la cuenta 

JX-Q3437-5S en UBS;

8. Si hubo acuerdo entre USIC, Vivienda Social, VMA y/o 

Luis Trigo Vela con relación al pago de intereses o 

dividendos que resultaban del Certificado de Depósito o 

de la cuenta en UBS;

9. En qué fecha se abrió la cuenta núm. JX-Q3437-5S en 

UBS denominada Vivienda Social, Inc. Collateral Account 

for United Surety.

Inconforme, Trigo Vela presentó una “Moción Reconsideración”

el 6 de julio de 2021.11 El 28 de julio de 2021, USIC presentó 

oportunamente su oposición a la solicitud de reconsideración.12

Finalmente, el 31 de mayo de 2023, el foro recurrido notificó que 

denegaba la reconsideración solicitada.13

Ante este cuadro fáctico, el peticionario recurrió ante esta 

Curia el 30 de junio de 2023, mediante un recurso de certiorari. 

Luego de una prórroga concedida, mediante “Resolución” del 18 de 

agosto de 2023, la parte recurrida presentó su “Memorando en 

Oposición a que se Expida el Auto de Certiorari”, el 5 de septiembre 

de 2023.

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver.

11 Apéndice del recurso, pág. 14.

12 Id. pág. 2.

13 Id. pág. 1.
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II.

A. Certiorari

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente una 

decisión de un tribunal inferior. Rivera et al. v. Arcos Dorados et al., 

2023 TSPR 65, 212 DPR ___ (2023); Torres González v. Zaragoza 

Meléndez, 211 DPR 821, 846-847 (2023); Caribbean Orthopedics v. 

Medshape et al., 207 DPR 994, 1004, (2021); 800 Ponce de León v. 

AIG, 205 DPR 163, 174-175 (2020). Ahora bien, tal discreción no 

opera en lo abstracto. Con respecto a lo anterior y para revisar los 

dictámenes interlocutorios del Tribunal de Primera Instancia, la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, dispone, 

en su parte pertinente, lo siguiente: 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este 

apéndice o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar 

órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos 

o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan interés 

público o en cualquier otra situación en la cual esperar 

a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. Al denegar la expedición de un recurso de 

certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no 

tiene que fundamentar su decisión.

[. . .]

Según se desprende de la citada Regla, este Foro Apelativo 

intermedio podrá revisar órdenes interlocutorias discrecionalmente, 

cuando se recurre de decisiones sobre la admisibilidad de testigos 

de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de 

familia o que revistan interés público, o en aquellas circunstancias 

en las que revisar el dictamen evitaría un irremediable fracaso de la 
KLCE202300732 11

justicia, entre otras contadas excepciones. Rivera et al. v. Arcos 

Dorados et al., supra; Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 

703, 710-711 (2019).

Luego de auscultar si el recurso discrecional cumple con las 

disposiciones de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, el 

tribunal procederá a evaluar el recurso a la luz de la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

La mencionada regla expone los criterios que esta Curia deberá 

considerar para ejercer sabia y prudentemente su decisión de 

atender o no las controversias ante sí. Rivera et al. v. Arcos Dorados 

et al., supra; Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352, 372 (2020);

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 96-97 (2008).

Así, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra, funge como complemento a la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, supra. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. pág. 848 

La precitada Regla dispone lo siguiente:

El [T]ribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa de los procedimientos en que se 

presenta el caso es la más propicia para su 

consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 
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4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

Sin embargo, ninguno de los mencionados criterios es 

determinante, por sí solo, para este ejercicio y no constituye una 

lista exhaustiva. García v. Padró, 165 DPR 324, 335 (2005). Por lo 

que, de los factores esbozados “se deduce que el foro apelativo 

intermedio evaluara tanto la corrección de la decisión recurrida, así 

como la etapa del procedimiento en que es presentada; esto, para 

determinar si es la más apropiada para intervenir y no ocasionar un 

fraccionamiento indebido o una dilación injustificada del litigio”. 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. (Énfasis 

omitido).

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado también que, de 

ordinario, el tribunal revisor “no intervendrá con el ejercicio de la 

discreción de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre 

que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con 

prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y 

que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio 

sustancial”. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000); 

Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); 

citando a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).

B. Sentencia Sumaria 

El mecanismo de sentencia sumaria provisto en la Regla 36 

de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 36, es un vehículo 

para asegurar la solución justa, rápida y económica de un caso.

Birriel Colón v. Econo y otros, 2023 TSPR 120, 213 DPR ___ (2023);

Serrano Picón v. Multinational Life Ins., 2023 TSPR 118, 212 DPR ___ 

(2023); Oriental Bank v. Caballero García, 2023 TSPR 103, 212 DPR 

___ (2023); González Meléndez v. Mun. San Juan et al., 2023 TSPR 

95, 212 DPR ___ (2023); Acevedo y otros v. Depto. Hacienda y otros, 
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2023 TSPR 80, 212 DPR ___ (2023); Universal Ins. y otros v. ELA y 

otros, 211 DPR 455, 471 (2023); Segarra Rivera v. Int’l. Shipping et 

al., 208 DPR 964, 979 (2022). Dicho mecanismo permite a los 

tribunales disponer, parcial o totalmente, de litigios civiles en 

aquellas situaciones en las cuales no exista controversia material de 

hecho que requiera ventilarse en un juicio plenario, y el derecho así 

lo permita. Oriental Bank v. Caballero García, supra. Este 

mecanismo lo puede utilizar la parte reclamante o aquella parte que 

se defiende de una reclamación. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1 y 36.2.

Mediante el mecanismo de sentencia sumaria, se procura 

profundizar en las alegaciones para verificar si, en efecto, los hechos 

ameritan dilucidarse en un juicio. León Torres v. Rivera Lebrón, 204 

DPR 20, 42 (2020). Este cauce sumario resulta beneficioso tanto 

para el tribunal, como para las partes en un pleito, pues se agiliza 

el proceso judicial, mientras simultáneamente se provee a los 

litigantes un mecanismo procesal encaminado a alcanzar un 

remedio justo, rápido y económico. Ramos Pérez v. Univisión, 178 

DPR 200, 214 (2010). Como se sabe, en aras de prevalecer en una 

reclamación, la parte promovente debe presentar prueba 

incontrovertible sobre todos los elementos indispensables de su 

causa de acción. Id.

Nuestro ordenamiento civil y su jurisprudencia interpretativa 

impone unos requisitos de forma con los cuales hay que cumplir al 

momento de presentar una solicitud de sentencia sumaria, a saber: 

(1) una exposición breve de las alegaciones de las partes; (2) los 

asuntos litigiosos o en controversia; (3) la causa de acción sobre la 

cual se solicita la sentencia sumaria; (4) una relación concisa, 

organizada y en párrafos enumerados de todos los hechos esenciales 

y pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial, con 

indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas 

u otra prueba admisible en evidencia donde se establecen estos 
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hechos, así como de cualquier otro documento admisible en 

evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal; (5) las 

razones por las cuales se debe dictar la sentencia, argumentando el 

derecho aplicable, y (6) el remedio que debe ser concedido. Regla 

36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3; Oriental Bank 

v. Caballero García, supra; Pérez Vargas v. Office Depot, 203 DPR 

687, 698 (2019). 

Por otro lado, “la parte que desafía una solicitud de sentencia 

sumaria no puede descansar en las aseveraciones o negaciones 

consignadas en su alegación”. León Torres v. Rivera Lebrón, supra, 

pág. 43. Por el contrario, quien se opone a que se declare con lugar 

esta solicitud viene obligado a enfrentar la moción de su adversario 

de forma tan detallada y específica como lo ha hecho la parte 

promovente puesto que, si incumple, corre el riesgo de que se dicte 

sentencia sumaria en su contra, si la misma procede en derecho. Id.

Al atender la solicitud, el Tribunal deberá asumir como ciertos 

los hechos no controvertidos que se encuentren sustentados por los 

documentos presentados por la parte promovente. E.L.A. v. Cole, 

164 DPR 608, 626 (2005). Toda inferencia razonable que pueda 

surgir de los hechos y de los documentos se debe interpretar en 

contra de quien solicita la sentencia sumaria, pues solo procede si 

bajo ningún supuesto de hechos prevalece la parte promovida. 

E.L.A. v. Cole, supra, pág. 625. Además, al evaluar los méritos de 

una solicitud de sentencia sumaria, “el juzgador debe actuar 

guiado por la prudencia y ser consciente, en todo momento, 

que su determinación puede conllevar el que se prive a una de 

las partes de su ‘día en corte’, componente integral del debido 

proceso de ley”. León Torres v. Rivera Lebrón, supra, pág. 44.

Sin embargo, la sentencia sumaria generalmente no 

procederá cuando existan controversias sobre hechos esenciales 

materiales, o si la controversia del caso está basada en elementos 
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subjetivos como intención, propósitos mentales, negligencia o 

credibilidad. Acevedo y otros v. Departamento de Hacienda y otros, 

supra; Segarra Rivera v. Int’l. Shipping et al., supra, pág. 980.

Además, existen casos que no se deben resolver mediante 

sentencia sumaria porque resulta difícil reunir la verdad de los 

hechos mediante declaraciones juradas o deposiciones. Jusino 

et als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 579 (2001). 

Esta curia reconoce que el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha dispuesto que la complejidad de un caso, por sí sola, no impide 

que se dicte sentencia sumariamente. Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100, 120 (2015); Segarra Rivera v. Int’l. Shipping 

et al., supra, pág. 981. Sin embargo, no es menos cierto que desde 

el año 1986, nuestro Alto Foro ha expresado que resolver 

sumariamente controversias que son muy complejas, puede resultar 

contrario a la adjudicación óptima de un caso. Vera v. Dr. Bravo,

161 DPR 308, 334 (2004); PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 

DPR 881, 914 (1994); Cuadrado Lugo v. Santiago Rodriguez, 126

DPR 272, 280 (1990); Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell,

117 DPR 714, 723 (1986). De manera específica, ha dicho que “no 

es aconsejable resolver sumariamente casos complejos [...]”. PFZ 

Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra, pág. 914. También lo ha 

descrito como contrario al “sano ejercicio de esta discreción”. Corp. 

Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, supra, pág. 723.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha discutido los criterios 

que este Tribunal de Apelaciones debe considerar al momento de 

revisar una sentencia dictada sumariamente por el foro de instancia.

Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 679-680 (2018); 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, págs. 118-119. Sobre 

ese particular, nuestro más Alto Foro señaló que: 

[E]l Tribunal de Apelaciones debe: (1) examinar de novo el 

expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 de 
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Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le exigen al 

foro primario; (2) revisar que tanto la Moción de Sentencia 

Sumaria como su oposición cumplan con los requisitos de 

forma codificados en la referida Regla 36; (3) revisar si en 

realidad existen hechos materiales en controversia y, de 

haberlos, cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de exponer 

concretamente cuáles hechos materiales encontró que están 

en controversia y cuáles están incontrovertidos, y (4) de 

encontrar que los hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, debe proceder a revisar de novo si el 

Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el 

Derecho a la controversia. 

Roldán Flores v. M. Cuebas et al., supra, pág. 679.

Conforme a lo anterior, “nos encontramos en la misma 

posición que el Tribunal de Primera Instancia para evaluar la 

procedencia de una sentencia sumaria”. González Santiago v. Baxter 

Healthcare, 202 DPR 281, 291 (2019). Por ello, nuestra revisión es 

una de novo, y nuestro análisis debe regirse por las disposiciones de 

la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y su jurisprudencia 

interpretativa. Id.

III.

Los peticionarios nos solicitan que revisemos la negativa del 

TPI-San Juan de declarar con lugar su solicitud de sentencia 

sumaria. Conforme la norma estatutaria y jurisprudencial antes 

expuesta, hemos evaluado este recurso de novo. Nos resulta forzoso

concluir que nuestra intervención, en esta etapa de los 

procedimientos, no resulta oportuna. Toda vez que el dictamen

recurrido es sustancialmente correcto y los fundamentos de su 

determinación fueron basados en toda la prueba que tuvo ante sí.

 De un análisis de la totalidad de la prueba, coincidimos con el 

foro de instancia en cuanto a que aún existen controversias que 

impiden disponer de este caso por vía sumaria. Justipreciamos que,

de la conglomeración de los hechos, el expediente y los documentos 

que obran en autos, resulta claro que el caso es uno, a lo sumo, 
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complejo. También, hay controversias que versan sobre elementos 

subjetivos, como la temeridad y la negligencia. Además, una porción 

significativa de la prueba presentada por el peticionario en su 

moción para que se dicte sentencia sumaria, descansa en ocho (8) 

deposiciones. Nuestra jurisprudencia ha reconocido estas tres (3) 

apreciaciones como elementos que justifican no resolver una 

controversia de forma sumaria. 

 Además, en virtud de que la parte peticionaria no demostró 

que el presente recurso se encuentra entre las instancias 

contempladas en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, la cual nos permite entender sobre el mismo, nos 

abstenemos de intervenir en el caso de epígrafe. Asimismo, es 

forzoso colegir que el foro impugnado no erró ni abusó de su 

discreción al declarar no ha lugar la solicitud de sentencia sumaria.

IV.

Por los fundamentos que anteceden, denegamos expedir el 

auto solicitado. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

La Jueza Cintrón Cintrón concurre sin opinión escrita.

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS

Secretaria del Tribunal de Apelaciones