Número Identificador

SEN2023 _____________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL V

COMISIONADO DE 

SEGUROS DE PUERTO 

RICO

Apelante

V.

INTEGRAND 

ASSURANCE COMPANY 

Y OTROS

Apelado

KLAN202300675

APELACIÓN

procedente del

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de San 

Juan

Civil. Núm.

SJ2019CV005526

Sobre:

LIQUIDACIÓN DE 

COMPAÑÍA DE 

SEGUROS

Panel Integrando por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la

Jueza Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard.

Hernández Sánchez, Juez Ponente 

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de septiembre de 2023.

El 4 de agosto de 2023, el Comisionado de Seguros en su 

carácter de Liquidador de Integrand Assurance Company (el 

Comisionado o apelante) compareció ante nos mediante recurso de 

Apelación y solicitó la revisión de una Sentencia Parcial que se dictó 

y notificó el 7 de julio de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de San Juan (TPI de San Juan). Mediante el aludido 

dictamen, el TPI declaró Ha Lugar la Comparecencia Especial y 

Solicitud de Retiro de Fondos Consignados por Integrand [...] que 

presentó el Sr. Erdy Quiñones Rivera (señor Quiñones o apelado). 

Consecuentemente, le ordenó a la Unidad de Cuentas del Tribunal 

a remitirle el dinero e intereses consignados por Integrand 

Assurance Company (Integrand) en el presente caso y provenientes 

del pleito Civil Núm. FCCI2008-00611 a favor del apelado. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos el dictamen recurrido. 
KLAN202300675 2

I.

A continuación, resumimos los hechos pertinentes para la 

disposición del recurso, los cuales surgen del expediente ante 

nuestra consideración y del Sistema Unificado de Manejo y 

Administración de Casos (SUMAC).

El 11 de diciembre de 2008, el señor Quiñones y la Sra. Luz 

Figueroa Ortiz (señora Figueroa o en conjunto, los demandantes)

presentaron una Demanda sobre daños y perjuicios en contra del 

Sr. Jorge E. Mercado (señor Mercado) y su aseguradora, Integrand.1

Así la cosas, se celebró un juicio en su fondo y posteriormente, el 17 

de agosto de 2010, el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior

de Carolina (TPI de Carolina) dictó Sentencia2 en el caso Civil Núm. 

FCCI2008-00611 mediante la cual condenó al señor Mercado y a 

Integrand a indemnizarle la suma de $146,448.78 a los 

demandantes en concepto de daños y perjuicios sufridos más los 

intereses legales al 4.25% anual desde la presentación de la 

Demanda y $2,000.00 por concepto de honorarios de abogado. Por 

consiguiente, el 1 de octubre de 2010, Integrand presentó un 

escrito intitulado Moción Consignando Pago de Sentencia mediante 

el cual consignó en el TPI de Carolina la suma inicial de $150,208.37 

a favor de los demandantes.3

Inconforme con la cantidad consignada, el señor Quiñones 

acudió al foro intermedio impugnando dicha suma de dinero y 

mediante una Sentencia en Reconsideración4 (KLAN201001686) el 

Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia que dictó el TPI en 

cuanto a las partidas concedidas y le ordenó a revalorizar la 

cantidad concedida por daños. En cumplimiento con este mandato, 

1 Véase págs. 44-46 del apéndice de la oposición del recurso. 

2 Íd., págs. 51-64. 

3 Íd., págs. 66-68. Cabe precisar que, de la cantidad antes mencionada, 

$25,000.00 le correspondían a la señora Figueroa. Dicha suma se le entregó a la 

co-demandante por el TPI mediante un cheque y, por ende, luego de eso ya no 

formaba parte del caso. 

4 Íd., págs. 71-95. 
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el TPI emitió una Sentencia Enmendada y condenó al señor Mercado 

y a Integrand a pagarle al señor Quiñones solidariamente la suma 

de $638,659.47.5 Posteriormente, el 11 de septiembre de 2014, 

dicha cantidad se modificó por virtud de una Sentencia

(KLAN201300915) que emitió el Tribunal de Apelaciones en la cual 

ordenó eliminar las partidas de honorarios de abogado e 

incapacidad.6 El 7 de enero de 2015, Integrand consignó una suma 

adicional de $434,185.02 en el TPI de Carolina.7

Así las cosas, el 13 de marzo de 2017, el TPI de Carolina 

emitió una Resolución en la cual determinó que la consignación en 

pago de sentencia que efectuó Integrand estuvo correcta y que se 

incluyeron todas las partidas correspondientes a tenor con la 

Sentencia que dictó el Tribunal de Apelaciones el 11 de septiembre 

de 2014. Insatisfecho con el dinero consignado, el señor Quiñones 

impugnó esta Resolución ante el foro intermedio que confirmó el 

dictamen recurrido mediante una Sentencia (KLCE201700866) con 

fecha del 13 de diciembre de 2018.8 La extensa litigación apelativa 

culminó el 17 de mayo de 2019 mediante una denegatoria por 

parte del Tribunal Supremo de expedir un recurso de certiorari que 

presentó el señor Quiñones ante dicho foro cuestionando aun la 

consignación realizada por Integrand.

9

Paralelamente, en el caso Civil Núm. SJ2019CV05526, el 30 

de mayo de 2019, la parte apelante presentó una Petición de Orden 

para Rehabilitar Asegurador en contra de Integrand. Luego de varios 

trámites procesales que no son pertinentes discutir, el 12 de 

septiembre 2019, el Comisionado solicitó que se convirtiera el 

procedimiento de rehabilitación en uno de liquidación.

10 Así pues, 

5 Íd. págs. 97-124. 

6 Íd., págs. 126-150. 

7 Íd., pág. 127.

8 Íd., págs. 161-170. 

9 Íd., pág. 171. 

10 Véase, SUMAC, Entrada Núm. 184. 
KLAN202300675 4

el 23 de septiembre de 2019, el TPI de San Juan emitió una Orden 

de Liquidación que fue notificada el 25 de septiembre de 2019 en la 

cual estableció un procedimiento para la liquidación de los activos 

de Integrand conforme lo dispone el Art. 40 del Código de Seguros, 

infra.

11

Mientras continuaban los trámites en el caso Civil Núm. 

SJ2019CV05526, el señor Quiñones Rivera presentó varias 

solicitudes para poder retirar el dinero consignado a su favor ante 

el TPI de Carolina. Integrand se opuso a dichas solicitudes 

argumentando, en síntesis, que el dinero consignado era parte de 

los activos que eran objeto de liquidación en el caso Civil Núm. 

SJ2019CV05526 y, por ende, el TPI de Carolina carecía de 

jurisdicción para atender cualquier asunto relacionado a las 

cantidades consignadas. Sin embargo, luego de evaluar los 

argumentos de ambas partes, el 23 de septiembre de 2020, el TPI de 

Carolina emitió una Orden que se notificó el 29 de septiembre de 

2020 en la cual le ordenó a la Unidad de Cuentas del Tribunal a 

remitirle al señor Quiñones el dinero consignado.12

Mediante una comparecencia especial, el Comisionado 

presentó una solicitud de reconsideración que fue denegada y, por 

ende, Integrand acudió ante el Tribunal de Apelaciones 

(KLCE202001018) el cual expidió el recurso de certiorari y revocó la 

Orden recurrida.13 Fundamentó su determinación en que era el TPI 

de San Juan en el caso Civil Núm. SJ2019CV05526 quien ostentaba 

la jurisdicción exclusiva para atender todo asunto relacionado con 

Integrand ya que al iniciarse el procedimiento de liquidación, el TPI 

de Carolina y el Tribunal de Apelaciones se quedó sin jurisdicción 

11 Véase, SUMAC, Entrada Núm. 196. 

12 Véase pág. 217 del apéndice de la oposición al recurso. 

13 Véase págs. 57-66 del apéndice del recurso. 
KLAN202300675 5

para evaluar los argumentos sustantivos sobre quien era el dueño 

de los fondos depositados en el Tribunal. 

Así las cosas y tras varios trámites procesales, el 10 de agosto 

de 2021, la Unidad de Cuentas del Tribunal de Carolina transfirió 

los fondos consignados al TPI de San Juan. Ante ello, el 15 de 

octubre de 2021, mediante una comparecencia especial, el señor 

Quiñones presentó una solicitud de retiro de fondos ante el referido 

foro.

14 En primer lugar, argumentó que desde que Integrand 

consignó en el TPI de Carolina la cantidad de $150,208.37 el 1 de 

octubre de 2010 y la suma de $638,659.47 el 7 de enero de 2015 

para satisfacer su deuda, se había liberado de esta. Añadió que, el 

13 de marzo de 2017, el TPI de Carolina declaró como correctas las 

cantidades consignadas por Integrand. 

Particularmente sostuvo que el caso Civil Núm. FCCI2008-

00611 había culminado con el mandato que emitió el Tribunal 

Supremo el 22 de mayo de 2019 denegando su recurso de certiorari 

impugnando la Sentencia del 13 de marzo de 2017. Por lo tanto, 

señaló que el 25 de septiembre de 2019, fecha en que el TPI de San 

Juan expidió la Orden que Liquidación, ya el otro caso había 

culminado por lo que los fondos consignados dejaron de ser parte 

del patrimonio de Integrand hacia años y, en consecuencia, no 

formaban parte del proceso de liquidación. Por estos motivos, le 

solicitó al TPI a que le entregara la totalidad del dinero consignado. 

En respuesta, el 19 de noviembre de 2019, el Comisionado 

presentó una Oposición a Moción Solicitando Retiro de Fondos.

15 En 

esencia argumentó lo siguiente: (1) que el dinero que reclama el 

señor Quiñones es un activo del caudal de la liquidación de 

Integrand ; (2) que los fondos reclamados constituyen una 

transferencia de fondos que equivale a una preferencia anulable al 

14 Íd., págs. 1-13. 

15 Íd., págs. 14-30. 
KLAN202300675 6

amparo del Art. 40.250 del Código de Seguros, infra; (3) que la 

solicitud del señor Quiñones podría constituir una ejecución de 

sentencia prohibida por el Art. 40.520 del Código de Seguros, infra; 

y, por último, (4) que el TPI de San Juan carece de jurisdicción para 

atender el reclamo del pago toda vez que dicha reclamación es una 

de cobro mediante una solicitud de intervención que no se permite 

por el Código de Seguros, infra. Posteriormente, el señor Quiñones 

presentó una Dúplica a la Oposición y el Comisionado presentó una 

Réplica a la Dúplica. 

Luego de un análisis ponderado de los argumentos de ambas 

partes y el derecho aplicable, el 5 de julio de 2023, el TPI emitió una 

Sentencia Parcial que fue notificada el 7 de julio de 2023. En esta, 

declaró Ha Lugar la solicitud de retiro de fondos que presentó el 

señor Quiñones pues resolvió que el dinero consignado ya no 

formaba parte del caudal de Integrand al momento de la Petición de 

Rehabilitación y tampoco constituía un pago preferente conforme a

los términos del Código de Seguros. 

En síntesis, explicó que la Resolución del 13 de marzo de 

201716, mediante la cual el TPI de Carolina declaró como correctas 

las cantidades consignadas por Integrand, tuvo el efecto de extinguir 

la obligación de pago de sentencia por Integrand. Puntualizó que 

dicha extinción a su vez se retrotrajo al 7 de enero de 2015, fecha 

en que se consignó el restante del dinero debido de la sentencia. 

Para apoyar dicha conclusión, discutió el caso de TOLIC v. Rodríguez 

Febles, 170 DPR 804, 820 (2007), en el cual el Tribunal Supremo 

estableció que en los casos en los que se declaraba correcta la 

consignación, los efectos del pago se retrotraían al momento del 

16 Cabe precisar que, el TPI señaló que a pesar de que esta Resolución fue objeto 

de un cause apelativo extenso, los tribunales de mayor jerarquía confirmaron 

dicho dictamen. Por lo tanto, expresó que a pesar de que dicho cauce apelativo 

finalizó con un mandato del Tribunal Supremo con fecha del 22 de mayo de 2019, 

confirmando que en efecto la consignación realizada por Integrand fue correcta, 

los efectos de la consignación se retrotraen al momento del depósito de la cosa 

por el deudor. 
KLAN202300675 7

depósito de la cosa. Por lo tanto, concluyó que el 7 de enero de 2015, 

marcó el punto de transferencia patrimonial mediante el cual 

Integrand se desprendió de los fondos consignados para que estos 

fuesen puestos a la disposición del señor Quiñones. 

Por otra parte, tomando en consideración lo antes expuesto, 

resolvió además que, el dinero consignado ya no se podía considerar 

una transferencia preferente pues al momento de haberse 

consumado y aceptado el pago por Integrand, ya había transcurrido 

el plazo de un (1) año que dispone el Art. 40.250 del Código de 

Seguros, infra. Por último, en cuanto al argumento del Comisionado 

de que la reclamación del apelado era una ejecución de sentencia, 

acto que está prohibido conforme a lo que dispone el Art. 40.050 del 

Código de Seguros, infra, determinó que dicho argumento era 

incorrecto. Fundamentó que la ejecución de una sentencia se lleva 

a cabo cuando el obligado por la sentencia no la cumple. Por ende, 

sostuvo que el acto de Integrand consignar el dinero hizo innecesario 

recurrir al mecanismo procesal de ejecución de sentencia que regula 

la Regla 51.1 de Procedimiento Civil, infra. Expresó que ello es así 

ya que poner la cosa bajo el poder de la autoridad judicial presupone 

la ejecución de un acto voluntario por parte del deudor. Así pues, 

resolvió que la solicitud de retiro que presentó el señor Quiñones no 

constituía una ejecución de sentencia, sino que encarnaba una 

acreencia sobre unos fondos que le pertenecen desde que fueron 

consignados el 7 de enero de 2015. 

Inconforme con este dictamen, el 4 de agosto de 2023, el 

apelante presentó el recurso de epígrafe y formuló los siguientes 

señalamientos de error: 

Erró el TPI al determinar que el dinero que reclama 

Quiñones Rivera no resulta ser un activo del caudal 

de la liquidación de Integrand. 

Erró el TPI al determinar que los fondos reclamados 

por Quiñones no constituyen una transferencia de 

fondos que equivale una preferencia anulable en 
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vista de que coloca a éste en mejor posición de cobro 

que los otros acreedores similarmente situados.

Erró el TPI al determinar que poseía jurisdicción 

sobre el reclamo de pago presentado por Quiñones 

Rivera toda vez que esto constituye una 

reclamación de cobro mediante una solicitud de 

intervención no permitida por el Código de Seguros 

y/o ausente un formulario de reclamación ante el 

proceso administrativo de la liquidación de 

integridad. 

Atendido el recurso, el 14 de agosto de 2023, emitimos una 

Resolución concediéndole a la parte apelada hasta el 5 de septiembre 

de 2023 para presentar su alegato en oposición. Oportunamente, el 

señor Quiñones presentó una Oposición al Recurso Presentado [...] y 

negó que el TPI cometiera los errores que el Comisionado le imputo. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes 

procedemos a resolver. 

II.

-ALa consignación procura brindar a un deudor un mecanismo 

mediante el cual pueda realizar el depósito judicial de la cosa debida 

y liberarse de su obligación. ASR v. Proc. Rel. Familia, 196 DPR 944, 

950 (2016). El depósito de la cosa estará bajo el poder de la 

autoridad judicial que retendrá y pondrá a disposición del acreedor. 

J. Vélez torres, Derecho de Obligaciones, 2da ed. Rev., San Juan, 

Programa de Educación Contínua, Universidad Interamericana, 

1997, pág. 186. Particularmente, el Art. 1132 del Código Civil de 

1930, 31 LPRA sec. ant. 318217, establece que la consignación se 

hará depositando las cosas debidas a disposición de la autoridad 

judicial y mediante la acreditación del ofrecimiento del pago al 

acreedor. Una vez se consigne la cosa debida, el deudor tendrá la 

obligación de notificárselo a las partes interesadas. Íd. 

17 Resaltamos que el cuerpo legal vigente en el momento que se presentó la 

Demanda era el Código Civil del 1930.
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Ciertamente, la consignación supone una forma de pago que 

le permite al deudor solicitar a un tribunal que ordene la cancelación 

de la obligación. Sin embargo, el Art. 1131 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. ant. 3181, establece que para que la consignación sea eficaz, el 

deudor debe ajustarse estrictamente a las disposiciones que regulen 

su pago. En otras palabras, para que la obligación se considere bien 

hecha y para que pueda constituir el pago de lo debido, es 

indispensable que el pago se haga “a la persona en cuyo favor 

estuviese constituida la obligación, o a otra autorizada para recibirla 

en su nombre”. Art. 1116 del Código Civil, 31 LPRA sec. ant. 3166; 

ASR v. Ex Parte Proc. Rel. Fam., supra, pág. 951. 

Por otro lado, cabe precisar que el Art. 1134 del Código Civil, 

31 LPRA sec ant. 3164, dispone que “[m]ientras el acreedor no 

hubiese aceptado la consignación, o no hubiere recaído declaración 

judicial de que está bien hecha”, la obligación podría subsistir si el 

deudor retira la cuantía consignada. En fin, la consignación surte 

efecto en dos instancias, a saber: (1) mediante la aceptación de la 

cuantía consignada por parte del acreedor, o (2) por vía de una 

declaración judicial a los efectos de que la consignación se realizó 

conforme a derecho. ASR v. Ex Parte Proc. Rel. Fam., supra, pág. 950. 

Esta determinación judicial de que la consignación se hizo 

conforme a derecho es una declaración por parte del Tribunal de que 

la consignación está bien hecha, reconociéndole los efectos 

liberatorios que perseguía el deudor desde que depositó la cosa. 

TOLIC v. Rodríguez Febles, 170 DPR 804, 819-820 (2007). Así pues, 

los efectos liberatorios del depósito de la cosa deben surtir efecto 

desde el momento en que el Tribunal declare que la consignación 

está bien hecha. Íd. La doctrina española coincide en que la eficacia 

retroactiva de la consignación bien hecha alcanza hasta el momento 

en que tuvo lugar la práctica del depósito. Vélez Torres, ante, pág. 

189. Es decir, cuando se declara correcta la consignación, se 
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“retrotraen los efectos del pago al momento del deposito de la 

cosa...”. Íd., pág. 820. 

-BLa Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, también conocida 

como El Código de Seguros de Puerto Rico, según enmendada, 26 

LPRA sec. 101 et seq. (Código de Seguros) “provee para para la 

protección del caudal del asegurador insolvente estableciendo un 

procedimiento para una ordenada distribución del mismo entre los 

reclamantes del asegurador”. A.I.I.Co. v. San Miguel, 161 DPR 589, 

599 (2004). Particularmente, el Capítulo 40 del Código de Seguros, 

26 LPRA sec. 4001 et seq. regula los procedimientos cuando una 

aseguradora adviene en estado de insolvencia de modo tal que, de 

ser posible, se logre su rehabilitación o, de lo contrario, se inicie su 

procedimiento de liquidación. San José Realty, S.E. v. El Fénix de 

P.R., 157 DPR 427, 436 (2002). 

Cónsono con lo anterior, cuando una compañía aseguradora 

está insolvente y los intentos para rehabilitarla no dan resultados, 

el Código de Seguros, supra, autoriza al Comisionado de Seguros a 

solicitar una orden del Tribunal de Primera Instancia en la que este 

último autorice y ordene la liquidación de la aseguradora insolvente. 

San José Realty, S.E. v. El Fénix de P.R., supra, pág. 437. Así, el Art. 

40.150 del referido estatuto dispone que una vez el Tribunal de 

Primera Instancia conceda la orden de liquidación solicitada,

comienza el procedimiento de liquidación y se designa como 

liquidador al Comisionado de Seguros, quien tomará posesión 

inmediata de los activos de la compañía y los administrará bajo la 

supervisión del Tribunal Supervisor.18 26 LPRA sec. 4015; San José 

18 El Artículo 40.030 del Código de Seguros, supra, define tribunal supervisor 

como “el salón de sesiones del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan 

al cual ha sido asignado el procedimiento de liquidación o rehabilitación”.
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Realty, S.E. v. El Fénix de P.R., supra, pág. 437; A.I.I.Co. v. San 

Miguel, supra, pág. 599. 

Asimismo, el referido artículo establece que “[e]l liquidador 

estará legalmente investido con título sobre toda la propiedad, 

contratos y derechos de acción y sobre todos los libros y expedientes 

del asegurador a quien se ha ordenado liquidar, donde quiera que 

se encuentren, a partir de la fecha en que se dicte la orden final de 

liquidación”. Ahora bien, conforme al inciso (2) del Art. 40.150, “los 

derechos y obligaciones del asegurador y los de sus tenedores de 

pólizas, acreedores, accionistas, miembros y toda otra persona 

interesada en sus bienes quedarán definidos conforme existan a la 

fecha de emisión de la orden de liquidación, salvo como se dispone 

en los Artículos 40.160 y 40.340”. 

Por otra parte, respecto a la naturaleza del procedimiento de 

liquidación, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que 

se trata de un procedimiento especial, de naturaleza estatutaria, por 

lo tanto, la jurisdicción de los tribunales está limitada por el estatuto 

que la rige. San José Realty, S.E. v. El Fénix de P.R., supra, pág. 438; 

Intaco Equipment Corp. v. Arelis Const., 142 DPR 648, 651 (1997). 

Específicamente, el Artículo 40.040(2) del Código de Seguros, supra,

sobre jurisdicción y competencia, en lo pertinente, dispone que: 

“[n]ingún tribunal de Puerto Rico tendrá jurisdicción 

para considerar, celebrar vistas o llegar a 

determinaciones sobre ninguna acción donde se solicite 

la disolución liquidación, rehabilitación, embargo, 

conservación o administración de un asegurador o 

donde se solicite un interdicto u orden restrictiva u otro 

remedio preliminar, incidental o con relación a, tal 

procedimiento que no sea de conformidad con este 

Capítulo”. 26 LPRA sec. 4004. 

A tenor con lo que antecede, nuestro Más Alto Foro se ha 

pronunciado a favor de la centralización del proceso de liquidación, 

esto es, “una vez un tribunal declara insolvente a una compañía 

aseguradora y comienza el proceso de liquidación, todas las 

reclamaciones contra la aseguradora deben consolidarse en un solo 
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foro; el foro administrativo”. A.I.I. Co. v. San Miguel, supra, pág. 600.

Será el tribunal que ordene la liquidación de la aseguradora 

insolvente quien retendrá “jurisdicción sobre todas las acciones en 

contra la aseguradora, incluso las que existen con anterioridad a la 

orden”. San José Realty, S.E. v. El Fénix de P.R., supra, pág. 449. La 

finalidad es que el proceso de liquidación lo atienda una sola entidad 

“con visión integral de toda la problemática respecto a la capacidad 

financiera (potencial económico para el pago de las obligaciones) de 

la aseguradora de que se trate”. Íd., pág. 452.

Por último, cabe precisar que el Art. 40.430(1) dispone que la 

terminación del procedimiento de liquidación se podrá producir 

mediante una solicitud por parte del liquidador al Tribunal 

Supervisor a los efectos que se descargue la liquidación. 26 LPRA 

sec. 4043. Específicamente, dicha solicitud se hará “cuando todos 

los activos que justifiquen el gasto de cobro y distribución hayan 

sido cobrados y distribuidos con arreglo [al Capítulo 40]”. Íd. 

De otro modo, el Art. 40.250 del Código de Seguros, 26 LPRA 

sec. 4025, establece lo que es una preferencia. Específicamente 

dispone que una preferencia es una “transferencia de una propiedad 

de un asegurador a, o para beneficio de un acreedor, por o a cuenta 

de una deuda antecedente consumada o aceptada por el asegurador 

dentro de un (1) año antes de la radicación de una petición exitosa 

de liquidación con arreglo a este Capítulo cuyo efecto puede ser 

permitir al acreedor obtener un porcentaje mayor de esta deuda que 

el que hubiera recibido por otro acreedor de la misma clase”. Ahora 

bien, en cuanto a la anulación de dicha preferencia, el referido 

artículo expone que para dicho proceder se tienen que materializar 

al menos una (1) de las cuatro (4) situaciones siguientes: 

(1) el asegurador estaba insolvente al momento de la 

transferencia; o 

(2) la transferencia se efectuó dentro de ciento veinte 

(120) días antes de la radicación de la petición; o
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(3) el acreedor que la recibió o que habría de 

beneficiarse de la misma o su agente en la 

transacción tenían, al momento de efectuarse la 

transacción, suficiente razón para creer que el 

asegurador estaba insolvente o estaba a punto de 

quedar insolvente; o

(4) el acreedor que la recibió era un funcionario, 

empleado o abogado u otra persona que de hecho 

estaba en una posición de influencia en el 

asegurador comparable a la de un funcionario, 

independientemente que ocupara o no tal posición, 

o una corporación afiliada, o un accionista que 

tuviera directa o indirectamente más de cinco por 

ciento de cualquier clase de acciones emitidas por el 

asegurador o cualquier otra persona, firma, 

corporación, sociedad o conjunto de personas con 

quienes el asegurador mantenía negocios 

regularmente.

-CLa Regla 50 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 50, 

regula el procedimiento de apremio o ejecución de sentencia. En lo 

pertinente, la Regla 51.1 del referido estatuto, supra, establece que: 

[l]a parte a cuyo favor se dicte sentencia podrá 

ejecutarla mediante el procedimiento fijado en esta 

Regla 51, en cualquier tiempo dentro de cinco (5) años 

de ésta ser firme. Expirado dicho término, la sentencia 

podrá ejecutarse mediante una autorización del 

tribunal, a moción de parte y previa notificación a todas 

las partes. Si después de registrada la sentencia se 

suspende su ejecución por una orden o sentencia del 

tribunal, o por efecto de ley, el tiempo durante el cual 

ha sido suspendida dicha ejecución deberá excluirse del 

cómputo de los cinco (5) años durante los cuales podrá 

expedirse el mandamiento de ejecución.

Este procedimiento “le imprime continuidad a todo proceso 

judicial que culmina con una sentencia”, y es necesario utilizarlo 

cuando la parte obligada incumple con los términos de la sentencia. 

Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171 DPR 219, 248 (2007) 

citando a R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico; 

derecho procesal civil, San Juan, Ed. Michie de PR, 1997, Cap. 63, 

pág. 453. Como regla general, las sentencias se ejecutan en el 

tribunal que dictó la sentencia que se pretende ejecutar. Mun. de

San Juan v. Prof. Research, supra, pág. 248. 
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III.

En su recurso de Apelación, el Comisionado impugna un 

dictamen que dictó el TPI de San Juan ordenándole a la Unidad de 

Cuentas del Tribunal a remitirle al señor Quiñones los fondos e 

intereses consignados por Integrand provenientes del caso Civil 

Núm. FCCI200800611. Específicamente, en su primer señalamiento 

de error, el apelante sostuvo que el TPI erró al determinar que el 

dinero que reclamó el señor Quiñones no es un activo del caudal de 

liquidación de Integrand. Cónsono a esto, en su segundo 

señalamiento de error, insistió en que el TPI erró al resolver que los 

fondos reclamados por el señor Quiñones no constituyen una 

transferencia de fondos que equivale a una preferencia anulable ya 

que coloca al apelado en una mejor posición de cobro que otros 

acreedores similarmente situados. 

En síntesis, el Comisionado insiste que no fue hasta el 22 de 

mayo de 2019, fecha en la cual se notificó el mandato del Tribunal 

Supremo, que de manera definitiva se resolvió que la consignación 

por parte de Integrand fue correcta. Ante ello, razonó que al 

validarse la consignación días antes de que se presentara la solicitud 

de rehabilitación el 30 de mayo de 2019 en su contra, esta podía ser 

anulada por estar compuesta de fondos de preferencia que podían

ser retirados y remitidos como parte de los activos pertenecientes al 

proceso de liquidación. Ello, por haber sido convalidados dentro del 

término de un (1) año antes de que se presentara la petición de 

rehabilitación como lo establece el Art. 40.250 del Código de 

Seguros, supra. 

Por último, argumentó que el TPI de San Juan carecía de 

jurisdicción para atender el reclamo que presentó el apelado ya que 

dicha reclamación se debió realizar mediante una intervención ante 

el proceso administrativo de la liquidación de Integrand. No le asiste 

la razón. Veamos. 
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Discutiremos el primero y segundo señalamiento de error en 

conjunto por estar íntimamente relacionados entre sí. En el caso de 

autos, el 17 de agosto de 2010, el TPI de Carolina dictó Sentencia en 

el caso Civil Núm. FCCI2008-00611 condenándole al señor Mercado 

y a Integrand el pago solidario a favor de los demandantes de una 

indemnización por concepto de daños y perjuicios. Así pues, el 1 de 

octubre de 2010, Integrand voluntariamente consignó una suma 

inicial de $150,208.37 ante el TPI de Carolina.

Posteriormente, el señor Quiñones impugnó la cuantía 

consignada y el foro intermedio ordenó la revalorización de los 

daños. En cumplimiento con este mandato, el TPI emitió una 

Sentencia Enmendada en la cual condenó al señor Mercado y a 

Integrand a pagarle al señor Quiñones la cantidad de $638,659.47.

Luego de vario trámites procesales, el 7 de enero de 2015, 

Integrand consignó una suma adicional de $434,185.02 en el TPI 

de Carolina. 

Más adelante, el 13 de marzo de 2017, el TPI emitió un 

dictamen en el cual resolvió que Integrand consignó 

correctamente las indemnizaciones en concepto de pago de 

sentencia. Dicha determinación fue objeto de un cauce apelativo 

extenso, sin embargo, el 17 de mayo de 2019, la litigación apelativa

culminó con un dictamen del Tribunal Supremo denegando expedir 

el recurso de certiorari que presentó el señor Quiñones. El mandato 

del Tribunal Supremo se notificó el 22 de mayo de 2019. Así pues, 

se confirmó la Resolución del 13 de marzo de 2017 y esta advino 

final y firme.

Paralelamente en el presente caso, el 30 de mayo de 2019, el 

Comisionado presentó una Petición de Orden para Rehabilitar 

Asegurador en contra de Integrand. Esto luego se convirtió en un 

proceso de liquidación mediante una Orden de Liquidación que

emitió el TPI y la cual fue notificada el 25 de septiembre de 2019. 
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Mientras continuaban los trámites del proceso de liquidación ante 

el TPI de San Juan, el señor Quiñones solicitó el retiro de los fondos 

consignados ante el TPI de Carolina. Luego que Integrad se opusiera 

a estas solicitudes, el TPI de Carolina dictó una Orden mediante la 

cual le ordenó a la Unidad de Cuentas a que le remitiera al señor

Quiñones los fondos consignados. El Comisionado solicitó una 

reconsideración mediante comparecencia especial y esta fue 

denegada. Por consiguiente, el dictamen fue objeto de una revisión 

ante el tribunal intermedio. Este foro determinó que le correspondía 

al TPI de San Juan atender cualquier asunto relacionado con 

Integrad. Así pues, los fondos consignados fueron transferidos al TPI 

de San Juan mediante solicitud que presentó el Comisionado. 

Según el precitado derecho, cuando un Tribunal hace una 

determinación declarando que una consignación está bien 

hecha, le reconoce los efectos liberatorios que perseguía el 

deudor desde que depositó la cosa. (Énfasis suplido) TOLIC v. 

Rodríguez Febles, supra, pág. 819-820. Consecuentemente, nuestro 

Tribunal Supremo estableció que cuando se declara correcta la 

consignación, se retrotraen lo efectos del pago al momento del 

depósito de la cosa y se extingue la obligación. (Énfasis suplido) 

Íd., pág. 820. 

Siendo ello así, si bien es cierto que no fue hasta el 22 de mayo 

de 2019 que el Tribunal Supremo confirmó la Resolución del 13 de 

marzo de 2017 en la cual el TPI de Carolina declaró la consignación 

como bien hecha, los efectos del pago para extinguir la obligación se 

retrotraen al momento en que se depositaron los fondos. En 

consecuencia, desde el 7 de enero de 2015, fecha en que se consignó 

totalmente el pago para satisfacer la sentencia, Integrad se había 

liberado de su obligación y las cantidades consignadas dejaron de 

ser parte de sus activos. 
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Tomando en consideración lo antes expuesto, es forzoso 

concluir que los fondos consignados no pueden anularse y 

considerarse como una transferencia que se realizó dentro del 

término de un (1) año antes de la radicación de la petición de 

rehabilitación conforme lo dispone el Art. 40.250 del Código de 

Seguros, supra. Ello, ya que como mencionamos anteriormente, los 

los efectos de la consignación de los fondos se retrotrajeron al 7 de 

enero de 2015 y la petición de rehabilitación se radicó el 30 de mayo 

de 2019. Por lo tanto, la Comisión no tiene el derecho de retirar la 

suma de $150,208.37 que Integrand consignó el 1 de octubre de 

2010 como tampoco la suma de $434,185.02 que esta última 

consignó el 1 de enero de 2015. Estas sumas no constituyen un pago 

preferente al amparo del Art. 40.250 del Código de Seguro, supra.

De igual forma, estas cantidades no forman parte de los activos del 

proceso de liquidación y le pertenecen al señor Quiñones. Así pues, 

el primer y segundo señalamiento de error no se cometió. 

Ahora bien, en cuanto al tercer señalamiento de error, 

tampoco le asiste la razón al Comisionado. Específicamente, el 

apelante aduce que el señor Quiñones presentó una reclamación de 

cobro que constituye una ejecución de sentencia prohibida por el 

Art. 40.040 del Código de Seguros, supra. Por tanto, sostiene que el

TPI de San Juan no tenía jurisdicción para atender el reclamo, pues 

este debe ventilarse en un procedimiento administrativo. La 

jurisprudencia reseñada demuestra que el TPI de San Juan actuó 

correctamente. 

En primer lugar, el Tribunal Supremo estableció que el 

tribunal que ordene la liquidación de la aseguradora retendrá 

jurisdicción sobre todas las acciones en contra de esta, incluyendo 

las existentes con anterioridad a la orden. (Énfasis suplido) San 

José Realty, S.E. v. El Fénix de P.R., supra, pág. 449. La finalidad es 

que una sola entidad con visión integral de la problemática respecto 
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a la capacidad financiera de la aseguradora atienda el proceso de su 

liquidación. Íd., pág. 452. A tenor con ello, el TPI de San Juan es el 

foro con jurisdicción para atender la controversia relacionada a las 

consignaciones que realizó Integrand previo a su proceso de 

liquidación. 

Además, cabe señalar que la reclamación del señor Quiñones

no se trata de una ejecución de sentencia. El mecanismo de 

ejecución de sentencia se utiliza cuando un deudor se niega a 

satisfacer el pago de una sentencia que recayó en su contra. Como 

resolvimos previamente, cuando las consignaciones se decretaron 

bien realizadas, esa decisión se retrotrajo a la fecha en que Integrand 

depositó los fondos. En ese momento, la obligación de Integrand se 

extinguió y los fondos se encontraban a la disposición del señor 

Quiñones. Por ello, ante la ausencia de una deuda que se tenga que 

reclamar contra Integrand, la figura de la ejecución de sentencia no 

tiene cabida en este escenario. Consecuentemente, el tercer 

señalamiento de error no se cometió. En vista de lo antes expuesto, 

procede que la Unidad de Cuentas del TPI de San Juan le remita al 

señor Quiñones el dinero e intereses consignados en este caso y 

provenientes del pleito Civil Núm. FCCI2008-00611. 

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos el 

dictamen recurrido. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones