Número Identificador

RES2024 _______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL II

SERGIA LICELOT DE LOS 

SANTOS ROJAS Y OTROS

Recurridos

v.

SISTEMA UNIVERSITARIO 

ANA G. MÉNDEZ, 

INCORPORADO Y OTROS

Peticionarios

KLCE202400361

CERTIORARI

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de 

Bayamón

Caso número:

BY2019CV06011

Sobre:

Daños, 

Incumplimiento de 

Contrato

Panel integrado por su presidente, el juez Bermúdez Torres, el juez 

Adames Soto y la juez Aldebol Mora.

Aldebol Mora, Juez Ponente

R E S O L U C I Ó N

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de mayo de 2024.

Comparece la parte peticionaria, Sistema Universitario Ana G. 

Méndez, mediante el recurso de epígrafe y nos solicita que revoquemos la 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón, el 28 de septiembre de 2023, notificada el día siguiente. 

Mediante el referido dictamen, el foro primario declaró No Ha Lugar la 

Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial, promovida por la parte recurrida,

Sergia Licelot de los Santos Rojas, Mayra Rivera del Valle, Luis Daniel 

Gómez Fonseca y Pedro Hernández Rodríguez. A su vez, declaró No Ha 

Lugar la Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por la parte 

peticionaria.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se deniega 

la expedición del auto solicitado.

I

El 9 de octubre de 2019, Sergia Licelot de los Santos Rojas, Mayra 

Rivera del Valle, Luis Daniel Gómez Fonseca, Pedro Hernández Rodríguez
KLCE202400361 2

(recurridos) y Eileen Cruz Lebrón1incoaron una Demanda,

2 posteriormente 

enmendada en varias ocasiones,3 sobre daños y perjuicios en contra del 

Sistema Universitario Ana G. Méndez (Universidad AGM o peticionaria).

Indicaron que, entre el año 2015 al 2017, se matricularon respectivamente 

en la Maestría de Ciencias en Enfermería, ofrecida por la Universidad AGM, 

recinto de Bayamón. Señalaron que, con el fin de costear los gastos 

relacionados a dicho programa graduado, cada uno tomó préstamos 

estudiantiles. Alegaron que, en junio de 2018, la Universidad AGM les 

informó que debían matricularse en un curso adicional, llamado 

Diagnóstico Diferencia, como requisito para obtener el grado de maestría y 

para poder tomar la certificación y/o reválida de la Junta Nacional de los 

Estados Unidos, ofrecida por la American Association of Critical Care Nurse

(AACCN). Según adujeron, el mencionado curso no estaba incluido en el 

catálogo de la Universidad AGM como parte del programa en cuestión, lo 

cual resultó en gastos adicionales y la dilación de la aprobación del 

programa, así como la posterior certificación y/o revalidación.

Los recurridos plantearon en su causa de acción que, culminado el 

mencionado curso y tras cumplir con los requisitos descritos en el currículo 

pertinente, la Universidad AGM le informó a Sergia Licelot de los Santos 

Rojas y a Luis Daniel Gómez Fonseca que no podían tomar la certificación 

y/o reválida para ejercer la profesión. Argumentaron que ello obedecía a 

que dicho programa no estaba acreditado desde el año 2015, conforme a 

las exigencias de las entidades pertinentes, lo cual redundaba a que los 

recurridos estarían impedidos de solicitar la certificación y/o reválida para 

poder ejercer la profesión, pese a los años de estudios cursados, el tiempo 

y dinero invertido, así como las deudas contraídas por medio de préstamos 

estudiantiles. Sostuvieron que, debido a lo anterior, sus expectativas de 

obtener mayores ingresos y trabajar en los Estados Unidos fue reprimida.

1 Cabe señalar que, el 14 de marzo de 2022, Eileen Cruz Lebrón presentó una moción 

mediante la cual desistió sin perjuicio de la acción de epígrafe por motivos de salud. En 

atención a ello, el 28 de marzo de 2022, el Tribunal de Primera Instancia emitió y notificó 

una Sentencia Parcial a esos efectos. Véase, Apéndice Ñ y O del recurso, págs. 128-130. 

2 Apéndice C del recurso, págs. 15-19.

3 Apéndice D, F y P del recurso, págs. 20-24, 29-33, 131-135.
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Alegaron, además, que ello les generó frustración, malestar e inestabilidad 

emocional.

En la Demanda, los recurridos arguyeron que la Universidad AGM 

fue negligente al ofrecer un programa graduado conociendo o debiendo 

conocer que este no se encontraba acreditado conforme a las exigencias 

de las entidades pertinentes, incurriendo, a su vez, en incumplimiento 

contractual. Enfatizaron que el mencionado programa no se encontraba 

acreditado desde el año 2015, a pesar de que la Universidad AGM ofreció 

y cobró los cursos conducentes al programa, produciéndoles daños. En 

virtud de ello, solicitaron el pago de varias cuantías por los daños 

ocasionados, así como la imposición de costas y honorarios de abogado(a).

Por su parte, el 27 de enero de 2023, la Universidad AGM presentó 

su alegación responsiva.4 En esencia, negó las alegaciones en su contra. 

Alegó que, al momento de los hechos, poseía las acreditaciones de las 

agencias reguladoras para su operación y para proveer los servicios 

educativos que brindaba. Afirmó que actuó dentro de las mejores prácticas 

de la industria, por lo que negaba cualquier imputación de negligencia o 

culpa.

Luego de varias incidencias procesales, el 13 de junio de 2023, los 

recurridos instaron una Solicitud de Sentencia Sumaria.

5 En esencia, 

alegaron que la Universidad AGM incumplió al ofrecer una maestría que se 

encontraba obsoleta, por lo que, luego de incurrir en préstamos 

estudiantiles y tras aprobar la maestría con calificaciones sobresalientes, 

4 Apéndice Q del recurso, págs. 136-141. Véase, además, Apéndice E y G del recurso, 

págs. 25-28, 34-38.

5 Apéndice R del recurso, págs. 142-169. Los recurridos incluyeron junto a su moción los 

siguientes documentos: (1) copia del Requerimiento de Admisiones, con fecha del 1 de 

julio de 2020; (2) copia de la Contestación a Requerimiento de Admisiones, con fecha de 

septiembre de 2020; (3) copia de mensaje por correo electrónico de Mayra G. Pedroza 

López dirigido a Pedro Hernández Rodríguez, con fecha del 20 de junio de 2019; (4) copia 

de la deposición de Mayra G. Pedroza López, con fecha del 8 de febrero de 2022; (5) copia 

de la transcripción de créditos de Mayra Rivera del Valle, con fecha del 22 de octubre de 

2021; (6) copia de la transcripción de créditos de Luis Daniel Gómez Fonseca, con fecha 

del 17 de julio de 2019; (7) copia de la transcripción de créditos de Sergia Licelot de los 

Santos Rojas, con fecha del 30 de abril de 2021; (8) copia de la transcripción de créditos 

de Pedro Hernández Rodríguez, con fecha del 30 de abril de 2021; (9) copia del Primer 

Pliego de Interrogatorios y Producción de Documentos, con fecha del 1 de julio de 2020; 

(10) copia de la Contestación a Carta en Objeción a la Contestación del Pliego de 

Interrogatorio, con fecha del 18 de mayo de 2021. Véase, Apéndice R del recurso, págs. 

170-363.
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se vieron imposibilitados de certificarse en el referido programa graduado.

Por ello, reclamaron a dicha entidad los ingresos futuros dejados de 

percibir, las deudas de los préstamos estudiantiles, angustias y 

sufrimientos, entre otras partidas. Sostuvieron que, culminado el 

descubrimiento de prueba, obtuvieron admisiones de la Universidad AGM 

que aclaraban las controversias del caso, dando paso a una resolución 

sumaria de este. 

Los recurridos especificaron que la entidad universitaria había 

admitido lo siguiente: (1) que la agencia acreditadora Accreditation 

Commission for Education in Nursing (ACEN), obligaba a la Universidad a 

desarrollar y supervisar con regularidad el currículo de maestría como 

especialista clínico, para asegurar su integridad, rigor y actualización; 

(2) que, en el año 2015, las organizaciones que certifican la maestría en 

los Estados Unidos realizaron cambios en el currículo de la maestría que 

nos ocupa; (3) que el examen para certificar la maestría en controversia fue 

eliminado; (4) que la maestría eliminada fue convertida en una certificación 

con especialidad en “Adulto-Gero”; (5) que se encontraba en el proceso de 

crear la certificación de la nueva especialidad en “Adulto-Gero”; (6) reiteró 

que, en el año 2015, la maestría ofrecida a los recurridos se “eliminó”; 

(7) que se encontraba en el proceso de crear una nueva certificación de la 

nueva especialidad creada por las agencias acreditadoras.

En su petitorio sumario, los recurridos argumentaron que la 

Universidad AGM incumplió con su deber de desarrollar y supervisar la 

maestría ofrecida a estos, así como tampoco aseguró la integridad, rigor y 

actualización de la misma. Indicaron que, consecuentemente, no pudieron 

certificarse en tal maestría. Ante ese escenario, plantearon que no existía

controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes que ameritara

la celebración de una vista en su fondo, en cuanto a la negligencia exhibida

por la Universidad AGM. En virtud de ello, solicitaron que se dictara

sentencia sumaria parcial a su favor, decretando que la Universidad AGM 

incumplió su deber contractual para con estos y, a su vez, incumplió con 
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las exigencias requeridas por la ACEN al ofrecerles y cobrarles por una 

maestría que se encontraba obsoleta y/o descontinuada, razón por la cual 

no pudieron certificarse. Por otro lado, alegaron que la Universidad AGM

obró con temeridad al no aceptar su negligencia y responsabilidad, a pesar 

de sus admisiones y tomando en cuenta los hechos incontrovertidos. En 

desacuerdo, posteriormente, la Universidad AGM se opuso a la solicitud de 

sentencia sumaria parcial promovida por los recurridos.6

Al día siguiente, la Universidad AGM presentó una Moción en 

Solicitud de Sentencia Sumaria.

7 En síntesis, alegó que el Programa de 

Enfermería ofrecido a los recurridos cumplía cabalmente con los requisitos 

y acreditaciones en Puerto Rico. Indicó que el contrato entre las partes fue

el currículo de clases y que en ninguna parte del Manual de Estudiante de 

la institución universitaria se hacía representación de que, una vez 

graduado el estudiante de Maestría, podrá ser candidato a tomar las 

certificaciones o reválida que ofrecen las organizaciones en los Estados 

Unidos. Arguyó que los recurridos no habían presentado evidencia que 

demostrara que esta haya representado que los estudiantes podían tomar 

la certificación en los Estados Unidos, pues lo único que había indicado la 

institución era que, una vez graduados, estos podían comparecer ante la 

6 Apéndice U del recurso, págs. 591-615. Con el escrito, la Universidad AGM presentó los 

siguientes documentos: (1) copia de la acreditación del Consejo de Educación de Puerto 

Rico, con fecha del 7 de diciembre de 2018; (2) copia de la acreditación del Accreditation 

Commission of Education in Nursing, con fecha del 6 de abril de 2015; (3) copia de la 

página web Registered Nursing sobre el Clinical Nurse Specialist Certification, con fecha 

del 9 de febrero de 2023. Véase, Apéndice U del recurso, págs. 616-638.

7 Apéndice S del recurso, págs. 364-387. Junto a su moción, la Universidad AGM incluyó 

los siguientes documentos: (1) copia de la transcripción de créditos de Pedro Hernández 

Rodríguez, con fecha del 30 de abril de 2021; (2) copia de la transcripción de créditos de 

Sergia Licelot de los Santos Rojas, con fecha del 30 abril de 2021; (3) copia de la 

transcripción de créditos de Luis Daniel Gómez Fonseca, con fecha del 30 de abril de 

2021; (4) copia de la trascripción de créditos de Mayra Rivera del Valle, con fecha del 22 

de octubre de 2021; (5) copia de la transcripción de créditos de Wilberto García Jiménez, 

con fecha del 27 de marzo de 2023; (6) copia de la transcripción de créditos de Sara Z. 

Cadena Cruz, con fecha del 27 de marzo de 2023; (7) copia de la trascripción de créditos 

de Liznel N. Erazo Torres, con fecha del 27 de marzo de 2023; (8) copia del Manual de 

Estudiante del Programa Graduado en Ciencias de Enfermería, con fecha de enero de 

2018; (9) copia parcial de la deposición de Mayra G. Pedroza López, con fecha del 8 de 

febrero de 2022; (10) copia parcial de la deposición de Liznel N. Erazo Torres, con fecha 

del 9 de febrero de 2022; (11) copia parcial de la deposición Luis Daniel Gómez Fonseca, 

con fecha del 7 de febrero de 2022; (12) copia parcial de la deposición de Sara Z. Cadena 

Cruz, con fecha del 10 de febrero de 2022; (13) copia parcial de la deposición de Mayra 

Rivera del Valle, con fecha del 23 de febrero de 2022; (14) copia parcial de la deposición

de Wilberto García Jiménez, con fecha del 1 de febrero de 2022; (15) copia parcial de la

deposición de Sergia Licelot de los Santos Rojas, con fecha del 7 de febrero de 2022; (16) 

copia parcial de Pedro Hernández Rodríguez, con fecha del 8 de febrero de 2022. Véase, 

Apéndice S del recurso, págs. 388-474.
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Junta Examinadora de Enfermería en Puerto Rico. Asimismo, adujo que los 

recurridos no poseían evidencia alguna que corroborara que el curso de 

Diagnóstico Diferencial fue incluido para que ellos tomaran la certificación, 

porque tal aseveración no era cierta.

La Universidad AGM sostuvo que los recurridos no habían exigido 

su derecho a que la Junta Examinadora de Enfermeros en Puerto Rico les 

otorgue la reválida, pues era dicha entidad la que les tenía que ofrecer la 

reválida en la práctica avanzada. Sobre ese particular, especificó que, si 

los recurridos deseaban reclamar que no habían podido tomar la licencia 

para ejercer la profesión en Puerto Rico, tal reclamo debía ser presentado 

contra la referida Junta, que es la entidad llamada por Ley a ofrecer el 

examen o licencia y quien no ha ofrecido las mismas, en un craso 

incumplimiento con nuestro ordenamiento jurídico. Afirmó que en nada de 

lo anterior tenía que ver la entidad universitaria, quien únicamente otorgaba

el grado de Maestría. Abundó que no tenía responsabilidad alguna sobre 

los cambios que realizaban las organizaciones que ofrecían las

certificaciones en controversia, a diferencia de la Junta Examinadora de 

Enfermeros de Puerto Rico quien sí tenía el deber de cumplir con las 

disposiciones establecidas en su ley habilitadora y reglamentación. Reiteró 

que no había representado que los recurridos podían obtener las 

certificaciones una vez graduados, pues únicamente se comprometió en 

brindar la Maestría, cuyo grado fue conferido a los recurridos una vez 

cumplieron con los requisitos de graduación.

En vista de lo anterior, la Universidad AGM sostuvo que la acción de 

epígrafe debía ser desestimada, toda vez que la entidad universitaria no 

tenía nada que ver con las decisiones y cambios que realizaban las 

agencias u organizaciones que ofrecían las certificaciones de especialidad 

en los Estados Unidos. Reiteró que era la Junta Examinadora de 

Enfermeros de Puerto Rico quien tenía la obligación de crear un examen a 

esos efectos conforme a su ley habilitadora. Planteó que la parte recurrida 

carecía de una causa de acción que justificara la concesión de un remedio 
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en el presente caso, toda vez que la institución universitaria no tenía

responsabilidad alguna en torno a las certificaciones que los recurridos

deseaban obtener y no representó en momento alguno que los estudiantes 

podrían tomar la certificación ofrecida en los Estados Unidos. Por ello, 

solicitó que se declarara Ha Lugar su petitorio sumario y No Ha Lugar la 

Demanda incoada por la parte recurrida. En respuesta, el 12 de julio de 

2023, los recurridos se opusieron y reiteraron su petitorio sumario parcial.

8

Evaluadas las posturas de las partes, el 28 de septiembre de 2023, 

el Tribunal de Primera Instancia emitió la Resolución que nos ocupa.9 En 

la misma, desglosó las siguientes determinaciones de hechos:

1. Los [recurridos], Sergia Licelot [d]e [l]os Santos Rojas, Mayra 

Rivera del Valle, Luis Daniel Gómez Fonseca y Pedro 

Hernández Rodríguez, poseen un bachillerato en Enfermería, 

de una institución debidamente acreditada.

2. Cada uno de los [recurridos] se matriculó en el SUAGM para 

cursar una Maestría en Ciencias de la Enfermería, como 

Especialista Clínico en el Cuidado Crítico del Adulto.

3. En agosto de 2017, el co[recurrido], Luis Daniel Gómez 

Fonseca, comenzó a estudiar en el programa graduado de 

Maestría de Ciencias en Enfermería, como Especialista Clínico 

en el Cuidado Crítico del Adulto, ofrecido por el SUAGM, en su 

recinto localizado en Bayamón, Puerto Rico.

4. Conforme al Manual del Estudiante de la Universidad, una de 

las metas de la institución es proveer a sus estudiantes 

“conocimientos teóricos, competencias y las destrezas 

prácticas, así como las actitudes adecuadas que le capacitarán 

para asumir posiciones de liderazgo en el campo de la 

enfermería en y fuera de Puerto Rico”.

5. Al momento en que cada uno de los [recurridos] fue admitido 

en el SUAGM, dicha institución les distribuyó un panfleto en el 

que se hacían constar los requisitos para ser admitidos a la 

Universidad y los cursos ofrecidos para la Maestría en Ciencias 

de Enfermería, como Especialista Clínico.

6. Los [recurridos], Sergia Licelot [d]e [l]os Santos Rojas, Mayra 

Rivera del Valle, Luis Daniel Gómez Fonseca y Pedro 

Hernández Rodríguez aprobaron todos los cursos exigidos por 

el SUAGM para obtener la maestría en Ciencias de Enfermería, 

como Especialista Clínico en el Cuidado Crítico del Adulto.

7. La co[recurrida], Mayra Rivera del Valle, tomó y aprobó el curso 

de Diagnóstico Diferencial en marzo de 2019.

8. El co[recurrido], Luis Daniel Gómez Fonseca, tomó y aprobó el 

curso de Diagnóstico Diferencial en marzo de 2019.

9. La co[recurrida], Sergia Licelot de los Santos Rojas, tomó y 

aprobó el curso de Diagnóstico Diferencial, en el segundo 

semestre del año académico 2019.

10. El co[recurrido], Pedro Hernández Rodríguez, tomó y aprobó el 

curso de Diagnóstico Diferencial, en el segundo semestre del 

año académico 2019.

8 Apéndice T del recurso, págs. 475-510. Los recurridos anejaron a su moción los 

siguientes documentos: (1) copia del panfleto sobre el programa de Maestría en Ciencias 

de Enfermería; (2) copia de la deposición de Mayra Rivera del Valle, con fecha del 23 de 

febrero de 2022; (3) copia de la Contestación a Pliego Interrogatorio, con fecha del 4 de 

noviembre de 2020. Véase, Apéndice T del recurso, págs. 511-590.

9 Apéndice B del recurso, págs. 2-14.
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11. La co[recurrida], Mayra Rivera del Valle, obtuvo el grado de 

Maestría de Ciencias en Enfermería, como Especialista Clínico 

en el Cuidado Crítico del Adulto, ofrecido por la Universidad, 

con un índice académico de 3.87.

12. El co[recurrido], Luis Daniel Gómez Fonseca, obtuvo el grado 

de Maestría de Ciencias en Enfermería, como Especialista 

Clínico, en el Cuidado Crítico del Adulto, ofrecido por la 

Universidad, con un índice académico de 3.87.

13. La co[recurrida], Sergia Licelot de los Santos Rojas, obtuvo el 

grado de Maestría de Ciencias en Enfermería, como 

Especialista Clínico en el Cuidado Crítico del Adulto, ofrecido 

por la Universidad, con un índice académico de 3.72.

14. El co[recurrido], Pedro Hernández Rodríguez, obtuvo el grado 

de Maestría de Ciencias en Enfermería, como Especialista 

Clínico, en el Cuidado Crítico del Adulto, ofrecido por la 

Universidad, con un índice académico de 3.38.

15. El 16 de mayo de 2019[,] se celebró una reunión en la 

Universidad en la que estuvieron presentes varios de sus 

funcionarios, además de Sergia Licelot de los Santos Rojas y 

Mayra Rivera del Valle, entre otros estudiantes.

16. El 20 de junio de 2019, la Dra. Mayra Pedroza López confirmó 

al [recurrido], Pedro Hernández Rodríguez, que la agencia que 

certificaba a los Especialistas Clínicos (Critical Nurse 

Specialists (CNS)) en los Estados Unidos eliminó el examen 

para los enfermeros de práctica avanzada con especialidad en 

cuidado crítico para convertirlo en una “Certificación CNS con 

Especialidad en Adulto-Gero”.

17. A través del correo electrónico del 20 de junio de 2019, la Dra. 

Mayra Pedroza López informó, además, que la Universidad 

había comenzado un proceso para crear una certificación postgrado MSN-CNS-Adulto[-]Gero e indicó el status del proceso 

como sigue:

• Aprobación de la Certificación Post-Grado MSN-CNS 

en Adulto-Gero por los cuerpos rectores de UAGM 

(Junta Académica, Consejo Administrativo). 

Completado.

• Enviar a la Junta de Instituciones Post Graduadas (JIP) 

(antes Consejo de Educación Superior) la propuesta 

para que la misma sea aprobada. En Proceso.

• Luego de la aprobación de la JIP, enviar un “Substantive 

Change Document” a ACEN (nuestra agencia 

acreditadora).

• Someter todos los documentos de acreditación a AACN.

• Los estudiantes deben poseer licencia de RN en USA o 

tomar NCLEX ya que Puerto Rico no pertenece al 

National Council of State Boards of Nursing (NCSBN).

• Programar los cursos[.]

18. Conforme a la Accreditation Commission for Education in 

Nursing (ACEN), el currículo de maestría como especialista 

clínico fue desarrollado por la Universidad y sería supervisado 

por [e]sta con regularidad para asegurar su integridad, rigor y 

actualización.

19. El Estándar 4.1 de ACEN requiere a las universidades que el 

currículo de Maestría en Ciencias de Enfermería como 

Especialista Clínico sea consistente con los estándares 

establecidos para los programas de maestría y post-maestría, 

incluidas las competencias de práctica de enfermería avanzada 

apropiadas, los estándares y pautas profesionales específicos 

del rol y los requisitos de certificación, y tenga claramente 

articulado el aprendizaje de los estudiantes al final del 

programa.

20. El Estándar 6.1 de ACEN requiere que el programa de Maestría 

en Ciencias de Enfermería como Especialista Clínico debe 

demostrar evidencia del logro de los estudiantes graduados en 

el examen de licenciatura y/o examen de certificación.
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21. El Estándar 6.2 de ACEN requiere que las universidades 

mantengan una evaluación continua de la medida en que los 

graduados de Maestría en Ciencias de Enfermería como 

Especialista Clínico tienen éxito en el examen de licenciatura 

y/o examen(es) de certificación.

22. La Junta Examinadora de Enfermería de Puerto Rico promulgó 

el Reglamento de la Ley Núm. 254 de 31 de diciembre de 2015, 

conocida como la “Ley para Regular la Práctica de la 

Enfermería en Puerto Rico[”] (el Reglamento).

23. El inciso número 21 del Capítulo II del Reglamento define a un 

enfermero de práctica avanzada como aquél que posee una 

“licencia emitida por la Junta en categoría de enfermero(a) 

generalista y que ha obtenido un grado de doctorado en 

práctica de enfermería clínica o maestría en enfermería con 

enfoque en práctica avanzada”, y obliga a cumplir con otros 

requisitos para clasificarlo como enfermero de práctica 

avanzada.

24. Conforme al inciso número 21 del Capítulo II del Reglamento, 

la categoría de enfermero de práctica avanzada incluye al 

especialista clínico, entre otras especialidades de práctica.

25. Conforme al inciso número 21 del Capítulo II del Reglamento, 

la preparación académica para un enfermero de práctica 

avanzada incluirá los cursos medulares de fisiopatología, 

examen físico y farmacología avanzados, aprobados en una 

institución de educación superior reconocida por la Junta de 

Instituciones Postsecundarias de Puerto Rico y por la Junta 

Examinadora de Enfermería de Puerto Rico.

26. El inciso número 21 del Cap[í]tulo II del Reglamento requiere al 

enfermero de práctica avanzada aprobar una reválida emitida 

por la Junta Examinadora de Enfermería de Puerto Rico o[,] en 

su lugar, haber obtenido una Certificación de la American Nurse 

Credentialing Center (ANCC), National Board of Certification 

and Recertification for Nurse Anesthetist (NBCRNA), 

Accreditation Commission of Midwifery and Education (ACME) 

u otra asociación o agencia especializada en el área 

correspondiente, reconocida por la Junta Examinadora de 

Enfermería de Puerto Rico, a los fines de obtener una licencia 

o certificación como enfermero de práctica avanzada.

27. Los [recurridos] aprobaron los cursos medulares de 

fisiopatología, examen físico y farmacología avanzados, 

ofrecidos por el SUAGM.

28. La Dra. Lourdes Maldonado ya no ocupa la posición de Decana 

del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad.

29. El Dr. Juan Otero ya no ocupa la posición de Vicerrector de 

Asuntos Académicos de la Universidad.

30. La Junta Examinadora de Enfermería de Puerto Rico no ha 

creado el examen o reválida de Certificación de Práctica 

Avanzada.

31. El Especialista Clínico está comprendido dentro de la Práctica 

Avanzada.

32. La certificación “Critical Nurse Specialist” (CNS) que se ofrece 

en los Estados Unidos tuvo cambios luego del Consensus 

Model. Dicha organización eliminó el examen para los 

enfermeros de práctica avanzada con especialidad en Cuidado 

Crítico y lo convirtió en una certificación nueva CNS con 

especialidad en Adulto-Gero, llamado (ACCNS-AG-Adult 

Gerontology CNS).10

A su vez, el foro primario esbozó los siguientes asuntos litigiosos en 

controversia: 

1. ¿Cumplió el SUAGM con el [E]st[á]ndar 4.1 de la ACEN[,]

manteniéndose actualizada con los [e]st[á]ndares establecidos 

para la Maestría de Ciencias en Enfermería como Especialista 

Clínico en el Cuidado Crítico del Adulto?

10 Véase, Apéndice B del recurso, págs. 5-10.
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2. ¿El SUAGM hizo algún tipo de representación a los [recurridos]

a los efectos de que podían obtener una certificación en los 

Estados Unidos luego de culminada la Maestría de Ciencias en 

Enfermería, como Especialista Clínico en el Cuidado Crítico del 

Adulto? De ser así, ¿[e]l SUAGM representó a los [recurridos]

que podrían certificarse con las agencias acreditadoras en los 

Estados Unidos si tomaban el curso de Diagnóstico 

Diferencial?

3. ¿El co[recurrido], Pedro Hernández, comenzó a estudiar en el 

programa graduado de Maestría de Ciencias en Enfermería, 

como Especialista Clínico en el Cuidado Crítico del Adulto, 

ofrecido por la Universidad, en su recinto localizado en 

Bayamón, Puerto Rico, en agosto de 2015?

4. ¿Las co[recurridas], Sergia de los Santos y Mayra Rivera, 

comenzaron a estudiar en el programa graduado de Maestría 

de Ciencias en Enfermería, como Especialista Clínico en el 

Cuidado Crítico del Adulto, ofrecido por la Universidad, en su 

Recinto localizado en Bayamón, Puerto Rico, en agosto de 

2016?

5. ¿Es cierto que[,] en junio de 2018, la Universidad informó a los 

[recurridos] que debían matricularse en un curso adicional, 

llamado Diagnóstico Diferencial, como requisito para obtener el 

grado de maestría mencionado y poder tomar la certificación 

y/o reválida de la Junta Nacional de los Estados Unidos, 

ofrecido por la American Association of Critical Care Nurse

(AACN)?

6. ¿Es cierto que, a pesar de que los cambios en el currículo de 

la maestría ocurrieron en el año 2015, no fue hasta “agosto [de] 

2018, que es el año académico 2019” -de tres a cuatro años 

luego- que la Universidad comenzó a ofrecer el curso de 

Diagnóstico Diferencial a los [recurridos]?

7. ¿Es cierto que, a pesar de que los [recurridos] tomaron y 

aprobaron el curso de Diagnóstico Diferencial, y a pesar de 

haber obtenido el grado de Maestría de Ciencias en 

Enfermería, como Especialista Clínico en el Cuidado Crítico del 

Adulto, no pudieron certificarse para el mismo?

8. ¿El SUAGM incumplió con los Estándares 6.1 y 6.2 de la 

ACEN?11

El foro a quo concluyó que no procedía resolver la acción de epígrafe 

sumariamente. En particular, expresó que el expediente ante sí

demostraba que existían hechos materiales del caso que estaban

realmente y de buena fe controvertidos y que debían ser adjudicados en un 

juicio plenario. En virtud de ello, declaró No Ha Lugar las solicitudes de 

sentencia sumaria promovidas por las partes.

En desacuerdo, el 9 de octubre de 2023, los recurridos presentaron

una Solicitud de Reconsideración,

12 a la cual se opuso la parte 

peticionaria.13 Posteriormente, el 13 de octubre de 2023, la Universidad 

11 Véase, Apéndice B del recurso, págs. 10-11.

12 Apéndice V del recurso, págs. 639-561.

13 Apéndice Y del recurso, págs. 707-720.
KLCE202400361 11

AGM sometió una Moción en Solicitud de Reconsideración,

14 a la cual se 

opuso la parte recurrida.15

Atendidas las referidas mociones, el 23 de febrero de 2024, 

notificada el 26 del mismo mes y año, el foro recurrido emitió una 

Resolución,

16 mediante la cual reconsideró únicamente el hecho 

incontrovertido número 32 para que lea como sigue:

32. Una de las certificaciones “Critical Nurse Specialist” 

(CNS) que se ofrece en los Estados Unidos tuvo cambios 

luego del Consensus Model. Dicha organización eliminó el 

examen para los enfermeros de práctica avanzada con 

especialidad en Cuidado Crítico y lo convirtió en una 

certificación nueva CNS con especialidad en Adulto-Gero, 

llamado (ACCNS-AG-Adult Gerontology CNS).17

Inconforme con dicha determinación, el 27 de marzo de 2024, la 

parte peticionaria acudió ante nos mediante el recurso de epígrafe y realizó 

los siguientes señalamientos de error:

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar No Ha Lugar 

la Moci[ó]n de Sentencia Sumaria presentada por la parte 

demandada.

Err[ó] el Tribunal de Primera Instancia al declarar No Ha 

Lugar la Moci[ó]n de Reconsideración de la parte demandada 

y establecer 32 hechos incontrovertidos.

En cumplimiento con nuestra Resolución del 3 de abril de 2024, la 

parte recurrida compareció mediante Memorando en Oposición a 

Expedición de Auto de Certiorari el 15 de abril de 2024.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a 

resolver.

II

A

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un tribunal 

de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente una decisión de un 

tribunal inferior. Rivera et al. v. Arcos Dorados et al., 2023 TSPR 65, 212 

DPR ___ (2023); Torres González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821 

(2023); Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994, 1004 

14 Apéndice W del recurso, págs. 652-700.

15 Apéndice X del recurso, págs. 701-706.

16 Apéndice A del recurso, pág. 1.

17 Véase, Apéndice A del recurso, pág. 1.
KLCE202400361 12

(2021). Ahora bien, tal discreción no opera en lo abstracto. Con respecto a 

lo anterior y para revisar los dictámenes interlocutorios del Tribunal de 

Primera Instancia, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.1, dispone, en su parte pertinente, lo siguiente: 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 

cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 

56 y 57 de este apéndice o de la denegatoria de una moción 

de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 

dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 

revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan interés público o 

en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar 

la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 

Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 

decisión.

[. . .]

Según se desprende de la citada Regla, este foro apelativo 

intermedio podrá revisar órdenes interlocutorias discrecionalmente, cuando 

se recurre de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, 

anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de familia o que revistan 

interés público, o en aquellas circunstancias en las que revisar el dictamen 

evitaría un irremediable fracaso de la justicia, entre otras contadas 

excepciones.

A esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, dispone los criterios a considerar 

para ejercer sabia y prudentemente su decisión de atender o no las 

controversias ante sí. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 96-

97 (2008). Véase, además, Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón 

y otros, 2023 TSPR 145, resuelto el 19 de diciembre de 2023; Rivera et al. 

v. Arcos Dorados et al., supra; Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352, 

372 (2020). Así, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra, funge como complemento a la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 
KLCE202400361 13

supra. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. La precitada Regla 

dispone lo siguiente:

El [T]ribunal tomará en consideración los siguientes criterios 

al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una 

orden de mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 

Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán 

ser elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa de los procedimientos en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 

indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

Sin embargo, ninguno de los mencionados criterios es determinante, 

por sí solo, para este ejercicio y no constituye una lista exhaustiva. García 

v. Padró, 165 DPR 324, 335 esc. 15 (2005). Por lo que, de los factores 

esbozados “se deduce que el foro apelativo intermedio evaluará tanto la 

corrección de la decisión recurrida, así como la etapa del procedimiento en 

que es presentada; esto, para determinar si es la más apropiada para 

intervenir y no ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación 

injustificada del litigio”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. 

(Énfasis omitido).

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado también que, de ordinario, 

el tribunal revisor “no intervendrá con el ejercicio de la discreción de los 

tribunales de instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso 

de discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se 

equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un 
KLCE202400361 14

perjuicio sustancial”. Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 

170, 181 (1992), citando a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 

(1986). Véase, además, Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 

(2000).

B 

El mecanismo de sentencia sumaria provisto en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 36, es un vehículo para 

asegurar la solución justa, rápida y económica de un caso. Serrano Picón 

v. Multinational Life Ins., 2023 TSPR 118, 212 DPR ___ (2023); Oriental 

Bank v. Caballero García, 2023 TSPR 103, 212 DPR ___ (2023); González 

Meléndez v. Mun. San Juan et al., 2023 TSPR 95, 212 DPR ___ (2023);

Acevedo y otros v. Depto. Hacienda y otros, 2023 TSPR 80, 212 DPR ___ 

(2023); Universal Ins. y otro v. ELA y otros, 211 DPR 455 (2023). Dicho 

mecanismo permite a los tribunales disponer, parcial o totalmente, de 

litigios civiles en aquellas situaciones en las cuales no exista controversia 

material de hecho que requiera ventilarse en un juicio plenario y el derecho 

así lo permita. Segarra Rivera v. Int’l. Shipping et al., 208 DPR 964 (2022). 

Este mecanismo lo puede utilizar la parte reclamante o aquella parte que 

se defiende de una reclamación. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1 y 36.2.

Mediante el mecanismo de sentencia sumaria, se procura 

profundizar en las alegaciones para verificar si, en efecto, los hechos 

ameritan dilucidarse en un juicio. León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 

20, 42 (2020). Este cauce sumario resulta beneficioso tanto para el tribunal, 

como para las partes en un pleito, pues se agiliza el proceso judicial, 

mientras simultáneamente se provee a los litigantes un mecanismo 

procesal encaminado a alcanzar un remedio justo, rápido y económico. 

Segarra Rivera v. Int’l. Shipping et al., supra. Como se sabe, en aras de 

prevalecer en una reclamación, la parte promovente debe presentar prueba 

incontrovertible sobre todos los elementos indispensables de su causa de 

acción. Íd. 
KLCE202400361 15

Nuestro ordenamiento civil y su jurisprudencia interpretativa impone 

unos requisitos de forma con los cuales hay que cumplir al momento de 

presentar una solicitud de sentencia sumaria, a saber: (1) una exposición 

breve de las alegaciones de las partes; (2) los asuntos litigiosos o en 

controversia; (3) la causa de acción sobre la cual se solicita la sentencia 

sumaria; (4) una relación concisa, organizada y en párrafos enumerados 

de todos los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay 

controversia sustancial, con indicación de los párrafos o las páginas de las 

declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se 

establecen estos hechos, así como de cualquier otro documento admisible 

en evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal; (5) las razones 

por las cuales se debe dictar la sentencia, argumentando el derecho 

aplicable, y (6) el remedio que debe ser concedido. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3;

Oriental Bank v. Caballero García, supra, pág. 8; Pérez Vargas v. Office 

Depot, 203 DPR 687 (2019). Si la parte promovente de la moción incumple 

con estos requisitos, “el tribunal no estará obligado a considerar su pedido”. 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 111 (2015).

Por otro lado, “la parte que desafía una solicitud de sentencia 

sumaria no puede descansar en las aseveraciones o negaciones 

consignadas en su alegación”. León Torres v. Rivera Lebrón, supra, pág. 

43. Por el contrario, quien se opone a que se declare con lugar esta solicitud 

viene obligado a enfrentar la moción de su adversario de forma tan 

detallada y específica como lo ha hecho la parte promovente puesto que, 

si incumple, corre el riesgo de que se dicte sentencia sumaria en su contra, 

si la misma procede en derecho. Íd. 

Por ello, en la oposición a una solicitud de sentencia sumaria, la 

parte promovida debe puntualizar aquellos hechos propuestos que 

pretende controvertir y, si así lo desea, someter hechos materiales 

adicionales que alega no están en disputa y que impiden que se dicte 

sentencia sumaria en su contra. León Torres v. Rivera Lebrón, supra. Claro 

está, para cada uno de estos supuestos deberá hacer referencia a la 
KLCE202400361 16

prueba específica que sostiene su posición, según exigido por la Regla 36.3 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3. Íd. En otras palabras, la 

parte opositora tiene el peso de presentar evidencia sustancial que apoye 

los hechos materiales que alega están en disputa. Íd. De lo anterior, se 

puede colegir que, ante el incumplimiento de las partes con las 

formalidades de la Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009, supra, la 

consideración de sus posiciones descansa en la sana discreción del 

Tribunal.

Al atender la solicitud, el Tribunal deberá asumir como ciertos los 

hechos no controvertidos que se encuentren sustentados por los 

documentos presentados por la parte promovente. E.L.A. v. Cole, 164 DPR 

608, 626 (2005). Toda inferencia razonable que pueda surgir de los hechos 

y de los documentos se debe interpretar en contra de quien solicita la 

sentencia sumaria, pues solo procede si bajo ningún supuesto de hechos 

prevalece la parte promovida. Íd., pág. 625. Además, al evaluar los méritos 

de una solicitud de sentencia sumaria, el juzgador o juzgadora debe actuar 

guiado por la prudencia y ser consciente, en todo momento, que su 

determinación puede conllevar el que se prive a una de las partes de su 

“día en corte”, componente integral del debido proceso de ley. León Torres 

v. Rivera Lebrón, supra, pág. 44.

Sin embargo, la sentencia sumaria generalmente no procederá 

cuando existan controversias sobre hechos esenciales materiales, o si la 

controversia del caso está basada en elementos subjetivos como intención, 

propósitos mentales, negligencia o credibilidad. Acevedo y otros v. Depto. 

Hacienda y otros, supra; Segarra Rivera v. Int’l. Shipping et al., supra. Un 

hecho material es aquel que puede afectar el resultado de la reclamación 

de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable. Oriental Bank v. Caballero 

García, supra, pág. 7; Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 299 

(2012); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). Ahora bien, 

el Foro de última instancia ha reiterado que cualquier duda no es suficiente 

para derrotar una moción de sentencia sumaria, pues debe tratarse de una 
KLCE202400361 17

incertidumbre que permita concluir que existe una controversia real sobre 

hechos relevantes y pertinentes. Íd. Además, existen casos que no se 

deben resolver mediante sentencia sumaria porque resulta difícil reunir la 

verdad de los hechos mediante declaraciones juradas o deposiciones. 

Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 579 (2001). De igual modo, no 

es apropiado resolver por la vía sumaria “casos complejos o casos que 

involucren cuestiones de interés público”. Íd. No obstante, la sentencia 

sumaria procederá si atiende cuestiones de derecho. Universal Ins. y otro 

v. ELA y otros, supra.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha discutido los criterios que 

este Tribunal de Apelaciones debe considerar al momento de revisar una 

sentencia dictada sumariamente por el foro de instancia. Roldán Flores v. 

M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 679-680 (2018); Meléndez González et al. 

v. M. Cuebas, supra, págs. 118-119. Sobre ese particular, nuestro más Alto 

Foro señaló que: 

[E]l Tribunal de Apelaciones debe: (1) examinar de novo el 

expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le exigen al foro 

primario; (2) revisar que tanto la Moción de Sentencia 

Sumaria como su oposición cumplan con los requisitos de 

forma codificados en la referida Regla 36; (3) revisar si en 

realidad existen hechos materiales en controversia y, de 

haberlos, cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de exponer 

concretamente cuáles hechos materiales encontró que están 

en controversia y cuáles están incontrovertidos, y (4) de 

encontrar que los hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, debe proceder a revisar de novo si el 

Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el 

Derecho a la controversia. Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 

supra, pág. 679. 

Conforme a lo anterior, nos encontramos en la misma posición que 

el Tribunal de Primera Instancia para evaluar la procedencia de una 

sentencia sumaria. Birriel Colón v. Econo y otros, 2023 TSPR 120, 213 

DPR ___ (2023); Serrano Picón v. Multinational Life Ins., supra; González 

Meléndez v. Mun. San Juan et al., supra; González Santiago v. Baxter 

Healthcare, 202 DPR 281, 291 (2019). Por ello, nuestra revisión es una de 

novo y nuestro análisis debe regirse por las disposiciones de la Regla 36 

de Procedimiento Civil, supra, así como de su jurisprudencia interpretativa. 
KLCE202400361 18

González Meléndez v. Mun. San Juan et al., supra. A tenor con la referida 

normativa, dicha revisión se realizará de la manera más favorable hacia la 

parte que se opuso a la solicitud de sentencia sumaria en el foro de origen 

y realizando todas las inferencias permisibles a su favor. Birriel Colón v. 

Econo y otros, supra; Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 

118. De esta manera, si entendemos que los hechos materiales realmente 

están incontrovertidos, debemos revisar de novo si el foro primario aplicó 

correctamente el derecho. González Meléndez v. Mun. San Juan et al., 

supra.

Esbozada la norma jurídica, procedemos a aplicarla al recurso ante 

nos.

III

En síntesis, la parte peticionaria plantea que el Tribunal de Primera 

Instancia erró al declarar No Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria 

promovida por esta. Por otro lado, sostiene que el foro primario incidió, 

además, al declarar No Ha Lugar su moción de reconsideración y 

establecer 32 hechos incontrovertidos.

Hemos evaluado el recurso de epígrafe conforme exige la normativa 

antes expuesta con particular atención a los criterios que le corresponde 

utilizar al Tribunal de Apelaciones al momento de revisar determinaciones 

del foro de instancia, según Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra. 

Luego de un examen sosegado del expediente ante nos, colegimos que no 

existe criterio jurídico que amerite nuestra intervención con lo resuelto por 

el Tribunal de Primera Instancia. Al entender sobre los planteamientos que 

la parte peticionaria propone ante este Foro, concluimos que la sala de 

origen no incurrió en error de derecho ni en abuso de discreción al declarar 

No Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria promovida por la parte 

peticionaria, ello a fin de que podamos soslayar la norma de abstención 

judicial que, en dictámenes como el de autos, regula el ejercicio de nuestras 

funciones.
KLCE202400361 19

Al evaluar de novo los documentos que nos ocupan, coincidimos con 

que, al adjudicar el asunto, el Tribunal de Primera Instancia actuó de 

conformidad con las normas que prevalecen en la materia que atendemos. 

Ello, nos hace concluir que nuestra intervención, en esta etapa de los 

procedimientos, no resulta oportuna. Siendo así, y en ausencia de prueba 

que nos permita resolver en contrario, denegamos expedir el auto de 

certiorari que nos ocupa, al amparo de lo dispuesto en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, y la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra.

IV

Por los fundamentos que anteceden, denegamos la expedición del 

recurso de certiorari solicitado.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones