Número Identificador

SEN2024 ______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

JORGE DE JESÚS 

RODRÍGUEZ

Recurrente

v.

ADMINISTRACIÓN DE 

REHABILITACIÓN 

VOCACIONAL

Recurrida

KLRA202400032

REVISIÓN

procedente del 

Departamento 

del Trabajo y 

Recursos 

Humanos

Administración 

de Rehabilitación 

Vocacional

Apelación Núm.:

ARV-SJ-MM-22-

209

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Pagán Ocasio, el Juez Marrero Guerrero y la Jueza Boria 

Vizcarrondo.

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de agosto de 2024.

Comparece ante nos, mediante recurso de Revisión Judicial, 

el señor Jorge de Jesús Rodríguez (Sr. de Jesús o Recurrente) y nos 

solicita que revoquemos la Resolución Final emitida por la 

Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV).1

Por los fundamentos discutidos en adelante, confirmamos la 

Resolución Final de la ARV.

I.

Para el 2017, el Sr. de Jesús cursaba estudios en 

Quiropráctica en Life University en el estado de Georgia, EE. UU.

Dichos estudios estuvieron auspiciados por la ARV, quien costeaba 

el 40% de la matrícula trimestral.2

El año académico de Life University se componía de cuatro (4) 

trimestres. Estos eran Verano (julio a septiembre), Otoño (octubre a 

diciembre), Invierno (enero a marzo) y Primavera (abril a junio).

1 Apéndice de recurso de Revisión Judicial, Anejo I, págs. 1-8. Notificada y 

archivada en autos el 22 de diciembre de 2023.

2 Íd., Anejo X, pág. 67-70.
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Durante sus estudios, el Sr. de Jesús se dio de baja o no aprobó 

varios de los cursos en los que estaba matriculado. En específico:

3

El Sr. de Jesús fue asignado a un Consejero en Rehabilitación 

Vocacional (CRV) con quien debía consultar cualquier baja de 

matrícula. Además, el 21 de diciembre de 2016, el Sr. de Jesús fue 

orientado sobre las normativas de la ARV y de su programa de 

adiestramiento, firmando una Certificación del Consumidor de 

Orientación Ofrecida Sobre las Disposiciones Generales para recibir 

Servicios de Adiestramiento a través de la Administración de 

Rehabilitación Vocacional (ARV) (Certificación) atestando aquello.4

Las cláusulas 14 y 15 de dicha Certificación disponen que:

14. Fui orientado de que se me interrumpirá el servicio 

de adiestramiento y servicios relacionados 

(manutención y transportación, libros y materiales de 

adiestramiento), si me doy de baja o fracaso en una o 

3 Íd., Anejo IX, págs. 59-66

4 Íd., Anejo X, págs. 67-70.

Trimestre Curso no aprobado

Invierno 2017 Se dio de baja del curso “Orthopedic 

Diagnosis”.

Primavera 2017 Se dio de baja de “Orthopedic 

Diagnosis” y obtuvo una F en 

“Laboratories Studies”.

Verano 2017 Obtuvo F en “Orthopedic Diagnosis” 

y en “Pathology II”. No aprobó 9 de 

los 15 créditos matriculados. 

Otoño 2017 Obtuvo una F en “Skeletal 

Radiology B” y se dio de baja de 

“Full Spine Technique”. No aprobó 

4.5 de los 19.5 créditos 

matriculados.

Invierno 2018 Obtuvo una F en “Skeletal 

Radiology” y en “Radiology Report”. 

No aprobó 2.5 de los 15 créditos 

matriculados.

Otoño 2019 Tuvo una baja de “Activator 

Technique”.

Invierno 2020 Se dio de baja de “Advance RADD 

4820”.
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más asignaturas durante la sesión académica sin 

causas justificadas.

5

15. Si fracaso, me doy de baja o apruebo con D una 

asignatura de concentración se justificará reevaluar con 

mi CRV mi meta de empleo.6

A consecuencia de su desempeño académico, falta de 

comunicación y transparencia con su CRV y no remitir evidencia de 

notas y progreso académico, la ARV interrumpió el auspicio de 

adiestramiento al Sr. de Jesús para el trimestre de Verano 2017. La 

Resolución Final dispuso:

Aunque los servicios al [Sr. de Jesús] se 

interrumpieron en el año 2017, este no realizó gestión 

alguna en el año 2018 para que se restauraran los 

servicios. El 29 de enero de 2018, su [CRV] le envió 

correos electrónicos donde expresaba que hacían varios 

meses que no sabía de él, por lo que se habían 

interrumpido los servicios.7

El Sr. de Jesús admitió que no envió las notas del trimestre 

anterior (Otoño 2017).8 Así las cosas, el 18 de diciembre de 2018, su

CRV le remitió un correo electrónico donde le informó que hacía 

mucho tiempo que no tenía contacto con él, que le gustaría saber de 

él y le preguntó si completó sus estudios. El 13 de octubre de 2020, 

su CRV le informó, nuevamente mediante correo electrónico, que 

había recibido las transcripciones que éste le remitió y le explicó que 

los servicios de la ARV estaban interrumpidos por no cumplir con el 

progreso académico.9

Ante la interrupción de los servicios de la ARV, el 15 de julio 

de 2022, el Sr. de Jesús presentó una apelación, titulada Querella,

ante la ARV para que revisara la suspensión de servicios y pagara 

los gastos que se obligaron a sufragar desde el Verano 2017 hasta 

el Verano 2020.10 Pese que la interrupción de servicio se dio en el 

5 Íd., pág. 69. (Énfasis nuestro).

6 Íd.

7 Íd., Anejo I, pág. 3.

8 Íd., Anejo VIII, pág. 57.

9 Íd., Anejo I, pág. 3.

10 Íd., Anejo 2, págs. 9-12.
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2017, no fue hasta el 15 de julio de 2022 que el Sr. de Jesús 

cuestionó la determinación de la ARV.

Durante el proceso administrativo, la ARV presentó varias 

comunicaciones e informes entre el Sr. de Jesús y su CRV. Esto 

incluyó comunicaciones directas con el Sr. de Jesús, como 

comunicaciones con sus parientes. En dichas comunicaciones, la 

CRV proveyó información detallando la suspensión de servicios, el 

deber del Sr. de Jesús de tramitar sus transcripciones y progreso 

académico y señalamientos sobre su incumplimiento con estos 

deberes.11 En una comunicación fechada el 28 de febrero de 2017, 

el Sr. de Jesús reconoció expresamente que “me di de baja de 

Orthopedic. Sé el reglamento de que[,] si me doy de baja, pierdo la 

ayuda”.12

El 18 de diciembre de 2022, y luego de celebrar una vista 

administrativa, el licenciado Luis Benjamín Méndez Méndez, oficial 

examinador de la ARV, emitió la Resolución Final de la cual se 

recurre. Luego de hacer una determinación de hechos, el oficial 

examinador declaró No Ha Lugar a la apelación presentada por el 

Sr. de Jesús. Concluyó que el Sr. de Jesús fue debidamente 

notificado y orientado sobre el contenido de la Normativa 2016-04 y 

de la ARV 110. Además, determinó conforme la prueba presentada 

que el Sr. de Jesús no aprobó cursos, envió notas tardíamente y se 

dio de baja de cursos, sin informar u obtener la aprobación de su 

CRV. Dicho incumplimiento impidió que su CRV pudiera someter al 

comité apropiado la solicitud de aprobación de auspicio de los 

trimestres subsiguientes. Por lo tanto, la solicitud del Sr. de Jesús 

de que se reembolsen los gastos en que incurrió para terminar su 

carrera era jurídicamente improcedente.

11 Apéndice de Alegato de la ARV, págs. 32-53.

12 Íd., pág. 53.
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Inconforme con dicha determinación, el 22 de enero de 2024, 

el Sr. de Jesús presentó el recurso de Revisión Judicial ante nuestra 

consideración. En dicha comparecencia, presentó los siguientes 

señalamientos de error:

PRIMER ERROR: ERR[Ó] EL HONORABLE FORO 

ADMINISTRATIVO AL NO CONSIDERAR LOS 

INCUMPLIMIENTOS DE LA ARV CON SU PROPIA 

POLÍTICA PÚBLICA Y CONSIDERAR CORRECTA Y 

VÁLIDA LA INTERRUPCIÓN DE SERVICIOS 

REALIZADA EN SUMMER 2017, A[U]N CUANDO ESTA 

NO FUE NOTIFICADA, EN CLARA VIOLACIÓN DEL 

DEBIDO PROCESO DE LEY.

SEGUNDO ERROR: ERR[Ó] EL HONORABLE FORO 

ADMINISTRATIVO AL CONCLUIR QUE EL APELANTE 

NO ESTABLECIÓ ANTE LA ARV QUE LAS BAJAS EN 

LOS CURSOS[,] ASÍ COMO LAS MALAS 

CALIFICACIONES OBEDECIERAN A 

COMPLICACIONES DE SU CONDICIÓN O CAUSAS 

JUSTIFICADAS.

II.

A.

El Artículo 4.006 (c) de la Ley de la Judicatura de 2003, Ley 

Núm. 201-2003, (4 LPRA sec. 24y (c)), faculta al Tribunal de 

Apelaciones a atender las decisiones, órdenes y resoluciones finales 

de organismos o agencias administrativas. Los organismos 

administrativos merecen la mayor deferencia judicial, puesto que 

estos tienen el conocimiento especializado sobre los asuntos que les 

han sido delegados. Hernández Feliciano v. Mun. Quebradillas, 211 

DPR 99 (2023); Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606 (2016); 

IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712 (2012). Al 

momento de revisar una decisión administrativa, el principio rector 

es el criterio de la razonabilidad de las decisiones y actuaciones de 

la agencia. Íd. Todas las decisiones administrativas gozan de una 

presunción de legalidad y corrección, por lo cual la parte que las 

impugne debe producir suficiente evidencia para derrotarla. Íd.

Las facultades adjudicativas de una agencia están regidas por 

la LPAU, supra, y por la jurisprudencia aplicable. La Sección 3.1 de 
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la LPAU, Íd., requiere que las agencias fundamenten sus 

resoluciones con determinaciones de hecho y conclusiones de 

derecho. Estas determinaciones deben reflejar que se consideraron 

y resolvieron los conflictos de prueba y, además, deben describir 

tanto los hechos probados como los rechazados. Empresas Ferrer v. 

A.R.Pe., 172 DPR 254, 265 (2007). Por lo tanto, la facultad revisora 

de los tribunales está limitada a determinar: (1) que el remedio 

concedido por la agencia fuese el apropiado; (2) si las 

determinaciones de hecho estuvieron basadas en evidencia 

sustancial que obre en el expediente administrativo; y (3) si las 

conclusiones de derecho fueron correctas mediante su revisión 

completa y absoluta. LPAU, supra, Sec. 4.5.

Sobre nuestra facultad revisora, el Tribunal Supremo ha 

expresado que:

[L]as determinaciones de hecho se deben sostener si 

se fundamentan en evidencia sustancial que surja de 

la totalidad del expediente administrativo. Mientras, 

la deferencia antes mencionada no se extiende de 

manera automática a las conclusiones de derecho

emitidas por la agencia, ya que estas serán revisables 

en todos sus aspectos por el tribunal. Esto es, que el 

tribunal las puede revisar sin sujeción a norma o 

criterio alguno. 

Hernández Feliciano v. Mun. Quebradillas, supra, pág. 

115. (citas omitidas) (Énfasis nuestro).

“[L]os foros apelativos debemos diferenciar entre asuntos de 

interpretación estatutaria, en la que los tribunales son especialistas, 

y los asuntos propios de la discreción o la pericia administrativa”. 

Íd., pág. 116. Al revisar las determinaciones de hechos, los 

tribunales solo pueden sustituir su criterio por el de la agencia 

cuando las determinaciones no están fundamentadas en evidencia 

sustancial. “Evidencia sustancial es ‘aquella evidencia relevante que 

una mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener 

una conclusión’”. Empresas Ferrer v. A.R.Pe., supra, pág. 266 

(citando a Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 615 
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(2006)). La parte que impugne una determinación “tiene que 

convencer al tribunal de que la evidencia en la cual se apoyó la 

agencia para formular tales determinaciones no es sustancial”. 

Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005).

Los tribunales les deben menor deferencia a las conclusiones 

de derecho de las agencias. Hernández Feliciano v. Mun. 

Quebradillas, supra, pág. 115. Aun así, la interpretación judicial del 

derecho no constituye una sustitución automática de las 

conclusiones de derechos de una agencia. Íd. En otras palabras, la 

deferencia disminuida no trata de una revisión de novo. El criterio 

administrativo solo debe ser descartado cuando “no se pueda hallar 

fundamento racional que explique o justifique el dictamen 

administrativo”. Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 36 

(2018).

B.

El 10 de junio de 2000, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 

de Rehabilitación Vocacional de Puerto Rico, Ley Núm. 97-2000, 18 

LPRA sec. 1064 et seq. (Ley Núm. 97), con el propósito de “evaluar, 

planificar, desarrollar y proveer servicios de rehabilitación a 

personas con impedimentos para que pudieran prepararse y entrar 

a una actividad de empleo o lograr una vida independiente”. Íd.,

Exposición de Motivos. La Ley Núm. 97 dispuso que, para lograr sus 

propósitos, la ARV estará adscrito al Departamento de Trabajo. 

Además, la ARV tendrá la facultad de “[d]esarrollar aquellos 

programas, facilidades y servicios que sean necesarios para lograr 

los propósitos establecidos por ley”, “[t]omar las medidas 

administrativas que sean necesarias para el funcionamiento de las 

leyes o planes estatales de rehabilitación vocacional y para cumplir 

con las condiciones que sean necesarias para obtener los mayores 

beneficios de las leyes federales”, “[l]levar a cabo o auspiciar 

actividades para el desarrollo del personal” y “[a]doptar, enmendar 
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y derogar reglas y reglamentos para regir las normas de sus 

actividades en general y para ejercer y desempeñar los poderes y 

deberes que por ley se le conceden”. Íd., Artículo 5 (a), (c), (h) y (i).

Uno de los programas desarrollados por la ARV es el auspicio 

de adiestramiento, en coordinación con un CRV para adelantar las 

metas de empleo del solicitante/consumidor. Para solicitar el apoyo 

de este servicio, el consumidor debe primero aprobar, en conjunto 

con la ARV, un Plan Individualizado para Empleo (PIPE). El PIPE 

cubre un periodo específico y su aprobación es indispensable para 

que la ARV provea apoyo o auspicio del adiestramiento.

Relevante a este programa es la Comunicación Normativa 

Núm. 2016-04, de 14 de julio de 2015, que establece el 

Procedimiento para Recomendar el Servicio de Adiestramiento 

(Normativa 2016-04). La Normativa 2016-04 dispone claramente 

que “[t]odo consumidor que solicite a la ARV que le auspicie el 

servicio de adiestramiento en sus diferentes categorías, tiene que 

cumplir con lo dispuesto en este procedimiento”. Íd., pág. 3. Más 

adelante, dispone que “[e]l consumidor presentará evidencia de la 

carga académica por semestre, trimestre o cuatrimestre, de acuerdo 

a la institución en donde fue aceptado”. Íd., pág. 6. Además, 

establece el deber del consumidor a “aprobar los cursos en que está 

matriculado y mantener un promedio general no menor que el 

mínimo requerido por la institución donde estudia para continuar 

recibiendo el auspicio del adiestramiento y otros servicios 

relacionados con el adiestramiento”. Íd. Finalmente, crea un

requisito indispensable por parte del consumidor de “someter el 

informe de calificaciones oficial al terminar cada sesión académica 

acordada con el CRV”. Íd., pág. 7. Para esto, el consumidor tendrá

treinta (30) días a partir de culminar el término académico. Íd.
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El incumplimiento con las disposiciones de la Normativa 

2016-04 resultará en la suspensión del auspicio de adiestramiento 

por parte de la ARV. Esta dispone claramente que:

La ARV podrá evaluar la continuación de los 

servicios de adiestramiento cuando el consumidor 

no cumple con lo establecido en la Sección II de las 

Disposiciones Generales, debido a causas 

justificadas, relacionadas a las limitaciones 

funcionales de su condición física o mental. El CRV 

utilizará los recursos de los consultores médicos y 

psiquiátricos y discutirá con el nivel de supervisión 

regional las situaciones en que sea necesario para 

continuar auspiciando dichos servicios.

Íd., pág. 9. (Énfasis nuestro).

También dispone que “[l]a ARV no asumirá responsabilidad de 

pago por deudas contraídas por el consumidor antes de la 

aprobación del [PIPE]”. Íd., pág. 4. (Énfasis nuestro). El PIPE debe 

ser trabajado en conjunto con el CRV asignado, por lo que el 

consumidor tiene un deber de mantener a su CRV informado de, 

entre otras cosas, darse de baja de cualquier curso y su progreso 

académico. Íd., pág. 9. El consumidor debe aprobar la carga de 

créditos en la cual se matriculó y documentar en el expediente de 

servicios las causas o razones por las cuales no aprobó sus cursos. 

Íd., pág. 10. Dichas responsabilidades también son aplicables a los 

parientes o tutor asignado del consumidor. Finalmente, dispone de 

manera categórica que “[s]e interrumpirá el servicio de 

adiestramiento y servicios auxiliares (manutención, 

transportación, libros y materiales de adiestramiento) si el 

consumidor se da de baja o fracasa en una o más asignaturas 

durante una sesión académica, sin justa causa”. Íd. (Énfasis 

nuestro). 

En resumen, la Normativa 2016-04 establece las condiciones 

para que la ARV auspicie el adiestramiento de un consumidor. A su 

vez, también dispone los deberes y responsabilidades que tiene un 

consumidor para continuar recibiendo el auspicio y apoyo de la 
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ARV. Esencial para este servicio, el consumidor debe mantenerse en 

comunicación con su CRV, coordinar su matrícula con este 

funcionario, notificar y enviar sus transcripciones de créditos y 

aprobar los cursos en los que se ha matriculado. Finalmente, la 

Normativa 2016-04 establece las consecuencias del incumplimiento 

con lo ahí dispuesto, incluyendo la suspensión del servicio cuando 

no exista justa causa para el incumplimiento. Justa causa, según la 

Normativa 2016-04, son aquellas causas relacionadas con las 

limitaciones funcionales de la condición física o mental del 

consumidor.

III.

Con el derecho aplicable esbozado, nos encontramos en 

posición para resolver las controversias presentadas en el recurso 

de Revisión Judicial presentado ante nos. Por estar relacionados con 

la justa causa por la suspensión del servicio y el cumplimiento con 

el debido proceso de ley, atenderemos los errores señalados en 

conjunto. Luego de analizar los escritos de las partes, los exhibits 

presentados ante el oficial examinador y la Resolución Final, es 

forzoso concluir que no se cometieron los errores.

Como cuestión de umbral, quedó incontrovertido que el Sr. de 

Jesús fue orientado y adiestrado sobre las expectativas, 

responsabilidades y deberes con las cuales debía cumplir para 

mantener el auspicio de su adiestramiento. En específico, atestó en 

la Certificación, que estaba consciente y que fue orientado de estos 

deberes. Además, en sus comunicaciones con su CRV, el Sr. de 

Jesús fue advertido de no haber presentado su transcripción de 

créditos, ni haberse comunicado con su CRV sobre su progreso 

académico. En sus respuestas a los correos electrónicos de su CRV, 

aceptó que no había sometido la información requerida y estaba 

consciente de las consecuencias de no hacerlo. 
KLRA202400032 11

La Normativa 2016-04 dispone claramente que el 

incumplimiento con sus disposiciones conllevará la suspensión del 

servicio de auspicio. Además, dispone que la ARV no será 

responsable por las deudas contraídas antes de aprobarse el PIPE 

para el periodo para el cual se solicita el auspicio. Siendo la 

comunicación periódica y coordinación con el CRV asignado, un 

requisito indispensable para la aprobación del PIPE, procede la 

suspensión del servicio ante el incumplimiento del consumidor. 

En el caso del Sr. de Jesús, este incumplió con sus deberes y 

no mantuvo a su CRV informado de su progreso académico. 

Además, el Sr. de Jesús no proveyó justa causa para sus 

incumplimientos con su CRV ni sobre su incumplimiento con las 

responsabilidades académicas. Alegó en su escrito de Revisión 

Judicial que la ARV erró al concluir que las bajas y malas 

calificaciones no obedecieron a complicaciones de su condición o 

causas contempladas por la Normativa 2016-04. En cuanto a este 

señalamiento, destacamos que no se presume la justa causa para el 

incumplimiento con las responsabilidades esbozadas en la 

Normativa 2016-04. El Sr. de Jesús nunca proveyó justificaciones 

para sus bajas y malas calificaciones, salvo excusas generalizadas 

como “[el curso] requiere mucho tiempo de estudio, comparado con 

las otras clases que estoy tomando”.13 Destacamos que dicha 

justificación se dio luego de darse de baja del curso en contravención 

a las disposiciones de la Normativa 2016-04.

En resumen, el Sr. de Jesús tenía conocimiento de sus 

deberes para continuar con el servicio de auspicio que le proveía la 

ARV. No obstante, incumplió con estas responsabilidades. El Sr. de 

Jesús tuvo trimestres en los que no presentó un PIPE aprobado. 

Ante estos incumplimientos, forzoso es concluir que la ARV no es 

13 Íd., pág. 52.
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responsable por las deudas contraídas en estos términos. 

Entendiendo que la determinación de la ARV fue razonable conforme

los hechos y reiterados incumplimientos del Sr. de Jesús con la 

Normativa 2016-04, no vemos razón para revocar la Resolución 

Final. En consecuencia, se confirma.

IV.

Por los fundamentos esbozados, confirmamos la Resolución 

Final recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones