Número Identificador

RES2024________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IV

WM CAPITAL 76 LLC

Parte Recurrida

v.

RUBÍ GONZÁLEZ CLEOFE, et 

al.

Parte Peticionaria

KLCE202400669

Certiorari

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de

Carolina

Civil Núm.:

F CD2014-1469

Sobre:

Cobro de Dinero y 

Ejecución de 

Hipoteca por la 

vía ordinaria 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 

Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Rodríguez Flores, juez ponente.

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2024.

La parte peticionaria, Cleofé Rubí González y otros 

codemandados, solicita que revoquemos dos órdenes emitidas el 28 

de febrero de 2024, y notificadas el 14 de marzo de 2024, por el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de Carolina, 

mediante las cuales se autorizó la sustitución de la parte 

demandante y enmienda al epígrafe para que figurara WM Capital 

76, LLC, en lugar de Scotiabank de Puerto Rico, y ordenó la 

continuación de los procedimientos en ejecución de la sentencia en 

rebeldía emitida en el caso el 22 de febrero de 2015.

Evaluado el recurso y los documentos que obran en el 

apéndice, y a tenor con el derecho aplicable, denegamos la 

expedición del auto de certiorari.

I.

El 5 de diciembre de 2014, Scotiabank de Puerto Rico instó 

una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra el 
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Sr. Cleofé Rubí González, la señora Moraima Cintrón Avilés, la 

sociedad legal de bienes gananciales compuesta por éstos, Carolinas 

Industrial Park, S.E.; Dorado Del Mar Golf Condos, S.E.; Mora 

Development Corporation; El Verde Associates, Demandado A y 

Demandado B (en conjunto, Sr. Rubí González). 

Luego que se anotara la rebeldía a todos los demandados, el 

22 de febrero de 2015, el TPI dictó sentencia en rebeldía declarando 

con lugar la demanda. 

El 17 de junio de 2017, Scotiabank de Puerto Rico solicitó la 

ejecución parcial de la sentencia con relación a ciertos préstamos, 

mediante la venta de uno de los inmuebles gravados con una de las 

hipotecas otorgadas en garantía sobre la finca número 61,074, 

según descrita en la escritura que garantiza la acreencia. El TPI 

autorizó la referida ejecución parcial mediante orden y 

mandamiento de ejecución de 31 de julio de 2017, y 7 de agosto de 

2017, respectivamente. La orden de confirmación de venta judicial 

a favor de Scotiabank de Puerto Rico fue emitida el 22 de noviembre 

de 2017.

El 13 de diciembre de 2019, Scotiabank de Puerto Rico le 

cedió a título oneroso ciertos créditos a WM Capital 76 LLC, entre 

los cuales estaban comprendidos algunos de los instrumentos y 

garantías presentadas al cobro y adjudicados mediante la acción 

judicial de epígrafe. 

El 12 de enero de 2024, WM Capital 76 LLC solicitó la 

sustitución de la parte demandante conforme dispone la Regla 22.3 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 22.3, alegando ser la 

verdadera parte con interés en continuar con los procedimientos 

debido a la transferencia a su favor de los créditos relacionados a 

los préstamos de Mora Development Corporation. Acompañó su 

solicitud de sustitución con: (1) el Mortgage and Loan Document 

Assignment, mediante el cual Scotiabank de Puerto Rico transfirió 
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sus derechos e intereses sobre el pagaré hipotecario por la cantidad 

de $400,00.00, otorgado por El Verde Associates como garantía 

hipotecaria de los préstamos de Mora Development Corporation, y 

(2) copia del mencionado pagaré hipotecario, junto a su Allonge to 

Note suscrito por Scotiabank de Puerto Rico que, entre otras cosas, 

garantiza los créditos de Mora Development Corporation.1

Posteriormente, el 18 de enero de 2024, WM Capital 76 LLC 

presentó una solicitud de autorización para proceder con la 

ejecución de la sentencia y para que se autorizara la venta en 

pública subasta de uno de los inmuebles hipotecados en garantía 

de su acreencia, en específico, de la finca número 11,301 de Vega 

Baja. Puntualizó que la venta en pública subasta de la finca 61,074, 

no satisfizo la deuda en su totalidad. 

El 22 de enero de 2024, el Sr. Rubí González presentó una 

oposición a la solicitud de sustitución de la parte demandante y una 

moción urgente para solicitar la paralización de la solicitud de 

ejecución de la sentencia. A través de ambos escritos, argumentó 

que no procede la sustitución de la parte demandante y la solicitud 

de ejecución hasta tanto WM Capital 76 LLC proveyera evidencia de 

la cesión de créditos a su favor. Además, alegó que, en virtud de la 

doctrina de cosa juzgada, WM Capital 76 LLC estaba impedido de 

relitigar cualquier causa de acción que se presentó o pudo haber 

sido presentada por Scotiabank de Puerto Rico.

Las partes presentaron sus respectivos escritos en réplica y 

dúplica. 

Mediante documento titulado órdenes, emitido el 28 de 

febrero de 2024, y notificado el 14 de marzo de 2024, el TPI autorizó 

la sustitución de la parte demandante, para que figurara WM Capital 

76 LLC en lugar de Scotiabank de Puerto Rico. También, ordenó la 

1 Apéndice del recurso, págs. 59-66.
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continuación de los procedimientos en ejecución de la sentencia 

emitida el 22 de febrero de 2015 y declaró con lugar la autorización 

para proceder con la venta en pública subasta del inmueble.

2 En 

otro extremo, declaró no ha lugar la moción urgente de paralización

de los procedimientos de ejecución de sentencia presentada por el 

Sr. Rubí González. 

El 1 de abril de 2024, el Sr. Rubí González presentó una 

solicitud de reconsideración. En ésta, adujo que WM Capital 76 LLC 

solicitó la ejecución de la sentencia emitida el 22 de febrero de 2015

de manera tardía y sin justificar la razón por la cual no se llevó a 

cabo la ejecución dentro del plazo de cinco (5) años de ésta haber 

advenido final y firme. Precisó que, si bien hubo conversaciones con 

WM Capital 76 LLC, que pudieron haber inducido al acreedor a no 

ejercer su derecho dentro del referido término, éstas no incluyeron 

representaciones de pago y, además, era necesario que dicho 

acreedor estableciera que esas conversaciones ocurrieron antes de 

que concluyera el referido término de cinco (5) años. Añadió que WM 

Capital 76 LLC no había divulgado la cuantía pendiente de pago y 

que tampoco podía ordenarse la ejecución basado únicamente en 

una referencia a la deuda originalmente dispuesta mediante la 

sentencia dictada y una aseveración generalizada de que aún se 

debe alguna suma no especificada. 

A su vez, el Sr. Rubí González reiteró que WM Capital 76 LLC 

no acreditó haber adquirido derecho alguno sobre la sentencia en 

rebeldía dictada en el caso. Finalmente, aseveró que, cuando la 

fuente de una obligación es una sentencia, el objeto del contrato de 

cesión tiene que ser la propia sentencia y no los documentos bajo 

los cuales surgió la causa de acción que generó el pleito que dio 

lugar a esa sentencia.

2 La orden de ejecución también se emitió el 28 de febrero de 2024, pero se notificó 

el 15 de marzo de 2024.
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El TPI denegó la solicitud de reconsideración mediante 

Resolución emitida el 8 de mayo de 2024, y notificada el 16 de mayo 

de 2024.

Inconforme, el 17 de junio de 2024, el Sr. Rubí González instó 

el recurso que nos ocupa y apuntó los siguientes señalamientos de 

error:

Erró el TPI al permitir la sustitución de WMPC76 como 

demandante por no haberse acreditado que dicha parte 

adquirió los derechos sobre la sentencia.

Erró el TPI al autorizar la ejecución tardía en el presente 

caso.

El 27 de junio de 2024, el Sr. Rubí González presentó una 

Moción Urgente para Solicitar que se Emita una Orden en Auxilio de 

Jurisdicción, con el fin de detener los procesos de ejecución 

pendientes ante el TPI, aludiendo a las subastas pautadas para el 

29 de julio, 5 y 12 de agosto de 2024.

El 27 de junio de 2024, WM Capital 76 LLC presentó su 

Oposición a Petición de Certiorari y a Moción Urgente para Solicitar 

que se Emita una Orden en Auxilio de Jurisdicción. En síntesis, 

planteó que no se configuraba ninguno de los criterios esbozados en 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, infra, para 

que este tribunal ejerciera su discreción, revocara las 

determinaciones y paralizara los procedimientos ante el foro de 

primera instancia. 

II.

A.

El auto de certiorari es el vehículo procesal que permite a un 

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones 

interlocutorias realizadas por un foro inferior. La expedición del auto 

descansa en la sana discreción del tribunal.3

3 Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994, 1004 (2021); 800 Ponce 

De León v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020).
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Para determinar si procede la expedición de un auto de 

certiorari en el que se recurre de alguna determinación post 

sentencia, debemos acudir directamente a lo dispuesto en la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 40.

Así, a los fines de ejercer sabiamente nuestra facultad 

discrecional en la consideración de los asuntos planteados mediante 

el recurso, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra, establece que este foro apelativo intermedio tomará en 

consideración los siguientes criterios al determinar si procede o no 

la expedición de un auto de certiorari:

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, 

a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 

derecho.

B. Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.

D. Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.

Ello impone a este Tribunal la obligación de ejercer 

prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del foro 

de primera instancia, de forma que no se interrumpa 

injustificadamente el curso corriente de los casos ante ese foro.4 Por 

tanto, de no estar presente ninguno de los criterios esbozados, 

procede abstenernos de expedir el auto solicitado.

4 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).
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B.

La Regla 22.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R.22.3,

dispone la norma procesal concerniente a la sustitución de parte en 

caso de una cesión de interés. En específico, la Regla establece:

En caso de cualquier cesión de interés, podrá 

continuarse el pleito por o contra la parte original a 

menos que el tribunal, previa solicitud al efecto, 

disponga que el (la) cesionario(a) sea sustituido(a) en el 

pleito o acumulado(a) a la parte original. La solicitud 

será notificada conforme se dispone en la Regla 22.1 de 

este apéndice.

A tenor con la citada regla, cuando ocurre una cesión de un 

crédito o un bien, la sustitución de partes es optativa. Esto significa 

que no es indispensable verificar la sustitución del cesionario por el 

cedente como parte, ya que, una vez cedido un bien o un crédito, se 

permite continuar la tramitación del caso en pro o en contra del 

titular original, o sea, del cedente. Esto se debe a que el trámite 

procesal para sustituir a una parte en nada afecta los derechos 

sustantivos de las partes.5

C.

El procedimiento de ejecución de sentencia le imprime 

continuidad a todo proceso judicial que culmina con una sentencia.6

Como norma general, las sentencias se ejecutan en la sala 

sentenciadora.7 Es necesario recurrir a la ejecución forzosa de una 

sentencia cuando la parte obligada incumple con los términos de la 

sentencia.8

Sobre el procedimiento de ejecución de una sentencia, la 

Regla 51 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 51, dispone que 

la parte a cuyo favor se dictó una sentencia puede ejecutarla dentro 

de los cinco años de ésta ser firme. Transcurrido dicho término, la 

sentencia podrá ejecutarse mediante autorización del Tribunal, a 

5 Mun. de San Juan v. Bosque Real SE, 158 DPR 743, 759 (2003). 

6 Mun. San Juan v. Prof. Research, 171 DPR 219, 247 (2007).

7 Igaravidez v. Ricci, 147 DPR 1, 7 (1998). 

8 Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171 DPR 219, 248 (2007).
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solicitud de parte, y previa notificación a todas las partes.9 La 

autorización del tribunal es de carácter discrecional.10

El Tribunal Supremo ha permitido una excepción en las 

acciones de cobro de dinero. La parte a cuyo favor se dictó la 

sentencia en esos casos puede presentar un pleito ordinario e 

independiente para su ejecución. La excepción es permisible, porque 

cuando la sentencia impone el deber de satisfacer una suma de 

dinero, surge un nuevo crédito que se puede reclamar por vía 

judicial.11

III.

El Sr. Rubí González solicita que revoquemos las órdenes 

emitidas el 28 de febrero de 2024, mediante las cuales el TPI 

autorizó la sustitución de la parte demandante, para que figurara 

WM Capital 76 LLC en lugar de Scotiabank de Puerto Rico, y ordenó 

la continuación de los procedimientos en ejecución de la sentencia 

emitida el 22 de febrero de 2015. Arguye que no procede la 

sustitución de la parte demandante y la solicitud de ejecución hasta 

tanto WM Capital 76 LLC proveyera evidencia de la cesión de 

créditos a su favor y justificara la demora en solicitar la ejecución 

de la sentencia dictada el 22 de febrero de 2015. 

Sin embargo, del trámite procesal relatado, surge que el foro 

primario autorizó la sustitución de parte y ordenó la continuación 

de los procedimientos de ejecución ante la cesión de interés 

acreditada mediante los documentos que acompañaron la solicitud 

de sustitución y tras evaluar la correspondiente solicitud de 

autorización para proceder con la ejecución. 

Así pues, tras analizar los documentos presentados por las 

partes, a la luz de los criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento, 

9 Komodidad Dist. v. S.L.G. Sánchez, Doe, 180 DPR 167, 172 (2010); Mun. de San 

Juan v. Prof. Research, supra; Igaravidez v. Ricci, supra.

10 Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal, T. IV, pág. 1430 (Pubs. JTS, 

2011).

11 Mun. San Juan v. Prof. Research, supra.
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supra, concluimos que la determinación impugnada no denota un 

abuso de discreción por parte del tribunal primario. Tampoco se 

desprende que el dictamen recurrido sea irrazonable, arbitrario, 

muestre elementos de prejuicio o denote error en la aplicación de 

una norma jurídica. Mucho menos, el Sr. Rubí González demostró 

que estemos ante una situación en la que, al expedir el auto de

certiorari, evitaría un grave perjuicio o un craso fracaso de la justicia. 

En fin, al no haberse acreditado razones que justifiquen 

nuestra intervención con la determinación cuestionada, ni estar 

presentes ninguna de las instancias que establece la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, supra, procede denegar el auto de certiorari.

A tenor con lo resuelto, declaramos no ha lugar la Moción 

Urgente para Solicitar que se Emita una Orden de Auxilio de 

Jurisdicción.

IV.

Conforme a lo anteriormente expuesto, denegamos la 

expedición del auto de certiorari y declaramos no ha lugar la Moción 

Urgente para Solicitar que se Emita una Orden de Auxilio de 

Jurisdicción.

Notifíquese.

Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones