Número Identificador

SEN2024 _______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL II

ONEIDA RODRÍGUEZ 

CARABALLO Y OMAR 

BRACERO RODRÍGUEZ

Recurridos

v.

FELCON AUTOMOTIVE, LLC

POPULAR AUTO, LLC

FORD MOTOR COMPANY, 

INC., FORD DEL SUR, INC.

Recurrentes

KLRA202400024

REVISIÓN 

ADMINISTRATIVA 

procedente del 

Departamento de 

Asuntos del 

Consumidor (DACO)

Caso número:

MAY-2020-0001938

Sobre:

Compraventa de 

vehículos de motor

Panel integrado por su presidente, el juez Bermúdez Torres, el juez 

Adames Soto y la juez Aldebol Mora.

Aldebol Mora, Juez Ponente

S E N T E N C I A

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de marzo de 2024.

Comparece ante nos, Felcon Automotive, Inc. h/n/c Mayagüez Ford

(recurrente), y solicita la revocación de una Resolución emitida por el 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), el 14 de diciembre de 

2023, notificada el 19 del mismo mes y año. Mediante el referido dictamen, 

en lo pertinente, la agencia ordenó al recurrente a pagar $15,088.00, más 

el interés legal prevaleciente, a Oneida Rodríguez Caraballo (Rodríguez 

Caraballo) y a Omar Bracero Rodríguez (Bracero Rodríguez) (recurridos).

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el presente recurso de revisión judicial por academicidad.

I

El 14 de diciembre de 2023, notificada el 19 del mismo mes y año, 

el DACO emitió la Resolución que nos ocupa, mediante la cual ordenó al 

recurrente a pagar $15,088.00, más el interés legal prevaleciente, a los 

recurridos.1 Ello, en un pleito administrativo sobre la compraventa de 

vehículo de motor, incoada por Bracero Rodríguez.

1 Apéndice del recurso, págs. 1-17.
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Inconforme con la referida determinación, el 18 de enero de 2024, la 

parte recurrente compareció ante nos y señaló los siguientes errores:

Erró el DACO, Oficina Regional de Mayagüez, por voz de 

la Honorable Patricia M. Arroyo Salas, al emitir una 

Resolución en la que[,] entre otras cosas, impone la 

devolución automática de 2 años de las mensualidades 

del préstamo de financiamiento de auto, equivalente a 

$14,328.00[,] sin que se desfilase prueba de los daños 

sufridos, lucro cesante y tratándose de un caso de 

garantía[,] no así de vicios ocultos.

Erró el DACO, Oficina Regional de Mayagüez, por voz de 

la Honorable Patricia M. Arroyo Salas, al emitir una 

Resolución en la que[,] entre otras cosas, impone la 

devolución automática de 2 años de las mensualidades 

del préstamo de financiamiento de auto, equivalente a 

$14,328.00[,] sin que se desfilase prueba de que Omar 

Bracero fue quien emitió los pagos y no la titular registral 

de la unidad. 

Erró el DACO, Oficina Regional de Mayagüez, por voz de 

la Honorable Patricia M. Arroyo Salas, al emitir una 

Resolución en la que[,] entre otras cosas, impone la 

devolución automática de 2 años de las mensualidades 

del préstamo de financiamiento de auto, equivalente a 

$14,328.00, sin considerar que el auto estuvo reparado 

desde mediados del 2022 y no fue hasta el mayo [sic] del 

2023 que el Querellante accedió a recogerlo.

Erró el DACO, Oficina Regional de Mayagüez, por voz de 

la Honorable Patricia M. Arroyo Salas, al emitir una 

Resolución en la que[,] entre otras cosas, impone la 

devolución automática de 2 años de las mensualidades 

del préstamo de financiamiento de auto, equivalente a 

$14,328.00, por “concepto de la morosidad en el 

incumplimiento del contrato de garantía”, sin acreditar el 

estimado hecho por el técnico de DACO de $6,500.00, 

cantidad que Mayagüez Ford asumió como costo en 

piezas y labor para la reparación de la unidad.

Erró el DACO, Oficina Regional de Mayagüez, por voz de 

la Honorable Patricia M. Arroyo Salas, al emitir una 

Resolución en la que[,] entre otras cosas, impone el pago 

de $760.00 por daños que presentó la unidad mientras 

estaba bajo la custodia del concesionario, a pesar de que 

no se desfiló prueba sobre la causa de la ocurrencia de 

esos daños y máxime cuando la mayoría de estos son por

“desmerecimiento de la pintura” y/o “pintura brotada”, 

ocasionado por el deterioro y transcurso natural del 

tiempo.

El 16 de febrero de 2024, Bracero Rodríguez presentó ante nos una 

moción, mediante la cual sostuvo que la Resolución recurrida no era final y 

firme. Argumentó que, en dicho dictamen, no se adjudicaron todos los 

remedios solicitados en la querella y en la vista administrativa. Además, 

informó que, el 12 de febrero de 2024, había solicitado ante el DACO el 
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relevo de dicha determinación, con el fin de que la agencia adjudicara la 

totalidad de sus reclamos.

Así las cosas, el 27 de febrero de 2024, el DACO instó ante esta 

Curia una Moción Informativa de la Agencia Notificando Relevo de 

Resolución y Solicitando se Devuelva el Caso al Foro Administrativo. 

Señaló que, luego de analizar la solicitud de relevo promovida por Bracero 

Rodríguez, dejó sin efecto la Resolución recurrida, conforme a la Regla 

31.1 del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos del DACO, 

Reglamento Núm. 8034 de 14 de junio de 2011. En vista de ello, solicitó la 

devolución del caso al foro administrativo para la continuación de los 

procedimientos.

En respuesta, Ford del Sur, Inc. sometió una moción en oposición.

En síntesis, arguyó que el DACO erró al dejar sin efecto el dictamen 

recurrido, toda vez que, además de ser improcedente, la agencia carecía 

de jurisdicción para ello, ya que la determinación se encontraba ante la 

consideración de este Foro.

También en desacuerdo, Ford Motor Company, Inc. se opuso. En 

esencia, alegó que el mencionado relevo es improcedente por las 

siguientes razones: (1) al momento del relevo, el asunto se encontraba 

como objeto de revisión ante este Tribunal de Apelaciones, por lo que el 

DACO carecía de jurisdicción; (2) al momento de resolver el caso de 

epígrafe, el DACO contaba con todas las alegaciones referentes a los 

daños y a la cancelación del contrato; (3) Bracero Rodríguez optó por no 

presentar una solicitud de reconsideración del dictamen recurrido dentro 

del término aplicable. En virtud de lo anterior, solicitó que se declare la 

nulidad del relevo de la Resolución recurrida y se declare No Ha Lugar la 

Moción Informativa de la Agencia Notificando Relevo de Resolución y 

Solicitando se Devuelva el Caso al Foro Administrativo presentada por el 

DACO, por falta de jurisdicción de la agencia.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a 

resolver.
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II

A

La jurisdicción es el poder o autoridad de un tribunal para considerar 

y decidir casos y controversias. FCPR v. ELA et al., 211 DPR 521 (2023); 

MCS Advantage v. Fossas Blanco et al., 211 DPR 135 (2023); Cobra 

Acquisitions v. Mun. Yabucoa et al., 210 DPR 384 (2022). Es por ello que, 

la falta de jurisdicción de un tribunal incide directamente sobre el poder 

mismo para adjudicar una controversia. Allied Mgmt. Group v. Oriental 

Bank, 204 DPR 374, 386 (2020). Por tal razón, es norma reiterada que los 

tribunales son celosos guardianes de su jurisdicción y que tienen el deber 

ineludible de auscultar dicho asunto con preferencia a cualesquiera otros. 

Pueblo v. Torres Medina, 211 DPR 950 (2023).

De ese modo, la ausencia de jurisdicción trae varias consecuencias, 

tales como: (1) que no sea susceptible de ser subsanada; (2) las partes no 

puedan conferírsela voluntariamente a un tribunal como tampoco puede 

este arrogársela; (3) conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos; (4) 

impone a los tribunales el ineludible deber de auscultar su propia 

jurisdicción; (5) obliga a los tribunales apelativos a examinar la jurisdicción 

del foro de donde procede el recurso; y (6) puede presentarse en cualquier 

etapa del procedimiento, a instancia de las partes o por el tribunal motu 

proprio. Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, supra.

En ese sentido, en reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha expresado que los tribunales tenemos el deber de proteger 

nuestra jurisdicción sin poseer discreción para asumirla donde no la hay.

Pueblo v. Ríos Nieves, 209 DPR 264 (2022). A esos efectos, las cuestiones 

de jurisdicción son de índole privilegiada y deben ser resueltas con 

preferencia. Íd.; FCPR v. ELA et al., supra.

B

Sabido es que los tribunales solo pueden resolver casos que sean 

justiciables. Bhatia Gautier v. Gobernador, 199 DPR 59, 68 (2017); Asoc. 

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 931 (2011). El principio de 
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la justiciabilidad gobierna el ejercicio de la función revisora de los 

tribunales, fijando la jurisdicción de estos. Conforme a dicho principio, los 

tribunales limitan su intervención a resolver controversias reales y definidas 

que afectan las relaciones jurídicas de partes antagónicas u opuestas. 

Super Asphalt v. AFI y otro, 206 DPR 803, 815 (2021); U.P.R. v. Laborde 

Torres y otros I, 180 DPR 253, 279-280 (2010); E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 

552, 583-584 (1958). 

La doctrina de la academicidad constituye una de las 

manifestaciones de la justiciabilidad. Super Asphalt v. AFI y otro, supra. 

Una controversia es académica cuando los acontecimientos y cambios 

fácticos tornan en ficticia su solución, de tal modo que un fallo del tribunal 

no tendría efectos prácticos. Amador Roberts et als. v. ELA, 191 DPR 268, 

283 (2010), citando a Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 DPR 715, 

724-725 (1980). Por tal razón, se debe evaluar los eventos anteriores, 

próximos y futuros, a fines de determinar si la controversia entre las partes 

sigue viva y subsiste con el tiempo. Super Asphalt v. AFI y otro, supra, pág. 

816; Pres. del Senado, 148 DPR 737, 759 (1999). Cuando un tribunal 

determine que un caso es académico, su deber es abstenerse de 

considerar los méritos de ese caso, pues deja de ser justiciable y, en su 

consecuencia, no es apto para la intervención judicial. Íd. Con esta 

limitación sobre el poder de los tribunales, se persigue evitar el uso 

innecesario de los recursos judiciales y obviar pronunciamientos 

autoritativos de los tribunales que resulten superfluos. C.E.E. v. Depto. de 

Estado, 134 DPR 927, 935-936 (1993).

Ahora bien, la doctrina de academicidad admite excepciones que 

operan cuando: (1) se plantea una cuestión recurrente que tienda a evadir 

la revisión judicial; (2) la situación de hechos ha sido modificada por el 

demandado, pero el cambio no aparenta ser permanente; y (3) subsisten 

consecuencias colaterales vigentes. Bhatia Gautier v. Gobernador, supra, 

págs. 74-75; Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 969, 983 (2011).
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Por otro lado, la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, provee para solicitar la 

desestimación de todo recurso que haya advenido académico, así como 

para la desestimación motu proprio por esta Curia. En lo pertinente, la 

referida regla establece lo siguiente:

[...] 

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 

desestimación de un recurso por los motivos siguientes: 

 

(1) Que el Tribunal de Apelaciones carece de 

jurisdicción.

(2) Que el recurso fue presentado fuera del término 

de cumplimiento estricto dispuesto por ley sin 

que exista justa causa para ello.

(3) Que no se ha presentado o proseguido con 

diligencia o de buena fe.

(4) Que el recurso es frívolo y surge claramente 

que no se ha presentado controversia 

sustancial o que ha sido interpuesto para 

demorar los procedimientos.

(5) Que el recurso se ha convertido en 

académico. 

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá 

desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 

discrecional por cualesquiera de los motivos consignados en 

el inciso (B) de esta regla. 

 

[...] (Énfasis nuestro).

Esbozada la norma jurídica, procedemos a aplicarla al recurso ante 

nos.

III

Sabido es que los tribunales deben ser celosos guardianes de su 

jurisdicción y que no poseen discreción para asumirla donde no la tienen.

Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, 204 DPR 374 (2020). Por 

consiguiente, los asuntos relacionados a la jurisdicción de un tribunal son 

privilegiados y deben atenderse con primicia. Íd. Por tratarse de un asunto 

de índole jurisdiccional, procedemos a evaluar la aplicabilidad de la doctrina 

de academicidad al caso de autos. Veamos.

Conforme surge del expediente de autos, esta Curia carece de 

autoridad para entender sobre los méritos de la cuestión que la parte 

recurrente propone en sus señalamientos de error, toda vez que la misma 
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no es de carácter justiciable. De los documentos sometidos ante nuestra 

consideración, se desprende que la parte recurrente solicitó la revisión 

judicial de la Resolución emitida por el DACO el 14 de diciembre de 2023. 

Al revisar la Moción Informativa de la Agencia Notificando Relevo de 

Resolución y Solicitando se Devuelva el Caso al Foro Administrativo, 

tomamos conocimiento del Relevo de Resolución emitido por el DACO el 

20 de febrero de 2024, mediante el cual dejó sin efecto el dictamen 

recurrido y refirió el expediente del caso para una inspección del vehículo 

de motor objeto de la querella de epígrafe. Es decir, entre los 

comparecientes ya no existe una controversia real que amerite el ejercicio 

de nuestras funciones judiciales. Por consiguiente, resulta forzoso resolver 

que la controversia de autos se tornó académica, ello por no existir 

intereses antagónicos entre las partes que ameriten la intervención de la 

maquinaria judicial.

A tenor con lo antes expuesto, en ausencia de disputa legítima entre 

los aquí comparecientes, así como la inaplicabilidad de las excepciones a 

la doctrina de academicidad, resulta improcedente emitir una expresión 

sobre los errores señalados, toda vez que no ha de incidir sobre sus 

derechos.

IV

Por los fundamentos que anteceden, desestimamos el presente 

recurso de revisión judicial por academicidad.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones