EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO 

In re:

Aníbal E. Espinosa Valentín

2024 TSPR 26

213 DPR ___

Número del Caso: TS-11,819

Fecha: 15 de marzo de 2024

Materia: Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida 

del ejercicio de la abogacía y la notaría por incumplir con los 

requerimientos del Programa de Educación Jurídica Continua y con las 

órdenes de Tribunal Supremo.

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Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público 

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

 

 

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de marzo de 2024.

Una vez más nos vemos en la obligación de ejercer 

nuestra facultad disciplinaria para suspender de 

manera inmediata e indefinida del ejercicio de la 

abogacía y de la notaría a un miembro de la profesión 

legal, por incumplir con los requerimientos del 

Programa de Educación Jurídica Continua y con las 

órdenes de este Tribunal.

I

El Lcdo. Aníbal E. Espinosa Valentín (licenciado 

Espinosa Valentín) fue admitido al ejercicio de la 

abogacía el 15 de enero de 1997 y al ejercicio de la 

notaría el 12 de diciembre de 2000.

In re:

Aníbal E. Espinosa Valentín TS–11,819
TS-11,819 2

Las circunstancias que motivan este pronunciamiento se 

relacionan con el incumplimiento del licenciado Espinosa 

Valentín con los requisitos del Programa de Educación 

Jurídica Continua (PEJC) y su inobservancia a las 

consecuentes órdenes que emitió este Tribunal al respecto. 

A continuación, procedemos a exponer los antecedentes 

pertinentes.

A.

En virtud de la Ley Núm. 43 de 14 de mayo de 1932, 4 

LPRA sec. 771 et seq., todo abogado y toda abogada tenía la 

obligación de afiliarse al Colegio de Abogados y Abogadas de 

Puerto Rico para ejercer la profesión legal válidamente en 

nuestra jurisdicción.

Posteriormente, la Asamblea Legislativa promulgó la Ley 

Núm. 121-2009 para, entre otros asuntos, eliminar la 

colegiación obligatoria como requisito para ejercer la 

profesión legal en Puerto Rico. Esto tuvo la consecuencia de 

que toda persona que hubiese juramentado ante este Tribunal, 

pero no se colegió previo a la vigencia de la Ley Núm. 121-

2009, pasó a tener estatus activo a partir del 13 de octubre 

de 2009. También surgió la obligación de que tuvieran que 

cumplir con los requisitos de educación jurídica continua, 

según establecidos en la reglamentación creada por este 

Tribunal.

Precisamente, mediante la Resolución ER-98-6 de 30 de 

junio de 1998, In re: Reglamento de Educación Jurídica 
TS-11,819 3

Continua, 146 DPR 494 (1998), este Tribunal aprobó un 

Reglamento de Educación Jurídica Continua. Varios años 

después promulgamos el Reglamento del Programa de Educación 

Jurídica Continua, mediante Resolución ER-2005-04 de 8 de 

abril de 2005. In re: Aprobación del Reglamento del Programa 

de Educación Jurídica Continua, 164 DPR 555 (2005). Así se 

estableció la obligación de que todo profesional del Derecho

admitido al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico, con 

estatus activo o con una suspensión del ejercicio de la 

profesión legal de forma temporal o por un periodo de tiempo 

específico, cumpliera con los requisitos de educación 

jurídica continua, a menos que obtuviera una exoneración 

bajo la Regla 4(C) del Reglamento del PEJC. En ese sentido, 

se establecieron los requisitos mínimos en cuanto a los 

créditos que debían completar. A su vez, se dispuso un 

procedimiento para aquellos casos en los que no se 

completaran las horas requeridas.

En el 2017 aprobamos un nuevo reglamento mediante el 

cual se derogó la reglamentación de educación continua de 

1998 y 2005. Véase In re: Aprobación del Reglamento del 

Programa de Educación Jurídica Continua, 198 DPR 254 (2017).1

Este dispuso que cualquier procedimiento iniciado bajo los 

reglamentos derogados continuaría vigente, siempre que fuera 

compatible con el nuevo reglamento.

1 Esta es la reglamentación vigente, la cual ha sufrido varias enmiendas. 

La enmienda más reciente fue mediante la Resolución ER-2020-04 de 15 de 

junio de 2020. Véase In re Enmiendas al Reglamento del Programa de 

Educación Jurídica Continua, 204 DPR 347 (2020).
TS-11,819 4

En virtud de la normativa reseñada, el PEJC refirió 

varios abogados y abogadas a nuestra atención, entre los que 

figuraba el licenciado Espinosa Valentín. En particular, nos 

informó que estos y estas estaban en incumplimiento con los 

requisitos de educación continua.2 Además, resaltó que el 

incumplimiento surgió porque habían adquirido estatus activo 

en la profesión ante los cambios en el marco jurídico antes 

reseñado, a saber: (1) porque no se colegiaron previo a la 

vigencia de la Ley Núm. 121-2009; (2) porque la exoneración 

por ser colegiado inactivo o colegiada inactiva no se renovó 

luego de la vigencia de la Ley Núm. 121-2009, o (3) porque 

la exoneración por ser colegiado inactivo o colegiada 

inactiva venció luego del cambio de la Regla 4 del Programa 

de Educación Jurídica Continua. Véase In re: Enmienda a la 

Regla 4 del Reglamento del Programa de Educación Jurídica 

Continua, 183 DPR 48 (2011).3

Constatamos que el PEJC les otorgó a estos abogados y 

estas abogadas un periodo razonable para completar los 

requisitos correspondientes. Transcurrido dicho término, y 

tras corroborar que se les brindó suficiente oportunidad 

para cumplir, el 8 de marzo de 2018 emitimos un edicto 

2 Según la información suministrada por el PEJC, el licenciado Espinosa 

Valentín ha incumplido cuatro (4) periodos de educación jurídica 

continua, a saber: (a) abril de 2012 a marzo de 2014; (b) abril de 2014 

a marzo de 2017; (c) abril de 2017 a marzo de 2020, y (d) abril de 2020 

a marzo de 2023. Por su incumplimiento, adeuda multas que ascienden a 

$250.

3 El 30 de septiembre de 2011 emitimos la Resolución ER-2011-04 para 

eliminar la exoneración por ser colegiado inactivo o colegiada inactiva. 

Como consecuencia, a partir del 1 de enero de 2012 debía completarse el 

proceso de cambio de estatus en la Secretaría de este Tribunal para 

obtener el relevo de los requisitos de educación jurídica continua.
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mediante el cual les concedimos treinta (30) días a cada 

profesional del Derecho para que compareciera y proveyera 

información sobre su estatus. Asimismo, luego de varios 

trámites, el 14 de septiembre de 2023 emitimos un último 

edicto mediante el cual les otorgamos igual término para 

comparecer y cumplir con lo requerido. Les advertimos que, 

de no comparecer en el plazo concedido, procederíamos con su 

inactivación inmediata de la profesión.

Tras estos trámites, el 28 de noviembre de 2023 emitimos 

una Resolución mediante la cual, según se advirtió,

inactivamos a los abogados y abogadas que fueron objeto del 

referido del PEJC, que no comparecieron luego del último 

edicto y que permanecían en incumplimiento. Véase In re: 

Solicitud del Programa de Educación Jurídica Continua sobre 

varios(a) profesionales del Derecho, 2023 TSPR 138, 213 DPR 

__ (2023). Ahora bien, por las razones que se exponen más 

adelante, optamos por un trámite distinto para el licenciado 

Espinosa Valentín.

B.

El licenciado Espinosa Valentín está admitido a ejercer 

la abogacía y la notaría. Luego de revisar su actividad en 

la plataforma SIGNO Notarial, comprobamos que el letrado ha 

presentado sus índices notariales mensuales,4 lo cual 

4 Según se desprende de una Certificación del Registro General de 

Competencias Notariales adscrito a la Oficina de Inspección de Notarías,

con fecha de 6 de marzo de 2024, el licenciado Espinosa Valentín ha 

cumplido con su obligación de presentar los índices mensuales de 

actividad notarial para los años 2012 al 2023, así como para los meses 

de enero y febrero de 2024. La gran mayoría de estos han sido negativos, 

es decir, para informar que no ha tenido actividad notarial.
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evidencia que tiene conocimiento de su estatus actual en el 

Registro Único de Abogados y Abogadas (RUA).

Ante esto, el 9 de noviembre de 2023 le ordenamos al 

licenciado Espinosa Valentín que mostrara causa por la cual 

no debíamos suspenderlo del ejercicio de la abogacía por su 

incumplimiento reiterado con los requisitos del PEJC. Además 

de ordenar la notificación personal de este mandato, también 

se notificó al correo electrónico registrado en el RUA. A 

pesar de que el personal del alguacilazgo acudió a varias 

direcciones para diligenciarlo personalmente, no dieron con 

el paradero del licenciado Espinosa Valentín. Este tampoco 

compareció ante esta Curia.

Con este cuadro, delineamos a continuación las normas 

que rigen este asunto. 

II

A. Canon 9 del Código de Ética Profesional

El Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. 

IX, exige a todos los miembros de la profesión legal a 

conducirse ante los tribunales con una conducta que se 

caracterice por el mayor respeto. In re Lajara Radinson, 207 

DPR 854, 863 (2021); In re Cintrón Rodríguez, 205 DPR 299, 

308 (2020); In re Alers Morales, 204 DPR 515, 519 (2020). 

Acorde con ese mandato, hemos insistido en el ineludible 

deber que tienen todos los abogados de cumplir con prontitud 

y diligencia con las órdenes de este Tribunal, en especial 

cuando se trata de procesos disciplinarios. In re Molinary 
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Machado, 2019 TSPR 142, 203 DPR ___ (2019); In re Cintrón 

Rodríguez, supra, pág. 308.

De igual forma, hemos expresado que dicho deber “se 

extiende a los requerimientos hechos por la Oficina del 

Procurador General, la Oficina de Inspección de Notarías y 

el Programa de Educación Jurídica Continua”. (Negrilla 

suplida). In re Cintrón Rodríguez, supra, pág. 308. Véase, 

también In re López Pérez, 201 DPR 123, 126 (2018); In re 

Arocho Cruz, 200 DPR 352, 361 (2018). Cónsono con lo 

expuesto, hemos catalogado la desatención de nuestras 

órdenes por parte de los abogados y las abogadas como una 

afrenta a la autoridad de los tribunales, lo que constituye 

una violación al Canon 9 del Código de Ética Profesional, 

supra, y dicha conducta podría conllevar que se decrete la 

separación inmediata e indefinida de la profesión legal. In 

re López Pérez, supra, pág. 126; In re Canales Pacheco, 200 

DPR 228, 233 (2018).

B. Obligación ética de educación jurídica continua

El Canon 2 del Código de Ética Profesional, supra, 

dispone:

A fin de viabilizar el objetivo de representación 

legal adecuada para toda persona, el abogado 

también debe realizar esfuerzos para lograr y 

mantener un alto grado de excelencia y competencia 

en su profesión a través del estudio y la 

participación en programas educativos de 

mejoramiento profesional[...].
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Cónsono con este postulado, hemos adoptado 

reglamentación para regular el modo en que los abogados y 

las abogadas deben cumplir con esa obligación. De 

conformidad con la Regla 29 del Reglamento del Programa de 

Educación Jurídica Continua (Reglamento), 4 LPRA Ap. XVIIE, el y la profesional del Derecho activo o activa, salvo 

ciertas excepciones, deberá cumplir con un mínimo de 

veinticuatro (24) horas crédito de educación jurídica 

continua en cada periodo de tres (3) años.

En caso de que el abogado o abogada incumpla con los 

requisitos de educación jurídica continua, la Regla 30 del 

Reglamento del Programa de Educación Jurídica 

Continua, supra, dispone para que dentro de los sesenta (60)

días siguientes a la terminación del periodo de cumplimiento 

se le envíe a este o esta un Aviso de Incumplimiento. El 

Reglamento también provee para que el abogado o abogada 

exponga las razones que justifiquen su incumplimiento, como 

también para la celebración de una vista informal. De 

persistir en su incumplimiento, podrá ser referido a la Junta 

de Educación Jurídica Continua, la cual, en última 

instancia, podrá elevar el asunto ante nuestra 

consideración. El abogado o abogada incumplidor o 

incumplidora se expone a enfrentar sanciones de este 

Tribunal, que pueden incluir la separación indefinida de la 

profesión. In re González Borgos, 192 DPR 926, 932 (2015)

(“Hemos suspendido del ejercicio de la profesión a abogados 
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y abogadas que no cumplen con los requisitos del PEJC ni 

atienden sus requerimientos, así como las órdenes de este 

Tribunal”.). Véase, también: In re Luis Paisán, 190 DPR 1 

(2014); In re Del Campo Alomar, 188 DPR 587 (2013); In re 

Piñeiro Vega, 188 DPR 77 (2013); In re Grau Collazo, 185 DPR 

938 (2012).

III

No hay controversia en cuanto a que el licenciado 

Espinosa Valentín se encuentra en incumplimiento con los 

requisitos del PEJC. Nuestra intervención es motivada por el 

hecho de que, a pesar de las múltiples oportunidades que el 

PEJC le ha concedido para que subsane y/o explique su

incumplimiento, este ha optado por hacer caso omiso. 

Recuérdese que el PEJC no solo utilizó los mecanismos 

ordinarios de comunicación para contactar al licenciado 

Espinosa Valentín, sino que este Tribunal también autorizó 

la publicación de dos edictos en periódicos de circulación 

general en Puerto Rico. No empece a estos esfuerzos, el 

letrado no compareció, como tampoco pudimos precisar su 

paradero para diligenciar nuestra orden de mostrar causa. 

Colegimos que el licenciado Espinosa Valentín 

conscientemente ha ignorado tanto los requerimientos del 

PEJC como las órdenes de este Tribunal. Esto queda demostrado 

al figurar como activo en el RUA y someter mensualmente los 

informes mensuales en la plataforma SIGNO Notarial. No 

podemos tolerar semejante conducta displicente y contumaz
TS-11,819 10

por parte de un integrante de la profesión legal. Por tanto, 

decretamos su suspensión inmediata e indefinida del 

ejercicio de la abogacía y la notaría.

IV

Por los fundamentos expuestos, decretamos la suspensión 

inmediata e indefinida del licenciado Espinosa Valentín del 

ejercicio de la abogacía y la notaría. 

A la luz de lo anterior, le imponemos al señor Espinosa 

Valentín el deber de notificar a todos sus clientes de su 

inhabilidad de seguir representándoles, devolverles 

cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados 

e informar oportunamente de su suspensión indefinida a los 

foros judiciales y administrativos donde tenga asuntos 

pendientes. Deberá, además, acreditar y certificarnos el 

cumplimiento de estos deberes incluyendo una lista de los 

clientes y los foros a quienes le haya notificado de su 

suspensión, dentro del término de treinta (30) días, contado 

a partir de la notificación de esta Opinión Per Curiam y 

Sentencia. No hacerlo pudiera conllevar que no se le 

reinstale al ejercicio de la profesión de solicitarlo en el 

futuro.

Además, le ordenamos al Alguacil de este Tribunal que 

proceda inmediatamente a incautar el sello y la obra 

notarial, si la hubiera, del señor Espinosa Valentín para 

que esta sea debidamente custodiada e inspeccionada por la 

Oficina de Inspección de Notarías. Así las cosas, de 
TS-11,819 11

conformidad con la Ley Núm. 69 de 9 de marzo de 1911, según 

enmendada, 30 LPRA sec. 1725 et seq., se da por terminada la 

última fianza otorgada. Así, se garantizan las funciones 

notariales del notario y la fianza se considerará buena y 

válida por tres (3) años después de su terminación para los 

actos realizados por el fiado durante el periodo en que 

estuvo vigente.

Se dictará Sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

 TS-11,819

 

Sala de Despacho integrada por la Ja Rodríguez, el Juez 

Asociado señor Martínez Torres, el Juez Asociado ser Rivera 

García y el Juez Asociado señor 

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de marzo de 2024.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per 

Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de 

la presente Sentencia, decretamos la suspensión 

inmediata e indefinida del Lcdo. Aníbal E. Espinosa 

Valentín del ejercicio de la abogacía y la notaría.

A la luz de lo anterior, le imponemos al señor 

Espinosa Valentín el deber de notificar a todos sus 

clientes de su inhabilidad de seguir representándoles, 

devolverles cualesquiera honorarios recibidos por 

trabajos no realizados e informar oportunamente de su 

suspensión indefinida a los foros judiciales y 

administrativos donde tenga asuntos pendientes. Deberá, 

además, acreditar y certificarnos el cumplimiento de 

estos deberes incluyendo una lista de los clientes y 

los foros a quienes le haya notificado de su suspensión, 

dentro del término de treinta (30) días, contado a 

partir de la notificación de esta Opinión Per Curiam y 

Sentencia. No hacerlo pudiera conllevar que no se le 

reinstale al ejercicio de la profesión de solicitarlo 

en el futuro.

Además, le ordenamos al Alguacil de este Tribunal 

que proceda inmediatamente a incautar el sello y la 

obra notarial, si la hubiera, del señor Espinosa Valentín

In re:

Aníbal E. Espinosa Valentín

 

 
TS-11,819 2

Valentín para que esta sea debidamente custodiada e 

inspeccionada por la Oficina de Inspección de Notarías. Así 

las cosas, de conformidad con la Ley Núm. 69 de 9 de marzo 

de 1911, según enmendada, 30 LPRA sec. 1725 et seq., se da 

por terminada la última fianza otorgada. Así, se garantizan 

las funciones notariales del notario y la fianza se 

considerará buena y válida por tres (3) años después de su 

terminación para los actos realizados por el fiado durante 

el periodo en que estuvo vigente.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del 

Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Estrella Martínez 

no intervino.

 Javier O. Sepúlveda Rodríguez

 Secretario del Tribunal Supremo