Número Identificador

SEN2024 ________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VII

COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO JESÚS OBRERO

Apelante

v.

ESTADO LIBRE ASOCIADO 

DE PUERTO RICO POR 

CONDUCTO DEL 

HONORABLE DOMINGO 

EMANUELLI HERNÁNDEZ, 

SECRETARIO DE JUSTICIA 

Apelado

KLAN202400021

APELACIÓN

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala de Aguadilla

Sobre: 

Impugnación de 

Confiscaciones 

(Ley Núm. 119-

2011)

Caso Número:

AG2023CV00281 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, la

Juez Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio

Domínguez Irizarry, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 2024.

La parte apelante, Cooperativa de Ahorro y Crédito Jesús 

Obrero (Cooperativa), comparece ante nos para que dejemos sin 

efecto la Sentencia emitida y notificada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Aguadilla, el 30 de octubre de 2023. Mediante la 

misma, el foro primario desestimó una demanda sobre impugnación 

de confiscación promovida en contra del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico (Estado), bajo el fundamento de falta de legitimación 

activa de la parte apelante.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca la Sentencia apelada.

I

El 28 de febrero de 2023, la Cooperativa apelante presentó la 

demanda de epígrafe. En la misma, impugnó la confiscación de un 

vehículo de motor, marca Hyundai, modelo Accent, del año 2022, 

con tablilla JWX-567, ocupado el 12 de enero de 2023 y propiedad 
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de la señora Dimarie Carmona Antonetti. Específicamente, alegó ser 

el acreedor financiero garantizado del préstamo otorgado para la 

adquisición de la referida unidad, así como haber cumplido con las 

exigencias legales pertinentes para el registro de su acreencia en el 

Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). 

La entidad apelante expuso en el pliego que la ocupación del 

automóvil en cuestión obedeció a una alegada infracción al Artículo 

4.04 de la Ley de Sustancias Controladas, Ley Núm. 4 de 23 de junio 

de 1971, 24 LPRA sec. 2404, produciéndose su eventual 

confiscación el 30 de enero de 2023. No obstante, reputó como nulo 

e ilegal la confiscación por parte del Estado, al afirmar que se 

incumplieron las exigencias procesales establecidas por la Ley 

Uniforme de Confiscaciones de 2011, Ley 119-2011, 34 LPRA sec. 

1724 et seq., relativas a la notificación a las partes interesadas 

dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días desde la 

ocupación de la unidad. A su vez, sostuvo que la evidencia en la 

cual se fundamentó la confiscación del vehículo de motor en 

disputa, se ocupó en violación a las garantías constitucionales. Del 

mismo modo, la Cooperativa planteó la inconstitucionalidad de la 

Ley 119-2011, supra, ello por considerar que la misma incidía sobre 

sus prerrogativas y los derechos adquiridos de todas las partes con 

interés. Igualmente, en su demanda, la parte apelante también se 

opuso al valor de tasación que se le adjudicó a la unidad objeto de 

litigio, a saber, $23,000.00. Así, a tenor con todo lo antes expuesto, 

solicitó al Tribunal de Primera Instancia que ordenara la celebración 

de una vista para dirimir la razonabilidad del valor adjudicado, así 

como que declarar la nulidad de la confiscación en controversia. 

El 31 de marzo de 2023, la Cooperativa presentó un escrito 

intitulado Moción Consignando Fianza. En el pliego, notificó el haber 

consignado en las arcas del tribunal la fianza núm. 26129, por una 
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suma de $23,000.00, cantidad equivalente al valor de tasación 

adjudicado al vehículo de motor confiscado.

El 5 de abril de 2023, el Estado presentó su Contestación a 

Demanda. En lo atinente, planteó la presunción de legalidad y 

corrección de la confiscación en litigio. A su vez, entre sus defensas, 

expuso que, de conformidad con las disposiciones de la Ley 119-

2011, supra, la Cooperativa apelante estaba llamada a establecer, 

mediante la celebración de una vista, su legitimación activa para 

invocar los remedios solicitados en su demanda. A su vez, el Estado 

afirmó que, contrario a las exigencias establecidas en el referido 

estatuto, la entidad compareciente no había demostrado ser titular 

de la unidad confiscada, así como, tampoco, ostentar un interés 

legítimo sobre la misma. Así, y reafirmándose en que la Cooperativa 

carecía de legitimación activa, el Estado solicitó la desestimación de 

la demanda de epígrafe.

Así las cosas, el 14 de abril de 2023, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió una Resolución, ello con relación a la consignación 

de la fianza por parte de la Cooperativa. Al respecto, admitió la 

misma y, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 119-2011, 

supra, ordenó la devolución de la unidad vehicular en litigio. En 

igual fecha, el Tribunal de Primera Instancia calendarizó la 

celebración de una vista de legitimación activa para el 25 de abril de 

dicho año. Días después, el 20 de abril de 2023, la Cooperativa 

presentó una Moción Sometiendo Evidencia sobre Legitimación 

Activa. En esta ocasión, a los efectos de establecer su interés 

propietario sobre el vehículo de motor confiscado, acompañó su 

comparecencia con los siguientes documentos: 1) Contrato de Venta 

al Pormenor a Plazos suscrito entre ella y la señora Carmona 

Antonnetti el 16 de diciembre de 2022 para la adquisición y el 

financiamiento del automóvil confiscado; 2) copia de la factura del 

concesionario de ventas de vehículo de motor Certified Auto Sales
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(CAS), con fecha 25 de noviembre de 2022, acreditando la venta de 

la unidad en controversia por una suma de $27,995.00; 3) copia de 

carta sobre notificación de confiscación con fecha del 16 de febrero 

de 2023, suscrita por la Junta de Confiscaciones, expresamente 

dirigida a la Cooperativa; 4) copia de Certificación del DTOP, emitida 

el 6 de marzo de 2023, del vehículo confiscado, en la que se hizo 

constar que el mismo tenía un gravamen de confiscación y otro de 

venta condicional debidamente registrado, previo a la ocupación de 

la unidad, a favor de la parte apelante y; 5) copia de una póliza 

personal de automóvil, número PAP-5548004, expedida favor de la 

señora Carmona Antonnetti, con endoso por riesgo de confiscación 

a favor de la Cooperativa. De igual modo, y en apoyo a su contención, 

la entidad apelante informó sobre sus gestiones para obtener copia 

del Certificado de Título de la unidad en controversia por parte del 

DTOP, con la debida constancia del gravamen mobiliario sobre venta 

condicional suscrito a su favor.

El 25 de abril de 2023, día el que estaba supuesta la 

celebración de la vista de legitimación activa, la Cooperativa 

presentó una Moción Solicitando Término Adicional para Presentar 

Evidencia Adicional sobre Legitimación Activa. A tal efecto, 

nuevamente aludió al hecho de que solicitó al DTOP la expedición 

del Certificado de Título antes indicado, así como copia de la solicitud 

de presentación de gravamen mobiliario, ello para fines de conocer 

con exactitud la fecha de radicación de la misma, y de aceptación 

por parte del referido organismo. No obstante, la Cooperativa indicó 

que, pese a sus esfuerzos, el DTOP no había dispuesto de sus 

requerimientos, hecho que incidía sobre la controversia objeto de la 

celebración de la vista. Específicamente, planteó que, en el caso de 

autos, resultaba preciso determinar cuándo se entiende que un 

acreedor financiero ostenta un derecho propietario real sobre la 

unidad vehicular confiscada objeto de garantía de su préstamo y 
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añadió que, para ello, resultaba necesario determinar si la fecha en 

la que el acreedor financiero cumplió con el proceso de registro del 

gravamen en la agencia era anterior a la ocupación del vehículo. 

Bajo dicha premisa, solicitó al Tribunal de Primera Instancia que le 

extendiera un término de treinta (30) días para continuar 

gestionando que el DTOP le expidiera el certificado en disputa, y, en 

consecuencia, que recalendarizara la celebración de la vista. 

Conforme surge de la Minuta correspondiente, el Tribunal de 

Primera Instancia proveyó para lo peticionado. La vista se pautó 

para el 11 de julio de 2023.

Llegado el día, se dio inicio a la vista de legitimación activa. 

Sin embargo, de la Minuta se desprende que la Cooperativa apelante 

indicó no haber podido presentar el Certificado de Título en disputa, 

toda vez que, pese a sus múltiples gestiones, el DTOP no lo había 

expedido. Así, toda vez ello, solicitó al tribunal un término adicional 

para poder cumplir de conformidad. Ante dicha petición, el Estado 

planteó que la parte apelante tampoco había sometido el formulario 

DTOP 770, como evidencia de la presentación del gravamen de venta 

condicional, ello en sustitución del Certificado de Título. De este 

modo, a tenor con ello, el foro primario concedió a la Cooperativa 

apelante un plazo de diez (10) días para presentar el referido 

formulario. El Tribunal de Primera Instancia citó a las partes para 

la celebración de la vista en controversia el 5 de septiembre de 2023.

Transcurrido el término antes indicado, sin que la Cooperativa 

apelante actuara de conformidad con el mandato correspondiente, 

mediante Resolución del 1 de septiembre de 2023, el Tribunal de 

Primera Instancia le extendió un plazo perentorio adicional para que 

cumpliera con lo dispuesto. En respuesta, el 5 de septiembre 

siguiente, la Cooperativa presentó un escrito intitulado Moción 

Urgente Solicitando se Deje sin Efecto Señalamiento. En lo atinente, 

indicó que, dado a que el traspaso de titularidad del vehículo de 
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motor en controversia se efectuó a través de un gestor, se 

encontraba tramitando con este la entrega de todos los documentos 

inherentes a la referida transacción. Mediante Orden notificada el 6 

de septiembre de 2023, el Tribunal de Primera Instancia reseñaló la 

celebración de la vista de legitimación activa para el 17 de octubre 

de 2023.

El 8 de septiembre de 2023, la entidad apelante presentó una 

Moción en Torno al Cumplimiento de Orden y Reiterando Legitimación 

Activa. En el pliego, hizo un recuento de todas las gestiones 

realizadas a los fines de establecer su capacidad para promover el 

pleito de autos. En particular, nuevamente indicó que la ocupación 

del vehículo de motor en litigio aconteció el 12 de enero de 2023. 

Sobre tal particular, también reprodujo su previo argumento en 

cuanto a que, con fecha del 16 de febrero de 2023, recibida el día 23 

de dicho mes y año, la Junta de Confiscaciones le remitió una carta 

notificándole el hecho de la confiscación de la unidad, lo que se 

tradujo en la presentación de la demanda de impugnación de 

epígrafe, todo a tenor con lo dispuesto en la Ley 119-2011, supra. 

La Cooperativa expuso que, en la vista de legitimación activa, 

presentó una serie de documentos que, a su juicio, acreditaron su 

interés propietario sobre el vehículo de motor en controversia. 

Destacó que, si bien, durante el proceso, no puso someter copia de 

Certificado de Titularidad de la unidad, ello se debió a que el DTOP 

se negó a la expedición correspondiente, por razón de que la unidad 

en disputa estaba sujeta a un gravamen de confiscación. De igual 

modo, expresó al tribunal su inhabilidad de producir el formulario 

DTOP 770, tal cual requerido mediante la Resolución del 1 de 

septiembre de 2023, al aducir que sus gestiones tampoco fueron 

eficaces. La Cooperativa apelante afirmó, que, dado a todos sus 

inconvenientes para obtener la documentación en disputa, 

resultaba necesario compeler directamente al DTOP para que 
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produjera la evidencia correspondiente a la certificación del 

gravamen de venta condicional a su favor. Así, al amparo de ello, 

solicitó al Tribunal de Primera Instancia que, mediante orden 

judicial, instruyera al DTOP a divulgar todas las transacciones 

relacionadas al vehículo de motor aquí concernido desde la fecha de 

su venta, a saber, el 25 de noviembre de 2022, hasta el presente. 

No obstante lo anterior, en su comparecencia, la Cooperativa 

apelante afirmó que no resultaba imprescindible la presentación del 

Certificado de Título y del formulario de DTOP 770, a los fines de 

establecer su legitimación activa. Sostuvo que los documentos que 

proveyó eran suficientes para acreditar su interés propietario sobre 

la unidad confiscada y su capacidad legal para incoar el pleito de 

autos. En específico, invocó las disposiciones vigentes del Artículo 

15 de la Ley 119-2011, supra, y planteó que, a tenor con las mismas, 

el estado de derecho reconocía dos tipos de reclamantes que, prima 

facie, ostentan legitimación para impugnar una confiscación: las 

personas notificadas de la confiscación conforme al propio estatuto 

y aquellos que demuestren ser dueños de la propiedad confiscada. 

Sobre esta última clasificación, indicó que el referido Artículo 

clasifica como tal a toda persona que demuestre tener un interés 

propietario en el bien incautado, incluyendo a quien pruebe poseer

un gravamen sobre el mismo a la fecha de la ocupación. Al respecto, 

expresó que la mera posesión del gravamen era suficiente, ello con 

independencia de que el mismo estuviera formalmente registrado en 

el DTOP, tal cual lo planteado por el Estado. Al amparo de tales 

argumentos, la Cooperativa afirmó que, desde el momento en el que 

suscribió el Contrato de Venta al Por Menor a Plazos con la señora 

Carmona Antonnetti y el acuerdo sobre gravamen mobiliario previo 

al acto de ocupación de la unidad, adquirió un interés propietario 

suficiente que validaba su legitimación activa. De este modo, solicitó 

al Tribunal de Primera Instancia que adjudicara el valor probatorio 
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de la prueba documental que presentó y, de conformidad con la 

misma, declarara su legitimación activa como demandante. En la 

alternativa, la entidad peticionó que se emitiera una orden judicial 

dirigida al DTOP, a los fines de que divulgara el historial de 

transacciones relacionadas al vehículo de motor en controversia en 

los términos antes expuestos. 

Mediante Resolución del 19 de septiembre de 2023, notificada 

el 27 del mismo mes y año, el Tribunal de Primera Instancia ordenó 

al DTOP a divulgar el historial de transacciones realizadas en el 

expediente del vehículo objeto de la presente causa, por el periodo 

comprendido entre el 25 de noviembre de 2022 al 18 de septiembre 

de 2023. 

Por su parte, el 6 de octubre de 2023, el Estado presentó una 

Moción en Cumplimiento de Orden. En la misma, aludió a las 

disposiciones de la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 10.2 (5), y afirmó que la Cooperativa apelante carecía de 

remedio legal alguno a su favor. En apoyo a su postura, indicó que 

el Artículo 15 de la Ley 119-2011, supra, expresamente definía el 

concepto de la persona a considerarse dueño de una propiedad 

confiscada. Añadió que, la Exposición de Motivos de la Ley 262-

2012, estatuto que enmendó, en parte, el referido Artículo, aclaró 

que, en acciones sobre impugnación de confiscación, “cuando un 

demandante es el acreedor condicional [...], para ser considerado 

como dueño, deberá poseer un gravamen de venta condicional 

debidamente inscrito al momento de la ocupación”.1 A tenor con ello, 

afirmó que, contrario a lo aducido por la Cooperativa apelante, los 

documentos por esta sometidos no resultaban suficientes para 

considerarla dentro de la definición legal de dueño. Para sostener su 

postura, invocó los términos del Reglamento para la Imposición y

1 Véase; Apéndice, Anejo XVII, Moción en Cumplimiento de Orden, pág. 83.
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Cancelación de Gravámenes Bajo la Ley 22 de Vehículos y Tránsito 

de Puerto Rico del DTOP, Reglamento Núm. 7357 de 14 de mayo de 

20072, así como los de la Ley de Transacciones Comerciales, Ley 

208-1995, 19 LPRA sec. 401 et seq. Planteó que las referidas 

compilaciones legales exigían la inscripción formal de todo 

gravamen sobre un vehículo de motor en el Registro de Vehículos 

del DTOP, ello a fin de que el mismo se intimara como perfeccionado. 

De este modo, el Estado solicitó a Tribunal de Primera Instancia que 

llevara a cabo la celebración de la vista de legitimación activa, a los 

fines de que la entidad apelante evidenciara la debida inscripción 

del gravamen que reclamó. 

Así las cosas, el 14 de octubre de 2023, la Cooperativa 

presentó una Moción en Cumplimiento de Orden. En la misma, 

nuevamente destacó que la Junta de Confiscaciones le notificó el 

hecho de la confiscación en litigio, ello en calidad de acreedor 

condicional, dado a que, para la fecha de la ocupación de la unidad 

en litigio, tenía un contrato de financiamiento inscrito. Añadió, a su 

vez, que de los archivos del DTOP surgía la existencia de un 

gravamen de venta condicional a su favor, lo que implicaba que, 

necesariamente, el contrato de venta condicional del vehículo 

confiscado debía constar registrado, puesto que, de lo contrario, la 

Junta de Confiscaciones nunca le hubiera notificado la confiscación 

en controversia. Al respecto, la Cooperativa aludió a la letra del 

Artículo 6 del Reglamento de la Junta de Confiscación para el 

Recibo, Conservación y Disposición de los Vehículos de Motor, 

Embarcaciones, Aviones y otros Medios de Trasportación del 

Departamento de Justicia, Reglamento Núm. 8102 de 4 de 

noviembre de 2011, ello al exponer la información que, a tenor con 

2 Advertimos que, del sistema oficial de búsqueda de reglamentos del 

Departamento de Estado de Puerto Rico, surge que el Reglamento Núm. 7357, 

invocado por el Estado en apoyo a sus argumentos, se anuló mediante dictamen 

judicial del 26 de agosto de 2011.
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sus disposiciones, debe ser entregada a la Junta de Confiscaciones 

en casos de confiscaciones de vehículos de motor. En lo pertinente, 

indicó que, entre la información requerida, figuraba la evidencia de 

todos los gravámenes inscritos en el Registro de Vehículos del DTOP 

a los cuales la unidad se encontrare afecta. 

El 17 de octubre de 2023, comenzó la vista de legitimación 

activa. De la Minuta se desprende que, durante la audiencia, la 

Cooperativa ofreció el testimonio de la señora Ana Santiago 

González, funcionaria de la entidad. En su declaración, hizo 

referencia al documento DTOP-234, en el cual expresamente se hizo 

constar que el vehículo objeto de la confiscación concernida, tenía 

un gravamen mobiliario por venta condicional a favor de la 

Cooperativa. Ahora bien, mediante su declaración, la señora 

Santiago González, dejó establecido no poseer copia del formulario 

DTOP-770 ni del Certificado de Titularidad de la unidad, los cuales 

deben ser expedidos por el DTOP.

El 30 de octubre de 2023, el Tribunal de Primera Instancia 

notificó la Sentencia que nos ocupa. Mediante la misma, acogió la 

postura del Estado y concluyó que, de conformidad con lo estatuido 

en la Ley 119-2011, supra, todo acreedor condicional, para ser 

considerado como dueño en casos de impugnación de confiscación, 

debe demostrar que posee un gravamen debidamente inscrito al 

momento del acto de la ocupación del vehículo de motor 

involucrado. A tenor con ello, dispuso que el Contrato de Venta al 

Por Menor a Plazos ofrecido por la Cooperativa, únicamente 

establecía una obligación privada entre las partes contratantes y no 

un gravamen sobre la propiedad objeto del pacto. Añadió que, tal 

cual indicado por el Estado, un gravamen mobiliario sobre un 

vehículo de motor es de carácter constitutivo, por lo que su eficacia 

radicaba en su inscripción en el Registro de Vehículos del DTOP. De 

esta forma, el foro a quo determinó que la Cooperativa no proveyó 
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evidencia fehaciente de la existencia de un gravamen perfeccionado 

a su favor, incumpliendo con establecer la existencia de un interés 

propietario que permitiera considerársele como dueño. Así, 

desestimó la demanda de epígrafe, al resolver que la entidad no tenía 

legitimación activa para presentar la causa de acción.

Inconforme, y tras denegada una previa solicitud de 

reconsideración, el 8 de enero de 2024, la Cooperativa apelante 

compareció ante nos mediante el presente recurso de apelación. En 

el mismo, formula el siguiente planteamiento:

Erró el TPI al desestimar la demanda bajo el 

fundamento de que la parte demandante-apelante 

carece de legitimación activa para incoar y permanecer 

en la demanda de impugnación de confiscación de 

epígrafe. 

Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, procedemos a 

expresarnos. 

II

A

Sabido es que los tribunales solo pueden resolver casos y 

controversias justiciables. Bhatia Gautier v. Gobernador, 199 DPR 

59, 68 (2017); Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 

931 (2011). El principio de la justiciabilidad gobierna el ejercicio de 

la función revisora de los tribunales y, consecuentemente, el alcance 

de su jurisdicción. Conforme al mismo, los tribunales limitan su 

intervención a resolver controversias reales y definidas que afectan 

las relaciones jurídicas de partes antagónicas. Super Asphalt v. AFI 

y otro, 206 DPR 803, 815 (2021); U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 

180 DPR 253, 279-280 (2010); E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 552, 583-

584 (1958). 

Como elemento esencial para la adjudicación de los méritos 

de una controversia, el principio de justiciabilidad impone a los 

tribunales el deber de examinar si la parte que acude a su auxilio 
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ostenta legitimación activa para actuar de conformidad. Hernández, 

Santa v. Srio. de Hacienda, 208 DPR 727, 738-739 

(2022); Hernández Torres v. Gobernador, 129 DPR 824, 835 (1992). 

Esta figura se define como “la capacidad que se le requiere a la parte 

promovente de una acción para comparecer como litigante ante el 

tribunal, realizar con eficiencia actos procesales y, de esta forma, 

obtener una sentencia vinculante”. Íd., citando a Ramos, Méndez v. 

García García, 203 DPR 379, 394 (2019); Bhatia Gautier v. 

Gobernador, supra, pág. 69. El propósito de la legitimación activa es 

que el tribunal se asegure de que la parte reclamante tiene un 

interés genuino, va a perseguir su causa vigorosamente y que todos 

los asuntos pertinentes serán presentados ante la consideración del 

juzgador. Pérez Rodríguez v. López Rodríguez et al., 210 DPR 163, 

178-179 (2022). Así, la parte que solicita un remedio judicial debe 

demostrar que: (1) ha sufrido un daño claro y palpable; (2) el daño 

es real, inmediato y preciso, no abstracto o hipotético; (3) existe una 

conexión entre el daño y la causa de acción ejercitada, y (4) la causa 

de acción surge al palio de la Constitución. Hernández, Santa v. Srio. 

de Hacienda, supra, pág. 739. 

B

Conforme establece nuestro estado de derecho, la confiscación

se define como el acto de ocupación que lleva a cabo el Estado de

todo derecho de propiedad sobre bienes que hayan sido utilizados 

en la comisión de ciertos delitos. Universal Ins. y otro. v. ELA y otros, 

211 DPR 455, 463 (2023); Reliable Financial v. ELA, 197 DPR 289 

(2017); Centeno Rodríguez v. ELA, 170 DPR 907,912-913 (2007).

Toda vez las severas implicaciones que dicho mecanismo conlleva, 

se entiende que el mismo constituye una privación de la propiedad 

que debe cumplir con las garantías mínimas del debido proceso de 

ley. Reliable v. Depto. Justicia y ELA, 195 DPR 917, 924-925 (2016). 

Por igual, se perfila como una excepción a la norma constitucional 
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que prohíbe que el Estado tome propiedad privada para fines 

públicos, sin que medie una justa compensación. Coop. Seg. Múlt. v. 

E.L.A., 180 DPR 655, 662-663 (2011). La facultad gubernamental de 

apropiarse de bienes relacionados a una actividad ilícita, es un 

procedimiento de carácter estatutario que opera a modo de sanción 

adicional a la impuesta por razón de la conducta punible que la 

motiva. Íd.; MAPFRE v. ELA, 188 DPR 517, 525 (2013).

La Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, Ley Núm. 119-

2011, según enmendada, 34 LPRA sec. 1724 et seq., constituye el 

esquema jurídico que regula el proceso de confiscación por parte del 

Gobierno en nuestra jurisdicción. Coop. Seg. Múlt. et als. v. ELA et 

al., 209 DPR 796, 805 (2022); Figueroa Santiago et als. v. ELA, 207 

DPR 923, 930 (2021). Mediante la misma, se insertó en nuestro 

esquema legal la política pública de facilitar el proceso de 

confiscación de bienes muebles e inmuebles, así como de velar por 

los derechos y reclamos de las personas afectadas por una 

confiscación. 34 LPRA sec. 1724. 

“Ante esta intervención del Estado con la propiedad de los 

ciudadanos y el derecho constitucional que les asiste a no ser

privados de sus bienes sin un debido proceso de ley, la legislación 

vigente contiene una serie de disposiciones dirigidas a garantizar 

que aquellas personas con interés en la propiedad confiscada 

puedan impugnar en los tribunales el proceso de confiscación 

mediante una demanda civil”. CSMPR et al. v. ELA, 196 DPR 639, 

645 (2016). Al amparo de dicha premisa, la Ley 119-2011, supra, 

precisa a quiénes el Estado tiene la obligación de notificar la 

confiscación de que trate, así como el valor de tasación de la 

propiedad, todo en aras de salvaguardar los derechos 

constitucionales de las personas con interés legal sobre los bienes 

confiscados. Así, el Artículo 13 de la Ley 119-2011, supra, dispone 

como sigue: 
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El Director Administrativo de la Junta notificará la 

confiscación y la tasación de la propiedad confiscada a 

las siguientes personas: 

a) a la persona que tuviere la posesión física 

del bien al momento de la ocupación; 

b) a aquéllas que por las circunstancias, 

información y creencia, el Director 

Administrativo considere como dueños de 

dicho bien; 

c) en los casos de vehículos de motor, se 

notificará, además, al dueño, según consta 

en el Registro de Vehículos del 

Departamento de Transportación y Obras 

Públicas y al acreedor condicional que a 

la fecha de la ocupación tenga su 

contrato inscrito;

[...]. 34 LPRA sec. 1724j. (Énfasis nuestro.)

De otra parte, el ordenamiento jurídico reconoce que la Ley 

119-2011, supra, “no es sinónima de extender una carta abierta 

para que toda persona con algún interés en la propiedad confiscada 

pueda presentar una demanda”. Véase, Exposición de Motivos, Ley 

119-2011, supra. Bajo dicho entendido, el precepto en cuestión 

define los criterios a cumplirse para poder entablar una demanda 

sobre impugnación de confiscación. Siendo así, en lo aquí 

pertinente, su Artículo 15, reza como sigue: 

[...]

Presentada la contestación a la demanda, el Tribunal 

ordenará una vista sobre legitimación activa para 

establecer si el demandante ejercía dominio y control 

sobre la propiedad en cuestión antes de los hechos que 

motivaron la confiscación. De no cumplir con este 

requisito, el Tribunal ordenará la desestimación 

inmediata del pleito. 

Para fines de esta Ley se considerará “dueño” de la 

propiedad una persona que demuestre tener interés 

propietario en la propiedad incautada, incluyendo 

una persona que posea un gravamen sobre dicha 

propiedad a la fecha de ocupación de la propiedad 

incautada, o una cesión válida de tal interés 

propietario.

34 LPRA sec. 1724l. (Énfasis nuestro.)
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III

En la presente causa, la Cooperativa apelante alega que el 

Tribunal de Primera Instancia erró al desestimar la causa de acción 

de epígrafe, bajo el fundamento de que carece de legitimación activa 

para promover la misma. En esencia, sostiene que su interés 

propietario quedó establecido mediante la prueba documental que 

presentó, toda vez que la misma acreditó que es el acreedor de un 

gravamen de venta condicional sobre la unidad confiscada, a la luz 

de lo dispuesto en la Ley 119-2011, supra. Habiendo examinado el 

referido planteamiento a la luz de la prueba y del derecho aplicable, 

revocamos la Sentencia apelada. 

Un examen del expediente de autos, mueve nuestro criterio a 

resolver que el Tribunal de Primera Instancia erró en la 

interpretación y aplicación de la norma que dispone de la 

controversia de autos. A nuestro juicio, los argumentos de la parte 

apelante están debidamente sustentados, por lo que corresponde 

sostener la postura de que posee legitimación activa para promover 

la demanda de impugnación de confiscación de epígrafe.

De los documentos que nos ocupan, surge que, mediante 

Contrato de Compraventa al Por Menor a Plazos, con fecha de 16 de 

diciembre de 2023, la entidad compareciente se obligó en calidad de 

acreedor financiero de la adquisición del vehículo de motor objeto de 

la confiscación impugnada. Posteriormente, por razones vinculadas 

a la alegada comisión de un acto delictivo, la unidad fue ocupada el 

12 de enero de 2023. Así, el 16 de febrero de 2023, la Junta de 

Confiscaciones, notificó a la Cooperativa apelante el hecho de la 

confiscación oficial del vehículo, acontecida, la misma, el 12 de 

enero de 2023. En el pliego, expresamente se hizo constar que la 

notificación se efectuaba a la luz los términos de la Ley 119-2011, 

supra, hecho que, permite deducir que la propia Junta de 

Confiscaciones contó con criterio suficiente para intimar que la 
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Cooperativa apelante poseía un interés propietario real sobre la 

unidad en disputa. 

En cuanto a este particular, destacamos que el Artículo 13 de 

la Ley 19-2011, supra, enumera las personas a quienes la Junta de 

Confiscaciones viene llamada a notificar el hecho de la confiscación 

de un vehículo de motor, entre quienes figura el “acreedor 

condicional que, a la fecha de la ocupación, tenga su contrato 

registrado”. La ejecución de dicha facultad necesariamente implica 

que la Junta de Confiscaciones la ejerza a la luz de toda la 

información que reciba por parte de las entidades relacionadas. En 

este sentido, el Artículo 6(H) del Reglamento 8102 de la Junta de 

Confiscaciones, supra, indica que, para emitir la notificación 

correspondiente, la Junta debe contar con, entre otros datos, 

evidencia de “todos los gravámenes inscritos, según consta en el 

Registro de Vehículos del Departamento de Transportación y Obras 

Púbicas”. 

En el presente caso, no existe controversia sobre la inscripción 

registro de la acreencia reclamada por la Cooperativa apelante. Los 

documentos de autos revelan que dicha gestión se procuró y, como 

evidente resultado de la misma, la entidad compareciente fue 

notificada de la confiscación en litigio por parte de la Junta de 

Confiscaciones. De hecho, en este contexto, se hace menester 

destacar que la Cooperativa apelante es enfática al sostener que, en 

múltiples ocasiones, solicitó al DTOP la expedición de la certificación 

del registro en cuestión. Sin embargo, el DTOP no actuó de 

conformidad con su petitorio, a pesar de haber mediado un 

requerimiento del tribunal. Por tanto, no podemos imputar a la 

Cooperativa apelante una falta que el propio Estado, por conducto 

de esta agencia, cometió. 

Enfatizamos que, entre los documentos presentados y 

estipulados, figura una certificación emitida por el DTOP, con fecha 
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del 6 de marzo de 2023, en la que expresamente se consignó que el 

vehículo de motor en controversia estaba sujeto a un gravamen 

condicional a su favor. El propio Estado reconoce la efectiva 

existencia del derecho reclamado por la parte apelante, a quien, en 

el referido pliego, distingue como la persona que financió la 

adquisición de la unidad. Esta incidencia consolida aún más la 

firme postura de que la Cooperativa apelante ostenta un interés 

propietario suficiente y debidamente reconocido que permite que se 

le califique como dueño, a la luz de lo dispuesto en el Artículo 15 de 

la Ley 119-2011, supra. Además, tal cual la entidad nos propone, 

el perfeccionamiento del gravamen mobiliario aquí en disputa no 

supedita la validez de la acreencia que esta percibió desde suscrito 

el contrato de venta condicional. Por tanto, dado todo lo antes 

expuesto, forzoso es concluir que, en estricto derecho, la 

Cooperativa apelante ostenta legitimación activa para promover la 

causa de epígrafe. 

En mérito de lo antes expuesto, dejamos sin efecto la 

determinación apelada. La prueba de autos demostró que la 

Cooperativa apelante ostenta un interés propietario sobre el 

vehículo de motor en controversia, derivado de la existencia de un 

gravamen de venta condicional reconocido por el DTOP y por la 

Junta de Confiscaciones. Siendo así, colegimos que el Tribunal de 

Primera Instancia incidió en su apreciación de la prueba y en la 

interpretación y aplicación de los términos de la Ley 119-2011, 

supra.

IV

Por los fundamentos que anteceden, se revoca la Sentencia

apelada. 
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Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones