Número Identificador

SEN(RES)2023____________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL XI

CARIBBEAN PRODUCE 

EXCHANGE, LLC 

Recurrente

v.

LUMA ENERGY 

SERVCO, LLC; 

AUTORIDAD DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA

Recurridos

KLRA202300418

CERTIORARI

Procedente de la 

Junta 

Reglamentadora de 

Servicio Público, 

Negociado de 

Energía de Puerto 

Rico

Caso Núm.:

NEPR-QR-2022-0018

Sobre: Resolución 

Final y Orden de 

Querella sobre 

Revisión Formal de 

Factura

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Brignoni Mártir, el Juez 

Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera

Álvarez Esnard, jueza ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero 2024.

Comparece ante nos Carribean Produce Exchange, LLC 

(“Caribbean” o “Recurrente”) mediante un Recurso de Revisión 

Administrativa presentado el 11 de agosto de 2023. Nos solicita que 

revoquemos la Resolución emitida el 12 de julio de 2023, notificada 

al próximo día, por el Negociado de Energía de Puerto Rico 

(“Negociado”). En el referido dictamen, el Negociado desestimó la 

reclamación presentada por Caribbean bajo el fundamento de falta 

de jurisdicción. 

Por los fundamentos expuestos a continuación, confirmamos

la Resolución recurrida.

I.

Los hechos que inician la presente controversia se remontan 

al año 2006, cuando la parte Recurrente comenzó a objetar unas 

facturas emitidas por la Autoridad de Energía Eléctrica (“AEE”)
KLRA202300418 2

sobre un edificio comercial de su pertenencia, las cuales alegó que 

eran excesivas. 

Posteriormente, el 21 de agosto de 2020, Caribbean cursó una 

carta a la AEE a los fines de objetar sus facturas de servicio 

energético, por unos alegados atrasos ascendentes a la cantidad de 

$279,285.30.

1 En ésta, señaló que en el año 2006 impugnó su 

factura formalmente al amparo de la Ley para Establecer Requisitos 

Procesales Mínimos para la Suspensión de Servicios Públicos 

Esenciales, Ley Núm. 33 de 27 de junio de 1985, según enmendada, 

27 LPRA sec. 262, (“Ley Núm. 33-1985”). Alegó que recibió el ajuste 

correspondiente al periodo de diciembre de 2004 a agosto de 2006 y 

se celebró una vista administrativa como parte del proceso de 

objeciones de dicho periodo. No obstante, sostuvo que la AEE nunca 

le notificó su determinación final sobre el asunto en controversia, 

por lo que infirió que la agencia había acogido sus objeciones. Por 

tanto, argumentó que dieciséis (16) años después no podía 

recobrarle una deuda de dicho periodo.

Transcurridos varios meses y luego de varias cartas emitidas 

por Caribbean a la agencia, el 12 de noviembre de 2021, un 

representante de LUMA Energy Servco, LLC. (“LUMA”), le informó 

vía correo electrónico que procedía a referir su caso al Departamento 

de Billing y Objeciones.2 Posteriormente, Caribbean continuó 

remitiendo correos electrónicos a la compañía de servicio energético. 

En éstas, aludió nuevamente a unas objeciones de facturas desde el

2006. 

Al respecto, el 8 de febrero de 2022, el señor Carlos A. Otero 

Ortega, en representación de LUMA, le remitió un correo electrónico 

a la representación legal de Caribbean, en donde solicitó coordinar 

1 Apéndice del Recurso de Revisión Administrativa, pág. 70.

2 Apéndice del Recurso de Revisión Administrativa, pág. 83.
KLRA202300418 3

una reunión para atender en detalle los reclamos presentados.3

Añadió que “[l]a reunión sería de carácter informativa para 

entender la situación del mismo”. En respuesta, Caribbean indicó 

mediante carta que el 12 de octubre de 2021 sostuvo una reunión 

presencial con el señor Waldemar Figueroa de LUMA, donde se le 

proveyó el trasfondo fáctico de las objeciones. Añadió que, a dicha 

fecha, lo que procedía en derecho es realizar el ajuste 

correspondiente y eliminar los cargos. No obstante, procedió a 

informar dos fechas hábiles para la reunión. 

En vista de que no se habían atendido las objeciones de 

Caribbean, el 25 de marzo de 2022, presentó ante el Negociado de 

Energía de Puerto Rico (“Negociado”) de la Junta Reglamentadora de 

Servicio Público de Puerto Rico un Recurso en Solicitud de Orden 

para Obligar a Compañía de Servicio Eléctrico Hacer los Ajustes 

Correspondientes en Factura Objetada en contra de LUMA y AEE.

4

En esencia, señaló que el 12 de octubre de 2021, un representante 

de LUMA le notificó que su reclamación sería investigada y referida 

a los departamentos correspondientes, sin embargo, alega que la 

agencia nunca emitió una resolución final. Reiteró que desde el 2006 

había solicitado el ajuste de factura. Señaló, además, que la agencia 

incumplió con su deber ministerial por no haber concluido la 

investigación ni haber notificado resolución dentro del término de 

sesenta (60) días a tenor con la Ley de Transformación y ALIVIO 

Energético, Ley Núm. 57 de 27 de mayo de 2014, 22 LPRA sec. 1051

et seq. (“Ley Núm. 57-2014”).

Transcurridos varios trámites procesales, el 20 de mayo de 

2022, LUMA presentó una Moción de Desestimación por Falta de 

Legitimación Activa.

5 En dicha solicitud, advirtió que Caribbean 

3 Apéndice del Recurso de Revisión Administrativa, pág. 89.

4 Apéndice del Recurso de Revisión Administrativa, págs.1-7.

5 Apéndice del Recurso de Revisión Administrativa, págs. 109-114.
KLRA202300418 4

incumplió con el procedimiento informal de treinta (30) días para 

objetar su factura, de conformidad a la precitada Ley Núm. 57-2014, 

supra. Por consiguiente, peticionó la desestimación del recurso 

administrativo bajo el fundamento de que el Negociado carecía de 

jurisdicción para atender los reclamos de Caribbean. En su defecto, 

señaló que la causa de acción en su contra debía ser desestimada, 

toda vez que las alegaciones contenidas en el recurso versaban sobre 

actuaciones de la AEE. 

Por su parte, el 27 de mayo de 2022, Caribbean sometió su 

Oposición a “Moción de Desestimación por Falta de Legitimación 

Activa” y Otros Extremos.

6 En este documento, arguyó que no 

procedía la solicitud de desestimación, pues desde el 2006 había

levantado una serie de objeciones ante la agencia sin obtener 

remedio alguno.

El 18 de octubre de 2022, el Negociado celebró una vista 

argumentativa sobre la controversia relacionada con la 

desestimación por falta de legitimación activa ante el oficial 

examinador designado por la agencia. Tras evaluar las posturas de 

ambas partes, el 12 de julio de 2023, el Negociado emitió la 

Resolución recurrida declarando Ha Lugar la solicitud de 

desestimación presentada por Luma y AEE. En lo concerniente, 

formuló las siguientes determinaciones de hechos:

1. El 25 de marzo de 2022, la parte Querellante, presentó 

ante el Negociado de Energía una Querella contra la 

LUMA Energy, LLC y la Autoridad de Energía Eléctrica, la 

cual dio inicio al caso de epígrafe. 

2. La parte Querellante, alegó en el recurso presentado 

facturación incorrecta, errática y excesiva por parte de la 

Autoridad, ahora LUMA, bajo las disposiciones de la Ley 

Núm. 57-2014 y el Reglamento Núm. 8863.

3. La parte Querellante alega que los hechos ocurrieron en 

el año 2006 cuando la Autoridad aparentemente envió 

facturas estimadas y luego una factura de ajuste ya que 

se alegaba habían facturado de menos por 24 meses. 

6 Apéndice del Recurso de Revisión Administrativa, pág. 115-118.
KLRA202300418 5

4. La parte Querellante además sostiene que LUMA ahora 

está haciendo intentos de cobro de dicho balance 

adeudado desde aproximadamente el año 2006.

5. La presente controversia comenzó hace más de 16 años, 

allá para el año 2006, cuando las objeciones de factura 

se regían por la Ley 33-1985.

6. En esencia la alegación de LUMA es que el Negociado 

carece de jurisdicción sobre la materia con relación a las 

objeciones de facturas del año 2006, debido a que tanto 

el Art. 6.27(a)(1) de la Ley 57-2014 como la Sección 2.02 

del Reglamento 8863, establecen que cada factura deberá 

ser objetada individualmente, dentro del periodo de 

treinta (30) días de la fecha de su emisión, y mediante los 

mecanismos establecidos por la Compañía de Servicio 

Eléctrico correspondiente. Así mismo, deben agotarse los 

respectivos remedios informales previo a acudir ante este 

Negociado, mediante la presentación de reclamaciones 

independientes por cada una de las facturas.

7. Surge claramente del expediente del caso y el proceso 

ante el Negociado que el Querellante entre los años 2007-

2010 litigó esta controversia, que nos presenta en su 

Querella, ante la Autoridad. Al punto que hubo una Vista 

Administrativa en el año 2010 de la cual se alega jamás 

se recibió la resolución o determinación final; dejando la 

parte Querellante el tema latente por más de 10 años 

hasta la presentación de esta Querella.

En esencia, el Negociado resolvió que la Ley 57-2014, supra,

le confirió jurisdicción para atender controversias relacionadas a 

facturas de la AEE. No obstante, carecía de jurisdicción para 

resolver objeciones de facturas del 2006, puesto que Caribbean no 

podía re litigar o reabrir una controversia luego de 16 años.

Determinó que, si un Juez Administrativo no emitió una 

determinación final en el 2010, Caribbean tenía remedios de 

conformidad con la Ley Núm. 33-1985, supra y otras aplicables, 

como acudir al Tribunal de Primera Instancia, lo cual no hizo. Por 

lo cual, el Negociado no tenía jurisdicción sobre la materia para 

atender hechos que ocurrieron hace más de 16 años. En 

consecuencia, desestimó sin perjuicio la querella. 

Inconforme con el dictamen administrativo, el 11 de agosto de 

2023, Caribbean acudió ante nos mediante un Recurso de Revisión 

Administrativa. En esencia, planteó el siguiente señalamiento de 

error: 

Erró en derecho y abusó en su discreción el Negociado 

de Energía, al declararse sin “jurisdicción sobre la 

materia”, y desestimar el recurso de la recurrente, 
KLRA202300418 6

privándole del remedio automático establecido 

categóricamente en el Artículo 6.27 de la Ley de 

Transformación y Alivio Energético, y la Sección 4.11 

del Reglamento Núm. 8863. 

Por su parte, el 20 de septiembre de 2023, LUMA compareció 

ante nos mediante un escrito intitulado Alegato de la Parte 

Recurrida. 

Contando con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, procedemos a exponer la normativa jurídica aplicable al caso 

ante nuestra consideración. 

II.

A. Revisión administrativa

Las determinaciones administrativas están sujetas al proceso 

de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. Artículo 4.006 

de la Ley de la Judicatura, Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA sec. 24y; 

OEG v. Martínez Giraud, 210 DPR 79, 88 (2022); AAA v. UIA, 200 

DPR 903, 910 (2018). La Sección 4.6 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38 de 

30 de junio de 2017, según enmendada, 3 LPRA sec. 9676, (“LPAU”), 

faculta al tribunal intermedio a revisar decisiones, órdenes y 

resoluciones finales de organismos administrativos. Ahora bien, el 

proceso de revisión judicial está limitado a determinar: (1) si el 

remedio concedido por la agencia fue el apropiado; (2) si las 

determinaciones de hechos de la agencia están basadas en evidencia 

sustancial que obra en el expediente administrativo, y (3) si las 

conclusiones de derecho fueron las correctas. Asoc. FCIAS. v. Caribe 

Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010). Véase, también, Mun. 

de San Juan v. J.C.A. 149 DPR 263, 279 (1999). Los tribunales 

apelativos debemos sostener los dictámenes agenciales a menos que 

la presunción de legalidad haya sido superada. Capó Cruz v. Jta.

Planificación et al., 204 DPR 581, 591 (2020); Torres Rivera v. Policía

de PR, 196 DPR 606, 626 (2016).
KLRA202300418 7

Las determinaciones administrativas se sostendrán siempre y 

cuando estén fundamentadas en evidencia sustancial que obre del 

expediente. Sección 4.5 de la LPAU, supra, 3 LPRA sec. 9675. La 

evidencia sustancial es “aquella evidencia relevante que una mente 

razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión”. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 216 

(2012); Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485, 512 (2011).

En ese sentido, “la parte que impugna judicialmente las 

determinaciones de hechos de una agencia administrativa tiene el 

peso prueba para demostrar que éstas no están basadas en el 

expediente o que las conclusiones a las que llegó la agencia son 

irrazonables”. OEG v. Martínez Giraud, supra, pág. 89.

Por otro lado, “cuando de conclusiones de derecho se trata, 

los tribunales tenemos una amplia facultad de revisarlas 

completa y absolutamente”. IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos,

184 DPR 712, 745 (2012); Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R.,

144 DPR 425, 436 (1997). La Sección 4.5 de la LPAU, supra, dispone 

que “[l]as conclusiones de derecho serán revisables en todos sus 

aspectos”. Solo intervendremos cuando la actuación administrativa 

resulte arbitraria, ilegal o irrazonable. Capó Cruz v. Jta. Planificación

et al., supra, pág. 592. Lo anterior “no equivale a la sustitución 

automática del criterio e interpretación del organismo 

administrativo”. Íd., pág. 591; Rolón Martínez v. Supte. Policía, 

201 DPR 26, 36 (2018). La determinación de una agencia merece 

deferencia sustancial aun cuando su interpretación no sea la única 

razonable. Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 969, 1003

(2011). 

B. Jurisdicción en casos ante organismos administrativos

En nuestro ordenamiento jurídico, “la jurisdicción es el poder

o la autoridad que posee un tribunal o un organismo administrativo 

para considerar y decidir casos o controversias con efecto vinculante 
KLRA202300418 8

para las partes”. Muñoz Barrientos v. Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico y otros, 212 DPR __ (2023), 2023 TSPR 105 resuelto el 

1 de septiembre de 2023; Adm. Terrenos v. Ponce Bayland, 207 DPR 

586, 600 (2021). Una agencia administrativa no puede asumir

jurisdicción sobre situación alguna que no esté autorizada por ley. 

Raimundi v. Productora, 162 DPR 215, 225 (2004). Si un ente 

administrativo no tiene jurisdicción para adjudicar controversia, su 

actuación es ultra vires. AAA v. UIA, supra, pág. 916. De hecho, 

“cualquier duda en cuanto a la existencia de dicho poder debe 

resolverse en contra de su ejercicio”. Raimundi v. Productora, supra.

C. Doctrina de Agotamiento de Remedios

La doctrina de agotamiento de los remedios administrativos 

requiere que los casos ante el foro agencial culminen previo a acudir 

al foro judicial. Acevedo v. Mun. de Aguadilla, 153 DPR 788 (2001).

Este principio “procura que cuando una parte desea obtener un 

remedio en una agencia, dicha parte tiene el deber de utilizar todas 

las vías administrativas a su alcance para ello antes de recurrir al 

foro judicial”. Guzmán y otros v. E.L.A., 156 DPR 693, 711 (2002); 

Mun. de Caguas v. AT & T, 154 DPR 401 (2001).

Ahora bien, ciertas circunstancias permiten prescindir del 

procedimiento de agotamiento de remedios en las agencias. La 

Sección 4.3 de la LPAU, supra, dispone lo siguiente: 

El tribunal podrá relevar a un peticionario de tener que 

agotar alguno o todos los remedios administrativos 

provistos en el caso de que dicho remedio sea 

inadecuado, o cuando el requerir su agotamiento 

resultare en un daño irreparable al promovente y en el

balance de intereses no se justifica agotar dichos 

remedios, o cuando se alegue la violación sustancial de 

derechos constitucionales, o cuando sea inútil agotar 

los remedios administrativos por la dilación excesiva en 

los procedimientos, o cuando sea un caso claro de falta 

de jurisdicción de la agencia, o cuando sea un asunto 

estrictamente de derecho y es innecesaria la pericia 

administrativa. 3 LPRA sec. 9673.

No obstante, en ausencia de tales criterios, “el foro judicial 

debe abstenerse hasta que concluyan los trámites administrativos”. 
KLRA202300418 9

Acevedo v. Mun. de Aguadilla, supra, pág. 802. Esta norma evita que 

“se obvie el procedimiento de revisión interna de la agencia a fin de 

acelerar la revisión judicial”. Mun. de Caguas v. AT & T, supra, pág. 

407. Tal proceder permite que la determinación recurrida refleje la 

posición final de la entidad administrativa. Acevedo v. Mun. de 

Aguadilla, supra, pág. 802. 

D. Jurisdicción del Negociado de Energía Eléctrica en casos

de revisión de facturas de servicio energético

El Artículo 1.2 (p) de la Ley de Transformación y ALIVIO

Energético, Ley Núm. 57 de 27 de mayo de 2014, según enmendada, 

22 LPRA sec. 1051(p), (“Ley Núm. 57-2014”), declara como política 

pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que “[l]as disputas 

sobre facturas o servicios de electricidad se tramitarán de forma 

equitativa y diligente”. A esos fines, la precitada Ley reconoce la 

facultad de una entidad reguladora para la revisión de tarifas 

relacionadas con el servicio energético: 

(p) Habrá un ente independiente regulador de energía, 

que tendrá amplios poderes y deberes para asegurar el 

cumplimiento con la política pública energética, las 

disposiciones y mandatos de esta Ley, y para asegurar 

costos energéticos justos y razonables mediante la 

fiscalización y revisión de las tarifas de la Autoridad 

de Energía Eléctrica y de cualquier compañía de 

servicio eléctrico. (Énfasis nuestro). Artículo 1.2 (r) de 

la Ley Núm. 57-2014, supra, 22 LPRA sec. 1051(r).

Cónsono con lo anterior, el Artículo 6.3 de la precitada Ley

delimita los poderes del Negociado de Energía de Puerto Rico. El 

aludido precepto dispone que el Negociado ostenta la facultad para 

revisar determinaciones procedentes de compañías proveedoras de 

servicio de electricidad: 

(rr) Revisar decisiones finales de las compañías de 

energía con respecto a querellas y solicitudes de 

investigación de sus clientes.

[...].

El NEPR aquí creado tendrá, además de los poderes 

enumerados en esta Ley, todos los poderes adicionales 

implícitos e incidentales que sean apropiados y 

necesarios para efectuar y llevar a cabo, desempeñar y 

ejercitar todos los poderes antes mencionados y para 
KLRA202300418 10

alcanzar los propósitos de esta Ley. 22 LPRA sec. 

1054b(rr). (Énfasis nuestro).

El Artículo 6.4(a)(2) de la precitada Ley preceptúa que la 

agencia tendrá jurisdicción primaria exclusiva sobre los siguientes 

asuntos:

(2) Los casos y controversias relacionados con la 

revisión de facturación de las compañías de energía a 

sus clientes por los servicios de energía eléctrica. 22 

LPRA sec. 1054c(a)(2).

De igual modo, el Artículo 6.4(b)(1) prescribe que posee

jurisdicción general sobre el siguiente aspecto: 

(1) El Negociado de Energía tendrá jurisdicción 

regulatoria investigativa y adjudicativa sobre la 

Autoridad y cualquier otra compañía de energía 

certificada que rinda servicios dentro del Gobierno de 

Puerto Rico. 22 LPRA sec. 1054c(b)(1).

E. Trámite administrativo para objetar factura por servicio 

energético ante la compañía de energía eléctrica

El Artículo 6.27(a) de la Ley Núm. 57-2014, supra, fija los

requisitos para que un cliente presente su objeción a sus facturas 

de servicio de energía eléctrica, disponiendo lo siguiente:

(a) Antes de acudir al Negociado de Energía para 

solicitar una revisión de factura de servicio 

eléctrico, toda persona deberá agotar, ante la 

compañía de energía certificada que le cobró 

dicha factura, el procedimiento administrativo 

informal que se establece en este Artículo y en 

los reglamentos que adopte el Negociado de 

Energía. En este proceso administrativo informal no 

aplicarán las disposiciones del Capítulo III de la Ley 

38-2017, según enmendada, de la Ley 38-2017, 

según enmendada, conocida como la “Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno 

de Puerto Rico”.

(1) Todo cliente podrá objetar o impugnar 

cualquier cargo, clasificación errónea de tipo 

de tarifa, cálculo matemático o ajuste de la 

factura de servicio eléctrico y solicitar una 

investigación por parte de la compañía de 

energía certificada dentro de un término de 

treinta (30) días a partir de la fecha en que 

dicha factura sea depositada en el correo 

postal o sea enviada al cliente vía correo 

electrónico.

[...].

Para poder objetar la factura y solicitar la 

correspondiente investigación, la persona 

deberá pagar la cantidad correspondiente al 
KLRA202300418 11

promedio de las facturas no disputadas durante 

los últimos seis (6) meses. La compañía de energía 

certificada no vendrá obligada a iniciar la 

investigación hasta que la cantidad indicada haya 

sido pagada. 

(2) La persona podrá notificar su objeción y solicitud 

de investigación de su factura a la compañía de 

energía certificada mediante correo certificado, 

teléfono, fax o correo electrónico, siempre que 

dicha objeción y solicitud se someta a través de 

los contactos específicos provistos para esos 

propósitos por la compañía de energía 

certificada y se pueda establecer con certeza la 

fecha del envío de la objeción y solicitud de 

investigación. (Énfasis y subrayado nuestro). 22 

LPRA sec. 1054z (a)(1).7

7 Cabe destacar que la Ley Núm. 33-185, supra, disponía un procedimiento para 

objetar las facturas del servicio de energía eléctrica, estableciendo lo siguiente: 

Toda autoridad, corporación pública u otra instrumentalidad 

gubernamental que provea servicios esenciales a la ciudadanía 

dispondrá un procedimiento administrativo para la suspensión del 

servicio por falta de pago que deberá ajustarse para conceder los 

mecanismos y garantías mínimas al abonado, conforme al 

procedimiento dispuesto a continuación: 

(a) A partir del envío de una factura de cobro por concepto de pagos 

de tarifas, derechos, rentas, u otros cargos facturados, por 

servicios esenciales, el abonado tendrá veinte (20) días para pagar 

u objetar y solicitar una investigación de la misma ante el 

funcionario designado en la oficina local donde ubica la estructura 

que recibe servicio, quien estará facultado para corregir errores o 

sobrecargos. La objeción y solicitud de investigación podrá 

solicitarse mediante correo, teléfono, fax o Internet, siempre 

y cuando la misma se someta a través de las direcciones y/o 

números específicos provistos por la Autoridad de Energía 

Eléctrica de Puerto Rico o la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados, según corresponda, para estos propósitos.

(b) La instrumentalidad deberá concluir la investigación e 

informarle el resultado de la misma al abonado dentro de los 

sesenta (60) días de la objeción original, y en aquellos casos en que 

se requiera un tiempo adicional la instrumentalidad, si así lo 

determinara, lo hará según lo dispuesto en la Ley Núm. 170 del 12 

de agosto de 1988. El resultado de la investigación se le 

notificará al abonado por escrito quien, si el resultado de la 

investigación le es adverso, tendrá diez (10) días a partir de la 

notificación para pagar la factura o para objetar la decisión del 

funcionario de la Oficina local ante otro funcionario designado 

representante de la región o distrito en que el usuario recibe el 

servicio, quien tendrá veinte (20) días a partir de la fecha de 

objeción para resolver tal solicitud. 

(c) La decisión del funcionario de la región o distrito se le 

notificará por escrito al abonado, quien, si la decisión le es 

adversa, tendrá diez (10) días a partir de la notificación para pagar 

o solicitar una revisión de esa decisión y vista ante el director 

ejecutivo de la autoridad concernida. 

(d) [...]. 

(e) Si el abonado solicita la revisión y vista administrativa dispuesta 

en el inciso (c) anterior, deberá pagar, previo a la celebración de la 

vista, una cantidad igual al promedio de la facturación de consumo 

mensual o bimensual, según fuere el caso, tomándose como base 

el historial de consumo del abonado durante los 12 meses 

precedentes. [...].

(f) [...]. 

(g) [...].
KLRA202300418 12

A su vez, el Reglamento sobre el Procedimiento para la Revisión 

de Facturas y Suspensión del Servicio Eléctrico por Falta de Pago de 

la Comisión de Energía de Puerto Rico, Reglamento Núm. 8863 de 

1 de diciembre de 2016 (“Reglamento de Revisión”),

8 dispone del 

trámite para objetar una factura de luz, estableciendo lo siguiente:

1. El nombre del Cliente que presenta la objeción;

2. El número de cuenta de servicio;

3. El número de identificación de la Factura que se objeta;

4. Las razones que motivan la objeción;

5. Su número de teléfono, dirección física y postal, y 

dirección de correo electrónico;

6. Copia del recibo de pago del promedio de las Facturas 

conforme a lo establecido en la Sección 4.05 de este 

Reglamento. Si el cliente presentare su objeción por 

teléfono, deberá ofrece el número de confirmación del 

recibo del pago.

Toda objeción de Factura que no cumpla con lo 

dispuesto en esta Sección se tratará como si nunca 

hubiese sido presentada y no tendrá efecto jurídico 

alguno. (Énfasis y subrayado nuestro). Sección 4.07 del 

Reglamento de Revisión, supra.

Completado cabalmente el trámite de objeción informal, la 

compañía de servicio energético estará en posición para iniciar el 

proceso investigativo o adjudicativo de conformidad a las siguientes 

consideraciones:

(3) Una vez notificada la objeción y depositada la 

cantidad correspondiente, la compañía de energía 

certificada deberá iniciar la investigación o el proceso 

adjudicativo que proceda dentro del término de treinta 

(30) días, contados a partir de la fecha en que el cliente 

notificó su objeción. En caso de que la compañía de 

energía certificada no inicie el proceso dentro del 

término de treinta (30) días, la objeción será adjudicada 

a favor del cliente. La compañía de energía certificada 

(h) El abonado tendrá veinte (20) días a partir de la notificación 

de la decisión del examinador o árbitro para recurrir en 

revisión al Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico

conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 11 del 24 de julio de 

1952, según enmendada, y a las Reglas Aplicables a los Recursos 

para la Revisión de Decisiones Administrativas ante el Tribunal de 

Primera Instancia. El tribunal revisará la decisión del examinador 

a base del récord administrativo y sólo en cuanto a las 

conclusiones de derecho; las determinaciones de hecho serán 

concluyentes para el tribunal si están sostenidas por evidencia

sustancial. 27 LPRA sec. 262b. (Énfasis nuestro). 

8 La Ley de Ejecución del Plan de Reorganización de la Junta Reglamentadora de 

Servicio Público de Puerto Rico, Ley Núm. 211-2018, establece que toda ley que se 

refiera a la Comisión o Comisión de Energía de Puerto Rico se entenderá que se 

refiere, respectivamente, al Negociado de Energía.
KLRA202300418 13

deberá concluir la investigación o proceso 

administrativo, emitir la correspondiente resolución e 

informar al cliente el resultado dentro de un término de 

sesenta (60) días contados a partir de la fecha de 

comienzo de la investigación o proceso adjudicativo. Si 

la compañía de energía certificada no emite la referida 

resolución o no informa al cliente de la misma dentro 

del término de sesenta (60) días, la objeción será 

adjudicada a favor del cliente. 22 LPRA sec. 1054z(a)(3).

F. Agotamiento de remedios previo a acudir al Negociado de 

Energía de Puerto Rico

El cliente debe agotar los remedios internos que provea la 

compañía de servicio energético antes de acudir al Negociado. En 

esa dirección, el Artículo 6.27(a) de la Ley Núm. 57-2014, supra,

preceptúa el procedimiento a seguir: 

(a) Antes de acudir al Negociado de Energía para 

solicitar una revisión de factura de servicio 

eléctrico, toda persona deberá agotar, ante la 

compañía de energía certificada que le cobró dicha 

factura, el procedimiento administrativo informal 

que se establece en este Artículo y en los 

reglamentos que adopte el Negociado de Energía. 

(Énfasis nuestro). 22 LPRA sec. 1054z(a). 

El Artículo 6.27(d) de la aludida Ley prescribe ese requisito de 

la siguiente manera:

(d) Al presentar su querella ante la Comisión el 

cliente querellante deberá demostrar que ha 

cumplido con los requisitos establecidos en este 

Artículo. De la misma manera, la compañía de 

servicio eléctrico querellada deberá establecer en su 

primera comparecencia ante la Comisión que han 

cumplido fielmente con los requisitos establecidos 

en este Artículo. 22 LPRA sec. 1054z (d).

De igual forma, la Sección 2.02 del Reglamento de Revisión,

supra, establece el requisito de agotamiento de remedios:

Todo cliente deberá agotar, ante la Compañía de 

Servicio Eléctrico, el Procedimiento Administrativo 

Informal de Objeción de Facturas establecidos en 

este Reglamento previo a solicitar una revisión 

formal de cualquier objeción por parte de la 

Comisión de Energía. Mediante este Procedimiento 

Administrativo Informal, el Cliente explicará los 

fundamentos de su objeción a la Compañía de Servicio 

Eléctrico e intentará alcanzar una solución al asunto 

directamente con la compañía. (Énfasis y subrayado

nuestro).
KLRA202300418 14

Cabe destacar que, el cliente ostenta el derecho de solicitar 

reconsideración ante la compañía de servicio energético, según 

dispone el Artículo 6.27(a)(4) y (5) de la Ley Núm. 57-2014, supra:

(4) Si el cliente no está conforme con el resultado de la 

investigación de la compañía de servicio eléctrico, 

deberá solicitar por escrito a dicha compañía la 

reconsideración de esa decisión inicial por parte de 

un funcionario de mayor jerarquía. Toda solicitud de 

reconsideración deberá presentarse dentro del 

término de veinte (20) días contados a partir de la 

notificación de la decisión de la compañía de servicio 

eléctrico sobre el resultado de la investigación. El 

cliente podrá presentar y notificar su solicitud de 

reconsideración a la compañía de servicio eléctrico 

mediante correo certificado, fax o correo electrónico, 

siempre y cuando ésta se someta a través de los 

contactos específicos provistos por la compañía para 

estos propósitos. 

(5) La compañía de energía certificada tendrá un 

término de treinta (30) días a partir de la 

presentación de la solicitud de reconsideración para 

evaluarla y notificar por escrito al solicitante su 

determinación final sobre el resultado de la 

investigación. Si la compañía de energía certificada 

no emite la referida notificación por escrito dentro 

del término de treinta (30) días, la objeción será 

adjudicada a favor del cliente. Toda determinación 

final deberá exponer claramente por escrito que el 

cliente tendrá derecho de presentar un recurso de 

revisión ante la Comisión y una breve descripción de 

cómo presentar tal recurso. 22 LPRA sec. 1054z (a) 

(4-5).

Agotados los remedios descritos, el cliente tendrá legitimación 

activa para acudir al Negociado, según dispone la Sección 5.1. del 

Reglamento de Revisión, supra, estableciéndolo siguiente:

Todo Cliente que no esté conforme con la decisión final 

de la Compañía de Servicio Eléctrico referente a una 

querella o una objeción de Factura podrá iniciar un 

procedimiento formal de revisión ante la Comisión de 

Energía dentro del término de treinta (30) días, 

contados a partir de la fecha de notificación de decisión 

final. Al presentar su solicitud de revisión, el 

querellante deberá demostrar que ha cumplido 

fielmente con los requisitos establecidos en el 

Artículo 6.27 de la Ley 57-2014 y en este 

Reglamento. (Énfasis nuestro).

De exhibir tales criterios, el Negociado tendrá la facultad para 

revisar la determinación de la compañía de servicio energético del 

siguiente modo:
KLRA202300418 15

(e) La Comisión revisará de novo la decisión final de la 

compañía de energía certificada sobre la objeción y el 

resultado de la investigación. 22 LPRA sec. 1054z(e).

II.

En el presente recurso, la parte Recurrente nos alega que erró 

el Negociado al desestimar su recurso por falta jurisdicción. En 

específico, contiende que el Negociado fundamentó su 

determinación en meras alegaciones sin identificar si existía o no 

una determinación final por parte de la compañía de servicio de 

energía eléctrica. Por lo anterior, argumenta que el Negociado tiene 

ampla facultad para atender su reclamo. 

Por su parte, LUMA arguye que Caribbean pretende objetar la 

totalidad de sus balances adeudados a través del proceso de 

objeción. No obstante, plantea que Caribbean debió cumplir con los 

requisitos contenidos en la Ley Núm. 57-2014, supra. De 

conformidad con lo anterior, sostiene que cada factura debió

objetarse individualmente dentro del término de treinta (30) días 

desde la fecha de su emisión.

En el presente caso, nos corresponde determinar si el 

Negociado actuó correctamente al desestimar el recurso 

administrativo por concluir que carecía de jurisdicción. 

Como foro revisor, al evaluar un dictamen administrativo, 

nuestro quehacer judicial se limita a determinar si existe una base 

racional respaldada en evidencia sustancial que fundamente la 

determinación o interpretación impugnada. En ese sentido, los foros 

apelativos solo intervendremos si las determinaciones de hechos no 

están basadas en evidencia que obre en el expediente o cuando las 

conclusiones resultan irrazonables. OEG v. Martínez Giraud, supra.

Tomando en cuenta la doctrina de limitación judicial, somos del 

criterio que en este caso procede conferirle deferencia a las 

determinaciones de hechos formuladas por el Negociado. Veamos.
KLRA202300418 16

Tras revisar la totalidad del expediente administrativo, 

notamos que el Recurrente comenzó a realizar una serie de 

objeciones a su factura del servicio de energía eléctrica desde el 

2006. En dicho periodo el procedimiento sobre las objeciones a los 

servicios públicos esenciales estaba regulado por la Ley 

Núm. 33-1985, supra, por lo que el proceso de objeción debía 

cumplir con los requisitos allí dispuestos. Según nos alega la parte 

Recurrente, dichas facturas fueron objeto de litigación por varios 

años, inclusive nos advierte que el 2010 se celebró una vista 

administrativa. Sin embargo, el Recurrente señala que la agencia no 

emitió una determinación final, por lo que asumió que había 

resuelto sus reclamos a su favor. 

Las cartas que obran en el expediente administrativo 

evidencian que el Recurrente realizó unas objeciones sobre la 

facturación del servicio de energía eléctrica, en las cuales alega que 

la lectura era una estimada. Aun cuando algunas de las 

comunicaciones enviadas por Caribbean a la compañía de servicio 

energético hacen referencia al periodo que comprende la objeción, 

no existe evidencia de que la agencia inició una investigación formal 

sobre las objeciones y se completó el trámite administrativo. El 

Recurrente sostiene que en 2010 la agencia realizó una vista 

administrativa, pero no presenta evidencia sobre si se dilucidaron 

las controversias relacionadas a las objeciones u otros 

planteamientos de derecho. Tampoco podemos deducir del 

expediente que el hecho de que la agencia no emitió determinación 

final sobre los reclamos del Recurrente dio a lugar a que estas fueron 

resueltas a su favor. Ante las dudas del Recurrente sobre si la 

agencia acogió o no sus reclamos, dicha parte no podía cruzarse de 

brazos y debió acudir al foro judicial a dilucidar sus planteamientos.

Además, es meritorio destacar que mediante la Ley 

Núm. 57-2014, supra, se creó el Negociado y le confirió la facultad 
KLRA202300418 17

a dicha entidad para revisar las decisiones finales de las compañías 

de energía con respecto a las querellas y solicitudes de investigación 

de sus clientes. Véase 22 LPRA sec. 1054 (rr). La precitada Ley 

estableció una serie de requisitos que tendrá que cumplir cualquier 

cliente que quiera objetar las facturas de servicio eléctrico, 

estableciendo que “[a]ntes de acudir al Negociado de Energía para 

solicitar una revisión de factura de servicio eléctrico, toda persona 

deberá agotar, ante la compañía de energía certificada que le cobró 

dicha factura, el procedimiento administrativo informal que se 

establece en este Artículo y en los reglamentos que adopte el 

Negociado de Energía”. 22 LPRA sec. 1054z (a). 

En el presente caso, el Recurrente arguye que la compañía de 

servicio eléctrico le ha requerido el cobro unas cuantías en concepto 

de atrasos que corresponden a facturas que datan del 2006. Del 

expediente surgen unas cartas emitidas por el Recurrente a la AEE 

que pretendían ser objeciones formales a las facturas de los años 

2006, 2007 y 2008.9 Las otras cartas y correos electrónicos que se 

incluyeron como anejos del expediente corresponden a los años 

2020, 2021 y 2022. Sin embargo, en el expediente no se incluyeron 

facturas del periodo de años que comprende del 2008 al 2019. Por 

lo cual, es forzoso concluir que el Recurrente no puso en posición a 

la agencia para dilucidar sus reclamos de que el cobro de atrasos de 

las facturas desde 2020 corresponden a las facturas objetadas desde 

el 2006. Por lo cual, coincidimos con el Negociado que no ostenta 

jurisdicción para dilucidar los méritos de los reclamos del 

Recurrente, con respecto a las facturas del periodo de 2006 al 2008. 

A su vez, reiteramos que el Recurrente debió haber iniciado un 

proceso judicial desde que se celebró la alegada vista administrativa 

9 Apéndice del Recurso de Revisión Administrativa, págs. 8-67.
KLRA202300418 18

en 2010, a los fines de que se obligara a la agencia a emitir una 

determinación final con respecto a sus reclamos. 

En vista de lo anterior, el dictamen agencial merece nuestra 

deferencia. La Resolución recurrida no es arbitraria, irrazonable ni 

caprichosa. La aludida determinación agencial es cónsona los 

preceptos legales aplicables y está respaldada en evidencia 

sustancial que obra del expediente. 

IV.

Por los fundamentos expuestos, confirmamos el dictamen 

recurrido.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS

Secretaria del Tribunal de Apelaciones