Número Identificador

SEN2024_____________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IX

LUZ M. RAMÍREZ RIVERA

DEMANDANTE-APELANTE

V.

OPTIMA SEGUROS; Y 

OTROS

DEMANDADO-APELADO

KLAN202400095

Apelación

Procedente del 

Tribunal de

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de

Bayamón 

Civil Núm.:

BY2023CV04118

SOBRE:

Daños y 

Perjuicios 

Panel integrado por su presidente el Juez Rodríguez 

Casillas, el Juez Salgado Schwarz y el Juez Ronda Del 

Toro. 

Salgado Schwarz, Carlos G., Juez Ponente.

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2024.

Comparece Luz M. Ramírez Rivera (en Adelante 

“Apelante” o “Sra. Ramírez Rivera”) mediante escrito de 

apelación y solicita que revoquemos la Sentencia Parcial

emitida por el Tribunal de Primera Instancia (en 

adelante “TPI”) el 4 de diciembre de 2023. En esa 

ocasión, el TPI ordenó la desestimación de la Demanda en 

cuanto a la codemandada Óptima Seguros. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes y por los fundamentos que exponemos a 

continuación, confirmamos la Sentencia apelada. 

-IA continuación, exponemos los hechos pertinentes 

ante nuestra consideración. 

Según surge de la Demanda y Demanda Enmendada, el 

17 de febrero de 2023, mientras la Apelante transitaba 

por la Avenida Gregorio Ledesma en Levittown el vehículo 

en el que se encontraba fue impactado en la parte 

frontal, por el vehículo que conducía la joven Tisha L. 
KLAN202400095 2

Flores Miranda (en adelante “Flores Miranda”), el cual 

está asegurado por Óptima Seguros. Como consecuencia del 

accidente, la Apelante alega haber sufrido daños 

corporales. 

El 22 de febrero de 2023, el Sr. Jorge R. Ramírez 

Figueroa1 (en adelante “Sr. Ramírez Figueroa”) suscribió

una Carta de Pago y Relevo2. Mediante dicha carta,

Ramírez Figueroa exoneró a Óptima Seguros y a la Sra. 

Janitza Miranda Ortíz (en adelante “Sra. Miranda Ortíz”) 

“de cualquiera y todas acciones, causas de acción, 

reclamaciones y demandas por, sobre, o en virtud de 

cualquier daño, perdida [sic] o perjurio que hasta haya 

sido o en adelante pueda ser sostenida por mi (nosotros), 

como consecuencia de accidente ocurrido el 17 de febrero 

de 2023”.3

Cinco meses después, el 24 de julio de 2023, la 

Apelante presentó una Demanda4 en daños y perjuicios 

contra Óptima Seguros. El 12 de octubre de 2023, la 

Apelante presentó una Demanda Enmendada5, a fin de 

incluir a la Sra. Miranda Ortíz como codemandada. Así 

las cosas, el 5 de octubre de 2023, Óptima Seguros

presentó un Moción de Sentencia Sumaria6 afirmando no 

ser responsable por los daños sufridos por la Apelante. 

El 13 de octubre de 2023, la Apelante presentó su 

respectiva Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria7.

Por su parte, el 23 de noviembre de 2023, la codemandada 

Sra. Miranda Ortíz presentó, conjuntamente, su 

1 Según se desprende del Alegato de la parte Apelada, el Sr. Ramírez 

Figueroa es el titular del vehículo que conducía la Apelante al 

momento del accidente. 

2 Véase Apéndice del recurso, págs. 95. 

3 Íd. 

4 Véase Apéndice I del recurso, págs. 1-3.

5 Véase Apéndice III del recurso, págs. 81-83. 

6 Véase Apéndice II del recurso, págs. 4-10. 

7 Véase Apéndice IV del recurso, págs. 84-94. 
KLAN202400095 3

Contestación a Demanda, Reconvención y Solicitud de la 

Desestimación de la Demanda8. En esa ocasión, la Sra. 

Miranda Ortíz negó responsabilidad y presentó una acción 

alegando daños y perjuicios de naturaleza emocional. Así 

las cosas, el 29 de noviembre de 2023, la Apelante 

presentó una Réplica a Reconvención9.

Finalmente, el 4 de diciembre de 2023, el TPI emitió 

una Sentencia Parcial10 en la que desestimó la Demanda 

en lo que respecta a Óptima Seguros. Inconforme con dicha 

determinación, el 15 de diciembre de 2023, la Apelante 

presentó una Moción en Solicitud de Reconsideración11. 

Así las cosas, el 16 de enero de 2024, el TPI emitió una 

Resolución12 declarando No Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración. Inconforme, el 2 de febrero de 2024, la 

Sra. Ramírez Rivera presentó un recurso de Apelación 

ante esta Curia. 

-IIEn nuestro ordenamiento jurídico la industria de 

seguros está revestida de un gran interés público debido 

a su importancia, complejidad y efecto en la economía y 

la sociedad.13 Como resultado de lo anterior, el negocio 

de seguros ha sido regulado ampliamente por el Estado, 

principalmente mediante el Código de Seguros14, rigiendo 

de manera supletoria el Código Civil15. El Código de 

Seguros reglamenta las prácticas y requisitos de esta 

industria. 

8 Véase Apéndice V del recurso, págs. 96-98.

9 Véase Apéndice VI del recurso, págs. 99-101.

10 Véase Apéndice VII del recurso, págs. 102-107. 

11 Véase Apéndice VIII del recurso, págs. 108-112. 

12 Véase Apéndice X del recurso, pág. 114. 

13 Jiménez López et al. v. SIMED, 180 DPR 1, 8 (2010) (Sentencia), 

citando a SLG Francis-Acevedo v. SIMED, 176 DPR 372 

(2009); Comisionado de Seguros v. PRIA, 168 DPR 659 (2006); PFZ 

Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881 (1994).

14 Véase Ley Núm. 77 de 19 de Junio de 1957, según enmendada.

15 Echandi Otero v. Stewart Title, 174 DPR 355, 369 (2008).
KLAN202400095 4

El Art. 1.020 del Código de Seguros, supra, define 

el contrato de seguros como aquel “contrato mediante el 

cual una persona se obliga a indemnizar a otra o a 

pagarle o a proveerle un beneficio específico o 

determinable al producirse un suceso incierto previsto 

en el mismo”16. Su función principal es la obligación de 

indemnizar y “proteger al asegurado mediante el traslado 

del riesgo a la aseguradora si ocurre un evento 

específicamente pactado en el contrato”17. Además, sobre 

dicho contrato, el Tribunal Supremo ha expresado que: 

[e]s un mecanismo para enfrentar la 

carga financiera que podría causar 

la ocurrencia de un evento 

específico. Los aseguradores, 

mediante este contrato, asumen la 

carga económica de los riesgos 

transferidos a cambio de una 

prima. El contrato de seguros es 

pues, un contrato voluntario 

mediante el cual, a cambio de una 

prima, el asegurador asume unos 

riesgos. La asunción de riesgos es, 

por lo tanto, uno de los elementos 

principales de este contrato. En 

resumen, en el contrato de seguros 

se transfiere el riesgo a la 

aseguradora a cambio de una prima y 

surge una obligación por parte de 

ésta [sic] de responder por los 

daños económicos que sufra el 

asegurado en caso de ocurrir el 

evento específico.18

Es norma reiterada que la relación entre 

aseguradora y asegurado es de naturaleza contractual, la 

cual se rige por lo pactado en el contrato de seguros y 

“constituye la ley entre las partes”19. El Código de 

Seguros, supra, establece que todo contrato de seguro 

debe interpretarse globalmente, a base del conjunto 

16 26 LPRA sec. 102.

17 Rivera Matos, et al. v. ELA, 2020 TSPR 89, 204 DPR __ (2020); OCS 

v. CODEPOLA, 202 DPR 842 (2019).

18 Coop. Ahorro y Créd. Oriental v. SLG, 158 DPR 714, 721 (2003), 

citando a Aseg. Lloyd & London et al. v. Cía. Des. Comercial, 126 

DPR 251, 266-267 (1990). Énfasis suplido. 

19 TOLIC v. Febles Gordián, 170 DPR 804, 812 (2007).
KLAN202400095 5

total de sus términos y condiciones, según se expresen 

en la póliza y según se hayan ampliado, extendido o 

modificado por aditamento, endoso o solicitud que sean 

añadidos a la póliza para formar parte de ésta [sic]20. 

“Es decir que, al interpretarse la póliza, ésta [sic] 

debe hacerse conforme al propósito de la misma, o sea, 

el ofrecer protección al asegurado”21.

En nuestro ordenamiento jurídico los contratos de 

seguros son considerados contratos de adhesión. Como 

resultado, cuando estos contienen una cláusula confusa, 

la misma se interpretará liberalmente a favor del 

asegurado.22 Es decir, en caso de dudas al interpretar 

una póliza, éstas [sic] deben resolverse de modo que se 

alcance el propósito de la misma: en protección al 

asegurado.23 No obstante, este análisis no se puede 

realizar de manera desenfrenada sino únicamente cuando 

se justifique y surja claramente la necesidad de 

interpretación. Ello, como corolario del principio 

básico de derecho contractual que dispone que cuando los 

términos y condiciones son claros, específicos y libres 

de ambigüedades, los mismos serán obligatorios entre las 

partes.24 

-IIIDe los documentos25 que obran en autos surge que el 

vehículo Santa Fe Sport del año 2016 con tablilla IXC20 Art. 11.250 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 1125; Maderas 

Tratadas v. Sun Alliance et al., 185 DPR 880 (2012); Echandi Otero 

v. Stewart Title, supra a la pág. 356; Monteagudo Pérez v. ELA, 172 

DPR 12, 20 (2007).

21 Coop. Ahorro y Créd. Oriental v. SLG, supra, a la pág. 

723. Énfasis suplido.

22 Quiñones López v. Manzano Posas, 141 DPR 139, 155 (1996). Énfasis 

suplido.

23 Íd.

24 Íd. Véase García Curbelo v. AFF, 127 DPR 747 (1991).

25 Véase Apéndice del recurso, págs. 12 y 13.
KLAN202400095 6

672 se encontraba asegurado por Óptima Seguros bajo la 

póliza VAS1053888 al momento del accidente objeto de la 

presente controversia. Cabe señalar que dicha póliza fue 

expedida a favor de la Sra. Janitza Miranda Ortíz. 

Además, como parte de los documentos de la póliza, 

se encuentra un Endoso de Exclusión de Conductor de 23 

años o menos26. Mediante tal endoso las partes acordaron 

que la cubierta provista no aplicaría a reclamaciones 

que surjan de accidentes mientras el vehículo asegurado 

sea operado por un conductor de 23 años o menos, que a 

su vez no esté nombrado como conductor adicional en las 

declaraciones de la póliza. 

En el presente caso, Flores Miranda, de 17 años de

edad al momento de los hechos27, es quien conducía el 

vehículo que ocasionó el accidente. Cabe señalar que 

Flores Miranda no fue incluida en la póliza como 

asegurada adicional. Por lo tanto, a tenor con el endoso 

estipulado por las partes, la cubierta de la póliza no 

surte efecto alguno, toda vez que no se cumplen los 

requisitos acordados. Resolver de manera contraria, 

sería inmiscuirnos en un acuerdo bona fide al que 

llegaron las partes. Tal acción, no nos corresponde. 

-IVDe conformidad con los fundamentos antes expuestos, 

se confirma la Sentencia apelada.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

26 Véase Apéndice del recurso, pág. 52. 

27 Véase Exhibit 3 del recurso, pág. 80.