Número Identificador

SEN2023________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL I

FIDEICOMISO CRESPO 

SANTIAGO

Demandante - Apelante

v.

OSCAR CRESPO 

QUIÑONES

Demandada – Apelado

KLAN202300100

Apelación -se acoge 

como Certiorariprocedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 

San Juan

Caso núm.: 

SJ2019CV02123

Sobre: Desahucio 

en Precario

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Rivera Torres y el Juez Salgado Schwarz.

Sánchez Ramos, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2023.

Varios años luego de que el Tribunal de Primera Instancia 

dictara una sentencia en el 2019, la cual fue producto de una 

transacción y la cual advino final y firme, dicho foro relevó a una de 

las partes del compromiso contraído a través de la referida 

transacción. Según se explica en detalle a continuación, erró el TPI 

al así actuar, pues ya había transcurrido el término de seis meses 

para conceder el relevo solicitado y, de todas maneras, no se acreditó 

que dicho relevo procediera en las circunstancias particulares de 

este caso. 

I.

En marzo de 2019, el Fideicomiso Crespo Santiago (el 

“Demandante”) presentó la acción de referencia, sobre desahucio en 

precario (la “Demanda”), en contra del Sr. Oscar Crespo Quiñones

(el “Demandado”) y la Sa. Kelly Gutiérrez del Arroyo Vargas (la 

“Demandada”; ambos, los “Demandados”). En síntesis, el 

Demandante alegó que era el titular de un apartamento ubicado en 

Santurce (la “Propiedad”) y que los Demandados no pagaban canon 

de arrendamiento. 
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Al cabo de varios incidentes procesales, el 20 de marzo, otro 

fideicomiso (el Fideicomiso Crespo-Quiñones, o el “Interventor”) 

instó una Solicitud Urgente de Intervención al Amparo de la Regla 21 

de Procedimiento Civil. Sostuvo que existía una controversia real en 

torno a la titularidad de la Propiedad. Además, informó que se 

ventilaba otra acción civil, en torno a dicho asunto, en la sala de 

Ponce del TPI (la “Otra Acción”). 

Subsecuentemente, las partes llegaron a unos acuerdos, que 

fueron acogidos por el TPI mediante una Sentencia, notificada el 3 

de mayo de 2019 (la “Sentencia de 2019”), y dictada de conformidad 

con los “términos y condiciones” del acuerdo escrito entre las partes 

(el “Acuerdo”). El TPI unió el Acuerdo a la Sentencia de 2019 y lo 

hizo formar parte de la misma.

De conformidad con el Acuerdo, los Demandados podrían 

seguir “ocupando y haciendo uso” de la Propiedad. No obstante, los 

Demandados pagarían cierta suma hacia el mantenimiento de la 

Propiedad y consignarían una cantidad adicional en el TPI para 

beneficio de quien resultase titular a raíz de la adjudicación de la 

Otra Acción. Además, se acordó que, en el entretanto, no se podía 

intentar enajenar la Propiedad.

Más de dos años luego de notificada la Sentencia, en octubre 

de 2021, los Demandados presentaron una Moción Solicitando Dejar 

sin Efecto Estipulación por Falta de Jurisdicción o Autoridad; y/o (sic) 

Desestimación por Descarga y por Falta de Legitimación Activa (la 

“Primera Moción de Relevo”). Plantearon que, cuando se presentó la 

Demanda, el Demandado se encontraba cobijado por la paralización 

automática que surge del Código de Quiebras de los Estados Unidos 

(el “Código”). Véanse, 11 USC secs. 362 y 922. Añadieron que, el 

30 de septiembre de 2021, el Demandado había obtenido una Orden 

de Descargo (Order of Discharge) emitida por la Corte de Quiebras, 

razón por la cual no se le podía cobrar la reclamación del caso de 
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referencia. Solicitaron la devolución de todo el dinero que habían 

consignado de conformidad con los términos del Acuerdo recogido 

en la Sentencia de 2019.

Oportunamente, el Demandante se opuso a la Primera Moción 

de Relevo. Resaltó que la Sentencia de 2019 era final y firme y se 

había dictado como resultado de un acuerdo mediante el cual los 

Demandados renunciaron a cualquier otra reclamación. Señaló que 

los Demandados cumplieron con los pagos acordados hasta febrero 

de 2020 y que la Primera Moción de Relevo se presentó como 

consecuencia de que el Demandante solicitase, en septiembre de 

2021, que se obligara a los Demandados a cumplir con el Acuerdo. 

Arguyeron que: (i) la Demandada no fue parte del caso de quiebra y 

(ii) lo dispuesto por la Corte de Quiebras no afectaba las obligaciones 

contraídas a raíz del Acuerdo, pues este fue posterior a la 

presentación del caso de quiebra. El Demandante también sostuvo 

que la Primera Moción de Relevo no cumplía con lo dispuesto en la 

Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, infra.

Mediante una Resolución notificada el 30 de noviembre de 

2021 (la “Denegatoria del Primer Relevo”), el TPI denegó la Primera 

Moción de Relevo. El TPI consignó que:

La parte demandada solicita que se deje sin efecto la 

sentencia del presente caso por haber sido dictada sin 

jurisdicción. La sentencia en cuestión recoge un 

acuerdo entre las partes. La solicitud se fundamenta 

principalmente en que la sentencia fue dictada a pesar 

de que los demandados se habían acogido a la

protección de la Ley de Quiebras. La parte demandante 

se opone ya que lo que se solicitó fue el desahucio, no 

un cobro de dinero y que las rentas que se reclaman 

surgieron luego de que las partes presentaran la 

solicitud de quiebra. Habiendo atendido los escritos de 

ambas partes, así como la totalidad del expediente este 

tribunal resuelve no ha lugar a la solicitud de dejar sin 

efecto el acuerdo y por ende la sentencia dictada.

El 2 de diciembre, los Demandados solicitaron la reconsideración de 

la Denegatoria del Primer Relevo. Esta moción de reconsideración 

nunca fue adjudicada por el TPI.
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De todas maneras, en abril de 2022, los Demandados

presentaron un Escrito Sometiendo Documento y Solicitud de 

Desestimación (la “Segunda Moción de Relevo”). Arguyeron que la 

Demandada era la titular de la Propiedad e hicieron referencia a una 

tercera acción al respecto ante el TPI (SJ2022CV02362). En la 

alternativa, plantearon que, ante la existencia de un conflicto de 

título entre las partes pendiente de dilucidar, no procedía el 

desahucio, al menos mientras no se resolviera la titularidad de la 

Propiedad. Solicitaron que se “desestim[ara] el presente caso”.

El Demandante se opuso a la Segunda Moción de Relevo. 

Sostuvo que, independientemente de que lo conste en el Registro de 

la Propiedad, es el Demandante el titular de la Propiedad. Le recordó 

al TPI que la Sentencia de 2019 era final y firme, que la misma fue 

producto de una transacción entre las partes y que los Demandados 

no han cumplido desde febrero de 2020 con los pagos acordados. 

Solicitó que el TPI denegase, una vez más, el relevo solicitado, le 

ordenase a los Demandados cumplir con los pagos acordados y se 

expidiese una orden de lanzamiento. Los Demandados replicaron y 

el Demandante duplicó.

Mediante un dictamen denominado Sentencia, notificado el 1 

de diciembre (el “Dictamen”), el TPI “desestim[ó] la [D]emanda”, al 

razonar que el “desahucio no es el vehículo procesal correcto” para 

las reclamaciones entre las partes, a la luz del conflicto de 

titularidad sobre la Propiedad.

El 13 de diciembre, el Demandante solicitó la reconsideración 

del Dictamen, lo cual fue denegado por el TPI mediante una 

Resolución notificada el 9 de enero.

Inconforme, el 8 de febrero, el Demandante presentó el 

recurso de referencia; sostiene que el TPI cometió el siguiente error:

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

desestimar la demanda luego de haber emitido una 

Sentencia el 3 de mayo de 2019, la cual advino final, 
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firme e inapelable y sin que se cumpliera con las 

disposiciones que establecen las Reglas de 

Procedimiento Civil para el Relevo de Sentencia que 

establece la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 49.2, sin llevar a cabo un pleito independiente 

de nulidad de sentencia. 

Luego de que le ordenásemos a los recurridos mostrar causa

por la cual no debíamos revocar el Dictamen, los Demandados 

comparecieron. Arguyeron que debíamos desestimar el recurso 

porque el Dictamen es una sentencia en un caso de desahucio y el 

término para apelar la misma es de cinco días. En la alternativa, 

reprodujeron lo expuesto por ellos al TPI en la Primera Moción de 

Relevo (la cual, como vimos, hacía tiempo fue denegada por el TPI), 

relacionado con el proceso de quiebra instado por el Demandado. 

Resolvemos.

II.

Como cuestión de umbral, concluimos que tenemos 

jurisdicción para revisar el Dictamen, pues este no constituye, 

propiamente, una sentencia apelable en un caso de desahucio. En 

realidad, la reclamación de desahucio quedó desestimada a través 

de la Sentencia de 2019. En efecto, a través de dicha sentencia se 

adjudicó la totalidad de la Demanda, sin que el TPI concediera el 

desahucio solicitado o se proveyera para lanzamiento alguno en caso 

de algún incumplimiento con los términos del Acuerdo. Por tanto, 

no cabe hablar de que el Dictamen hubiese dispuesto sobre algún 

asunto que hubiese quedado pendiente en el caso, por lo que el 

Dictamen no puede considerarse como una sentencia apelable.

En términos sustantivos, lo único que el TPI hizo a través del 

Dictamen fue relevar a los Demandados de cumplir con los términos 

del Acuerdo recogido en la Sentencia de 2019. Se trata, así pues, 

de la concesión de un relevo bajo la Regla 49.2 de las de 

Procedimiento Civil, infra. Esta determinación, sin embargo, no es 

revisable vía apelación, sino por la vía de un recurso de certiorari. 
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Por tal razón, el recurso se presentó de forma oportuna y acogemos 

el mismo como una petición de certiorari, aunque se mantiene la 

clasificación alfanumérica asignada por conveniencia 

administrativa.

III.

La Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 49.2, dispone como sigue (énfasis suplido):

Mediante moción y bajo aquellas condiciones que sean 

justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a su 

representante legal de una sentencia, orden o 

procedimiento por las siguientes razones:

(a) Error, inadvertencia, sorpresa, o negligencia 

excusable;

(b) descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar 

de una debida diligencia, no pudo haber sido 

descubierta a tiempo para solicitar un nuevo juicio de 

acuerdo con la Regla 48;

(c) fraude (incluyendo el que hasta ahora se ha 

denominado intrínseco y también el llamado 

extrínseco), falsa representación u otra conducta 

impropia de una parte adversa; 

(d) nulidad de la sentencia;

(e) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se 

ha cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se 

fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin 

efecto, o no sería equitativo que la sentencia continuara 

en vigor, o 

(f) cualquier otra razón que justifique la concesión 

de un remedio contra los efectos de una sentencia.

Las disposiciones de esta regla no aplicarán a las 

sentencias dictadas en pleitos de divorcio, a menos que 

la moción se funde en las razones (c) o (d). La moción 

se presentará dentro de un término razonable, pero 

en ningún caso después de transcurridos seis (6) 

meses de haberse registrado la sentencia u orden o 

haberse llevado a cabo el procedimiento. Una 

moción bajo esta Regla 49.2 no afectará la finalidad de 

una sentencia ni suspenderá sus efectos. Esta regla no 

limita el poder del tribunal para: (1) conocer de un pleito 

independiente con el propósito de relevar a una parte 

de una sentencia, una orden o un procedimiento; (2) 

conceder un remedio a una parte que en realidad no 

haya sido emplazada, y (3) dejar sin efecto una 

sentencia por motivo de fraude al tribunal....
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Así pues, la referida regla establece el mecanismo procesal 

para solicitar al TPI el relevo de los efectos de una sentencia por las 

razones enumeradas en esta. García Colón et al. v. Sucn. González, 

178 DPR 527, 539 (2010). Este remedio es discrecional, y le 

corresponde al tribunal determinar si, bajo las circunstancias 

específicas del caso, existen razones que justifiquen el relevo. Íd., a 

la pág. 540. 

La Regla 49.2, supra, no puede utilizarse “para alegar 

cuestiones sustantivas que debieron ser planteadas mediante los 

recursos de reconsideración y apelación”. Íd. El mecanismo de 

relevo de sentencia “no está disponible para corregir errores de 

derecho ni errores de apreciación o valoración de la prueba; estos 

son fundamentos para reconsideración o apelación, pero no para el 

relevo”. Íd., a las págs. 542-3 (énfasis en el original), citando a R. 

Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal 

civil, 4ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2007, Sec. 4803, pág. 352.

De igual modo, el término de seis (6) meses de haberse 

registrado la sentencia para presentar la moción de relevo es fatal.

Sánchez Ramos v. Troche Toro, 111 DPR 155, 157 (1981); Municipio 

de Coamo v. Tribunal Superior, 99 DPR 932, 937 (1971). Es decir, 

transcurrido dicho plazo, no puede adjudicarse la solicitud de 

relevo. García Colón et al., 178 DPR a la pág. 543. Ello así, toda vez 

que las determinaciones judiciales que son finales y firmes no 

pueden estar sujetas a ser alteradas por tiempo indefinido. Piazza 

Vélez v. Isla del Río, 158 DPR 440, 449 (2003). 

IV.

Concluimos que, como cuestión de derecho, erró el TPI al 

relevar a los Demandados de los términos del Acuerdo recogido 

mediante la Sentencia de 2019. Veamos.

Como cuestión de umbral, la Regla 49.2, supra, no permite el 

relevo solicitado en este caso porque, al presentarse la Primera 
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Moción de Relevo (y, por supuesto, la Segunda Moción de Relevo), 

ya había transcurrido el término de seis meses contemplado por la 

referida disposición. La regla general es que, transcurrido dicho 

término, la parte que pretende el relevo de una sentencia final y 

firme tiene, en vez, que presentar un pleito independiente.

De todas maneras, aun si hubiesen sido oportunas las

mociones de relevo, las mismas no procedían en cuanto a la 

Demandada, pues esta nunca siquiera intentó articular una sola 

razón por la cual el TPI debía relevarle de los términos de la 

Sentencia de 2019.

En cuanto al Demandado, tampoco se demostró que procedía 

el relevo solicitado. Aun si la Demanda hubiese estado bajo el 

alcance de la paralización automática contemplada por la ley federal 

de quiebra (sin resolverlo aquí, por ser innecesario), la realidad es 

que el único remedio solicitado por la misma (el desahucio) nunca 

se concedió por el TPI, por lo cual no cabe hablar de que fuese 

necesario solicitar el relevo de algo que nunca se le impuso al 

Demandado. 

En lo atinente al compromiso monetario asumido por el 

Demandado a través del Acuerdo, no se demostró que el mismo 

hubiese quedado afectado por el ya concluido trámite de quiebra. El 

Demandado no acreditó, a través de ninguna de las mociones de 

relevo, que esta deuda realmente hubiese quedado exonerada 

(discharged) como resultado del caso de quiebra. En efecto, no se 

acreditó que la referida deuda fuese declarada por el Demandado en 

dicho trámite1. Tampoco se acreditó que se tratase de una 

obligación contraída luego de iniciado el caso de quiebra, lo cual 

generalmente significa, como bien advierte la propia Order of 

1 La propia orden de descargo explica que ordinariamente no quedan exoneradas 

(“discharged”) las deudas que no hayan sido declaradas adecuadamente por el 

deudor. Apéndice a la pág. 230 (“Examples of debts that are not discharged: .... 

Some debts which the debtors did not properly list ...”).
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Discharge, que la misma no queda eliminada como resultado del 

caso federal. Véase Apéndice a la pág. 230 (“Generally, a discharge 

removes the debtors’ personal liability for debts owed before the 

debtors’ bankruptcy case was filed”) (énfasis suplido). Por tanto, 

concluido el caso de quiebras, el TPI actualmente tiene jurisdicción 

para hacer valer, en contra de ambos demandados, los términos del 

Acuerdo entre las partes que puso fin al caso de referencia.

V.

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto 

solicitado y se revoca el dictamen denominado Sentencia y notificado 

el 1 de diciembre de 2022.

Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones