Número Identificador

RES2024________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

MILEANDRA FLORES 

CONCEPCIÓN

Recurrida

V.

CHANDLER PATTON

Peticionario

KLCE202301411

Recurso de Certiorari

procedente del Tribunal 

de Primera Instancia, 

Sala Superior de 

Humacao

Caso Núm.:

HU2023RF00526

Sobre: 

Divorcio

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez

Pagán Ocasio y el Juez Marrero Guerrero.

Marrero Guerrero, Juez Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de enero de 2024.

-IComparece ante nos el Sr. Chandler Patton (señor Patton o 

peticionario) para solicitarnos que revoquemos una Orden emitida el 

27 de noviembre de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Humacao (TPI).

1 Mediante dicha determinación, el TPI 

declaró No Ha Lugar a la Moción solicitando desestimación y archivo de 

la demanda de epígrafe que presentó el peticionario con relación a la 

Demanda sobre divorcio y custodia que instó la señora Mileandra 

Flores Concepción (señora Flores Concepción o recurrida).

Transcurrido el término concedido a la recurrida para 

expresarse en torno a los méritos del recurso sin su comparecencia, el 

caso quedó sometido para su adjudicación.

Por los fundamentos que esbozamos a continuación, denegamos 

la expedición del auto del certiorari solicitado.

Veamos los hechos procesales atinentes a este recurso.

1 Apéndice de la Petición de Certiorari, Anejo V, pág. 25. Archivada y notificada en 

autos el 28 de noviembre de 2023.
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-IILa controversia ante nuestra consideración deriva de una 

demanda de divorcio por ruptura irreparable y custodia presentada el 

16 de octubre de 2023 por la señora Flores Concepción en contra del 

señor Patton.2 En la misma, se adujo que el 3 de abril de 2023, la 

demandante contrajo matrimonio con el peticionario en el estado de 

Florida, Estados Unidos de América. Arguyó que las partes procrearon 

dos (2) hijos: un menor de tres (3) años de edad y una menor de un (1) 

año de edad, quien no está reconocida por el señor Patton. Estableció 

que mantiene su domicilio y residencia en Puerto Rico con su hijo 

desde septiembre de 2021 y con su hija desde su nacimiento. Esgrimió 

que siempre vivió con sus hijos y que en un lapso de dos (2) años, el 

señor Patton los visitó en una ocasión en febrero de 2023. Alegó que 

ambas partes viajaron a Florida en marzo de 2023 para contraer 

matrimonio, pero que retornó a Puerto Rico con sus hijos.

3 Expuso que 

las partes se reencontraron en agosto de 2023 cuando visitó al señor 

Patton junto con los menores, pero se separaron el 16 de septiembre 

de 2023 por un alegado acto de agresión y maltrato de parte del 

peticionario contra la recurrida y su hijo, en presencia de su hija. 

Manifestó que dicho evento causó daño emocional, físico y mental a 

los menores.

Precisó que el peticionario la alejó de sus hijos, pese a los 

esfuerzos realizados para tenerlos y retornar a Puerto Rico. Concretó

que temía que sus hijos fuesen maltratados. Además, señaló que el 

señor Patton atacó a sus hermanas cuando estaban embarazadas y 

consumió sustancias controladas y alcohol con un infante en su brazo. 

Por ello, solicitó la custodia legal de los menores y que se le prive al 

peticionario de la patria potestad de su hijo. Reclamó que el TPI dictara

una urgente determinación inicial de custodia y retuviera la 

2 Íd., Anejo I, págs. 1-8.

3 Íd., Anejo IV, pág. 4.
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jurisdicción en los asuntos relacionados a los menores. Por último, 

peticionó referir el caso a un Examinador de Pensión Alimentaria.

El 18 de octubre de 2023, tras la celebración de una Vista de 

custodia de emergencia,

4 el TPI emitió un dictamen urgente en el que

ordenó la custodia provisional de los menores a la señora Flores 

Concepción y su regreso inmediato a Puerto Rico.5

El 23 de octubre de 2023, la recurrida presentó un escrito en el 

que informó que el 19 de octubre de 2023 se emplazó al peticionario 

mediante entrega personal en Florida.

6

Así las cosas, el 6 de noviembre de 2023, la señora Flores 

Concepción presentó una moción informativa indicando que el señor 

Patton se negó a entregar a los menores dado que debía darse entera 

fe y crédito al dictamen en la Corte en Hillsborough County, Florida.7

Informó que el peticionario instó una demanda de divorcio en la 

aludida Corte y reclamó una custodia de emergencia, la cual no se 

concedió. Reveló que cuando su abogada en Florida presentó una 

petición de exequátur, un Juez planteó que el peticionario solicitó una 

orden de emergencia para anular el decreto emitido el 18 de octubre 

de 2023 por el TPI. Por ello, dicho Juez enunció que se debía

programar una audiencia entre los tribunales para dirimir el asunto 

de la jurisdicción.

Posteriormente, el 18 de noviembre de 2023, el señor Patton 

presentó una Moción solicitando desestimación y archivo de la 

demanda de epígrafe por incumplir con el Artículo 424 del Código Civil 

de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 6771, sobre requisitos jurisdiccionales 

para el divorcio.8 Mediante esta, sostuvo que el TPI carecía de 

4 Tomamos conocimiento judicial del expediente del caso HU2023RF00526 en el 

Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), Entrada Núm. 16.

5 Entrada Núm. 13 en SUMAC. Archivada y notificada en autos el 19 de octubre de 

2023.

6 Entrada Núm. 14 en SUMAC.

7 Entrada Núm. 17 en SUMAC. Se anejó evidencia de plan médico, registros médicos 

y de vacunas de los menores, certificación de estudios universitarios, contrato de 

arrendamiento y cartas de vecinos, afirmando que la recurrida vive en Puerto Rico.

8 Apéndice de la Petición de Certiorari, Anejo III, págs. 11-14.
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jurisdicción sobre la materia dado que las partes establecieron su 

domicilio conyugal en Hillsborough County, y que, dos (2) meses 

previos a la fecha de la radicación de la demanda, la señora Flores 

Concepción abandonó a sus hijos y al señor Patton. Aseveró que la 

recurrida fue arrestada por agresión conyugal en Florida. Asimismo, 

arguyó que el TPI no adquirió jurisdicción sobre su persona dado que 

no lo emplazaron conforme a derecho. Por cuanto, solicitó la 

desestimación de la demanda y la imposición a la recurrida del pago 

de dos mil dólares ($2,000) por concepto de costas y honorarios de 

abogado.

Por su parte, el 21 de noviembre de 2023, la señora Flores 

Concepción se opuso y manifestó que desde septiembre de 2021 reside

ininterrumpidamente en Puerto Rico, donde cursa estudios 

universitarios, posee un inmueble alquilado con habitaciones para 

cada menor desde enero del 2023, y sus hijos reciben atención 

médica.9 Apuntó que consideró vivir en Florida, pero por el alegado 

maltrato verbal y físico del peticionario, le comunicó a este que no 

establecerían un hogar juntos, solicitaría el divorcio y continuaría 

residiendo en Puerto Rico. Subrayó que el presunto domicilio conyugal 

en Hillsborough County es la residencia de los padres del señor Patton, 

la cual consta de cuatro (4) habitaciones, dos (2) ocupadas por las 

hermanas del peticionario con sus respectivos hijos, una (1) ocupada

por sus padres y otra en la que el peticionario pernoctó con la 

recurrente y sus hijos. Expresó que los cargos criminales en su contra

se archivaron y emanan de una llamada que realizó a la policía por un 

acto de violencia doméstica perpetrado por el señor Patton. Afirmó que 

el peticionario continúa reteniendo y ocultándole a sus hijos para 

reclamar jurisdicción en el estado de Florida.

9 Íd., Anejo IV, págs. 15-24.
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El 27 de noviembre de 2023, el TPI declaró No Ha Lugar a la 

desestimación y archivo de la demanda.10 En igual fecha, el Tribunal 

a quo le anotó la rebeldía al señor Patton.11

Inconforme con la denegatoria del TPI a desestimar y archivar la 

demanda, el peticionario recurrió ante nos y le imputó a dicho foro la 

comisión del siguiente error:

ERRÓ EL JUEZ SENTENCIADOR AL DECLARAR NO HA 

LUGAR LA MOCIÓN SOLICITANDO LA DESESTIMACIÓN 

RADICADA. ERRÓ EL JUEZ SENTENCIADOR AL NO 

CONSIDERAR TODAS LAS MATERIAS, ALEGACIONES Y LOS 

PLANTEAMIENTOS HECHOS POR LA PETICIONARIA EN SU 

MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN.

En síntesis, el señor Patton solicitó la desestimación de la 

demanda de divorcio por ruptura irreparable debido a que: (1) las 

partes establecieron su domicilio conyugal en Hillsborough County y 

que la demandante no ha residido en Puerto Rico durante un año 

previo a la presentación de la demanda, y (2) los hechos que generaron 

la ruptura ocurrieron en Florida, por lo que el TPI no poseía 

jurisdicción y, como consecuencia, todos los remedios otorgados por el

Foro recurrido carecían de eficacia jurídica.

En vista de los errores imputados, exponemos las normas 

jurídicas pertinentes a este recurso.

-III-

-AEl certiorari es un recurso extraordinario cuya característica se 

asienta en la discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. McNeil Healthcare v. 

Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391 (2021); 800 Ponce de León v. AIG, 205 

DPR 163 (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012). 

Este Tribunal tiene la obligación de ejercer prudentemente su juicio al 

intervenir con el discernimiento del TPI. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008). En los procesos civiles, la expedición de 

10 Íd., Anejo V, pág. 25. Archivada y notificada en autos el 28 de noviembre de 2023.

11 Entrada Núm. 24 en SUMAC.
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un auto de certiorari se encuentra delimitada a las instancias y 

excepciones contenidas en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1. McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras 

I, supra; Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478 (2019). La 

mencionada Regla dispone que sólo se expedirá un recurso 

de certiorari cuando "se recurra de una resolución u orden bajo 

remedios provisionales de la Regla 56, injunctions de la Regla 57 o de 

la denegatoria de una moción de carácter dispositivo". 800 Ponce de 

León v. AIJ, supra. Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos considerar al momento 

de ejercer nuestra facultad discrecional:

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada para 

el análisis del problema.

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 

Primera Instancia.

D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida a 

la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, 

o de alegatos más elaborados.

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es 

la más propicia para su consideración.

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no 

causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 

indeseable en la solución final del litigio.

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita 

un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

A tenor con estos criterios, como foro revisor, tenemos la 

obligación de obrar con discernimiento judicial en nuestra 

intervención para no interrumpir a destiempo el trámite ante el 

tribunal de instancia. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 

98. De esta forma, de no estar presente algunos de estos criterios, 

corresponde abstenernos de expedir el auto de certiorari.

-BLa Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, 10.2, enumera 

los fundamentos por los que se permite la desestimación de la 
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demanda como, entre otros, dejar de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio. Al evaluar una moción de 

desestimación al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 

supra, R. 10.2, el tribunal debe interpretar las alegaciones e la 

demanda, de la manera más liberal posible a favor de la parte 

demandante. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 

428-429 (2008). En este sentido, “el tribunal tomará como ciertos 

todos los hechos bien alegados en la demanda y que hayan sido 

aseverados de manera clara y concluyente, y que de su faz no den 

margen a dudas”. Íd., pág. 428; Colón Gorbea v. Sánchez Hernández 

et al., 202 DPR 760, 765 (2019); Pressure Vessels PR v. Empire Gas 

PR, 137 DPR 497, 505 (1994). Importante es que una demanda sólo 

debe tener una relación sucinta y sencilla de los hechos 

demostrativo de que la parte demandante tiene derecho a un 

remedio. Véase, Regla 6.1 de Procedimiento Civil, supra, R. 6.1. No 

obstante, en este ejercicio no se presumirán como ciertas las 

conclusiones legales ni los elementos de la causa de acción 

apoyados por aseveraciones conclusorias. R. Hernández 

Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal civil, 6ta ed., 

San Juan, Lexis Nexis, 2017, pág. 307. 

Posteriormente, el tribunal debe determinar si, en base a los 

hechos bien alegados en la demanda, existe una reclamación 

plausible que justifique que la parte demandante tiene derecho a un 

remedio, a la luz de la experiencia y el sentido común. Íd. De no 

cumplir con el estándar de plausibilidad, “el tribunal debe 

desestimar la demanda y no permitir que una demanda insuficiente 

proceda bajo el pretexto de que con el descubrimiento de prueba 

puedan probarse las alegaciones conclusorias”. Íd.

Por ello, la demanda no debe desestimarse, excepto que se 

demuestre que la parte demandante no tiene derecho a remedio 

alguno, bajo cualesquiera hechos que pueda probar. Aut. Tierras v. 
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Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, pág. 429. Igualmente, la demanda 

no debe ser desestimada si es susceptible de ser enmendada. Íd.

-CLa jurisdicción es el poder o la autoridad que ostenta un tribunal 

para considerar y decidir los casos y las controversias que tiene ante 

sí. FCPR v. ELA y otros, 211 DPR 521, 529 (2023); Cobra Acquisitions 

v. Mun. Yabucoa et al., 210 DPR 384, 394 (2022), Adm. Terrenos v. 

Ponce Bayland, 207 DPR 586, 600 (2021); Cancel Rivera v. González 

Ruiz, 200 DPR 319, 329 (2018); Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 

191 DPR 700, 708 (2014). El Tribunal tiene el deber de cerciorarse de 

tener jurisdicción tanto de la materia como de la persona. FCPR v. ELA 

y otros, supra, pág. 530. La jurisdicción sobre la materia es la 

“capacidad del tribunal para atender y resolver una controversia sobre 

un aspecto legal”. Cobra Acquisitions v. Mun. Yabucoa et al., supra, 

citando a Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700, 708 (2014). 

Mientras, la jurisdicción sobre la persona es el poder que posee un 

tribunal para sujetar a una persona a un dictamen. Trans-Oceanic Life 

Ins. v. Oracle, 184 DPR 689, 701 (2012).

La determinación de la jurisdicción es el primer factor que todo 

foro adjudicativo debe considerar. FCPR v. ELA y otros, supra; Natal 

Albelo v. Romero Lugo y otros, 206 DPR 465, 537 (2021). Pues, los 

tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción. Íd. En este 

sentido, las controversias relativas a la jurisdicción son privilegiadas y 

se deben atender con preferencia. Íd. Si un tribunal carece de 

jurisdicción, debe desestimar la reclamación sin atender la 

controversia en sus méritos puesto que, de emitir un dictamen sin 

jurisdicción, no producirá efecto jurídico. FCPR v. ELA y otros, supra.

-DNuestro Tribunal Supremo ha establecido que los casos 

relacionados al derecho de familia están investidos del más alto interés 

público y tienen carácter sui géneris. Figueroa v. Del Rosario, 147 DPR 
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121, 128 (1998). Los tribunales, en su poder de parens patrie, deben

solventar los pleitos sobre patria potestad y custodia tras un análisis 

objetivo, sereno y cuidadoso de todas las circunstancias, con el único 

y principal objetivo de velar por el interés óptimo del menor de edad. 

Ortiz v. Meléndez, 164 DPR 16, 26-27 (2005); Santana Medrano v. 

Acevedo Osorio, 116 DPR 298, 301 (1985); Véase Art. 604 del Código 

Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 7283. El interés óptimo del menor 

es un criterio cardinal en la determinación del domicilio del menor ante 

desacuerdos entre los progenitores, en las medidas provisionales 

relacionadas con los menores ante el divorcio de los progenitores y 

otras acciones que vinculan a los menores. M. Fraticelli Torres, Las 

instituciones familiares en el nuevo Código Civil, en El Código Civil de 

Puerto Rico de 2020: primeras impresiones, San Juan: Fideicomiso 

para la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, 2021, 

pág. 99. Además, el poder de parens patrie faculta limitar los derechos 

de otras partes para proteger al menor de edad, quien pertenece a uno 

de los sectores más débiles de la sociedad y no puede abogar por su 

propio bienestar. Ortiz v. Meléndez, supra, pág. 27.

La jurisdicción de un tribunal para atender un pleito 

relacionado a custodia afianza la complejidad que encaran estos casos. 

R. Serrano Geyls, Derecho de familia de Puerto Rico y legislación 

comparada, Vol. II, San Juan: EJC Univ. Inter. PR, 2002, pág. 1327. 

Pues, “[l]a naturaleza de los conflictos sobre la custodia y las relaciones 

filiales pueden generar situaciones en las que varias jurisdicciones 

tengan contacto con el menor y sus progenitores”. Íd.

Con el fin de atender los conflictos jurisdiccionales, el Congreso 

de Estados Unidos aprobó el Parental Kidnapping Prevention Act

(PKPA), 42 USC sec. 653 et seq. Dicho estatuto ocupa el campo en 

decretos interestatales de custodia, Santiago v. Kabuka, 166 DPR 526, 

534 (2005), y es aplicable a Puerto Rico. Cancel Rivera v. González 

Ruiz, supra, en la pág. 330. “El PKPA ordena a los tribunales a 
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reconocer entera fe y crédito a los decretos de custodia de otros estados 

o jurisdicciones, siempre que éstos hayan sido admitidos 

consecuentemente con las disposiciones del estatuto y el foro original 

continúe teniendo jurisdicción sobre la materia de custodia del 

menor”. Santiago v. Kabuka, supra. Este estatuto estableció un 

esquema de preferencia jurisdiccional cuando los progenitores están 

en distintas jurisdicciones, excepto en eventualidades de emergencia. 

Se basa en cuatro factores en el siguiente orden preferencial: (1) estado 

de residencia del menor, (2) contactos significativos con el menor o sus 

progenitores, (3) jurisdicción residual cuando no existe otro estado con 

jurisdicción o ha declinado ejercerla y (4) situaciones en las que el 

menor se encuentra en emergencia. Íd. pág. 535; Collazo Dragoni v. 

Noceda González, 198 DPR 476, 484 (2017); R. Serrano Geyls, op. cit., 

pág. 1328. A saber:

(c) A child custody or visitation determination made by a court 

of a State is consistent with the provisions of this section only 

if

(1) such court has jurisdiction under the law of such State; 

and

(2) one of the following conditions is met:

(A) such State (i) is the home State of the child on the 

date of the commencement of the proceeding, or (ii)

had been the child's home State within six months 

before the date of the commencement of the 

proceeding and the child is absent from such State 

because of his removal or retention by a contestant 

or for other reasons, and a contestant continues to 

live in such State;

(B) (i) it appears that no other State would have 

jurisdiction under subparagraph (A), and (ii) it is in the 

best interest of the child that a court of such State 

assume jurisdiction because (I) the child and his parents, 

or the child and at least one contestant, have a 

significant connection with such State other than mere 

physical presence in such State, and (II) there is available 

in such State substantial evidence concerning the child's 

present or future care, protection, training, and personal 

relationships;

(C) the child is physically present in such State and (i) 

the child has been abandoned, or (ii) it is necessary in an 

emergency to protect the child because the child, a 

sibling, or parent of the child has been subjected to or 

threatened with mistreatment or abuse;

(D) (i) it appears that no other State would have 

jurisdiction under subparagraph (A), (B), (C), or (E), or 

another State has declined to exercise jurisdiction on the 

ground that the State whose jurisdiction is in issue is the 

more appropriate forum to determine the custody or 

visitation of the child, and (ii) it is in the best interest of 

the child that such court assume jurisdiction; or
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(E) the court has continuing jurisdiction pursuant to 

subsection (d) of this section. 28 USCA sec. 1738A

(Énfasis nuestro).

El PKPA dispone como jurisdicción preferencial el estado de 

residencia del menor. Santiago v. Kabuka, supra, 536; Cancel Rivera 

v. González Ruiz, supra, en la pág. 333; Ortega, Jr. v. Morales Ortega, 

131 DPR 783, 791 (1992). El estado de residencia del menor o home 

state es definido como el estado donde el menor de edad haya residido 

por los últimos seis (6) meses antes de instar la acción legal. Íd.; 

Collazo Dragoni v. Noceda González, supra, pág. 483, refiriéndose a 28 

USCA sec. 1738A(b)(4). Por otro lado, los periodos de ausencia 

temporal se cuentan como parte de los últimos seis (6) meses en el 

estado de residencia del menor. 28 USCA sec. 1738A(b)(4). 

-EEn torno a la jurisdicción en los casos de divorcio, el Artículo 

424 del Código Civil dispone lo siguiente:

Ninguna persona puede solicitar u obtener la disolución de su 

matrimonio por divorcio, de conformidad con las disposiciones 

de este Código, si no ha residido en Puerto Rico por un año, de 

manera continua e inmediatamente antes de presentar la 

petición, a menos que los motivos que dan lugar a la petición 

individual en que se funde haya ocurrido en Puerto Rico o 

cuando uno de los cónyuges reside aquí. El periodo de 

residencia del cónyuge promovente puede ser menos si la 

muerte presunta del cónyuge ocurre en Puerto Rico. 31 LPRA 

sec. 6771.

En lo que respecta al término residencia, se definió como “el 

lugar en que una persona se encuentra durante más o menos tiempo, 

accidental o incidentalmente, sin intención de domiciliarse”. SLG SoláMaldonado v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 688 (2011), citando a E. 

Vázquez Bote, Concepto del domicilio en el derecho puertorriqueño, 61 

Rev. Jur. UPR 25, 57 (1992). En cambio, el domicilio es “la residencia 

habitual deseada y realizada . . . [que] supone una proyección 

temporal, conforme con la nota de habitualidad”. Íd. A pesar de que 

sólo se puede tener un domicilio que no es susceptible de cambiarse 

hasta adquirirse otro, se puede tener varias residencias. Prawl v. Latifa

Delfín, 100 DPR 35, 37 (1971).
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-IVEl peticionario plantea que el TPI cometió error al declarar No 

Ha Lugar a su moción solicitando desestimación, dado que la acción 

incoada por la recurrida carece de los requisitos jurisdiccionales 

esenciales para una acción de divorcio en los tribunales de Puerto 

Rico.

Como cuestión de umbral, nos topamos ante un recurso 

susceptible de revisión mediante certiorari, de conformidad con la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, R. 52.1, debido a que se 

recurrió ante un dictamen interlocutorio emitido por el TPI. De un 

examen sosegado de los planteamientos de las partes, del expediente 

ante nuestra consideración y de la normativa jurídica aplicable a este 

recurso, determinamos denegar la expedición del auto de certiorari.

Declinamos intervenir con la determinación del Foro Primario dado 

que, de los autos, no atisbamos que el TPI haya actuado contrario a 

derecho, con abuso de discreción, prejuicio, parcialidad o error claro y 

manifiesto al declarar No Ha Lugar a la solicitud de desestimación 

presentada por el señor Patton. Será necesario que el foro primario 

dirima las versiones encontradas sobre el lugar de domicilio de la 

demandante y los menores procreados entre las partes y establezca las 

conclusiones que entienda procedentes sobre su jurisdicción. 

La conclusión aquí alcanzada no es óbice para que en su 

momento, una vez el TPI emita sus determinaciones sobre los diversos 

asuntos ante su consideración, la parte que se entienda adversamente 

afectada recurra nuevamente ante este Foro.

Por último, por resultar académica ante la conclusión 

anunciada la Moción en cumplimiento de orden y solicitud de 

desestimación presentada que nos presentó la recurrida, se declara la 

misma No Ha Lugar.
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-VPor las razones antes expuestas, declinamos intervenir y, en 

consecuencia, se deniega la expedición del auto de certiorari. Se

devuelve el caso al TPI para la continuación de los procedimientos.

Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaría del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones