Número Identificador

SEN2024 _______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL II

JOSÉ FIGUEROA PÉREZ

Recurrente

v.

DEPARTAMENTO DE 

CORRECCIÓN Y 

REHABILITACIÓN

Recurrido

KLRA202400019

REVISIÓN 

ADMINISTRATIVA

procedente del 

Comité de 

Clasificación y 

Tratamiento del 

Departamento de 

Corrección y 

Rehabilitación

Caso número:

B705-34333

Sobre:

Clasificación de 

Custodia

Panel integrado por su presidente, el juez Bermúdez Torres, el juez 

Adames Soto y la juez Aldebol Mora.

Aldebol Mora, Juez Ponente

S E N T E N C I A

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de abril de 2024.

Comparece por derecho propio la parte recurrente, José Figueroa 

Pérez, y nos solicita la revocación de la determinación emitida y notificada 

el 18 de diciembre de 2023 por el Comité de Clasificación y Tratamiento 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Mediante la 

determinación recurrida, la agencia ratificó el nivel de custodia mediana del 

recurrente. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se confirma

la determinación recurrida. Veamos.

I

Actualmente, José Figueroa Pérez (Figueroa Pérez o recurrente) 

cumple una sentencia de reclusión de ciento cuarenta y nueve (149) años 

por un cargo de asesinato en primer grado, así como por infracciones a 

varios artículos de la entonces vigente Ley de Armas de Puerto Rico, Ley 

Núm. 404-2000, según enmendada, 25 LPRA sec. 455 et seq.

1 El mínimo 

1 Anejo 1 del expediente administrativo certificado, pág. 3.
KLRA202400019 2

de su sentencia la cumple el 11 de febrero de 2036 y el máximo el 11 de 

febrero de 2160. El recurrente extingue su sentencia en la Institución 

Correccional Ponce Principal en el Municipio Autónomo de Ponce. 

El 18 de diciembre de 2023, el Comité de Clasificación y Tratamiento 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación (Comité o recurrido) se

reunió con el propósito de evaluar el nivel de custodia de Figueroa Pérez.2

Evaluado el expediente, el Comité desglosó las siguientes determinaciones 

de hechos:

1. El confinado Jos[é] Figueroa P[é]rez, ingres[ó] sumariado 

a la [I]nstitución Bayamón 705 el día 2 de febrero de 2011, 

luego que el Tribunal de Justicia de Humacao emitió una

[sic] Auto [de] Prisión Provisional, el día 29 de [d]iciembre 

de 2008, por resolución de prófugo y los delitos; 

[i]nfracción al Artículo 106 ([a]sesinato 1er grado), 

[i]nfracción al [A]rtículo 5.04(2cs) L.A[.][,] [p]ortación y uso 

de armas[,] [e] infracción al Artículo 5.15 L.A[.][,] [d]isparar 

o [a]puntar [a]rmas, con una fianza de 1,000,000.00 de 

dólares [sic], hechos cometidos en el pueblo [de] 

Humacao el 29 de diciembre de 2009.

2. El día 28 de abril de 2009, el [T]ribunal de [J]usticia de 

Humacao dict[ó] [una] sentencia en ausencia en los 

siguientes delitos[:] [i]nfracción al [A]rtículo 106 C.P[.] 

([a]sesinato [en] 1er grado)[,] 99 años, [i]nfracción al 

[A]rtículo 5.04 L.A[.] (2cs)[,] [p]ortación y uso de armas[,]

20 años en cada caso[,] [e] [i]nfracción al [A]rtículo 5.15 

L.A[.] (disparar o apuntar armas)[,] 10 años. Total a 

cumplir una sentencia de 149 años [sic].

3. El 18 de junio de 2013, este fue clasificado inicialmente en 

custodia máxima, por la naturaleza de los delitos y su 

sentencia alta, por lo cual también fue referido al 

Negociado de Rehabilitación y Tratamiento. Fue 

trasladado de la [I]nstitución Bayamón 705 a la 

[I]nstitución Guayama 296 el 10 de septiembre de 2010.

4. Este culmin[ó] las terapias de trastornos adictivos el día 

10 de diciembre de 2013.

5. El 7 de agosto de 2014, a este le fue realizada una prueba 

de dopaje por el Departamento de Ciencias Forenses, la 

cual salió negativo a sustancias controladas.

6. El 29 de junio de 2017[,] este culmin[ó] las Terapias de 

Control de Impulsos y Manejo de Coraje. 

7. El 25 de junio de 2019, este culmin[ó] [su] cuarto año de 

escuela superior en la [I]nstitución Guayama 296.

2 Resolución en el apéndice del recurso. Véase, además, expediente administrativo 

certificado, págs. 2 y 6.
KLRA202400019 3

8. El 28 de junio de 2019 y el 16 de diciembre de 2021, fue 

referido informe [sic] al Negociado de Rehabilitación y 

Tratamiento, por lo que aún no ha sido evaluado.

9. El 17 de diciembre de 2019[,] a este se le reclasific[ó] su 

custodia de máxima a mediana, por este haber realizado 

buenos ajustes institucionales y no haber incurrido en 

informes o querellas disciplinarias, por lo [que] fue 

trasladado a la [I]nstitución Ponce Principal el día 18 de 

diciembre de 2019.

10.Fue asignado a realizar labores de [a]yudante de 

[p]lomería el día 4 de septiembre de 2020, donde al 

momento este posee buenas evaluaciones.

11.Se encuentra realizando estudios en el curso vocacional 

de Panadería y Repostería donde posee al momento 

buenas evaluaciones[;] complet[ó] las horas requeridas en 

el curso de Cocina Criolla Internacional el 2/junio/2023.

12.Cuenta con un mínimo de sentencia para el día 11 de 

febrero de 2036, y posee su máximo de sentencia para el 

día 11 de febrero de 2160[,] restándole 137 años para 

extinguir la misma.

13.No posee querellas hasta el momento.

14.No posee “Detainer o Warrant”.

15.No tiene casos pendientes por resolver en el foro [j]udicial.

16.Se le realiz[ó] una prueba de dopaje por el Negociado de 

Ciencias Forenses el d[í]a 26 de agosto de 2021[,] la cual 

arroj[ó] negativo a sustancias controladas.

3

Como parte de los acuerdos tomados, el Comité ratificó el nivel de 

custodia mediana en el que se encuentra clasificado Figueroa Pérez por 

los siguientes fundamentos:

El Manual de Clasificación de [C]onfinados[,] sección 7[,] 

establece que[,] para la evaluación de custodia[,] se tomar[á]n 

en consideración los delitos, sentencia, fecha prevista de 

excarcelación, historial delictivo y ajustes institucionales[,] 

entre otros aspectos. Al aplicar la [E]scala de Reclasificación 

de custodia[,] arroja una puntuación correspondiente a una 

custodia mínima. No obstante, el CCT se acoge a una 

modificación discrecional para un nivel más alto. Confinado 

cumple una sentencia de 149 años por delitos [de] [a]sesinato 

[en] 1er grado, [p]ortación y uso de armas[,] y [d]isparar o 

[a]puntar armas. Los que envuelven violencia e intimidación 

en contra de la integr[idad] física y emocional de un ser 

humano con utilización de [un] arma ilegal. Ha cumplido un 

tiempo de 12 años, 9 meses y 25 días. El mínimo de 

sentencia está pautado para el día 11/febrero/2036 y su 

máximo tentativamente para el día 11/febrero/2160[,] 

faltándole 137 años para extinguir la misma. Se encuentra en 

custodia mediana desde [el] día 17/diciembre/2019[,] por lo 

que lleva 4 años en dicha custodia. Considerando que el 

3 Resolución en el apéndice del recurso. Véase, además, expediente administrativo 

certificado, págs. 6-7.
KLRA202400019 4

proceso de rehabilitación es uno gradual y complejo, por lo 

que es necesario que contin[ú]e observando sus ajustes bajo 

medianas restricciones. Exhortamos al MPC continuar 

manteniendo una conducta positiva y establece [sic] que lo 

lleve a mantener sentido de responsabilidad e introspección 

hacia el confinamiento, conducta que refleje un verdadero 

cambio. Por lo que deberá continuar beneficiándose de los 

programas y tratamientos ofrecidos por el DCR[,] a fines de 

poder tener un perfil más claro sobre su personalidad y nos 

pueda ofrecer garantías mínimas[,][p]ara que pueda ser 

considerado para beneficiarse de una custodia con menores 

restricciones. [...].4

Inconforme con la referida determinación, el 22 de diciembre de 

2023, recibida el 12 de enero de 2024, la parte recurrente compareció ante 

nos mediante el recurso de epígrafe y señaló el siguiente error:

Erró el CCI, al ratificar la custodia mediana del Sr. Figueroa 

Pérez utilizando como único fundamento la Modificación 

Discrecional “Gravedad del Delito”.

El 26 de febrero de 2024, la parte recurrida compareció mediante 

Escrito en Cumplimiento de Orden.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, así como con la 

copia certificada del expediente administrativo, nos disponemos a resolver 

el recurso que nos ocupa.

II

A

Sabido es que los tribunales apelativos debemos otorgar amplia 

deferencia a las decisiones emitidas por las agencias administrativas, 

puesto que estas cuentan con vasta experiencia y pericia para atender 

aquellos asuntos que se les han sido delegados por la Asamblea 

Legislativa. Hernández Feliciano v. Mun. Quebradillas, 211 DPR 99 (2023);

OEG v. Martínez Giraud, 210 DPR 79 (2022); Super Asphalt v. AFI y otro, 

206 DPR 803, 819 (2021); Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, 202 

DPR 117, 126 (2019); Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 35 

(2018). Es por ello, que, tales determinaciones suponen una presunción de 

legalidad y corrección que a los tribunales nos corresponde respetar, 

mientras la parte que las impugne no presente prueba suficiente para 

4 Acuerdo del Comité de Clasificación y Tratamiento y Resolución en el apéndice del 

recurso. Véase, además, expediente administrativo certificado, págs. 2 y 7.
KLRA202400019 5

derrotarlas. Íd.; Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 216 (2012). 

No obstante, tal norma no es absoluta. Es por ello que nuestro Máximo 

Foro ha enfatizado que no podemos imprimirle un sello de corrección, so 

pretexto de deferencia a las determinaciones administrativas que sean 

irrazonables, ilegales o contrarias a derecho. 

En Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 628 (2016), nuestro 

Tribunal Supremo resumió las normas básicas en torno al alcance de la 

revisión judicial de la siguiente forma:

[L]os tribunales deben deferencia a las decisiones de una 

agencia administrativa, pero ésta cederá cuando: (1) la 

determinación administrativa no está basada en evidencia 

sustancial; (2) el ente administrativo erró en la aplicación o 

interpretación de las leyes o reglamentos que se le ha 

encomendado administrar; (3) el organismo administrativo 

actuó arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando 

determinaciones carentes de una base racional, o (4) la 

actuación administrativa lesionó derechos constitucionales 

fundamentales. Es importante destacar que si el tribunal no 

se encuentra frente a alguna de esas situaciones, aunque 

exista más de una interpretación razonable de los hechos, 

procede que se valide la interpretación que realizó la agencia 

administrativa recurrida. Íd. Véase, además, Super Asphalt v. 

AFI y otro, supra, pág. 819.

El criterio rector bajo el cual los tribunales deben revisar las 

decisiones administrativas es el criterio de razonabilidad. OEG v. Martínez 

Giraud, supra; Super Asphalt v. AFI y otro, supra, pág. 820; Graciani 

Rodríguez v. Garaje Isla Verde, supra, pág. 127; Torres Rivera v. Policía 

de PR, supra, pág. 626. Bajo este criterio, se limita la revisión judicial a 

dirimir si la agencia actuó de forma arbitraria o ilegal, o de manera tan 

irrazonable que su actuación constituya un abuso de discreción. Íd.

Bajo este supuesto, la Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017, 

3 LPRA sec. 9675 (LPAU), “estableció el marco de revisión judicial de las 

determinaciones de las agencias administrativas”. Rolón Martínez v. Supte. 

Policía, supra, pág. 35. La intervención del tribunal se limita a tres áreas, a 

saber: (1) si el remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las 

determinaciones de hecho que realizó la agencia están sostenidas por 

evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo visto en su 
KLRA202400019 6

totalidad, y (3) si las conclusiones de derecho del ente administrativo fueron 

correctas. Íd., págs. 35-36; OEG v. Martínez Giraud, supra; Torres Rivera 

v. Policía de PR, supra, págs. 626-627; Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 

supra, pág. 217. Nuestro Máximo Foro ha expresado que esta intervención 

“debe ocurrir cuando la decisión administrativa no se fundamente en 

evidencia sustancial o cuando la agencia se equivoque en la aplicación de 

la ley”. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 36. Siendo así, 

aquellas determinaciones de hechos formuladas por el ente administrativo 

deberán sostenerse cuando estén basadas en evidencia sustancial que 

surja del expediente administrativo considerado en su totalidad. Íd.; OEG 

v. Martínez Giraud, supra; Super Asphalt v. AFI y otro, supra.

Por otro lado, las determinaciones de derecho pueden ser revisadas 

en su totalidad. Sec. 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9675; Rolón Martínez v. 

Supte. Policía, supra, pág. 36; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 

627. No obstante, los tribunales deberán darles peso y deferencia a las 

interpretaciones que la agencia realice de aquellas leyes particulares que 

administra. Íd. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dispuesto que la deferencia 

que le deben los tribunales a la interpretación que haga el ente 

administrativo sobre aquellas leyes y reglamentos que le corresponde 

poner en vigor, cede si la agencia: “(1) erró al aplicar la ley; (2) actuó 

arbitraria, irrazonable o ilegalmente, o (3) lesionó derechos constitucionales 

fundamentales”. Torres Rivera v. Policía de PR, supra, págs. 627-628; OEG 

v. Martínez Giraud, supra. Finalmente, nuestra más Alta Curia ha 

expresado que, conforme a lo anterior, el criterio administrativo no podrá 

prevalecer en aquellas instancias donde la interpretación estatutaria 

realizada por una agencia provoque un resultado incompatible o contrario 

al propósito para el cual fue aprobada la legislación y la política pública que 

promueve. Así, “la deferencia judicial al expertise administrativo, concedido 

cuando las agencias interpretan la ley, tiene que ceder ante actuaciones 
KLRA202400019 7

que resulten irrazonables, ilegales o que conduzcan a la comisión de una 

injusticia”. OEG v. Martínez Giraud, supra, pág. 11.

B

La Sección 19 del Artículo VI de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, LPRA, Tomo 1, establece como política pública 

del gobierno reglamentar las instituciones correccionales de modo que 

sirvan efectivamente sus propósitos y faciliten el tratamiento adecuado de 

su población para hacer posible la rehabilitación moral y social de estos. 

Mediante la aprobación del Plan de Reorganización Núm. 2-2011, 

conocido como el Plan de Reorganización del Departamento de Corrección 

y Rehabilitación de 2011, 3 LPRA Ap. XVIII (Plan de Reorganización Núm. 

2-2011), se decreta como política pública del Gobierno de Puerto Rico la 

creación de un sistema integrado de seguridad y administración 

correccional. 3 LPRA Ap. XVIII, Art. 2. Ello, tiene como objetivo que las 

funciones y deberes del Departamento de Corrección y Rehabilitación se 

armonicen en un proceso facilitador a la imposición de penas y medidas de 

seguridad, así como a la custodia de las personas ciudadanas que han sido 

encontradas incursas en la comisión de un delito o falta y que establezcan 

procesos de rehabilitación moral y social del miembro de la población 

correccional o persona transgresora, con el fin de fomentar su 

reincorporación a la sociedad. Dicho Plan de Reorganización establece las 

funciones, facultades y deberes del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, entre las cuales se encuentran: (a) clasificación adecuada 

y revisión continua de la clientela conforme a los ajustes y cambios de esta; 

(b) estructurar la política pública correccional de acuerdo con este Plan y 

establecer directrices programáticas y normas para el régimen institucional. 

3 LPRA Ap. XVIII, Art. 5 (a)(c).

Cónsono con el mencionado imperativo constitucional, en función de 

mantener un sistema correccional eficaz, y a los fines de reglamentar los 

asuntos relacionados con la clasificación y custodia de una persona

confinada, fue aprobado el Manual para la Clasificación de los Confinados, 
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Reglamento Núm. 9151 de 22 de enero de 2020 (Manual de Clasificación 

o Reglamento Núm. 9151). Uno de sus propósitos es establecer un sistema 

organizado para ingresar, procesar y asignar a las personas confinadas a 

instituciones y programas de adultos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. Parte II del Reglamento Núm. 9151, supra. A tales fines, se 

creó el Comité de Clasificación y Tratamiento que es el organismo 

responsable de evaluar las necesidades de seguridad y de programas de 

las personas confinadas sentenciadas. Sec. I del Reglamento Núm. 9151, 

supra.

Para realizar las reclasificaciones periódicas, se sigue el proceso 

establecido en el Manual de Clasificación. No obstante, la reevaluación de 

custodia no necesariamente resultará en un cambio en la clasificación de 

custodia o la vivienda asignada. Su función primordial es verificar la 

adaptación de la persona confinada y prestarle atención a cualquier 

situación que pueda surgir. Parte II, Sec. 7 del Reglamento Núm. 9151, 

supra. Por su parte, el nivel de custodia se determinará empíricamente a 

través de un instrumento de medición conocido como Formulario de 

Reclasificación de Custodia (Formulario de Reclasificación). Apéndice K 

del Reglamento Núm. 9151, supra. El Formulario de Clasificación también 

le provee al personal evaluador algunos criterios adicionales, 

discrecionales y no discrecionales, para determinar el grado de custodia 

que finalmente recomendará para determinado confinado o confinada. De 

este modo, el Departamento de Corrección y Rehabilitación procura 

asegurar el control y la supervisión adecuada de los miembros de la 

población penal, individualmente y como grupo. 

La reclasificación responde al resultado de la Parte II y Parte III de la 

Escala de Reclasificación, es decir, al resultado de: (1) la puntuación en la 

evaluación de custodia; (2) las consideraciones especiales de manejo; (3) las 

modificaciones no discrecionales; (4) las modificaciones discrecionales para 

un nivel de custodia más alto; y (5) las modificaciones discrecionales para 
KLRA202400019 9

un nivel de custodia más bajo. Lebrón Laureano v. Depto. Corrección, 209 

DPR 489, 502 (2022).

Por otro lado, la escala de evaluación para determinar el grupo en el 

que se ubicará a la persona confinada está basada en criterios objetivos a 

los que se asigna una ponderación numérica fija. Así, mientras más alta es 

la puntuación en la escala, mayor es el nivel de custodia que necesita la 

persona confinada. López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603, 609 

(2012). En ese sentido, los criterios objetivos que el Comité de Clasificación 

y Tratamiento evaluará en el proceso de reclasificación de custodia de la 

persona confinada serán los siguientes: (1) la gravedad de los cargos y 

sentencias actuales; (2) historial de delitos graves previos; (3) historial de 

fuga; (4) número de acciones disciplinarias; (5) acciones disciplinarias 

previas serias; (6) sentencias anteriores por delitos graves como adulto; 

(7) participación en programas y tratamiento; y (8) la edad de la persona 

confinada. A cada criterio descrito se le asigna una puntuación en la 

plantilla de evaluación que se sumará o restará, según corresponda a la 

experiencia delictiva de la persona confinada. El resultado de estos 

cómputos establece el grado de custodia que debe asignarse

objetivamente a la persona evaluada. Formulario de Reclasificación de 

Custodia, Apéndice K del Reglamento Núm. 9151, supra.

En particular, cualquier modificación discrecional para niveles de 

custodia más bajos que se pretenda implementar por la persona 

evaluadora, debe estar basada en documentación escrita que evidencie 

ajustes adecuados de la persona confinada y que esta se ha beneficiado 

de los programas de tratamiento requeridos. Sección III(E), Formulario de 

Reclasificación de Custodia, Apéndice K del Reglamento Núm. 9151, 

supra. Por ejemplo, si la puntuación no refleja la verdadera naturaleza del 

crimen, el personal evaluador deberá documentar las características del 

delito que aparecen en la declaración de hechos que se está utilizando 

como fundamento para la decisión de la modificación. Íd. De igual forma, 

se podrá tomar en consideración si el historial delictivo y las circunstancias 
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en que la persona confinada cometió el delito, no revelan peligrosidad o 

habitualidad. Íd.

De otro lado, si el personal evaluador entiende que la puntuación 

subestima la gravedad del delito y pretende utilizarlo como una 

modificación discrecional para un nivel de custodia más alto, deberá basar 

su determinación en documentación escrita, proveniente de reportes 

disciplinarios, informes de querellas, informes de libros de novedades, 

documentos del expediente criminal o social y cualquier otra información o 

documento que evidencie ajustes o comportamientos de la persona 

confinada contrarios a las normas y seguridad institucional. Sección III(D), 

Formulario de Reclasificación de Custodia, Apéndice K del Reglamento 

Núm. 9151, supra.

Por otra parte, nuestro Tribunal Supremo ha reconocido que la 

determinación administrativa sobre el nivel de custodia de las personas

confinadas requiere efectuar un adecuado balance de intereses. López 

Borges v. Adm. Corrección, supra; Cruz v. Administración, 164 DPR 341, 

352 (2005). Por un lado, está el interés público de lograr la rehabilitación 

de la persona confinada, así como el interés en la seguridad de la 

institución y de la población penal. Al otro lado, está el interés de la persona 

confinada particular de permanecer en determinado nivel de custodia. Íd. 

El interés público en la rehabilitación de la población penal y en la seguridad 

institucional debe prevalecer sobre el interés particular de la persona

confinada en permanecer en un nivel de custodia en específico o en 

determinada institución penal. Cruz v. Administración, supra, pág. 354. 

La determinación sobre la procedencia de un cambio de custodia 

intima sopesar una serie de factores que requiere la pericia del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación. Cruz v. Administración, 

supra, pág. 352. Recordemos que nuestro más Alto Foro ha expresado que 

estos reglamentos delimitan la discreción que ostenta la Administración de 

Corrección en relación con la clasificación de custodia de las personas

confinadas. Íd. El nivel de custodia responde al resultado entre la 
KLRA202400019 11

puntuación en la evaluación de custodia, las consideraciones especiales 

de manejo y las modificaciones discrecionales y no discrecionales, ya sea 

para un nivel de custodia mayor o menor. Es decir, la puntuación obtenida 

en la Parte II de la Escala de Reclasificación, por sí sola, no conlleva un 

cambio automático en la clasificación del nivel de custodia ya que procede 

tomar en consideración otros factores, tales como las modificaciones 

discrecionales. Como consecuencia, las determinaciones del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación con respecto al proceso de 

clasificación de personas confinadas merecen particular deferencia. Íd.

La agencia tiene la discreción de analizar caso a caso el 

conglomerado de criterios que tiene a su haber para evaluar el nivel de 

custodia en el cual debe estar cada persona confinada, en ánimo de 

salvaguardar no solo su efectiva rehabilitación, sino, además, la seguridad 

institucional y de la población confinada. Lebrón Laureano v. Depto. 

Corrección, supra, pág. 513. Ahora bien, es doctrina reiterada que tomar 

en consideración únicamente un factor de la condena al momento de 

reclasificar a la persona confinada, por ejemplo, la extensión de la 

sentencia constituye un claro abuso de discreción por parte del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación. López Borges v. Adm. 

Corrección, supra, pág. 611; Cruz v. Administración, supra, págs. 358-359. 

Esbozada la norma jurídica, procedemos a disponer del recurso ante 

nos.

III

La contención principal del recurrente se basa en la alegada 

interpretación errónea de la parte recurrida sobre el Reglamento Núm. 

9151, supra, durante el proceso de reclasificación de su custodia. Figueroa 

Pérez señala que el Comité incumplió con lo dispuesto en el citado 

reglamento, al ratificar el nivel de custodia mediana basado en la 

modificación discrecional arrojada por la Escala de Reclasificación, debido 

a la gravedad del delito. Afirma que el organismo administrativo no tomó en 

consideración ninguno de los ajustes positivos que contempla las 
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modificaciones discrecionales para niveles de custodia más bajo, los 

cuales se desprenden de su expediente, como lo es su excelente conducta. 

Plantea que la agencia tampoco consideró los años que le restan para 

cualificar para libertad bajo palabra.

Según la normativa antes expuesta, al evaluar la reclasificación de 

custodia de una persona confinada, el Comité debe considerar criterios 

objetivos basados en una puntuación dentro de una escala de 

reclasificación. Sin embargo, el Reglamento Núm. 9151, supra, también 

permite utilizar criterios subjetivos para modificar discrecionalmente el nivel 

de custodia arrojado por la Escala de Reclasificación y determinar un nivel 

de custodia más elevado. En lo aquí atinente, entre los criterios 

discrecionales que el personal evaluador puede considerar para niveles de 

custodia más alto está la gravedad del delito. Ahora bien, el Comité deberá 

basar su determinación en documentación escrita y documentar las 

características del delito que aparecen en la declaración de hechos que se 

está utilizando como fundamento para la decisión de la modificación.

Así como este criterio puede considerarse para imponer una custodia 

mayor, también pudiera servir de base para recomendar una custodia menor 

que la indicada por el puntaje. Visto desde esa perspectiva, el rol de este 

criterio no es uno punitivo, sino más bien acorde con el objetivo del organismo 

administrativo recurrido de promover la rehabilitación de la población 

correccional conforme al plan institucional que se considere necesario en 

virtud de las particularidades de cada caso. Además, el Manual de 

Clasificación provee los lineamientos a base de los cuales la severidad de un 

delito pudiera tomarse en consideración para imponer o ratificar una custodia 

mayor a la sugerida por el formulario. Cabe destacar que este solo puede 

constituir un criterio para imponer una custodia mayor si la puntuación 

subestima la gravedad del delito, entendiéndose por ello, en parte, la 

existencia de circunstancias que hubiesen creado “una situación de tensión 

en la comunidad, revistiéndose el caso de notoriedad pública y la comunidad 

se siente amenazada con su presencia”. 
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En el caso de autos, la parte recurrente se encuentra en custodia 

mediana. Luego de evaluar el expediente del recurrente, el Comité expresó 

en la determinación recurrida que, al aplicar la Escala de Reclasificación 

de custodia, arrojaba una puntuación correspondiente a una custodia 

mínima. Sin embargo, el organismo administrativo hizo constar que se 

acogía a una modificación discrecional para un nivel más alto de custodia 

debido a la gravedad del delito. En cumplimiento con lo requerido por 

nuestro ordenamiento jurídico vigente, la agencia describió las 

características de los delitos cometidos por Figueroa Pérez. En específico, 

señaló que los delitos de asesinato en primer grado, portación y uso de 

armas, así como los delitos de disparar o apuntar un arma, envolvían 

violencia e intimidación en contra de la integridad física y emocional de un 

ser humano. Por otro lado, indicó que el proceso de rehabilitación era uno 

gradual y complejo, por lo que era necesario que el recurrente continuara

observando sus ajustes bajo medianas restricciones. Resolvió que el 

recurrente debía continuar beneficiándose de los programas y tratamientos 

ofrecidos por la agencia, a fines de poder ofrecer las garantías mínimas

para beneficiarse de una custodia con menores restricciones. Asimismo, 

evaluó la sentencia y el tiempo cumplido por Figueroa Pérez. Por igual, hizo 

constar el tiempo que el recurrente llevaba en custodia mediana. Utilizando 

lo anterior como fundamento para la aplicación de la modificación

discrecional, el Comité determinó ratificar la custodia mediana del 

recurrente.

Según los hechos reseñados, no encontramos vestigio de 

arbitrariedad, ilegalidad o irrazonabilidad, en el hecho de tomar en 

consideración dicho criterio. Por el contrario, ello es cónsono con los criterios 

del propio Manual de Clasificación y del Formulario de Reclasificación 

contenido en el mismo. En virtud de ello, no encontramos fundamento para 

intervenir con la determinación recurrida. Nos explicamos.

Evaluado individualmente, sin otro contexto, el criterio de la severidad 

del delito pudiera constituir una forma de penalizar a la persona confinada 
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nuevamente por hechos por los que ya se le sentenciaron. Ahora bien, de la 

resolución recurrida surge que el Comité examinó varios factores como base 

para llegar a la determinación de mantener al recurrente en custodia mediana.

Como indicamos, el organismo administrativo reconoció que la puntuación en 

cuestión correspondía a una custodia mínima. A pesar de ello, el Comité tomó 

en consideración factores discrecionales, como la gravedad del delito, para 

concluir que no debía reducirse el nivel de custodia. Al examinar este 

proceder, notamos que la determinación de la agencia fue el resultado de un 

análisis ponderado del nivel de rehabilitación que está experimentando el 

confinado y, de otra parte, la severidad del delito cometido, en comparación 

con el tiempo cumplido de la pena de reclusión. 

Al así hacerlo, el Comité tomó en consideración que, si bien Figueroa 

Pérez había demostrado una buena conducta durante el cumplimiento de su 

sentencia, este se encuentra cumpliendo por hechos que reflejaron altos 

niveles de crueldad, lo cual requiere la continuación del proceso gradual de 

rehabilitación bajo medianas restricciones. También se ponderó el tiempo que 

lleva en prisión, el cual es poco en proporción a la pena impuesta. Con ello en 

mente, el organismo administrativo concluyó que el recurrente debía 

permanecer en custodia mediana y le invitó a “continuar manteniendo una 

conducta positiva y establece [sic] que lo lleve a mantener sentido de 

responsabilidad e introspección hacia el confinamiento, conducta que refleje 

un verdadero cambio”.

En mérito de lo antes expuesto, sostenemos la determinación 

agencial recurrida. Nada en el expediente de autos sugiere que el 

pronunciamiento que atendemos haya resultado de un ejercicio arbitrario, 

ilegal o irrazonable atribuible al Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. El Comité posee la facultad delegada de emplear 

modificaciones discrecionales, como los factores mencionados 

anteriormente, para imponer o mantener un nivel de custodia más alto. Por 

tanto, toda vez que el recurrente no derrotó la presunción de corrección de 
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la resolución que nos ocupa, confirmamos la determinación administrativa 

recurrida.

IV

Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la determinación 

administrativa recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones