Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL X

EX AGTE. RENARDO DELLA 

CAMERA NAVARRO #23005

Recurrente

 

v.

POLICÍA DE PUERTO RICO

Recurrido

KLRA202300564

Revisión 

Administrativa

procedente de la 

Comisión de 

Investigación, 

Procesamiento y 

Apelación 

Caso Núm.:

21P-36

Sobre:

Expulsión

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Juez 

Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón 

Santiago Calderón, Jueza Ponente

S E N T EN C I A

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de enero de 2024.

Comparece el señor Renardo Della Camera Navarro 

(recurrente) mediante Recurso de Revisión Administrativa y nos 

solicita la revisión de la Resolución emitida el 31 de mayo de 2023, 

archivada y notificada el 7 de junio de 2023, por la Comisión de 

Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA). Mediante el 

referido dictamen, la CIPA desestimó el caso por prematuro. El 27 

de junio de 2023, el recurrente presentó una Moción de 

Reconsideración, la cual fue denegada por la CIPA mediante 

Resolución emitida el 22 de agosto de 2023, notificada el 28 de 

septiembre de 2023. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

revocamos la Resolución impugnada. 

I.

Según surge del expediente ante nos, por hechos 

presuntamente ocurridos entre los meses de marzo y abril de 2017, 

el Negociado de la Policía de Puerto Rico (Negociado de la Policía o 

recurrido) inició una investigación administrativa contra el 

Número Identificador

SEN2024 _________
KLRA202300564 2

recurrente, quien para ese entonces, se desempeñaba como Agente 

de la Policía de Puerto Rico, adscrito a la División Autopistas, Área 

de Caguas. 

Como resultado de la referida investigación, el 10 de abril de 

2019, notificada el 12 de abril de 2019, el Negociado de la Policía 

emitió una Suspensión Sumaria de Empleo y Sueldo y Resolución de 

Cargos1. En esta, el Comisionado del Negociado de la Policía, señor

Henry Escalera Rivera, notificó al recurrente que la conducta 

realizada por éste era incompatible con sus funciones como 

funcionario del orden público, por lo que se proponía expulsarlo del 

puesto que ocupaba en el Negociado de la Policía. 

El 18 de junio de 2019, se celebró una vista informal 

administrativa ante el Oficial Examinador del Negociado de la 

Policía, Tnte. Cor. Nívea E. Collazo Calderón. Según se desprende 

del Informe del Oficial Examinador2 emitido el 11 de julio de 2019,

se recomendó que el caso fuera evaluado por la Oficina de Asuntos 

Legales para la adjudicación final e imposición de cualquier sanción 

contra el recurrente.

El 27 de julio de 2020, notificada el 1 de septiembre de 2020,

el Negociado de la Policía emitió una Resolución Final3 en la que 

confirmó el castigo consignado en la Resolución de Cargos y, en 

consecuencia, expulsó al recurrente de manera definitiva del Cuerpo 

del Negociado de la Policía. Asimismo, apercibió al recurrente que,

de no estar conforme con dicha determinación, podría apelar ante 

la CIPA dentro del término de treinta (30) días calendario. 

Insatisfecho, el 28 de septiembre de 2020, el recurrente 

presentó una Apelación4 ante la CIPA. En esencia, alegó que se violó 

1 Apéndice del recurso, págs. 19-21.

2 Apéndice del recurso, págs. 118-120.

3 Apéndice del recurso, págs. 23-25. Cabe mencionar que en dicha Resolución 

Final se especifica que el Negociado de la Policía de Puerto Rico realizó una 

investigación administrativa relacionada a la conducta del recurrente como 

miembro de la Uniformada por hechos ocurridos el 29 de marzo de 2017. 

4 Apéndice del recurso, págs. 26-37.
KLRA202300564 3

su derecho al debido proceso de ley al imponérsele una suspensión 

sumaria de empleo y sueldo luego de transcurridos dos (2) años de 

los hechos imputados en su contra. Añadió que, durante la 

investigación administrativa no tuvo la oportunidad de defenderse 

de los cargos imputados en su contra y la vista administrativa no se 

celebró dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la 

suspensión sumaria. Por último, el recurrente manifestó que, 

conforme al Acuerdo para la Reforma Sostenible de la Policía de 

Puerto Rico de 17 de julio de 2013, se requiere que las 

investigaciones administrativas realizadas por la Superintendencia 

Auxiliar de Responsabilidad Profesional (SARP) se completen dentro 

del término de noventa (90) días a partir del recibo de la querella. 

Ante ello, sostuvo que en el presente caso no se cumplió con la 

aludida normativa al haber transcurrido tres (3) años desde que 

ocurrieron los presuntos hechos hasta la adjudicación final.

Además, añadió que al momento de los hechos imputados se 

encontraba disfrutando de una licencia sin sueldo y laboraba en la 

Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones. 

Luego de varios trámites procesales, el 30 de junio de 2022, 

notificada el 5 de julio de 2022, la CIPA emitió una Orden5 en la que 

señaló vista en su fondo para el 28 de febrero de 2023 a la 1:00pm. 

Consecuentemente, el 28 de febrero de 2023, notificada el 10 

de marzo de 2023, la CIPA emitió Orden6 mediante la cual indicó lo 

siguiente: 

Se concede a la parte apelante el término de 20 días 

para presentar sus planteamientos de derecho que 

dispongan de este caso. La Policía de Puerto Rico tendrá 20 

días contados a partir de la notificación del escrito para 

presentar su posición. De no cumplir alguna o ninguna de 

las partes con los plazos concedidos, el caso se dará por 

sometido y la Comisión resolverá. 

5 Apéndice del recurso, pág. 59.

6 Apéndice del recurso, pág. 60.
KLRA202300564 4

El Negociado de la Policía compareció mediante Moción en 

Cumplimiento de Orden y Presentación de Argumentos del Caso7 con 

fecha del 20 de febrero de 2023. En síntesis, alegó que el recurrente 

actuó de manera contraria a lo que un empleado del Negociado de 

la Policía debe actuar. Particularmente, señaló que el recurrente 

violó las disposiciones de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, 

según enmendada, conocida como Ley de la Policía de Puerto Rico, 

por lo que procedía aplicar las sanciones disciplinarias establecidas 

en el Reglamento de Personal de la Policía de Puerto Rico, 

Reglamento Núm. 4216 de 11 de mayo de 1990, según enmendado.

El 21 de marzo de 2023, el Negociado de la Policía compareció

mediante una Moción de Desestimación8. En su escrito, señaló que 

el recurrente tenía hasta el 20 de febrero de 2023 para presentar 

sus argumentos, pero incumplió con ello. Por tanto, solicitó la 

desestimación del caso y/o que se confirmara la determinación 

emitida por el Comisionado del Negociado de la Policía, señor Henry 

Escalera Rivera, en cuanto a la expulsión del recurrente. 

Por su parte, el 31 de marzo de 2023, el recurrente presentó 

una Moción de Desestimación9. Adujo que el 28 de febrero de 2023 

compareció debidamente preparado a la vista señalada por la CIPA, 

pero no así el Negociado de la Policía al no contar con ninguno de 

sus testigos. Asimismo, señaló que el Negociado de la Policía 

incurrió en varias violaciones, a saber: 1) incumplir con la carga 

probatoria; 2) incumplir con los requisitos de suspensión sumaria 

de empleo y sueldo establecidos por ley y reglamento; 3) violar el 

debido proceso de ley al no celebrar una vista administrativa; 4) 

delegar a la Oficina de Asuntos Legales la función de recomendar si 

procedía o no la suspensión sumaria del recurrente; 5) confundir la 

7 Apéndice del recurso, págs. 61-71.

8 Apéndice del recurso, págs. 70-71.

9 Apéndice del recurso, págs. 72-148.
KLRA202300564 5

vista informal de si procede o no una suspensión sumaria con la 

vista administrativa final de confirmar o no la imposición de 

sanciones; 6) basar la expulsión del recurrente en hechos que no 

fueron investigados; 7) tardarse más de tres (3) años en investigar y 

adjudicar el presente caso; 8) solicitar más de once (11) prórrogas 

para realizar la investigación del caso; 9) imputar faltas que no 

aplican a los hechos por los cuales se expulsó al recurrente; y 10) 

basar la determinación en una ley y reglamento que no estaban 

vigentes al momento de los hechos imputados. Por tanto, el 

recurrente solicitó a la CIPA que declarara Ha Lugar su recurso de

Apelación y revocara la determinación de expulsión emitida por el 

Negociado de la Policía. 

Así las cosas, el 31 de mayo de 2023, notificada el 7 de junio 

de 2023, la CIPA emitió Resolución en la que desestimó el caso por 

prematuro. La CIPA concluyó que, según surgía de la prueba 

presentada, la falta núm. 30 se encontraba pendiente de 

investigación, por lo que el Negociado de la Policía debía concluir la 

investigación y celebrar la correspondiente vista administrativa 

informal. En cuanto a las faltas núm. 1, 16 y 27, determinó que, 

según surgía de la prueba presentada por las partes, no se celebró 

la correspondiente vista administrativa informal ante el Negociado 

de la Policía. En consecuencia, desestimó la Apelación presentada 

por el recurrente por prematura y devolvió el caso al Negociado de 

la Policía para que procediera a celebrar la vista informal. 

En desacuerdo con la determinación, el 27 de junio de 2023, 

el recurrente presentó una Moción de Reconsideración10. En síntesis, 

señaló que la celebración de una vista en esta etapa de los 

procedimientos constituiría una actuación ultra vires por parte del 

Negociado de la Policía. Asimismo, arguyó que el juicio ante la CIPA 

10 Apéndice del recurso, págs. 149-166.
KLRA202300564 6

es un juicio de novo que subsana cualquier procedimiento 

inadecuado que haya realizado el Negociado de la Policía. Por último, 

el recurrente indicó que renunciaba a cualquier derecho que le 

asistiera relacionado a la celebración de una vista administrativa 

ante la agencia, a los fines de que el caso se dilucidara ante la CIPA.

El 22 de agosto de 2023, notificada el 28 de septiembre de 

2023, la CIPA emitió una Resolución mediante la cual declaró No Ha 

Lugar la moción de reconsideración presentada por el recurrente. 

Inconforme aún, el 27 de octubre de 2023, el recurrente 

acudió ante nos mediante el recurso de epígrafe en el que esbozó los 

siguientes señalamientos de error: 

1. Erró la CIPA al no desestimar la falta grave número 30 

relacionada a los alegados hechos del 29 de marzo de 

2017 y en su lugar la devolvió al Negociado de la Policía 

para que fuese investigada.

2. Erró la CIPA al devolver las faltas número 1, 16 y 27 al 

Negociado de la Policía en lugar de desestimarlas para 

que fuera celebrada una vista administrativa.

3. Erró la CIPA al validar la suspensión sumaria de empleo 

y sueldo dos (2) años con posterioridad de ocurrir los 

alegados hechos y mientras el apelante continuaba 

trabajando.

4. Erró la CIPA al validar la investigación administrativa 

fuera del término establecido en su Reglamento de 90 

días en crasa violación al Debido Proceso de Ley.

El 30 de noviembre de 2023, concedimos término a la parte 

recurrida para expresar su posición sobre los méritos del recurso. 

El 7 de diciembre de 2023, el Negociado de la Policía, representado 

por la Oficina del Procurador General de Puerto Rico, (Procurador)

compareció mediante Escrito en Cumplimiento de Orden. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver la controversia ante nuestra consideración. 

II.

-ALas órdenes, resoluciones y providencias adjudicativas finales 

dictadas por agencias o funcionarios administrativos son revisadas 
KLRA202300564 7

mediante el recurso de revisión judicial11. La figura jurídica de 

revisión judicial nos encomienda a “examinar si las decisiones de las 

agencias administrativas se tomaron dentro de los poderes 

delegados y si son compatibles con la política pública que las 

origina”12. Es doctrina reiterada que las decisiones de los 

organismos administrativos merecen la mayor deferencia judicial13. 

En nuestro ordenamiento se les concede gran deferencia a las 

determinaciones administrativas, ello en vista al gran conocimiento 

especializado y experiencia que las agencias ostentan14. 

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que, las 

conclusiones e interpretaciones de los organismos administrativos 

especializados merecen gran consideración y respeto y que su 

revisión judicial se limita a determinar si la agencia actuó arbitraria 

o ilegalmente o en forma tan irrazonable que su actuación 

constituyó un abuso de discreción15. Por ende, la decisión de una 

agencia administrativa gozará de una presunción de legalidad y 

corrección que será respetada, siempre que la parte que la impugna 

no produzca evidencia suficiente para rebatirla16. 

El criterio rector para la revisión de este tipo de determinación 

es el de razonabilidad, esto es, si la actuación de la agencia fue ilegal, 

arbitraria, o tan irrazonable que constituye un abuso de 

discreción17. La revisión usualmente comprende las siguientes 

áreas: (1) si se concedió el remedio apropiado; (2) si las 

determinaciones de hechos son conformes al principio de evidencia 

sustancial; y (3) si las conclusiones de derecho son correctas18. El 

principio de “evidencia sustancial [se refiere a] aquella prueba 

11 Sec. 4.1 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9671. 

12 Rolón Martínez v. Caldero López, 201 DPR 26, 35 (2018). 

13 Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 969, 1002 (2011).

14 Pagán Santiago v. ASR, 185 DPR 341, 358 (2012). 

15 Fuertes v. A.R.Pe., 134 DPR 947, 953 (1993), citando a Murphy Bernabé v. 

Tribunal Superior, 103 DPR 692, 699 (1975).

16 Batista, Nobbe v. JTA. Directores, 185 DPR 206, 215 (2012).

17 Íd. pág. 216. 

18 Asoc. FCIAS. v. Caribe Specialty II, 179 DPR 923, 940 (2010).
KLRA202300564 8

relevante que una mente razonable podría aceptar como adecuada 

para sostener una conclusión”19.

Cuando una parte afectada por un dictamen administrativo 

impugna las determinaciones de hecho, esta tiene la obligación de 

derrotar con suficiente evidencia, que la determinación no está 

justificada por una evaluación justa del peso de la prueba que tuvo 

ante su consideración20. De no identificarse y demostrarse esa otra 

prueba en el expediente administrativo, las determinaciones de 

hechos deben sostenerse por el tribunal revisor, pues el recurrente 

no ha logrado rebatir la presunción de corrección o legalidad21. 

Ahora bien, sobre las determinaciones de derecho, el Tribunal 

Supremo ha dicho que distinto a las determinaciones de hecho, el 

tribunal las puede revisar en todos sus aspectos, sin sujeción a 

norma o criterio alguno. Sin embargo, esto no quiere decir que un 

foro apelativo pueda descartar las conclusiones y sustituir el criterio 

del ente administrativo por el suyo22. En estos casos, también los 

tribunales apelativos les deben deferencia a los organismos 

administrativos23.

-BEl Artículo 3 de la Ley de la Policía de Puerto Rico, Ley Núm. 

53 de 10 de junio de 1996, según enmendada (Ley Núm. 53-1996)24, 

establece el Cuerpo de la Policía de Puerto Rico y sus obligaciones, 

que incluyen: 1) proteger a las personas y a la propiedad; 2) 

mantener y conservar el orden público; 3) observar y procurar la 

más absoluta protección de los derechos civiles del ciudadano; 4) 

19 Rolón Martínez v. A.R.P.E., supra.

20 Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485, 512 (2011). 

21 O.E.G. v. Rodríguez y otros, 159 DPR 98, 118 (2003).

22 Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 77 (2004). 

23 Íd.

24 La referida Ley Núm. 53-1996 fue derogada por la Ley del Departamento de 

Seguridad Pública de Puerto Rico, Ley Núm. 20 de 10 de abril de 2017, según 

enmendada, 25 LPRA sec. 3501 et seq. (Ley Núm. 20-2017), la cual comenzó a 

regir ciento ochenta (180) días después de su aprobación. Sin embargo, para 

propósitos de la adjudicación de este recurso, citamos la derogada Ley Núm. 53-

1996 debido a que los hechos en controversia surgieron durante su vigencia.
KLRA202300564 9

prevenir, descubrir, investigar y perseguir el delito; y 5) compeler a 

la observancia de las leyes y reglamentos25.

Para asegurar el cumplimiento con estos deberes, el legislador 

delegó en el Superintendente la facultad de determinar por 

reglamento “la organización y administración de la Policía, las 

obligaciones, responsabilidades y conducta de sus miembros... y 

cualquier otro asunto necesario para el funcionamiento del 

Cuerpo”26. Asimismo, “[p]odrá ejercer toda facultad o poder para el 

buen funcionamiento de la Policía que no esté en conflicto con las 

disposiciones de las secs. 3101 et seq. de este título”27. 

El Artículo 23 de la Ley Núm. 53-1996, otorga al 

Superintendente la facultad de determinar, mediante reglamento, 

las faltas graves o leves de los miembros de la Policía que conllevaren 

acción disciplinaria. Este reglamento prescribirá la acción 

correspondiente con arreglo a lo establecido en el referido estatuto. 

El castigo a imponerse por faltas graves podrá ser uno de los 

siguientes: reasignación de funciones o reubicación, traslado, 

expulsión permanente del Cuerpo, degradación o suspensión de 

empleo sin sueldo por un periodo no mayor de cinco (5) meses28.

De conformidad con lo anterior, el Superintendente aprobó el 

Reglamento de Personal de la Policía de Puerto Rico, Reglamento 

Núm. 4216 de 11 de mayo de 1990, según enmendado (Reglamento 

4216). Éste dispone que el Superintendente tiene la facultad de 

imponer sanciones disciplinarias contra un miembro del Cuerpo 

cuya conducta esté en contravención a sus normas29. 

El Artículo 5, Sección 5.2 del Reglamento 4216 también 

dispone que todo miembro de la Policía deberá: “cumplir y velar por 

el cumplimiento de las leyes, reglamentos y ordenanzas 

25 25 LPRA sec. 3102.

26 25 LPRA sec. 3104 (b). 

27 25 LPRA sec. 3104 (m). 

28 25 LPRA sec. 3122 (b) (2).

29 Ramírez v. Policía de P.R., 158 DPR 320, 331-332 (2002).
KLRA202300564 10

municipales; observar en todo momento una conducta ejemplar; 

obedecer las órdenes legalmente emitidas por sus superiores; ser 

puntual en sus compromisos oficiales y diligente en el cumplimiento 

de su deber, actuando siempre en forma ecuánime, serena y justa; 

y orientar y aconsejar al público sobre el mejor cumplimiento de la 

ley, así como en todo lo que concierne a la seguridad pública”. 

Además, el Artículo 14, Sección 14.3 (2) (a) del Reglamento 

4216 establece que “[e]l Superintendente tomará las medidas 

correctivas apropiadas cuando un miembro de la Policía de Puerto 

Rico incurra en violación de cualquiera de las faltas clasificadas en 

graves o leves. El castigo a imponerse por falta grave podrá ser uno 

de los siguientes: expulsión del Cuerpo, degradación o suspensión 

de empleo y sueldo por un período no mayor de cinco (5) meses...”. 

El Artículo 4 (22) del Reglamento 4216 define “faltas graves” 

como “[a]quellas faltas aplicables a miembros de la Fuerza que como 

castigo conlleven expulsión permanente de la Policía de Puerto Rico, 

degradación o suspensión de empleo y sueldo por un período no 

mayor de cinco (5) meses”. 

Según el Artículo 14, Sección 14.5 del Reglamento 4216, se 

considerarán faltas graves las siguientes: 

1. Demostrar incapacidad manifiesta, ineptitud, descuido, 

parcialidad o negligencia en el desempeño de sus deberes, 

funciones y responsabilidades. 

[...] 

16. Poseer o traficar con cualesquiera de las sustancias 

controladas por ley, a menos que éstas sean el producto de 

evidencia obtenida en el desempeño de sus funciones.

[...]

27. Observar conducta lesiva, inmoral o desordenada en 

detrimento del Cuerpo de la Policía. 

[...]

30. Visitar casas de prostitución o realizar cual[es]quiera 

otros actos que sean contrarios al pudor, honestidad y 

buenas costumbres de la sociedad. No incurrirá en la 

infracción de las Reglas 29 y 30 cuando lo haga en el 

cumplimiento del deber y con el consentimiento de un oficial 
KLRA202300564 11

superior en rango. En estos casos, bajo ningún concepto 

deberá usarse el uniforme.

Por otro lado, el Artículo 23 de la Ley Núm. 53–1996 en lo aquí 

pertinente, reza de la siguiente manera:

El reglamento determinará las faltas de los miembros de la 

Fuerza que conllevaren acción disciplinaria. Dichas faltas 

estarán clasificadas en graves o leves. El reglamento 

prescribirá la acción correspondiente con arreglo a lo 

preceptuado en las secs. 3101 et seq. de este título. 

La acción disciplinaria por faltas leves y graves se fijará en el 

reglamento, el cual determinará qué personas tendrán 

facultad para imponer sanciones en estos casos, así como el 

procedimiento para tramitar las mismas, sujeto a lo 

siguiente: 

(a) Trámite de faltas leves:

[...] 

(b) Trámite de faltas graves:

(1) El expediente de investigación de todo cargo grave 

incluirá un informe completo en torno a las imputaciones 

hechas contra el miembro o miembros de la Fuerza 

querellados. El trámite de investigación y envío del 

expediente se hará sin demora innecesaria. El reglamento 

determinará los oficiales que intervendrán en el 

expediente de investigación. 

(2) El castigo a imponerse por faltas graves podrá ser uno 

de los siguientes: reasignación de funciones o 

reubicación, traslado, expulsión permanente del Cuerpo, 

degradación o suspensión de empleo sin sueldo por un 

período no mayor de cinco (5) meses. 

(3) Los cargos por faltas graves serán formulados por 

escrito y firmados por el Superintendente o el 

Superintendente Asociado. 

(4) El Superintendente tendrá facultad para suspender 

temporalmente de empleo a cualquier miembro de la 

Fuerza mientras se practica cualquier investigación que 

se ordenare relativa a incompetencia, mala conducta o 

crimen de que se acuse a dicho miembro de la Fuerza. En 

tal caso, el Superintendente hará que se formulen los 

correspondientes cargos, sin demora innecesaria. 

Investigará y resolverá tales casos a la mayor brevedad 

posible, imponiendo el castigo que estime razonable 

dentro de los límites de las secs. 3101 et seq. de este 

título, o disponiendo que vuelva al servicio dicha persona 

con devolución de los sueldos devengados o sin ellos, 

durante el período de la suspensión, si a su juicio los 

hechos lo justificaren. 

(5) Cuando un miembro de la Fuerza estuviere 

suspendido de empleo y sueldo, por cualquier concepto, 

estará inhabilitado para ejercer sus funciones como tal. 

Tampoco disfrutará de los derechos y privilegios que por 

ley se conceden a miembros de la Policía mientras dure 

dicha suspensión.
KLRA202300564 12

(6) El Superintendente, luego de examinar y analizar el 

expediente y de dar al querellado la oportunidad de ser 

escuchado, resolverá el caso, absolviendo al querellado o 

imponiendo el castigo que estime razonable, según lo 

dispone la cláusula (2) de este inciso. Si se declara 

incurso en falta el miembro o miembros de la Fuerza 

concernidos, el Superintendente entregará copia al 

querellado del documento contentivo de su decisión, lo 

que se comprobará por medio de la firma de éste e 

indicando la fecha y hora de la notificación. El 

procedimiento para estos casos se determinará mediante 

reglamento. 

(7) En todo caso donde se impongan sanciones que 

conlleven la suspensión de empleo y sueldo, el 

Superintendente, a petición del querellado, podrá 

conmutar dicha sanción por servicios adicionales al 

Cuerpo equivalente al monto de tiempo que dure la 

suspensión. 

(8) Todo miembro de la Fuerza contra quien se haya 

dictado una decisión adversa por el Superintendente, 

podrá apelar el caso ante la Comisión de Investigación, 

Procesamiento y Apelación, creada mediante las secs. 

171 et seq. del Título 1, ante la cual tendrá derecho a 

vista conforme a los términos de dichas secciones. La 

apelación deberá presentarse dentro de los treinta (30) 

días de recibir la notificación de castigo.30

-CEn lo aquí concerniente, mediante la aprobación de la Ley 

Núm. 32 de 22 de mayo de 1972, según enmendada, 1 LPRA sec. 

171 et seq., se creó la Comisión de Investigación, Procesamiento y 

Apelación (CIPA), organismo alterno e independiente con autoridad 

para intervenir en casos en los que se impute mal uso o abuso de 

autoridad a cualquier funcionario del orden público estatal o 

municipal, agente de rentas internas o cualquier otro funcionario de 

la Rama Ejecutiva autorizado a realizar arrestos31. 

De conformidad con lo expresamente estatuido, la CIPA está 

facultada para, entre otras funciones, actuar como cuerpo apelativo 

con jurisdicción exclusiva para oír y resolver apelaciones 

interpuestas por los funcionarios públicos cubiertos por la ley, 

cuando hayan sido objeto de cualquier medida disciplinaria con 

relación a actuaciones cubiertas por la ley32. En dicho contexto y 

30 25 LPRA sec. 3122.

31 1 LPRA sec. 172; Calderón Morales v. Adm. de Corrección, 175 DPR 1033 (2009). 

32 1 LPRA sec. 172(2). 
KLRA202300564 13

atinente a lo que nos ocupa, la referida disposición confiere a la CIPA 

jurisdicción apelativa exclusiva en aquellos casos en que el 

Superintendente de la Policía o su representante autorizado haya 

impuesto cualquier medida o sanción disciplinaria a un miembro de 

la Policía con relación a la comisión de faltas leves o graves, según 

se enumeran en la ley y el reglamento de dicha entidad pública33.

En la ejecución de las funciones que le fueron conferidas, la 

CIPA está autorizada a celebrar vistas públicas o privadas, a ser 

presididas por cualquier comisionado que designe el presidente, 

todo con audiencia de las partes interesadas34. Una vez ello, el 

organismo en cuestión “podrá confirmar, revocar o modificar la 

determinación o actuación de la cual se hubiere apelado, o podrá 

imponer cualquier sanción que la autoridad facultada para 

sancionar hubiese podido imponer”35. Al respecto, el estado de 

derecho reconoce que la vista que se celebra ante la CIPA “es 

propiamente una vista formal, porque en ella se ventilan de manera 

definitiva, a nivel administrativo, todos los derechos del empleado, 

[por lo que], [e]n este sentido, es equivalente a un juicio en sus 

méritos”36. Así pues, la misma constituye un juicio de novo donde el

organismo tiene la oportunidad de recibir y escuchar evidencia para 

otorgarle el valor probatorio que a su juicio le merezca37.

III.

En el presente caso, el recurrente aduce que incidió la CIPA 

al desestimar el caso por prematuro. Particularmente, sostiene que 

procedía desestimar la falta núm. 30 relacionada a los alegados 

hechos del 29 de marzo de 2017, por entender que estos hechos no 

fueron investigados. Respecto a las faltas núm. 1, 16 y 27 por 

33 Íd.; 1 LPRA sec. 173; González y otros v. Adm. de Corrección, 175 DPR 598 

(2009); Arocho v. Policía de P.R., 144 DPR 765 (1998).

34 1 LPRA sec. 173.

35 1 LPRA sec. 172. 

36 Ramírez v. Policía de P. R., 158 DPR 320, 334 (2003).

37 Íd.
KLRA202300564 14

hechos ocurridos el 20 de abril de 2017, alega que procedía que se 

desestimaran debido a que el foro primario no encontró causa para 

arresto contra el recurrente ni el Negociado de la Policía los tomó en 

consideración al momento de decretar la expulsión del recurrente. 

Además, razona que era improcedente validar la suspensión 

sumaria de empleo y sueldo tras haber transcurrido dos (2) años 

desde los presuntos hechos. Por último, adujo que erró la CIPA en 

su determinación por haber validado la investigación administrativa 

realizada por el Negociado de la Policía fuera del término de noventa 

(90) días establecido en su Reglamento.

Por su parte, el Procurador, aduce que el 18 de junio de 2019 

se celebró la vista informal ante el Negociado de la Policía en la que 

el recurrente tuvo oportunidad de ser oído, exponer sus defensas y

presentar evidencia. Asimismo, alega que el recurrente admitió en 

su Moción de Desestimación que la vista informal sobre la 

suspensión sumaria de empleo y sueldo se celebró, pero que no se 

celebró la vista administrativa. En virtud de lo anterior, el 

Procurador señala que le corresponde a la CIPA celebrar una vista 

para examinar la determinación del Negociado de la Policía.

Conforme a la normativa antes citada, la CIPA es el organismo 

administrativo encargado de atender reclamaciones sobre 

funcionarios del orden público ––a nivel estatal o municipal––

autorizados para efectuar arrestos, a los que se les haya imputado 

mal uso o abuso de su autoridad. La vista ante la CIPA constituye 

un juicio de novo donde el organismo tiene la oportunidad de recibir 

y escuchar evidencia para otorgarle el valor probatorio que a su 

juicio merezca38. La CIPA puede arribar a determinaciones de hecho 

o conclusiones de derecho diferentes a las emitidas por el Negociado 

de la Policía.

38 Íd.
KLRA202300564 15

Tras examinar el tracto procesal del presente caso, 

concluimos que la CIPA tiene jurisdicción sobre la Apelación del 

recurrente, como autoridad legal facultada para entender de forma 

exclusiva en controversias relacionadas a los asuntos aquí 

planteados. Ante ello, colegimos que erró la CIPA al desestimar el 

caso por prematuro y devolverlo al Negociado de la Policía para que 

procediera a concluir su investigación y celebrar una vista 

administrativa informal39. En consecuencia, devolvemos el caso a la 

CIPA para que celebre una vista formal, de modo que se ventilen de 

manera definitiva todos los derechos del recurrente.

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la 

Resolución impugnada y devolvemos el caso a la CIPA para que 

proceda de conformidad con el presente dictamen. 

Notifíquese.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones

39 Cabe señalar que en la Moción de Reconsideración, presentada el 27 de junio de 

2023 ante la CIPA, el recurrente manifestó expresamente su renuncia a cualquier 

derecho que le asistiera relacionado a la celebración de una vista administrativa 

ante la agencia a los fines de que el caso se dilucidara ante la CIPA. Véase, 

apéndice del recurso, pág. 151.