Número Identificador: SEN2024___________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL X

CONSEJO DE TITULARES 

DEL CONDOMINIO BAHÍA 

COURT

DEMANDANTE(S)-RECURRIDA(S)

V.

JOSÉ LUIS NAVARRO 

REYNA, CARMEN PILAR 

RESTO LÓPEZ Y LA 

SOCIEDAD LEGAL DE 

BIENES GANANCIALES 

COMPUESTA POR AMBOS

DEMANDADA(S)-

PETICIONARIA(S)

KLCE202400438

Certiorari

procedente del Tribunal 

de Primera Instancia, Sala 

Superior de BAYAMÓN

Caso Núm. 

CT2023CV00135 (501)

Sobre:

Cobro de Dinero

(Regla 60)

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Juez Barresi 

Ramos y la Jueza Santiago Calderón.

Barresi Ramos, juez ponente

S E N T E N C I A

En San Juan, Puerto Rico, hoy día 15 de mayo de 2024.

Comparecen ante este Tribunal de Apelaciones, los señores JOSÉ LUIS 

NAVARRO REYNA, CARMEN PILAR RESTO LÓPEZ Y LA SOCIEDAD LEGAL DE BIENES 

GANANCIALES COMPUESTA POR AMBOS (matrimonio NAVARRO-RESTO y SLG)

mediante Petición de Certiorari interpuesta el 16 de abril de 2024. En su 

recurso, nos solicitan que revisemos la Orden pronunciada el 9 de febrero 

de 2024 por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de 

Bayamón.1 Mediante el antedicho dictamen, se declaró no ha lugar la Moción 

de Desestimación por Falta de Jurisdicción presentada el 23 de enero de 2024

por el matrimonio NAVARRO-RESTO y SLG, y concedió término para contestar 

la demanda.

Exponemos el trasfondo fáctico y procesal que acompaña a la presente 

controversia.

1 Dicha determinación judicial fue notificada y archivada en autos el 13 de febrero de 2024. 

Véase Apéndice de la Petición de Certiorari, pág. 2.
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- I -

El 5 de octubre de 2023, el CONSEJO DE TITULARES DEL CONDOMINIO 

BAHÍA COURT (CONSEJO) entabló una Demanda sobre cobro de dinero en 

contra del matrimonio NAVARRO-RESTO y SLG.

2 Adujo que el matrimonio

NAVARRO-RESTO y SLG incumplieron con su obligación de pago; adeudan la 

cantidad de $10,531.12 por concepto de cuotas de mantenimiento e intereses, 

la cual se encuentra vencida, líquida y exigible. 

Luego de varios incidentes procesales, el 23 de enero de 2024, el

matrimonio NAVARRO-RESTO y SLG, sin someterse a la jurisdicción, 

presentaron un documento intitulado Moción de Desestimación por Falta de 

Jurisdicción.

3 Alegaron que el foro a quo carecía de jurisdicción sobre la 

materia. Ello fundamentado en que, el 29 de agosto de 2023, el señor 

NAVARRO REYNA instó una Querella de Propiedad Horizontal ante el 

Departamento de Asuntos de Consumidor (DACo) impugnando la deuda; 

solicitando un cese y desista del cobro; y procurando evitar la suspensión del 

servicio de electricidad o acueductos.4 Asimismo, argumentaron que no se 

había agotado el remedio administrativo y solicitaron la desestimación, sin 

perjuicio, de la causa de acción.

El 8 de febrero de 2024, el CONSEJO presentó su Oposición a Moción 

de Desestimación por Falta de Jurisdicción.

5 Alegaron que el matrimonio

NAVARRO-RESTO y SLG erróneamente ha entendido que dicha reclamación es 

sobre una impugnación de asamblea por un titular, cuando la realidad es que 

se procura hacer cumplir lo concerniente al pago de las cuotas de 

mantenimiento en conformidad con la Ley de Condominios de Puerto Rico, 

conocida como la Ley 129-2020.

Posteriormente, el 9 de febrero de 2024, se dictaminó la Orden

impugnada. Así las cosas, el 28 de febrero de 2024, el matrimonio NAVARRO2 Véase Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 52- 63.

3

Íd., págs. 71- 80.

4

Íd., págs. 81- 84.

5

Íd., págs. 86- 97.
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RESTO y SLG presentaron una Moción de Reconsideración en la cual 

razonaron que DACo tiene jurisdicción primaria exclusiva.

6 Por su parte, el 

18 de marzo de 2024, el CONSEJO presentó su Réplica a Moción Solicitando 

Reconsideración.

7 Concluyó que la Demanda versa sobre la falta de pago de 

las cuotas de mantenimiento, y no una impugnación sobre la aprobación del 

presupuesto. Ante ello, el foro con jurisdicción para atender los

requerimientos sobre cobros incoados por el CONSEJO es el tribunal de 

primera instancia. Finalmente, el 19 de marzo de 2024, el foro impugnado

intimó Orden declarando no ha lugar a la Solicitud de Reconsideración

presentada por el matrimonio NAVARRO-RESTO y SLG.

8

Insatisfechos, el 16 de abril de 2024, el matrimonio NAVARRO-RESTO y

SLG acudieron ante este foro revisor por medio de una Petición de Certiorari

y presentaron una Moción en Auxilio de Jurisdicción. En la misma, señalan

el(los) siguiente(s) error(es):

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, al no 

desestimar la Demanda presentada por falta de jurisdicción en la 

materia, dado que la controversia traída por los recurridos está 

siendo impugnada ante el DACo.

El 17 de abril de 2024, intimamos Resolución en la cual, entre otras 

cosas, concedimos hasta el viernes, 26 de abril de 2024, al CONSEJO para 

presentar su posición sobre la solicitud de auxilio de jurisdicción y mostrara 

causa por la cual no debíamos expedir el auto de certiorari y revocar el 

dictamen impugnado. El día 25 de abril de 2024, el CONSEJO presentó su

Oposición a Moción en Auxilio de Jurisdicción y Moción en Oposición a 

Expedición de Auto de Certiorari.

Evaluado concienzudamente el expediente del caso, y contando con 

el beneficio de la comparecencia de todas las partes, nos encontramos en 

posición de adjudicar. Puntualizamos las normas de derecho pertinentes a 

la(s) controversia(s) planteada(s).

6 Véase Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 3- 5.

7

Íd., págs. 6- 23.

8

Íd., pág. 1.
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- II –

- A –

El auto de certiorari es un vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda revisar discrecionalmente las 

órdenes o resoluciones interlocutorias emitidas por una corte de inferior 

instancia judicial.9 Por ello, la determinación de expedir o denegar este tipo 

de recurso se encuentra enmarcada dentro de la discreción judicial.10

De ordinario, la discreción consiste en “una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”.11

Empero, el ejercicio de la discreción concedida “no implica la potestad de 

actuar arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del resto 

del derecho”.12 

Ahora bien, en los procesos civiles, la expedición de un auto de 

certiorari se encuentra delimitada a las instancias y excepciones contenidas 

en la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009.13 La mencionada Regla 

dispone que solo se expedirá un recurso de certiorari cuando, “se recurra de 

una resolución u orden bajo remedios provisionales de la Regla 56, 

injunctions de la Regla 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo”.14 En ese sentido, y a manera de excepción, se podrá expedir este 

auto discrecional cuando:

(1) se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales;

(2) en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios;

(3) en casos de anotaciones de rebeldía;

(4) en casos de relaciones de familia; 

(5) en casos revestidos de interés público; o 

(6) en cualquier situación en la que esperar a una apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. 15

9 Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico Inc., 2023 TSPR 65; 212 DPR ___ (2023); Torres 

González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821 (2023); McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 

206 DPR 391, 403 (2021). 

10 Íd. 

11 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2016).

12 Íd. 

13 32 LPRA Ap. V, R. 52.1; Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. 

14 Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994, 1004 (2021).

15 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40; Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra; McNeil Healthcare 

v. Mun. Las Piedras I, supra, pág. 404; 800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163 (2020).
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Lo anterior constituye tan solo la primera parte de nuestro análisis 

sobre la procedencia de un recurso de certiorari para revisar un dictamen del 

Tribunal de Primera Instancia. De modo que, aun cuando un asunto esté 

comprendido entre las materias que las Reglas de Procedimiento Civil de 

2009 nos autorizan a revisar, el ejercicio prudente de esta facultad nos 

requiere tomar en consideración, además, los criterios dispuestos en la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.16 

Por otro lado, el examen de los [recursos] discrecionales no se da en 

el vacío o en ausencia de otros parámetros.17 Para ello, la Regla 40 de nuestro 

Reglamento instituye los indicadores a considerar al evaluar si se debe o no 

expedir un recurso de certiorari. A saber: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho;

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el 

análisis del problema; 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto 

en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera 

Instancia;

(D) Si el asunto planteado exige una consideración más detenida 

a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o 

de alegatos más elaborados;

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la 

más propicia para su consideración; 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no 

causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 

indeseable en la solución final del litigio; y 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita 

un fracaso de la justicia.18

Es preciso aclarar, que la anterior no constituye una lista exhaustiva, 

y ninguno de estos criterios es determinante, por sí solo, para justificar el 

ejercicio de nuestra jurisdicción.19 En otras palabras, los anteriores criterios 

nos sirven de guía para poder determinar de la forma más sabia y prudente si 

se justifica nuestra intervención en la etapa del procedimiento en que se 

encuentra el caso.20 Ello, pues distinto al recurso de apelación, este Tribunal 

posee discreción para expedir el auto de certiorari. La delimitación que 

16 McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra, pág. 404; 800 Ponce de León v. AIG, supra.

17 Íd.

18 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40; Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra; Rivera Figueroa v. 

Joe ́s European Shop, 183 DPR 580 (2011). 

19 García v. Padró, 165 DPR 324, 335 esc. 15 (2005). 

20 Mun. Caguas v. JRO Construction, Inc., 201 DPR 703, 712 (2019).
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imponen estas disposiciones reglamentarias tiene “como propósito evitar la 

dilación que causaría la revisión judicial de controversias que pueden esperar 

a ser planteadas a través del recurso de apelación.”21 

Finalmente, este Tribunal solo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del tribunal sentenciador cuando 

este último haya incurrido en un craso abuso de discreción.22 Esto es, “que el 

tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio 

sustancial”.23

- B –

La jurisdicción se refiere al poder o autoridad de un tribunal para 

considerar y decidir casos, por lo que su ausencia priva a un foro judicial del 

poder necesario para adjudicar una controversia.24 Es por ello, que los

tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción. Aun en ausencia 

de un señalamiento por alguna de las partes, la falta de jurisdicción puede ser 

considerada motu proprio por los tribunales. Las cuestiones de jurisdicción

por ser privilegiadas deben ser resueltas con preferencia.25 

La ausencia de jurisdicción, por tanto, acarrea las siguientes 

consecuencias: priva a un foro judicial del poder necesario para adjudicar una 

controversia; los tribunales no poseen discreción para asumirla cuando no la 

tienen; no es susceptible de ser subsanada; las partes no pueden conferírsela 

voluntariamente a un tribunal como tampoco puede este arrogársela; 

conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos; se impone a los tribunales el 

ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción —y a los tribunales 

apelativos la obligación de examinar la jurisdicción del foro de donde procede 

21 Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478, 486– 487 (2019); Mun. Caguas v. JRO 

Construction Inc., supra.

22 García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005). 

23 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

24 Payano v. SLG Cruz-Pagán, 209 DPR 876, 889 (2022) (Sentencia); Metro Senior v. AFV, 209 

DPR 203, 208 (2022); Allied Mgmt. Group. v. Oriental Bank, 204 DPR 374, 385-386 (2020).

25 Fuentes Bonilla v. ELA et al., 200 DPR 364, 373 (2018).
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el recurso—; las cuestiones jurisdiccionales deben ser resueltas con 

preferencia sobre otros asuntos, y su alegación puede presentarse en 

cualquier etapa del procedimiento, a instancia de las partes o por el tribunal 

motu proprio.

26 Esto es, la falta de jurisdicción constituye “una defensa 

irrenunciable, que puede ser planteada a petición de parte o el tribunal motu 

proprio y en cualquier etapa de los procedimientos, incluso en fases 

apelativas”.27

Por tratarse de una cuestión de umbral en todo procedimiento 

judicial, si un tribunal determina que carece de jurisdicción solo resta así 

declararlo y desestimar la reclamación inmediatamente, sin entrar en los 

méritos de la controversia, conforme lo ordenado por las leyes y reglamentos 

para el perfeccionamiento del recurso en cuestión.28

En cambio, la Regla 10.8(c) de las de Procedimiento Civil de 2009 

instituye que, siempre que surja, por indicación de las partes o de algún otro 

modo, que el tribunal carece de jurisdicción sobre la materia, éste 

desestimará el pleito.29 Por tanto, los tribunales deben desestimar una acción 

civil cuando surge la falta de jurisdicción sobre la materia ante el foro 

aludido.30

En el ámbito del derecho administrativo, cuando el Estado delega 

funciones gubernamentales a las agencias administrativas, puede haber 

incertidumbre con respecto a qué foro, si el judicial o administrativo, tiene 

jurisdicción original para dilucidar una controversia que surja concerniente a 

la función delegada. En esos casos, para determinar qué foro tiene 

jurisdicción original hemos utilizado la doctrina de jurisdicción primaria.31

Nuestro más Alto Foro ha establecido dos (2) vertientes de la doctrina 

de jurisdicción primaria: la jurisdicción primaria exclusiva y la jurisdicción 

26 Allied Mgmt. Group. v. Oriental Bank, supra, pág. 386.

27 PR Eco Park et al. v. Mun. de Yauco, 202 DPR 525, 539 (2019).

28 Id., págs. 386- 387; Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495, 501 (2019).

29 32 LPRA Ap. V, R.10.8 (c).

30 González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848 (2009). 

31 Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700 (2014).
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primaria concurrente.32 En pocas palabras, la jurisdicción primaria exclusiva 

está presente cuando la propia ley decreta que el foro administrativo tendrá 

jurisdicción inicial exclusiva para entender en la reclamación. Por el 

contrario, la jurisdicción primaria concurrente tiene lugar cuando la ley 

permite que la reclamación se inicie en la agencia o en el tribunal. [D]ebe 

tenerse en cuenta que la jurisdicción exclusiva no soslaya la revisión judicial, 

sino que la pospone hasta tanto el organismo administrativo emita su 

determinación final.33

- C –

La Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil de 2009 instaura que las 

defensas de hecho o de derecho contra una reclamación deben presentarse 

antes de una alegación responsiva. Una moción de desestimación bajo la 

precitada regla es aquella que presenta la parte demandada previo a contestar 

la demanda solicitando que se desestime la causa de acción presentada en su 

contra.34

Esta Regla dispone como fundamentos para la desestimación: (1) falta 

de jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción sobre la persona; (3) 

insuficiencia del emplazamiento; (4) insuficiencia del diligenciamiento del 

emplazamiento; (5) dejar de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio; o (6) dejar de acumular una parte indispensable.35

El estándar adjudicativo al evaluar una moción de desestimación exige 

que los tribunales tomen como ciertos “todos los hechos bien alegados de la 

demanda y que hayan sido aseverados de manera clara y concluyente”.36 La 

obligación de tomar como ciertos únicamente los hechos bien alegados de la 

demanda supone excluir del análisis las conclusiones de derecho o las 

alegaciones redactadas de tal forma que su contenido resulte hipotético.37

32 Íd.

33 Beltrán Cintrón v. ELA, 204 DPR 89, 104 (2020).

34 Véase: Rafael Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 

6ta edición, Lexis Nexis, (2017)., págs. 305– 306.

35 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.

36 González Méndez v. Acción Social et al., 196 DPR 213 (2016).

37 José A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. JTS, 2011, T. II, 

págs. 529 (citado en Asociación Puertorriqueña de Importadores de Cerveza, Inc. v. ELA, 171 
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Cuando se plantea una desestimación por falta de jurisdicción sobre la 

materia, “es necesario determinar si, tomando como cierto lo alegado por el 

demandante, el foro tiene jurisdicción para atender el reclamo”.38

Como parte de este estándar adjudicativo, los tribunales están 

llamados a interpretar las alegaciones de la demanda conjuntamente y de 

forma liberal a favor de la parte demandante, resolviendo toda duda a su favor 

y concediendo el beneficio de cuanta inferencia sea posible hacer de los 

hechos bien alegados en la demanda.39 Ante ello, “debemos considerar, ‘si a 

la luz de la situación más favorable al demandante, y resolviendo toda duda 

a favor de [e]ste, la demanda es suficiente para constituir una reclamación 

válida’”.40 Luego, debe determinar si, a base de esos hechos que aceptó como 

ciertos, la demanda establece una reclamación plausible que justifique la 

concesión de un remedio. Así, si de este análisis el Tribunal entiende que no 

se cumple con el estándar de plausibilidad entonces debe desestimar la 

demanda, pues no debe permitir que proceda una demanda insuficiente bajo 

el pretexto de que se podrán probar las alegaciones con el descubrimiento de 

prueba.41

De esta forma, solo procederá una moción de desestimación cuando la 

parte demandante no demuestre tener derecho a remedio alguno bajo 

cualesquiera hechos y estado de derecho que pudiera probar en un juicio.42

En otras palabras, no “procede la desestimación, si la demanda es susceptible 

de ser enmendada”.43

- D –

La Ley Núm. 129-2020, mejor conocida como la Ley de Condominios de 

Puerto Rico, se aprobó con el fin de actualizar las normas que rigen la 

DPR 140, 149 (2007) (Rebollo López, opinión de conformidad)).

38 Harguindey Ferrer v. Universidad Interamericana de PR, 148 DPR 13, 30 (1999).

39 González Méndez v. Acción Social et al., supra, pág. 234.

40 Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409 (2008).

41 Véase: Rafael Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, LexisNexis, 2010, 

pág. 268.

42 Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1049 (2013), que cita a R. Hernández Colón, 

Derecho Procesal Civil, 4ta ed., San Juan, Ed. Lexis-Nexis, 2007, pág. 231. Ortiz Matías v. Mora 

Development, 187 DPR 649 (2013).

43 Ortiz Matías v. Mora Development, supra. 
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convivencia en los condominios y atemperar la norma estatutaria a cambios 

sociológicos experimentados en el país.

44 Dado que, subyace la necesidad 

imperiosa de crear “unas reglas mínimas para el uso y disfrute de cada 

apartamento” que “facilit[en] la convivencia entre los titulares de un 

inmueble, sin que se intervenga indebidamente con los derechos individuales 

de los demás”.

45

El Artículo 65 de dicha Ley, intitulado Impugnaciones de Acciones u 

Omisiones de la Junta de Directores, Administrador Interino y Acuerdos y 

Determinaciones del Consejo, dispone que: las acciones u omisiones, así 

como, los acuerdos del Consejo de Titulares podrán ser impugnados por los 

titulares en los siguientes supuestos: a) cuando sean contrarios a esta Ley, la 

escritura matriz y reglamento del condominio; b) cuando resulten 

gravemente perjudiciales a los intereses de la comunidad o a un titular; y c) 

cuando resulten gravemente perjudiciales para algún titular que no tenga 

obligación jurídica para soportarlo y no haya sido previsible al momento de 

la compra.46 Los titulares que sean dueños de apartamentos en condominios 

con al menos un apartamento de uso residencial tendrán que presentar 

cualquier querella de impugnación o reclamación ante el Departamento de 

Asuntos del Consumidor, DACo, el cual tendrá jurisdicción primaria y 

exclusiva.47

Cónsono con lo anterior, el Artículo 66 de la Ley Núm. 129-2020 

precisa que DACo poseerá una División Especial de Adjudicación de 

Querellas de Condominios. El secretario tendrá la capacidad de nombrar el 

personal necesario para la pronta atención de las querellas presentadas por 

los titulares de apartamentos al amparo de esta Ley contra el Consejo de 

Titulares, el Agente Administrador, o por la Junta de Directores al amparo de 

44 Ley 129-2020, Ley de Condominios de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 1291 et seq. Véase la 

Exposición de motivos de la Ley 129-2020.

45 Junta Dir. Cond. Montebello v. Torres, 138 DPR 150, 154 (1995).

46 Art. 65 de la Ley de Condominios de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 1923j et seq.

47 Art. 65 de la Ley de Condominios de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 1923j. 
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aquellas leyes especiales aplicables.48 Asimismo, el secretario tendrá la 

facultad para adoptar y/o modificar los reglamentos necesarios para la 

adjudicación de las querellas presentadas ante el DACo y para el fiel 

cumplimiento de esta Ley.

Así pues, acorde con los poderes conferidos por la Ley 129-2020, 

DACo, promulgó el Reglamento 9386, conocido como el Reglamento de 

Condominios, el cual especifica en su Regla 23, que las querellas entre 

titulares o cuando el consejo de titulares, el director o la junta de directores 

presente una reclamación contra uno o varios titulares o residentes del 

condominio, la jurisdicción le corresponderá al Tribunal de Primera 

Instancia.49

Por otro lado, el Artículo 59 de la Ley de Condominios de Puerto Rico

implanta que la deuda de un titular por concepto de cuotas de 

mantenimiento para gastos comunes se podrá reclamar judicialmente luego 

de ser requerido [el] pago mediante correo certificado con acuse de recibo y 

de este no cumplir el pago en el plazo de vencimiento.50

- III –

Como único señalamiento de error, el matrimonio NAVARRO-RESTO y

SLG alegan que el Tribunal de Primera Instancia incidió al no desestimar la 

Demanda por falta de jurisdicción sobre la materia. Dado que, la deuda que 

se intenta cobrar en la Demanda está bajo un proceso de adjudicación ante el 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). Enuncian que el 

CONSEJO pretende re litigar la misma causa de acción o reclamación que esta 

ante el DACo. Es la posición de esta Curia que no le asiste la razón.

Por su parte, el CONSEJO adujo que no hay dualidad de controversias, 

toda vez que la Demanda incoada por el CONSEJO no versa sobre la 

impugnación de una asamblea por un titular, sino del poder que tiene dicho 

cuerpo, delegado a la junta de directores, para entablar las acciones que 

48 Art. 66 de la Ley de Condominios de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 1923j. 

49 Reglamento Núm. 9380, Reglamento de Condominios, aprobado el 11 de mayo de 2022.

50 Art. 59 de la Ley de Condominios de 2020, Ley Núm. 129-2020 (31 LPRA sec. 1923j).
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entienda pertinentes dirigidas a hacer cumplir la Ley 129-2020, así como el 

Reglamento y la Escritura Matriz del Condominio Bahía Court. 

En el caso que nos atiene, el 7 de marzo de 2023, el CONSEJO, remitió 

una segunda misiva, por correo certificado con acuse de recibo, al 

matrimonio NAVARRO-RESTO y SLG en la cual requirió el pago de las cuotas 

de mantenimiento en atraso.51 Al poco tiempo, el 5 de abril de 2023, el 

CONSEJO envió una tercera comunicación concerniente a la deuda por 

concepto de cuotas de mantenimiento.52 Ante el alegado incumplimiento de 

pago de la cuota de mantenimiento y habiendo remitido, por correo 

certificado con acuse de recibo, misiva al titular el CONSEJO incoó su reclamo 

sobre cobro de dinero ante el tribunal.

Una simple lectura de la Regla 23 del Reglamento 9386, concierta que 

toda querella entre titulares o cuando el consejo de titulares, el director o la 

junta de directores presente una reclamación contra uno o varios titulares o 

residentes del condominio, la jurisdicción le incumbirá al Tribunal de 

Primera Instancia.

Por otro lado, el matrimonio NAVARRO-RESTO y SLG están 

impugnando una asamblea ordinaria en la cual se aprobó un presupuesto del 

condominio. Esta acción está reconocida en el Artículo 65 de la Ley 129-2020

que permite que las acciones u omisiones del Consejo de Titulares puedan

impugnarse por los titulares ante el DACo. Ante este cuadro de hechos, el 

DACo no ostenta jurisdicción sobre la causa de acción de cobro de las cuotas 

de mantenimiento. En definitiva, procedía declarar no ha lugar la Moción de 

Desestimación por Falta de Jurisdicción. 

- IV –

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de Certiorari 

instado el 16 de abril de 2024 por el matrimonio NAVARRO-RESTO y SLG; y, en 

consecuencia, se confirma la Orden dictaminada el 9 de febrero de 2024. 

51 Véase Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 18- 19.

52 Íd., págs. 21- 22.
KLCE202400438 Página 13 de 13

No ha lugar a solicitud de auxilio de jurisdicción presentada el 16 de 

abril de 2024 por el matrimonio NAVARRO-RESTO y SLG. 

Al amparo de la Regla 35 (A)(1) de nuestro Reglamento, el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, puede proceder de 

conformidad con lo aquí resuelto, sin que se tenga que esperar por el recibo 

de nuestro mandato.53

Notifíquese inmediatamente.54

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaría del Tribunal de 

Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

53 4 LPRA Ap. XXII-B R. 35. La Regla 35 (A)(1) enuncia: “La presentación de una solicitud de 

certiorari no suspenderá los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia, salvo una 

orden en contrario expedida por iniciativa propia o a solicitud de parte por el Tribunal de 

Apelaciones. La expedición del auto de certiorari suspenderá los procedimientos en el 

Tribunal de Primera Instancia, salvo que el Tribunal de Apelaciones disponga lo 

contrario.” 4 LPRA Ap. XXII-B R. 35. 

54 Surge de la Minuta de 13 de marzo de 2024 que este caso tiene audiencia (Conferencia 

Inicial) pautada para el 20 de mayo de 2024 a las 9:00 de la mañana.