Número Identificador

SEN2024 _____________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VII

ADALBERTO CUADRADO 

RIVERA

APELANTE

v.

PATRICIA MIRANDA DE 

LEÓN

APELADA

KLAN202400253

Apelación

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

Carolina

Caso Núm.:

CN2021CV00077 

(SALÓN 0403)

Sobre:

INCUMPLIMIENTO 

DE CONTRATO Y 

OTROS

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry, la

Jueza Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio.

Grana Martínez, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de mayo de 2024.

La parte apelante, Adalberto Cuadrado Rivera (en adelante, 

señor Cuadrado Rivera o apelante), acude ante nos de una Sentencia 

Parcial emitida y notificada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Carolina, el 12 de febrero de 2024, notificada el 13 del mismo mes 

y año. Mediante el referido dictamen, el foro primario declaró Ha 

Lugar una solicitud de sentencia sumaria presentada por la parte 

apelada, la Licenciada Patricia Miranda De León (en adelante, Lcda. 

Miranda De León o apelada), y desestimó con perjuicio una acción

civil sobre nulidad de escritura pública presentada por el apelante.

Los hechos esenciales para comprender la determinación que 

hoy alcanzamos se incluyen a continuación.

I

El 15 de marzo de 2021, el señor Cuadrado Rivera incoó una 

Demanda sobre nulidad de escritura pública en contra de la Lcda. 

Miranda De León. En el pliego, indicó que la aludida licenciada lo 

representó en el caso criminal número F LE2011G0210, a cambio de 
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una garantía de pago que cubriera el monto de diez mil dólares 

($10,000.00) por concepto de honorarios de abogado. A tales efectos, 

presuntamente, le manifestó a la Lcda. Miranda De León que tenía la 

titularidad del cincuenta por ciento (50%) de una propiedad ubicada 

en el Barrio Cubuy de Canóvanas. El señor Cuadrado Rivera relató 

que, el 14 de enero de 2012, la Lcda. Miranda De León se personó a la 

institución correccional en la cual se encontraba recluido, y le solicitó 

que firmara un documento intitulado Escritura Número Uno (1) de 

Dación en Pago. Aseveró que la referida letrada no lo orientó de las 

implicaciones del antedicho documento. Además, acentuó que junto a 

la Lcda. Miranda De León no se personó ningún notario público, sin 

embargo, la referida escritura detallaba que fue autorizada, el día 13 

de enero de 2012, en San Juan, Puerto Rico, por el Licenciado David 

Daniel Rodríguez Vargas (en adelante, Lcdo. Rodríguez Vargas o 

notario autorizante). Arguyó que un instrumento público en el cual 

los comparecientes no firmaron en el mismo día natural es nulo. En 

virtud de lo expuesto, le suplicó al foro primario que declara nula la 

escritura de dación en pago.

El 7 de octubre de 2021, la Lcda. Miranda De León contestó la 

demanda y reconvino en contra del apelante. En su contestación a la 

demanda, esencialmente, sostuvo que el señor Cuadrado Rivera 

ofreció libre y voluntariamente su participación sobre el inmueble en 

cuestión. Por otro lado, en su reconvención, planteó que el señor 

Cuadrado Rivera incoó la presente acción de forma maliciosa y con el 

fin de anular un negocio jurídico legítimamente contraído. En apoyo a 

sus argumentos, detalló que no era la primera vez que se había 

intentado impugnar la escritura de dación en pago en cuestión. 

Subrayó que, previo a que se presentara la acción de epígrafe, se instó 

una querella ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico con las mismas 

alegaciones esbozadas en el presente caso, y una demanda ante el 

tribunal de instancia, en la cual se solicitó la nulidad de la escritura 
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pública que nos ocupa. Al amparo de lo anterior, la Lcda. Miranda De 

León le peticionó al foro primario que declarara con lugar su 

reconvención y desestimara la Demanda presentada por el señor 

Cuadrado Rivera.

En reacción, el 15 de noviembre de 2021, el apelante contestó la 

reconvención. En el escrito, negó haber instado la presente acción con 

intención maliciosa. Sostuvo que presentó la misma con el propósito 

de restablecer su derecho de titularidad sobre la propiedad objeto de 

la escritura. Ello, puesto que el referido instrumento público era, 

alegadamente, nulo ab initio por incumplir con la formalidades y 

requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico vigente.

Tras varias incidencias procesales, entre los años 2021 a 2023, 

el 26 de junio de 2023, el señor Cuadrado Rivera instó una moción en 

la cual le solicitó al foro primario que dictara sentencia sumaria y 

desestimara la reconvención presentada por la Lcda. Miranda De 

León. Esencialmente, subrayó que, aunque la escritura en cuestión 

detallaba que fue otorgada en San Juan, el día 13 de enero de 2012, 

no era posible que estuviera en el aludido municipio otorgando una 

escritura, puesto que, para ese entonces, se encontraba recluido en la 

Institución Correccional Bayamón 705. De otra parte, sostuvo que 

nunca ha conocido personalmente o por otros medios al presunto 

notario autorizante de la escritura. Así, pues, afirmó que no había 

disputa en cuanto a que el aludido notario no visitó la institución 

correccional de Bayamón en la mencionada fecha, ni le tomó su firma 

e iniciales con el fin de autorizar la escritura.

Para sustentar sus argumentos, el señor Cuadrado Rivera anejó 

a su petitorio los documentos siguientes:

1. Escritura Número Uno (1) de Dación en Pago, 

autorizada el 13 de enero de 2012, ante el Lcdo. 

Rodríguez Vargas, en la cual aparecen como partes 

comparecientes el señor Cuadrado Rivera y la Lcda. 

Miranda De León;1

1 Apéndice del recurso, págs. 58-75.
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2. Declaración Jurada del señor Cuadrado Rivera, con 

fecha del 26 de junio de 2023. En la misma, expresó, 

esencialmente, que nunca acordó con Lcda. Miranda 

De León cederle su participación en la propiedad en 

cuestión, si no que acordó proveerle una garantía de 

pago por los servicios legales prestados. Afirmó que 

nunca ha conocido al Lcdo. Rodríguez Vargas, ni ha 

hablado con él personalmente o por otros medios de 

comunicación;2

3. Carta suscrita por la Licenciada Carol Serrano Lebrón 

(en adelante, la Lcda. Serrano Lebrón), quien para 

entonces era la representante legal del señor Cuadrado 

Rivera, con fecha del 29 de noviembre de 2018, 

dirigida a Hilda Rivera Colón (en adelante, señora 

Rivera Colón), quien para la fecha era ayudante del 

Secretario del Departamento de Corrección. Mediante 

la referida misiva, la aludida licenciada solicitó una 

copia certificada del registro de visitas y de abogados 

visitantes de la Institución Correccional Bayamón 

705;3

4. Correo electrónico con fecha del 28 de febrero de 2019, 

suscrito por la señora Rivera Colón, dirigido a la Lcda. 

Serrano Lebrón, en el cual indicó que, durante el día 

13 de enero de 2012 el apelante no recibió visita de 

abogado;4

5. Copia del registro de visitas de la Institución 

Correccional Bayamón 705, de la cual surge que la 

Lcda. Miranda De León visitó al señor Rivera Colón el 

14 de enero de 2012.5

Por su parte, el 5 de julio de 2023, la Lcda. Miranda De León, 

igualmente, presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria. En el pliego, 

sostuvo que en el presente caso no había controversia en cuanto a 

que el señor Cuadrado Rivera ofreció como pago por los servicios 

legales rendidos, la titularidad que tenía sobre el cincuenta por ciento 

(50%) de una propiedad ubicada en el Barrio Cubuy de Canóvanas, y 

que, en virtud de ello, otorgó una escritura de dación en pago ante el 

Lcdo. Rodríguez Vargas, en la cual le cedió la titularidad de la referida 

propiedad. Por otro lado, afirmó que el señor Cuadrado Rivera no 

2 Íd. págs. 76-79.

3 Íd. pág. 82.

4 Íd. pág. 80.

5 Íd. pág. 83. Cabe resaltar que el señor Cuadrado Rivera anejó, además, a su 

petitorio sumario, la Sentencia del caso civil número SJ2019CV12784. Mediante el 

referido dictamen se desestimó el aludido caso porque no se diligenciaron los 

emplazamientos expedidos dentro del término provisto para ello. Las partes en la 

referida acción eran idénticas a las del presente caso e, igualmente, trataba sobre 

nulidad de escritura pública. A su vez, incluyó a su escrito una moción en 

cumplimiento de una orden dictada en una querella de ética profesional con el 

número AB-2014-112, presentada ante nuestro Tribunal Supremo de Puerto Rico

en contra de la Lcda. Miranda De León.
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presentó prueba que derrotara la presunción de legalidad y corrección 

que gozaba el instrumento público en cuestión. Además, subrayó que,

a la fecha, habían transcurrido nueve (9) años desde que las partes 

otorgaron la aludida escritura, de modo que la presente acción fue 

incoada de mala fe y en contra de los actos propios del apelante.

En apoyo a sus alegaciones, anejó a su escrito un Informe de la 

Procuradora General preparado en virtud de una querella presentada 

en su contra ante nuestro Tribunal Supremo de Puerto Rico (caso 

núm. AB-2014-112). En la misma, la referida Procuradora concluyó 

que, de la prueba presentada, no se podía colegir que el señor 

Cuadrado Rivera realizó el pago en concepto de honorarios de 

abogados mediante una escritura de dación de pago por coacción de 

la Lcda. Miranda De León, ni que la letrada incurrió en una violación 

a los Cánones de Ética Profesional.6 Además, anejó a su petitorio 

sumario, una Certificación Registral de Propiedad Inmueble emitida 

por el registrador Luis León Freire, de la cual surge que la finca 

número 18,494, ubicada en Canóvanas, estaba inscrita en comunidad 

de bienes, compuesta por Dolores García Camilo, ex esposa del señor 

Cuadrado Rivera, y la Lcda. Miranda De León. A su vez, la referida 

certificación, indicaba que la aludida letrada adquirió la participación 

sobre el cincuenta por ciento (50%) de la antedicha finca, por dación 

en pago, mediante la Escritura Núm. Uno (1), otorgada el 13 de enero 

de 2012, ante el Lcdo. Rodríguez Vargas.7

Posteriormente, el 17 de julio de 2023, la Lcda. Miranda De 

León presentó oposición a la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por el señor Cuadrado Rivera. En el escrito, insistió que el 

6 Apéndice del recurso, pág. 117.

7 Apéndice del recurso, pág. 126. Precisa señalar que la Lcda. Miranda De León 

anejó, además, a su solicitud de sentencia sumaria, una captura de pantalla de la 

página web del Poder Judicial de Puerto Rico, de la cual surge el estatus del caso 

criminal K VI2011G0061, en el cual el señor Cuadrado Rivera era la parte 

demandada; la Escritura Núm. Uno (1) de Dación en Pago, autorizada el 13 de enero 

de 2012; cuatro (4) señalamientos de vista preliminar del caso número VP2011-

4001, y la Resolución del tribunal en la vista preliminar del antedicho caso, 

celebrada el 1 de diciembre de 2011.
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instrumento público en cuestión gozaba de una presunción de 

corrección y legalidad, dado a que cumplía con todos los requisitos de 

forma de la Ley Notarial; entre ellos, la firma de todos los otorgantes y 

del notario autorizante. Además, resaltó que la escritura de dación en 

pago fue inscrita en el Registro de la Propiedad. Al amparo de lo 

expuesto, la Lcda. Miranda De León sostuvo que el tribunal de 

instancia debía declarar sin lugar la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por el señor Cuadrado Rivera.

Para sustentar sus argumentos, la Lcda. Miranda De León 

anejó a su escrito los documentos que incluyó con su solicitud de 

sentencia sumaria. A su vez, anexó a su oposición una declaración 

jurada del Lcdo. Rodríguez Vargas con fecha del 28 de junio de 2023. 

En la misma, el letrado manifestó que, el día 13 de enero de 2012, 

otorgó la Escritura Núm. (1) sobre Dación en Pago. A su vez, afirmó 

que, ese mismo día, se personó a la institución carcelaria de Bayamón 

para obtener la firma del señor Cuadrado Rivera, y que 

posteriormente, durante ese día, tomó las iniciales y la firma de la 

Lcda. Miranda De León.8 De otra parte, la apelada incluyó a su escrito 

una misiva suscrita por ella, dirigida a la exesposa del señor 

Cuadrado Rivera, con fecha del 20 de marzo de 2013. En la referida 

misiva, le solicitó a la exesposa del apelante que se comunicara con 

ella para dialogar sobre la propiedad ubicada en Canóvanas. Además, 

indicó que no le interesaba retener la propiedad y que era su 

intención disponer de su partición sobre la misma.9

El 26 de julio de 2023, el señor Cuadrado Rivera se opuso a la 

solicitud de sentencia sumaria incoada por la Lcda. Miranda De León. 

Principalmente, sostuvo que aún existía controversia en cuanto a si se 

ofreció la propiedad en cuestión en garantía o como pago por los 

servicios legales provistos por la aludida licenciada. Por otra parte, 

8 Apéndice del recurso, pág. 153.

9 Íd., pág. 159.
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afirmó que todavía había disputa sobre si el notario autorizante de la 

escritura que nos ocupa se personó el día 13 de enero de 2012 en la 

Institución Carcelaria Bayamón 705. Subrayó que, aunque el Lcdo. 

Rodríguez Vargas afirmó mediante una declaración jurada que ese día 

visitó la antedicha institución y obtuvo su firma, el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación le remitió una comunicación en la que 

certificó que no tuvo visita de abogado durante la fecha mencionada. 

Así, pues, el señor Cuadrado Rivera le suplicó al tribunal de instancia 

que declarara sin lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada 

por la Lcda. Miranda De León.10

Evaluadas las posturas de las partes, el 18 de septiembre de 

2023, notificada el 19 del mismo mes y año, el tribunal de instancia 

emitió una Resolución en atención a la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por el señor Cuadrado Rivera. Mediante el referido 

dictamen, declaró No Ha Lugar la antedicha solicitud. El aludido foro 

concluyó que existía controversia real en cuanto a si el señor 

Cuadrado Rivera: (1) estuvo en San Juan, Puerto Rico, el día 13 de 

enero de 2012, como alega la escritura; (2) firmó la escritura de 

dación en pago ante el Lcdo. Rodríguez Vargas en la fecha antes 

mencionada, y (3) si tuvo visita en la referida fecha de algún abogado 

en la Institución Correccional Bayamón 705. Igualmente, el tribunal 

razonó que las antedichas controversias giraban en torno a elementos 

subjetivos, de intención, propósitos mentales, negligencia y 

credibilidad, de modo que era necesario atenderlas en un juicio 

plenario.11

Inconforme, el 4 de octubre de 2023, el señor Cuadrado Rivera 

le solicitó al foro primario que reconsiderara el dictamen antes 

mencionado. Examinada la solicitud, el 1 de diciembre de 2023, 

10 El apelante anejó a su escrito, el caso civil FBCI2015-0854 sobre disolución de 

comunidad de bienes y en cobro de dinero, presentado en marzo de 2015 por su 

exesposa, en contra de la Lcda. Miranda De León. A su vez, anejó la Sentencia

emitida el 22 de febrero de 2018 en el referido caso, mediante la cual se desestimó 

la acción por no haberse realizado trámite alguno durante seis (6) meses.

11 Apéndice del recurso, pág. 221.
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notificada el 5 del mismo mes y año, el tribunal de instancia la 

declaró No Ha Lugar.

El 12 de febrero de 2024, notificada el 12 del mismo mes y año, 

el foro primario emitió una Sentencia Parcial en atención a la solicitud 

de sentencia sumaria presentada por la Lcda. Miranda De León. 

Mediante la misma, coligió que los hechos siguientes no estaban en 

controversia:

1. La parte demandada representó legalmente a la parte 

demandante en el caso criminal FLE2011G0210.

2. Coetáneo al procedimiento criminal que enfrentaba el 

demandante, se le presentó acusación en el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan bajo el 

número de caso KVI2011G0061.

3. Luego de varios pormenores procesales, las partes 

llegaron a un acuerdo por honorarios profesionales.

4. Como parte del acuerdo alcanzado, el demandante 

ofreció como pago su participación en cierta propiedad 

inmueble de la cual era dueño en común pro-indiviso con 

la Sra. Dolores García.

5. A raíz del acuerdo alcanzado, se otorgó la Escritura en 

Dación en Pago el 13 de enero de 2012.

6. Que para el otorgamiento el notario se personó a la 

institución correccional para obtener la firma del Sr. 

Adalberto Cuadrado, según acordado. Sobre este 

particular el Tribunal tomó en cuenta la declaración 

jurada suscrita por el Notario Público David Daniel 

Rodríguez Vargas, que el funcionario que otorgó la 

Escritura en Dación en Pago el 13 de enero de 2012.

7. El documento cumplió con todos los requisitos de la 

Ley Notarial, por lo cual una vez presentado en el Registro 

de la Propiedad, el mismo fue calificado e inscrito sin 

señalamiento alguno.

8. Que la obra notarial del notario autorizante fue 

inspeccionada y aprobada.

9. Que la codueña de la propiedad en cuestión, Dolores 

García, presentó una querella contra la infrascrita en el 

Tribunal Supremo (AB-2014-112 ante su descontento por 

la cesión de Adalberto Cuadrado de su participación 

sobre la propiedad y las gestiones iniciadas para la 

liquidación de nuestra participación.

10. Que, en 11 de diciembre de 2019, la parte 

demandante radicó el caso SJ2019CV12784, sobre 

Nulidad de Escritura Pública en contra de la parte 

compareciente y sobre el cual se dictó Sentencia el 17 de 
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marzo de 2021, desestimando la misma sin perjuicio.

(Énfasis en el original).

Establecido lo anterior, el juzgador concluyó que el señor 

Cuadrado Rivera no presentó evidencia admisible suficiente para 

rebatir la presunción de veracidad, autenticidad y legalidad que cobija 

a los instrumentos públicos. Particularmente, determinó que, 

tomando en cuenta la declaración jurada suscrita por el Lcdo. 

Rodríguez Vargas, el aludido letrado se personó, el 13 de enero de 

2012, en la intuición correccional en la cual se encontraba el señor 

Cuadrado Rivera para obtener su firma, y, así, autorizar la escritura 

de dación en pago en cuestión.12 Así, pues, el tribunal primario 

declaró con lugar la sentencia sumaria incoada por la Lcda. Miranda 

De León y desestimó la acción de epígrafe con perjuicio.

En desacuerdo, la parte apelante acudió a esta Curia a través 

del presente recurso. En el mismo, realizó los planteamientos 

siguientes:

Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar sentencia 

sumaria a favor de la parte demandada a pesar de que 

existen controversias de hechos sustentados por los 

documentos que obran en el expediente, que corresponde 

dirimirse mediante juicio plenario como previamente 

había resuelto mediante resolución el mismo Tribunal de 

Primera Instancia.

Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar la 

demanda con perjuicio.

Evaluado el recurso, ordenamos a la parte apelada a presentar 

su alegato conforme dispone la Regla 22 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 22.

En cumplimiento con lo ordenado, el 15 de abril de 2024, la 

parte apelada presentó su alegato en oposición.

Habiendo examinado el expediente que nos ocupa, procedemos 

a delimitar el trasfondo normativo aplicable.

12 Apéndice del recurso, pág. 247.
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II

Sentencia Sumaria

La sentencia sumaria promueve una solución justa, rápida y 

económica para litigios de naturaleza civil en los que no hay 

controversia genuina sobre hechos materiales que componen la causa 

de acción. Birriel Colón v. Econo y otros, 2023 TSPR 120, 213 DPR ___ 

(2023); Acevedo y otros v. Depto. Hacienda y otros, 2023 TSPR 80, 212 

DPR ___ (2023); González Santiago v. Baxter Healthcare, 202 DPR 

281, 290 (2019). La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 36, establece que la sentencia sumaria procede cuando las 

alegaciones, deposiciones y admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas y alguna otra evidencia, acreditan que no existe 

una controversia real y sustancial respecto a algún hecho esencial y 

material. González Santiago v. Baxter Healthcare, supra, pág. 291.

El tribunal podrá dictar sentencia sumaria a favor del 

promovente, sin necesidad de celebrar un juicio, si no existe 

controversia de los hechos materiales que motivaron el pleito y 

únicamente resta aplicar el derecho a los no controvertidos. González 

Meléndez v. Mun. San Juan et al., 2023 TSPR 95, 212 DPR ___ (2023); 

Acevedo y otros v. Depto. Hacienda y otros, supra; Roldán Flores v. 

Soto Lambert, 199 DPR 664, 676 (2018). La sentencia sumaria 

únicamente procede cuando el derecho aplicable lo justifica. La Regla 

36.3 de Procedimiento Civil, supra, dispone los requisitos con los que 

debe cumplir una moción de sentencia sumaria. Oriental Bank v. 

Perapi et al., 192 DPR 7, 25 (2014).

La parte promovente de la moción de sentencia sumaria tiene 

que desglosar los hechos sobre los que alega no existe controversia. 

Además de especificar para cada uno la página o párrafo de la 

declaración jurada u otra prueba admisible en evidencia que lo apoya. 

Roldán Flores v. Soto Lambert, supra, pág. 676; Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). Mientras que, la parte que se 
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opone a una moción de sentencia sumaria tiene que demostrar que 

existe controversia en cuanto a algún hecho material. Se considera un 

hecho material aquel que pueda afectar el resultado de la reclamación 

de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable. Roldán Flores v. Soto 

Lambert, supra. Para ello, el promovido deberá presentar una 

contestación detallada y específica, y refutar los hechos que entiende 

que están en disputa con evidencia sustancial. Birriel Colón v. Econo y 

otros, supra; Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, 933 (2010). Si, al 

contrario, asume una actitud pasiva y descansa únicamente en sus 

alegaciones, se expone a que se dicte sentencia sumaria en su contra 

sin la oportunidad de un juicio en su fondo. León Torres v. Rivera 

Lebrón, 204 DPR 20, 43-44 (2020).

Cualquier duda no es suficiente para derrotar la procedencia de 

una moción de sentencia sumaria. La duda existente tiene que 

permitir concluir que existe una controversia real y sustancial sobre 

hechos relevantes y pertinentes. Los tribunales solo podemos concluir 

que existe una controversia real y sustancial en cuanto a un hecho 

material, cuando el oponente presenta prueba que podría inducir a 

un juzgador racional a resolver a su favor. Oriental Bank v. Perapi et 

al., supra, pág. 26.

La sentencia sumaria tampoco procede, si existen alegaciones 

afirmativas en la demanda que no han sido refutadas y de los 

documentos que acompañan la moción de sentencia sumaria surge 

controversia sobre algún hecho material y esencial, o cuando como 

cuestión de derecho no procede el remedio sumario. Oriental Bank v. 

Perapi et al., supra, págs. 26-27.

Ahora bien, es menester apuntalar que hay litigios y 

controversias en las que no conviene que el tribunal resuelva 

sumariamente. Ello, debido a que difícilmente en tales casos el 

tribunal puede reunir ante sí toda la verdad de los hechos a 

través de declaraciones juradas o deposiciones. Como, por 
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ejemplo, en controversias en las que partes someten versiones 

incompatibles y el factor de credibilidad juega un papel 

fundamental. Cruz Cruz y otras v. Casa Bella Corp. y otros, 2024 

TSPR 47, 213 DPR ___ (2024); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 

DPR 414, 463 (2013); E.L.A. v. P.M.C., 163 DPR 478, 489 (2004).

El tribunal apelativo utilizará los mismos criterios que el 

Tribunal de Primera Instancia al determinar si procede una sentencia 

sumaria. No obstante, al revisar la determinación del Tribunal de 

Primera Instancia, únicamente podrá considerar los documentos que 

se presentaron ante ese foro. Las partes no podrán traer en apelación 

evidencia que no fue presentada oportunamente ante el Tribunal de 

Primera Instancia, ni esbozar teorías nuevas o esgrimir asuntos 

nuevos. El tribunal apelativo únicamente puede determinar si existe o 

no alguna controversia genuina de hechos materiales y esenciales y si 

el derecho se aplicó correctamente. Sin embargo, no puede adjudicar 

hechos materiales en disputa porque esa tarea es del foro de primera 

instancia. Meléndez González v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 114, 116 

(2015).

III

La parte apelante cuestiona la determinación del tribunal de 

instancia de declarar con lugar la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por la parte apelada y desestimar su Demanda con 

perjuicio. Luego de revisar de novo el expediente ante nuestra 

consideración, según requiere la normativa antes expuesta, colegimos 

que nuestra intervención es necesaria, porque un análisis de la 

totalidad de la prueba nos convence de que el juzgador incidió en su 

determinación.

En el presente caso, las partes de epígrafe sometieron versiones 

incompatibles entre sí. Por un lado, el apelante afirmó que el Lcdo. 

Rodríguez Vargas no visitó la Institución Correccional Bayamón 705, 

el día 13 de enero de 2012, para tomarle su firma e iniciales, con el 
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fin de autorizar la Escritura Núm. Uno (1) de Dación en Pago. Para 

sustentar esta alegación, anejó a su solicitud de sentencia sumaria 

un correo electrónico, con fecha del 28 de febrero de 2019, suscrito 

por quien era, para ese entonces, la ayudante del Secretario del 

Departamento de Corrección. En el mismo, se indicó que, durante el 

día 13 de enero de 2012, el apelante no recibió visita de abogado. 

Igualmente, el apelante anejó a la aludida solicitud copia del registro 

de visitas de la Institución Correccional Bayamón 705, de la cual no 

surge que el referido letrado visitó al señor Cuadrado Colón.

De otra parte, la apelada, apoyada en una declaración jurada 

suscrita por el Lcdo. Rodríguez Vargas, con fecha del 28 de junio de 

2023, aseveró que el antedicho abogado se personó, el 13 de enero de 

2012, a la institución en la cual se encontraba el apelante y autorizó 

la escritura en cuestión.

Ante dos versiones incompatibles, coincidimos con lo reseñado 

por el foro primario en su Resolución, notificada el 19 de septiembre 

de 2023, en cuanto a que la controversia, sobre si el Lcdo. Rodríguez 

Vargas visitó al apelante a la aludida institución correccional para 

autorizar la escritura que nos ocupa, gira en torno a elementos de 

credibilidad. Así, pues, era necesario atenderla en un juicio plenario y 

no mediante una sentencia sumaria.13

En virtud de lo anterior, concluimos que el tribunal primario 

erró al declarar con lugar la solicitud de sentencia sumaria y 

desestimar la presente acción. Según esbozamos, al evaluar una

solicitud de sentencia sumaria, el tribunal no puede dirimir asuntos 

de credibilidad relacionados con hechos esenciales. SLG Zapata-Rivera 

v. J.F. Montalvo, supra, pág. 463. Quedan controvertidos los hechos 

número 4, 5, 6 y 7 de la Sentencia Parcial.

13 Apéndice del recurso, pág. 221.
KLAN202400253 14

IV

Por los fundamentos esbozados, se revoca la Sentencia Parcial

apelada y se devuelve al tribunal de instancia para la continuación de 

los procedimientos.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones