Número Identificador

SEN2024________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

CARMEN IRIS CRUZ 

FIGUEROA

Demandante

v.

JUAN MARCOS JOAQUÍN

Demandado-Recurrido

DIEGO RONALDO 

JOAQUIN CRUZ

Interventor-Peticionario

KLCE202400197

Certiorari

procedente del

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San 

Juan

Caso Núm. 

K CU2018-0553 

(0708)

Sobre: 

CUSTODIA

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Jueza 

Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores.

Rodríguez Flores, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de febrero de 2024.

El 16 de febrero de 2024, el joven Diego Ronaldo Joaquín Cruz 

instó por derecho propio el presente recurso de Certiorari y una 

Moción en Auxilio de Jurisdicción. Solicita que revoquemos la orden 

emitida el 4 de enero de 2024, y notificada el 11 de enero de 2024, 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. 

Mediante el referido dictamen, el foro primario requirió al joven 

Diego Ronaldo Joaquín Cruz presentar un pleito independiente 

sobre alimentos entre parientes, debido a que, mediante otra orden 

de igual fecha, relevó a su padre, Sr. Juan Marcos Joaquín Hidalgo,

de la pensión alimentaria que pagaba a favor del joven, por éste 

haber cumplido la mayoría de edad.

1

1 La moción de reconsideración incoada por el joven Diego Ronaldo Joaquín Cruz 

fue denegada mediante orden emitida el 11 de enero de 2024, y notificada el 19 

de enero de 2024.
KLCE202400197 2

En auxilio de nuestra jurisdicción, el joven Diego Ronaldo 

Joaquín Cruz requirió que ordenáramos la restitución del pago de la 

pensión alimentaria a su favor hasta tanto resolviéramos el recurso 

ante nos. Mediante Resolución emitida el 16 de febrero de 2024, 

concedimos término al Sr. Juan Marcos Joaquín Hidalgo para que 

se expresara en cuanto a la moción en auxilio de jurisdicción. Éste 

compareció el 26 de febrero de 2024, mediante Urgente Escrito en 

Torno a Moción Solicitando Auxilio de Jurisdicción y el 27 de febrero 

de 2024, presentó una Moción de Desestimación. 

Con la comparecencia de las partes, damos por perfeccionado 

el recurso para su adjudicación. 

Examinado el recurso y escritos, expedimos el auto de

certiorari y revocamos la orden recurrida. Se deja sin efecto la orden 

del 4 de enero de 2024, que relevó al Sr. Juan Marcos Joaquín 

Hidalgo del pago de la obligación alimentaria correspondiente a su 

hijo Diego Ronaldo Joaquín Cruz, así como la otra orden de igual 

fecha que requirió al joven presentar un pleito independiente sobre 

alimentos entre parientes. 

Al tenor, declaramos con lugar la Moción en Auxilio de 

Jurisdicción. Se restituye en un cincuenta por ciento la pensión 

alimentaria provisional fijada al Sr. Juan Marcos Joaquín Hidalgo

en beneficio del joven Diego Ronaldo Joaquín Cruz para que, luego 

del correspondiente trámite, se establezca la pensión alimentaria 

que proceda, atendiendo la obligación dual alimentaria de ambos 

progenitores.

I.

El 21 de diciembre de 2023, el Sr. Juan Marcos Joaquín 

Hidalgo presentó una solicitud de relevo de la obligación de pago de 

la pensión alimentaria correspondiente a su hijo Diego Ronaldo 
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Joaquín Cruz. Alegó que el joven advino a la mayoría de edad el 20 

de diciembre de 2023. 

El 29 de diciembre de 2023, el joven Diego Ronaldo Joaquín 

Cruz presentó Oppisition to: Moción en solicitud de relevo de pensión 

alimentaria. Adujo que aún necesita alimentos por su condición de 

estudiante universitario a nivel subgraduado, con necesidades 

especiales, que cursa estudios en línea y se encuentra bajo 

tratamiento médico. Afirmó que reside con su madre, quien está 

desempleada y no tiene la capacidad económica para asistirlo. 

El 4 de enero de 2024, el TPI relevó al Sr. Juan Marcos 

Joaquín Hidalgo del pago de la obligación alimentaria 

correspondiente a Diego Ronaldo Joaquín Cruz. En igual fecha, y en 

relación con la oposición del joven, el TPI dispuso que “[d]ebe 

presentar un caso independiente de este sobre alimentos entre 

parientes”.

2 Así las cosas, el 8 de enero de 2024 el joven Diego 

Ronaldo Joaquín Cruz presentó por derecho propio una solicitud de 

alimento.3 Dicha solicitud fue aceptada y unida al caso original 

Carmen Cruz Figueroa vs Juan Marcos Joaquín Hidalgo KCU2018-

0553.

El 12 de enero de 2024, el joven Diego Ronaldo Joaquín Cruz 

presentó Urgent Request for Reconsideration of Order. Arguyó que se 

le violentó su derecho a un debido proceso de ley al relevar a su 

padre de la obligación de pagar la pensión alimentaria sin concederle 

la oportunidad de ser oído y presentar prueba a su favor. 

Mediante orden notificada el 19 de enero de 2024, el TPI 

denegó la solicitud de reconsideración. 

Inconforme, el 16 de febrero de 2024, el joven Diego Ronaldo 

Joaquín Cruz instó el presente recurso de certiorari y apuntó los 

siguientes señalamientos de error:

2 Apéndice del recurso, pág. 1.

3 Se utilizó el formulario OAT 1425.
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Primer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

relevar a JMJH del pago de pensión alimentaria a favor 

del compareciente sin permitirme expresarme al 

respecto, ni de solicitar alimentos entre parientes 

conforme al derecho que posee el compareciente según 

el ordenamiento jurídico vigente.

Segundo error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

resolver que el compareciente debía presentar solicitud 

de alimentos entre parientes en un pleito por separado 

en contra de lo resuelto por el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico como parte del ordenamiento jurídico 

vigente.

A su vez, en la Moción en Auxilio de Jurisdicción, el joven Diego 

Ronaldo Joaquín Cruz requirió que ordenáramos la restitución del 

pago de la pensión alimentaria a su favor hasta tanto resolviéramos 

el recurso ante nos.

II.

A.

El auto de certiorari es el vehículo procesal que permite a un 

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones 

interlocutorias realizadas por un foro inferior. La expedición del auto 

descansa en la sana discreción del tribunal.4

Al ser un recurso extraordinario de carácter discrecional, este 

solo se expedirá en aquellas instancias específicas que delimita la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil5. La citada Regla establece que el 

recurso sólo se expedirá cuando se recurra de una orden o 

resolución bajo remedios provisionales de la Regla 56, injunctions de 

la Regla 57, o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. Por excepción, y en el ejercicio discrecional del foro 

apelativo, se podrá expedir el recurso cuando se recurre de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones 

de rebeldía, casos de relaciones de familia, casos revestidos de 

4 Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994, 1004 (2021); 800 Ponce 

De León v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020). 

5 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
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interés público o cualquier otra situación, en la que esperar por una 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia.6 Según 

lo dispuesto en la Regla 52.1, supra, al denegar la expedición de un 

recurso de certiorari, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 

fundamentar su decisión.

Si se determina que el recurso cumple con alguna de las 

disposiciones de la Regla 52.1, debemos atender la solicitud a la luz 

de los criterios establecidos en la Regla 40 de nuestro Reglamento7. 

Por tanto, al momento de valorar la actuación del foro inferior, 

examinaremos lo siguiente: 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, 

a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 

derecho.

B. Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.

D. Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.

Ello impone a este Tribunal la obligación de ejercer 

prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del foro 

de instancia, de forma que no se interrumpa injustificadamente el 

curso corriente de los casos ante ese foro.8 Por tanto, de no estar 

presente ninguno de los criterios esbozados, procede abstenernos de 

expedir el auto solicitado. 

6 Íd.

7 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

8 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).
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Así pues, este Tribunal no habrá de intervenir con el ejercicio 

de la discreción del Tribunal de Primera Instancia, salvo en “un 

craso abuso de discreción o que el tribunal [haya actuado] con 

prejuicio y parcialidad, o que se [haya equivocado] en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará 

un perjuicio sustancial”.9

B.

En nuestra jurisdicción, los menores tienen un derecho 

fundamental a recibir alimentos que emana de la cláusula 

constitucional del derecho a la vida consagrado en la Carta de 

Derechos de la Constitución de Puerto Rico.10 Es por ello, que estos 

casos están revestidos del más alto interés público, cuyo interés 

principal es el bienestar del menor.11

El Artículo 653 del Código Civil de Puerto Rico12 establece que 

“[s]e entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el 

sustento, la vivienda, la vestimenta, la recreación y la asistencia 

médica de una persona, según la posición social de su familia”. 

Cuando el alimentista es menor de edad, también “comprenden 

también su educación, las atenciones de previsión acomodadas a los 

usos y a las circunstancias de su entorno familiar y social y los 

gastos extraordinarios para la atención de sus condiciones 

personales especiales”. 

Si el alimentista alcanza la mayoría de edad mientras cursa 

ininterrumpidamente estudios profesionales o vocacionales, el 

Artículo 655 del Código Civil de Puerto Rico13 dispone que “la 

obligación de alimentarlo se extiende hasta que obtenga el grado o 

9 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). Véase, además, Cruz 

Flores et al. v. Hosp. Ryder et al., 210 DPR 465, 497 (2022); Rivera y otros v. Bco. 

Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).

10 Díaz Rodríguez v. García Neris, 208 DPR 706, 717 (2022).

11 Íd.; Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa, 187 DPR 550, 559 (2012).

12 Ley Núm. 55-2020. 31 LPRA sec. 7531.

13 Ley Núm. 55-2020. 31 LPRA sec. 7533.
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título académico o técnico correspondiente o hasta que alcance los 

veinticinco (25) años de edad, lo que ocurra primero, a discreción 

del juzgador y dependiendo las circunstancias particulares de cada 

caso”.

En Toro Sotomayor v. Colón Cruz14, el Tribunal Supremo 

expresó que mientras los hijos son menores de edad y no se han 

emancipado, por razón de matrimonio o por dictamen judicial, el 

progenitor custodio con patria potestad está capacitado para 

reclamar alimentos en beneficio de estos. Puntualizó que, una vez 

cesa esa incapacidad por minoridad, los padres ya no pueden acudir 

a los tribunales a representar los intereses de sus hijos. En tal caso, 

el hijo ya mayor de edad se encuentra revestido de la capacidad 

jurídica necesaria para hacerlo.15 Ahora bien, consignó el 

mencionado foro que:

[E]l hecho de que los hijos puedan comparecer a 

solicitar alimentos aun luego de alcanzar la mayoridad 

obedece a que la obligación de alimentarlos no cesa 

automáticamente porque estos hayan cumplido 21 

años. (...). En otras palabras, la emancipación por 

mayoría de edad no apareja ipso facto la pérdida del 

derecho a reclamar alimentos de los padres, pues 

siempre subsistirá la obligación que emana del Art. 143 

del Código Civil, supra, que atiende las necesidades 

alimentarias entre parientes. No obstante, ese tipo de 

obligación requiere que el hijo ya mayor de edad tenga 

la necesidad de esa pensión alimentaria, lo que se 

analiza según criterios distintos a los que se toman en 

cuenta cuando se adjudican los alimentos de un menor. 

(...). Por lo tanto, el hijo mayor de edad está obligado a 

probar las circunstancias que le hacen acreedor de los 

alimentos. (Citas omitidas).16

En ese contexto, ya en Guadalupe Viera v. Morell17, el Tribunal 

Supremo había expresado que la enumeración que provee el Código 

Civil en cuanto a la definición de “alimentos” no debía entenderse 

tan irrestricta, de modo que no le permitiera al hijo que había 

iniciado un oficio o carrera durante su minoridad el derecho a exigir 

14 176 DPR 528 (2009).

15 Íd., pág. 535.

16 Íd.

17 115 DPR 4 (1983).
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alimentos a sus padres para poder completarlos, aún después haber 

llegado a la mayoridad.18

Luego, en Key Nieves v. Oyola Nieves19, el Tribunal Supremo 

reiteró que el deber legal de todo progenitor de proporcionar 

alimentos a sus hijos para su educación no podía cesar meramente 

por el hecho de que ese alimentista hubiese alcanzado la mayoría de 

edad.20 Esbozó que, bajo circunstancias “normales”, es decir, sujeto 

a los resultados, diligencia y continuidad observada en los estudios, 

un hijo que comenzó durante su minoridad sus estudios de 

bachillerato tiene derecho a exigir alimentos de sus padres para 

obtener ese grado académico. En cuanto a la adjudicación de 

alimentos para completar estudios de posgrado, resolvió que éstos 

se adjudicarían de acuerdo con las circunstancias de cada caso.21

Por economía procesal, pronunció que este tipo de alimentos podía 

reclamarse dentro del pleito original de divorcio entre los padres.22

En cuanto al proceso aplicable en estos casos, el Tribunal 

Supremo explicó en Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa, supra,

que:

Debido a lo anterior, resolvemos que es deber del 

alimentante, si es que así lo desea, poner en 

conocimiento al tribunal de que sus hijos alimentistas 

están próximos a llegar a la mayoridad y su interés de 

que se le releve del pago de la pensión alimentaria. Es 

decir, la pensión otorgada a un menor de edad 

continuará en vigor — aunque advenga a la mayoría de 

edad — hasta que no se realice el trámite procesal 

descrito anteriormente. Esa moción se le deberá 

notificar al alimentista, de modo que este pueda 

comparecer dentro de ese mismo pleito — a nombre 

propio — y establecer que sus necesidades permanecen 

vigentes y que reúne los requisitos que le hacen 

acreedor de la pensión a pesar de que ya es mayor de 

edad. Entonces, solo restará que el tribunal, tomando 

en consideración las circunstancias particulares de 

cada caso, evalúe si procede relevar al padre 

alimentante de la obligación que se le había impuesto 

hasta ese momento. Es decir, una vez se ha puesto en 

conocimiento al tribunal de que un alimentista está 

18 Íd., pág. 14.

19 116 DPR 261 (1985).

20 Íd., pág. 266.

21 Íd., pág. 267.

22 Íd., pág. 268.
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próximo a llegar a la mayoridad, y este último, a su vez, 

ha informado que por su condición de estudiante aún 

necesita alimentos, el foro primario deberá calendarizar 

una vista evidenciaria para pasar juicio sobre los 

requerimientos de las partes. Por estas razones, será 

imperativo que el tribunal atienda con premura estos 

planteamientos para evitar un daño irreparable a 

cualquiera de las partes.23

Respecto a la tramitación de este tipo de casos, la Orden 

Administrativa Núm. 2017-493, Manejo de Casos de Divorcio, 

Tribunal de Primera Instancia, Región Judicial de San Juan; Orden 

Administrativa Núm. 2015-429, Manejo de Casos sobre 

Reclamaciones de Alimentos, Tribunal de Primera Instancia, Región 

Judicial de San Juan, inciso 1.3, expresa que “[d]e advenir el 

alimentista a la mayoría de edad y subsistir su derecho a alimentos 

por razón de estudios, el alimentista deberá sustituir a la persona 

custodia como demandante para continuar su reclamo de alimentos 

dentro del mismo caso”. (Subrayado nuestro).

Lo anterior siempre teniendo presente que la obligación de 

alimentar es personal de cada uno de los progenitores por lo que 

debe ser satisfecha del propio peculio y de forma proporcional a sus 

recursos y a la necesidad del menor.24 El esquema conlleva hacer 

un balance entre los intereses del menor y la capacidad económica 

de los responsables de costear sus necesidades.25 La determinación 

de la cuantía de los alimentos corresponde al prudente arbitrio del 

juzgador, quien debe velar que ésta cumpla con el principio de 

proporcionalidad.26

III.

La citada Regla 52.1 de Procedimiento Civil faculta a este 

tribunal para revisar, por excepción, órdenes o resoluciones 

interlocutorias dictadas por el TPI cuando se recurre de decisiones 

23 Íd., pág. 576.

24 Díaz Rodríguez v. García Neris, supra; Pesquera Fuentes v. Colón Molina, 202 

DPR 93, 108 (2019).

25 Pesquera Fuentes v. Colón Molina, supra.

26 Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa, supra, pág. 561.
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en casos de relaciones de familia. Tras un detenido examen del 

expediente, concluimos que el joven Diego Ronaldo Joaquín Cruz 

presenta un planteamiento meritorio y propicio para dilucidarse en 

esta etapa procesal. Por tanto, ejercemos nuestra discreción y, en 

ánimo de evitar un fracaso de la justicia, expedimos el auto de 

certiorari.

En el presente caso, el TPI relevó al Sr. Juan Marcos Joaquín 

Hidalgo del pago de la obligación alimentaria correspondiente a su 

hijo, Diego Ronaldo Joaquín Cruz, por éste haber alcanzado la 

mayoría de edad. Por el mismo fundamento de mayoridad, el TPI 

determinó, además, que el joven debía presentar un pleito 

independiente para solicitar alimentos entre parientes. Incidió.

Conforme a la normativa jurídica esbozada, regida por el 

principio de economía procesal, el reclamo de alimentos del joven 

Diego Ronaldo Joaquín Cruz debe atenderse dentro del presente 

pleito original que le fijó al recurrido el pago de la pensión 

alimentaria. Consta en el apéndice del recurso la Solicitud de 

Alimentos por Hijo(a) mayor de edad que el joven presentó el 8 de 

enero de 2024, dentro de este pleito. Así también, del sistema de 

Consulta de Casos del Poder Judicial surge un señalamiento de vista 

para el 14 de marzo de 2024, ante el oficial examinador de pensiones 

alimentarias. En dicha vista el tribunal deberá evaluar si el joven 

Diego Ronaldo Joaquín Cruz tiene derecho a continuar recibiendo la 

pensión alimentaria que reclama.

Entretanto, se restituye en un cincuenta por ciento27 la 

pensión alimentaria provisional28 fijada al Sr. Juan Marcos Joaquín

27 La obligación de alimentos a favor de Gustavo Armando Joaquín Cruz cesó el 

8 de noviembre de 2020, mediante Sentencia Parcial emitida por la Hon. Aicza 

Piñeiro Morales. Se toma conocimiento judicial que la solicitud de alimentos de 

Gustavo Armando fue presentada y atendida en el mismo caso original KCU2018-

0553.

28 Resolución del 3 de abril de 2019, estableció la pensión alimentaria provisional 

a favor de Gustavo Armando y Diego Ronaldo. Véase Índice del Apéndice del 

recurso, págs. 20-21.
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Hidalgo en beneficio del joven Diego Ronaldo Joaquín Cruz para que, 

luego del correspondiente trámite, se establezca la pensión 

alimentaria que proceda, atendiendo la obligación dual alimentaria 

de ambos progenitores.

IV.

Por los fundamentos que anteceden, expedimos el auto de 

certiorari y revocamos la orden recurrida. Se deja sin efecto la orden 

del 4 de enero de 2024, que relevó al Sr. Juan Marcos Joaquín 

Hidalgo del pago de la obligación alimentaria correspondiente a su 

hijo Diego Ronaldo Joaquín Cruz, así como la otra orden de igual 

fecha que requirió al joven presentar un pleito independiente sobre 

alimentos entre parientes. 

Al tenor, declaramos con lugar la Moción en Auxilio de 

Jurisdicción.

29

Por tanto, se restituye en un cincuenta por ciento la pensión 

alimentaria provisional establecida en la Resolución del 3 de abril de 

2019 y fijada al Sr. Juan Marcos Joaquín Hidalgo30. La antes 

mencionada pensión alimentaria provisional, será en beneficio 

únicamente del joven Diego Ronaldo Joaquín Cruz para que, luego 

del correspondiente trámite, se establezca la pensión alimentaria 

final que proceda y la obligación dual alimentaria de ambos 

progenitores31.

Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la 

continuación de los procedimientos de manera consistente con lo 

aquí expuesto.

Por último, en atención a la Urgente Moción en Oposición a 

Escrito en torno a Moción Solicitando Auxilio de Jurisdicción del 

29 Esto dispone, a su vez, de la Urgente Moción en Oposición a Escrito en torno a 

Moción Solicitando Auxilio de Jurisdicción del Demandado-Recurrido, presentada 

por Diego Ronaldo Joaquín Cruz el 28 de febrero de 2024.

30 Índice del Apéndice del recurso, págs. 20-21.

31 Se toma conocimiento de la orden emitida el 12 de diciembre de 2023, donde 

señaló una vista final de pensión alimentaria para el 14 de marzo de 2024 a las 

9:30 AM. Índice del Apéndice del recurso, pág. 29.
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recurrido se declara no ha lugar a la Moción de Desestimación

presentada por el señor Joaquín Hidalgo el pasado 27 de febrero de 

2024.

Notifíquese inmediatamente.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones