Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VII

LUIS DANIEL SAMBOLIN Certiorari

ROBLES procedente del

Tribunal de Primera

Peticionario Instancia, Sala de

Guayama

V.

DEPARTAMENTO DE CORRECCIÓN Y

REHABILITACIÓN DE

PUERTO RICO P/C

SECRETARIO DE

JUSTICIA Y OTROS

KLCE2O23O1 101 Sobre:

Mandamus

Caso Número:

GM2022CV00798

Recurrido

L

Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, la

Juez Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio

Domínguez Irizarry, jueza ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de diciembre de 2023.

El peticionario, Luis Daniel Sambolin Robles, comparece ante

nos en forma pauperis para que dejemos sin efecto la determinación

emitida y notificada el 22 de septiembre de 2023, por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala de Guayama. Mediante la misma, el foro

primario determinO que carecía de jurisdicción sobre la materia para

atender la Demanda de epígrafe, la cual fue presentada por el

peticionario en contra del Departamento de Corrección y

Rehabilitación de Puerto Rico; Estado Libre Asociado de Puerto Rico;

Secretario de Justicia; Departamento de Hacienda. Todo, dentro de

un pleito sobre mandamus, en solicitud de un incentivo económico

al amparo de las legislaciones federales: Coronavirus Aid, Relief, and

Economic Security Act, 15 USCA sec. 9041, et seq, (en adelante, por

sus siglas, "Cares Act") y Covid Related Tax Relief Act of 2020, 26

USCA 1, nt. (en adelante, por sus siglas "CRTRA").

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

deniega la expedición del presente auto.

Número Identificador

RES2023_____________
KLCE2O23O11O1 2

I

El 29 de noviembre de 2022, el peticionario presentó ante el

Tribunal de Primera Instancia un escrito intitulado Demanda.' En

el mismo, solicitó como remedio, que el foro primario ordenara al

Departamento de Hacienda el desembolso de un incentivo

económico, según consagrado en las leyes federales: Cares Act y

CRTRA, supra, el cual sostuvo, tenía derecho a recibir.

En esa misma fecha, surgen presentadas otras dos (2)

mociones por el peticionario. Una desde la dirección de una

Institución Penal en Guayama y la otra desde una Institución Penal

localizada en Aguadilla. Estas se intitularon Moción en Solicitud de

Estatus. En esencia, por medio de los referidos escritos requirió se

ordenara al Departamento de Hacienda el desembolso a su favor de

$3,200. De igual modo, informó, que firmó yjuramentó una serie de

documentos requeridos para tal fin.

Así las cosas, el 6 de diciembre de 2022, el foro de origen,

notificó una Orden. Mediante esta, le concedió al peticionario un

término de diez (10) días, so pena de desestimación, para que

informara si había completado la Solicitud de Impacto Económico de

$1,200, $600 y $1,400 del Área de Rentas Internas y Política

Contributiva del Departamento de Hacienda.

El 21 de diciembre de 2022, el peticionario, presentó un

escrito al tribunal primario, mediante el cual informó su traslado a

la Institución Penal de Guayama. En esa misma fecha, surge

presentado otro escrito intitulado Demanda. Mediante este, el

peticionario indicó que había transcurrido un año y tres meses

desde que instó su petitorio de desembolso de asistencia federal.

Además, reiteró su solicitud de orden para que el Departamento de

Hacienda desembolsara la cantidad de $3,200.

Junto a su escrito anejó un documento intitulado Informe de Transacciones del

Confinado.
KLCE2O23O11O1 3

El 10 de enero de 2023, el Tribunal de Primera Instancia dictó

una Sentencia.2 Por medio de su dictamen, el referido foro

desestimO, sin perjuicio, la Demanda de epígrafe, bajo el

fundamento de que el peticionario tenía que cumplir con el

procedimiento creado por el Departamento de Hacienda para estos

casos y agotar dicho remedio. Así, el Tribunal de Instancia precisó

que existía un remedio adecuado que agotar ante el Departamento

de Hacienda para solicitar y poder beneficiarse de los referidos

fondos. Valga destacar que, junto a la Sentencia, se le proveyó al

peticionario el formulario pertinente.

El 26 de enero de 2023, el peticionario presentó al foro

recurrido un escrito intitulado Notificación. Adujo, que el 23 de

diciembre de 2022, fue la fecha en que recibió la notificación de la

Orden que el Tribunal de Primera Instancia había emitido el 5 de

diciembre de 2022. Por ello, sostuvo que, se vio imposibilitado de

contestar dentro del término ordenado por el tribunal.

En atención al escrito, el 27 de enero de 2023, el Tribunal de

L

Primera Instancia emitió una Resolución, mediante la cual, señaló

al peticionario que, junto a la notificación de la Sentencia, se le envió

la Solicitud de Pago de Impacto Económico para que nuevamente la

completara y le diera seguimiento al Departamento de Hacienda.

Así las cosas, el 30 de enero de 2023, el peticionario presentó

al foro de origen una moción intitulada Notificación. En su pliego,

informó que, por conducto de su socio-penal, envió la

documentación requerida al Departamento de Hacienda. Anejó a su

escrito un documento intitulado Cuestionario para los Pagos de

Impacto Económico de Confinados, firmado por un empleado del

Departamento de Corrección y Rehabilitación con fecha del 14 de

2 En la Sentencia se hace alusión a una moción de desestimación la cual no fue

anejada al recurso ni aparece en el Sistema Unificado de Manejo y Administración

de Casos (en lo sucesivo, por sus siglas "SUMAC").
KLCE2O23O11O1 4

septiembre de 2021. Al día siguiente, 31 de enero de 2023, el foro

recurrido notificó una Resolución. En esta, le indicó al peticionario

que debía dar seguimiento a su petitorio en el Departamento de

Hacienda.

Varios meses después, el 21 de septiembre de 2023, el

peticionario presentó nuevamente ante el foro primario un escrito

intitulado Demanda. Por medio de este, arguyó que cumplió con los

documentos requeridos para el desembolso del aludido impacto

económico. Al día siguiente, y luego de evaluado el pliego

presentado, el 22 de septiembre de 2023, el Tribunal de Primera

Instancia notificó la Resolución que nos ocupa. En esta, determinó

que el foro judicial carecía de jurisdicción sobre la materia para

atender el asunto presentado, dado que, la solicitud de impacto

económico debía ser gestionada ante el Departamento de Hacienda.

Inconforme, el 6 de octubre de 2023, el peticionario presentó

ante este Tribunal un escrito intitulado Reconsideración. En su

escrito, el peticionario indica que le presentó al Tribunal de Primera

Instancia copias de planillas que llevó a su sociopenal, respuestas

de remedios administrativos del Departamento de Corrección y

Rehabilitación y cartas dirigidas a dicha agencia. Indica que ha

utilizado todos los mecanismos existentes para resolver su reclamo.

Junto al escrito sólo presentó copia de la Resolución recurrida. Sin

embargo, a pesar del incumplimiento con las exigencias

reglamentarias, hemos examinado, previo a la adjudicación, el

Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos para darle

un acceso a la justicia al peticionario que se encuentra confinado.

H

A

Por su parte, sabido es que el recurso de certiorari es un

vehículo procesal discrecional que permite a un tribunal de mayor

jerarquía revisar las determinaciones de un foro inferior. Rivera
L

KLCE2O23O11Ó1

Gómez y otros y. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR

65, 212 DPR (2023); Mcneil Healthcase y. Mun. Las Piedras II,

206 DPR 659, 672 (2021); 800 Ponce de León y. AIG, 205 DPR 163,

174 (2020); IG Builders et al. y. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338

(2012). Mediante la presentación de un recurso de certiorari, se

pretende la revisión de asuntos interlocutorios que han sido

dispuestos por el foro de instancia en el transcurso y manejo del

caso que atienden. Distinto al ejercicio de sus funciones respecto a

un recurso de apelación, el tribunal al que se recurre mediante el

vehículo procesal del recurso de certiorari tiene discreción para

atender el asunto planteado, ya sea expedir el auto solicitado o

denegarlo. 800 Ponce de León u. AIG, supra; Rivera Figueroa u. Joe's

European Shop, 183 DPR 580, 593 (2011); Pueblo u. Díaz de León,

176 DPR 913, 917 (2009); García u. Padró, 165 DPR324, 334 (2005).

No obstante, «Leji examen que hace el tribunal apelativo, previo a

expedir un certiorari, no se da en el vacío ni en ausencia de otros

parámetros." 800 Ponce de León u. AIG, supra; IG Builders et al. y.

BBVAPR, supra.

La Regla 40 del Reglamento de este Tribunal establece los

L. criterios que debemos considerar al momento de ejercer nuestra

facultad discrecional. Estos son:

A. Si el remedio y la disposición de la decisión

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son

contrarios a derecho.

B. Si la situación de hechos planteada es la más

indicada para el análisis del problema.

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y

manifiesto en la apreciación de la prueba por el

Tribunal de Primera Instancia.

D. Si el asunto planteado exige considración más

detenida a la luz de los autos originales, los cuales

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el

caso es la más propicia para su consideración.
KLCE2O23O11O1 6

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar

causa no causan un fraccionamiento indebido del

pleito y una dilación indeseable en la solución final

del litigio.

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar

causa evita un fracaso de la justicia.

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

Ahora bien, la correcta consecución de la justicia

necesariamente conlleva reconocer a los juzgadores de los foros

primarios un amplio margen de deferencia respecto al ejercicio de

sus facultades adjudicativas dentro del proceso que dirigen. De

ordinario, el criterio judicial empleado en el manejo de un caso al

emitir pronunciamientos de carácter interlocutorio está revestido de

gran autoridad. De ahí la premisa normativa que califica la

tramitación de los asuntos en el tribunal primario como una

inherentemente discrecional del juez. Siendo así, y sin apartarse de

los preceptos pertinentes al funcionamiento del sistema judicial, el

adjudicador concernido está plenamente facultado para conducir el

proceso que atiende conforme le dicte su buen juicio y

discernimiento, siempre al amparo del derecho aplicable. In re

Collazo I, 159 DPR 141, 150 (2003); Vives Vázquez y. E.L.A., 142

DPR 117, 142 (1987). Cónsono con ello, sabido es que los tribunales

apelativos no «deben intervenir con determinaciones emitidas por el

foro primario y sustituir el criterio utilizado por éste en el ejercicio

de su discreción, salvo que se pruebe que actuó con prejuicio o

parcialidad incurrió en craso abuso de discreción o en error

manifiesto". Citibank et al y. ACBIet al., 200 DPR 724, 736 (2018).

La discreción es el más poderoso instrumento reservado al juzgador.

Rodríguez y. Pérez, 161 DPR 637, 651(2004). Al precisar su alcance,

el estado de derecho lo define como la autoridad judicial para decidir

entre uno o varios cursos de acción, sin que ello signifique

abstraerse del resto del derecho. Citibank et al y. ACBI et al.,

supra. Su más adecuado ejercicio está inexorablemente atado al
KLCE2O23O11O1 7

concepto de la razonabilidad, de modo que el discernimiento judicial

empleado redunde en una conclusión justiciera. Citibank et al y.

ACBI et al., supra; Medina Nazario y. McNeil Healthcare LLC, 194

DPR 723, 729 (2016); García y. Asociación, 165 DPR 311, 321

(2005). En consecuencia, la doctrina establece que un tribunal

incurre "en abuso de discreción cuando el juez: ignora sin

fundamento algún hecho material; cuando [el juez] le concede

demasiado peso a un hecho inmaterial y funda su decisión

principalmente en ese hecho irrelevante, o cuando éste, a pesar de

examinar todos los hechos del caso, hace un análisis liviano y la

determinación resulta irrazonable". Citibank et al y. ACBI et al.,

supra, pág. 736.

De otro lado, el auto de mandamus es un recurso

L

extraordinario altamente privilegiado y discrecional, cuya

expedición persigue ordenar, a determinada persona natural,

corporación, o tribunal de inferior jerarquía, el cumplimiento o la

ejecución de algún acto propio a sus deberes y atribuciones. Artículo

649 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA sec.

3421; Kilómetro 0v. Pesquera López et al., 207 DPR 200, 214 (2021);

AMPR y. Srio. Educación, E.L.A., 178 DPR 253, 263 (2010); Noriega

y. Hernández Colón, 135 DPR 406, 447 (1994). El referido

mecanismo resulta idóneo para exigir la realización de una

obligación impuesta por ley, siempre que no exista otro remedio a

tal fin. Sin embargo, la misma debe ser una de naturaleza

ministerial, calificación que implica la inadmisibilidad de discreción

alguna en su ejercicio. Alvarez de Choudens y. Tribunal Superior,

:103 DPR 235, 242 (1975). Así, el deber de que trate tiene que ser

uno mandatorio e imperativo. AMPR y. Srio. Educación, E.L.A.,

supra, pág. 263. De este modo, su ejecución debe ser una

claramente definida, es decir, que "la ley no sólo debe autorizar, sino
KLCE2O23O11O1 8

exigir la acción requerida." Id., pág. 264, citando a R. Hernández

Colón, Derecho Procesal Civil, 4ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis de

Puerto Rico, 2007, pág. 477.

El recurso discrecional de mandamus está disponible, no para

reemplazar los remedios legales alternos que provean para lo

solicitado, sino para suplir la falta de los mismos. AMPR y. Srio.

Educación, E.L.A., supra, pág. 266-267. Así pues, en la

consideración de la referida tarea adjudicativa, el tribunal

competente debe considerar lo siguiente: 1) el posible impacto que

pueda tener sobre los intereses públicos involucrados; 2) evitar una

intromisión indebida en los procedimientos del poder ejecutivo y; 3)

que el auto no se preste a confusión o perjuicios de los derechos de

terceros. Íd, a la página 268; Báez Galib y otros y. CEE II, 152 DPR

382, 392 (2000).

Ahora bien, en lo aquí pertinente, destacamos que su eficacia

jurídica está supeditada al cumplimiento de ciertos requisitos de

forma y contenido debidamente estatuidos en el ordenamiento

jurídico. Al respecto, la Regla 54 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. y, R. 54, dispone como sigue:

El auto de mandamus tanto perentorio como

alternativo, podrá obtenerse presentando una solicitud

jurada al efecto. Cuando se solicite dicho remedio y el

derecho a exigir la inmediata ejecución de un acto sea

evidente y aparezca que no se podrá dar ninguna

excusa para no ejecutarlo, el tribunal podrá ordenar

perentoriamente la concesión del remedio; de otro

modo, ordenará que se presente una contestación y tan

pronto sea conveniente, celebrará una vista, recibiendo

prueba, si es necesario, y dictará su decisión

prontamente. Se obtendrá el cumplimiento de las

órdenes dictadas por el tribunal del mismo modo en que

se exige el cumplimiento de cualquier otra orden.

Por su parte, como regla general, previo a acudir al tribunal

mediante el mecanismo de mandamus, la parte interesada debe

haber interpelado al funcionario responsable de cumplir la

obligación ministerial que se exige. Bhatia Gautier y. Gobernador,

199 DPR 59, 75 (2017); AMPR y. Srio. Educación, E.L.A., supra.
KLCE2O23O11O1 9

HI

El peticionario presentó ante este Foro un recurso intitulado

Reconsideración, el cual solo consta de una página y media. En su

escrito, tal cual previamente esbozado, el peticionario nos solicitó

que revisáramos una Resolución postsentencia emitida por el

tribunal primario, mediante la cual, dicho foro determinó que

carecía de jurisdicción para atender la controversia presentada.

Acoger un recurso de certiorari implica analizar

minuciosamente la Regla 40, supra, para determinar si de sus

disposiciones se desprende algún criterio que nos permita imponer

nuestro juicio sobre las consideraciones de hechos y de derecho del

foro de origen. Así pues, tras examinar de forma cuidadosa los

documentos de autos, determinamos que no existe criterio jurídico

que amerite nuestra intervención con lo resuelto por el Tribunal de

Primera Instancia. Al entender sobre el planteamiento que el

peticionario propone ante este Foro, y al evaluar los requisitos para

la presentación eficaz de un recurso de mandamus, concluimos que

la sala de origen no incurrió en error de derecho ni en abuso de

discreción al dictaminar la Resolución que nos ocupa.

Según se fue esbozado, el mandamus es un recurso

extraordinario. Para que este proceda, se requiere que el peticionario

demuestre que previamente interpeló al Departamento concernido y

que su requerimiento no fue debidamente atendido. Romero,

Valentín y. Cruz, CEE et al, 205 DPR 972, 985 (2020). De igual modo,

deberá demostrar el derecho de exigir la inmediata ejecución de un

acto. Asimismo, el mandamus, tiene como requisito que sea

presentado mediante una petición jurada, lo cual no se desprende

de los documentos ante nuestra consideración.

De otra parte, surge del tracto procesal expuesto, que el

Tribunal de Primera Instancia ha orientado al peticionario de cómo

realizar la gestión del aludido desembolso económico ante el
KLCE2O23O11O1 lo

Departamento de Hacienda. Aún más, cuando notificó la Sentencia

el 10 de enero de 2023 le proveyó el formulario requerido por el

Departamento de Hacienda para tal fin. El mero hecho de que el

peticionario haya presentado el Cuestionario para los Pagos de

Impacto Económico de Confinados al Departamento de Corrección y

Rehabilitación, en el año 2021, no implica que, automáticamente,

los tribunales puedan emitir un mandamus.

Orientamos por este medio al peticionario de que deberá

demostrar al tribunal que cumplimentó el formulario requerido ante

el Departamento de Hacienda y que cumple con los criterios para

ser merecedor del desembolso solicitado, según la ley aplicable.

Por tanto, en mérito de lo anterior, denegamos expedir el auto

solicitado, dado que, no existen criterios legales para intervenir y

sustituir el criterio utilizado por el Tribunal de Primera Instancia en

el ejercicio de su discreción.

Iv

Por los fundamentos expuestos, denegamos el recurso de

certiorari presentado

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal.

La Jueza Grana Martínez disiente con opinión escrita.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones
Estado LibreAsociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANELVH

LUIS DANIEL SAMBOLIN Certiorari

ROBLES procedente del

Tribunál de Primera

Peticionario Instancia, Sala de

Guayama

V.

DEPARTAMENTO DE CORRECCIÓN Y

REHABILITACIÓN DE

PUERTO RICO F/c

SECRETARIO DE

JUSTICIA Y ÓTROS

Sobre:

KLCE2O23O 1101 Mandamus

Caso Número:

GM2022CV00798

Recurrido

Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, la

Juez Grana Martinez y el Juez Perez Ocasio

VOTO DISIÚEÑTE DE GRANA MARTÍNEZ

El 29 de noviembre de 2022, el señor Sambolín Robles o

peticionario, presentó ante el Tribunal de Primera Instancia varios

escritos que, en esencia, suplicaban al foro recurrido ayuda para

obtener un reembolso por parte del Departamento de Hacienda.

Arguyó que, desde junio de 2021, había hecho todas las gestiones

pertinentes para solicitar la ayuda, había enviado carta al

Departamento de Hacienda, sin que este atendiera su reclamo.

Reclamó la ayuda del tribunal por no tener familia que le asistiera

en dichos trámites. Así las cosas, el 6 de diciembre de 2022, el TPI

concedió el término de diez (10) días al señor Sambolín Robles para

informar si completó la «solicitud de pago de impacto económico de

$1,200, $600 y $1,400" del área de rentas internas y política

contributiva, del Departamento de Hacienda, como requisito previo

de presentar la demanda de mandamus, so pena de desestimación.'

Se diligenciaron emplazamientos al Departamento de Corrección y

al Departamento de Hacienda.

1 La alegación principal del peticionario en su escrito titulado Notificación era que

la había completado.
KLCE2O23O1 101 4

evidencia de haber cuiplimentado el Formulario del Departamento

de Hacienda de soliciti.d de los fOndos, el 14 de septiembre de 2021.

¿Para qué insistir en c'ue complete una solicitud que consta en el

expediente electrónico ue lleno? Para este tribunal, tal evidencia no

justifica la expedición de un mandamus, por lo que deniegan el

recurso presentado N obstante, y a pesar de denegar el mismo,

analizan e intiman a4 peticionario a demostrar al tribunal que

cumplimentó el formi4dario requerido ante el Departamento de

Hacienda y que cumpe con los criterios para ser merecedor del

desembolso solicitado. o puedo avalar tal curso de acción.

Aspiro a [p]ropicir un sistema de justicia en el que se provea

acceso inmediato y ectonómico para atender los reclamos de la

ciudadnía, que sea sëilsible a la realidad particular de los ditintos

componentes de nuesta sociedad, y que informe a la ciudadanía

sObre sus derechos y responsabilidades, así como de todos los

aspectos del proceso jdicial." El mandato constitucional para los

jueces es que el sistem de justicia sea de la mejor calidad, rápido,

económico y accesible. rara lograr ese propósito, se han modificado

procesos e incorporado! nuevas herramientas, se ha intensificado el

uso de tecnologia elec ronica,2 metodos alternos de solucion de

disputas, con desvio de casos de su entorno contencioso,

/

consolidación de sesión1es del Tribunal de Primera Instancia, acceso

a justicia apelativa, y l establecimientó de metas que agilicen el

manejo de los casos y s1u procesamiento.3

Específicamente, se le pide a la judicatura; [ser] independiente

y accesible a la ci

sensible y con un

i; prestar servicios de manera equitativa,

humanista y operar bajo sistemas para el

2 SUMAC.

3 Exposición de Motivos, Ley

Rico de 2003, Ley Núm. 201

la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto

03, según enmendada, 4 LPRA sec. 4 et seq.
KLCE2O23O11O1 5

manejo de casos de forma efectiva y rapida, sin menoscabar los

derechos sustantivos y procesales de la ciudadanía.4

Estoy consciente de que el recurso es, en extremo escueto,

que no. hizo un solo señalamiento de error, mucho menos lo discutió.

Pero distingo claramente que lo que se nos pide es que obligue al

Departamento de Hacienda a cumplir con su deber ministerial de

evaluar su elegibilidad para recibir los fondos del Cares Act., que

fueron concedidos a los miembros de las instituciones carcelarias

que cumplían con ciertos çriterios5

El Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) ha identificado en

la litigación por derecho propio, la situación particular de las

personas que están privadas de, su libertad. Ha rçconocido

características muy particulares que inciden en la litigación de los

confinados. El TSPR lo ha vinculado al llamado de la Ley de la

Judicatura a ser ensible a la realidad particular de los distintos

componentes de la sociedad. Álamo Romero y. Adrn. Corrección, 175

314, 322 (2009). A tal fin, ha rechazado, expresamente, la

aplicación automática e inflexible de los requisitos reglamentarios

que prive a un litigante de su derecho de acceso a los tribunales.

Álamo Romero y. Adm. Corrección, supra; Gran Vista I y. Gutiérrez

Santiago y otros, 170 DPR 174, 186 (2007); Rodríguez y. Sucn.

Martínez, 151 DPR 906, 913 (2000). Se ha considerado, entre otras

cosas, la falta de control por parte de los reclusos sobre el manejo

de su correspondencia como parte de la problematica relacionada al

confinamiento. Álamo Romero u. Adm. Corrección, supra. Como

consecuencia, entre otras, el TSPR ha dispuesto que, en los casos

de revisión judicial de decisiones administrativas de la

4 LPRA sec. 24a (a).

Para la absoluta comprensión de esta controversia, he accedido al Sistema

Unificado de Manejo y Administración de casos (SUMAC). Herramienta

tecnológica que nos permite dispensar una justicia más rápida y completa.

SUMAC responde al mandato de mejoramiento de acceso a la justicia mediante el

uso de la tecnología.
KLCE2O23O11O1 6

Administración de Crrección en procedimientos disciplinarios

instados por reclusosl por derecho propio, se entenderá que el

recurso fue presentaco en la fecha de entrega a la institución

carcelaria. Aidmo Rornro y. Adm Corrección, supra, pág. 323. Y es

qué el hecho de estar rivado de su libertad no implica que estén

fuera del alcance de la Constitución. Ellos "poseen aquellos

derechos que no resi4lten incompatibles con los propósitos del

confinamiento". ÁlamoiRomero u. Adm. Corrección, supra, pág. 331;

Pueblo u. Falú Martíne4 116 DPR 828, 836 (1986).

Existe una polítka de facilitar el acceso alajusticia. Concluyo

que no estathos ante ui caso frívolo, ni pretendo guiar los trabajos

del foro primario. Mas bien mi propuesta persigue ser accesible a la

ciudadanía, prestandd servicios de manera sensible y con un

enfoque humanista, d1e manera efectiva y rápida. Al expedir y

revocar, según proponigo, de manera alguna se menoscaban los

derechos sustantivos procesales de la ciudadanía. Mas bien,

evitamos la radicación y tramitación de otro recurso ante el foro

primario para solici

peticionario a los efi

lo que me queda claro, la evaluación del

s de determinar si cualifica para recibir la

K

ayuda federal.

En San Juan, Puerto

Jueza

o, a 11 de diciembre de 2023.

ce M. Grana Martínez

el Tribunal de Apelaciones