# Diario Oficial L 203/2016

| | ISSN 1977-0685 |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | L 203 |
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| Edición en lengua española | Legislación | 59.° año28 de julio de 2016 |

ISSN 1977-0685

Diario Oficial

de la Unión Europea

L 203

Edición en lengua española

Legislación

59.° año28 de julio de 2016

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| Sumario | | II   Actos no legislativos | Página |
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| | | DECISIONES |
| | * | Decisión (UE) 2016/1208 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2015, relativa a la ayuda estatal SA.39451 (2015/C) (ex 2015/NN) ejecutada por Italia en favor de Banca Tercas
  [notificada con el número C(2015) 9526]

   (
  1
  ) | 1 |
| | * | Decisión de Ejecución (UE) 2016/1209 de la Comisión, de 12 de julio de 2016, por la que se sustituye el anexo de la Decisión de Ejecución 2013/115/UE de la Comisión relativa al Manual SIRENE y otras medidas de ejecución para el Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II)
  [notificada con el número C(2016) 4283] | 35 |

Sumario

II   Actos no legislativos

Página

DECISIONES

*

Decisión (UE) 2016/1208 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2015, relativa a la ayuda estatal SA.39451 (2015/C) (ex 2015/NN) ejecutada por Italia en favor de Banca Tercas
  [notificada con el número C(2015) 9526]

   (
  1
  )

[notificada con el número C(2015) 9526]

1

1

*

Decisión de Ejecución (UE) 2016/1209 de la Comisión, de 12 de julio de 2016, por la que se sustituye el anexo de la Decisión de Ejecución 2013/115/UE de la Comisión relativa al Manual SIRENE y otras medidas de ejecución para el Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II)
  [notificada con el número C(2016) 4283]

[notificada con el número C(2016) 4283]

35

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| | (1)   Texto pertinente a efectos del EEE |

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(1)   Texto pertinente a efectos del EEE

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| ES | Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y que tienen generalmente un período de validez limitado.
  Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos de un asterisco son todos los demás actos. |
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ES

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y que tienen generalmente un período de validez limitado.

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos de un asterisco son todos los demás actos.

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II Actos no legislativos

DECISIONES

| 28.7.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 203/1 |
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28.7.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 203/1

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DECISIÓN (UE) 2016/1208 DE LA COMISIÓN

de 23 de diciembre de 2015

relativa a la ayuda estatal SA.39451 (2015/C) (ex 2015/NN) ejecutada por Italia en favor de Banca Tercas

[notificada con el número C(2015) 9526]

(El texto en lengua italiana es el único auténtico)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

LA COMISIÓN EUROPEA

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 108, apartado 2, apartado 1,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y, en particular, su artículo 62, apartado 1, letra a),

Después de haber emplazado a los interesados para que presentaran sus observaciones, de conformidad con los citados artículos (1),

Considerando lo siguiente:

1.   PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO

| (1) | La Comisión se ha enterado por la prensa y a través de las páginas web del banco Tercas-Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo SpA y del sistema de garantía de depósitos italiano (en lo sucesivo, «el sistema de garantía de depósitos»), a saber, el Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (en lo sucesivo, «el FITD» o «el Fondo») de las intervenciones de apoyo del FITD a favor del banco. |
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(1)

La Comisión se ha enterado por la prensa y a través de las páginas web del banco Tercas-Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo SpA y del sistema de garantía de depósitos italiano (en lo sucesivo, «el sistema de garantía de depósitos»), a saber, el Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (en lo sucesivo, «el FITD» o «el Fondo») de las intervenciones de apoyo del FITD a favor del banco.

| (2) | Los días 8 de agosto de 2014 y 10 de octubre de 2014, la Comisión solicitó información a las autoridades italianas, que respondieron el 16 de septiembre de 2014 y el 14 de noviembre de 2014. |
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(2)

Los días 8 de agosto de 2014 y 10 de octubre de 2014, la Comisión solicitó información a las autoridades italianas, que respondieron el 16 de septiembre de 2014 y el 14 de noviembre de 2014.

| (3) | Mediante carta de 27 de febrero de 2015 (en lo sucesivo, «la Decisión de incoar el procedimiento»), la Comisión informó a Italia de su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 108, apartado 2, del Tratado con respecto a la ayuda en cuestión. |
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(3)

Mediante carta de 27 de febrero de 2015 (en lo sucesivo, «la Decisión de incoar el procedimiento»), la Comisión informó a Italia de su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 108, apartado 2, del Tratado con respecto a la ayuda en cuestión.

| (4) | La Decisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el 24 de abril de 2015 (2). La Comisión invitó a los interesados a presentar sus observaciones sobre la ayuda en cuestión. |
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(4)

La Decisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el 24 de abril de 2015 (2). La Comisión invitó a los interesados a presentar sus observaciones sobre la ayuda en cuestión.

Diario Oficial de la Unión Europea

2

| (5) | El 2 de abril de 2015, la Comisión recibió las observaciones de las autoridades italianas. |
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(5)

El 2 de abril de 2015, la Comisión recibió las observaciones de las autoridades italianas.

| (6) | El 22 de mayo de 2015, la Comisión recibió observaciones de dos Partes interesadas, a saber, Tercas-Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo SpA y Banca Popolare di Bari S.C.p.A. (en lo sucesivo, «BPB»). |
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(6)

El 22 de mayo de 2015, la Comisión recibió observaciones de dos Partes interesadas, a saber, Tercas-Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo SpA y Banca Popolare di Bari S.C.p.A. (en lo sucesivo, «BPB»).

| (7) | Ese mismo día, recibió asimismo las observaciones del Banco de Italia (en lo sucesivo, «BdI») y del FITD. |
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(7)

Ese mismo día, recibió asimismo las observaciones del Banco de Italia (en lo sucesivo, «BdI») y del FITD.

| (8) | Por carta de 9 de junio de 2015, la Comisión transmitió dichas observaciones a Italia, dándole la oportunidad de presentar sus comentarios. Italia informó a la Comisión de que no tenía ningún comentario que hacer a las observaciones transmitidas. |
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(8)

Por carta de 9 de junio de 2015, la Comisión transmitió dichas observaciones a Italia, dándole la oportunidad de presentar sus comentarios. Italia informó a la Comisión de que no tenía ningún comentario que hacer a las observaciones transmitidas.

| (9) | El 13 de agosto y el 17 de septiembre de 2015, respectivamente, se celebraron dos reuniones con las autoridades italianas y los interesados durante las cuales Italia desarrolló los argumentos presentados en sus anteriores comunicaciones oficiales. |
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(9)

El 13 de agosto y el 17 de septiembre de 2015, respectivamente, se celebraron dos reuniones con las autoridades italianas y los interesados durante las cuales Italia desarrolló los argumentos presentados en sus anteriores comunicaciones oficiales.

2.   CONTEXTO

CONTEXTO

2.1.   Tercas

Tercas

| (10) | Tercas-Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo SpA es la empresa matriz de un grupo bancario («Tercas») que opera principalmente en la región de los Abruzos. A finales de 2011, el principal accionista de la empresa matriz era la Fundación Tercas, que a la sazón poseía el 65 % de la empresa matriz. |
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(10)

Tercas-Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo SpA es la empresa matriz de un grupo bancario («Tercas») que opera principalmente en la región de los Abruzos. A finales de 2011, el principal accionista de la empresa matriz era la Fundación Tercas, que a la sazón poseía el 65 % de la empresa matriz.

| (11) | A finales de 2011, Tercas incluía Banca Caripe S.p.A. (en lo sucesivo, «Caripe»), un banco regional que operaba principalmente en la región de los Abruzos y que había sido adquirido por Tercas a finales de 2010 (con un 90 % de las acciones) y se había integrado en los estados financieros consolidados de Tercas. Tercas disponía de un capital de 50 millones EUR y de reservas por valor de 311 millones EUR. |
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(11)

A finales de 2011, Tercas incluía Banca Caripe S.p.A. (en lo sucesivo, «Caripe»), un banco regional que operaba principalmente en la región de los Abruzos y que había sido adquirido por Tercas a finales de 2010 (con un 90 % de las acciones) y se había integrado en los estados financieros consolidados de Tercas. Tercas disponía de un capital de 50 millones EUR y de reservas por valor de 311 millones EUR.

| (12) | A finales de 2011, Tercas tenía un total de 5 300 millones EUR en activos consolidados, 4 500 millones EUR en créditos netos a clientes, 2 700 millones EUR en deudas contraídas con los clientes, 165 sucursales y 1 225 empleados. |
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(12)

A finales de 2011, Tercas tenía un total de 5 300 millones EUR en activos consolidados, 4 500 millones EUR en créditos netos a clientes, 2 700 millones EUR en deudas contraídas con los clientes, 165 sucursales y 1 225 empleados.

| (13) | El 17 de abril de 2012, tras una inspección a Tercas (3), el Banco de Italia propuso al Ministro de Economía y Hacienda someter a Tercas a administración extraordinaria sobre la base del artículo 70 del Testo Unico Bancario (en lo sucesivo, «el TUB»). |
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(13)

El 17 de abril de 2012, tras una inspección a Tercas (3), el Banco de Italia propuso al Ministro de Economía y Hacienda someter a Tercas a administración extraordinaria sobre la base del artículo 70 del Testo Unico Bancario (en lo sucesivo, «el TUB»).

3

Testo Unico Bancario

| (14) | El 30 de abril de 2012, el Ministro de Economía y Hacienda adoptó un Decreto para someter a administración extraordinaria al banco Tercas (4). El Banco de Italia nombró un administrador extraordinario para comprobar la situación, poner fin a las irregularidades y promover soluciones adecuadas en favor de los depositantes. |
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(14)

El 30 de abril de 2012, el Ministro de Economía y Hacienda adoptó un Decreto para someter a administración extraordinaria al banco Tercas (4). El Banco de Italia nombró un administrador extraordinario para comprobar la situación, poner fin a las irregularidades y promover soluciones adecuadas en favor de los depositantes.

4

| (15) | El administrador extraordinario de Tercas barajó diversas opciones para solventar las dificultades de Tercas. Inicialmente, se consideraron dos opciones para la recapitalización de Tercas, a saber, la intervención de la Fundación Tercas (principal accionista de Tercas) o de la entidad Credito Valtellinese (con una participación del 7,8 %), pero estas opciones se descartaron posteriormente. |
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(15)

El administrador extraordinario de Tercas barajó diversas opciones para solventar las dificultades de Tercas. Inicialmente, se consideraron dos opciones para la recapitalización de Tercas, a saber, la intervención de la Fundación Tercas (principal accionista de Tercas) o de la entidad Credito Valtellinese (con una participación del 7,8 %), pero estas opciones se descartaron posteriormente.

| (16) | En octubre de 2013, de acuerdo con el Banco de Italia, el administrador extraordinario de Tercas mantuvo contactos con BPB, que había manifestado su interés en una aportación de capital a Tercas a condición de que los activos de Tercas y Caripe fueran sometidos a una investigación de diligencia debida (due-diligence) y el FITD cubriera completamente el déficit patrimonial de Tercas. |
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(16)

En octubre de 2013, de acuerdo con el Banco de Italia, el administrador extraordinario de Tercas mantuvo contactos con BPB, que había manifestado su interés en una aportación de capital a Tercas a condición de que los activos de Tercas y Caripe fueran sometidos a una investigación de diligencia debida (due-diligence) y el FITD cubriera completamente el déficit patrimonial de Tercas.

due-diligence

| (17) | El 25 de octubre de 2013, sobre la base del artículo 29 de los estatutos del FITD, el administrador extraordinario de Tercas presentó al FITD una demanda de intervención de apoyo de hasta 280 millones EUR, que incluía una recapitalización para cubrir el déficit patrimonial de Tercas a 30 de septiembre de 2013 y el compromiso por parte del FITD de adquirir los activos deteriorados. |
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(17)

El 25 de octubre de 2013, sobre la base del artículo 29 de los estatutos del FITD, el administrador extraordinario de Tercas presentó al FITD una demanda de intervención de apoyo de hasta 280 millones EUR, que incluía una recapitalización para cubrir el déficit patrimonial de Tercas a 30 de septiembre de 2013 y el compromiso por parte del FITD de adquirir los activos deteriorados.

| (18) | En su reunión de 28 de octubre de 2013, el Comité de Gestión del FITD decidió intervenir en apoyo de Tercas con arreglo al artículo 96 ter, apartado 1, letra d), del TUB, por un importe máximo de 280 millones EUR. El 29 de octubre de 2013, el Consejo del FITD ratificó la decisión a favor de la intervención. |
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(18)

En su reunión de 28 de octubre de 2013, el Comité de Gestión del FITD decidió intervenir en apoyo de Tercas con arreglo al artículo 96 ter, apartado 1, letra d), del TUB, por un importe máximo de 280 millones EUR. El 29 de octubre de 2013, el Consejo del FITD ratificó la decisión a favor de la intervención.

ter

| (19) | El 30 de octubre de 2013, el FITD pidió al Banco de Italia la autorización para llevar a cabo dicha intervención de apoyo, que el Banco de Italia le concedió el 4 de noviembre de 2013. No obstante, al final, el FITD no llevó a cabo esta operación de apoyo. |
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(19)

El 30 de octubre de 2013, el FITD pidió al Banco de Italia la autorización para llevar a cabo dicha intervención de apoyo, que el Banco de Italia le concedió el 4 de noviembre de 2013. No obstante, al final, el FITD no llevó a cabo esta operación de apoyo.

| (20) | El 18 de marzo de 2014, la investigación de diligencia debida sobre los activos de Tercas concluyó con un desacuerdo entre los expertos del FITD y los del grupo bancario («BPB») controlado por la empresa matriz Banca Popolare di Bari S.C.p.A. Las Partes resolvieron la controversia acordando la intervención de un árbitro, propuesto por el Banco de Italia. La investigación de diligencia debida puso de manifiesto nuevas correcciones del valor de los activos. |
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(20)

El 18 de marzo de 2014, la investigación de diligencia debida sobre los activos de Tercas concluyó con un desacuerdo entre los expertos del FITD y los del grupo bancario («BPB») controlado por la empresa matriz Banca Popolare di Bari S.C.p.A. Las Partes resolvieron la controversia acordando la intervención de un árbitro, propuesto por el Banco de Italia. La investigación de diligencia debida puso de manifiesto nuevas correcciones del valor de los activos.

| (21) | El 1 de julio de 2014, el FITD presentó al Banco de Italia una segunda solicitud de autorización para realizar una intervención de apoyo a Tercas, pero con nuevas condiciones. |
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(21)

El 1 de julio de 2014, el FITD presentó al Banco de Italia una segunda solicitud de autorización para realizar una intervención de apoyo a Tercas, pero con nuevas condiciones.

| (22) | El Banco de Italia autorizó dicha intervención de apoyo con las nuevas condiciones el 7 de julio de 2014 (5). |
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(22)

El Banco de Italia autorizó dicha intervención de apoyo con las nuevas condiciones el 7 de julio de 2014 (5).

5

| (23) | El Banco de Italia autorizó al administrador extraordinario de Tercas a convocar una reunión extraordinaria de accionistas de Tercas el 27 de julio de 2014 para decidir sobre la cobertura de las pérdidas registradas durante la administración extraordinaria y el consiguiente incremento de capital de 230 millones EUR, reservado a BPB. |
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(23)

El Banco de Italia autorizó al administrador extraordinario de Tercas a convocar una reunión extraordinaria de accionistas de Tercas el 27 de julio de 2014 para decidir sobre la cobertura de las pérdidas registradas durante la administración extraordinaria y el consiguiente incremento de capital de 230 millones EUR, reservado a BPB.

| (24) | Las pérdidas de Tercas durante el período que va del 1 de enero de 2012 al 31 de marzo de 2014 ascendieron a 603 millones EUR. Así pues, el 31 de marzo de 2014, debido a la devaluación íntegra de la posición patrimonial residual, equivalente a 337 millones EUR, los fondos propios de Tercas eran negativos y ascendían a — 266 millones EUR (6). |
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(24)

Las pérdidas de Tercas durante el período que va del 1 de enero de 2012 al 31 de marzo de 2014 ascendieron a 603 millones EUR. Así pues, el 31 de marzo de 2014, debido a la devaluación íntegra de la posición patrimonial residual, equivalente a 337 millones EUR, los fondos propios de Tercas eran negativos y ascendían a — 266 millones EUR (6).

6

| (25) | El 27 de julio de 2014, la junta general de accionistas de Tercas decidió: (7)







  1) | cubrir parcialmente las pérdidas mediante, entre otras cosas, la reducción del capital y la cancelación de todas las acciones ordinarias en circulación, y |
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(25)

El 27 de julio de 2014, la junta general de accionistas de Tercas decidió: (7)

7

1)

cubrir parcialmente las pérdidas mediante, entre otras cosas, la reducción del capital y la cancelación de todas las acciones ordinarias en circulación, y

| 2) | ampliar el capital hasta 230 millones EUR con la emisión de nuevas acciones ordinarias reservada a BPB; la ampliación de capital se llevó a cabo el 27 de julio de 2014 y se pagó compensando parcialmente un crédito de 480 millones EUR de BPB a Tercas (correspondiente a una financiación concedida por BPB el 5 de noviembre de 2013). |
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2)

ampliar el capital hasta 230 millones EUR con la emisión de nuevas acciones ordinarias reservada a BPB; la ampliación de capital se llevó a cabo el 27 de julio de 2014 y se pagó compensando parcialmente un crédito de 480 millones EUR de BPB a Tercas (correspondiente a una financiación concedida por BPB el 5 de noviembre de 2013).

| (26) | En septiembre de 2014, Tercas recapitalizó su filial Caripe con una aportación de capital de 75 millones EUR. |
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(26)

En septiembre de 2014, Tercas recapitalizó su filial Caripe con una aportación de capital de 75 millones EUR.

| (27) | El 1 de octubre de 2014, concluyó la administración extraordinaria de Tercas y BPB procedió al nombramiento de los nuevos órganos sociales. |
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(27)

El 1 de octubre de 2014, concluyó la administración extraordinaria de Tercas y BPB procedió al nombramiento de los nuevos órganos sociales.

| (28) | El 30 de septiembre de 2014, al término del período de administración extraordinaria, Tercas disponía de 2 994 millones EUR en activos, 2 198 millones EUR en deudas contraídas con los clientes, 1 766 millones EUR en préstamos netos productivos, 716 millones EUR en provisiones para préstamos de dudoso cobro y 182 millones EUR de capital total de nivel 1 (8). |
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(28)

El 30 de septiembre de 2014, al término del período de administración extraordinaria, Tercas disponía de 2 994 millones EUR en activos, 2 198 millones EUR en deudas contraídas con los clientes, 1 766 millones EUR en préstamos netos productivos, 716 millones EUR en provisiones para préstamos de dudoso cobro y 182 millones EUR de capital total de nivel 1 (8).

8

| (29) | En marzo de 2015, BPB firmó una nueva ampliación de capital de Tercas por un importe de 135,4 millones EUR (incluidos 40,4 millones EUR para la filial Caripe) con el fin de hacer frente a nuevas pérdidas sufridas en el 4.o trimestre de 2014, cubrir los costes de reestructuración en 2015 y 2016 y mejorar las ratios de capital de Tercas. |
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(29)

En marzo de 2015, BPB firmó una nueva ampliación de capital de Tercas por un importe de 135,4 millones EUR (incluidos 40,4 millones EUR para la filial Caripe) con el fin de hacer frente a nuevas pérdidas sufridas en el 4.o trimestre de 2014, cubrir los costes de reestructuración en 2015 y 2016 y mejorar las ratios de capital de Tercas.

o

2.2.   BPB

BPB

| (30) | Banca Popolare di Bari S.C.p.A. es la empresa matriz del grupo bancario BPB. BPB opera principalmente en el sur de Italia. A finales de 2013, BPB tenía activos por un total de 10 300 millones EUR, 6 900 millones EUR de créditos sobre clientes, 6 600 millones EUR de deudas contraídas con los clientes, 247 sucursales y 2 206 empleados, un coeficiente de capital de nivel 1 del 8,1 % y una ratio de capital total del 11 %. |
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(30)

Banca Popolare di Bari S.C.p.A. es la empresa matriz del grupo bancario BPB. BPB opera principalmente en el sur de Italia. A finales de 2013, BPB tenía activos por un total de 10 300 millones EUR, 6 900 millones EUR de créditos sobre clientes, 6 600 millones EUR de deudas contraídas con los clientes, 247 sucursales y 2 206 empleados, un coeficiente de capital de nivel 1 del 8,1 % y una ratio de capital total del 11 %.

| (31) | En diciembre de 2014, BPB realizó una ampliación de capital de 500 millones EUR, que incluía la emisión de nuevas acciones por un importe máximo de 300 millones EUR y la emisión de un préstamo subordinado de nivel 2 por un importe máximo de 200 millones EUR. Esta ampliación de capital sirvió para fortalecer las ratios de capital de BPB afectadas por la compra de Tercas. |
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(31)

En diciembre de 2014, BPB realizó una ampliación de capital de 500 millones EUR, que incluía la emisión de nuevas acciones por un importe máximo de 300 millones EUR y la emisión de un préstamo subordinado de nivel 2 por un importe máximo de 200 millones EUR. Esta ampliación de capital sirvió para fortalecer las ratios de capital de BPB afectadas por la compra de Tercas.

2.3.   El contexto de los sistemas de garantía de depósitos italianos y el FITD

El contexto de los sistemas de garantía de depósitos italianos y el FITD

| (32) | De conformidad con la Directiva 94/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (9), en vigor en el momento en que se produjo la intervención del FITD con respecto a Tercas, ninguna entidad de crédito podrá recibir depósitos a menos que sea miembro de uno de los sistemas de garantía de depósitos reconocidos oficialmente (10). El artículo 96 del TUB dispone que «los bancos italianos pertenecen a uno de los sistemas de garantía de depósitos establecidos y reconocidos en Italia. Las cooperativas de crédito deberán pertenecer al sistema de garantía de depósitos establecidos en su zona» (11). |
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(32)

De conformidad con la Directiva 94/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (9), en vigor en el momento en que se produjo la intervención del FITD con respecto a Tercas, ninguna entidad de crédito podrá recibir depósitos a menos que sea miembro de uno de los sistemas de garantía de depósitos reconocidos oficialmente (10). El artículo 96 del TUB dispone que «los bancos italianos pertenecen a uno de los sistemas de garantía de depósitos establecidos y reconocidos en Italia. Las cooperativas de crédito deberán pertenecer al sistema de garantía de depósitos establecidos en su zona» (11).

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10

11

| (33) | En Italia, existen actualmente dos sistemas de garantía de depósitos:






  1) | El FITD, reconocido como sistema de garantía de depósitos el 10 de diciembre de 1996 y constituido en forma de consorcio obligatorio de Derecho privado (12). En la actualidad el FITD es el único sistema de garantía de depósitos establecido y reconocido en Italia al que pueden pertenecer bancos distintos de las cooperativas de crédito (13). Con arreglo al artículo 2 de los estatutos del FITD, aprobados por el Banco de Italia, «son miembros del Fondo los bancos italianos, con excepción de las cooperativas de crédito». |
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(33)

En Italia, existen actualmente dos sistemas de garantía de depósitos:

1)

El FITD, reconocido como sistema de garantía de depósitos el 10 de diciembre de 1996 y constituido en forma de consorcio obligatorio de Derecho privado (12). En la actualidad el FITD es el único sistema de garantía de depósitos establecido y reconocido en Italia al que pueden pertenecer bancos distintos de las cooperativas de crédito (13). Con arreglo al artículo 2 de los estatutos del FITD, aprobados por el Banco de Italia, «son miembros del Fondo los bancos italianos, con excepción de las cooperativas de crédito».

12

13

| 2) | El Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (en lo sucesivo, «el FGDCC»), un sistema de garantía de depósitos establecido por la Ley reservado, si no impuesto, a las cooperativas de crédito. |
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2)

El Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (en lo sucesivo, «el FGDCC»), un sistema de garantía de depósitos establecido por la Ley reservado, si no impuesto, a las cooperativas de crédito.

| (34) | De conformidad con el artículo 96 bis del TUB y con el artículo 29 de los estatutos del FITD, este puede, en determinadas condiciones, realizar intervenciones de apoyo en favor de consorcios sujetos a administración extraordinaria. |
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(34)

De conformidad con el artículo 96 bis del TUB y con el artículo 29 de los estatutos del FITD, este puede, en determinadas condiciones, realizar intervenciones de apoyo en favor de consorcios sujetos a administración extraordinaria.

bis

| (35) | Tales intervenciones se financian ex post mediante las contribuciones obligatorias de los bancos asociados. Las contribuciones individuales se cuantifican sobre la base de las disposiciones estatutarias pertinentes (14) en proporción al importe de los depósitos garantizados en poder de cada banco. Las contribuciones no se consignan directamente en el balance del FITD, sino que figuran en una contabilidad separada para cada operación a la que se refieren. |
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(35)

Tales intervenciones se financian ex post mediante las contribuciones obligatorias de los bancos asociados. Las contribuciones individuales se cuantifican sobre la base de las disposiciones estatutarias pertinentes (14) en proporción al importe de los depósitos garantizados en poder de cada banco. Las contribuciones no se consignan directamente en el balance del FITD, sino que figuran en una contabilidad separada para cada operación a la que se refieren.

ex post

14

| (36) | Las decisiones relativas a las intervenciones de apoyo competen a los dos órganos directivos del FITD, a saber:






  1) | El Consejo (15), que se pronuncia por mayoría absoluta de los miembros presentes en la reunión en la que se adopta la decisión. El Presidente del Consejo es elegido por sus miembros. Los restantes miembros del Consejo son elegidos en proporción al importe de los depósitos garantizados en poder de cada banco, dando mayor peso, por lo tanto, a las Partes que hayan aportado mayores contribuciones, pero garantizando al mismo tiempo la representación de los bancos más pequeños (16). Los otros miembros del Consejo (actualmente 23) son, en su mayoría, representantes de los principales bancos asociados (17) (actualmente, hay dos representantes de Unicredit, Intesa Sanpaolo y Monte dei Paschi di Siena). El Presidente de la Asociación Bancaria Italiana (ABI) es también miembro del Consejo. |
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(36)

Las decisiones relativas a las intervenciones de apoyo competen a los dos órganos directivos del FITD, a saber:

1)

El Consejo (15), que se pronuncia por mayoría absoluta de los miembros presentes en la reunión en la que se adopta la decisión. El Presidente del Consejo es elegido por sus miembros. Los restantes miembros del Consejo son elegidos en proporción al importe de los depósitos garantizados en poder de cada banco, dando mayor peso, por lo tanto, a las Partes que hayan aportado mayores contribuciones, pero garantizando al mismo tiempo la representación de los bancos más pequeños (16). Los otros miembros del Consejo (actualmente 23) son, en su mayoría, representantes de los principales bancos asociados (17) (actualmente, hay dos representantes de Unicredit, Intesa Sanpaolo y Monte dei Paschi di Siena). El Presidente de la Asociación Bancaria Italiana (ABI) es también miembro del Consejo.

15

16

17

| 2) | El Comité de Gestión (18), que se pronuncia por mayoría de los miembros presentes en la reunión en la que se adopta la decisión. El Comité de Gestión está compuesto por el Presidente del Consejo, el Vicepresidente del Consejo, que actúa como vicepresidente del propio Comité, y otros seis miembros del Consejo. |
| --- | --- |

2)

El Comité de Gestión (18), que se pronuncia por mayoría de los miembros presentes en la reunión en la que se adopta la decisión. El Comité de Gestión está compuesto por el Presidente del Consejo, el Vicepresidente del Consejo, que actúa como vicepresidente del propio Comité, y otros seis miembros del Consejo.

18

| (37) | El Comité de Gestión tiene poderes de decisión por lo que respecta a la intervención de apoyo en forma de financiación y de garantías (19), mientras que en el caso de las participaciones en el capital y otras formas técnicas de apoyo el poder decisorio recae en el Consejo, a propuesta del Comité de Gestión (20). |
| --- | --- |

(37)

El Comité de Gestión tiene poderes de decisión por lo que respecta a la intervención de apoyo en forma de financiación y de garantías (19), mientras que en el caso de las participaciones en el capital y otras formas técnicas de apoyo el poder decisorio recae en el Consejo, a propuesta del Comité de Gestión (20).

19

20

3.   LAS MEDIDAS

LAS MEDIDAS

| (38) | La intervención de apoyo del FITD autorizada por el Banco de Italia el 7 de julio de 2014 prevé las siguientes medidas:
  1)   Medida 1: 265 millones EUR, en forma de contribución a fondo perdido, destinados a cubrir el déficit patrimonial de Tercas;
  2)   Medida 2: 35 millones EUR en forma de garantía (de tres años) para cubrir el riesgo de crédito asociado a determinadas exposiciones de Tercas con respecto a [...] (21). Las exposiciones [dos financiaciones bullet (transacción con reembolso único al vencimiento) que expiran el 31 de marzo de 2015] habían sido reembolsadas en su totalidad por los deudores en el momento del vencimiento y, por lo tanto, la garantía expiró sin ser ejecutada.
  3)   Medida 3: hasta 30 millones EUR en forma de garantía para cubrir los costes suplementarios derivados de los pagos fiscales relacionados con la medida 1. Estos pagos fiscales resultaban necesarios si la medida 1 no estaba exenta del impuesto con arreglo a la legislación italiana (*1). Esta exención fiscal específica de las intervenciones de apoyo del FITD en virtud de las disposiciones legales pertinentes estaría supeditada a una autorización de la Comisión Europea. En el asunto que nos ocupa, el FITD abonó íntegramente el importe de 30 millones EUR a Tercas antes de que la Comisión adoptara una decisión sobre la exención fiscal. |
| --- | --- |

(38)

La intervención de apoyo del FITD autorizada por el Banco de Italia el 7 de julio de 2014 prevé las siguientes medidas:

1)   Medida 1: 265 millones EUR, en forma de contribución a fondo perdido, destinados a cubrir el déficit patrimonial de Tercas;

Medida 1

2)   Medida 2: 35 millones EUR en forma de garantía (de tres años) para cubrir el riesgo de crédito asociado a determinadas exposiciones de Tercas con respecto a [...] (21). Las exposiciones [dos financiaciones bullet (transacción con reembolso único al vencimiento) que expiran el 31 de marzo de 2015] habían sido reembolsadas en su totalidad por los deudores en el momento del vencimiento y, por lo tanto, la garantía expiró sin ser ejecutada.

Medida 2

21

bullet

3)   Medida 3: hasta 30 millones EUR en forma de garantía para cubrir los costes suplementarios derivados de los pagos fiscales relacionados con la medida 1. Estos pagos fiscales resultaban necesarios si la medida 1 no estaba exenta del impuesto con arreglo a la legislación italiana (*1). Esta exención fiscal específica de las intervenciones de apoyo del FITD en virtud de las disposiciones legales pertinentes estaría supeditada a una autorización de la Comisión Europea. En el asunto que nos ocupa, el FITD abonó íntegramente el importe de 30 millones EUR a Tercas antes de que la Comisión adoptara una decisión sobre la exención fiscal.

Medida 3

*1

4.   RAZONES PARA INCOAR EL PROCEDIMIENTO

RAZONES PARA INCOAR EL PROCEDIMIENTO

| (39) | En su Decisión de incoar el procedimiento, la Comisión llegó a la conclusión preliminar de que las medidas no notificadas podían constituir una ayuda estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del Tratado y expresó sus dudas sobre la compatibilidad de las medidas con el mercado interior. |
| --- | --- |

(39)

En su Decisión de incoar el procedimiento, la Comisión llegó a la conclusión preliminar de que las medidas no notificadas podían constituir una ayuda estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del Tratado y expresó sus dudas sobre la compatibilidad de las medidas con el mercado interior.

| (40) | Con carácter preliminar, la Comisión llegó a la conclusión de que la medida de apoyo del FITD es imputable al Estado italiano y de que los recursos del FITD están sujetos al control público. En concreto, las intervenciones del FITD responden a un mandato público que emana del Estado: el TUB es la base para el reconocimiento del FITD como sistema obligatorio de garantía de depósitos; el artículo 96 bis del TUB autoriza al FITD a intervenir por otros medios distintos del reembolso de los depósitos en caso de liquidación; los estatutos del FITD son aprobados por el Banco de Italia. Además, si el FITD interviene en casos distintos de la liquidación y por otros medios, tales intervenciones están de todos modos sujetas a la autorización por parte del Estado italiano a través del Banco de Italia. |
| --- | --- |

(40)

Con carácter preliminar, la Comisión llegó a la conclusión de que la medida de apoyo del FITD es imputable al Estado italiano y de que los recursos del FITD están sujetos al control público. En concreto, las intervenciones del FITD responden a un mandato público que emana del Estado: el TUB es la base para el reconocimiento del FITD como sistema obligatorio de garantía de depósitos; el artículo 96 bis del TUB autoriza al FITD a intervenir por otros medios distintos del reembolso de los depósitos en caso de liquidación; los estatutos del FITD son aprobados por el Banco de Italia. Además, si el FITD interviene en casos distintos de la liquidación y por otros medios, tales intervenciones están de todos modos sujetas a la autorización por parte del Estado italiano a través del Banco de Italia.

bis

| (41) | Por lo que se refiere a la existencia de una ventaja selectiva, la Comisión ha señalado que, en sus intervenciones, el FITD no actuó como un operador en una economía de mercado, ya que concedió la ayuda a través de una contribución a fondo perdido para cubrir un déficit patrimonial y no aplicó ninguna comisión a las garantías emitidas en favor de Tercas. Estas medidas permitieron a Tercas no tener que abandonar el mercado, contrariamente a lo que habría ocurrido sin la ayuda en cuestión. |
| --- | --- |

(41)

Por lo que se refiere a la existencia de una ventaja selectiva, la Comisión ha señalado que, en sus intervenciones, el FITD no actuó como un operador en una economía de mercado, ya que concedió la ayuda a través de una contribución a fondo perdido para cubrir un déficit patrimonial y no aplicó ninguna comisión a las garantías emitidas en favor de Tercas. Estas medidas permitieron a Tercas no tener que abandonar el mercado, contrariamente a lo que habría ocurrido sin la ayuda en cuestión.

| (42) | Con carácter preliminar, la Comisión llegó a la conclusión de que las medidas son selectivas puesto que se refieren únicamente a Tercas y falsean la competencia al evitar la quiebra y la salida del mercado del beneficiario. Al mismo tiempo, Tercas compite con empresas extranjeras, lo que significa que las medidas han afectado al comercio entre los Estados miembros. |
| --- | --- |

(42)

Con carácter preliminar, la Comisión llegó a la conclusión de que las medidas son selectivas puesto que se refieren únicamente a Tercas y falsean la competencia al evitar la quiebra y la salida del mercado del beneficiario. Al mismo tiempo, Tercas compite con empresas extranjeras, lo que significa que las medidas han afectado al comercio entre los Estados miembros.

| (43) | La Comisión considera que, si las medidas 1, 2 y 3 constituyeran ayuda estatal, se habrían concedido infringiendo lo dispuesto en el artículo 108, apartado 3, del Tratado. |
| --- | --- |

(43)

La Comisión considera que, si las medidas 1, 2 y 3 constituyeran ayuda estatal, se habrían concedido infringiendo lo dispuesto en el artículo 108, apartado 3, del Tratado.

5.   OBSERVACIONES DE ITALIA Y DE LAS PARTES INTERESADAS

OBSERVACIONES DE ITALIA Y DE LAS PARTES INTERESADAS

5.1.   Fondos estatales e imputabilidad al Estado

Fondos estatales e imputabilidad al Estado

5.1.1.   Observaciones de Italia (22)

Observaciones de Italia

22

| (44) | Italia considera que las medidas relativas a la intervención de apoyo no tenían carácter obligatorio, ya que, en principio, el FITD tuvo plena libertad para decidir en qué fase intervenir, en qué medida y con qué modalidades concretas. Además, dichas medidas no tenían una relación de fungibilidad directa con los objetivos obligatorios contemplados en el TUB, sino que perseguían de forma directa una finalidad distinta o en todo caso posterior, a saber, la reestructuración del banco en crisis. Cualquier finalidad que pueda haber coincidido con la de la protección de los depositantes habría sido puramente casual. En este contexto, la remisión de la Comisión al asunto T-251/11, Austria/Comisión (Austrian Green Electricity Act) (23) estaría fuera de lugar. Este asunto se refiere a una norma que establece una exención tributaria que, al tener, por definición, carácter público, justificaría la presunción de imputabilidad al Estado. |
| --- | --- |

(44)

Italia considera que las medidas relativas a la intervención de apoyo no tenían carácter obligatorio, ya que, en principio, el FITD tuvo plena libertad para decidir en qué fase intervenir, en qué medida y con qué modalidades concretas. Además, dichas medidas no tenían una relación de fungibilidad directa con los objetivos obligatorios contemplados en el TUB, sino que perseguían de forma directa una finalidad distinta o en todo caso posterior, a saber, la reestructuración del banco en crisis. Cualquier finalidad que pueda haber coincidido con la de la protección de los depositantes habría sido puramente casual. En este contexto, la remisión de la Comisión al asunto T-251/11, Austria/Comisión (Austrian Green Electricity Act) (23) estaría fuera de lugar. Este asunto se refiere a una norma que establece una exención tributaria que, al tener, por definición, carácter público, justificaría la presunción de imputabilidad al Estado.

Austrian Green Electricity Act

23

| (45) | Italia afirma, por otra parte, que la interpretación propuesta por la Comisión, basada en una especie de presunción de la existencia de ayuda estatal ante cualquier intervención de un sistema de garantía de depósitos, no se basa en la Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (24) (que aún no había sido incorporada a la legislación interna y cuyo plazo de transposición aún no había expirado en el momento en que se adoptaron las medidas). La interpretación de la Comisión tampoco halla fundamento en la Comunicación bancaria de 2013 (25). En concreto, según el punto 63 de dicha Comunicación, la posible responsabilidad del Estado en las decisiones relacionadas con la utilización de los fondos de garantía de depósitos estaría subordinada a una evaluación caso por caso, mientras que el artículo 11 de la Directiva 2014/49/UE no establece una obligación generalizada de notificación previa de las intervenciones de los fondos de garantía. Solo sería necesaria una notificación previa a la Comisión cuando, tras una verificación concreta, se constate que una medida de apoyo constituye ayuda estatal. |
| --- | --- |

(45)

Italia afirma, por otra parte, que la interpretación propuesta por la Comisión, basada en una especie de presunción de la existencia de ayuda estatal ante cualquier intervención de un sistema de garantía de depósitos, no se basa en la Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (24) (que aún no había sido incorporada a la legislación interna y cuyo plazo de transposición aún no había expirado en el momento en que se adoptaron las medidas). La interpretación de la Comisión tampoco halla fundamento en la Comunicación bancaria de 2013 (25). En concreto, según el punto 63 de dicha Comunicación, la posible responsabilidad del Estado en las decisiones relacionadas con la utilización de los fondos de garantía de depósitos estaría subordinada a una evaluación caso por caso, mientras que el artículo 11 de la Directiva 2014/49/UE no establece una obligación generalizada de notificación previa de las intervenciones de los fondos de garantía. Solo sería necesaria una notificación previa a la Comisión cuando, tras una verificación concreta, se constate que una medida de apoyo constituye ayuda estatal.

24

25

| (46) | Por lo que se refiere a la imputabilidad de la intervención del FITD a Italia, las autoridades italianas basan su análisis en el criterio de imputabilidad desarrollado en la sentencia Stardust Marine (26), que no se cumple en el asunto que nos ocupa por las siguientes razones. En primer lugar, el FITD es una entidad de Derecho privado que opera exclusivamente a través de su junta general y sus órganos de dirección, integrados en su totalidad por representantes de los bancos asociados, que actúan con plena independencia. El proceso de toma de decisiones relativo a las intervenciones de apoyo fue totalmente independiente, sin intervención del Banco de Italia o de cualquier otro organismo público. El hecho de que un representante del Banco de Italia participe en las reuniones de los órganos de dirección del FITD no puede aducirse como prueba de la coparticipación activa del Banco de Italia en el proceso de toma de decisiones del Fondo, ya que su papel de representación no va más allá del de mero observador. |
| --- | --- |

(46)

Por lo que se refiere a la imputabilidad de la intervención del FITD a Italia, las autoridades italianas basan su análisis en el criterio de imputabilidad desarrollado en la sentencia Stardust Marine (26), que no se cumple en el asunto que nos ocupa por las siguientes razones. En primer lugar, el FITD es una entidad de Derecho privado que opera exclusivamente a través de su junta general y sus órganos de dirección, integrados en su totalidad por representantes de los bancos asociados, que actúan con plena independencia. El proceso de toma de decisiones relativo a las intervenciones de apoyo fue totalmente independiente, sin intervención del Banco de Italia o de cualquier otro organismo público. El hecho de que un representante del Banco de Italia participe en las reuniones de los órganos de dirección del FITD no puede aducirse como prueba de la coparticipación activa del Banco de Italia en el proceso de toma de decisiones del Fondo, ya que su papel de representación no va más allá del de mero observador.

26

| (47) | Además, Italia sostiene que el poder del Banco de Italia de aprobar los estatutos del FITD y sus eventuales modificaciones, así como de autorizar las distintas intervenciones, no afecta a la autonomía del FITD, dado que estaría limitado a una simple actividad de autorización posterior, desarrollada por dicha entidad en calidad de autoridad que supervisa y dirige la gestión de las crisis a tenor de lo dispuesto en el TUB. La decisión del Banco de Italia constituye un acto de ratificación que se limita a un control formal sucesivo de la legalidad de un acto de naturaleza privada ya realizado en su totalidad. Este análisis se ve corroborado por los hechos, en particular por la autorización dada por el Banco de Italia con respecto al FITD, en la que el propio Banco reconocía no estar ejerciendo ningún control sobre las decisiones adoptadas por el FITD. En apoyo de esta tesis, Italia sostiene que el caso que nos ocupa presenta evidentes analogías con el asunto Sicilcassa (27), en el que la Comisión llegó a la conclusión de que la medida no constituía ayuda estatal habida cuenta de la decisiva participación de entidades de Derecho privado. |
| --- | --- |

(47)

Además, Italia sostiene que el poder del Banco de Italia de aprobar los estatutos del FITD y sus eventuales modificaciones, así como de autorizar las distintas intervenciones, no afecta a la autonomía del FITD, dado que estaría limitado a una simple actividad de autorización posterior, desarrollada por dicha entidad en calidad de autoridad que supervisa y dirige la gestión de las crisis a tenor de lo dispuesto en el TUB. La decisión del Banco de Italia constituye un acto de ratificación que se limita a un control formal sucesivo de la legalidad de un acto de naturaleza privada ya realizado en su totalidad. Este análisis se ve corroborado por los hechos, en particular por la autorización dada por el Banco de Italia con respecto al FITD, en la que el propio Banco reconocía no estar ejerciendo ningún control sobre las decisiones adoptadas por el FITD. En apoyo de esta tesis, Italia sostiene que el caso que nos ocupa presenta evidentes analogías con el asunto Sicilcassa (27), en el que la Comisión llegó a la conclusión de que la medida no constituía ayuda estatal habida cuenta de la decisiva participación de entidades de Derecho privado.

27

| (48) | Por lo que respecta a los elementos a los que la Comisión se refiere en la Decisión de incoar el procedimiento, Italia cree que no demuestran la injerencia del Banco de Italia en el proceso de toma de decisiones del FITD. Según las autoridades italianas, el administrador extraordinario, aunque había sido designado por el Banco de Italia, no tenía capacidad para influir directamente en la decisión del FITD de destinar fondos en favor de un banco en crisis. El administrador habría actuado en calidad de gerente y representante legal del banco en régimen de administración extraordinaria y no en nombre del Banco de Italia. En otras palabras, habría asumido todos los poderes de Derecho privado de los órganos directivos disueltos. En segundo lugar, las autoridades italianas niegan que existan indicios de la interferencia del Banco de Italia. Italia considera que el pasaje de la nota del director general del FITD, que se remonta al 28 de mayo de 2014 y en la que se menciona que el representante del Banco de Italia «ha invitado al Fondo a buscar un acuerdo equilibrado con BPB para cubrir el déficit patrimonial [...]», debe interpretarse como una sugerencia y en ningún caso como una orden. Por último, según Italia, en ninguna acta de las decisiones adoptadas por los órganos directivos con relación a la intervención del FITD en favor de Tercas figura una toma de posición del Banco de Italia que permita pensar que ejerció una influencia con relación al Fondo. |
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(48)

Por lo que respecta a los elementos a los que la Comisión se refiere en la Decisión de incoar el procedimiento, Italia cree que no demuestran la injerencia del Banco de Italia en el proceso de toma de decisiones del FITD. Según las autoridades italianas, el administrador extraordinario, aunque había sido designado por el Banco de Italia, no tenía capacidad para influir directamente en la decisión del FITD de destinar fondos en favor de un banco en crisis. El administrador habría actuado en calidad de gerente y representante legal del banco en régimen de administración extraordinaria y no en nombre del Banco de Italia. En otras palabras, habría asumido todos los poderes de Derecho privado de los órganos directivos disueltos. En segundo lugar, las autoridades italianas niegan que existan indicios de la interferencia del Banco de Italia. Italia considera que el pasaje de la nota del director general del FITD, que se remonta al 28 de mayo de 2014 y en la que se menciona que el representante del Banco de Italia «ha invitado al Fondo a buscar un acuerdo equilibrado con BPB para cubrir el déficit patrimonial [...]», debe interpretarse como una sugerencia y en ningún caso como una orden. Por último, según Italia, en ninguna acta de las decisiones adoptadas por los órganos directivos con relación a la intervención del FITD en favor de Tercas figura una toma de posición del Banco de Italia que permita pensar que ejerció una influencia con relación al Fondo.

5.1.2.   Observaciones del Banco de Italia (28)

Observaciones del Banco de Italia

28

| (49) | En sus observaciones sobre la Decisión de incoar el procedimiento, el Banco de Italia niega que la intervención de apoyo del FITD sea imputable al Estado, dado que:






  1) | el FITD no tiene un mandato de función pública en el marco del apoyo a las entidades de crédito; |
| --- | --- | --- |

(49)

En sus observaciones sobre la Decisión de incoar el procedimiento, el Banco de Italia niega que la intervención de apoyo del FITD sea imputable al Estado, dado que:

1)

el FITD no tiene un mandato de función pública en el marco del apoyo a las entidades de crédito;

| 2) | el Banco de Italia no decide conjuntamente con el FITD, ni en términos generales ni en el asunto que nos ocupa, sobre las intervenciones de apoyo a determinadas empresas, y no controla la conformidad de la actuación del FITD con los mandatos públicos conferidos a este organismo; |
| --- | --- |

2)

el Banco de Italia no decide conjuntamente con el FITD, ni en términos generales ni en el asunto que nos ocupa, sobre las intervenciones de apoyo a determinadas empresas, y no controla la conformidad de la actuación del FITD con los mandatos públicos conferidos a este organismo;

| 3) | el presente caso difiere significativamente de las medidas de ayuda estatal adoptadas por Dinamarca, España y Polonia a que se refiere la nota a pie de página 28 de la Decisión de incoar el procedimiento, con respecto a las cuales la Comisión concluyó que los fondos utilizados en las intervenciones de los sistemas de garantía de depósitos estaban a disposición de las autoridades públicas y que, por lo tanto, las medidas eran imputables al Estado. |
| --- | --- |

3)

el presente caso difiere significativamente de las medidas de ayuda estatal adoptadas por Dinamarca, España y Polonia a que se refiere la nota a pie de página 28 de la Decisión de incoar el procedimiento, con respecto a las cuales la Comisión concluyó que los fondos utilizados en las intervenciones de los sistemas de garantía de depósitos estaban a disposición de las autoridades públicas y que, por lo tanto, las medidas eran imputables al Estado.

| (50) | Por lo que se refiere al primer punto, según el Banco de Italia, el único mandato público del sistema de garantía de depósitos se refería al reembolso de los depósitos: La última frase del artículo 96 bis, apartado 1, del TUB, que autoriza al FITD a intervenir por otros medios distintos del reembolso de los depósitos en caso de liquidación, no puede constituir ni una prueba de la imputabilidad al Estado de las intervenciones del FITD distintas del reembolso de los depósitos, ni una atribución de un mandato de función pública al FITD. La citada disposición se limitaba a permitir el recurso a otras formas de intervención. |
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(50)

Por lo que se refiere al primer punto, según el Banco de Italia, el único mandato público del sistema de garantía de depósitos se refería al reembolso de los depósitos: La última frase del artículo 96 bis, apartado 1, del TUB, que autoriza al FITD a intervenir por otros medios distintos del reembolso de los depósitos en caso de liquidación, no puede constituir ni una prueba de la imputabilidad al Estado de las intervenciones del FITD distintas del reembolso de los depósitos, ni una atribución de un mandato de función pública al FITD. La citada disposición se limitaba a permitir el recurso a otras formas de intervención.

bis

| (51) | La referencia que hace la Directiva 2014/49/UE a la quiebra de una entidad de crédito solo indica que las medidas desempeñan generalmente el papel de contener los costes de la intervención de los sistemas de garantía, evitando el reembolso de los depósitos y, por ende, la quiebra de los bancos. El hecho de que la Directiva 2014/49/UE no exija que las medidas de apoyo de los sistemas de garantía de depósitos se presenten a la Comisión implica que el ejercicio de una facultad discrecional a la hora de adoptar medidas no puede, en sí mismo, constituir una prueba de la atribución de un mandato público al sistema de garantía de depósitos. |
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(51)

La referencia que hace la Directiva 2014/49/UE a la quiebra de una entidad de crédito solo indica que las medidas desempeñan generalmente el papel de contener los costes de la intervención de los sistemas de garantía, evitando el reembolso de los depósitos y, por ende, la quiebra de los bancos. El hecho de que la Directiva 2014/49/UE no exija que las medidas de apoyo de los sistemas de garantía de depósitos se presenten a la Comisión implica que el ejercicio de una facultad discrecional a la hora de adoptar medidas no puede, en sí mismo, constituir una prueba de la atribución de un mandato público al sistema de garantía de depósitos.

| (52) | El Banco de Italia considera, además, que el artículo 29 de los estatutos del FITD, según el cual este puede intervenir en apoyo de un banco sujeto a un procedimiento de administración extraordinaria únicamente «si existen perspectivas de recuperación y cuando la carga resultante sea previsiblemente menor que la derivada de una intervención en caso de liquidación», contradice claramente el pasaje de la Decisión de incoar el procedimiento en el que la Comisión afirma que Italia ha permitido a su sistema de garantía de depósitos «intervenir para evitar la quiebra de una entidad de crédito». |
| --- | --- |

(52)

El Banco de Italia considera, además, que el artículo 29 de los estatutos del FITD, según el cual este puede intervenir en apoyo de un banco sujeto a un procedimiento de administración extraordinaria únicamente «si existen perspectivas de recuperación y cuando la carga resultante sea previsiblemente menor que la derivada de una intervención en caso de liquidación», contradice claramente el pasaje de la Decisión de incoar el procedimiento en el que la Comisión afirma que Italia ha permitido a su sistema de garantía de depósitos «intervenir para evitar la quiebra de una entidad de crédito».

| (53) | Por último, el hecho de que el Banco de Italia deba autorizar las intervenciones de apoyo del FITD no indica que este persiga un objetivo de interés público. Sostener lo contrario equivaldría a considerar que todas las actividades bancarias sujetas a la supervisión del Banco Central Europeo o del Banco de Italia son actividades de interés general. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el Banco de Italia está obligado a actuar con independencia del Estado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento (UE) n.o 1024/2013 del Consejo (29). |
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(53)

Por último, el hecho de que el Banco de Italia deba autorizar las intervenciones de apoyo del FITD no indica que este persiga un objetivo de interés público. Sostener lo contrario equivaldría a considerar que todas las actividades bancarias sujetas a la supervisión del Banco Central Europeo o del Banco de Italia son actividades de interés general. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el Banco de Italia está obligado a actuar con independencia del Estado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento (UE) n.o 1024/2013 del Consejo (29).

o

29

| (54) | Por lo que se refiere al segundo punto, el Banco de Italia se limitó a ejercer las facultades de supervisión con relación a los objetivos de protección de los ahorradores, de la estabilidad del sistema bancario y de una gestión sana y prudente de los bancos (artículo 5 del TUB). La disposición del artículo 96 ter, apartado 1, letra b), del TUB, según la cual el Banco de Italia «coordina las actividades de los sistemas de garantía con la gestión de las crisis bancarias y con la actividad de supervisión», se limita a conferir al Banco de Italia la facultad general de velar por la coherencia de las actividades de los depósitos con las actividades de supervisión; esta facultad se ejerce únicamente a través de la autorización de la intervención. |
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(54)

Por lo que se refiere al segundo punto, el Banco de Italia se limitó a ejercer las facultades de supervisión con relación a los objetivos de protección de los ahorradores, de la estabilidad del sistema bancario y de una gestión sana y prudente de los bancos (artículo 5 del TUB). La disposición del artículo 96 ter, apartado 1, letra b), del TUB, según la cual el Banco de Italia «coordina las actividades de los sistemas de garantía con la gestión de las crisis bancarias y con la actividad de supervisión», se limita a conferir al Banco de Italia la facultad general de velar por la coherencia de las actividades de los depósitos con las actividades de supervisión; esta facultad se ejerce únicamente a través de la autorización de la intervención.

ter

| (55) | Dado que el Banco de Italia está obligado a actuar independientemente del Estado, el ejercicio de su poder de supervisión del FITD en el marco de las intervenciones de apoyo a los bancos no puede considerarse un control público de los recursos o una actividad vinculada a un mandato público. Por esta razón, el caso que nos ocupa presenta ciertos paralelismos con el asunto Doux Élevage (30). |
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(55)

Dado que el Banco de Italia está obligado a actuar independientemente del Estado, el ejercicio de su poder de supervisión del FITD en el marco de las intervenciones de apoyo a los bancos no puede considerarse un control público de los recursos o una actividad vinculada a un mandato público. Por esta razón, el caso que nos ocupa presenta ciertos paralelismos con el asunto Doux Élevage (30).

30

| (56) | Por otra parte, el Banco de Italia afirma que no contribuye ni a la elaboración ni a la realización de las intervenciones de apoyo del FITD, y que los eventuales contactos entre el Banco y el FITD en la fase previa a la formalización de la solicitud de autorización del FITD al Banco de Italia no puede considerarse como una contribución a dichas intervenciones. El Banco de Italia se limitó a dar una primera orientación, exclusivamente a la luz de los parámetros normativos que conducían a la posterior intervención de autorización. |
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(56)

Por otra parte, el Banco de Italia afirma que no contribuye ni a la elaboración ni a la realización de las intervenciones de apoyo del FITD, y que los eventuales contactos entre el Banco y el FITD en la fase previa a la formalización de la solicitud de autorización del FITD al Banco de Italia no puede considerarse como una contribución a dichas intervenciones. El Banco de Italia se limitó a dar una primera orientación, exclusivamente a la luz de los parámetros normativos que conducían a la posterior intervención de autorización.

| (57) | El hecho de que el Banco de Italia nombrara a un administrador extraordinario y supervisara su actividad es irrelevante en el asunto que nos ocupa, puesto que las tareas y objetivos de un administrador extraordinario coinciden sustancialmente con las de un administrador ordinario de una empresa privada en crisis, y, por lo tanto, dicho administrador no actuó en nombre del Banco de Italia. |
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(57)

El hecho de que el Banco de Italia nombrara a un administrador extraordinario y supervisara su actividad es irrelevante en el asunto que nos ocupa, puesto que las tareas y objetivos de un administrador extraordinario coinciden sustancialmente con las de un administrador ordinario de una empresa privada en crisis, y, por lo tanto, dicho administrador no actuó en nombre del Banco de Italia.

| (58) | El representante del Banco de Italia participó en las reuniones del Consejo y del Comité de Gestión del FITD únicamente en calidad de observador y sin derecho a voto. El hecho de que la controversia entre el FITD y BPB sobre el importe del déficit patrimonial de Tercas fuera zanjada por un árbitro nombrado por el Banco de Italia es irrelevante, dado que las Partes, con plena independencia y de común acuerdo, solicitaron al Banco de Italia que les indicara el nombre de una persona, que ellas, posteriormente, designaron como árbitro. BPB no habría estado dispuesta a pedir al Banco de Italia que nombrase un árbitro si este hubiera desempeñado una función «de dirección y orientación» del FITD. |
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(58)

El representante del Banco de Italia participó en las reuniones del Consejo y del Comité de Gestión del FITD únicamente en calidad de observador y sin derecho a voto. El hecho de que la controversia entre el FITD y BPB sobre el importe del déficit patrimonial de Tercas fuera zanjada por un árbitro nombrado por el Banco de Italia es irrelevante, dado que las Partes, con plena independencia y de común acuerdo, solicitaron al Banco de Italia que les indicara el nombre de una persona, que ellas, posteriormente, designaron como árbitro. BPB no habría estado dispuesta a pedir al Banco de Italia que nombrase un árbitro si este hubiera desempeñado una función «de dirección y orientación» del FITD.

| (59) | Por lo que respecta al tercer punto, el caso que nos ocupa se diferencia de los mencionados en el considerando 44 de la Decisión de incoar el procedimiento en la que la Comisión llegaba a la conclusión de que la intervención del sistema de garantía de depósitos en la reestructuración y liquidación constituía ayuda estatal. |
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(59)

Por lo que respecta al tercer punto, el caso que nos ocupa se diferencia de los mencionados en el considerando 44 de la Decisión de incoar el procedimiento en la que la Comisión llegaba a la conclusión de que la intervención del sistema de garantía de depósitos en la reestructuración y liquidación constituía ayuda estatal.

| (60) | En el asunto del régimen danés de ayudas a la liquidación (31), 1) el Derecho interno regulaba en detalle las condiciones de las intervenciones de ayuda; 2) el Comité encargado de evaluar los costes de las diferentes opciones fue nombrado por el Ministro de Economía y Asuntos Comerciales; 3) el propio Comité estaba obligado a evaluar si el comprador era capaz de gestionar el banco en crisis y la solución era viable desde el punto de vista comercial; 4) la decisión del sistema de garantía de depósitos se basó en la evaluación y la recomendación del Comité en cuestión; 5) el Consejo de Administración del sistema de gestión de depósitos había sido nombrado por el Ministro de Economía y Asuntos Comerciales; y 6) este tenía asimismo que aprobar el acuerdo entre el banco adquirente y el sistema de garantía de depósitos. |
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(60)

En el asunto del régimen danés de ayudas a la liquidación (31), 1) el Derecho interno regulaba en detalle las condiciones de las intervenciones de ayuda; 2) el Comité encargado de evaluar los costes de las diferentes opciones fue nombrado por el Ministro de Economía y Asuntos Comerciales; 3) el propio Comité estaba obligado a evaluar si el comprador era capaz de gestionar el banco en crisis y la solución era viable desde el punto de vista comercial; 4) la decisión del sistema de garantía de depósitos se basó en la evaluación y la recomendación del Comité en cuestión; 5) el Consejo de Administración del sistema de gestión de depósitos había sido nombrado por el Ministro de Economía y Asuntos Comerciales; y 6) este tenía asimismo que aprobar el acuerdo entre el banco adquirente y el sistema de garantía de depósitos.

31

| (61) | Por lo que se refiere al régimen de liquidación de las cooperativas de crédito polacas (32), los incentivos ofrecidos por el sistema de garantía de depósitos eran parte integrante de un régimen de liquidación de las cooperativas de crédito que había sido elaborado por las autoridades polacas y notificado a la Comisión como ayuda estatal. Por otra parte, el sistema de garantía de depósitos estaba «sujeto al control del Gobierno a través de derechos de voto en el Consejo del Fondo y mediante una serie de circunstancias en las que el Ministro de Hacienda tenía derecho a intervenir y a adoptar decisiones directas que afectaban al funcionamiento del Fondo». Además, el Presidente del Consejo del Fondo, designado por el Ministro de Hacienda, tenía un voto de calidad en caso de empate. |
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(61)

Por lo que se refiere al régimen de liquidación de las cooperativas de crédito polacas (32), los incentivos ofrecidos por el sistema de garantía de depósitos eran parte integrante de un régimen de liquidación de las cooperativas de crédito que había sido elaborado por las autoridades polacas y notificado a la Comisión como ayuda estatal. Por otra parte, el sistema de garantía de depósitos estaba «sujeto al control del Gobierno a través de derechos de voto en el Consejo del Fondo y mediante una serie de circunstancias en las que el Ministro de Hacienda tenía derecho a intervenir y a adoptar decisiones directas que afectaban al funcionamiento del Fondo». Además, el Presidente del Consejo del Fondo, designado por el Ministro de Hacienda, tenía un voto de calidad en caso de empate.

32

| (62) | Por lo que se refiere a la decisión relativa a la reestructuración de los bancos españoles CAM y Banco CAM (33), las autoridades españolas hicieron uso de la ayuda financiera del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (34), un Fondo dedicado a las ayudas a la liquidación controlado por el Estado y por el fondo de garantía de depósitos español. La decisión del Fondo favorable a la intervención no se basó en una decisión autónoma, dado que la intervención de este Fondo se inscribía en el marco de una operación de rescate más amplia, decidida y aplicada por las autoridades españolas. |
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(62)

Por lo que se refiere a la decisión relativa a la reestructuración de los bancos españoles CAM y Banco CAM (33), las autoridades españolas hicieron uso de la ayuda financiera del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (34), un Fondo dedicado a las ayudas a la liquidación controlado por el Estado y por el fondo de garantía de depósitos español. La decisión del Fondo favorable a la intervención no se basó en una decisión autónoma, dado que la intervención de este Fondo se inscribía en el marco de una operación de rescate más amplia, decidida y aplicada por las autoridades españolas.

33

34

5.1.3.   Observaciones de otras Partes interesadas

Observaciones de otras Partes interesadas

| (63) | En primer lugar, las otras Partes interesadas, a saber, el FITD, BPB y Tercas, consideran en términos generales que el carácter público de los fondos y la imputabilidad al Estado son dos condiciones acumulativas distintas. Por lo tanto, los fondos de origen privado no pueden considerarse públicos a raíz de una evaluación con arreglo a la cual el uso de tales fondos sería imputable al Estado. |
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(63)

En primer lugar, las otras Partes interesadas, a saber, el FITD, BPB y Tercas, consideran en términos generales que el carácter público de los fondos y la imputabilidad al Estado son dos condiciones acumulativas distintas. Por lo tanto, los fondos de origen privado no pueden considerarse públicos a raíz de una evaluación con arreglo a la cual el uso de tales fondos sería imputable al Estado.

| (64) | Las otras Partes interesadas sostienen que la Comisión sostuvo erróneamente que es muy probable que los sistemas de garantía de depósitos concedan ayuda estatal en la medida en que actúan en virtud de un mandato público y permanecen bajo el control de los poderes públicos. A este respecto, indican que la Comunicación sobre el sistema bancario de 2013 no menciona la naturaleza de ayuda estatal de los sistemas de garantía de depósitos, que la Directiva 94/19/CE no cita la compatibilidad con las normas sobre ayudas estatales de las intervenciones alternativas al reembolso de los depósitos y que la Directiva 2014/49/UE asume una posición neutral con relación a la compatibilidad de tales medidas con las normas relativas a las ayudas estatales. |
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(64)

Las otras Partes interesadas sostienen que la Comisión sostuvo erróneamente que es muy probable que los sistemas de garantía de depósitos concedan ayuda estatal en la medida en que actúan en virtud de un mandato público y permanecen bajo el control de los poderes públicos. A este respecto, indican que la Comunicación sobre el sistema bancario de 2013 no menciona la naturaleza de ayuda estatal de los sistemas de garantía de depósitos, que la Directiva 94/19/CE no cita la compatibilidad con las normas sobre ayudas estatales de las intervenciones alternativas al reembolso de los depósitos y que la Directiva 2014/49/UE asume una posición neutral con relación a la compatibilidad de tales medidas con las normas relativas a las ayudas estatales.

| (65) | Las otras Partes interesadas consideran que la Comisión llegó a la conclusión preliminar de que las intervenciones del FITD son imputables al Estado por la simple razón de que tales intervenciones habían sido decretadas por ley, cuando en los asuntos PreussenElektra (35) y Doux Élevage (36) el Tribunal de Justicia excluyó expresamente que la imposición de una medida de ese tipo mediante una ley estatal pudiera considerarse como elemento capaz de conferir el carácter de ayuda estatal a una determinada medida. En el asunto Austrian Green Electricity Act (37), el Tribunal de Justicia tuvo en cuenta varios elementos adicionales que indicaban que el Estado ejercía una «verdadera» influencia y control sobre ÖMAG (la sociedad anónima encargada del control de la medida en cuestión). |
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(65)

Las otras Partes interesadas consideran que la Comisión llegó a la conclusión preliminar de que las intervenciones del FITD son imputables al Estado por la simple razón de que tales intervenciones habían sido decretadas por ley, cuando en los asuntos PreussenElektra (35) y Doux Élevage (36) el Tribunal de Justicia excluyó expresamente que la imposición de una medida de ese tipo mediante una ley estatal pudiera considerarse como elemento capaz de conferir el carácter de ayuda estatal a una determinada medida. En el asunto Austrian Green Electricity Act (37), el Tribunal de Justicia tuvo en cuenta varios elementos adicionales que indicaban que el Estado ejercía una «verdadera» influencia y control sobre ÖMAG (la sociedad anónima encargada del control de la medida en cuestión).

35

36

Austrian Green Electricity Act

37

| (66) | Las otras Partes interesadas consideran que una interpretación correcta de la legislación de referencia nacional y del mecanismo de toma de decisiones del FITD con relación a las intervenciones de apoyo del Fondo destinadas a evitar crisis bancarias irreversibles pone de manifiesto que los factores mencionados por la Comisión para llegar a la conclusión preliminar de que las intervenciones del FITD cumplen un mandato público carecen de sentido. Basan su argumentación en el hecho de que el artículo 96 bis del TUB solo establece que los sistemas de garantía de depósitos «pueden contemplar otros casos y formas de intervención» (38). Este carácter no vinculante de la intervención significa que la actuación del FITD no está vinculada a su misión estatutaria. |
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(66)

Las otras Partes interesadas consideran que una interpretación correcta de la legislación de referencia nacional y del mecanismo de toma de decisiones del FITD con relación a las intervenciones de apoyo del Fondo destinadas a evitar crisis bancarias irreversibles pone de manifiesto que los factores mencionados por la Comisión para llegar a la conclusión preliminar de que las intervenciones del FITD cumplen un mandato público carecen de sentido. Basan su argumentación en el hecho de que el artículo 96 bis del TUB solo establece que los sistemas de garantía de depósitos «pueden contemplar otros casos y formas de intervención» (38). Este carácter no vinculante de la intervención significa que la actuación del FITD no está vinculada a su misión estatutaria.

bis

pueden

38

| (67) | Las otras Partes interesadas consideran que los instrumentos de intervención alternativos al reembolso de los depósitos ya existían desde la creación del FITD en 1987, antes de la entrada en vigor del artículo 96 bis del TUB. |
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(67)

Las otras Partes interesadas consideran que los instrumentos de intervención alternativos al reembolso de los depósitos ya existían desde la creación del FITD en 1987, antes de la entrada en vigor del artículo 96 bis del TUB.

bis

| (68) | Según él mismo ha manifestado, el FITD es una entidad de Derecho privado, controlada y gestionada por los bancos que forman el consorcio, y actúa como un mero vehículo para la realización de intervenciones vinculadas directamente a sus miembros utilizando los recursos que seguirían correspondiendo a estos. Por otra parte, la decisión de apoyar a Tercas fue adoptada por los órganos directivos del FITD, compuestos íntegramente por los bancos asociados. De las pruebas documentales se desprende que los órganos directivos del FITD habían examinado cuidadosamente las posibles alternativas y la aplicación del requisito de la menor carga posible con el fin de ofrecer una mayor protección a los intereses del consorcio, reduciendo los costes y los riesgos de la intervención. |
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(68)

Según él mismo ha manifestado, el FITD es una entidad de Derecho privado, controlada y gestionada por los bancos que forman el consorcio, y actúa como un mero vehículo para la realización de intervenciones vinculadas directamente a sus miembros utilizando los recursos que seguirían correspondiendo a estos. Por otra parte, la decisión de apoyar a Tercas fue adoptada por los órganos directivos del FITD, compuestos íntegramente por los bancos asociados. De las pruebas documentales se desprende que los órganos directivos del FITD habían examinado cuidadosamente las posibles alternativas y la aplicación del requisito de la menor carga posible con el fin de ofrecer una mayor protección a los intereses del consorcio, reduciendo los costes y los riesgos de la intervención.

| (69) | El órgano directivo del FITD decidió con plena autonomía si, cuándo y cómo realizar intervenciones de apoyo, con sujeción únicamente al criterio del «menor coste posible» con respecto al reembolso de los depósitos. El FITD no actúa en virtud de un mandato público al adoptar intervenciones de apoyo. Los estatutos del FITD estarían plenamente en consonancia con la legislación sectorial aun cuando no contemplaran o prohibiesen expresamente cualquier otra forma de intervención. Ninguna entidad pública podría obligar al FITD a intervenir y la posterior autorización del Banco de Italia solo pretende comprobar la idoneidad de la intervención para el banco beneficiario desde el punto de vista de la supervisión prudencial, a fin de garantizar que es compatible con las exigencias de la protección de los ahorradores y de la estabilidad del sistema de crédito. |
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(69)

El órgano directivo del FITD decidió con plena autonomía si, cuándo y cómo realizar intervenciones de apoyo, con sujeción únicamente al criterio del «menor coste posible» con respecto al reembolso de los depósitos. El FITD no actúa en virtud de un mandato público al adoptar intervenciones de apoyo. Los estatutos del FITD estarían plenamente en consonancia con la legislación sectorial aun cuando no contemplaran o prohibiesen expresamente cualquier otra forma de intervención. Ninguna entidad pública podría obligar al FITD a intervenir y la posterior autorización del Banco de Italia solo pretende comprobar la idoneidad de la intervención para el banco beneficiario desde el punto de vista de la supervisión prudencial, a fin de garantizar que es compatible con las exigencias de la protección de los ahorradores y de la estabilidad del sistema de crédito.

El FITD no actúa en virtud de un mandato público al adoptar intervenciones de apoyo.

| (70) | Además, las otras Partes interesadas indican que, de conformidad con el Estatuto, la pertenencia al FITD no es obligatoria, y que los bancos pueden optar por instituir un sistema de garantía de depósitos alternativo al que afiliarse. A este respecto, se refieren a la existencia de un sistema de garantía de depósitos (Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo-FDGCC), específicamente al servicio de las cooperativas de crédito no pertenecientes al FITD (39). |
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(70)

Además, las otras Partes interesadas indican que, de conformidad con el Estatuto, la pertenencia al FITD no es obligatoria, y que los bancos pueden optar por instituir un sistema de garantía de depósitos alternativo al que afiliarse. A este respecto, se refieren a la existencia de un sistema de garantía de depósitos (Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo-FDGCC), específicamente al servicio de las cooperativas de crédito no pertenecientes al FITD (39).

39

| (71) | Las otras Partes interesadas consideran que no hay ninguna injerencia estatal ni en la designación de los miembros de los órganos directivos del FITD, ni en el proceso de toma de decisiones (el hecho de que el Banco de Italia participe como observador sin derecho a voto no afecta a la independencia de las decisiones del FITD). Sostienen, por otra parte, que en su decisión sobre el rescate del banco danés Roskilde (40), la Comisión hacía referencia a la independencia de la toma de decisiones de la entidad que garantiza una medida para excluir que la concesión de una garantía a un banco en crisis por una asociación establecida y financiada exclusivamente por bancos nacionales con la función de apoyar a las instituciones financieras suponía la presencia de fondos estatales. Con referencia al asunto EARL Salvat père et fils (41), las otras Partes interesadas consideran que la existencia de ayuda estatal presupone que el propio Estado esté presente en los órganos decisorios de la organización y esté en condiciones de imponer sus decisiones. |
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(71)

Las otras Partes interesadas consideran que no hay ninguna injerencia estatal ni en la designación de los miembros de los órganos directivos del FITD, ni en el proceso de toma de decisiones (el hecho de que el Banco de Italia participe como observador sin derecho a voto no afecta a la independencia de las decisiones del FITD). Sostienen, por otra parte, que en su decisión sobre el rescate del banco danés Roskilde (40), la Comisión hacía referencia a la independencia de la toma de decisiones de la entidad que garantiza una medida para excluir que la concesión de una garantía a un banco en crisis por una asociación establecida y financiada exclusivamente por bancos nacionales con la función de apoyar a las instituciones financieras suponía la presencia de fondos estatales. Con referencia al asunto EARL Salvat père et fils (41), las otras Partes interesadas consideran que la existencia de ayuda estatal presupone que el propio Estado esté presente en los órganos decisorios de la organización y esté en condiciones de imponer sus decisiones.

40

41

| (72) | Las otras Partes interesadas consideran que el FITD es un órgano que representa los intereses de sus bancos asociados y que los poderes atribuidos al Banco de Italia en el marco de las actuaciones del FITD solo permiten a aquel perseguir sus objetivos generales de vigilancia, es decir, en concreto, la supervisión de una gestión sana y prudente de las entidades sujetas a su vigilancia y la protección de los intereses de los depositantes. Del carácter general de la misión del Banco de Italia de coordinar las actividades de los sistemas de garantía de depósitos con arreglo a las normas aplicables a las crisis bancarias y a las actividades de vigilancia no puede, por lo tanto, extraerse la conclusión de que los recursos del FITD están bajo el control permanente del Estado. |
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(72)

Las otras Partes interesadas consideran que el FITD es un órgano que representa los intereses de sus bancos asociados y que los poderes atribuidos al Banco de Italia en el marco de las actuaciones del FITD solo permiten a aquel perseguir sus objetivos generales de vigilancia, es decir, en concreto, la supervisión de una gestión sana y prudente de las entidades sujetas a su vigilancia y la protección de los intereses de los depositantes. Del carácter general de la misión del Banco de Italia de coordinar las actividades de los sistemas de garantía de depósitos con arreglo a las normas aplicables a las crisis bancarias y a las actividades de vigilancia no puede, por lo tanto, extraerse la conclusión de que los recursos del FITD están bajo el control permanente del Estado.

| (73) | El hecho de que corresponda al Banco de Italia nombrar a un administrador extraordinario para gestionar los bancos en crisis no implica un vínculo con la esfera pública, dado que la base jurídica (el artículo 70 y ss. del TUB) de esa facultad tiene un carácter puramente técnico basado en las características específicas del sector. Además, el mero indicio de que una determinada medida persigue un objetivo de interés general no basta para concluir que dicha medida supone la concesión de una ayuda estatal (42). |
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(73)

El hecho de que corresponda al Banco de Italia nombrar a un administrador extraordinario para gestionar los bancos en crisis no implica un vínculo con la esfera pública, dado que la base jurídica (el artículo 70 y ss. del TUB) de esa facultad tiene un carácter puramente técnico basado en las características específicas del sector. Además, el mero indicio de que una determinada medida persigue un objetivo de interés general no basta para concluir que dicha medida supone la concesión de una ayuda estatal (42).

42

| (74) | La facultad del Banco de Italia de autorizar las distintas intervenciones, en virtud del artículo 96 ter, apartado 1, letra d), del TUB y del artículo 3, apartado 2, de los estatutos del FITD, no priva «al FITD de su independencia de criterio» sobre el qué, el cuándo, el cuánto y el cómo de las eventuales intervenciones alternativas. La autorización de las intervenciones del FITD por el Banco de Italia constituye simplemente una verificación ex post de las decisiones del FITD (libremente asumidas) con respecto a la protección de los intereses generales, de los que el Banco es responsable desde el punto de vista institucional. |
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(74)

La facultad del Banco de Italia de autorizar las distintas intervenciones, en virtud del artículo 96 ter, apartado 1, letra d), del TUB y del artículo 3, apartado 2, de los estatutos del FITD, no priva «al FITD de su independencia de criterio» sobre el qué, el cuándo, el cuánto y el cómo de las eventuales intervenciones alternativas. La autorización de las intervenciones del FITD por el Banco de Italia constituye simplemente una verificación ex post de las decisiones del FITD (libremente asumidas) con respecto a la protección de los intereses generales, de los que el Banco es responsable desde el punto de vista institucional.

ter

ex post

| (75) | Las otras Partes interesadas hacen asimismo referencia a la decisión de la Comisión en el caso de las ayudas en favor del Banco di Sicilia y Sicilcassa (43), en la que la Comisión llegó a la conclusión de que la intervención del FITD en favor de estos bancos no constituía ayuda estatal, sin tener en cuenta el papel del Banco de Italia en relación con las intervenciones del FITD. |
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(75)

Las otras Partes interesadas hacen asimismo referencia a la decisión de la Comisión en el caso de las ayudas en favor del Banco di Sicilia y Sicilcassa (43), en la que la Comisión llegó a la conclusión de que la intervención del FITD en favor de estos bancos no constituía ayuda estatal, sin tener en cuenta el papel del Banco de Italia en relación con las intervenciones del FITD.

43

| (76) | Las otras Partes interesadas sostienen que, como sucedía en el asunto Doux Élevage, el control público sobre el FITD no va más allá de un mero control formal de la validez y legitimidad de la conducta del Fondo, excluyendo cualquier control de oportunidad política o de conformidad con las políticas de las autoridades públicas, ya que, como sucedía en el asunto Doux Élevage, fue el propio FITD el que decidió sobre la utilización de sus propios recursos. De forma similar, en el asunto Pearle (44), el Gobierno holandés confirmó que los reglamentos adoptados por organismos como el HBA, que fijaban las cargas financieras analizadas en el asunto, debían ser aprobados por las autoridades públicas. |
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(76)

Las otras Partes interesadas sostienen que, como sucedía en el asunto Doux Élevage, el control público sobre el FITD no va más allá de un mero control formal de la validez y legitimidad de la conducta del Fondo, excluyendo cualquier control de oportunidad política o de conformidad con las políticas de las autoridades públicas, ya que, como sucedía en el asunto Doux Élevage, fue el propio FITD el que decidió sobre la utilización de sus propios recursos. De forma similar, en el asunto Pearle (44), el Gobierno holandés confirmó que los reglamentos adoptados por organismos como el HBA, que fijaban las cargas financieras analizadas en el asunto, debían ser aprobados por las autoridades públicas.

44

| (77) | El FITD señala que, aun habiendo sido nombrado por el Banco de Italia, el administrador extraordinario no era un representante de la autoridad de supervisión. El administrador extraordinario goza de amplios márgenes de autonomía y actúa por propia iniciativa. Puede presentar al FITD una simple demanda de intervención, pero este no está obligado a atenderla y puede decidir libremente si efectúa o no las intervenciones alternativas, sirviendo al mejor interés de los bancos asociados. En el asunto que nos ocupa, el administrador extraordinario no se subrogó a la junta general del banco, que era el único organismo a quien correspondía decidir las operaciones de carácter extraordinario. Por otra parte, la autorización del Banco de Italia tuvo lugar después de la decisión de intervención adoptada por el FITD de forma independiente. Dicha autorización formaría parte de las funciones de supervisión normales del Banco de Italia. El representante del Banco de Italia asistía a las sesiones del Consejo y del Comité de Gestión del FITD únicamente como observador y sin derecho a voto. |
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(77)

El FITD señala que, aun habiendo sido nombrado por el Banco de Italia, el administrador extraordinario no era un representante de la autoridad de supervisión. El administrador extraordinario goza de amplios márgenes de autonomía y actúa por propia iniciativa. Puede presentar al FITD una simple demanda de intervención, pero este no está obligado a atenderla y puede decidir libremente si efectúa o no las intervenciones alternativas, sirviendo al mejor interés de los bancos asociados. En el asunto que nos ocupa, el administrador extraordinario no se subrogó a la junta general del banco, que era el único organismo a quien correspondía decidir las operaciones de carácter extraordinario. Por otra parte, la autorización del Banco de Italia tuvo lugar después de la decisión de intervención adoptada por el FITD de forma independiente. Dicha autorización formaría parte de las funciones de supervisión normales del Banco de Italia. El representante del Banco de Italia asistía a las sesiones del Consejo y del Comité de Gestión del FITD únicamente como observador y sin derecho a voto.

| (78) | El árbitro que intervino en la controversia entre el FITD y BPB con respecto al importe del déficit patrimonial del banco Tercas no fue nombrado por el Banco de Italia, sino por las propias Partes (FITD y BPB), por indicación del Banco de Italia. Además, la designación del árbitro pretendía resolver la controversia en cuestión, pero todas las decisiones sobre la conveniencia económica de la intervención para el consorcio bancario y las correspondientes condiciones seguían siendo competencia exclusiva del FITD. |
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(78)

El árbitro que intervino en la controversia entre el FITD y BPB con respecto al importe del déficit patrimonial del banco Tercas no fue nombrado por el Banco de Italia, sino por las propias Partes (FITD y BPB), por indicación del Banco de Italia. Además, la designación del árbitro pretendía resolver la controversia en cuestión, pero todas las decisiones sobre la conveniencia económica de la intervención para el consorcio bancario y las correspondientes condiciones seguían siendo competencia exclusiva del FITD.

| (79) | Se suma a esto el hecho de que los asuntos citados por la Comisión con relación a los sistemas de garantía de depósitos no son comparables al caso que nos ocupa. A este respecto, las otras Partes interesadas alegan las mismas razones expuestas por Italia, añadiendo que tanto el asunto del régimen danés de ayudas a la liquidación como el asunto del régimen de liquidación de las cooperativas de crédito polacas se refieren a intervenciones de sistemas de garantía en la fase de liquidación de los bancos y no con una perspectiva preventiva dirigida a la rehabilitación a largo plazo de la entidad crediticia. |
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(79)

Se suma a esto el hecho de que los asuntos citados por la Comisión con relación a los sistemas de garantía de depósitos no son comparables al caso que nos ocupa. A este respecto, las otras Partes interesadas alegan las mismas razones expuestas por Italia, añadiendo que tanto el asunto del régimen danés de ayudas a la liquidación como el asunto del régimen de liquidación de las cooperativas de crédito polacas se refieren a intervenciones de sistemas de garantía en la fase de liquidación de los bancos y no con una perspectiva preventiva dirigida a la rehabilitación a largo plazo de la entidad crediticia.

5.2.   Criterio de la ventaja

Criterio de la ventaja

5.2.1.   Observaciones de Italia

Observaciones de Italia

| (80) | Italia considera que la Comisión aplica el criterio del operador en una economía de mercado, tal y como se ha venido desarrollando en el contexto de los últimos asuntos de reestructuración bancaria (es decir, el criterio del reparto de la carga), sin tener en cuenta que el criterio del reparto de la carga no es adecuado para evaluar la racionalidad del comportamiento de un operador privado, ya que busca primordialmente proteger los intereses de la comunidad (todos los contribuyentes), y no los intereses particulares de las personas directamente expuestas con respecto a un banco en crisis (como el FITD). Por otra parte, Italia considera que el FITD actuó de acuerdo con el principio del menor coste posible. A la hora de decidir sobre la intervención de apoyo al banco Tercas, el FITD intentó encontrar la solución menos costosa desde una perspectiva financiera para sus bancos asociados basándose en el dictamen de una acreditada empresa asesora independiente (KPMG) y debatiendo ampliamente la cuestión en el Consejo y en el Comité de Gestión. |
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(80)

Italia considera que la Comisión aplica el criterio del operador en una economía de mercado, tal y como se ha venido desarrollando en el contexto de los últimos asuntos de reestructuración bancaria (es decir, el criterio del reparto de la carga), sin tener en cuenta que el criterio del reparto de la carga no es adecuado para evaluar la racionalidad del comportamiento de un operador privado, ya que busca primordialmente proteger los intereses de la comunidad (todos los contribuyentes), y no los intereses particulares de las personas directamente expuestas con respecto a un banco en crisis (como el FITD). Por otra parte, Italia considera que el FITD actuó de acuerdo con el principio del menor coste posible. A la hora de decidir sobre la intervención de apoyo al banco Tercas, el FITD intentó encontrar la solución menos costosa desde una perspectiva financiera para sus bancos asociados basándose en el dictamen de una acreditada empresa asesora independiente (KPMG) y debatiendo ampliamente la cuestión en el Consejo y en el Comité de Gestión.

| (81) | Italia considera, por otra parte, que la Comisión no se refirió a las cifras exactas relativas a la operación de reestructuración del banco Tercas con respecto al escenario alternativo de liquidación. La comparación de la intervención de reestructuración con la intervención en el escenario de liquidación debería haberse realizado tras la deducción de la partida [...], cuyo riesgo no se tuvo en cuenta en el cálculo del coste de la liquidación. Teniendo en cuenta esta deducción, se llegaría a un compromiso no superior a 295 millones EUR para la operación de reestructuración, frente a una estimación de 333 millones EUR en el escenario de liquidación. Por esta razón, Italia concluye que la diferencia efectiva entre los dos escenarios ascendía a unos 40 millones EUR y no a los 3 millones EUR que la Comisión calculó, a título preliminar, en su Decisión de incoar el procedimiento. |
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(81)

Italia considera, por otra parte, que la Comisión no se refirió a las cifras exactas relativas a la operación de reestructuración del banco Tercas con respecto al escenario alternativo de liquidación. La comparación de la intervención de reestructuración con la intervención en el escenario de liquidación debería haberse realizado tras la deducción de la partida [...], cuyo riesgo no se tuvo en cuenta en el cálculo del coste de la liquidación. Teniendo en cuenta esta deducción, se llegaría a un compromiso no superior a 295 millones EUR para la operación de reestructuración, frente a una estimación de 333 millones EUR en el escenario de liquidación. Por esta razón, Italia concluye que la diferencia efectiva entre los dos escenarios ascendía a unos 40 millones EUR y no a los 3 millones EUR que la Comisión calculó, a título preliminar, en su Decisión de incoar el procedimiento.

| (82) | En cualquier caso, Italia cree que la intervención del FITD se atiene al principio del inversor en una economía de mercado. En primer lugar, el FITD no podía exigir a Tercas que impusiera el reparto de la carga a los acreedores subordinados más allá de lo previsto en las disposiciones contractuales de los préstamos individuales, que contemplaban la reducción del valor contable total solo en caso de liquidación. En segundo lugar, imponer el reparto de la carga a los acreedores subordinados no habría permitido reducir en lo más mínimo los costes de los bancos asociados del FITD. La valoración de la Comisión estaría viciada desde el momento en que considera que los gastos a cargo de los bancos asociados, y por consiguiente del FITD, habrían resultado menores en caso de liquidación forzosa de Tercas, ya que en tal caso los acreedores subordinados habrían tenido que asumir una parte de las pérdidas. Sobre la base de pruebas documentales, es decir, de las actas de las reuniones del Consejo y del Comité de Gestión del FITD, Italia sostiene que la intervención que el FITD llevó finalmente a cabo evitó el riesgo de posibles acciones judiciales vinculadas a las pérdidas de los titulares de préstamos subordinados. Italia señala, además, que la intervención del FITD evitó asimismo el problema de imagen del sistema bancario resultante del no reembolso de los préstamos subordinados en caso de liquidación forzosa de Tercas. |
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(82)

En cualquier caso, Italia cree que la intervención del FITD se atiene al principio del inversor en una economía de mercado. En primer lugar, el FITD no podía exigir a Tercas que impusiera el reparto de la carga a los acreedores subordinados más allá de lo previsto en las disposiciones contractuales de los préstamos individuales, que contemplaban la reducción del valor contable total solo en caso de liquidación. En segundo lugar, imponer el reparto de la carga a los acreedores subordinados no habría permitido reducir en lo más mínimo los costes de los bancos asociados del FITD. La valoración de la Comisión estaría viciada desde el momento en que considera que los gastos a cargo de los bancos asociados, y por consiguiente del FITD, habrían resultado menores en caso de liquidación forzosa de Tercas, ya que en tal caso los acreedores subordinados habrían tenido que asumir una parte de las pérdidas. Sobre la base de pruebas documentales, es decir, de las actas de las reuniones del Consejo y del Comité de Gestión del FITD, Italia sostiene que la intervención que el FITD llevó finalmente a cabo evitó el riesgo de posibles acciones judiciales vinculadas a las pérdidas de los titulares de préstamos subordinados. Italia señala, además, que la intervención del FITD evitó asimismo el problema de imagen del sistema bancario resultante del no reembolso de los préstamos subordinados en caso de liquidación forzosa de Tercas.

| (83) | Por consiguiente, la decisión del FITD de no implicar a los titulares de préstamos subordinados habría sido razonable, con arreglo al principio del inversor en una economía de mercado, y capaz de impedir que el FITD y sus bancos asociados se vieran expuestos a costes adicionales. |
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(83)

Por consiguiente, la decisión del FITD de no implicar a los titulares de préstamos subordinados habría sido razonable, con arreglo al principio del inversor en una economía de mercado, y capaz de impedir que el FITD y sus bancos asociados se vieran expuestos a costes adicionales.

5.2.2.   Observaciones del Banco de Italia

Observaciones del Banco de Italia

| (84) | La Comisión no ha recibido ninguna observación del Banco de Italia sobre la ventaja selectiva de las medidas aplicadas. |
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(84)

La Comisión no ha recibido ninguna observación del Banco de Italia sobre la ventaja selectiva de las medidas aplicadas.

5.2.3.   Observaciones de las otras Partes interesadas

Observaciones de las otras Partes interesadas

| (85) | Por lo que respecta a la viabilidad económica de la intervención de acuerdo con el principio del inversor en una economía de mercado, las otras Partes interesadas consideran que la intervención es la expresión de una elección racional y adecuada para cualquier empresa privada, como el FITD y sus bancos asociados. Según las Partes interesadas, el caso que nos ocupa tiene un claro paralelismo con el asunto Sicilcassa, en el que la Comisión llegó a la conclusión de que la medida no constituía ayuda estatal habida cuenta de la decisiva participación de organismos de Derecho privado. Como en el asunto Sicilcassa, el FITD desempeñó el papel de garante para el reembolso de los depósitos con arreglo a la legislación sobre los sistemas de garantía de depósitos, mientras que las intervenciones del FITD fueron decididas por los propios órganos directivos y sobre la base de los mismos criterios, y el Banco de Italia ejerció las mismas funciones. Las Partes interesadas también consideran que, habida cuenta de que en Italia ya no existen bancos sujetos a control público, todos los miembros del FITD son actualmente bancos privados. Por tanto, el FITD solo puede actuar como entidad privada. |
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(85)

Por lo que respecta a la viabilidad económica de la intervención de acuerdo con el principio del inversor en una economía de mercado, las otras Partes interesadas consideran que la intervención es la expresión de una elección racional y adecuada para cualquier empresa privada, como el FITD y sus bancos asociados. Según las Partes interesadas, el caso que nos ocupa tiene un claro paralelismo con el asunto Sicilcassa, en el que la Comisión llegó a la conclusión de que la medida no constituía ayuda estatal habida cuenta de la decisiva participación de organismos de Derecho privado. Como en el asunto Sicilcassa, el FITD desempeñó el papel de garante para el reembolso de los depósitos con arreglo a la legislación sobre los sistemas de garantía de depósitos, mientras que las intervenciones del FITD fueron decididas por los propios órganos directivos y sobre la base de los mismos criterios, y el Banco de Italia ejerció las mismas funciones. Las Partes interesadas también consideran que, habida cuenta de que en Italia ya no existen bancos sujetos a control público, todos los miembros del FITD son actualmente bancos privados. Por tanto, el FITD solo puede actuar como entidad privada.

| (86) | Las demás Partes interesadas han reexaminado algunos casos anteriores de intervenciones alternativas del FITD (45) y su justificación económica, refiriéndose también al momento en que la participación en un sistema de garantía de depósitos era meramente voluntaria. Las empresas habían optado por afiliarse al sistema de garantía de depósitos, pese a no tratarse de un requisito legal. Las otras Partes interesadas rechazan el argumento, que la Comisión esgrimía en la Decisión de incoar el procedimiento, de que un operador en una economía de mercado no está expuesto a los costes vinculados al reembolso de los depósitos y no concede subvenciones o garantías que no lleven aparejado el cobro de comisiones. |
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(86)

Las demás Partes interesadas han reexaminado algunos casos anteriores de intervenciones alternativas del FITD (45) y su justificación económica, refiriéndose también al momento en que la participación en un sistema de garantía de depósitos era meramente voluntaria. Las empresas habían optado por afiliarse al sistema de garantía de depósitos, pese a no tratarse de un requisito legal. Las otras Partes interesadas rechazan el argumento, que la Comisión esgrimía en la Decisión de incoar el procedimiento, de que un operador en una economía de mercado no está expuesto a los costes vinculados al reembolso de los depósitos y no concede subvenciones o garantías que no lleven aparejado el cobro de comisiones.

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| (87) | Además, las otras Partes interesadas subrayan que el comportamiento del FITD y sus bancos asociados no debe evaluarse en abstracto (con referencia a un escenario hipotético no reglamentado), sino más bien sobre la base del marco normativo en el que operan. En este contexto, cuando, como en el asunto que nos ocupa, la cobertura del déficit patrimonial constituye la medida menos gravosa para el consorcio bancario, habida cuenta del marco normativo que obliga a reembolsar los depósitos dentro de unos determinados límites, la intervención sería la opción más razonable para un operador privado en una economía de mercado. |
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(87)

Además, las otras Partes interesadas subrayan que el comportamiento del FITD y sus bancos asociados no debe evaluarse en abstracto (con referencia a un escenario hipotético no reglamentado), sino más bien sobre la base del marco normativo en el que operan. En este contexto, cuando, como en el asunto que nos ocupa, la cobertura del déficit patrimonial constituye la medida menos gravosa para el consorcio bancario, habida cuenta del marco normativo que obliga a reembolsar los depósitos dentro de unos determinados límites, la intervención sería la opción más razonable para un operador privado en una economía de mercado.

| (88) | Las otras Partes interesadas cuestionan el argumento de la Comisión de que los costes del reembolso de los depósitos en el marco de un procedimiento de liquidación forzosa no deben tenerse en cuenta en la aplicación del principio del operador privado en una economía de mercado, ya que se derivan de obligaciones impuestas al FITD en su función de sistema de garantía de depósitos que debe actuar en pro del interés público, protegiendo a los depositantes. Responden que en el caso de la Resolución relativa al Banco Espirito Santo en Portugal (46), la Comisión consideró que los costes del reembolso de los depósitos en caso de liquidación debían tenerse en cuenta en la aplicación del principio del operador privado en una economía de mercado. Además, la Comisión no puede comparar el presente caso con la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Land Burgenland (47), ya que el Tribunal de Justicia establece una distinción entre medidas imputables al Estado en su calidad de accionista y otras prerrogativas públicas. |
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(88)

Las otras Partes interesadas cuestionan el argumento de la Comisión de que los costes del reembolso de los depósitos en el marco de un procedimiento de liquidación forzosa no deben tenerse en cuenta en la aplicación del principio del operador privado en una economía de mercado, ya que se derivan de obligaciones impuestas al FITD en su función de sistema de garantía de depósitos que debe actuar en pro del interés público, protegiendo a los depositantes. Responden que en el caso de la Resolución relativa al Banco Espirito Santo en Portugal (46), la Comisión consideró que los costes del reembolso de los depósitos en caso de liquidación debían tenerse en cuenta en la aplicación del principio del operador privado en una economía de mercado. Además, la Comisión no puede comparar el presente caso con la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Land Burgenland (47), ya que el Tribunal de Justicia establece una distinción entre medidas imputables al Estado en su calidad de accionista y otras prerrogativas públicas.

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| (89) | Las otras Partes interesadas también señalan que la intervención se llevó a cabo sobre la base del criterio del menor coste posible, recurriendo a una acreditada sociedad de revisión y asesoría para determinar la solución menos costosa y arriesgada para el consorcio bancario. Sobre esta base, el FITD ideó una intervención que podía reducir significativamente los costes para los bancos asociados, evitar los riesgos del escenario de liquidación y prevenir los posibles efectos negativos resultantes de la eventual liquidación forzosa de Tercas. |
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(89)

Las otras Partes interesadas también señalan que la intervención se llevó a cabo sobre la base del criterio del menor coste posible, recurriendo a una acreditada sociedad de revisión y asesoría para determinar la solución menos costosa y arriesgada para el consorcio bancario. Sobre esta base, el FITD ideó una intervención que podía reducir significativamente los costes para los bancos asociados, evitar los riesgos del escenario de liquidación y prevenir los posibles efectos negativos resultantes de la eventual liquidación forzosa de Tercas.

| (90) | Por lo que se refiere a la evaluación de si los costes totales de las intervenciones de apoyo del FITD eran inferiores a los del escenario de la liquidación de Tercas, las demás Partes interesadas observan que los costes de la garantía que cubre el riesgo de crédito de las financiaciones bullet (transacción con reembolso único al vencimiento) con respecto a [...] no debían tenerse en cuenta en la valoración de los costes de la medida de ayuda. Tales costes no se tuvieron en cuenta en las estimaciones de los costes del FITD en caso de liquidación de Tercas. Por lo tanto, consideran incorrecta la estimación de la Comisión según la cual el ahorro de costes logrado mediante la intervención sería de 3 millones EUR. En el informe de [...], que detectaba la solución menos costosa y menos arriesgada para el FITD y sus bancos asociados, los costes estimados de la liquidación forzosa no incluían el riesgo vinculado a los préstamos concedidos a [...], que rondaban los 35 millones EUR. Para comparar adecuadamente los dos escenarios de reembolso de los depósitos y de intervención alternativa, la «comparación de la intervención de reestructuración con la intervención en el escenario de liquidación debería haberse realizado tras la deducción de la partida [...], cuyo riesgo no se tuvo en cuenta en el cálculo del coste de la liquidación» (48). Por lo tanto, lo correcto sería comparar un compromiso «no superior a 295 millones EUR para la operación de reestructuración con el coste en caso de liquidación estimado de 333 millones EUR» (49). Por esta razón, las otras Partes interesadas sostienen que la diferencia efectiva entre las dos situaciones es de al menos 38 millones EUR. En su opinión, esta tesis se confirma por el hecho de que los créditos cubiertos por la garantía del FITD fueron efectivamente pagados a Tercas (50). El FITD no ha efectuado ningún desembolso en relación con los 35 millones EUR de garantía que la Comisión incluyó erróneamente en el cálculo del coste de la intervención. |
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(90)

Por lo que se refiere a la evaluación de si los costes totales de las intervenciones de apoyo del FITD eran inferiores a los del escenario de la liquidación de Tercas, las demás Partes interesadas observan que los costes de la garantía que cubre el riesgo de crédito de las financiaciones bullet (transacción con reembolso único al vencimiento) con respecto a [...] no debían tenerse en cuenta en la valoración de los costes de la medida de ayuda. Tales costes no se tuvieron en cuenta en las estimaciones de los costes del FITD en caso de liquidación de Tercas. Por lo tanto, consideran incorrecta la estimación de la Comisión según la cual el ahorro de costes logrado mediante la intervención sería de 3 millones EUR. En el informe de [...], que detectaba la solución menos costosa y menos arriesgada para el FITD y sus bancos asociados, los costes estimados de la liquidación forzosa no incluían el riesgo vinculado a los préstamos concedidos a [...], que rondaban los 35 millones EUR. Para comparar adecuadamente los dos escenarios de reembolso de los depósitos y de intervención alternativa, la «comparación de la intervención de reestructuración con la intervención en el escenario de liquidación debería haberse realizado tras la deducción de la partida [...], cuyo riesgo no se tuvo en cuenta en el cálculo del coste de la liquidación» (48). Por lo tanto, lo correcto sería comparar un compromiso «no superior a 295 millones EUR para la operación de reestructuración con el coste en caso de liquidación estimado de 333 millones EUR» (49). Por esta razón, las otras Partes interesadas sostienen que la diferencia efectiva entre las dos situaciones es de al menos 38 millones EUR. En su opinión, esta tesis se confirma por el hecho de que los créditos cubiertos por la garantía del FITD fueron efectivamente pagados a Tercas (50). El FITD no ha efectuado ningún desembolso en relación con los 35 millones EUR de garantía que la Comisión incluyó erróneamente en el cálculo del coste de la intervención.

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| (91) | Del mismo modo, a efectos de evaluar el «menor coste posible», la exención fiscal no debería incluirse entre los costes equivalentes al importe total de 30 millones EUR. El FITD debía asumir esta carga únicamente en caso de que la Comisión no autorizase la exención fiscal. |
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(91)

Del mismo modo, a efectos de evaluar el «menor coste posible», la exención fiscal no debería incluirse entre los costes equivalentes al importe total de 30 millones EUR. El FITD debía asumir esta carga únicamente en caso de que la Comisión no autorizase la exención fiscal.

| (92) | Las otras Partes interesadas hacen referencia a un desembolso de 1 900 millones EUR en caso de liquidación, que habrían sido objeto de reembolso solo parcialmente (y que en el informe de [...] se cifran en 1 500 millones EUR). Señalan asimismo que el importe de 1 900 millones EUR de depósitos que no estaban cubiertos por el sistema de reembolso en caso de liquidación habría supuesto un riesgo de contagio para los bancos asociados y el sistema bancario en general. Este riesgo podría haber tenido unos efectos «potencialmente enormes» a nivel jurídico y de imagen. Las otras Partes interesadas también consideran que, en caso de liquidación forzosa de Tercas, las perspectivas de recuperación de parte de los costes iniciales, estimados en 1 900 millones EUR, habrían podido verse aún más comprometidas por las eventuales reclamaciones de indemnización de los acreedores subordinados. |
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(92)

Las otras Partes interesadas hacen referencia a un desembolso de 1 900 millones EUR en caso de liquidación, que habrían sido objeto de reembolso solo parcialmente (y que en el informe de [...] se cifran en 1 500 millones EUR). Señalan asimismo que el importe de 1 900 millones EUR de depósitos que no estaban cubiertos por el sistema de reembolso en caso de liquidación habría supuesto un riesgo de contagio para los bancos asociados y el sistema bancario en general. Este riesgo podría haber tenido unos efectos «potencialmente enormes» a nivel jurídico y de imagen. Las otras Partes interesadas también consideran que, en caso de liquidación forzosa de Tercas, las perspectivas de recuperación de parte de los costes iniciales, estimados en 1 900 millones EUR, habrían podido verse aún más comprometidas por las eventuales reclamaciones de indemnización de los acreedores subordinados.

| (93) | El informe de [...] según el cual el FITD calculó la menor carga posible hacía referencia a la situación contable a 31 de diciembre de 2013, pero BPB presentó una evaluación actualizada del impacto para el FITD del escenario de liquidación a 31 de julio de 2014, fecha en la que se celebró la junta general extraordinaria de recapitalización de Tercas y en que se definió formalmente la intervención. Los costes estimados sobre la base de esta evaluación actualizada ascienden a [350-750] millones EUR. La diferencia entre esta estimación y la estimación basada en la situación a 31 de diciembre de 2013, contenida en el informe, se debe a la reclasificación de las partidas contables, que pasaron de «sin incumplimientos» a 31 de diciembre de 2013 a .«con incumplimientos» a 31 de julio de 2014, y al incremento de los depósitos que el FITD debía reembolsar. |
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(93)

El informe de [...] según el cual el FITD calculó la menor carga posible hacía referencia a la situación contable a 31 de diciembre de 2013, pero BPB presentó una evaluación actualizada del impacto para el FITD del escenario de liquidación a 31 de julio de 2014, fecha en la que se celebró la junta general extraordinaria de recapitalización de Tercas y en que se definió formalmente la intervención. Los costes estimados sobre la base de esta evaluación actualizada ascienden a [350-750] millones EUR. La diferencia entre esta estimación y la estimación basada en la situación a 31 de diciembre de 2013, contenida en el informe, se debe a la reclasificación de las partidas contables, que pasaron de «sin incumplimientos» a 31 de diciembre de 2013 a .«con incumplimientos» a 31 de julio de 2014, y al incremento de los depósitos que el FITD debía reembolsar.

| (94) | Las otras Partes interesadas rechazan el argumento de la Comisión de que los costes supuestamente a cargo del FITD en la intervención de apoyo podían reducirse aún más con una reducción del valor contable de la deuda subordinada. En la fecha en la que el FITD decidió intervenir, la alternativa de la recapitalización de la deuda subordinada no constituía una solución legalmente viable. La legislación italiana prevé la posibilidad de una reducción del valor contable únicamente en caso de liquidación forzosa. En caso de intento de recapitalización, las bancas asociadas del FITD habrían tenido que hacer frente a importantes desembolsos inmediatos, sin ninguna garantía de poder recuperarlos. Las controversias con los titulares de los préstamos subordinados habrían incrementado el coste del proceso de liquidación y las cargas que pesan sobre los bancos asociados del FITD como consecuencia de una disminución en el valor de los activos objeto de liquidación. Los efectos colaterales resultantes habrían tenido una incidencia negativa en la confianza de los clientes, así como en la imagen y la estabilidad del propio sistema bancario. Las otras Partes interesadas sostienen también que la mayoría de los acreedores subordinados del banco Tercas estaba constituida por ahorradores y depositantes particulares, y que el administrador extraordinario ya había adoptado la única forma posible de reparto de la carga entre los acreedores subordinados, consistente en el aplazamiento del pago de los cupones de las obligaciones en manos del Banco Popolare S.c. |
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(94)

Las otras Partes interesadas rechazan el argumento de la Comisión de que los costes supuestamente a cargo del FITD en la intervención de apoyo podían reducirse aún más con una reducción del valor contable de la deuda subordinada. En la fecha en la que el FITD decidió intervenir, la alternativa de la recapitalización de la deuda subordinada no constituía una solución legalmente viable. La legislación italiana prevé la posibilidad de una reducción del valor contable únicamente en caso de liquidación forzosa. En caso de intento de recapitalización, las bancas asociadas del FITD habrían tenido que hacer frente a importantes desembolsos inmediatos, sin ninguna garantía de poder recuperarlos. Las controversias con los titulares de los préstamos subordinados habrían incrementado el coste del proceso de liquidación y las cargas que pesan sobre los bancos asociados del FITD como consecuencia de una disminución en el valor de los activos objeto de liquidación. Los efectos colaterales resultantes habrían tenido una incidencia negativa en la confianza de los clientes, así como en la imagen y la estabilidad del propio sistema bancario. Las otras Partes interesadas sostienen también que la mayoría de los acreedores subordinados del banco Tercas estaba constituida por ahorradores y depositantes particulares, y que el administrador extraordinario ya había adoptado la única forma posible de reparto de la carga entre los acreedores subordinados, consistente en el aplazamiento del pago de los cupones de las obligaciones en manos del Banco Popolare S.c.

| (95) | Por último, otras Partes interesadas subrayan que, para el análisis de la menor carga posible, el escenario de liquidación elegido en el informe de [...] no es el más pesimista. Los costes de liquidación estimados se basaron: i) en la posibilidad de identificar a un operador que, incluso en un escenario de liquidación, estuviera dispuesto a adquirir parte de las sucursales; y ii) en la interrupción anticipada de la relación laboral con el personal no transferido, acompañada del pago de un total de 12 mensualidades por cada empleado. El informe [...], utilizado por el FITD como fundamento de su propia decisión de intervención, se basó en un escenario intermedio, aunque también se contemplaron algunos escenarios pesimistas alternativos. |
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(95)

Por último, otras Partes interesadas subrayan que, para el análisis de la menor carga posible, el escenario de liquidación elegido en el informe de [...] no es el más pesimista. Los costes de liquidación estimados se basaron: i) en la posibilidad de identificar a un operador que, incluso en un escenario de liquidación, estuviera dispuesto a adquirir parte de las sucursales; y ii) en la interrupción anticipada de la relación laboral con el personal no transferido, acompañada del pago de un total de 12 mensualidades por cada empleado. El informe [...], utilizado por el FITD como fundamento de su propia decisión de intervención, se basó en un escenario intermedio, aunque también se contemplaron algunos escenarios pesimistas alternativos.

| (96) | Por otra parte, cabe suponer que la intervención del FITD no confirió ninguna ventaja a Tercas, ya que habría coincidido con la aportación de capital de BPB a Tercas, que habría sido concomitante, significativa y comparable a la intervención del FITD. |
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(96)

Por otra parte, cabe suponer que la intervención del FITD no confirió ninguna ventaja a Tercas, ya que habría coincidido con la aportación de capital de BPB a Tercas, que habría sido concomitante, significativa y comparable a la intervención del FITD.

| (97) | A la luz de estas consideraciones, debe considerarse que la intervención fue la solución menos costosa y menos arriesgada para los bancos asociados del FITD. |
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(97)

A la luz de estas consideraciones, debe considerarse que la intervención fue la solución menos costosa y menos arriesgada para los bancos asociados del FITD.

5.3.   Compatibilidad

Compatibilidad

5.3.1.   Observaciones de Italia

Observaciones de Italia

| (98) | La Comisión no ha recibido ninguna observación de Italia sobre la compatibilidad de las medidas aplicadas. |
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(98)

La Comisión no ha recibido ninguna observación de Italia sobre la compatibilidad de las medidas aplicadas.

5.3.2.   Observaciones del Banco de Italia

Observaciones del Banco de Italia

| (99) | La Comisión no ha recibido ninguna observación del Banco de Italia sobre la compatibilidad de las medidas aplicadas. |
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(99)

La Comisión no ha recibido ninguna observación del Banco de Italia sobre la compatibilidad de las medidas aplicadas.

5.3.3.   Observaciones de otras Partes interesadas

Observaciones de otras Partes interesadas

| (100) | Las otras Partes interesadas señalan que, aun cuando las medidas analizadas constituyeran ayuda estatal, serían compatibles con el mercado interior. Consideran que el plan de rescate del banco Tercas permitirá restablecer su viabilidad a largo plazo, que la intervención del FITD se circunscribió al mínimo necesario y limitó las posibles repercusiones sobre la estructura competitiva del mercado. |
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(100)

Las otras Partes interesadas señalan que, aun cuando las medidas analizadas constituyeran ayuda estatal, serían compatibles con el mercado interior. Consideran que el plan de rescate del banco Tercas permitirá restablecer su viabilidad a largo plazo, que la intervención del FITD se circunscribió al mínimo necesario y limitó las posibles repercusiones sobre la estructura competitiva del mercado.

| (101) | Por lo que respecta a la viabilidad a largo plazo, las otras Partes interesadas sostienen que el administrador extraordinario actuó con el propósito de poner remedio a las deficiencias organizativas y del sistema de control interno de Tercas. El administrador extraordinario centró su atención en la presencia de anomalías de gestión (créditos, participaciones y litigios) y en la correcta evaluación del riesgo inherente (créditos dudosos, depreciación, provisiones). También aplicó una reducción progresiva de los niveles de deuda («desapalancamiento») para compensar la considerable caída de la recaudación vinculada a la fuga de clientes. El administrador extraordinario también procedió a racionalizar las estructuras (revisión del modelo de empresa, con la consiguiente posibilidad de cerrar algunas filiales, plan de despidos para reducir la plantilla, simplificación de las estructuras organizativas, reducción de los gastos administrativos), con el fin de lograr una importante contención de los costes de naturaleza estructural. La recapitalización de Tercas por parte del FITD y BPB constituyó la mejor solución para remediar rápidamente la falta de liquidez. BPB asumió el riesgo empresarial vinculado a la reestructuración del banco Tercas, inyectando ingentes recursos —financieros y de otro tipo— que permitieran llevar a buen puerto el proyecto industrial. |
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(101)

Por lo que respecta a la viabilidad a largo plazo, las otras Partes interesadas sostienen que el administrador extraordinario actuó con el propósito de poner remedio a las deficiencias organizativas y del sistema de control interno de Tercas. El administrador extraordinario centró su atención en la presencia de anomalías de gestión (créditos, participaciones y litigios) y en la correcta evaluación del riesgo inherente (créditos dudosos, depreciación, provisiones). También aplicó una reducción progresiva de los niveles de deuda («desapalancamiento») para compensar la considerable caída de la recaudación vinculada a la fuga de clientes. El administrador extraordinario también procedió a racionalizar las estructuras (revisión del modelo de empresa, con la consiguiente posibilidad de cerrar algunas filiales, plan de despidos para reducir la plantilla, simplificación de las estructuras organizativas, reducción de los gastos administrativos), con el fin de lograr una importante contención de los costes de naturaleza estructural. La recapitalización de Tercas por parte del FITD y BPB constituyó la mejor solución para remediar rápidamente la falta de liquidez. BPB asumió el riesgo empresarial vinculado a la reestructuración del banco Tercas, inyectando ingentes recursos —financieros y de otro tipo— que permitieran llevar a buen puerto el proyecto industrial.

| (102) | Por su parte, BPB piensa que desarrolló una línea de intervención basada en la mejora del margen de intermediación de los préstamos y depósitos (51), una racionalización de los costes (52), la creación de sinergias de grupo, la defensa de la calidad crediticia, la mejora de la calidad del crédito, la optimización de la gestión de los créditos de dudoso cobro mediante la transferencia de los préstamos de dudoso cobro, intervenciones de refuerzo del perfil de liquidez (53) y puesta a disposición de recursos de gestión. BPB señala que los elementos estructurales del plan de rescate fueron desarrollados en el marco de su plan empresarial 2015-2019. La propia BPB considera que estos elementos muestran una «secuencia de compromisos coherente [...], dirigida al restablecimiento de la viabilidad de Tercas», y que la inexistencia de un plan de rescate detallado no debe impedir una evaluación positiva por parte de la Comisión (54) de los «programas generales», que cuentan con una «dirección coherente». |
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(102)

Por su parte, BPB piensa que desarrolló una línea de intervención basada en la mejora del margen de intermediación de los préstamos y depósitos (51), una racionalización de los costes (52), la creación de sinergias de grupo, la defensa de la calidad crediticia, la mejora de la calidad del crédito, la optimización de la gestión de los créditos de dudoso cobro mediante la transferencia de los préstamos de dudoso cobro, intervenciones de refuerzo del perfil de liquidez (53) y puesta a disposición de recursos de gestión. BPB señala que los elementos estructurales del plan de rescate fueron desarrollados en el marco de su plan empresarial 2015-2019. La propia BPB considera que estos elementos muestran una «secuencia de compromisos coherente [...], dirigida al restablecimiento de la viabilidad de Tercas», y que la inexistencia de un plan de rescate detallado no debe impedir una evaluación positiva por parte de la Comisión (54) de los «programas generales», que cuentan con una «dirección coherente».

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| (103) | La intervención se limitó al mínimo necesario: i) por las razones expuestas en los anteriores considerandos 90 a 93; ii) porque era la única solución posible; y 3) dado que el FITD solo contribuyó parcialmente a la reprogramación del déficit patrimonial y al restablecimiento de los coeficientes mínimos de capital. Las otras Partes interesadas consideran que, habida cuenta de la magnitud de las pérdidas de Tercas, no existían alternativas menos gravosas que la adquisición de Tercas por BPB, pese a los esfuerzos realizados por el administrador extraordinario para encontrar otros compradores (55). El esfuerzo por reducir los costes al mínimo necesario también se confirma por el hecho de que las Partes recurrieron a un árbitro para alcanzar un acuerdo sobre el importe del déficit patrimonial de Tercas, consiguiendo reducir la cantidad exigida por BPB de [300-800] millones EUR a 265 millones EUR. |
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(103)

La intervención se limitó al mínimo necesario: i) por las razones expuestas en los anteriores considerandos 90 a 93; ii) porque era la única solución posible; y 3) dado que el FITD solo contribuyó parcialmente a la reprogramación del déficit patrimonial y al restablecimiento de los coeficientes mínimos de capital. Las otras Partes interesadas consideran que, habida cuenta de la magnitud de las pérdidas de Tercas, no existían alternativas menos gravosas que la adquisición de Tercas por BPB, pese a los esfuerzos realizados por el administrador extraordinario para encontrar otros compradores (55). El esfuerzo por reducir los costes al mínimo necesario también se confirma por el hecho de que las Partes recurrieron a un árbitro para alcanzar un acuerdo sobre el importe del déficit patrimonial de Tercas, consiguiendo reducir la cantidad exigida por BPB de [300-800] millones EUR a 265 millones EUR.

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| (104) | Los gastos de intervención se redujeron aún más mediante la aplicación de medidas de reparto de la carga. El capital social se habría reducido a cero, por lo que los socios habrían perdido toda su inversión. Además, se habría suspendido el pago de los cupones de obligaciones subordinadas en la medida de lo posible. Las otras Partes interesadas sostienen que fue imposible prever ninguna otra forma de sacrificio de los titulares de la deuda subordinada dado que, con arreglo a la normativa nacional actualmente vigente, esas personas solo podían ser obligadas a participar en las pérdidas en caso de liquidación forzosa. No obstante, la ausencia de carga adicional para los titulares de los préstamos subordinados no habría implicado un aumento de la carga sobre las finanzas públicas dado que los recursos para la intervención habrían procedido íntegramente de particulares. Por otra parte, el sacrificio de los titulares de deuda subordinada habría podido generar costes adicionales e importantes riesgos para los bancos asociados del FITD. Estos efectos negativos se habrían derivado del desmantelamiento de Tercas, del riesgo de que los clientes de Tercas emprendieran acciones judiciales y del impacto negativo en la reputación de Tercas y en la estabilidad de todo el sistema bancario. Por último, la ausencia de otras cargas para los titulares de los préstamos subordinados no acarrearía el denominado «riesgo moral» (esto es, el riesgo de gestiones imprudentes), dado que los costes asociados a la cobertura del déficit patrimonial habrían quedado totalmente absorbidos por el sistema bancario, sin costes adicionales para los contribuyentes. |
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(104)

Los gastos de intervención se redujeron aún más mediante la aplicación de medidas de reparto de la carga. El capital social se habría reducido a cero, por lo que los socios habrían perdido toda su inversión. Además, se habría suspendido el pago de los cupones de obligaciones subordinadas en la medida de lo posible. Las otras Partes interesadas sostienen que fue imposible prever ninguna otra forma de sacrificio de los titulares de la deuda subordinada dado que, con arreglo a la normativa nacional actualmente vigente, esas personas solo podían ser obligadas a participar en las pérdidas en caso de liquidación forzosa. No obstante, la ausencia de carga adicional para los titulares de los préstamos subordinados no habría implicado un aumento de la carga sobre las finanzas públicas dado que los recursos para la intervención habrían procedido íntegramente de particulares. Por otra parte, el sacrificio de los titulares de deuda subordinada habría podido generar costes adicionales e importantes riesgos para los bancos asociados del FITD. Estos efectos negativos se habrían derivado del desmantelamiento de Tercas, del riesgo de que los clientes de Tercas emprendieran acciones judiciales y del impacto negativo en la reputación de Tercas y en la estabilidad de todo el sistema bancario. Por último, la ausencia de otras cargas para los titulares de los préstamos subordinados no acarrearía el denominado «riesgo moral» (esto es, el riesgo de gestiones imprudentes), dado que los costes asociados a la cobertura del déficit patrimonial habrían quedado totalmente absorbidos por el sistema bancario, sin costes adicionales para los contribuyentes.

| (105) | Las otras Partes interesadas señalan también que el hecho de no convertir o reducir el valor contable de la deuda subordinada se ajustaba a lo dispuesto en el punto 42 de la Comunicación bancaria, en el que se aclara que las eventuales contribuciones pedidas a los depositantes no son un elemento obligatorio del reparto de la carga. Esto también se atiene a lo dispuesto en el punto 45 de la citada Comunicación, que permite contemplar excepciones al principio general de conversión o reducción del valor contable de la deuda subordinada, «cuando la aplicación de tales medidas pondría en peligro la estabilidad financiera o llevaría a unos resultados desproporcionados». |
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(105)

Las otras Partes interesadas señalan también que el hecho de no convertir o reducir el valor contable de la deuda subordinada se ajustaba a lo dispuesto en el punto 42 de la Comunicación bancaria, en el que se aclara que las eventuales contribuciones pedidas a los depositantes no son un elemento obligatorio del reparto de la carga. Esto también se atiene a lo dispuesto en el punto 45 de la citada Comunicación, que permite contemplar excepciones al principio general de conversión o reducción del valor contable de la deuda subordinada, «cuando la aplicación de tales medidas pondría en peligro la estabilidad financiera o llevaría a unos resultados desproporcionados».

| (106) | Las otras Partes interesadas señalan asimismo que la ausencia o la no idoneidad de la remuneración debe considerarse admisible cuando, como en el asunto que nos ocupa, se compensa con una profunda reestructuración de gran alcance y se justifica por la búsqueda de un comprador para el banco en crisis. |
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(106)

Las otras Partes interesadas señalan asimismo que la ausencia o la no idoneidad de la remuneración debe considerarse admisible cuando, como en el asunto que nos ocupa, se compensa con una profunda reestructuración de gran alcance y se justifica por la búsqueda de un comprador para el banco en crisis.

| (107) | Además, la medida no falsea la competencia en el mercado interior por:






  1) | las reducidas dimensiones y el limitado alcance geográfico de Tercas; |
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(107)

Además, la medida no falsea la competencia en el mercado interior por:

1)

las reducidas dimensiones y el limitado alcance geográfico de Tercas;

| 2) | el hecho de que BPB fue el único operador que manifestó un interés real en realizar una aportación de capital a Tercas y el hecho de que la Comisión había considerado que la venta de un banco en quiebra (cuya actividad se beneficia de la ayuda en cuestión) a un operador privado en una economía de mercado en el marco de un procedimiento de venta «abierto» constituye una forma de mitigar los posibles falseamientos de la competencia (56); |
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2)

el hecho de que BPB fue el único operador que manifestó un interés real en realizar una aportación de capital a Tercas y el hecho de que la Comisión había considerado que la venta de un banco en quiebra (cuya actividad se beneficia de la ayuda en cuestión) a un operador privado en una economía de mercado en el marco de un procedimiento de venta «abierto» constituye una forma de mitigar los posibles falseamientos de la competencia (56);

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| 3) | el carácter suficientemente efectivo del plan de rescate de Tercas y el hecho de que dicho plan preveía la integración de Tercas en BPB. |
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3)

el carácter suficientemente efectivo del plan de rescate de Tercas y el hecho de que dicho plan preveía la integración de Tercas en BPB.

| (108) | La cesión de Tercas a BPB era la única alternativa viable para responder a las cuestiones planteadas por la autoridad de supervisión italiana y evitar un falseamiento de la competencia. Por otra parte, la operación de reestructuración suponía una recapitalización total de Tercas y un importante aumento de capital por parte de BPB para llevar a cabo la operación. |
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(108)

La cesión de Tercas a BPB era la única alternativa viable para responder a las cuestiones planteadas por la autoridad de supervisión italiana y evitar un falseamiento de la competencia. Por otra parte, la operación de reestructuración suponía una recapitalización total de Tercas y un importante aumento de capital por parte de BPB para llevar a cabo la operación.

| (109) | Por último, remitiéndose a decisiones anteriores de la Comisión (57), las otras Partes interesadas sostienen que la recapitalización de Tercas y su adquisición por BPB tras la cobertura no remunerada del déficit patrimonial por parte del FITD pueden considerarse justificadas en la medida en que fueron necesarias para garantizar la transferencia de los activos y aplicar una amplia y profunda reestructuración del banco. En el asunto que nos ocupa, ninguna solución capaz de superar la profunda crisis de Tercas habría garantizado una remuneración. Cualquier exigencia de remuneración por parte del FITD habría agravado la situación financiera de Tercas o aumentado los costes para el banco comprador. |
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(109)

Por último, remitiéndose a decisiones anteriores de la Comisión (57), las otras Partes interesadas sostienen que la recapitalización de Tercas y su adquisición por BPB tras la cobertura no remunerada del déficit patrimonial por parte del FITD pueden considerarse justificadas en la medida en que fueron necesarias para garantizar la transferencia de los activos y aplicar una amplia y profunda reestructuración del banco. En el asunto que nos ocupa, ninguna solución capaz de superar la profunda crisis de Tercas habría garantizado una remuneración. Cualquier exigencia de remuneración por parte del FITD habría agravado la situación financiera de Tercas o aumentado los costes para el banco comprador.

57

6.   EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS

EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS

6.1.   Existencia de ayuda estatal

Existencia de ayuda estatal

| (110) | De conformidad con el artículo 107, apartado 1, del Tratado, serán incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones. La Comisión evaluará si en las intervenciones del FITD se dan estas condiciones acumulativas. |
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(110)

De conformidad con el artículo 107, apartado 1, del Tratado, serán incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones. La Comisión evaluará si en las intervenciones del FITD se dan estas condiciones acumulativas.

| (111) | Por lo que se refiere al régimen de exención fiscal contemplado en el considerando 4 de la Decisión de incoar el procedimiento, la Comisión observa que las autoridades italianas no lo han notificado. Además, según la información de que dispone actualmente la Comisión, este régimen no se aplicó en el asunto que nos ocupa. El régimen, por lo tanto, no es objeto de la presente Decisión. |
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(111)

Por lo que se refiere al régimen de exención fiscal contemplado en el considerando 4 de la Decisión de incoar el procedimiento, la Comisión observa que las autoridades italianas no lo han notificado. Además, según la información de que dispone actualmente la Comisión, este régimen no se aplicó en el asunto que nos ocupa. El régimen, por lo tanto, no es objeto de la presente Decisión.

6.1.1.   Fondos estatales e imputabilidad al Estado

Fondos estatales e imputabilidad al Estado

| (112) | El Tribunal de Justicia ha confirmado en repetidas ocasiones que todos los medios económicos con los que las autoridades públicas prestan un apoyo artificial a las empresas están sujetos al control de las ayudas estatales, independientemente de que dichos medios sean o no activos permanentes del sector público. Las contribuciones obligatorias impuestas, gestionadas y distribuidas con arreglo a la ley u otro tipo de normas públicas implican la presencia de fondos estatales, aunque estos no estén administrados por las autoridades públicas (58). El mero hecho de que estos fondos se financien mediante contribuciones privadas no es suficiente para descartar su carácter público. El factor relevante no es el origen directo de los fondos, sino el grado de intervención de la autoridad pública en la definición de las medidas y de sus modalidades de financiación (59). |
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(112)

El Tribunal de Justicia ha confirmado en repetidas ocasiones que todos los medios económicos con los que las autoridades públicas prestan un apoyo artificial a las empresas están sujetos al control de las ayudas estatales, independientemente de que dichos medios sean o no activos permanentes del sector público. Las contribuciones obligatorias impuestas, gestionadas y distribuidas con arreglo a la ley u otro tipo de normas públicas implican la presencia de fondos estatales, aunque estos no estén administrados por las autoridades públicas (58). El mero hecho de que estos fondos se financien mediante contribuciones privadas no es suficiente para descartar su carácter público. El factor relevante no es el origen directo de los fondos, sino el grado de intervención de la autoridad pública en la definición de las medidas y de sus modalidades de financiación (59).

58

59

| (113) | Por otra parte, como señaló el Tribunal de Justicia en las sentencias Ladbroke (60), Stardust Marine y Doux Élevage, los fondos que permanecen bajo control público y, por lo tanto, a disposición de las autoridades públicas, constituyen fondos estatales. |
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(113)

Por otra parte, como señaló el Tribunal de Justicia en las sentencias Ladbroke (60), Stardust Marine y Doux Élevage, los fondos que permanecen bajo control público y, por lo tanto, a disposición de las autoridades públicas, constituyen fondos estatales.

60

| (114) | En el asunto Doux Élevage, el Tribunal de Justicia constató que no podía determinarse que las actividades de una organización profesional cuyos recursos se recogían mediante una contribución obligatoria impuesta por el Estado fueran imputables al Estado. En apoyo de esta afirmación, el Tribunal de Justicia señalaba que los objetivos perseguidos mediante el uso de los fondos habían sido plenamente establecidos por la organización, y que el carácter obligatorio de las contribuciones en ese caso no estaba sujeto a «la consecución de objetivos políticos concretos, fijados y definidos por las autoridades públicas». El Estado solo comprobó la validez y legalidad de la percepción de las contribuciones por parte de la organización, es decir, el marco procedimental, y no podía influir en la administración de los fondos. |
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(114)

En el asunto Doux Élevage, el Tribunal de Justicia constató que no podía determinarse que las actividades de una organización profesional cuyos recursos se recogían mediante una contribución obligatoria impuesta por el Estado fueran imputables al Estado. En apoyo de esta afirmación, el Tribunal de Justicia señalaba que los objetivos perseguidos mediante el uso de los fondos habían sido plenamente establecidos por la organización, y que el carácter obligatorio de las contribuciones en ese caso no estaba sujeto a «la consecución de objetivos políticos concretos, fijados y definidos por las autoridades públicas». El Estado solo comprobó la validez y legalidad de la percepción de las contribuciones por parte de la organización, es decir, el marco procedimental, y no podía influir en la administración de los fondos.

no podía influir

| (115) | Por lo tanto, en virtud de la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales de la Unión, una medida es imputable al Estado y está financiada mediante fondos estatales cuando una serie de indicios demuestra que, con arreglo a la legislación nacional, el Estado ejerce su control e influencia para garantizar, mediante el uso de los recursos de una entidad privada, el logro de un objetivo de interés público encomendado a dicha entidad. |
| --- | --- |

(115)

Por lo tanto, en virtud de la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales de la Unión, una medida es imputable al Estado y está financiada mediante fondos estatales cuando una serie de indicios demuestra que, con arreglo a la legislación nacional, el Estado ejerce su control e influencia para garantizar, mediante el uso de los recursos de una entidad privada, el logro de un objetivo de interés público encomendado a dicha entidad.

| (116) | En la sentencia Stardust Marine, el Tribunal de Justicia aclaró asimismo que la imputabilidad al Estado de una medida de ayuda adoptada por un órgano presuntamente independiente, que en sí mismo no forma parte de la organización estatal, puede deducirse de una serie de indicios derivados de las circunstancias del caso de que se trate. Un indicio de este tipo sería el hecho de que el organismo en cuestión no haya podido adoptar la decisión cuestionada, que podría constituir ayuda estatal, sin tener en cuenta las disposiciones o directrices de los poderes públicos. En determinadas circunstancias, hay otros indicios que pueden resultar pertinentes para concluir que una medida de ayuda adoptada por una empresa es imputable al Estado. |
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(116)

En la sentencia Stardust Marine, el Tribunal de Justicia aclaró asimismo que la imputabilidad al Estado de una medida de ayuda adoptada por un órgano presuntamente independiente, que en sí mismo no forma parte de la organización estatal, puede deducirse de una serie de indicios derivados de las circunstancias del caso de que se trate. Un indicio de este tipo sería el hecho de que el organismo en cuestión no haya podido adoptar la decisión cuestionada, que podría constituir ayuda estatal, sin tener en cuenta las disposiciones o directrices de los poderes públicos. En determinadas circunstancias, hay otros indicios que pueden resultar pertinentes para concluir que una medida de ayuda adoptada por una empresa es imputable al Estado.

| (117) | En cuanto a las medidas respecto a las cuales la Comisión incoó un procedimiento de investigación formal en el asunto que nos ocupa, debe recordarse que, en la Directiva 94/19/CE, el legislador de la Unión ha establecido sistemas de garantía de depósitos con el fin de preservar y aumentar la «estabilidad del sistema financiero» (61), asignándoles el mandato de proteger a los depositantes (62). Por otra parte, según la Directiva, los Estados miembros están obligados a establecer uno o más sistemas de garantía de depósitos para reembolsar a los depositantes en caso de quiebra de una entidad de crédito. Dado que la Directiva 94/19/CE no alude a la posibilidad de otras intervenciones, se deja a la discreción de los Estados miembros permitir o no que los sistemas de garantía de depósitos puedan ir más allá de la mera función de reembolso y utilizar los recursos financieros disponibles de otro modo. |
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(117)

En cuanto a las medidas respecto a las cuales la Comisión incoó un procedimiento de investigación formal en el asunto que nos ocupa, debe recordarse que, en la Directiva 94/19/CE, el legislador de la Unión ha establecido sistemas de garantía de depósitos con el fin de preservar y aumentar la «estabilidad del sistema financiero» (61), asignándoles el mandato de proteger a los depositantes (62). Por otra parte, según la Directiva, los Estados miembros están obligados a establecer uno o más sistemas de garantía de depósitos para reembolsar a los depositantes en caso de quiebra de una entidad de crédito. Dado que la Directiva 94/19/CE no alude a la posibilidad de otras intervenciones, se deja a la discreción de los Estados miembros permitir o no que los sistemas de garantía de depósitos puedan ir más allá de la mera función de reembolso y utilizar los recursos financieros disponibles de otro modo.

61

62

| (118) | La Directiva 2014/49/UE no modifica esta situación, pero es más explícita con relación a la naturaleza de esas medidas alternativas. La finalidad de las medidas en cuestión es impedir la quiebra de las entidades de crédito, evitando no solo «los costes del reembolso de los depósitos», sino también «los costes globales que se derivan de la quiebra de una entidad de crédito» y «otros efectos negativos», como los relacionados con la «estabilidad financiera y la confianza de los depositantes» (63). |
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(118)

La Directiva 2014/49/UE no modifica esta situación, pero es más explícita con relación a la naturaleza de esas medidas alternativas. La finalidad de las medidas en cuestión es impedir la quiebra de las entidades de crédito, evitando no solo «los costes del reembolso de los depósitos», sino también «los costes globales que se derivan de la quiebra de una entidad de crédito» y «otros efectos negativos», como los relacionados con la «estabilidad financiera y la confianza de los depositantes» (63).

63

| (119) | En virtud de la Directiva 2014/49/UE, los Estados miembros pueden permitir la aplicación de sistemas de garantía de depósitos para preservar el acceso de los depositantes a los depósitos garantizados, ya sea en una fase inicial de mantenimiento de la actividad de la entidad, ya sea en el contexto de procedimientos nacionales de insolvencia (64). La Comisión señala que, contrariamente a la posición de las otras Partes interesadas expuestas en el considerando 79, el carácter de ayuda de las medidas alternativas de un sistema de garantía de depósitos es independiente del hecho de que dicho sistema esté destinado a evitar la quiebra de una entidad de crédito, o constituya una intervención en caso de liquidación. |
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(119)

En virtud de la Directiva 2014/49/UE, los Estados miembros pueden permitir la aplicación de sistemas de garantía de depósitos para preservar el acceso de los depositantes a los depósitos garantizados, ya sea en una fase inicial de mantenimiento de la actividad de la entidad, ya sea en el contexto de procedimientos nacionales de insolvencia (64). La Comisión señala que, contrariamente a la posición de las otras Partes interesadas expuestas en el considerando 79, el carácter de ayuda de las medidas alternativas de un sistema de garantía de depósitos es independiente del hecho de que dicho sistema esté destinado a evitar la quiebra de una entidad de crédito, o constituya una intervención en caso de liquidación.

64

| (120) | Además, la protección de los ahorradores y los depositantes ocupa un lugar especial en el ordenamiento jurídico italiano: según el artículo 47 de la Constitución italiana, «la República [...] protege el ahorro en todas sus formas» (65). El Banco de Italia, una entidad de Derecho público cuyo comportamiento es, por ello, imputable al Estado y, por lo tanto, no entra dentro del ámbito de aplicación del artículo 107 del Tratado al tratarse de un organismo constitucionalmente independiente (66), está encargado de salvaguardar la estabilidad del sistema bancario italiano (67), en defensa de los depositantes (68). |
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(120)

Además, la protección de los ahorradores y los depositantes ocupa un lugar especial en el ordenamiento jurídico italiano: según el artículo 47 de la Constitución italiana, «la República [...] protege el ahorro en todas sus formas» (65). El Banco de Italia, una entidad de Derecho público cuyo comportamiento es, por ello, imputable al Estado y, por lo tanto, no entra dentro del ámbito de aplicación del artículo 107 del Tratado al tratarse de un organismo constitucionalmente independiente (66), está encargado de salvaguardar la estabilidad del sistema bancario italiano (67), en defensa de los depositantes (68).

65

66

67

68

| (121) | A la luz de lo anterior, el artículo 96 bis del TUB debe interpretarse como una definición específica de un mandato público de protección de los depositantes, aplicable a los sistemas de garantía de depósitos reconocidos en Italia. Con la inclusión de la última frase en el artículo 96, apartado 1, según el cual los sistemas de garantía de depósitos podrán prever otros casos y «formas de intervención» además del reembolso de los depositantes, las autoridades italianas han optado por permitir a sus sistemas de garantía de depósitos reconocidos utilizar los recursos percibidos por el consorcio bancario para casos de intervención distintos. Por lo tanto, el artículo 96 bis del TUB, por un lado representa la base para el reconocimiento del FITD como sistema de garantía de depósitos obligatorio en Italia y, por otro, le confiere la facultad de realizar intervenciones de apoyo. |
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(121)

A la luz de lo anterior, el artículo 96 bis del TUB debe interpretarse como una definición específica de un mandato público de protección de los depositantes, aplicable a los sistemas de garantía de depósitos reconocidos en Italia. Con la inclusión de la última frase en el artículo 96, apartado 1, según el cual los sistemas de garantía de depósitos podrán prever otros casos y «formas de intervención» además del reembolso de los depositantes, las autoridades italianas han optado por permitir a sus sistemas de garantía de depósitos reconocidos utilizar los recursos percibidos por el consorcio bancario para casos de intervención distintos. Por lo tanto, el artículo 96 bis del TUB, por un lado representa la base para el reconocimiento del FITD como sistema de garantía de depósitos obligatorio en Italia y, por otro, le confiere la facultad de realizar intervenciones de apoyo.

bis

bis

y

| (122) | El hecho de que el FITD esté organizado como un consorcio de carácter privado (69) es irrelevante en este contexto, ya que la mera constitución en forma de entidad de Derecho común no puede considerarse suficiente para excluir que una medida de ayuda adoptada por una entidad de este tipo sea imputable al Estado, como ya ha establecido el Tribunal de Justicia en la sentencia Stardust Marine. Los objetivos del FITD, a saber, la defensa de los intereses comunes de sus miembros mediante la consolidación de la seguridad de los depósitos y la protección de la reputación del sistema bancario, coinciden claramente con el interés público. Sin embargo, esta coincidencia no significa necesariamente que la empresa pudiera adoptar su decisión sin tener en cuenta las exigencias de los poderes públicos. Por otra parte, no es necesario que la influencia del Estado se derive de un acto jurídicamente vinculante emanante de una autoridad pública. La autonomía que la empresa posee generalmente no excluye la participación concreta del Estado. |
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(122)

El hecho de que el FITD esté organizado como un consorcio de carácter privado (69) es irrelevante en este contexto, ya que la mera constitución en forma de entidad de Derecho común no puede considerarse suficiente para excluir que una medida de ayuda adoptada por una entidad de este tipo sea imputable al Estado, como ya ha establecido el Tribunal de Justicia en la sentencia Stardust Marine. Los objetivos del FITD, a saber, la defensa de los intereses comunes de sus miembros mediante la consolidación de la seguridad de los depósitos y la protección de la reputación del sistema bancario, coinciden claramente con el interés público. Sin embargo, esta coincidencia no significa necesariamente que la empresa pudiera adoptar su decisión sin tener en cuenta las exigencias de los poderes públicos. Por otra parte, no es necesario que la influencia del Estado se derive de un acto jurídicamente vinculante emanante de una autoridad pública. La autonomía que la empresa posee generalmente no excluye la participación concreta del Estado.

69

| (123) | En cualquier caso, la legislación italiana y de la Unión otorgan al Banco de Italia la autoridad y los medios para garantizar que todas las intervenciones del FITD, en calidad de sistema de garantía de depósitos reconocido a tenor del TUB, contribuyan al cumplimiento de ese mandato público y a la protección de los depositantes. Esto se especifica claramente en la frase introductoria del artículo 96 bis, apartado 1, del TUB, en el que la lista de todos los poderes ejercidos por el Banco de Italia con respecto a los sistemas de garantía de depósitos italianos va precedida de la afirmación de que dichas competencias deben ejercerse «teniendo en cuenta la protección de los ahorradores y de la estabilidad del sistema bancario». |
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(123)

En cualquier caso, la legislación italiana y de la Unión otorgan al Banco de Italia la autoridad y los medios para garantizar que todas las intervenciones del FITD, en calidad de sistema de garantía de depósitos reconocido a tenor del TUB, contribuyan al cumplimiento de ese mandato público y a la protección de los depositantes. Esto se especifica claramente en la frase introductoria del artículo 96 bis, apartado 1, del TUB, en el que la lista de todos los poderes ejercidos por el Banco de Italia con respecto a los sistemas de garantía de depósitos italianos va precedida de la afirmación de que dichas competencias deben ejercerse «teniendo en cuenta la protección de los ahorradores y de la estabilidad del sistema bancario».

bis

| (124) | En tales circunstancias, y contrariamente a lo que ocurre en el asunto Doux Élevage, cuando el objeto de la aprobación posterior por el Gobierno reviste un carácter meramente procedimental, el Banco de Italia debe aprobar «cualquier intervención del FITD en cuanto al fondo», evaluando su conformidad con el mandato público a tenor del TUB. |
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(124)

En tales circunstancias, y contrariamente a lo que ocurre en el asunto Doux Élevage, cuando el objeto de la aprobación posterior por el Gobierno reviste un carácter meramente procedimental, el Banco de Italia debe aprobar «cualquier intervención del FITD en cuanto al fondo», evaluando su conformidad con el mandato público a tenor del TUB.

| (125) | La afirmación de las autoridades italianas de que, siguiendo este razonamiento, la supervisión prudencial debe considerarse un ejercicio del control público de los bancos y, por lo tanto, los recursos de los bancos deben considerarse como «recursos públicos» (considerando 53 es manifiestamente irrelevante. La Comisión se limita a observar que la supervisión bancaria realizada por el Banco de Italia no tiene la función de verificar el cumplimiento de un mandato público atribuido a los bancos bajo supervisión. |
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(125)

La afirmación de las autoridades italianas de que, siguiendo este razonamiento, la supervisión prudencial debe considerarse un ejercicio del control público de los bancos y, por lo tanto, los recursos de los bancos deben considerarse como «recursos públicos» (considerando 53 es manifiestamente irrelevante. La Comisión se limita a observar que la supervisión bancaria realizada por el Banco de Italia no tiene la función de verificar el cumplimiento de un mandato público atribuido a los bancos bajo supervisión.

bancos bajo supervisión

| (126) | La prioridad del mandato público y los correspondientes controles públicos figura en los estatutos del FITD (70), según los cuales todas las intervenciones de apoyo deben cumplir las condiciones acumulativas relativas a la existencia de «perspectivas de saneamiento» y a la previsibilidad de un «coste menor con respecto al derivado de la intervención en caso de liquidación» (principio del menor coste posible). Estas condiciones acumulativas implican que la decisión de ejecutar una medida de ayuda solo puede adoptarse si permite al FITD cumplir su mandato público de protección de los ahorradores. El hecho de que la intervención requiera la aprobación del Banco de Italia, de acuerdo con el TUB, corrobora esta prioridad. |
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(126)

La prioridad del mandato público y los correspondientes controles públicos figura en los estatutos del FITD (70), según los cuales todas las intervenciones de apoyo deben cumplir las condiciones acumulativas relativas a la existencia de «perspectivas de saneamiento» y a la previsibilidad de un «coste menor con respecto al derivado de la intervención en caso de liquidación» (principio del menor coste posible). Estas condiciones acumulativas implican que la decisión de ejecutar una medida de ayuda solo puede adoptarse si permite al FITD cumplir su mandato público de protección de los ahorradores. El hecho de que la intervención requiera la aprobación del Banco de Italia, de acuerdo con el TUB, corrobora esta prioridad.

70

| (127) | Por otra parte, el TUB confiere amplias facultades al Banco de Italia sobre los sistemas de garantía de depósitos:






  1) | el artículo 96 ter, apartado 1, letra d), del TUB establece que el Banco de Italia «autorizará las intervenciones de los sistemas de garantía»; |
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(127)

Por otra parte, el TUB confiere amplias facultades al Banco de Italia sobre los sistemas de garantía de depósitos:

1)

el artículo 96 ter, apartado 1, letra d), del TUB establece que el Banco de Italia «autorizará las intervenciones de los sistemas de garantía»;

ter

| 2) | el artículo 96 ter, apartado 1, letra b), del TUB establece que el Banco de Italia «coordinará las actividades de los sistemas de garantía con la gestión de las crisis bancarias y con la actividad de supervisión» (71); |
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2)

el artículo 96 ter, apartado 1, letra b), del TUB establece que el Banco de Italia «coordinará las actividades de los sistemas de garantía con la gestión de las crisis bancarias y con la actividad de supervisión» (71);

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71

| 3) | el artículo 96 ter, apartado 1, letra a), del TUB establece que el Banco de Italia «reconocerá los sistemas de garantías, mediante la aprobación de sus estatutos, siempre que dichos sistemas no presenten características que puedan conducir a una distribución desigual de los riesgos de insolvencia en el sistema bancario» (72); |
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3)

el artículo 96 ter, apartado 1, letra a), del TUB establece que el Banco de Italia «reconocerá los sistemas de garantías, mediante la aprobación de sus estatutos, siempre que dichos sistemas no presenten características que puedan conducir a una distribución desigual de los riesgos de insolvencia en el sistema bancario» (72);

ter

72

| 4) | el artículo 96 ter, apartado 1, letra h), del TUB establece que el Banco de Italia «dictará disposiciones de aplicación de las normas que figuran en la [...] sección [IV del TUB sobre los sistemas de garantía de depósitos]» (73). |
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4)

el artículo 96 ter, apartado 1, letra h), del TUB establece que el Banco de Italia «dictará disposiciones de aplicación de las normas que figuran en la [...] sección [IV del TUB sobre los sistemas de garantía de depósitos]» (73).

ter

73

| (128) | Además de estos poderes sobre el FITD conferidos al Banco de Italia a tenor del TUB, solo los bancos sujetos a administración extraordinaria pueden beneficiarse de las intervenciones de apoyo del FITD (74). Corresponde al Ministerio de Economía y Hacienda, a propuesta del Banco de Italia, decidir mediante decreto someter o no a un banco a administración extraordinaria. En consecuencia, sobre la base de los estatutos del FITD, «el Fondo interviene [...] en los casos de administración extraordinaria de los bancos asociados autorizados en Italia» (75). Solo el administrador extraordinario puede transmitir al FITD una demanda de intervención que deberá ser aprobada posteriormente por la junta general de accionistas del banco. En su calidad de funcionario público, el administrador extraordinario representa el interés público, es designado por el Banco de Italia y está sujeto a su supervisión. El Banco de Italia tiene la facultad de destituir o sustituir al administrador extraordinario (76) y de impartir instrucciones para imponer precauciones y restricciones especiales en la gestión del banco (77). Por lo tanto, un funcionario público sometido al control del Banco de Italia tiene la facultad de iniciar una medida de intervención del FITD. |
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(128)

Además de estos poderes sobre el FITD conferidos al Banco de Italia a tenor del TUB, solo los bancos sujetos a administración extraordinaria pueden beneficiarse de las intervenciones de apoyo del FITD (74). Corresponde al Ministerio de Economía y Hacienda, a propuesta del Banco de Italia, decidir mediante decreto someter o no a un banco a administración extraordinaria. En consecuencia, sobre la base de los estatutos del FITD, «el Fondo interviene [...] en los casos de administración extraordinaria de los bancos asociados autorizados en Italia» (75). Solo el administrador extraordinario puede transmitir al FITD una demanda de intervención que deberá ser aprobada posteriormente por la junta general de accionistas del banco. En su calidad de funcionario público, el administrador extraordinario representa el interés público, es designado por el Banco de Italia y está sujeto a su supervisión. El Banco de Italia tiene la facultad de destituir o sustituir al administrador extraordinario (76) y de impartir instrucciones para imponer precauciones y restricciones especiales en la gestión del banco (77). Por lo tanto, un funcionario público sometido al control del Banco de Italia tiene la facultad de iniciar una medida de intervención del FITD.

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77

| (129) | Por lo que se refiere a la facultad de autorizar la intervención de los sistemas de garantía de depósitos, la Comisión observa que el concepto de autorización corresponde a un acto administrativo anterior a la entrada en vigor de la medida que constituye su objeto. De lo contrario, el ejercicio de las competencias del Banco de Italia relativas a las intervenciones del FITD para garantizar la estabilidad del sistema financiero y la protección de los ahorradores estaría en entredicho. En la práctica, la autorización debe producirse en una fase en la que el FITD aún pueda revisar y modificar la medida propuesta si el Banco de Italia se opone a ella. No es posible considerar que dicha autorización puede adoptarse tras la decisión del FITD de intervenir (como han propuesto las autoridades italianas, el FITD, Tercas y BPB) (78). A este respecto, el hecho de que el Banco de Italia participe como observador en todas las reuniones del Consejo y del Comité de Gestión del FITD (79) es una circunstancia relevante (contrariamente a lo que sostienen las autoridades italianas, el FITD, Tercas y BPB), dado que cabe presumir que permite al Banco de Italia expresar en una fase temprana todas sus dudas sobre las intervenciones previstas (80). |
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(129)

Por lo que se refiere a la facultad de autorizar la intervención de los sistemas de garantía de depósitos, la Comisión observa que el concepto de autorización corresponde a un acto administrativo anterior a la entrada en vigor de la medida que constituye su objeto. De lo contrario, el ejercicio de las competencias del Banco de Italia relativas a las intervenciones del FITD para garantizar la estabilidad del sistema financiero y la protección de los ahorradores estaría en entredicho. En la práctica, la autorización debe producirse en una fase en la que el FITD aún pueda revisar y modificar la medida propuesta si el Banco de Italia se opone a ella. No es posible considerar que dicha autorización puede adoptarse tras la decisión del FITD de intervenir (como han propuesto las autoridades italianas, el FITD, Tercas y BPB) (78). A este respecto, el hecho de que el Banco de Italia participe como observador en todas las reuniones del Consejo y del Comité de Gestión del FITD (79) es una circunstancia relevante (contrariamente a lo que sostienen las autoridades italianas, el FITD, Tercas y BPB), dado que cabe presumir que permite al Banco de Italia expresar en una fase temprana todas sus dudas sobre las intervenciones previstas (80).

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80

| (130) | En resumen, las autoridades públicas tienen el poder de iniciar una intervención por propia iniciativa y, en virtud de su facultad de autorizar la intervención en cuanto al fondo, influyen en ella antes de que se decida su adopción. A nivel de procedimiento, esta influencia es aún mayor debido a la presencia de las autoridades públicas en todas las reuniones decisorias, en las que pueden expresar sus dudas. Sin embargo, y a pesar de que la autorización de la medida por el Banco de Italia debe, en principio, considerarse preventiva en vez de «sucesiva» (81), la Comisión recuerda que el control sucesivo también figura entre los indicios de imputabilidad contemplados en la sentencia Stardust Marine. |
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(130)

En resumen, las autoridades públicas tienen el poder de iniciar una intervención por propia iniciativa y, en virtud de su facultad de autorizar la intervención en cuanto al fondo, influyen en ella antes de que se decida su adopción. A nivel de procedimiento, esta influencia es aún mayor debido a la presencia de las autoridades públicas en todas las reuniones decisorias, en las que pueden expresar sus dudas. Sin embargo, y a pesar de que la autorización de la medida por el Banco de Italia debe, en principio, considerarse preventiva en vez de «sucesiva» (81), la Comisión recuerda que el control sucesivo también figura entre los indicios de imputabilidad contemplados en la sentencia Stardust Marine.

81

| (131) | Las autoridades públicas también han ejercido sus facultades por lo que se refiere a la adopción de las intervenciones de apoyo en cuestión:






  1) | los documentos transmitidos por Italia muestran que el Banco de Italia ha autorizado las intervenciones específicas en favor de Tercas para proteger los intereses de los depositantes y clientes a tenor del artículo 96 ter, apartado 1, letra d), del TUB (82). Por lo tanto, el Banco de Italia autorizó las intervenciones específicas del FITD en cuestión con relación a determinadas disposiciones nacionales de Derecho público; |
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(131)

Las autoridades públicas también han ejercido sus facultades por lo que se refiere a la adopción de las intervenciones de apoyo en cuestión:

1)

los documentos transmitidos por Italia muestran que el Banco de Italia ha autorizado las intervenciones específicas en favor de Tercas para proteger los intereses de los depositantes y clientes a tenor del artículo 96 ter, apartado 1, letra d), del TUB (82). Por lo tanto, el Banco de Italia autorizó las intervenciones específicas del FITD en cuestión con relación a determinadas disposiciones nacionales de Derecho público;

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82

| 2) | las negociaciones entre el administrador extraordinario de Tercas y BPB se llevaron a cabo «en coordinación con el Banco de Italia» (83); |
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2)

las negociaciones entre el administrador extraordinario de Tercas y BPB se llevaron a cabo «en coordinación con el Banco de Italia» (83);

83

| 3) | el Banco de Italia ha «invitado al Fondo» [es decir, al FITD] a alcanzar un «acuerdo equilibrado» con BPB por lo que se refiere a la cobertura del déficit patrimonial de Tercas teniendo en cuenta el posible impacto negativo de la liquidación de Tercas y de su filial Caripe (84). |
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3)

el Banco de Italia ha «invitado al Fondo» [es decir, al FITD] a alcanzar un «acuerdo equilibrado» con BPB por lo que se refiere a la cobertura del déficit patrimonial de Tercas teniendo en cuenta el posible impacto negativo de la liquidación de Tercas y de su filial Caripe (84).

84

| (132) | La Comisión llega a la conclusión de que, a diferencia del asunto Doux Élevage, en el que el Tribunal de Justicia estableció que los objetivos de la intervención habían sido íntegramente fijados por la organización, en el asunto que nos ocupa es seguro que los objetivos no han sido fijados íntegramente por el FITD. De hecho, se derivan estrechamente de su misión de servicio público en el sentido del TUB y, en sustancia, están sujetos al control de las autoridades públicas. La Comisión señala que el margen real del FITD de no proceder a la intervención no prejuzga su anterior conclusión sobre las intervenciones del FITD efectivamente ejecutadas. |
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(132)

La Comisión llega a la conclusión de que, a diferencia del asunto Doux Élevage, en el que el Tribunal de Justicia estableció que los objetivos de la intervención habían sido íntegramente fijados por la organización, en el asunto que nos ocupa es seguro que los objetivos no han sido fijados íntegramente por el FITD. De hecho, se derivan estrechamente de su misión de servicio público en el sentido del TUB y, en sustancia, están sujetos al control de las autoridades públicas. La Comisión señala que el margen real del FITD de no proceder a la intervención no prejuzga su anterior conclusión sobre las intervenciones del FITD efectivamente ejecutadas.

no proceder a la intervención

| (133) | Además del control público sustancial evidenciado en el punto anterior, la Comisión debe hacer hincapié en el carácter obligatorio de las contribuciones a los fondos del FITD utilizados en las intervenciones. |
| --- | --- |

(133)

Además del control público sustancial evidenciado en el punto anterior, la Comisión debe hacer hincapié en el carácter obligatorio de las contribuciones a los fondos del FITD utilizados en las intervenciones.

| (134) | Tal como se explica en la sección 2.3, la afiliación al FITD es obligatoria para los bancos italianos (85). A este respecto, la referencia al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGDCC) [véase el considerando (70)], destinada a subrayar el presunto carácter voluntario de la afiliación, es errónea en la medida en que, en el sentido del TUB (86), las cooperativas bancarias italianas deben instituir un sistema de garantía de depósitos específico en su propio ámbito: por consiguiente, las cooperativas de crédito no pueden afiliarse al FITD y, viceversa, los otros bancos no pueden afiliarse al FGDCC y deben afiliarse al FITD. Por lo tanto, la disposición estatutaria (87) que permite a los bancos asociados dejar de pertenecer al FITD, subrayada por las Partes en sus observaciones (véase el considerando 70, es una posibilidad meramente teórica e inviable, ya que no pueden afiliarse a ningún otro sistema de garantía de depósitos reconocido. |
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(134)

Tal como se explica en la sección 2.3, la afiliación al FITD es obligatoria para los bancos italianos (85). A este respecto, la referencia al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGDCC) [véase el considerando (70)], destinada a subrayar el presunto carácter voluntario de la afiliación, es errónea en la medida en que, en el sentido del TUB (86), las cooperativas bancarias italianas deben instituir un sistema de garantía de depósitos específico en su propio ámbito: por consiguiente, las cooperativas de crédito no pueden afiliarse al FITD y, viceversa, los otros bancos no pueden afiliarse al FGDCC y deben afiliarse al FITD. Por lo tanto, la disposición estatutaria (87) que permite a los bancos asociados dejar de pertenecer al FITD, subrayada por las Partes en sus observaciones (véase el considerando 70, es una posibilidad meramente teórica e inviable, ya que no pueden afiliarse a ningún otro sistema de garantía de depósitos reconocido.

85

86

87

| (135) | Por otra parte, la decisión de proceder a una intervención de apoyo corresponde a los órganos directivos del FITD. Con independencia de sus intereses personales, los bancos asociados no pueden ni vetar esa decisión ni disociarse de la intervención (88), y están obligados a contribuir a la financiación de la ayuda aprobada. El hecho de que estos recursos no se registren en el presupuesto del FITD, sino en cuentas separadas, representa una mera formalidad, dado que es el FITD el que gestiona directamente estos recursos. |
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(135)

Por otra parte, la decisión de proceder a una intervención de apoyo corresponde a los órganos directivos del FITD. Con independencia de sus intereses personales, los bancos asociados no pueden ni vetar esa decisión ni disociarse de la intervención (88), y están obligados a contribuir a la financiación de la ayuda aprobada. El hecho de que estos recursos no se registren en el presupuesto del FITD, sino en cuentas separadas, representa una mera formalidad, dado que es el FITD el que gestiona directamente estos recursos.

88

| (136) | Por ello, la Comisión concluye que la intervención es imputable al FITD y no a los bancos asociados, y que los recursos utilizados para llevar a cabo las intervenciones son recursos del FITD y no recursos pertenecientes a los bancos asociados. |
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(136)

Por ello, la Comisión concluye que la intervención es imputable al FITD y no a los bancos asociados, y que los recursos utilizados para llevar a cabo las intervenciones son recursos del FITD y no recursos pertenecientes a los bancos asociados.

| (137) | Por consiguiente, dado que tanto la afiliación al FITD como las contribuciones a las intervenciones de apoyo decididas por el FITD son obligatorias, la Comisión llega a la conclusión de que, en Italia, para los bancos distintos de las cooperativas de crédito constituye una obligación, con arreglo a la legislación italiana, contribuir a los costes de las intervenciones de apoyo del FITD. Los recursos utilizados para financiar estas intervenciones de apoyo están claramente fijados, gestionados y distribuidos de conformidad con la legislación u otro tipo de normas públicas y, por lo tanto, tienen carácter público. |
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(137)

Por consiguiente, dado que tanto la afiliación al FITD como las contribuciones a las intervenciones de apoyo decididas por el FITD son obligatorias, la Comisión llega a la conclusión de que, en Italia, para los bancos distintos de las cooperativas de crédito constituye una obligación, con arreglo a la legislación italiana, contribuir a los costes de las intervenciones de apoyo del FITD. Los recursos utilizados para financiar estas intervenciones de apoyo están claramente fijados, gestionados y distribuidos de conformidad con la legislación u otro tipo de normas públicas y, por lo tanto, tienen carácter público.

| (138) | La Comisión concluye, por lo tanto, que en el asunto que nos ocupa, tanto en principio como en la práctica, las autoridades italianas ejercen un control constante sobre la conformidad del uso de los recursos del FITD con los objetivos de interés público, e influyen en la utilización de estos recursos por parte del FITD. |
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(138)

La Comisión concluye, por lo tanto, que en el asunto que nos ocupa, tanto en principio como en la práctica, las autoridades italianas ejercen un control constante sobre la conformidad del uso de los recursos del FITD con los objetivos de interés público, e influyen en la utilización de estos recursos por parte del FITD.

| (139) | En particular, teniendo en cuenta que las autoridades públicas tienen la facultad formal de solicitar la intervención y de aprobarla en cuanto al fondo por lo que respecta a su conformidad con el mandato público (considerando 126, la Comisión concluye que no es posible considerar que el papel del Banco de Italia se limita a un mero procedimiento de carácter puramente informativo, o a control formal de la validez y legalidad de la intervención (89). |
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(139)

En particular, teniendo en cuenta que las autoridades públicas tienen la facultad formal de solicitar la intervención y de aprobarla en cuanto al fondo por lo que respecta a su conformidad con el mandato público (considerando 126, la Comisión concluye que no es posible considerar que el papel del Banco de Italia se limita a un mero procedimiento de carácter puramente informativo, o a control formal de la validez y legalidad de la intervención (89).

89

| (140) | En particular, en el asunto Doux Élevage, el Tribunal de Justicia afirmaba que el carácter obligatorio de las contribuciones en ese caso no estaba subordinado a «la consecución de objetivos políticos concretos, fijados y definidos por las autoridades públicas». No obstante, las actividades del FITD están subordinadas a objetivos de interés público concretos, fijados y definidos por las autoridades públicas y sujetos a su control, y en particular a los objetivos de interés público relacionados con la protección de los depositantes. |
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(140)

En particular, en el asunto Doux Élevage, el Tribunal de Justicia afirmaba que el carácter obligatorio de las contribuciones en ese caso no estaba subordinado a «la consecución de objetivos políticos concretos, fijados y definidos por las autoridades públicas». No obstante, las actividades del FITD están subordinadas a objetivos de interés público concretos, fijados y definidos por las autoridades públicas y sujetos a su control, y en particular a los objetivos de interés público relacionados con la protección de los depositantes.

| (141) | Dado que están sujetas al control del Banco de Italia, las medidas adoptadas en el asunto que nos ocupa también están controladas con relación a los objetivos del propio Banco de Italia, incluido el de mantener la estabilidad del sistema financiero. En este sentido, hay que recordar los siguientes aspectos:






  1) | la importancia del papel del Banco de Italia a la hora de garantizar la estabilidad del sistema bancario italiano y la protección de los ahorradores; |
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(141)

Dado que están sujetas al control del Banco de Italia, las medidas adoptadas en el asunto que nos ocupa también están controladas con relación a los objetivos del propio Banco de Italia, incluido el de mantener la estabilidad del sistema financiero. En este sentido, hay que recordar los siguientes aspectos:

1)

la importancia del papel del Banco de Italia a la hora de garantizar la estabilidad del sistema bancario italiano y la protección de los ahorradores;

| 2) | los amplios poderes del Banco de Italia para garantizar que el FITD tiene en cuenta tales disposiciones. |
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2)

los amplios poderes del Banco de Italia para garantizar que el FITD tiene en cuenta tales disposiciones.

| (142) | Los elementos mencionados en los considerandos 127 a 131, a saber, una normativa en virtud de la cual la organización está sometida a un riguroso control y a una coordinación efectiva por parte del Banco de Italia para garantizar el cumplimiento de importantísimos objetivos de interés público, muestran que el FITD goza de un estatuto jurídico excepcional con respecto a los consorcios privados normales con arreglo a la legislación italiana y que, como se desprende de su mandato público, su finalidad va más allá, por ejemplo, de la del CIDEF (90), evaluada en la sentencia del asunto Doux Élevage. Ese estatuto jurídico excepcional es un indicio válido de imputabilidad en el ámbito de los criterios desarrollados en el asunto Stardust Marine. |
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(142)

Los elementos mencionados en los considerandos 127 a 131, a saber, una normativa en virtud de la cual la organización está sometida a un riguroso control y a una coordinación efectiva por parte del Banco de Italia para garantizar el cumplimiento de importantísimos objetivos de interés público, muestran que el FITD goza de un estatuto jurídico excepcional con respecto a los consorcios privados normales con arreglo a la legislación italiana y que, como se desprende de su mandato público, su finalidad va más allá, por ejemplo, de la del CIDEF (90), evaluada en la sentencia del asunto Doux Élevage. Ese estatuto jurídico excepcional es un indicio válido de imputabilidad en el ámbito de los criterios desarrollados en el asunto Stardust Marine.

90

| (143) | El contenido, el alcance y el objeto de las medidas son tales que los elementos anteriormente mencionados demuestran hasta qué punto es improbable que las autoridades públicas no participaran en su adopción. Dichas medidas no solo confirieron una ventaja competitiva a una empresa, sino que también impidieron su quiebra gracias al apoyo público prestado a través de las medidas 1, 2 y 3 descritas en el considerando 38 y adoptadas en defensa tanto de los depositantes como de la estabilidad del sistema bancario italiano. |
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(143)

El contenido, el alcance y el objeto de las medidas son tales que los elementos anteriormente mencionados demuestran hasta qué punto es improbable que las autoridades públicas no participaran en su adopción. Dichas medidas no solo confirieron una ventaja competitiva a una empresa, sino que también impidieron su quiebra gracias al apoyo público prestado a través de las medidas 1, 2 y 3 descritas en el considerando 38 y adoptadas en defensa tanto de los depositantes como de la estabilidad del sistema bancario italiano.

| (144) | A la luz de las anteriores consideraciones, la Comisión considera que hay suficientes indicios de que la medida es imputable al Estado y se financió mediante fondos estatales. |
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(144)

A la luz de las anteriores consideraciones, la Comisión considera que hay suficientes indicios de que la medida es imputable al Estado y se financió mediante fondos estatales.

| (145) | Según la Comisión, aun suponiendo que, considerados individualmente, algunos de los aspectos señalados por ella no bastaran por sí mismos para llegar a la conclusión de que las medidas son imputables al Estado, los considerandos 118 a 144 ponen de manifiesto que la serie de indicios analizados demuestra, de manera global, la imputabilidad al Estado de las intervenciones del FITD. |
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(145)

Según la Comisión, aun suponiendo que, considerados individualmente, algunos de los aspectos señalados por ella no bastaran por sí mismos para llegar a la conclusión de que las medidas son imputables al Estado, los considerandos 118 a 144 ponen de manifiesto que la serie de indicios analizados demuestra, de manera global, la imputabilidad al Estado de las intervenciones del FITD.

| (146) | Por lo que se refiere a las observaciones presentadas por Italia y las Partes interesadas con respecto a la decisión de la Comisión sobre las ayudas en favor del Banco di Sicilia y Sicilcassa, la Comisión recuerda, en primer lugar, que la existencia de una ayuda estatal es un concepto objetivo que no puede determinarse sobre la base de una supuesta práctica decisoria, aun si esta quedara demostrada. Por otra parte, la Comisión observa que, a diferencia de lo ocurrido en 1999, cuando se aprobaron las intervenciones de apoyo en favor de Tercas, la Comisión ya había establecido y publicado con todo detalle las condiciones que deben darse para que la ayuda proporcionada por un sistema de garantía de depósitos constituya ayuda estatal. |
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(146)

Por lo que se refiere a las observaciones presentadas por Italia y las Partes interesadas con respecto a la decisión de la Comisión sobre las ayudas en favor del Banco di Sicilia y Sicilcassa, la Comisión recuerda, en primer lugar, que la existencia de una ayuda estatal es un concepto objetivo que no puede determinarse sobre la base de una supuesta práctica decisoria, aun si esta quedara demostrada. Por otra parte, la Comisión observa que, a diferencia de lo ocurrido en 1999, cuando se aprobaron las intervenciones de apoyo en favor de Tercas, la Comisión ya había establecido y publicado con todo detalle las condiciones que deben darse para que la ayuda proporcionada por un sistema de garantía de depósitos constituya ayuda estatal.

| (147) | Además, en el momento de la adopción de la Decisión relativa a Sicilcassa, la Comisión no había adaptado su propia evaluación de la imputabilidad a los criterios de los órganos jurisdiccionales de la Unión establecidos en la sentencia Stardust Marine y en la jurisprudencia posterior. |
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(147)

Además, en el momento de la adopción de la Decisión relativa a Sicilcassa, la Comisión no había adaptado su propia evaluación de la imputabilidad a los criterios de los órganos jurisdiccionales de la Unión establecidos en la sentencia Stardust Marine y en la jurisprudencia posterior.

| (148) | Contrariamente a los argumentos aducidos por Italia y las Partes interesadas, la práctica decisoria de la Comisión por lo que se refiere a las intervenciones de los sistemas de garantía de depósitos (91) sirve muy bien para dar una indicación en cuanto a la naturaleza de ayuda estatal de la intervención del FITD. En vista de lo anterior, la decisión en el asunto Sicilcassa no constituye una razón para invocar la confianza legítima por parte de Italia y las Partes interesadas. |
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(148)

Contrariamente a los argumentos aducidos por Italia y las Partes interesadas, la práctica decisoria de la Comisión por lo que se refiere a las intervenciones de los sistemas de garantía de depósitos (91) sirve muy bien para dar una indicación en cuanto a la naturaleza de ayuda estatal de la intervención del FITD. En vista de lo anterior, la decisión en el asunto Sicilcassa no constituye una razón para invocar la confianza legítima por parte de Italia y las Partes interesadas.

91

6.1.2.   Ventaja selectiva con falseamiento de la competencia y efecto sobre el comercio entre Estados miembros

Ventaja selectiva con falseamiento de la competencia y efecto sobre el comercio entre Estados miembros

| (149) | Las intervenciones de apoyo ejecutadas por el FITD han conferido una ventaja selectiva a Tercas y, en particular, no han sido llevadas a cabo por el FITD en tanto que operador en una economía de mercado. Las medidas 1, 2 y 3, carentes de toda perspectiva o posibilidad de rendimiento, no son propias de un operador en una economía de mercado. Estas medidas demuestran que el FITD actuó en calidad de organismo que ejerce un mandato público más que como un operador en una economía de mercado (92). Estas intervenciones corresponden a la concesión de una ayuda que no prevé ni la aplicación de comisiones ni una retribución o rendimiento equivalente, cuyo efecto combinado fue el de evitar la salida del mercado de Tercas, contrariamente a lo que habría sucedido probablemente de no haber recibido ese apoyo, por lo que confirieron una ventaja selectiva a Tercas. |
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(149)

Las intervenciones de apoyo ejecutadas por el FITD han conferido una ventaja selectiva a Tercas y, en particular, no han sido llevadas a cabo por el FITD en tanto que operador en una economía de mercado. Las medidas 1, 2 y 3, carentes de toda perspectiva o posibilidad de rendimiento, no son propias de un operador en una economía de mercado. Estas medidas demuestran que el FITD actuó en calidad de organismo que ejerce un mandato público más que como un operador en una economía de mercado (92). Estas intervenciones corresponden a la concesión de una ayuda que no prevé ni la aplicación de comisiones ni una retribución o rendimiento equivalente, cuyo efecto combinado fue el de evitar la salida del mercado de Tercas, contrariamente a lo que habría sucedido probablemente de no haber recibido ese apoyo, por lo que confirieron una ventaja selectiva a Tercas.

92

| (150) | De todos modos, aun admitiendo que las medidas en cuestión deberían evaluarse a la luz de la conducta de un operador en una economía de mercado enfrentado a una situación comparable, compete al Estado miembro de que se trate comunicar a la Comisión los datos objetivos y verificables que demuestren que su decisión se ha basado en una valoración económica anterior comparable a la de un operador privado racional en una situación similar, con el fin de determinar la futura rentabilidad de las medidas. En el asunto que nos ocupa, no le fue comunicada a la Comisión ninguna prueba de que el FITD hubiera solicitado un plan empresarial o un cálculo de la rentabilidad del capital invertido, pese a tratarse de requisitos fundamentales para cualquier operador privado llamado a adoptar una decisión de inversión. |
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(150)

De todos modos, aun admitiendo que las medidas en cuestión deberían evaluarse a la luz de la conducta de un operador en una economía de mercado enfrentado a una situación comparable, compete al Estado miembro de que se trate comunicar a la Comisión los datos objetivos y verificables que demuestren que su decisión se ha basado en una valoración económica anterior comparable a la de un operador privado racional en una situación similar, con el fin de determinar la futura rentabilidad de las medidas. En el asunto que nos ocupa, no le fue comunicada a la Comisión ninguna prueba de que el FITD hubiera solicitado un plan empresarial o un cálculo de la rentabilidad del capital invertido, pese a tratarse de requisitos fundamentales para cualquier operador privado llamado a adoptar una decisión de inversión.

| (151) | Italia y las Partes interesadas afirman que las medidas se ajustaban al principio del inversor en una economía de mercado (93), especialmente por el hecho de que la intervención permitió al FITD limitar los costes a los que se habría visto expuesto de lo contrario y, en particular, los costes que el FITD habría tenido que asumir para reembolsar a los depositantes en el marco de la liquidación forzosa de Tercas. |
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(151)

Italia y las Partes interesadas afirman que las medidas se ajustaban al principio del inversor en una economía de mercado (93), especialmente por el hecho de que la intervención permitió al FITD limitar los costes a los que se habría visto expuesto de lo contrario y, en particular, los costes que el FITD habría tenido que asumir para reembolsar a los depositantes en el marco de la liquidación forzosa de Tercas.

93

| (152) | Las Partes interesadas sostienen asimismo que las intervenciones del FITD son imputables a la autonomía privada de los bancos asociados. |
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(152)

Las Partes interesadas sostienen asimismo que las intervenciones del FITD son imputables a la autonomía privada de los bancos asociados.

| (153) | La Comisión considera que la intervención es claramente imputable al FITD, que está controlado por autoridades públicas (véase la evaluación que figura en los considerandos 134 a 136, y no a los bancos asociados. Cualquier comparación con las intervenciones efectuadas por el FITD antes de que los bancos asociados estuvieran jurídicamente obligados a participar es irrelevante, ya que actualmente los bancos asociados no pueden disociarse de ningún modo de la ejecución de determinadas intervenciones, como se indica en los considerandos 134 y 135. Esta situación se ve agravada por el mecanismo subyacente a las decisiones de intervención del FITD, tal como se describe en el considerando 36, que favorece a los grandes bancos (94), lo que se traduce en la posibilidad de adoptar decisiones de intervención en contra de la voluntad de la mayoría de los bancos asociados. |
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(153)

La Comisión considera que la intervención es claramente imputable al FITD, que está controlado por autoridades públicas (véase la evaluación que figura en los considerandos 134 a 136, y no a los bancos asociados. Cualquier comparación con las intervenciones efectuadas por el FITD antes de que los bancos asociados estuvieran jurídicamente obligados a participar es irrelevante, ya que actualmente los bancos asociados no pueden disociarse de ningún modo de la ejecución de determinadas intervenciones, como se indica en los considerandos 134 y 135. Esta situación se ve agravada por el mecanismo subyacente a las decisiones de intervención del FITD, tal como se describe en el considerando 36, que favorece a los grandes bancos (94), lo que se traduce en la posibilidad de adoptar decisiones de intervención en contra de la voluntad de la mayoría de los bancos asociados.

94

| (154) | Por lo tanto, los costes en cuestión se derivan de las obligaciones impuestas al FITD en su calidad de sistema de garantía de depósitos que opera sobre la base de un mandato público cuya finalidad es proteger a los depositantes. Ningún operador en una economía de mercado debe cumplir obligaciones derivadas de un mandato público, tales como la de reembolsar a los depositantes en caso de liquidación de Tercas. Según reiterada jurisprudencia, en la aplicación del principio del operador privado en una economía de mercado no pueden tenerse en cuenta este tipo de obligaciones, que se derivan de un mandato público (95). |
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(154)

Por lo tanto, los costes en cuestión se derivan de las obligaciones impuestas al FITD en su calidad de sistema de garantía de depósitos que opera sobre la base de un mandato público cuya finalidad es proteger a los depositantes. Ningún operador en una economía de mercado debe cumplir obligaciones derivadas de un mandato público, tales como la de reembolsar a los depositantes en caso de liquidación de Tercas. Según reiterada jurisprudencia, en la aplicación del principio del operador privado en una economía de mercado no pueden tenerse en cuenta este tipo de obligaciones, que se derivan de un mandato público (95).

95

| (155) | Así pues, sin tener en cuenta las obligaciones que se derivan del mandato público del FITD, la Comisión concluye que ninguna de las tres medidas examinadas habría sido adoptada por un operador en una economía de mercado. La falta de un plan empresarial o de toda perspectiva de rentabilidad es esencial para esta evaluación, y no puede sino reforzar esta conclusión. |
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(155)

Así pues, sin tener en cuenta las obligaciones que se derivan del mandato público del FITD, la Comisión concluye que ninguna de las tres medidas examinadas habría sido adoptada por un operador en una economía de mercado. La falta de un plan empresarial o de toda perspectiva de rentabilidad es esencial para esta evaluación, y no puede sino reforzar esta conclusión.

| (156) | Por último, Tercas y BPB han afirmado que la contribución del FITD puede considerarse concomitante con la intervención de BPB en calidad de operador privado. A este respecto, la Comisión recuerda que una inversión concomitante de este tipo debe producirse en plena igualdad de condiciones para los inversores públicos y privados. Es evidente que no se cumplía este requisito. BPB adquirió la plena propiedad de Tercas, mientras que el FITD no obtuvo un rendimiento económico comparable para sus propias inversiones. |
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(156)

Por último, Tercas y BPB han afirmado que la contribución del FITD puede considerarse concomitante con la intervención de BPB en calidad de operador privado. A este respecto, la Comisión recuerda que una inversión concomitante de este tipo debe producirse en plena igualdad de condiciones para los inversores públicos y privados. Es evidente que no se cumplía este requisito. BPB adquirió la plena propiedad de Tercas, mientras que el FITD no obtuvo un rendimiento económico comparable para sus propias inversiones.

| (157) | Por las razones expuestas en los considerandos 149 a 156, las intervenciones del FITD en favor de Tercas confirieron a esta última una ventaja, en particular una contribución a fondo perdido destinada a cubrir su déficit patrimonial, una garantía no remunerada para algunas exposiciones de crédito frente a [...] y una contribución a fondo perdido sujeta a determinadas condiciones, destinada a exonerar a Tercas de parte de sus deudas fiscales por impuestos sobre la renta aplicables en aquel momento. Todas estas medidas impidieron la salida del mercado de Tercas. Tercas no se habría beneficiado de tales medidas en condiciones normales de mercado. |
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(157)

Por las razones expuestas en los considerandos 149 a 156, las intervenciones del FITD en favor de Tercas confirieron a esta última una ventaja, en particular una contribución a fondo perdido destinada a cubrir su déficit patrimonial, una garantía no remunerada para algunas exposiciones de crédito frente a [...] y una contribución a fondo perdido sujeta a determinadas condiciones, destinada a exonerar a Tercas de parte de sus deudas fiscales por impuestos sobre la renta aplicables en aquel momento. Todas estas medidas impidieron la salida del mercado de Tercas. Tercas no se habría beneficiado de tales medidas en condiciones normales de mercado.

| (158) | La Comisión cree que las intervenciones en cuestión son selectivas, ya que solo se refieren a Tercas. Estas intervenciones de apoyo solo están a disposición de los bancos en régimen de administración extraordinaria y únicamente después de considerar cada caso. Por ello, la Comisión considera que las medidas evaluadas en la presente Decisión iban dirigidas a Tercas con carácter específico y exclusivo, para evitar su salida del mercado, y que, por lo tanto, son selectivas. |
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(158)

La Comisión cree que las intervenciones en cuestión son selectivas, ya que solo se refieren a Tercas. Estas intervenciones de apoyo solo están a disposición de los bancos en régimen de administración extraordinaria y únicamente después de considerar cada caso. Por ello, la Comisión considera que las medidas evaluadas en la presente Decisión iban dirigidas a Tercas con carácter específico y exclusivo, para evitar su salida del mercado, y que, por lo tanto, son selectivas.

| (159) | Por último, las ventajas concedidas a Tercas gracias a las intervenciones del FITD, evitando con ello la quiebra de ese banco y su salida del mercado, tienen por efecto un falseamiento de la competencia. Dado que Tercas compite con empresas extranjeras, ello afecta al comercio entre Estados miembros. |
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(159)

Por último, las ventajas concedidas a Tercas gracias a las intervenciones del FITD, evitando con ello la quiebra de ese banco y su salida del mercado, tienen por efecto un falseamiento de la competencia. Dado que Tercas compite con empresas extranjeras, ello afecta al comercio entre Estados miembros.

| (160) | Por lo que se refiere a la «medida 1», la subvención de 265 millones EUR se concedió en forma de una contribución a fondo perdido para cubrir un déficit patrimonial de Tercas sin ningún componente remunerativo. La Comisión considera que el elemento de ayuda se corresponde con el importe total de 265 millones EUR. |
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(160)

Por lo que se refiere a la «medida 1», la subvención de 265 millones EUR se concedió en forma de una contribución a fondo perdido para cubrir un déficit patrimonial de Tercas sin ningún componente remunerativo. La Comisión considera que el elemento de ayuda se corresponde con el importe total de 265 millones EUR.

| (161) | Por lo que se refiere a la «medida 2», la garantía de 35 millones EUR se concedió por un período máximo de tres años para cubrir el riesgo de crédito asociado a determinadas exposiciones de Tercas frente a [...]. De conformidad con la Comunicación de la Comisión sobre las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía (96), el elemento de ayuda debería calcularse en función del equivalente bruto de subvención de la diferencia entre la comisión que el beneficiario habría pagado a un operador en una economía de mercado para obtener ese garantía y la comisión efectivamente pagada por la misma garantía durante el período en que se ha gozado del beneficio. |
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(161)

Por lo que se refiere a la «medida 2», la garantía de 35 millones EUR se concedió por un período máximo de tres años para cubrir el riesgo de crédito asociado a determinadas exposiciones de Tercas frente a [...]. De conformidad con la Comunicación de la Comisión sobre las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía (96), el elemento de ayuda debería calcularse en función del equivalente bruto de subvención de la diferencia entre la comisión que el beneficiario habría pagado a un operador en una economía de mercado para obtener ese garantía y la comisión efectivamente pagada por la misma garantía durante el período en que se ha gozado del beneficio.

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| (162) | La Comisión no dispone de información sobre la comisión que un operador en una economía de mercado habría pedido para garantizar la exposición crediticia frente a [...] ni sobre la calidad crediticia de [...]. No obstante, dado que, en aquel momento, la exposición no era dudosa, y el préstamo fue reembolsado dentro de plazo, y teniendo en cuenta los importes de ayuda —mucho más elevados— facilitados a través de las «medidas 1 y 3», la Comisión considera que es suficiente establecer el límite inferior para la estimación del importe de la ayuda. |
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(162)

La Comisión no dispone de información sobre la comisión que un operador en una economía de mercado habría pedido para garantizar la exposición crediticia frente a [...] ni sobre la calidad crediticia de [...]. No obstante, dado que, en aquel momento, la exposición no era dudosa, y el préstamo fue reembolsado dentro de plazo, y teniendo en cuenta los importes de ayuda —mucho más elevados— facilitados a través de las «medidas 1 y 3», la Comisión considera que es suficiente establecer el límite inferior para la estimación del importe de la ayuda.

| (163) | Este límite inferior puede establecerse tomando como referencia la media de los valores de las permutas de cobertura por impago (en lo sucesivo, «CDS», por credit default swap) (97) por un período de tres años en el momento en el que se conceda la ayuda para las principales empresas no financieras con intercambio activo de CDS. La media es de 53 puntos básicos (98). Considerando que la garantía cubría un importe de 35 millones EUR de exposiciones y tenía una duración de tan solo nueve meses, el valor de reembolso de la comisión de garantía equivale a 0,14 millones EUR. Dado que los acuerdos no prevén comisiones en favor del FITD que puedan deducirse de ese importe, la Comisión considera que 0,14 millones EUR corresponden también al elemento de ayuda. |
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(163)

Este límite inferior puede establecerse tomando como referencia la media de los valores de las permutas de cobertura por impago (en lo sucesivo, «CDS», por credit default swap) (97) por un período de tres años en el momento en el que se conceda la ayuda para las principales empresas no financieras con intercambio activo de CDS. La media es de 53 puntos básicos (98). Considerando que la garantía cubría un importe de 35 millones EUR de exposiciones y tenía una duración de tan solo nueve meses, el valor de reembolso de la comisión de garantía equivale a 0,14 millones EUR. Dado que los acuerdos no prevén comisiones en favor del FITD que puedan deducirse de ese importe, la Comisión considera que 0,14 millones EUR corresponden también al elemento de ayuda.

credit default swap

97

98

| (164) | Por lo que se refiere a la «medida 3», la Comisión observa que, según el Derecho italiano, la exención fiscal debe ser notificada a la Comisión Europea y aprobada por esta. Dado que, en el momento de la concesión o posteriormente, la Comisión Europea no había adoptado ninguna decisión con relación a la medida 3, la garantía debe considerarse ejecutada. La exención fiscal no había sido notificada formalmente a la Comisión, lo que excluye la posibilidad de su aplicación. Por lo tanto, la Comisión no debe considerar que la medida en cuestión es una garantía, sino una nueva contribución a fondo perdido sin remuneración. La Comisión considera que el elemento de ayuda se corresponde con el importe total de 30 millones EUR. |
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(164)

Por lo que se refiere a la «medida 3», la Comisión observa que, según el Derecho italiano, la exención fiscal debe ser notificada a la Comisión Europea y aprobada por esta. Dado que, en el momento de la concesión o posteriormente, la Comisión Europea no había adoptado ninguna decisión con relación a la medida 3, la garantía debe considerarse ejecutada. La exención fiscal no había sido notificada formalmente a la Comisión, lo que excluye la posibilidad de su aplicación. Por lo tanto, la Comisión no debe considerar que la medida en cuestión es una garantía, sino una nueva contribución a fondo perdido sin remuneración. La Comisión considera que el elemento de ayuda se corresponde con el importe total de 30 millones EUR.

6.1.3.   Conclusión sobre la existencia de ayuda

Conclusión sobre la existencia de ayuda

| (165) | Por las razones expuestas en los considerandos 149 a 164, la Comisión concluye que la medida 1 (contribución a fondo perdido de 265 millones EUR), la medida 2 (garantía de 35 millones EUR para cubrir las exposiciones crediticias frente a [...] con un elemento de ayuda equivalente a 0,14 millones EUR) y la medida 3 (una nueva contribución a fondo perdido de 30 millones EUR), por un total de 295,14 millones EUR de ayuda estatal, desembolsados por el FITD, concedieron a Tercas una ventaja selectiva, con el consiguiente falseamiento de la competencia y efecto sobre el comercio entre los Estados miembros. Esta ventaja selectiva se concedió mediante fondos estatales a través de la intervención del FITD, que es imputable al Estado por las razones expuestas en los considerandos 112 a 148. La ayuda se concedió el 7 de julio de 2014. |
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(165)

Por las razones expuestas en los considerandos 149 a 164, la Comisión concluye que la medida 1 (contribución a fondo perdido de 265 millones EUR), la medida 2 (garantía de 35 millones EUR para cubrir las exposiciones crediticias frente a [...] con un elemento de ayuda equivalente a 0,14 millones EUR) y la medida 3 (una nueva contribución a fondo perdido de 30 millones EUR), por un total de 295,14 millones EUR de ayuda estatal, desembolsados por el FITD, concedieron a Tercas una ventaja selectiva, con el consiguiente falseamiento de la competencia y efecto sobre el comercio entre los Estados miembros. Esta ventaja selectiva se concedió mediante fondos estatales a través de la intervención del FITD, que es imputable al Estado por las razones expuestas en los considerandos 112 a 148. La ayuda se concedió el 7 de julio de 2014.

6.2.   Beneficiario de la ayuda

Beneficiario de la ayuda

| (166) | La Comisión recuerda que, de acuerdo con su propia evaluación, las tres medidas en cuestión confieren una ventaja a Tercas. Por consiguiente, la Comisión considera que las medidas han favorecido las actividades económicas de Tercas, evitando su salida del mercado y permitiendo la continuación de dichas actividades económicas a través de su comprador, BPB. |
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(166)

La Comisión recuerda que, de acuerdo con su propia evaluación, las tres medidas en cuestión confieren una ventaja a Tercas. Por consiguiente, la Comisión considera que las medidas han favorecido las actividades económicas de Tercas, evitando su salida del mercado y permitiendo la continuación de dichas actividades económicas a través de su comprador, BPB.

| (167) | En cuanto a la cuestión de si la venta de las actividades del banco constituye ayuda estatal en favor del comprador, a tenor de lo expuesto en los puntos 79, 80 y 81 de la Comunicación bancaria de 2013 y el punto 20 de la Comunicación sobre reestructuración (99), la Comisión debe evaluar si se cumplen determinados requisitos, verificando, en particular, si: i) el proceso de venta fue un proceso abierto, incondicional y no discriminatorio; ii) dicho proceso se realizó en condiciones de mercado, y iii) la entidad de crédito o el Gobierno maximizaron el precio de venta de los activos y pasivos en cuestión. |
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(167)

En cuanto a la cuestión de si la venta de las actividades del banco constituye ayuda estatal en favor del comprador, a tenor de lo expuesto en los puntos 79, 80 y 81 de la Comunicación bancaria de 2013 y el punto 20 de la Comunicación sobre reestructuración (99), la Comisión debe evaluar si se cumplen determinados requisitos, verificando, en particular, si: i) el proceso de venta fue un proceso abierto, incondicional y no discriminatorio; ii) dicho proceso se realizó en condiciones de mercado, y iii) la entidad de crédito o el Gobierno maximizaron el precio de venta de los activos y pasivos en cuestión.

99

| (168) | De acuerdo con las consideraciones recogidas en la Decisión de incoar el procedimiento, la Comisión no dispone de pruebas que le permitan concluir que: i) el proceso de venta no fue un proceso abierto, incondicional y no discriminatorio; ii) la venta no se realizó en condiciones de mercado, y iii) las autoridades italianas no maximizaron el precio de venta de Tercas. |
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(168)

De acuerdo con las consideraciones recogidas en la Decisión de incoar el procedimiento, la Comisión no dispone de pruebas que le permitan concluir que: i) el proceso de venta no fue un proceso abierto, incondicional y no discriminatorio; ii) la venta no se realizó en condiciones de mercado, y iii) las autoridades italianas no maximizaron el precio de venta de Tercas.

| (169) | Por lo tanto, la Comisión llega a la conclusión de que el único beneficiario de la ayuda es Tercas y de que puede excluirse la presencia de ayuda en favor del comprador, es decir, de BPB. |
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(169)

Por lo tanto, la Comisión llega a la conclusión de que el único beneficiario de la ayuda es Tercas y de que puede excluirse la presencia de ayuda en favor del comprador, es decir, de BPB.

7.   LEGITIMIDAD DE LA AYUDA

LEGITIMIDAD DE LA AYUDA

| (170) | A la luz de lo anteriormente expuesto, la Comisión concluye que estas medidas constituyen ayuda estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del Tratado, y se concedieron infringiendo las obligaciones de notificación y de suspensión establecidas en el artículo 108, apartado 3, del Tratado. Por lo tanto, la Comisión considera que las medidas concedidas en favor de Tercas constituyen una ayuda estatal ilegal. |
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(170)

A la luz de lo anteriormente expuesto, la Comisión concluye que estas medidas constituyen ayuda estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del Tratado, y se concedieron infringiendo las obligaciones de notificación y de suspensión establecidas en el artículo 108, apartado 3, del Tratado. Por lo tanto, la Comisión considera que las medidas concedidas en favor de Tercas constituyen una ayuda estatal ilegal.

8.   COMPATIBILIDAD DE LA AYUDA

COMPATIBILIDAD DE LA AYUDA

8.1.   Base jurídica para evaluar la compatibilidad

Base jurídica para evaluar la compatibilidad

| (171) | Italia no ha afirmado que las medidas son compatibles con el mercado interior. Ninguna de las disposiciones del artículo 107, apartado 2, del Tratado es aplicable a dichas medidas. Del mismo modo, es evidente que las letras a) y d) del artículo 107, apartado 3, del Tratado no pueden aplicárseles, al tiempo que los requisitos del artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado son más estrictos que los que la Comisión aplica actualmente a las entidades financieras en crisis de conformidad con el artículo 107, apartado 3, letra b), del Tratado. Por esta razón, la Comisión examinará la compatibilidad de la intervención del FITD únicamente sobre la base de esta última disposición. |
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(171)

Italia no ha afirmado que las medidas son compatibles con el mercado interior. Ninguna de las disposiciones del artículo 107, apartado 2, del Tratado es aplicable a dichas medidas. Del mismo modo, es evidente que las letras a) y d) del artículo 107, apartado 3, del Tratado no pueden aplicárseles, al tiempo que los requisitos del artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado son más estrictos que los que la Comisión aplica actualmente a las entidades financieras en crisis de conformidad con el artículo 107, apartado 3, letra b), del Tratado. Por esta razón, la Comisión examinará la compatibilidad de la intervención del FITD únicamente sobre la base de esta última disposición.

| (172) | El artículo 107, apartado 3, letra b), del Tratado faculta a la Comisión a decidir que una ayuda es compatible con el mercado interior si está destinada a «poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro». La Comisión reconoce que la crisis financiera mundial puede provocar una perturbación grave en la economía de un Estado miembro y que las intervenciones de apoyo a los bancos pueden ser un medio adecuado para poner remedio a dicha perturbación. Esta orientación se ha venido detallando y desarrollando sucesivamente en las Comunicaciones sobre la crisis (100) y se ha visto confirmada posteriormente en la Comunicación bancaria de 2013, en la que la Comisión indica las razones por las que considera que se cumplen las condiciones para la aplicación del artículo 107, apartado 3, letra b). |
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(172)

El artículo 107, apartado 3, letra b), del Tratado faculta a la Comisión a decidir que una ayuda es compatible con el mercado interior si está destinada a «poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro». La Comisión reconoce que la crisis financiera mundial puede provocar una perturbación grave en la economía de un Estado miembro y que las intervenciones de apoyo a los bancos pueden ser un medio adecuado para poner remedio a dicha perturbación. Esta orientación se ha venido detallando y desarrollando sucesivamente en las Comunicaciones sobre la crisis (100) y se ha visto confirmada posteriormente en la Comunicación bancaria de 2013, en la que la Comisión indica las razones por las que considera que se cumplen las condiciones para la aplicación del artículo 107, apartado 3, letra b).

100

| (173) | Para poder ser compatible con el artículo 107, apartado 3, letra b), del Tratado, una ayuda debe cumplir los principios generales en que se basa la compatibilidad a que se refiere el artículo 107, apartado 3, del Tratado, considerados a la luz de los objetivos generales del Tratado. Por lo tanto, según la práctica decisoria (101) de la Comisión, todas las ayudas o los regímenes de ayudas deben cumplir las siguientes condiciones: i) idoneidad, ii) necesidad y iii) proporcionalidad. |
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(173)

Para poder ser compatible con el artículo 107, apartado 3, letra b), del Tratado, una ayuda debe cumplir los principios generales en que se basa la compatibilidad a que se refiere el artículo 107, apartado 3, del Tratado, considerados a la luz de los objetivos generales del Tratado. Por lo tanto, según la práctica decisoria (101) de la Comisión, todas las ayudas o los regímenes de ayudas deben cumplir las siguientes condiciones: i) idoneidad, ii) necesidad y iii) proporcionalidad.

101

| (174) | La Comunicación bancaria de 2013 se aplica a las ayudas estatales concedidas a partir del 1 de agosto de 2013. La intervención de apoyo del FITD fue autorizada por el Banco de Italia el 7 de julio de 2014. |
| --- | --- |

(174)

La Comunicación bancaria de 2013 se aplica a las ayudas estatales concedidas a partir del 1 de agosto de 2013. La intervención de apoyo del FITD fue autorizada por el Banco de Italia el 7 de julio de 2014.

| (175) | Con el fin de determinar la compatibilidad de la intervención con las Comunicaciones sobre las crisis pertinentes, la Comisión evaluará las ayudas concedidas a través de las tres medidas del siguiente modo:
  1)   Medida 1: la contribución a fondo perdido de 265 millones EUR se tratará como una recapitalización a los efectos de la evaluación efectuada con arreglo a la Comunicación bancaria de 2013 y a la Comunicación sobre reestructuración, a pesar de sus diferencias con respecto a una medida de recapitalización normal, ya que la autoridad que concedió la ayuda no adquirió derechos y no recibió remuneración alguna;
  2)   Medida 2: la garantía de 35 millones EUR, destinada a cubrir el riesgo de crédito asociado a determinadas exposiciones de Tercas frente a [...] y que contiene un elemento de ayuda de 0,14 millones EUR, tiene las características necesarias para ser considerada una ayuda de reestructuración a Tercas con arreglo a la Comunicación sobre activos deteriorados (102), así como con arreglo a la Comunicación bancaria de 2013 y a la Comunicación sobre reestructuración.
  3)   Medida 3: dado que la Comisión no ha adoptado ninguna decisión en materia de exención fiscal, la garantía de 30 millones EUR se considerará una ayuda adicional facilitada a través de una contribución a fondo perdido; por consiguiente, la medida debe ser tratada como una recapitalización, y evaluarse de la misma manera que la medida 1. |
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(175)

Con el fin de determinar la compatibilidad de la intervención con las Comunicaciones sobre las crisis pertinentes, la Comisión evaluará las ayudas concedidas a través de las tres medidas del siguiente modo:

1)   Medida 1: la contribución a fondo perdido de 265 millones EUR se tratará como una recapitalización a los efectos de la evaluación efectuada con arreglo a la Comunicación bancaria de 2013 y a la Comunicación sobre reestructuración, a pesar de sus diferencias con respecto a una medida de recapitalización normal, ya que la autoridad que concedió la ayuda no adquirió derechos y no recibió remuneración alguna;

Medida 1

2)   Medida 2: la garantía de 35 millones EUR, destinada a cubrir el riesgo de crédito asociado a determinadas exposiciones de Tercas frente a [...] y que contiene un elemento de ayuda de 0,14 millones EUR, tiene las características necesarias para ser considerada una ayuda de reestructuración a Tercas con arreglo a la Comunicación sobre activos deteriorados (102), así como con arreglo a la Comunicación bancaria de 2013 y a la Comunicación sobre reestructuración.

Medida 2

102

3)   Medida 3: dado que la Comisión no ha adoptado ninguna decisión en materia de exención fiscal, la garantía de 30 millones EUR se considerará una ayuda adicional facilitada a través de una contribución a fondo perdido; por consiguiente, la medida debe ser tratada como una recapitalización, y evaluarse de la misma manera que la medida 1.

Medida 3

| (176) | Sobre la base de todo lo anterior, la Comisión evaluará en primer lugar la compatibilidad de la medida 2 con el mercado interior sobre la base de la Comunicación sobre activos deteriorados, para proceder a continuación a una evaluación combinada de las tres medidas a tenor de la Comunicación bancaria de 2013 y la Comunicación sobre reestructuración. |
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(176)

Sobre la base de todo lo anterior, la Comisión evaluará en primer lugar la compatibilidad de la medida 2 con el mercado interior sobre la base de la Comunicación sobre activos deteriorados, para proceder a continuación a una evaluación combinada de las tres medidas a tenor de la Comunicación bancaria de 2013 y la Comunicación sobre reestructuración.

8.2.   Compatibilidad de la medida 2 con la Comunicación sobre activos deteriorados

Compatibilidad de la medida 2 con la Comunicación sobre activos deteriorados

| (177) | La medida 2 debe evaluarse sobre la base de los criterios establecidos en la Comunicación sobre activos deteriorados, dado que esta tiene por objeto «liberar al banco beneficiario de la necesidad de registrar una pérdida o constituir una reserva para una posible pérdida por el deterioro del valor de sus activos (o compensarle por dicha necesidad)». Estos criterios de compatibilidad incluyen: i) elegibilidad de los activos; ii) transparencia y revelación del deterioro de los activos; iii) gestión de los activos; iv) planteamiento coherente y adecuado por lo que se refiere a la valoración de los activos, y v) idoneidad de la remuneración y del reparto de la carga. |
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(177)

La medida 2 debe evaluarse sobre la base de los criterios establecidos en la Comunicación sobre activos deteriorados, dado que esta tiene por objeto «liberar al banco beneficiario de la necesidad de registrar una pérdida o constituir una reserva para una posible pérdida por el deterioro del valor de sus activos (o compensarle por dicha necesidad)». Estos criterios de compatibilidad incluyen: i) elegibilidad de los activos; ii) transparencia y revelación del deterioro de los activos; iii) gestión de los activos; iv) planteamiento coherente y adecuado por lo que se refiere a la valoración de los activos, y v) idoneidad de la remuneración y del reparto de la carga.

8.2.1.   Elegibilidad de los activos

Elegibilidad de los activos

| (178) | En cuanto a la elegibilidad de los activos, la sección 5.4 de la Comunicación sobre activos deteriorados indica que, en aras de asegurar la compatibilidad, el apoyo a los activos deteriorados requiere una clara identificación de estos y la aplicación de ciertos límites por lo que se refiere a la admisibilidad. |
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(178)

En cuanto a la elegibilidad de los activos, la sección 5.4 de la Comunicación sobre activos deteriorados indica que, en aras de asegurar la compatibilidad, el apoyo a los activos deteriorados requiere una clara identificación de estos y la aplicación de ciertos límites por lo que se refiere a la admisibilidad.

| (179) | Si bien la Comunicación sobre activos deteriorados considera activos elegibles a los que han provocado la crisis financiera, también se prevé la posibilidad de «extender la elegibilidad a categorías de activos bien definidas correspondientes a esa amenaza sistémica, con la debida justificación sin restricciones cuantitativas». Además, el punto 35 de la Comunicación sobre activos deteriorados afirma que los activos cuyo valor en la actualidad no puede considerarse deteriorado no deberían beneficiarse de un programa de rescate. |
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(179)

Si bien la Comunicación sobre activos deteriorados considera activos elegibles a los que han provocado la crisis financiera, también se prevé la posibilidad de «extender la elegibilidad a categorías de activos bien definidas correspondientes a esa amenaza sistémica, con la debida justificación sin restricciones cuantitativas». Además, el punto 35 de la Comunicación sobre activos deteriorados afirma que los activos cuyo valor en la actualidad no puede considerarse deteriorado no deberían beneficiarse de un programa de rescate.

| (180) | En el asunto que nos ocupa, un informe del FITD de julio de 2014 señala que las exposiciones relacionadas con la medida 2 se refieren a préstamos productivos pero problemáticos. Los préstamos productivos no son admisibles según los criterios establecidos en la sección 5.4 de la Comunicación sobre activos deteriorados. Sobre esta base, la Comisión concluye que la medida 2 no cumple los criterios de admisibilidad establecidos en la Comunicación sobre activos deteriorados. |
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(180)

En el asunto que nos ocupa, un informe del FITD de julio de 2014 señala que las exposiciones relacionadas con la medida 2 se refieren a préstamos productivos pero problemáticos. Los préstamos productivos no son admisibles según los criterios establecidos en la sección 5.4 de la Comunicación sobre activos deteriorados. Sobre esta base, la Comisión concluye que la medida 2 no cumple los criterios de admisibilidad establecidos en la Comunicación sobre activos deteriorados.

8.2.2.   Transparencia y revelación, gestión y evaluación

Transparencia y revelación, gestión y evaluación

| (181) | De conformidad con la sección 5.1 de la Comunicación sobre activos deteriorados, la Comisión exige una transparencia total y la transmisión ex ante de toda la información disponible sobre los activos deteriorados a los que vayan a aplicarse las medidas de apoyo. Sin embargo, la Comisión no ha recibido ningún tipo de información ni sobre las exposiciones en cuestión ni sobre la empresa subyacente. |
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(181)

De conformidad con la sección 5.1 de la Comunicación sobre activos deteriorados, la Comisión exige una transparencia total y la transmisión ex ante de toda la información disponible sobre los activos deteriorados a los que vayan a aplicarse las medidas de apoyo. Sin embargo, la Comisión no ha recibido ningún tipo de información ni sobre las exposiciones en cuestión ni sobre la empresa subyacente.

ex ante

| (182) | Por otra parte, ni el Estado miembro ni ninguna de las Partes interesadas presentaron una evaluación de los activos deteriorados, como se exige en la sección 5.5 de la Comunicación sobre activos deteriorados, ni hay información disponible que permita a la Comisión considerar que, de conformidad con la sección 5.6 de la citada Comunicación, los activos fueron debidamente separados a nivel organizativo o funcional. |
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(182)

Por otra parte, ni el Estado miembro ni ninguna de las Partes interesadas presentaron una evaluación de los activos deteriorados, como se exige en la sección 5.5 de la Comunicación sobre activos deteriorados, ni hay información disponible que permita a la Comisión considerar que, de conformidad con la sección 5.6 de la citada Comunicación, los activos fueron debidamente separados a nivel organizativo o funcional.

| (183) | La Comisión concluye, por lo tanto, que no se cumplieron los criterios relativos a la transparencia y la revelación y que, por otra parte, no hay pruebas que le permitan concluir que se respetaron los criterios relativos a la gestión y la evaluación. |
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(183)

La Comisión concluye, por lo tanto, que no se cumplieron los criterios relativos a la transparencia y la revelación y que, por otra parte, no hay pruebas que le permitan concluir que se respetaron los criterios relativos a la gestión y la evaluación.

8.2.3.   Reparto de la carga y remuneración

Reparto de la carga y remuneración

| (184) | Por lo que se refiere a la remuneración, la sección 5.2 de la Comunicación sobre activos deteriorados reitera que, como principio general, los bancos deberían asumir, en la medida de lo posible, las pérdidas asociadas a los activos deteriorados, y garantizar una remuneración correcta, garantizando asimismo un reparto equivalente de las cargas y responsabilidades entre los accionistas. |
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(184)

Por lo que se refiere a la remuneración, la sección 5.2 de la Comunicación sobre activos deteriorados reitera que, como principio general, los bancos deberían asumir, en la medida de lo posible, las pérdidas asociadas a los activos deteriorados, y garantizar una remuneración correcta, garantizando asimismo un reparto equivalente de las cargas y responsabilidades entre los accionistas.

| (185) | Tal como se describe en los considerandos 195 a 212, no se aplicaron medidas adecuadas de reparto de la carga. Por otra parte, la Comisión observa que no había prevista ninguna remuneración para la garantía vinculada a la exposición frente a [...]. |
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(185)

Tal como se describe en los considerandos 195 a 212, no se aplicaron medidas adecuadas de reparto de la carga. Por otra parte, la Comisión observa que no había prevista ninguna remuneración para la garantía vinculada a la exposición frente a [...].

| (186) | A la luz de las anteriores consideraciones, la Comisión concluye que la medida 2 no cumple ninguno de los requisitos acumulativos establecidos en la Comunicación sobre activos deteriorados. Por consiguiente, dicha medida no puede considerarse compatible con el mercado interior. |
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(186)

A la luz de las anteriores consideraciones, la Comisión concluye que la medida 2 no cumple ninguno de los requisitos acumulativos establecidos en la Comunicación sobre activos deteriorados. Por consiguiente, dicha medida no puede considerarse compatible con el mercado interior.

8.3.   Compatibilidad de las medidas 1, 2 y 3 con la Comunicación bancaria de 2013 y la Comunicación sobre reestructuración

Compatibilidad de las medidas 1, 2 y 3 con la Comunicación bancaria de 2013 y la Comunicación sobre reestructuración

| (187) | Por lo que se refiere a las medidas 1 y 3, su forma jurídica es la de una subvención a fondo perdido, es decir, una contribución en efectivo que no prevé ninguna contrapartida (en forma de propiedad o remuneración). Los criterios de compatibilidad establecidos en la Comunicación bancaria de 2013 no contemplan una subvención como tal. |
| --- | --- |

(187)

Por lo que se refiere a las medidas 1 y 3, su forma jurídica es la de una subvención a fondo perdido, es decir, una contribución en efectivo que no prevé ninguna contrapartida (en forma de propiedad o remuneración). Los criterios de compatibilidad establecidos en la Comunicación bancaria de 2013 no contemplan una subvención como tal.

| (188) | La única forma de ayuda parecida a la subvención contemplada por la Comunicación bancaria de 2013 es la ayuda de recapitalización. Sin embargo, la recapitalización exige el cumplimiento de una serie de criterios de compatibilidad, a saber, la existencia de: i) un plan de obtención de capital que incluya todas las posibilidades que tiene el banco en cuestión de obtener capital de fuentes privadas; ii) un plan de rescate destinado a restablecer la viabilidad de la entidad financiera; iii) una aportación suficiente del propio beneficiario, incluida la máxima contribución posible de los titulares de instrumentos de capital y deuda subordinada (reparto de la carga), y iv) medidas suficientes para limitar el falseamiento de la competencia. Aun cuando el administrador extraordinario de Tercas podría haber puesto en práctica un plan de obtención de capital [véase el considerando 15], la Comisión no ha recibido pruebas que demuestren que se cumplen los citados requisitos de compatibilidad. |
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(188)

La única forma de ayuda parecida a la subvención contemplada por la Comunicación bancaria de 2013 es la ayuda de recapitalización. Sin embargo, la recapitalización exige el cumplimiento de una serie de criterios de compatibilidad, a saber, la existencia de: i) un plan de obtención de capital que incluya todas las posibilidades que tiene el banco en cuestión de obtener capital de fuentes privadas; ii) un plan de rescate destinado a restablecer la viabilidad de la entidad financiera; iii) una aportación suficiente del propio beneficiario, incluida la máxima contribución posible de los titulares de instrumentos de capital y deuda subordinada (reparto de la carga), y iv) medidas suficientes para limitar el falseamiento de la competencia. Aun cuando el administrador extraordinario de Tercas podría haber puesto en práctica un plan de obtención de capital [véase el considerando 15], la Comisión no ha recibido pruebas que demuestren que se cumplen los citados requisitos de compatibilidad.

| (189) | En esencia, las contribuciones a fondo perdido previstas por las medidas 1 y 3 se concedieron para eliminar el déficit patrimonial de Tercas antes de que BPB se quedara con sus activos. En el pasado, la Comisión ha autorizado operaciones similares en tanto que compatibles con el mercado interior, pero lo ha hecho solo como ayuda para agilizar la resolución o como ayuda para sostener la liquidación ordenada de un banco (103). Dado que Italia ha declarado claramente que en las medidas de ayuda en favor de Tercas no se aplicaron regímenes de resolución ni de liquidación, la Comisión no puede aplicar el mismo razonamiento en el caso de Tercas. Por lo tanto, la Comisión debe clasificar la medida como ayuda de recapitalización. |
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(189)

En esencia, las contribuciones a fondo perdido previstas por las medidas 1 y 3 se concedieron para eliminar el déficit patrimonial de Tercas antes de que BPB se quedara con sus activos. En el pasado, la Comisión ha autorizado operaciones similares en tanto que compatibles con el mercado interior, pero lo ha hecho solo como ayuda para agilizar la resolución o como ayuda para sostener la liquidación ordenada de un banco (103). Dado que Italia ha declarado claramente que en las medidas de ayuda en favor de Tercas no se aplicaron regímenes de resolución ni de liquidación, la Comisión no puede aplicar el mismo razonamiento en el caso de Tercas. Por lo tanto, la Comisión debe clasificar la medida como ayuda de recapitalización.

103

| (190) | La medida 2 se adoptó para proteger a Tercas de posibles pérdidas derivadas de su exposición frente a [...]. Por lo tanto, es asimilable, como tal, a una ayuda de recapitalización para la reestructuración de Tercas. Para poder ser declarada compatible, la medida 2, independientemente de su conformidad con la Comunicación sobre activos deteriorados, también debe ajustarse a la Comunicación bancaria de 2013 y a la Comunicación sobre recapitalización. Además, no sería posible evaluar las medidas 1 y 3 a la luz de dichas Comunicaciones sin tener en cuenta la medida 2. |
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(190)

La medida 2 se adoptó para proteger a Tercas de posibles pérdidas derivadas de su exposición frente a [...]. Por lo tanto, es asimilable, como tal, a una ayuda de recapitalización para la reestructuración de Tercas. Para poder ser declarada compatible, la medida 2, independientemente de su conformidad con la Comunicación sobre activos deteriorados, también debe ajustarse a la Comunicación bancaria de 2013 y a la Comunicación sobre recapitalización. Además, no sería posible evaluar las medidas 1 y 3 a la luz de dichas Comunicaciones sin tener en cuenta la medida 2.

8.3.1   Restablecimiento de la viabilidad a largo plazo

Restablecimiento de la viabilidad a largo plazo

| (191) | La Comunicación bancaria de 2013 requiere tanto un plan de obtención de capital, destinado a garantizar que se ha recurrido a todas las fuentes posibles de capital privado antes de solicitar una ayuda estatal, como un plan de rescate que demuestre el restablecimiento de la viabilidad a largo plazo. La viabilidad a largo plazo se consigue cuando un banco es capaz de competir con sus propios medios en el mercado de capitales ateniéndose a los requisitos legales pertinentes. Para ello, el banco debe ser capaz de cubrir todos sus costes y ofrecer un rendimiento del capital adecuado, teniendo en cuenta el perfil de riesgo del banco. De conformidad con el punto 17 de la Comunicación sobre reestructuración, la viabilidad también puede lograrse procediendo a la venta del banco. |
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(191)

La Comunicación bancaria de 2013 requiere tanto un plan de obtención de capital, destinado a garantizar que se ha recurrido a todas las fuentes posibles de capital privado antes de solicitar una ayuda estatal, como un plan de rescate que demuestre el restablecimiento de la viabilidad a largo plazo. La viabilidad a largo plazo se consigue cuando un banco es capaz de competir con sus propios medios en el mercado de capitales ateniéndose a los requisitos legales pertinentes. Para ello, el banco debe ser capaz de cubrir todos sus costes y ofrecer un rendimiento del capital adecuado, teniendo en cuenta el perfil de riesgo del banco. De conformidad con el punto 17 de la Comunicación sobre reestructuración, la viabilidad también puede lograrse procediendo a la venta del banco.

| (192) | Las Partes interesadas señalan que el administrador extraordinario puso en marcha actividades encaminadas a subsanar las deficiencias organizativas y del sistema de control interno de Tercas. BPB estima asimismo que los elementos estructurales del plan de rehabilitación se desarrollaron en el marco de su plan empresarial 2015-2019. |
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(192)

Las Partes interesadas señalan que el administrador extraordinario puso en marcha actividades encaminadas a subsanar las deficiencias organizativas y del sistema de control interno de Tercas. BPB estima asimismo que los elementos estructurales del plan de rehabilitación se desarrollaron en el marco de su plan empresarial 2015-2019.

| (193) | La Comisión señala que no ha recibido ningún plan de rescate ni de recuperación que indicara el restablecimiento de la viabilidad a largo plazo, a pesar de la solicitud formal de un plan de este tipo dirigida a Italia. |
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(193)

La Comisión señala que no ha recibido ningún plan de rescate ni de recuperación que indicara el restablecimiento de la viabilidad a largo plazo, a pesar de la solicitud formal de un plan de este tipo dirigida a Italia.

| (194) | La Comisión reconoce la posibilidad de tomar en consideración los planes de reestructuración presentados tras la realización de una medida de recapitalización. La Comunicación bancaria de 2013 contempla esta posibilidad, en particular cuando la ayuda en cuestión se ha notificado y aplicado como ayuda de rescate sujeta a condiciones muy estrictas. Sin embargo, puesto que tampoco se notificó ninguna medida de rescate, y teniendo en cuenta la información disponible, y especialmente la falta de un plan de rescate, la Comisión no puede considerar que se cumple el criterio de restablecimiento de la viabilidad a largo plazo demostrado por un plan de rescate detallado. |
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(194)

La Comisión reconoce la posibilidad de tomar en consideración los planes de reestructuración presentados tras la realización de una medida de recapitalización. La Comunicación bancaria de 2013 contempla esta posibilidad, en particular cuando la ayuda en cuestión se ha notificado y aplicado como ayuda de rescate sujeta a condiciones muy estrictas. Sin embargo, puesto que tampoco se notificó ninguna medida de rescate, y teniendo en cuenta la información disponible, y especialmente la falta de un plan de rescate, la Comisión no puede considerar que se cumple el criterio de restablecimiento de la viabilidad a largo plazo demostrado por un plan de rescate detallado.

8.3.2.   Limitación de la ayuda al mínimo necesario y reparto de la carga

Limitación de la ayuda al mínimo necesario y reparto de la carga

| (195) | La Comunicación sobre reestructuración, completada por la Comunicación bancaria de 2013, indica que es necesario que el beneficiario aporte una contribución adecuada para circunscribir la ayuda al mínimo necesario y limitar el falseamiento de la competencia y el riesgo moral. A tal efecto, establece que: i) tanto los costes de reestructuración como el importe de la ayuda sean limitados, y ii) el reparto de cargas entre los accionistas y los acreedores subordinados sea el máximo posible. |
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(195)

La Comunicación sobre reestructuración, completada por la Comunicación bancaria de 2013, indica que es necesario que el beneficiario aporte una contribución adecuada para circunscribir la ayuda al mínimo necesario y limitar el falseamiento de la competencia y el riesgo moral. A tal efecto, establece que: i) tanto los costes de reestructuración como el importe de la ayuda sean limitados, y ii) el reparto de cargas entre los accionistas y los acreedores subordinados sea el máximo posible.

| (196) | De conformidad con el punto 29 de la Comunicación bancaria de 2013, la Comisión solamente puede autorizar ayudas una vez que el Estado miembro interesado demuestre que se han utilizado en la mayor medida posible todos los medios disponibles para limitar la ayuda al mínimo necesario. A tal fin, se invita a los Estados miembros a presentar un plan de obtención de capital como parte de un plan de rescate o con anterioridad a este. |
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(196)

De conformidad con el punto 29 de la Comunicación bancaria de 2013, la Comisión solamente puede autorizar ayudas una vez que el Estado miembro interesado demuestre que se han utilizado en la mayor medida posible todos los medios disponibles para limitar la ayuda al mínimo necesario. A tal fin, se invita a los Estados miembros a presentar un plan de obtención de capital como parte de un plan de rescate o con anterioridad a este.

| (197) | De conformidad con el punto 44 de la Comunicación bancaria de 2013, «la deuda subordinada debe ser objeto de conversión o de reducción de su valor contable, en principio antes de la concesión de ayuda estatal. No debe concederse ayuda estatal antes de que el capital, los instrumentos híbridos de capital y la deuda subordinada hayan contribuido plenamente a la compensación de las posibles pérdidas». |
| --- | --- |

(197)

De conformidad con el punto 44 de la Comunicación bancaria de 2013, «la deuda subordinada debe ser objeto de conversión o de reducción de su valor contable, en principio antes de la concesión de ayuda estatal. No debe concederse ayuda estatal antes de que el capital, los instrumentos híbridos de capital y la deuda subordinada hayan contribuido plenamente a la compensación de las posibles pérdidas».

| (198) | De conformidad con el punto 47 de la Comunicación bancaria de 2013, con objeto de limitar la ayuda al mínimo necesario, deberá evitarse lo antes posible la salida de fondos. |
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(198)

De conformidad con el punto 47 de la Comunicación bancaria de 2013, con objeto de limitar la ayuda al mínimo necesario, deberá evitarse lo antes posible la salida de fondos.

| (199) | De conformidad con el punto 52 de la Comunicación bancaria de 2013, la Comisión autorizará una ayuda de rescate en forma de recapitalización (aceptando la presentación de un plan de rescate tras la ejecución de la medida) solo si las medidas de rescate no impiden el cumplimiento de los requisitos de reparto de cargas establecidos en dicha Comunicación. |
| --- | --- |

(199)

De conformidad con el punto 52 de la Comunicación bancaria de 2013, la Comisión autorizará una ayuda de rescate en forma de recapitalización (aceptando la presentación de un plan de rescate tras la ejecución de la medida) solo si las medidas de rescate no impiden el cumplimiento de los requisitos de reparto de cargas establecidos en dicha Comunicación.

| (200) | La Comisión observa que el capital social de Tercas está totalmente devaluado. |
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(200)

La Comisión observa que el capital social de Tercas está totalmente devaluado.

| (201) | No obstante, 189 millones EUR (a 31 de marzo de 2014) de préstamos subordinados de Tercas sobre una base consolidada (incluida su filial Caripe) deberían haberse convertido o depreciado de acuerdo con los requisitos establecidos en la Comunicación bancaria de 2013 para reducir el déficit patrimonial y limitar al mínimo necesario el importe de las ayudas. La Comisión señala que no se procedió a tales conversiones o depreciaciones y que, según información facilitada por Tercas, la deuda subordinada emitida por la empresa matriz, equivalente a 36 millones EUR, expiró y fue reembolsada en diciembre de 2014. La Comisión no tiene ninguna información ni sobre la expiración ni sobre el reembolso de la deuda subordinada emitida por Caripe. |
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(201)

No obstante, 189 millones EUR (a 31 de marzo de 2014) de préstamos subordinados de Tercas sobre una base consolidada (incluida su filial Caripe) deberían haberse convertido o depreciado de acuerdo con los requisitos establecidos en la Comunicación bancaria de 2013 para reducir el déficit patrimonial y limitar al mínimo necesario el importe de las ayudas. La Comisión señala que no se procedió a tales conversiones o depreciaciones y que, según información facilitada por Tercas, la deuda subordinada emitida por la empresa matriz, equivalente a 36 millones EUR, expiró y fue reembolsada en diciembre de 2014. La Comisión no tiene ninguna información ni sobre la expiración ni sobre el reembolso de la deuda subordinada emitida por Caripe.

| (202) | La Comisión cree que la salida de capitales relacionada con el plazo de vencimiento de la citada deuda subordinada y el pago posterior incumple sustancialmente las condiciones en las que las ayudas de recapitalización pueden resultar compatibles en virtud de la Comunicación bancaria de 2013. |
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(202)

La Comisión cree que la salida de capitales relacionada con el plazo de vencimiento de la citada deuda subordinada y el pago posterior incumple sustancialmente las condiciones en las que las ayudas de recapitalización pueden resultar compatibles en virtud de la Comunicación bancaria de 2013.

| (203) | Las Partes interesadas afirman que la alternativa de la recapitalización de la deuda subordinada no era jurídicamente posible en el marco de la legislación italiana, y que la deuda solo puede depreciarse en caso de liquidación forzosa. La Comunicación bancaria de 2013 establece los elementos, incluido el requisito de la recapitalización, que la Comisión debe utilizar para determinar si la ayuda estatal es compatible con el mercado interior. La Comisión señala que el reparto de la carga en cuestión es posible en caso de liquidación, como se desprende claramente del contexto en el que se basa la decisión adoptada en el asunto Banca Romagna (104), en la que se aprobó la ayuda concedida por Italia y se respetaron los requisitos de reparto de la carga con relación a la deuda subordinada. |
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(203)

Las Partes interesadas afirman que la alternativa de la recapitalización de la deuda subordinada no era jurídicamente posible en el marco de la legislación italiana, y que la deuda solo puede depreciarse en caso de liquidación forzosa. La Comunicación bancaria de 2013 establece los elementos, incluido el requisito de la recapitalización, que la Comisión debe utilizar para determinar si la ayuda estatal es compatible con el mercado interior. La Comisión señala que el reparto de la carga en cuestión es posible en caso de liquidación, como se desprende claramente del contexto en el que se basa la decisión adoptada en el asunto Banca Romagna (104), en la que se aprobó la ayuda concedida por Italia y se respetaron los requisitos de reparto de la carga con relación a la deuda subordinada.

104

| (204) | Pese a que las Partes interesadas hacen referencia al punto 42 de la Comunicación bancaria de 2013, la Comisión observa que dicho punto 42 se refiere a los titulares de deuda privilegiada y no de deuda subordinada. |
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(204)

Pese a que las Partes interesadas hacen referencia al punto 42 de la Comunicación bancaria de 2013, la Comisión observa que dicho punto 42 se refiere a los titulares de deuda privilegiada y no de deuda subordinada.

| (205) | Las Partes interesadas se refieren asimismo al punto 45 de la citada Comunicación, que permite establecer una excepción al principio general de conversión o depreciación de la deuda subordinada cuando la aplicación de tales medidas pondría en peligro la estabilidad financiera o tendría efectos desproporcionados. |
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(205)

Las Partes interesadas se refieren asimismo al punto 45 de la citada Comunicación, que permite establecer una excepción al principio general de conversión o depreciación de la deuda subordinada cuando la aplicación de tales medidas pondría en peligro la estabilidad financiera o tendría efectos desproporcionados.

| (206) | La Comisión observa que el reparto de la carga entre los titulares de la deuda subordinada se aplicó en Eslovenia a una gran parte del conjunto del sistema bancario del Estado miembro sobre la base de la Comunicación bancaria de 2013 (105) y, en Portugal, al tercer mayor banco del país (106). Este reparto también se ha aplicado en gran medida en el sistema bancario español antes de la adopción de la Comunicación bancaria de 2013, sin poner en peligro la estabilidad financiera y sin resultados desproporcionados. Por lo tanto, la Comisión no puede aceptar la existencia del citado riesgo habida cuenta del reducido tamaño de Tercas. Los únicos casos en los que la Comisión ha admitido una excepción al reparto de la carga normal, debido a unos resultados desproporcionados, no son pertinentes en el asunto que nos ocupa (107). |
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(206)

La Comisión observa que el reparto de la carga entre los titulares de la deuda subordinada se aplicó en Eslovenia a una gran parte del conjunto del sistema bancario del Estado miembro sobre la base de la Comunicación bancaria de 2013 (105) y, en Portugal, al tercer mayor banco del país (106). Este reparto también se ha aplicado en gran medida en el sistema bancario español antes de la adopción de la Comunicación bancaria de 2013, sin poner en peligro la estabilidad financiera y sin resultados desproporcionados. Por lo tanto, la Comisión no puede aceptar la existencia del citado riesgo habida cuenta del reducido tamaño de Tercas. Los únicos casos en los que la Comisión ha admitido una excepción al reparto de la carga normal, debido a unos resultados desproporcionados, no son pertinentes en el asunto que nos ocupa (107).

105

106

107

| (207) | Por consiguiente, la Comisión llega a la conclusión de que los titulares de deuda subordinada no han contribuido lo máximo posible y la intervención del FITD no está en consonancia con un elemento esencial de la Comunicación bancaria de 2013. |
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(207)

Por consiguiente, la Comisión llega a la conclusión de que los titulares de deuda subordinada no han contribuido lo máximo posible y la intervención del FITD no está en consonancia con un elemento esencial de la Comunicación bancaria de 2013.

| (208) | En sus observaciones, el FITD afirma que la operación de reestructuración implicó una recapitalización completa de Tercas, realizada mediante la intervención de BPB, que contribuyó a la ampliación de capital gracias a la obtención de capital en el mercado. Por otra parte, el punto 34 de la Comunicación bancaria de 2013 establece que los Estados miembros deberán determinar el déficit de capital residual que ha de cubrirse con ayuda estatal tras la presentación del plan de obtención de capital. Sin embargo, tal como se reconoce en la documentación facilitada por BPB y Tercas, la recapitalización por BPB estaba supeditada a que el déficit patrimonial quedara cubierto por el FITD antes de la recapitalización que el BPB iba a llevar a cabo. |
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(208)

En sus observaciones, el FITD afirma que la operación de reestructuración implicó una recapitalización completa de Tercas, realizada mediante la intervención de BPB, que contribuyó a la ampliación de capital gracias a la obtención de capital en el mercado. Por otra parte, el punto 34 de la Comunicación bancaria de 2013 establece que los Estados miembros deberán determinar el déficit de capital residual que ha de cubrirse con ayuda estatal tras la presentación del plan de obtención de capital. Sin embargo, tal como se reconoce en la documentación facilitada por BPB y Tercas, la recapitalización por BPB estaba supeditada a que el déficit patrimonial quedara cubierto por el FITD antes de la recapitalización que el BPB iba a llevar a cabo.

| (209) | Tercas y BPB afirman asimismo que la intervención se limitó al mínimo necesario para alcanzar su objetivo, a saber, la viabilidad a largo plazo de Tercas. Su posición se basa en los siguientes argumentos: 1) la contribución del FITD se atiene al criterio de la menor carga posible previsto por los estatutos del FITD; 2) era la única alternativa viable en vista del empeoramiento de la situación de Tercas y de la necesidad de encontrar un comprador, y 3) el FITD solo ha contribuido parcialmente a la cobertura del déficit patrimonial y al restablecimiento de los coeficientes mínimos de capital propio [concretamente, contribuyó con 265 millones EUR (de un total de 496 millones EUR)]. |
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(209)

Tercas y BPB afirman asimismo que la intervención se limitó al mínimo necesario para alcanzar su objetivo, a saber, la viabilidad a largo plazo de Tercas. Su posición se basa en los siguientes argumentos: 1) la contribución del FITD se atiene al criterio de la menor carga posible previsto por los estatutos del FITD; 2) era la única alternativa viable en vista del empeoramiento de la situación de Tercas y de la necesidad de encontrar un comprador, y 3) el FITD solo ha contribuido parcialmente a la cobertura del déficit patrimonial y al restablecimiento de los coeficientes mínimos de capital propio [concretamente, contribuyó con 265 millones EUR (de un total de 496 millones EUR)].

| (210) | A este respecto, la Comisión recuerda que el criterio de la menor carga posible, según lo previsto en los estatutos del FITD, es irrelevante a efectos de valorar la compatibilidad de las medidas. Por lo que respecta a la compatibilidad, el único análisis relevante en este contexto es determinar si la ayuda estatal concedida es suficiente para restablecer la viabilidad a largo plazo de la entidad financiera en cuestión y se limita al mínimo necesario, con un falseamiento de la competencia lo suficientemente restringido. La afirmación de que la ayuda concedida era menor que la cantidad necesaria para satisfacer los requisitos patrimoniales no constituye una prueba de que la ayuda se limitaba al mínimo necesario. |
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(210)

A este respecto, la Comisión recuerda que el criterio de la menor carga posible, según lo previsto en los estatutos del FITD, es irrelevante a efectos de valorar la compatibilidad de las medidas. Por lo que respecta a la compatibilidad, el único análisis relevante en este contexto es determinar si la ayuda estatal concedida es suficiente para restablecer la viabilidad a largo plazo de la entidad financiera en cuestión y se limita al mínimo necesario, con un falseamiento de la competencia lo suficientemente restringido. La afirmación de que la ayuda concedida era menor que la cantidad necesaria para satisfacer los requisitos patrimoniales no constituye una prueba de que la ayuda se limitaba al mínimo necesario.

| (211) | Tal como se indica en el considerando 194, sobre la base de la información facilitada, la Comisión no está segura de que la ayuda fuese realmente suficiente para restablecer la viabilidad. Por otra parte, la ayuda no se limitaba al mínimo necesario ya que se procedió a la recapitalización de los préstamos subordinados. |
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(211)

Tal como se indica en el considerando 194, sobre la base de la información facilitada, la Comisión no está segura de que la ayuda fuese realmente suficiente para restablecer la viabilidad. Por otra parte, la ayuda no se limitaba al mínimo necesario ya que se procedió a la recapitalización de los préstamos subordinados.

| (212) | Conviene añadir asimismo que si la intervención del FITD se hubiera llevado a cabo de conformidad con el enfoque adoptado en la Comunicación bancaria de 2013, los costes asumidos por el FITD habrían podido reducirse aún más con una depreciación contable completa de la deuda subordinada de 169 millones de EUR (88 millones de EUR para Tercas-Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo SpA y 81 millones EUR para Caripe), con la consiguiente reducción significativa de las cargas asumidas por el Estado miembro. Una depreciación de ese tipo habría sido jurídicamente admisible en caso de liquidación (108). |
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(212)

Conviene añadir asimismo que si la intervención del FITD se hubiera llevado a cabo de conformidad con el enfoque adoptado en la Comunicación bancaria de 2013, los costes asumidos por el FITD habrían podido reducirse aún más con una depreciación contable completa de la deuda subordinada de 169 millones de EUR (88 millones de EUR para Tercas-Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo SpA y 81 millones EUR para Caripe), con la consiguiente reducción significativa de las cargas asumidas por el Estado miembro. Una depreciación de ese tipo habría sido jurídicamente admisible en caso de liquidación (108).

108

8.3.3.   Medidas para limitar el falseamiento de la competencia

Medidas para limitar el falseamiento de la competencia

| (213) | Por último, la sección 4 de la Comunicación sobre reestructuración establece que la reestructuración de una entidad financiera debe incluir medidas que limiten el falseamiento de la competencia. Estas medidas deberán ser específicas para resolver los falseamientos detectados en los mercados en los que opera el banco beneficiario, después de la reestructuración. |
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(213)

Por último, la sección 4 de la Comunicación sobre reestructuración establece que la reestructuración de una entidad financiera debe incluir medidas que limiten el falseamiento de la competencia. Estas medidas deberán ser específicas para resolver los falseamientos detectados en los mercados en los que opera el banco beneficiario, después de la reestructuración.

| (214) | El punto 34 de la Comunicación sobre reestructuración establece que el retorno adecuado de cualquier intervención estatal es una de las mayores limitaciones del falseamiento de la competencia, puesto que limita al importe de la ayuda. |
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(214)

El punto 34 de la Comunicación sobre reestructuración establece que el retorno adecuado de cualquier intervención estatal es una de las mayores limitaciones del falseamiento de la competencia, puesto que limita al importe de la ayuda.

| (215) | Con respecto a las tres medidas, la Comisión constata la total falta de elementos que impliquen una remuneración asociada a la contribución del FITD, o una comisión a cambio de la garantía, así como la ausencia de algún tipo de adquisición de derechos (es decir, acciones ordinarias) o de participación en los ingresos futuros. Ni siquiera existía un mecanismo de devolución que permitiese recuperar la ayuda concedida a Tercas tras el restablecimiento de la rentabilidad. |
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(215)

Con respecto a las tres medidas, la Comisión constata la total falta de elementos que impliquen una remuneración asociada a la contribución del FITD, o una comisión a cambio de la garantía, así como la ausencia de algún tipo de adquisición de derechos (es decir, acciones ordinarias) o de participación en los ingresos futuros. Ni siquiera existía un mecanismo de devolución que permitiese recuperar la ayuda concedida a Tercas tras el restablecimiento de la rentabilidad.

| (216) | El FITD afirma que, en el caso de las intervenciones destinadas a cubrir el déficit patrimonial para hacer posible la adquisición de una empresa en crisis por otras entidades, es normal que no se prevea ninguna remuneración. La Comisión observa que tales intervenciones corresponden a la concesión de una ayuda que tuvo el efecto inmediato de impedir que Tercas saliera del mercado, contrariamente a lo que habría ocurrido sin ese apoyo. Por esta razón, debe considerarse que dichas intervenciones falsearon la competencia de forma significativa. Así pues, como se ha explicado en el considerando 189, la Comisión considera que este tipo de medidas son compatibles con el mercado interior únicamente si la ayuda se concede en el marco de una resolución o a los efectos de contribuir a una liquidación ordenada. |
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(216)

El FITD afirma que, en el caso de las intervenciones destinadas a cubrir el déficit patrimonial para hacer posible la adquisición de una empresa en crisis por otras entidades, es normal que no se prevea ninguna remuneración. La Comisión observa que tales intervenciones corresponden a la concesión de una ayuda que tuvo el efecto inmediato de impedir que Tercas saliera del mercado, contrariamente a lo que habría ocurrido sin ese apoyo. Por esta razón, debe considerarse que dichas intervenciones falsearon la competencia de forma significativa. Así pues, como se ha explicado en el considerando 189, la Comisión considera que este tipo de medidas son compatibles con el mercado interior únicamente si la ayuda se concede en el marco de una resolución o a los efectos de contribuir a una liquidación ordenada.

| (217) | El FITD señala que la Comisión ya ha aceptado un nivel bajo de remuneración, o incluso la ausencia de esta, en otras ocasiones, como en los asuntos de Banco de Valencia (BVA) (109), Banco Português de Negocios (BPN) (110) o Banco CAM (111). |
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(217)

El FITD señala que la Comisión ya ha aceptado un nivel bajo de remuneración, o incluso la ausencia de esta, en otras ocasiones, como en los asuntos de Banco de Valencia (BVA) (109), Banco Português de Negocios (BPN) (110) o Banco CAM (111).

109

110

111

| (218) | A este respecto, la Comisión recuerda que todas estas decisiones —en la medida en que no se ha concedido ninguna autorización para ayudas a la resolución o la liquidación ordenada (considerando 189)— se adoptaron antes de la entrada en vigor de la Comunicación bancaria de 2013. |
| --- | --- |

(218)

A este respecto, la Comisión recuerda que todas estas decisiones —en la medida en que no se ha concedido ninguna autorización para ayudas a la resolución o la liquidación ordenada (considerando 189)— se adoptaron antes de la entrada en vigor de la Comunicación bancaria de 2013.

| (219) | Por otra parte, en cuanto al fondo, la Comisión señala que, en los tres asuntos a que se refieren los interesados, se adoptaron medidas especialmente intensas, de acuerdo con los requisitos establecidos en la Comunicación sobre reestructuración. En los tres casos, esto dio lugar a la retirada del mercado del banco y de su marca. Además, la disminución de la actividad económica resultó especialmente significativa en todos ellos (~ 50 % de reducción en términos de sucursales y ~ 35 % en términos de efectivos en el caso del CAM, ~ 90 % de reducción en términos de sucursales y un 50 % en términos de efectivos en el caso del BVA, y un 65 % de reducción a nivel presupuestario y cierre de todas las ramas de actividad, salvo la del comercio minorista, en el caso del BPN). |
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(219)

Por otra parte, en cuanto al fondo, la Comisión señala que, en los tres asuntos a que se refieren los interesados, se adoptaron medidas especialmente intensas, de acuerdo con los requisitos establecidos en la Comunicación sobre reestructuración. En los tres casos, esto dio lugar a la retirada del mercado del banco y de su marca. Además, la disminución de la actividad económica resultó especialmente significativa en todos ellos (~ 50 % de reducción en términos de sucursales y ~ 35 % en términos de efectivos en el caso del CAM, ~ 90 % de reducción en términos de sucursales y un 50 % en términos de efectivos en el caso del BVA, y un 65 % de reducción a nivel presupuestario y cierre de todas las ramas de actividad, salvo la del comercio minorista, en el caso del BPN).

| (220) | La Comisión recuerda que, por lo que se refiere a Tercas, las sucursales y los efectivos se reducirán, respectivamente, en aproximadamente un [...] %, y que todas las ramas de actividad seguirán en funcionamiento. Además, Tercas mantiene su marca y sigue ejerciendo sus actividades económicas en su habitual área de negocios. |
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(220)

La Comisión recuerda que, por lo que se refiere a Tercas, las sucursales y los efectivos se reducirán, respectivamente, en aproximadamente un [...] %, y que todas las ramas de actividad seguirán en funcionamiento. Además, Tercas mantiene su marca y sigue ejerciendo sus actividades económicas en su habitual área de negocios.

| (221) | Sobre esta base, la Comisión concluye que, en contra de lo alegado por FITD, BPB y Tercas, la reorganización de Tercas no tiene el alcance de los ejemplos que citan, y no justifica la falta total de remuneración resultante de las medidas. |
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(221)

Sobre esta base, la Comisión concluye que, en contra de lo alegado por FITD, BPB y Tercas, la reorganización de Tercas no tiene el alcance de los ejemplos que citan, y no justifica la falta total de remuneración resultante de las medidas.

| (222) | El FITD afirma también que el impacto de la operación en el mercado es en sí mismo limitado debido a lo reducido de las dimensiones geográficas y el alcance de las actividades de Tercas, que opera principalmente en la región de Abruzos. |
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(222)

El FITD afirma también que el impacto de la operación en el mercado es en sí mismo limitado debido a lo reducido de las dimensiones geográficas y el alcance de las actividades de Tercas, que opera principalmente en la región de Abruzos.

| (223) | No obstante, según las estadísticas disponibles del Banco de Italia, a finales de 2014 operaban en la región de Abruzos 12 entidades bancarias, incluida al menos una gran entidad financiera europea. Dado que Tercas opera en el sector financiero, con 163 sucursales en la región de Abruzos en 2011, y compite con otras entidades financieras europeas que tienen sucursales en la misma región, cualquier ventaja otorgada a una de ellas implicaría un falseamiento potencial de la competencia. |
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(223)

No obstante, según las estadísticas disponibles del Banco de Italia, a finales de 2014 operaban en la región de Abruzos 12 entidades bancarias, incluida al menos una gran entidad financiera europea. Dado que Tercas opera en el sector financiero, con 163 sucursales en la región de Abruzos en 2011, y compite con otras entidades financieras europeas que tienen sucursales en la misma región, cualquier ventaja otorgada a una de ellas implicaría un falseamiento potencial de la competencia.

| (224) | Dada la falta de remuneración por la intervención del FITD y la relativamente escasa reducción de la actividad económica de Tercas, junto con el mantenimiento de su marca, la Comisión cree que no hay suficientes salvaguardias para limitar el posible falseamiento de la competencia. |
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(224)

Dada la falta de remuneración por la intervención del FITD y la relativamente escasa reducción de la actividad económica de Tercas, junto con el mantenimiento de su marca, la Comisión cree que no hay suficientes salvaguardias para limitar el posible falseamiento de la competencia.

8.4.   Conclusión sobre la compatibilidad

Conclusión sobre la compatibilidad

| (225) | En resumen, la Comisión no encuentra razones para considerar que las tres medidas de ayuda son compatibles con el mercado interior. |
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(225)

En resumen, la Comisión no encuentra razones para considerar que las tres medidas de ayuda son compatibles con el mercado interior.

| (226) | En particular, la documentación transmitida demuestra que las medidas no prevén el reparto de la carga exigido por la Comunicación bancaria de 2013 y no cumplen los requisitos combinados necesarios a los efectos de la compatibilidad de las ayudas de reestructuración, a saber, el restablecimiento de la rentabilidad a largo plazo, la limitación de la ayuda al mínimo necesario y la adopción de medidas orientadas a limitar el falseamiento de la competencia. |
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(226)

En particular, la documentación transmitida demuestra que las medidas no prevén el reparto de la carga exigido por la Comunicación bancaria de 2013 y no cumplen los requisitos combinados necesarios a los efectos de la compatibilidad de las ayudas de reestructuración, a saber, el restablecimiento de la rentabilidad a largo plazo, la limitación de la ayuda al mínimo necesario y la adopción de medidas orientadas a limitar el falseamiento de la competencia.

9.   RECUPERACIÓN

RECUPERACIÓN

| (227) | De conformidad con el Tratado y según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cuando la Comisión comprueba que una ayuda es incompatible con el mercado interior, tiene la facultad de decidir que el Estado interesado debe suprimirla o modificarla (112). Según, de nuevo, reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la obligación impuesta a un Estado miembro de suprimir una ayuda que la Comisión haya considerado incompatible con el mercado interior tiene por objeto restablecer la situación preexistente (113). |
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(227)

De conformidad con el Tratado y según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cuando la Comisión comprueba que una ayuda es incompatible con el mercado interior, tiene la facultad de decidir que el Estado interesado debe suprimirla o modificarla (112). Según, de nuevo, reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la obligación impuesta a un Estado miembro de suprimir una ayuda que la Comisión haya considerado incompatible con el mercado interior tiene por objeto restablecer la situación preexistente (113).

112

113

| (228) | El Tribunal de Justicia ha establecido al respecto que este objetivo se alcanza una vez que el beneficiario ha reembolsado los importes que le han sido concedidos en concepto de ayudas ilegales, perdiendo así la ventaja de que había disfrutado en el mercado respecto a sus competidores, y se restablece la situación anterior al pago de la ayuda (114). |
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(228)

El Tribunal de Justicia ha establecido al respecto que este objetivo se alcanza una vez que el beneficiario ha reembolsado los importes que le han sido concedidos en concepto de ayudas ilegales, perdiendo así la ventaja de que había disfrutado en el mercado respecto a sus competidores, y se restablece la situación anterior al pago de la ayuda (114).

114

| (229) | De acuerdo con esta jurisprudencia, el artículo 16, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 2015/1589 del Consejo (115) establece que «cuando se adopten decisiones negativas en casos de ayuda ilegal, la Comisión decidirá que el Estado miembro interesado tome todas las medidas necesarias para obtener del beneficiario la recuperación de la ayuda» y que «la Comisión no exigirá la recuperación de la ayuda si ello fuera contrario a un principio general del Derecho de la Unión». |
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(229)

De acuerdo con esta jurisprudencia, el artículo 16, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 2015/1589 del Consejo (115) establece que «cuando se adopten decisiones negativas en casos de ayuda ilegal, la Comisión decidirá que el Estado miembro interesado tome todas las medidas necesarias para obtener del beneficiario la recuperación de la ayuda» y que «la Comisión no exigirá la recuperación de la ayuda si ello fuera contrario a un principio general del Derecho de la Unión».

o

115

| (230) | Ni Italia ni las terceras Partes interesadas han solicitado formalmente que deje de imponerse la recuperación por vulnerar un principio general del Derecho de la Unión. No obstante, teniendo en cuenta los intercambios de información mantenidos con Italia y las Partes interesadas, la Comisión estima oportuno evaluar si, en el asunto que nos ocupa, una orden de recuperación sería contraria a los principios generales del Derecho de la Unión. |
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(230)

Ni Italia ni las terceras Partes interesadas han solicitado formalmente que deje de imponerse la recuperación por vulnerar un principio general del Derecho de la Unión. No obstante, teniendo en cuenta los intercambios de información mantenidos con Italia y las Partes interesadas, la Comisión estima oportuno evaluar si, en el asunto que nos ocupa, una orden de recuperación sería contraria a los principios generales del Derecho de la Unión.

| (231) | A la luz de la referencia a los sistemas de garantía de depósitos incluida en el punto 63 de la Comunicación bancaria y de la práctica decisoria anterior de la Comisión (116), en junio de 2014 ningún banco ni Estado miembro tenía razones para pensar que las intervenciones de los sistemas de garantía de depósitos podían no ser consideradas ayuda estatal. Además, ningún beneficiario de una ayuda concedida ilegalmente puede tener una confianza legítima en la legalidad de la ayuda antes de que la Comisión haya adoptado, en virtud del artículo 108, apartado 3, del Tratado, una decisión definitiva sobre el asunto. |
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(231)

A la luz de la referencia a los sistemas de garantía de depósitos incluida en el punto 63 de la Comunicación bancaria y de la práctica decisoria anterior de la Comisión (116), en junio de 2014 ningún banco ni Estado miembro tenía razones para pensar que las intervenciones de los sistemas de garantía de depósitos podían no ser consideradas ayuda estatal. Además, ningún beneficiario de una ayuda concedida ilegalmente puede tener una confianza legítima en la legalidad de la ayuda antes de que la Comisión haya adoptado, en virtud del artículo 108, apartado 3, del Tratado, una decisión definitiva sobre el asunto.

116

| (232) | Por otra parte, en principio, la Comisión evalúa la compatibilidad de las medidas de ayuda sobre la base de los criterios vigentes en la fecha en que adopta su decisión. Los criterios de compatibilidad establecidos en la Comunicación bancaria de 2013 empezaron a ser aplicables el 1 de agosto de 2013, es decir, 11 meses antes de la concesión de la ayuda. Por consiguiente, no pudieron plantearse problemas de seguridad jurídica por el hecho de que la Comunicación bancaria de 2013 hubiera sido adoptada recientemente. |
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(232)

Por otra parte, en principio, la Comisión evalúa la compatibilidad de las medidas de ayuda sobre la base de los criterios vigentes en la fecha en que adopta su decisión. Los criterios de compatibilidad establecidos en la Comunicación bancaria de 2013 empezaron a ser aplicables el 1 de agosto de 2013, es decir, 11 meses antes de la concesión de la ayuda. Por consiguiente, no pudieron plantearse problemas de seguridad jurídica por el hecho de que la Comunicación bancaria de 2013 hubiera sido adoptada recientemente.

| (233) | La Comisión también observa que la recuperación es la consecuencia normal de las decisiones negativas en casos de ayuda ilegal y, como tal, no puede considerarse desproporcionada. |
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(233)

La Comisión también observa que la recuperación es la consecuencia normal de las decisiones negativas en casos de ayuda ilegal y, como tal, no puede considerarse desproporcionada.

| (234) | Por otra parte, la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales de la Unión ha definido rigurosamente los casos en los que puede reconocerse a un Estado miembro la imposibilidad absoluta de ejecutar una orden de recuperación. En particular, en el caso en que se decide recuperar las ayudas, las dificultades financieras a que deba hacer frente el beneficiario de la ayuda no impiden la recuperación. Por consiguiente, la Comisión concluye que, en el asunto que nos ocupa, no puede invocarse la imposibilidad de proceder a la recuperación. |
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(234)

Por otra parte, la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales de la Unión ha definido rigurosamente los casos en los que puede reconocerse a un Estado miembro la imposibilidad absoluta de ejecutar una orden de recuperación. En particular, en el caso en que se decide recuperar las ayudas, las dificultades financieras a que deba hacer frente el beneficiario de la ayuda no impiden la recuperación. Por consiguiente, la Comisión concluye que, en el asunto que nos ocupa, no puede invocarse la imposibilidad de proceder a la recuperación.

| (235) | Así pues, dado que las medidas en cuestión se aplicaron en contra de lo dispuesto en el artículo 108, apartado 3, del Tratado y deben, por lo tanto, considerarse ayudas ilegales e incompatibles, y dado que su recuperación no conculca ningún principio general de Derecho de la Unión, es preciso proceder a ella con el fin de restablecer la situación que existía en el mercado antes de la concesión de la ayuda. La recuperación se refiere a todo el período durante el cual el beneficiario de la ayuda pudo disfrutar de su ventaja, es decir, desde el momento en que la ayuda fue puesta a su disposición hasta la fecha de su recuperación efectiva, y los importes deben incluir los intereses devengados hasta la fecha de recuperación efectiva. En el asunto que nos ocupa, la fecha en la que la ayuda fue puesta a disposición de la empresa es la fecha de pago de la contribución por lo que respecta a la medida 1, y la fecha de constitución de la garantía, por lo que respecta a las medidas 2 y 3. |
| --- | --- |

(235)

Así pues, dado que las medidas en cuestión se aplicaron en contra de lo dispuesto en el artículo 108, apartado 3, del Tratado y deben, por lo tanto, considerarse ayudas ilegales e incompatibles, y dado que su recuperación no conculca ningún principio general de Derecho de la Unión, es preciso proceder a ella con el fin de restablecer la situación que existía en el mercado antes de la concesión de la ayuda. La recuperación se refiere a todo el período durante el cual el beneficiario de la ayuda pudo disfrutar de su ventaja, es decir, desde el momento en que la ayuda fue puesta a su disposición hasta la fecha de su recuperación efectiva, y los importes deben incluir los intereses devengados hasta la fecha de recuperación efectiva. En el asunto que nos ocupa, la fecha en la que la ayuda fue puesta a disposición de la empresa es la fecha de pago de la contribución por lo que respecta a la medida 1, y la fecha de constitución de la garantía, por lo que respecta a las medidas 2 y 3.

10.   CONCLUSIÓN

CONCLUSIÓN

| (236) | La Comisión concluye que Italia ha adoptado ilegalmente la medida 1 (una contribución a fondo perdido de 265 millones EUR), la medida 2 (una garantía de 35 millones EUR para cubrir las exposiciones crediticias frente a [...], con un elemento de ayuda equivalente a 0,14 millones EUR), y la medida 3 (una nueva contribución a fondo perdido de 30 millones EUR), lo que arroja un total de 295,14 millones EUR de ayudas estatales, concedidas el 7 de julio de 2014 en contra de lo dispuesto en el artículo 108, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Estas ayudas ilegales e incompatibles deben, pues, ser recuperadas de su beneficiario, Tercas, con inclusión de los correspondientes intereses. |
| --- | --- |

(236)

La Comisión concluye que Italia ha adoptado ilegalmente la medida 1 (una contribución a fondo perdido de 265 millones EUR), la medida 2 (una garantía de 35 millones EUR para cubrir las exposiciones crediticias frente a [...], con un elemento de ayuda equivalente a 0,14 millones EUR), y la medida 3 (una nueva contribución a fondo perdido de 30 millones EUR), lo que arroja un total de 295,14 millones EUR de ayudas estatales, concedidas el 7 de julio de 2014 en contra de lo dispuesto en el artículo 108, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Estas ayudas ilegales e incompatibles deben, pues, ser recuperadas de su beneficiario, Tercas, con inclusión de los correspondientes intereses.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

La ayuda estatal concedida a través de la medida 1 (una contribución a fondo perdido de 265 millones EUR), la medida 2 (una garantía de 35 millones EUR para cubrir las exposiciones crediticias frente a [...], con un elemento de ayuda de 0,14 millones EUR) y la medida 3 (una nueva contribución a fondo perdido de 30 millones EUR), lo que arroja un total de 295,14 millones EUR, ilegalmente concedidos por Italia en favor de Tercas el 7 de julio de 2014 en contra de lo dispuesto en el artículo 108, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, es incompatible con el mercado interior.

Artículo 2

1.   Italia procederá a recuperar del beneficiario las ayudas mencionadas en el artículo 1.

2.   Las cantidades pendientes de recuperación incluirán los intereses devengados desde la fecha en que se pusieron a disposición del beneficiario hasta la fecha de su recuperación efectiva.

3.   Se aplicará un tipo de interés compuesto de conformidad con el capítulo V del Reglamento (CE) n.o 794/2004 de la Comisión (117) y el Reglamento (CE) n.o 271/2008 de la Comisión (118), que modifica el Reglamento (CE) n.o 794/2004.

Artículo 3

1.   La recuperación de la ayuda mencionada en el artículo 1 será inmediata y efectiva.

2.   Italia garantizará que la presente Decisión se ejecute en el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de su notificación.

Artículo 4

1.   En el plazo de dos meses a partir de la notificación de la presente Decisión, Italia presentará la siguiente información a la Comisión:

| a) | el importe total (principal e intereses) que debe recuperarse del beneficiario; |
| --- | --- |

a)

el importe total (principal e intereses) que debe recuperarse del beneficiario;

| b) | una descripción detallada de las medidas ya adoptadas y previstas para el cumplimiento de la presente Decisión; |
| --- | --- |

b)

una descripción detallada de las medidas ya adoptadas y previstas para el cumplimiento de la presente Decisión;

| c) | documentos que demuestren que se ha ordenado al beneficiario que reembolse la ayuda. |
| --- | --- |

c)

documentos que demuestren que se ha ordenado al beneficiario que reembolse la ayuda.

2.   Italia mantendrá informada a la Comisión del avance de las medidas nacionales adoptadas en aplicación de la presente Decisión hasta que la recuperación de la ayuda mencionada en el artículo 1 haya concluido. Transmitirá inmediatamente, a petición de la Comisión, información sobre las medidas ya adoptadas y previstas para el cumplimiento de la presente Decisión. También proporcionará información detallada sobre los importes de la ayuda y los intereses ya recuperados del beneficiario.

Artículo 5

El destinatario de la presente Decisión será la República Italiana.

Hecho en Bruselas, el 23 de diciembre de 2015.

Por la Comisión

Margrethe VESTGAGER

Miembro de la Comisión

---

(1)  
  DO C 136 de 24.4.2015, p. 17.

1

(2)  Véase la nota 1 a pie de página.

2

(3)  Entre el 5 de diciembre de 2011 y el 23 de marzo de 2012, el Banco de Italia sometió al banco Tercas a una inspección. En el transcurso de dicha inspección, el Banco de Italia constató numerosas irregularidades y anomalías relacionadas con: 1) la gestión y la gobernanza del banco; 2) la función de auditoría interna; 3) el proceso crediticio; y 4) la comunicación de información a los órganos de administración y al órgano de vigilancia.

3

(4)  Tras constatar graves irregularidades administrativas y graves infracciones legales.

4

(5)  Véase el considerando 38.

5

(6)  Las cifras recogidas en el presente considerando se refieren solo a Tercas-Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo SpA, y no a todo el grupo Tercas.

6

(7)  Acta de la junta general, repertorio n.o 125.149, Rec. n. 28.024 de 29 de julio de 2014, notario: Vicenzo Galeota.

7

o

(8)  Véase la nota 6 a pie de página.

8

(9)  Directiva 94/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 1994, relativa a los sistemas de garantía de depósitos (DO L 135 de 31.5.1994, p. 5).

9

(10)  Véase el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 94/19/CE.

10

(11)  
  Le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia. Le banche di credito cooperative aderiscono al sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro ambito.

11

Le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia. Le banche di credito cooperative aderiscono al sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro ambito.

(12)  En su página web, el FITD se presenta como un consorcio obligatorio.

12

(13)  Las cooperativas de crédito no puede afiliarse al FITD. Estas deben afiliarse al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, que es el sistema de garantía de depósitos establecido en el ámbito de las cooperativas de crédito.

13

(14)  Véase el artículo 25 de los estatutos y los artículos 9 a 14 del anexo de dichos estatutos.

14

(15)  Véanse los artículos 3 a 15 de los estatutos del FITD.

15

(16)  Véase el artículo 12, apartado 3, de los estatutos del FITD.

16

(17)  Véase el artículo 13, apartado 10, de los estatutos del FITD. En la actualidad, UniCredit, Intesa Sanpaolo y MPS están representados por 2 miembros cada uno. Credem, Credito Valtellinese, BNL, Deutsche Bank, Cariparma, Veneto Banca, CheBanca, BPM, Banco Desio e della Brianza, UBI, Banca di Credito Popolare Torre del Greco, Cassa di Risparmio di Rimini, Banca Popolare Pugliese, Unipol Banca, Banco Popolare, Banca Popolare dell'Emilia Romagna y Banca del Piemonte están representados por un miembro cada uno.

17

(18)  Véanse los artículos 16 a 18 de los estatutos del FITD.

18

(19)  Al artículo 17, apartado 1, letra a), de los estatutos del FITD.

19

(20)  Artículo 14, apartado 1, letra e), de los estatutos del FITD.

20

(21)  Véase el artículo 1, apartados 627 y 628, de la Legge di Stabilità 2014 (Ley 147/2013). El apartado 627 establece que «a los efectos de la reestructuración económica y financiera de las entidades sometidas a administración extraordinaria, las intervenciones de apoyo promovidas por el Fondo interbancario di tutela dei depositi no contribuirán a la generación de la renta de dichas entidades». El apartado 628 establece que «la eficacia de las disposiciones del párrafo 627 estará supeditada a la autorización de la Comisión Europea». (627. Ai fini del riassetto economico e finanziario dei soggetti in amministrazione straordinaria, gli interventi di sostegno disposti dal Fondo interbancario di tutela dei depositi non concorrono alla formazione del reddito dei medesimi soggetti. 628. L'efficacia delle disposizioni del comma 627 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.)

21

(*1)  Información confidencial

*1

(22)  La autoridad pública italiana que transmitió sus observaciones a la Comisión es el Ministro de Economía y Hacienda.

22

(23)  Asunto-T-251/11, Austria/Comisión (Austrian Green Electricity Act), ECLI:EU:T:2014:1060.

23

(24)  Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a los sistemas de garantía de depósitos (DO L 173 de 12.6.2014, p. 149).

24

(25)  Comunicación de la Comisión sobre la aplicación, a partir del 1 de agosto de 2013, de la normativa sobre ayudas estatales a las medidas de apoyo en favor de los bancos en el contexto de la crisis financiera («Comunicación bancaria») (DO C 216 de 30.7.2013, p. 1).

25

(26)  Asunto C-482/99 Francia/Comisión («Stardust Marine»), ECLI:EU:C:2002:294

26

(27)  Decisión 2000/600/CE de la Comisión, de 10 de noviembre de 1999, por la que se aprueba condicionalmente la ayuda concedida por Italia a los bancos públicos sicilianos Banco di Sicilia y Sicilcassa (DO L 256 de 10.10.2000, p. 21).

27

(28)  El Banco de Italia ha presentado sus observaciones como Parte interesada y, por lo tanto, en la presente sección de la Decisión, dichas observaciones no se presentan como observaciones de Italia. No obstante, dado que el Banco de Italia es una entidad de Derecho público cuyo comportamiento como tal corresponde al del Estado miembro y no entra dentro del ámbito de aplicación del artículo 107 del Tratado por tratarse de un órgano constitucionalmente independiente, las referencias recogidas en la sección de la Decisión titulada «Evaluación de las medidas» incluyen también a esta institución.

28

(29)  Reglamento (UE) n.o 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (DO L 287 de 29.10.2013, p. 63).

29

o

(30)  Asunto C-677/11, Doux Élevage SNC y otros, ECLI:EU:C:2013:348, en particular el apartado 41.

30

(31)  Decisión de la Comisión, de 1 de agosto de 2011, en el asunto SA.33001 (11/N) — Dinamarca — Parte B — Modificación del régimen danés de quiebras relativo a las entidades de crédito (DO C 271 de 14.9.2011, p. 1).

31

(32)  Decisión de la Comisión, de 18 de febrero de 2014, en el asunto SA.37425 (13/N) — Polonia — Régimen de liquidación ordenada de las cooperativas de crédito (DO C 210 de 4.7.2014, p. 1).

32

(33)  Decisión de la Comisión, de 30 de mayo de 2012, en el asunto SA.34255 (12/N) España — Reestructuración de la CAM y del Banco CAM (DO C 173 de 19.6.2013, p. 1).

33

(34)  Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.

34

(35)  Asunto C-379/98, PreussenElektra, EU:C:2001:160, en particular el apartado 61 y ss.

35

(36)  Véase la nota 30 a pie de página.

36

(37)  Véase la nota 23 a pie de página.

37

(38)  Subrayado añadido.

38

(39)  
  Banche di credito cooperativo.

39

Banche di credito cooperativo.

(40)  Decisión de la Comisión, de 31 de julio de 2008, en el asunto NN 36/08 — Dinamarca — Roskilde Bank A/S (DO C 238 de 17.9.2008, p. 5).

40

(41)  Asunto T-136/05, EARL Salvat père & fils/Comisión, EU:T:2007:295, apartado 154.

41

(42)  Conclusiones del Abogado General Wathelet en el asunto Doux Élevage.

42

(43)  Véase la nota 27 a pie de página.

43

(44)  Asunto C-345/02, Pearle y otros (ECLI:EU:C:2004:448).

44

(45)  Asuntos Banca di Girgenti, Banca di Credito di Trieste SpA-Kreditna Banka (BCT) y Cassa di Risparmi e Depositi di Prato.

45

(46)  Decisión de la Comisión, de 3 de agosto de 2014, en el asunto SA.39250 (14/N) — Portugal — Resolución relativa al Banco Espírito Santo, SA (DO C 393 de 7.11.2014, p. 1), apartados 75 a 77.

46

(47)  Asuntos acumulados C-214/12 P, C-215/12 P y C-223/12 P, Land Burgenland y otros/Comisión, ECLI:EU:C:2013:682, apartado 60.

47

(48)  Véase el acta de la reunión del Comité de Gestión del FITD de 30 de mayo de 2014, p. 4. Informe del Director General del FITD, documento n.o 7/2014, p. 5.

48

o

(49)  Véase el informe del Director General del FITD de 28.5.2014, documento n.o 7/2014, p. 5.

49

o

(50)  Véase la comunicación enviada por Tercas al FITD el 1.4.2015.

50

(51)  [...]

51

(52)  [...]

52

(53)  [...]

53

(54)  BPB hace referencia a la posición de la Comisión en el asunto T-11/96 BP Chemicals/Comisión, EU:T:1998:199, según la cual «la elaboración de un plan de rescate no es un ejercicio estático» (apartado 105 de la sentencia). Del mismo modo, según BPB, algunas decisiones recientes de la Comisión confirman que el hecho de no presentar a tiempo un plan de rescate no obsta a una decisión sobre la compatibilidad de la medida con el mercado interior. Véanse la Decisión de la Comisión, de 13 de febrero de 2014, en el asunto SA. 36663 (2014/NN) — España — Medidas de apoyo en favor de SGR (DO C 120 de 23.4.2014, p. 1) y la Decisión (UE) 2015/1092 de la Comisión, de 23 de julio de 2014, relativa a la ayuda estatal SA.34824 (2012/C), SA.36007 (2013/NN), SA.36658 (2014/NN), SA.37156 (2014/NN), SA.34534 (2012/NN) concedida por Grecia al National Bank of Greece Group en relación con: la recapitalización y la reestructuración del National Bank of Greece S.A., la resolución de First Business Bank S.A. mediante una orden de cesión al National Bank of Greece S.A., la resolución de Probank S.A. mediante una orden de cesión al National Bank of Greece S.A.,la resolución de los bancos cooperativos de Lesvos-Limnos, Achaia y Lamia (DO L 183 de 10.7.2015, p. 29).

54

(55)  Véase la demanda de intervención presentada por el administrador extraordinario al FITD el 25 de octubre de 2013, p. 3; la «ausencia de soluciones alternativas» a la operación propuesta por BPB también se reconoce en el acta del Comité de Gestión del FITD de 28 de octubre de 2013, p. 4.

55

(56)  Véase la nota 31 a pie de página.

56

(57)  Decisión de la Comisión, de 27 de marzo de 2012, en el asunto SA.26909 (2011/N) — Portugal — Banco Português de Negócios (BPN), considerandos 247 y 248; Decisión de la Comisión, de 18 de febrero de 2014, Polonia — Régimen de liquidación de las cooperativas de crédito, considerando 65; Decisión de la Comisión de 30.5.2012 — España — Reestructuración de la CAM y del Banco CAM, considerando 113; Véanse también los considerandos 119 y 120.

57

(58)  Asunto C-173/73, Italia/Comisión, ECLI:EU:C:1974:71, apartado 16; asuntos acumulados C-89/90 a C-83/90, Société Compagnie Commerciale de l'Ouest y otros/Receveur principal des douanes de La Pallice-Port, ECLI:EU:C:1992:118, apartado 35; asunto C-206/06, Essent Netwerk Noord y otros, ECLI:EU:C:2008:413, apartados 58-74; asunto T-384/08, Elliniki Nafpigokataskevastiki y otros/Comisión, EU:T:2011:650, apartado 87.

58

(59)  Asunto T-139/09, Francia/Comisión, ECLI:EU:T:2012:496, apartados 63 y 64.

59

(60)  Asunto C-83/98 P Francia/Ladbroke Racing Ltd y Comisión, ECLI:EU:C:2000:248, apartado 50; «[...] aun cuando las sumas [...] no estén de manera permanente en poder de Hacienda, el hecho de que permanezcan constantemente bajo control público y, por tanto, a disposición de las autoridades nacionales competentes, basta para que se las califique como fondos estatales [...].»

60

(61)  Véanse, en particular, los considerandos 1 y 16 de la Directiva 94/19/CE.

61

(62)  Véase el artículo 3 y los considerandos 1, 2, 3, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 24 y 25 de la Directiva 94/19/CE.

62

(63)  Véanse, en particular, los considerandos 3, 4 y 16 de la Directiva 2014/49/UE.

63

(64)  Véase el artículo 11, apartados 3 y 6, de la Directiva 2014/49/UE.

64

(65)  
  «La Repubblica [...] tutela il risparmio in tutte le sue forme».

65

(66)  Véase el asunto T-358/94 Air France/Comisión, EU:T:1996:194, apartados 59 a 62, en los cuales, con relación a la «Caisse des Dépôts et Consignations» francesa, el Tribunal de Justicia consideró que el comportamiento de un organismo público es necesariamente imputable al Estado, puesto que pertenece al sector público, y añadió que esta conclusión no puede quedar desvirtuada por argumentos relativos a la autonomía de la entidad frente a las demás autoridades estatales.

66

(67)  Según la información del sitio web del Banco de Italia, «la Ley atribuye al Banco de Italia la responsabilidad de salvaguardar la estabilidad del sistema financiero nacional». https://www.bancaditalia.it/compiti/stabilita-finanziaria/. El Banco de Italia es miembro de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, del Consejo de Estabilidad Financiera y del Comité de estabilidad financiera del Eurosistema/Sistema Europeo de Bancos Centrales.

67

(68)  Según la información del sitio web del Banco de Italia (sección «Supervisión del sistema bancario y financiero»), «el Banco de Italia tiene encomendadas importantes tareas relacionadas con la protección de los clientes de los intermediarios bancarios y financieros, que forma parte integrante del proceso de supervisión bancaria y financiera, tarea se integra con los otros objetivos de la acción de supervisión y los complementa».

68

(69)  Artículo 1 de los estatutos del FITD.

69

(70)  Artículo 29, apartado 1.

70

(71)  
  «El Banco de Italia, teniendo en cuenta la protección de los ahorradores y la estabilidad del sistema bancario [...] coordinará las actividades de los sistemas de garantía con la gestión de las crisis bancarias y con la actividad de supervisión».

71

(72)  
  «El Banco de Italia, teniendo en cuenta la protección de los ahorradores y de la estabilidad del sistema bancario [...] reconocerá los sistemas de garantía y aprobará los correspondientes estatutos, siempre que dichos sistemas no presenten características que puedan conducir a una distribución desigual de los riesgos de insolvencia en el sistema bancario».

72

(73)  
  «El Banco de Italia, teniendo en cuenta la protección de los ahorradores y de la estabilidad del sistema bancario [...] adoptará las disposiciones de aplicación de las normas incluidas en la presente sección».

73

(74)  Artículo 29, apartado 1, de los estatutos del FITD.

74

(75)  Véase el artículo 4 de los estatutos del FITD.

75

(76)  Véase el artículo 71, apartado 3, del TUB.

76

(77)  Artículo 72, apartado 4, del TUB. «El Banco de Italia, mediante instrucciones impartidas a los administradores y a los miembros del Comité de Supervisión, podrá establecer precauciones y limitaciones especiales con relación a la gestión del banco. Los componentes de los órganos extraordinarios serán personalmente responsables del eventual incumplimiento de las prescripciones del Banco de Italia».

77

(78)  Véanse los considerandos 47, 56 y 69.

78

(79)  Artículo 13, apartado 6, y artículo 16, apartado 1, letra d), de los estatutos del FITD.

79

(80)  Véanse los considerandos 46, 58 y 71.

80

(81)  Véase, por ejemplo, la observación de Irene Mecatti sobre los artículos 96-96 quater del TUB en «Testo Unico Bancario, Commentario», de Porzio M., Santoro V., Belli F., Losappio G., Rispoli Farina M., Giuffrè Editore, 2010: «... cada intervención de los sistemas de garantía de depósitos debe ser autorizada preventivamente por el BI (art. 96-ter, apartado 1, letra d)»; el énfasis de la cursiva procede del texto original.

81

quater

preventivamente

-ter

(82)  Véanse las cartas del Banco de Italia de 4 de noviembre de 2013 y de 7 de julio de 2014, en las que se autoriza al FITD a conceder las intervenciones de apoyo en cuestión (anexos 8 y 9 de la respuesta de Italia de 14 de noviembre de 2014 a la solicitud de información de la Comisión de 10 de octubre de 2014).

82

(83)  En el informe adjunto a las actas del Comité de Gestión del FITD de 30 de mayo de 2014, p. 1 (anexo 3.9 de la respuesta de Italia de 14 de noviembre de 2014 a la solicitud de información de la Comisión de 10 de octubre de 2014), se afirma que: «la evolución de estos factores ha dado lugar a una negociación estructurada con BPB y con el administrador extraordinario, en coordinación con el Banco de Italia, para la identificación de normas de aplicación de la intervención del Fondo a fin de maximizar su eficacia en el marco del plan de rescate más amplio de Tercas, basada en una operación de recapitalización por BPB».

83

(84)  En el informe adjunto a las actas del Comité de Gestión del FITD de 30 de mayo de 2014, p. 4 (anexo 3.9 de la respuesta de Italia de 14 de noviembre de 2014 a la solicitud de información de la Comisión de 10 de octubre de 2014), se afirma que: «el Banco de Italia [...] pidió al Fondo que buscara un acuerdo equilibrado con BPB para cubrir el déficit patrimonial».

84

(85)  Aunque es legalmente posible retirarse del FITD, los bancos están obligados por ley a afiliarse a un sistema de garantía de depósitos. Por otra parte, como se explica en el considerando 33, la afiliación al FITD es obligatoria para los bancos italianos que no sean cooperativas de crédito por las siguientes razones: 1) puesto que en Italia no existen otros sistemas de garantía de depósitos para los bancos comerciales, la pertenencia al FITD es, en la práctica, obligatoria; 2) los estatutos del FITD prevén la afiliación de todos los bancos italianos, con la excepción de las cooperativas de crédito.

85

(86)  Artículo 96 del TUB.

86

(87)  Artículo 8 de los estatutos del FITD.

87

(88)  Las decisiones de intervención son adoptadas por el Consejo o por el Comité de Gestión, según la composición que se indica en el considerando 36.

88

(89)  Véase el apartado 38 de la sentencia Doux Élevage.

89

(90)  Comité interprofessionnel de la dinde française (CIDEF).

90

(91)  Véanse: la Decisión en el asunto SA.33001 (2011/N) — Dinamarca — Parte B — Modificación del régimen danés de quiebras relativo a las entidades de crédito, considerandos 43 a 49; la Decisión en el asunto SA.34255 (2012/N) — España — Reestructuración de la CAM y del Banco CAM, considerandos 76 a 87 y la Decisión en el asunto SA.37425 (2013/N) — Polonia — Régimen de liquidación ordenada de las cooperativas de crédito, considerandos 44 a 53, la Decisión en el asunto NN 36/2008 — Dinamarca — Roskilde bank A/S, considerandos 28 a 31; y la Decisión en el asunto NN 61/2009 — España — Ayudas de rescate y reestructuración de Caja Castilla-La Mancha considerandos 97 a 106.

91

(92)  Véase el asunto C-124/10 P, Comisión/EDF, ECLI:EU:C:2012:318, apartados 80 y 81.

92

(93)  Véanse los considerandos 80 a 97.

93

(94)  En conjunto, los cuatro grandes bancos (con garantía de participación en el Consejo y dos votos cada uno) solo necesitan otros cinco representantes para obtener la mayoría (13 votos).

94

(95)  Véanse los asuntos acumulados C-214/12 P, C-215/12 P y C-223/12 P, Land Burgenland y otros/Comisión, ECLI:EU:C:2013:682, apartado 52.

95

(96)  Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía (DO C 155 de 20.6.2008, p. 10).

96

(97)  Una CDS es un tipo especial de permuta que tiene la función de transferir el riesgo del crédito de productos financieros entre dos o más Partes. El comprador de la CDS efectúa una serie de pagos al vendedor y, a cambio, obtiene un reembolso en caso de insolvencia del deudor original.

97

(98)  Los valores medios de las CDS a tres años de ENI, ENEL, Telecom Italia y Atlantia corresponden al 1 de julio de 2014.

98

(99)  Comunicación sobre la recuperación de la viabilidad y la evaluación de las medidas de reestructuración en el sector financiero en la crisis actual con arreglo a las normas sobre ayudas estatales («Comunicación sobre reestructuración»).

99

(100)  Comunicación de la Comisión — La recapitalización de las instituciones financieras en la crisis financiera actual: limitación de las ayudas al mínimo necesario y salvaguardias contra los falseamientos indebidos de la competencia («Comunicación de recapitalización») (DO C 10 de 15.1.2009, p. 2); Comunicación sobre reestructuración; Comunicación de la Comisión sobre la aplicación, a partir del 1 de enero de 2012, de las normas sobre ayudas estatales a las medidas de apoyo a los bancos en el contexto de la crisis financiera («Comunicación prorrogativa de 2011») (DO C 356 de 6.12.2011, p. 7); y Comunicación bancaria de 2013.

100

(101)  Véase la Decisión de la Comisión, de 6 de septiembre de 2013, relativa a la ayuda estatal SA.37314, «Ayudas de rescate en favor de Probanka», DO C 314 de 29.10.2013, p. 1, y la Decisión de la Comisión de 6.9.2013 relativa a la ayuda estatal N.o SA.37315, «Ayudas de rescate en favor de Factor Banka» (DO C 314 de 29.10.2013, p. 2).

101

o

(102)  Comunicación de la Comisión sobre el tratamiento de los activos cuyo valor ha sufrido un deterioro en el sector bancario comunitario (DO C 72 de 26.3.2009, p. 1).

102

(103)  Decisión en el asunto SA.39250 (2014/N) — Portugal –Resolución relativa al Banco Espirito Santo, SA, Decisión de la Comisión, de 16 de abril de 2015, en el asunto SA.41503 (2015/N) — Grecia — Resolución relativa al banco Panellinia mediante transferencia al banco Piraeus (DO C 325 de 2.10.2015, p. 1); Decisión de la Comisión en el asunto SA.41924 (2015/N) — Italia — Resolución (mediante liquidación) relativa a Banca Romagna Cooperativa (DO C 369 de 6.11.2015, p. 1).

103

(104)  Véase la nota 103 a pie de página.

104

(105)  Decisión de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, en el asunto SA.35709 (2013/N) — Eslovenia — Reestructuración de Nova Kreditna Banka Maribor d.d. (NKBM) (DO C 120 de 23.4.2014, p. 1); Decisión 2014/535/UE de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativa a la ayuda estatal SA. 33229 (2012/C) (ex 2011/N) — Reestructuración de NLB — Eslovenia, que Eslovenia tiene previsto ejecutar en favor de Nova Ljubljanska Banka d.d. (DO L 246 de 21.8.2014, p. 28); Decisión de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, en el asunto SA.37690 (13/N) — Eslovenia — Ayuda de rescate en favor de Abanka d.d. (DO C 37 de 7.2.2014, p. 1); Decisión de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, en el asunto SA.37642 (13/N) — Eslovenia — Liquidación ordenada de Probanka d.d. (DO C 69 de 7.3.2014, p. 1), y Decisión de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, en el asunto SA.37643 (2013/N) — Eslovenia — Liquidación ordenada de Factor Banka (DO C 69 de 7.3.2014, p. 1).

105

(106)  Decisión en el asunto SA.39250 (2014/N) — Portugal — Resolución relativa al Banco Espírito Santo.

106

(107)  La situación del asunto relativo a Tercas no es comparable con la Decisión Eurobank, en la que la Comisión reconoció el criterio de los resultados desproporcionados con relación a un asunto en el que el Estado garantizaba plenamente una medida de recapitalización sin necesidad de aportar finalmente capital alguno, dado que todo el capital procedía de fuentes privadas. Decisión de la Comisión, de 29 de abril de 2014, relativa a la ayuda estatal SA.34825 (2012/C), SA.34825 (2014/NN), SA.36006 (2013/NN), SA.34488 (2012/C) (ex 2012/NN), SA.31155 (2013/C) (2013/NN) (ex 2010/N) concedida por Grecia al grupo Eurobank relacionada con: la recapitalización y reestructuración de Eurobank Ergasias, S.A.; la ayuda de reestructuración a Proton Bank mediante la creación y capitalización de Nea Proton y la recapitalización adicional de Proton Bank por el Fondo Griego de Estabilidad Financiera; la resolución de Hellenic Postbank mediante la creación de un banco puente (DO L 357 de 12.12.2014, p. 112).

107

(108)  Véase la nota 103 a pie de página.

108

(109)  Decisión de la Comisión, de 28 de noviembre de 2012, en el asunto SA.34053 (12/N) — España — Recapitalización y reestructuración del Banco de Valencia SA (DO C 75 de 14.3.2013, p. 1).

109

(110)  Decisión 2012/660/UE de la Comisión, de 27 de marzo de 2012, relativa a las medidas SA. 26909 (2011/C) ejecutadas por Portugal en el contexto de la reestructuración del Banco Português de Negócios (BPN) (DO L 301 de 30.10.2012, p. 1).

110

(111)  Decisión de la Comisión, de 29 de junio de 2010, en el asunto NN 61/09 (61/N) — España — Ayudas de rescate y reestructuración de Caja Castilla-La Mancha (DO C 289 de 26.10.2010, p. 1).

111

(112)  Véase el asunto 70/72, Comisión/República Federal de Alemania, EU:C:1973:87, apartado 13.

112

(113)  Véanse los asuntos acumulados C-278/92, C-279/92 y C-280/92, España/Comisión, EU:C:1994:325, apartado 75.

113

(114)  Véase el asunto C-75/97, Bélgica/Comisión, EU:C:1999:311, apartados 64 y 65.

114

(115)  Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO L 248 de 24.9.2015, p. 9).

115

(116)  Véase la Decisión en el asunto SA.33001 (2011/N) — Dinamarca — Parte B — Modificación del régimen danés de quiebras relativo a las entidades de crédito, considerandos 43 a 49; Decisión en el asunto SA.34255 (2012/N) — España — Reestructuración de la CAM y del Banco CAM, considerandos 76 a 87; y Decisión en el asunto SA.37425 (2013/N) — Polonia — Régimen de liquidación ordenada de las cooperativas de crédito, considerandos 44 a 53.

116

(117)  Reglamento (CE) n.o 794/2004 de la Comisión, del 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO L 140 de 30.4.2004, p. 1).

117

o

(118)  Reglamento (CE) n.o 271/2008 de la Comisión, de 30 de enero de 2008, que modifica el Reglamento (CE) n.o 794/2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 659/1999 del Consejo, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO L 82 de 25.3.2008, p. 1).

118

o

o

o

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| 28.7.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 203/35 |
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28.7.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 203/35

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DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2016/1209 DE LA COMISIÓN

de 12 de julio de 2016

por la que se sustituye el anexo de la Decisión de Ejecución 2013/115/UE de la Comisión relativa al Manual SIRENE y otras medidas de ejecución para el Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II)

[notificada con el número C(2016) 4283]

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) n.o 1987/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II) (1), y en particular su artículo 8, apartado 4, su artículo 9, apartado 1, su artículo 20, apartado 3, su artículo 22, letra a), su artículo 36, apartado 4, y su artículo 37, apartado 7,

Vista la Decisión 2007/533/JAI del Consejo, de 12 de junio de 2007, relativa al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II) (2), y en particular su artículo 8, apartado 4, su artículo 9, apartado 1, su artículo 20, apartado 4, su artículo 22, letra a), su artículo 51, apartado 4, y su artículo 52, apartado 7,

Considerando lo siguiente:

| (1) | El Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II) entró en funcionamiento el 9 de abril de 2013. Contiene información suficiente para identificar a una persona o un objeto y tomar las medidas necesarias. Además, para que el SIS II funcione eficazmente, los Estados miembros intercambian información complementaria en relación con las descripciones. Ese intercambio de información complementaria lo realizan los Servicios Nacionales SIRENE. |
| --- | --- |

(1)

El Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II) entró en funcionamiento el 9 de abril de 2013. Contiene información suficiente para identificar a una persona o un objeto y tomar las medidas necesarias. Además, para que el SIS II funcione eficazmente, los Estados miembros intercambian información complementaria en relación con las descripciones. Ese intercambio de información complementaria lo realizan los Servicios Nacionales SIRENE.

| (2) | Para facilitar la labor de los Servicios Nacionales SIRENE y de los usuarios del SIS II que participan en operaciones SIRENE en su trabajo diario, en 2008 se adoptó un Manual SIRENE mediante un instrumento jurídico del antiguo primer pilar, la Decisión 2008/333/CE (3) de la Comisión, y un instrumento del antiguo tercer pilar, la Decisión 2008/334/JAI (4) de la Comisión. Esas Decisiones fueron sustituidas por la Decisión de Ejecución 2013/115/UE (5) de la Comisión para reflejar mejor las necesidades operativas de los usuarios y del personal que intervienen en las operaciones SIRENE, mejorar la coherencia de los procedimientos de trabajo y garantizar que las normas técnicas correspondan al estado actual de la técnica. |
| --- | --- |

(2)

Para facilitar la labor de los Servicios Nacionales SIRENE y de los usuarios del SIS II que participan en operaciones SIRENE en su trabajo diario, en 2008 se adoptó un Manual SIRENE mediante un instrumento jurídico del antiguo primer pilar, la Decisión 2008/333/CE (3) de la Comisión, y un instrumento del antiguo tercer pilar, la Decisión 2008/334/JAI (4) de la Comisión. Esas Decisiones fueron sustituidas por la Decisión de Ejecución 2013/115/UE (5) de la Comisión para reflejar mejor las necesidades operativas de los usuarios y del personal que intervienen en las operaciones SIRENE, mejorar la coherencia de los procedimientos de trabajo y garantizar que las normas técnicas correspondan al estado actual de la técnica.

| (3) | A comienzos de 2015, con la adopción de la Decisión de Ejecución (UE) 2015/219 (6) de la Comisión, se llevó a cabo la revisión y actualización global del Manual SIRENE. Determinadas medidas previstas en la Decisión de Ejecución (UE) 2015/219 aspiraban a acelerar el intercambio de información en relación con los controles específicos y discretos relacionados con actos de terrorismo y delincuencia grave. Debido a la urgencia de adoptar estas medidas a la luz de la creciente amenaza del terrorismo, en especial tras el atentado del 7 de enero de 2015 en París, fue preciso adoptar la Decisión de Ejecución (UE) 2015/219 sin la versión lingüística croata completa. Esta deficiencia debe subsanarse volviendo a adoptar las normas que figuran en la Decisión de Ejecución (UE) 2015/219 en todas las lenguas oficiales de las instituciones de la Unión. |
| --- | --- |

(3)

A comienzos de 2015, con la adopción de la Decisión de Ejecución (UE) 2015/219 (6) de la Comisión, se llevó a cabo la revisión y actualización global del Manual SIRENE. Determinadas medidas previstas en la Decisión de Ejecución (UE) 2015/219 aspiraban a acelerar el intercambio de información en relación con los controles específicos y discretos relacionados con actos de terrorismo y delincuencia grave. Debido a la urgencia de adoptar estas medidas a la luz de la creciente amenaza del terrorismo, en especial tras el atentado del 7 de enero de 2015 en París, fue preciso adoptar la Decisión de Ejecución (UE) 2015/219 sin la versión lingüística croata completa. Esta deficiencia debe subsanarse volviendo a adoptar las normas que figuran en la Decisión de Ejecución (UE) 2015/219 en todas las lenguas oficiales de las instituciones de la Unión.

| (4) | A fin de facilitar el intercambio de información sobre sospechosos de terrorismo y personas implicadas en delitos graves es necesario pasar por alto las normas de compatibilidad de las descripciones con respecto a las descripciones a efectos de controles discretos y específicos, sin perjuicio de las normas de prioridad aplicables a las descripciones. Los Estados miembros deben velar por que sus usuarios finales intervengan en relación con las descripciones que tengan prioridad. |
| --- | --- |

(4)

A fin de facilitar el intercambio de información sobre sospechosos de terrorismo y personas implicadas en delitos graves es necesario pasar por alto las normas de compatibilidad de las descripciones con respecto a las descripciones a efectos de controles discretos y específicos, sin perjuicio de las normas de prioridad aplicables a las descripciones. Los Estados miembros deben velar por que sus usuarios finales intervengan en relación con las descripciones que tengan prioridad.

| (5) | Habida cuenta de que el Reglamento (CE) n.o 1987/2006 desarrolla el acervo de Schengen, Dinamarca, de conformidad con el artículo 5 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, notificó por carta de 15 de junio de 2007 la transposición de este acervo a su legislación nacional. Dinamarca participa en la Decisión 2007/533/JAI. Por lo tanto, está obligada a aplicar la presente Decisión. |
| --- | --- |

(5)

Habida cuenta de que el Reglamento (CE) n.o 1987/2006 desarrolla el acervo de Schengen, Dinamarca, de conformidad con el artículo 5 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, notificó por carta de 15 de junio de 2007 la transposición de este acervo a su legislación nacional. Dinamarca participa en la Decisión 2007/533/JAI. Por lo tanto, está obligada a aplicar la presente Decisión.

| (6) | El Reino Unido participa en la presente Decisión en la medida en que no afecte al intercambio de información complementaria en relación con los artículos 24 y 25 del Reglamento (CE) n.o 1987/2006, de conformidad con el artículo 5, apartado 1, del Protocolo n.o 19 sobre el acervo de Schengen integrado en el marco de la Unión Europea anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y con el artículo 8, apartado 2, de la Decisión 2000/365/CE del Consejo (7). |
| --- | --- |

(6)

El Reino Unido participa en la presente Decisión en la medida en que no afecte al intercambio de información complementaria en relación con los artículos 24 y 25 del Reglamento (CE) n.o 1987/2006, de conformidad con el artículo 5, apartado 1, del Protocolo n.o 19 sobre el acervo de Schengen integrado en el marco de la Unión Europea anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y con el artículo 8, apartado 2, de la Decisión 2000/365/CE del Consejo (7).

| (7) | Irlanda participa en la presente Decisión en la medida en que no afecte al intercambio de información complementaria en relación con los artículos 24 y 25 del Reglamento (CE) n.o 1987/2006, de conformidad con el artículo 5, apartado 1, del Protocolo n.o 19 sobre el acervo de Schengen integrado en el marco de la Unión Europea anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y con el artículo 6, apartado 2, de la Decisión 2002/192/CE del Consejo (8). |
| --- | --- |

(7)

Irlanda participa en la presente Decisión en la medida en que no afecte al intercambio de información complementaria en relación con los artículos 24 y 25 del Reglamento (CE) n.o 1987/2006, de conformidad con el artículo 5, apartado 1, del Protocolo n.o 19 sobre el acervo de Schengen integrado en el marco de la Unión Europea anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y con el artículo 6, apartado 2, de la Decisión 2002/192/CE del Consejo (8).

| (8) | La presente Decisión constituye un acto que desarrolla o está relacionado con el acervo de Schengen en el sentido, respectivamente, del artículo 3, apartado 2, del Acta de adhesión de 2003, del artículo 4, apartado 2, del Acta de Adhesión de 2005 y del artículo 4, apartado 2, del Acta de Adhesión de 2011. |
| --- | --- |

(8)

La presente Decisión constituye un acto que desarrolla o está relacionado con el acervo de Schengen en el sentido, respectivamente, del artículo 3, apartado 2, del Acta de adhesión de 2003, del artículo 4, apartado 2, del Acta de Adhesión de 2005 y del artículo 4, apartado 2, del Acta de Adhesión de 2011.

| (9) | Por lo que se refiere a Islandia y Noruega, la presente Decisión constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (9), que entran dentro del ámbito de aplicación definido en el artículo 1, punto G, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo (10). |
| --- | --- |

(9)

Por lo que se refiere a Islandia y Noruega, la presente Decisión constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (9), que entran dentro del ámbito de aplicación definido en el artículo 1, punto G, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo (10).

| (10) | Por lo que respecta a Suiza, la presente Decisión constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (11), que entran dentro del ámbito de aplicación definido en el artículo 1, punto G, de la Decisión 1999/437/CE, leído en relación con el artículo 3 de la Decisión 2008/146/CE del Consejo (12) y con el artículo 3 de la Decisión 2008/149/JAI del Consejo (13). |
| --- | --- |

(10)

Por lo que respecta a Suiza, la presente Decisión constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (11), que entran dentro del ámbito de aplicación definido en el artículo 1, punto G, de la Decisión 1999/437/CE, leído en relación con el artículo 3 de la Decisión 2008/146/CE del Consejo (12) y con el artículo 3 de la Decisión 2008/149/JAI del Consejo (13).

| (11) | Por lo que se refiere a Liechtenstein, la presente Decisión constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (14), que entran dentro del ámbito de aplicación definido en el artículo 1, punto G, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo, leído en relación con el artículo 3 de la Decisión 2011/349/UE del Consejo (15) y con el artículo 3 de la Decisión 2011/350/UE del Consejo (16). |
| --- | --- |

(11)

Por lo que se refiere a Liechtenstein, la presente Decisión constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (14), que entran dentro del ámbito de aplicación definido en el artículo 1, punto G, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo, leído en relación con el artículo 3 de la Decisión 2011/349/UE del Consejo (15) y con el artículo 3 de la Decisión 2011/350/UE del Consejo (16).

| (12) | Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité establecido por el artículo 51 del Reglamento (CE) n.o 1987/2006 y el artículo 67 de la Decisión 2007/533/JAI. |
| --- | --- |

(12)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité establecido por el artículo 51 del Reglamento (CE) n.o 1987/2006 y el artículo 67 de la Decisión 2007/533/JAI.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

El anexo de la Decisión de Ejecución 2013/115/UE se sustituye por el texto del anexo de la presente Decisión.

Artículo 2

Los destinatarios de la presente Decisión son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 12 de julio de 2016.

Por la Comisión

Dimitris AVRAMOPOULOS

Miembro de la Comisión

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(1)  
  DO L 381 de 28.12.2006, p. 4.

1

(2)  
  DO L 205 de 7.8.2007, p. 63.

2

(3)  Decisión 2008/333/CE de la Comisión, de 4 de marzo de 2008, por la que se adopta el Manual SIRENE y otras medidas de ejecución para el Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II) (DO L 123 de 8.5.2008, p. 1).

3

(4)  Decisión de la Comisión de 4 de marzo de 2008 por la que se adopta el Manual Sirene y otras medidas de ejecución para el Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II) (DO L 123 de 8.5.2008, p. 39).

4

(5)  Decisión de Ejecución 2013/115/UE de la Comisión, de 26 de febrero de 2013, relativa al Manual SIRENE y otras medidas de ejecución para el Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II) (DO L 71 de 14.3.2013, p. 1)..

5

(6)  Decisión de Ejecución (UE) 2015/219 de la Comisión, de 29 de enero de 2015, por la que se sustituye el anexo de la Decisión de Ejecución 2013/115/UE relativa al Manual SIRENE y otras medidas de ejecución para el Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II) (DO L 44 de 18.2.2015, p. 75).

6

(7)  Decisión 2000/365/CE del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre la solicitud del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (DO L 131 de 1.6.2000, p. 43).

7

(8)  Decisión 2002/192/CE del Consejo, de 28 de febrero de 2002, sobre la solicitud de Irlanda de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (DO L 64 de 7.3.2002, p. 20).

8

(9)  
  DO L 176 de 10.7.1999, p. 36.

9

(10)  Decisión 1999/437/CE del Consejo, de 17 de mayo de 1999, relativa a determinadas normas de desarrollo del Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (DO L 176 de 10.7.1999, p. 31).

10

(11)  
  DO L 53 de 27.2.2008, p. 52.

11

(12)  Decisión 2008/146/CE del Consejo, de 28 de enero de 2008, relativa a la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, del Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (DO L 53 de 27.2.2008, p. 1).

12

(13)  Decisión 2008/149/JAI del Consejo, de 28 de enero de 2008, relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (DO L 53 de 27.2.2008, p. 50).

13

(14)  
  DO L 160 de 18.6.2011, p. 21.

14

(15)  Decisión 2011/349/UE del Consejo, de 7 de marzo de 2011, relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, en particular sobre la cooperación judicial en materia penal y policial (DO L 160 de 18.6.2011, p. 1).

15

(16)  Decisión 2011/350/UE del Consejo, de 7 de marzo de 2011, relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, sobre la supresión de controles en las fronteras internas y la circulación de personas (DO L 160 de 18.6.2011, p. 19).

16

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ANEXO

«ANEXO

El Manual SIRENE y otras medidas de ejecución para el Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II)

ÍNDICE

| INTRODUCCIÓN | 42 |
| --- | --- |

| 1. | LOS SERVICIOS NACIONALES SIRENE Y LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA | 44 |
| --- | --- | --- |

1.

| 1.1. | Servicio Nacional SIRENE | 44 |
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1.1.

| 1.2. | Manual SIRENE | 45 |
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1.2.

| 1.3. | Apéndices del presente Manual SIRENE | 45 |
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1.3.

| 1.4. | Catálogo de recomendaciones y prácticas más idóneas para la correcta aplicación del acervo de Schengen (Sistema de Información de Schengen) | 45 |
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1.4.

| 1.5. | Función de los Servicios Nacionales SIRENE en la cooperación policial en la Unión Europea | 45 |
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1.5.

| 1.5.1. | Transferencia de datos e información complementaria del SIS II a terceros países u organizaciones internacionales | 45 |
| --- | --- | --- |

1.5.1.

| 1.6. | Relaciones entre los Servicios Nacionales SIRENE y Europol | 46 |
| --- | --- | --- |

1.6.

| 1.7. | Relaciones entre los Servicios Nacionales SIRENE y Eurojust | 46 |
| --- | --- | --- |

1.7.

| 1.8. | Relaciones entre los Servicios Nacionales SIRENE e Interpol | 46 |
| --- | --- | --- |

1.8.

| 1.8.1. | Prioridad de las descripciones del SIS II sobre las de Interpol | 46 |
| --- | --- | --- |

1.8.1.

| 1.8.2. | Elección del canal de comunicación | 46 |
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1.8.2.

| 1.8.3. | Uso y distribución de las descripciones de Interpol en los países Schengen | 46 |
| --- | --- | --- |

1.8.3.

| 1.8.4. | Respuesta positiva y supresión de una descripción | 47 |
| --- | --- | --- |

1.8.4.

| 1.8.5. | Mejora de la cooperación entre los Servicios Nacionales SIRENE y las Oficinas Centrales Nacionales (OCN) de Interpol | 47 |
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1.8.5.

| 1.9. | Normas | 47 |
| --- | --- | --- |

1.9.

| 1.9.1. | Disponibilidad | 47 |
| --- | --- | --- |

1.9.1.

| 1.9.2. | Continuidad | 47 |
| --- | --- | --- |

1.9.2.

| 1.9.3. | Confidencialidad | 47 |
| --- | --- | --- |

1.9.3.

| 1.9.4. | Accesibilidad | 47 |
| --- | --- | --- |

1.9.4.

| 1.10. | Comunicaciones | 47 |
| --- | --- | --- |

1.10.

| 1.10.1. | Lengua de comunicación | 47 |
| --- | --- | --- |

1.10.1.

| 1.10.2. | Intercambio de datos entre los Servicios Nacionales SIRENE | 47 |
| --- | --- | --- |

1.10.2.

| 1.10.3. | Red, mensajes y buzones | 48 |
| --- | --- | --- |

1.10.3.

| 1.10.4. | Comunicación en circunstancias excepcionales | 48 |
| --- | --- | --- |

1.10.4.

| 1.11. | Directorio SIRENE (SAB) | 48 |
| --- | --- | --- |

1.11.

| 1.12. | Sistema de flujo de trabajo SIRENE | 49 |
| --- | --- | --- |

1.12.

| 1.13. | Plazos de respuesta | 49 |
| --- | --- | --- |

1.13.

| 1.13.1. | Indicación de la urgencia en los formularios SIRENE, incluida la comunicación urgente de una respuesta positiva | 49 |
| --- | --- | --- |

1.13.1.

| 1.14. | Normas de transliteración/de transcripción | 49 |
| --- | --- | --- |

1.14.

| 1.15. | Calidad de los datos | 49 |
| --- | --- | --- |

1.15.

| 1.16. | Ficheros | 50 |
| --- | --- | --- |

1.16.

| 1.17. | Personal | 50 |
| --- | --- | --- |

1.17.

| 1.17.1. | Jefes de los Servicios Nacionales SIRENE | 50 |
| --- | --- | --- |

1.17.1.

| 1.17.2. | Persona de contacto SIRENE (SIRCoP) | 50 |
| --- | --- | --- |

1.17.2.

| 1.17.3. | Conocimientos | 51 |
| --- | --- | --- |

1.17.3.

| 1.17.4. | Formación | 51 |
| --- | --- | --- |

1.17.4.

| 1.17.5. | Intercambio de personal | 52 |
| --- | --- | --- |

1.17.5.

| 2. | PROCEDIMIENTOS GENERALES | 52 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Definiciones | 52 |
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2.1.

| 2.2. | Descripciones múltiples (artículo 34, apartado 6, del Reglamento SIS II y artículo 49, apartado 6, de la Decisión SIS II) | 52 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Compatibilidad de las descripciones | 53 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Orden de prioridad de las descripciones | 54 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Control de la incompatibilidad e introducción de descripciones múltiples | 55 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 2.2.4. | Situación especial para el Reino Unido e Irlanda | 56 |
| --- | --- | --- |

2.2.4.

| 2.3. | Intercambio de información en caso de respuesta positiva | 57 |
| --- | --- | --- |

2.3.

| 2.4. | Imposibilidad de seguir el procedimiento habitual tras la obtención de una respuesta positiva (artículo 48 de la Decisión SIS II y artículo 33 del Reglamento SIS II) | 57 |
| --- | --- | --- |

2.4.

| 2.5. | Tratamiento de la información para fines distintos de aquellos para los que se introdujo en el SIS II (artículo 46, apartado 5, de la Decisión SIS II) | 58 |
| --- | --- | --- |

2.5.

| 2.6. | Introducción de indicaciones | 58 |
| --- | --- | --- |

2.6.

| 2.6.1. | Introducción | 58 |
| --- | --- | --- |

2.6.1.

| 2.6.2. | Consulta a los Estados miembros para añadir una indicación | 59 |
| --- | --- | --- |

2.6.2.

| 2.6.3. | Solicitud de supresión de una indicación | 59 |
| --- | --- | --- |

2.6.3.

| 2.7. | Datos erróneos de hecho o de derecho (artículo 34 del Reglamento SIS II y artículo 49 de la Decisión SIS II) | 59 |
| --- | --- | --- |

2.7.

| 2.8. | Derecho de acceso y rectificación (artículo 41 del Reglamento SIS II y artículo 58 de la Decisión SIS II) | 60 |
| --- | --- | --- |

2.8.

| 2.8.1. | Peticiones de acceso o de rectificación de datos | 60 |
| --- | --- | --- |

2.8.1.

| 2.8.2. | Intercambio de información sobre solicitudes de acceso a descripciones introducidas por otros Estados miembros | 60 |
| --- | --- | --- |

2.8.2.

| 2.8.3. | Intercambio de información sobre las solicitudes de rectificación o supresión de datos introducidos por otros Estados miembros | 60 |
| --- | --- | --- |

2.8.3.

| 2.9. | Supresión de una descripción cuando dejan de cumplirse las condiciones para mantenerla | 60 |
| --- | --- | --- |

2.9.

| 2.10. | Introducción de nombres propios | 61 |
| --- | --- | --- |

2.10.

| 2.11. | Distintas categorías de identidad | 61 |
| --- | --- | --- |

2.11.

| 2.11.1. | Usurpación de identidad (artículo 36 del Reglamento SIS II y artículo 51 de la Decisión SIS II) | 61 |
| --- | --- | --- |

2.11.1.

| 2.11.2. | Introducción de un alias | 62 |
| --- | --- | --- |

2.11.2.

| 2.11.3. | Información complementaria para averiguar la identidad de una persona | 62 |
| --- | --- | --- |

2.11.3.

| 2.12. | Intercambio de información en caso de conexión entre descripciones | 63 |
| --- | --- | --- |

2.12.

| 2.12.1. | Normas operativas | 63 |
| --- | --- | --- |

2.12.1.

| 2.13. | Formato y calidad de los datos biométricos en SIS II | 63 |
| --- | --- | --- |

2.13.

| 2.13.1. | Uso posterior de los datos intercambiados, incluido el archivo | 63 |
| --- | --- | --- |

2.13.1.

| 2.13.2. | Intercambio de huellas dactilares y fotografías | 64 |
| --- | --- | --- |

2.13.2.

| 2.13.3. | Requisitos técnicos | 64 |
| --- | --- | --- |

2.13.3.

| 2.13.4. | Formato y calidad de los datos biométricos | 64 |
| --- | --- | --- |

2.13.4.

| 2.14. | Tipos especiales de búsqueda | 64 |
| --- | --- | --- |

2.14.

| 2.14.1. | Búsqueda geográfica | 64 |
| --- | --- | --- |

2.14.1.

| 2.14.2. | Participación de unidades especiales de policía en búsquedas focalizadas (ELAF) | 65 |
| --- | --- | --- |

2.14.2.

| 3. | DESCRIPCIONES RELATIVAS A PERSONAS BUSCADAS PARA SU DETENCIÓN A EFECTOS DE ENTREGA O EXTRADICIÓN (ARTÍCULO 26 DE LA DECISIÓN SIS II) | 65 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Introducción de una descripción | 65 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Descripciones múltiples | 65 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Usurpación de identidad | 66 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.4. | Introducción de un alias | 66 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.5. | Envío de información complementaria a los Estados miembros | 66 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Información complementaria que deberá enviarse en relación con la detención preventiva | 66 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.6. | Introducción de una indicación | 67 |
| --- | --- | --- |

3.6.

| 3.6.1. | Solicitud de introducción sistemática de una indicación en las descripciones de personas buscadas para su detención a efectos de extradición cuando no se aplica la Decisión 2002/584/JAI (1) | 67 |
| --- | --- | --- |

3.6.1.

| 3.7. | Actuación de los Servicios Nacionales SIRENE al recibir una descripción para la detención | 67 |
| --- | --- | --- |

3.7.

| 3.8. | Intercambio de información en caso de respuesta positiva | 68 |
| --- | --- | --- |

3.8.

| 3.9. | Intercambio de información complementaria sobre la entrega o la extradición | 68 |
| --- | --- | --- |

3.9.

| 3.10. | Intercambio de información complementaria sobre el tránsito a través de otro Estado miembro | 68 |
| --- | --- | --- |

3.10.

| 3.11. | Supresión de descripciones en el momento de la entrega o la extradición | 68 |
| --- | --- | --- |

3.11.

| 4. | DESCRIPCIONES PARA LA DENEGACIÓN DE ENTRADA O DE ESTANCIA (ARTÍCULO 24 DEL REGLAMENTO SIS II) | 69 |
| --- | --- | --- |

4.

| 4.1. | Introducción de una descripción | 69 |
| --- | --- | --- |

4.1.

| 4.2. | Descripciones múltiples | 70 |
| --- | --- | --- |

4.2.

| 4.3. | Usurpación de identidad | 70 |
| --- | --- | --- |

4.3.

| 4.4. | Introducción de un alias | 70 |
| --- | --- | --- |

4.4.

| 4.5. | Intercambio de información durante la expedición de permisos de residencia o visados | 70 |
| --- | --- | --- |

4.5.

| 4.5.1. | Procedimientos especiales conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Convenio de Schengen | 70 |
| --- | --- | --- |

4.5.1.

| 4.5.2. | Procedimientos especiales conforme a lo dispuesto en el artículo 5, apartado 4, letras a) y c), del Código de Fronteras de Schengen | 71 |
| --- | --- | --- |

4.5.2.

| 4.6. | Normas comunes relativas a los procedimientos mencionados en la sección 4.5 | 72 |
| --- | --- | --- |

4.6.

| 4.7. | Intercambio de información a raíz de una respuesta positiva y durante la denegación de entrada o la expulsión del espacio Schengen | 72 |
| --- | --- | --- |

4.7.

| 4.8. | Intercambio de información a raíz de una respuesta positiva sobre un nacional de un tercer país que disfrute del derecho de libre circulación | 73 |
| --- | --- | --- |

4.8.

| 4.9. | Intercambio de información cuando, en ausencia de respuesta positiva, un Estado miembro descubre la existencia de una descripción para la denegación de entrada a un nacional de un tercer país que disfruta del derecho de libre circulación | 74 |
| --- | --- | --- |

4.9.

| 4.10. | Supresión de descripciones para la denegación de entrada o de estancia | 74 |
| --- | --- | --- |

4.10.

| 5. | DESCRIPCIONES RELATIVAS A PERSONAS DESAPARECIDAS (ARTÍCULO 32 DE LA DECISIÓN SIS II) | 75 |
| --- | --- | --- |

5.

| 5.1. | Descripciones múltiples | 75 |
| --- | --- | --- |

5.1.

| 5.2. | Usurpación de identidad | 75 |
| --- | --- | --- |

5.2.

| 5.3. | Introducción de un alias | 75 |
| --- | --- | --- |

5.3.

| 5.4. | Introducción de una indicación | 75 |
| --- | --- | --- |

5.4.

| 5.5. | Facilitar información descriptiva detallada sobre menores desaparecidos y otras personas declaradas en situación de riesgo | 75 |
| --- | --- | --- |

5.5.

| 5.6. | Intercambio de información en caso de respuesta positiva | 76 |
| --- | --- | --- |

5.6.

| 5.7. | Supresión de las descripciones sobre personas desaparecidas | 76 |
| --- | --- | --- |

5.7.

| 5.7.1. | Menores | 77 |
| --- | --- | --- |

5.7.1.

| 5.7.2. | Adultos para los que no se exigen medidas de protección | 77 |
| --- | --- | --- |

5.7.2.

| 5.7.3. | Adultos para los que se exigen medidas de protección | 77 |
| --- | --- | --- |

5.7.3.

| 6. | DESCRIPCIONES RELATIVAS A PERSONAS CUYA PRESENCIA SE NECESITA PARA QUE PRESTEN ASISTENCIA EN UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL (ARTÍCULO 34 DE LA DECISIÓN SIS II) | 77 |
| --- | --- | --- |

6.

| 6.1. | Descripciones múltiples | 77 |
| --- | --- | --- |

6.1.

| 6.2. | Usurpación de identidad | 77 |
| --- | --- | --- |

6.2.

| 6.3. | Introducción de un alias | 77 |
| --- | --- | --- |

6.3.

| 6.4. | Intercambio de información en caso de respuesta positiva | 77 |
| --- | --- | --- |

6.4.

| 6.5. | Supresión de descripciones de personas cuya presencia se necesita para que presten asistencia en un procedimiento judicial | 78 |
| --- | --- | --- |

6.5.

| 7. | DESCRIPCIONES A EFECTOS DE CONTROLES DISCRETOS O DE CONTROLES ESPECÍFICOS (ARTÍCULO 36 DE LA DECISIÓN SIS II) | 78 |
| --- | --- | --- |

7.

| 7.1. | Descripciones múltiples | 78 |
| --- | --- | --- |

7.1.

| 7.2. | Usurpación de identidad | 78 |
| --- | --- | --- |

7.2.

| 7.3. | Introducción de un alias | 78 |
| --- | --- | --- |

7.3.

| 7.4. | Información de otros Estados miembros al introducir descripciones | 78 |
| --- | --- | --- |

7.4.

| 7.5. | Introducción de una indicación | 79 |
| --- | --- | --- |

7.5.

| 7.6. | Intercambio de información en caso de respuesta positiva | 79 |
| --- | --- | --- |

7.6.

| 7.7. | Supresión de descripciones a efectos de controles discretos y específicos | 79 |
| --- | --- | --- |

7.7.

| 7.8. | Captación automática de matrículas (CAM) | 79 |
| --- | --- | --- |

7.8.

| 8. | DESCRIPCIONES DE OBJETOS PARA SU INCAUTACIÓN O UTILIZACIÓN COMO PRUEBAS (ARTÍCULO 38 DE LA DECISIÓN SIS II) | 79 |
| --- | --- | --- |

8.

| 8.1. | Descripciones múltiples | 79 |
| --- | --- | --- |

8.1.

| 8.2. | Descripciones de vehículos | 80 |
| --- | --- | --- |

8.2.

| 8.2.1. | Comprobación de la existencia de descripciones múltiples relativas a un vehículo | 80 |
| --- | --- | --- |

8.2.1.

| 8.2.2. | NIV repetidos | 80 |
| --- | --- | --- |

8.2.2.

| 8.3. | Intercambio de información en caso de respuesta positiva | 81 |
| --- | --- | --- |

8.3.

| 8.4. | Supresión de descripciones de objetos para su incautación o utilización como pruebas en un proceso penal | 81 |
| --- | --- | --- |

8.4.

| 9. | CAPTACIÓN AUTOMÁTICA DE MATRÍCULAS (CAM) | 82 |
| --- | --- | --- |

9.

| 10. | ESTADÍSTICAS | 83 |
| --- | --- | --- |

10.

INTRODUCCIÓN

El espacio Schengen

El 14 de junio de 1985, los Gobiernos del Reino de Bélgica, la República Federal de Alemania, la República Francesa, el Gran Ducado de Luxemburgo y el Reino de los Países Bajos firmaron en el pequeño pueblo luxemburgués de Schengen un acuerdo cuyo objetivo era permitir “[...] el libre paso de las fronteras interiores para todos los nacionales de los Estados miembros y [...] la libre circulación de mercancías y servicios”.

El 19 de junio de 1990 fue firmado el Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen (2) por los cinco Estados miembros fundadores, al que posteriormente se adhirieron la República Italiana el 27 de noviembre de 1990, el Reino de España y la República Portuguesa el 25 de junio de 1991, la República Helénica el 6 de noviembre de 1992, la República de Austria el 28 de abril de 1995 y el Reino de Dinamarca, el Reino de Suecia y la República de Finlandia el 19 de diciembre de 1996.

Posteriormente, a partir del 26 de marzo de 1995, el acervo de Schengen se aplicó plenamente en Bélgica, Alemania, Francia, Luxemburgo, los Países Bajos, España y Portugal (3). A partir del 31 de marzo de 1998, en Austria e Italia (4); a partir del 26 de marzo de 2000 en Grecia (5); y finalmente, a partir del 25 de marzo de 2001, el acervo de Schengen era íntegramente aplicable en Noruega, Islandia, Suecia, Dinamarca y Finlandia (6).

El Reino Unido e Irlanda solamente participan en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen, de conformidad con la Decisión 2000/365/CE y la Decisión 2002/192/CE, respectivamente.

En el caso del Reino Unido, las disposiciones en las que el Reino Unido ha deseado participar (con la excepción del SIS) son aplicables a partir del 1 de enero de 2005
   (7).

En 1999 se incorporó el acervo de Schengen al marco jurídico de la Unión Europea mediante una serie de protocolos adjuntos al Tratado de Ámsterdam (8). El 12 de mayo de 1999 se aprobó una Decisión del Consejo por la que se especificaba, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y del Tratado de la Unión Europea, la base jurídica de cada una de las disposiciones o decisiones que constituyen el acervo de Schengen.

A partir del 1 de mayo de 2004, las disposiciones del acervo de Schengen integradas en el marco de la Unión Europea por el Protocolo anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (denominado en lo sucesivo “el Protocolo de Schengen”) y los actos que lo desarrollan o están relacionados con él de otro modo son vinculantes para la República Checa, la República de Estonia, la República de Letonia, la República de Lituania, Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República de Eslovaquia. Estos Estados miembros se convirtieron en miembros de pleno derecho del espacio Schengen el 21 de diciembre de 2007.

Chipre es parte signataria del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen, pero disfruta de una excepción con arreglo a su Acta de adhesión de 2003.

La República de Bulgaria y Rumanía se adhirieron a la Unión Europea el 1 de enero de 2007; a partir de esa fecha, el acervo de Schengen y los actos que lo desarrollan o están relacionados con él de otro modo son vinculantes para estos países, con la excepción que disponen sus Actas de Adhesión de 2005.

El 1 de julio de 2013, Croacia ingresó en la Unión Europea. Aplica el acervo de Schengen, con la excepción establecida en el Acta de Adhesión de 2011.

Algunas disposiciones del acervo de Schengen se aplican a partir de la adhesión de los nuevos Estados miembros a la UE. Otras disposiciones únicamente se aplicarán en estos Estados miembros con arreglo a una Decisión del Consejo a tal efecto. Por último, el Consejo adopta una decisión sobre la supresión de los controles fronterizos, después de verificar que en el Estado miembro de que se trate se cumplen las condiciones necesarias para la aplicación de todas las partes del acervo en cuestión, de conformidad con los procedimientos de evaluación de Schengen aplicables y previa consulta al Parlamento Europeo.

Otros países europeos se han adherido al espacio Schengen. El Reino de Noruega y la República de Islandia celebraron un Acuerdo de Asociación con los Estados miembros el 18 de mayo de 1999
   (9) para quedar asociados a este Convenio.

En 2004, la Confederación Suiza firmó un Acuerdo con la Unión Europea y la Comunidad Europea referente a su asociación a la ejecución, la aplicación y el desarrollo del acervo de Schengen (10), en virtud del cual se convirtió en miembro del espacio Schengen a partir del 12 de diciembre de 2008.

Sobre la base del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (11), firmado en 2008, el Principado de Liechtenstein se convirtió en miembro del espacio Schengen el 19 de diciembre de 2011.

El Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II)

El SIS II, creado en virtud del Reglamento (CE) n.o 1987/2006 (Reglamento SIS II) y de la Decisión 2007/533/JAI (Decisión SIS II), relativa al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de segunda generación (SIS II) (en lo sucesivo denominados conjuntamente: “los instrumentos jurídicos del SIS II”), así como del Reglamento (CE) n.o 1986/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (12), constituye un sistema de información común que permite a las autoridades competentes de los Estados miembros cooperar intercambiando información, y constituye un instrumento esencial para la aplicación de las disposiciones del acervo de Schengen que se han integrado en el marco de la Unión Europea. La aplicación de estos instrumentos, a partir del 9 de abril de 2013, derogó el título IV del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen. El SIS II sustituye al Sistema de Información de Schengen de primera generación que comenzó a funcionar en 1995 y se amplió en 2005 y 2007.

La finalidad del SIS II, según lo establecido en el artículo 1 de los instrumentos jurídicos del SIS II, es “[...] garantizar un alto nivel de seguridad en el espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea, incluidos el mantenimiento de la seguridad pública y del orden público y la salvaguardia de la seguridad en el territorio de los Estados miembros, y aplicar las disposiciones del título IV de la Tercera parte del Tratado CE relativas a la circulación de personas en dicho territorio, con la ayuda de la información transmitida por este sistema”.

Con arreglo a los instrumentos jurídicos del SIS II, a través de un procedimiento de consulta automatizado, el SIS II permitirá el acceso a descripciones de personas y objetos a las siguientes autoridades:

| a) | autoridades responsables de los controles fronterizos, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (13); |
| --- | --- |

a)

autoridades responsables de los controles fronterizos, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (13);

| b) | autoridades que coordinan y realizan los controles policiales y aduaneros en el interior del país; |
| --- | --- |

b)

autoridades que coordinan y realizan los controles policiales y aduaneros en el interior del país;

| c) | autoridades judiciales nacionales y autoridades responsables de su coordinación; |
| --- | --- |

c)

autoridades judiciales nacionales y autoridades responsables de su coordinación;

| d) | autoridades responsables de la expedición de visados, autoridades centrales responsables del examen de las solicitudes de visado, y autoridades responsables de la expedición de permisos de residencia y de la administración de la legislación referente a los nacionales de terceros país en el contexto de la aplicación de la normativa de la Unión sobre la circulación de personas; |
| --- | --- |

d)

autoridades responsables de la expedición de visados, autoridades centrales responsables del examen de las solicitudes de visado, y autoridades responsables de la expedición de permisos de residencia y de la administración de la legislación referente a los nacionales de terceros país en el contexto de la aplicación de la normativa de la Unión sobre la circulación de personas;

| e) | autoridades responsables de la expedición de los certificados de matriculación de vehículos [de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1986/2006]. |
| --- | --- |

e)

autoridades responsables de la expedición de los certificados de matriculación de vehículos [de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1986/2006].

De conformidad con la Decisión SIS II, Europol y Eurojust también tienen acceso a determinadas categorías de descripciones.

El SIS II está integrado por los siguientes componentes:

| 1. | un sistema central (SIS II Central) compuesto por:






  a) | una unidad de apoyo técnico (CS-SIS) que contiene una base de datos (base de datos del SIS II); |
| --- | --- | --- |

1.

un sistema central (SIS II Central) compuesto por:

a)

una unidad de apoyo técnico (CS-SIS) que contiene una base de datos (base de datos del SIS II);

| b) | una interfaz nacional uniforme (NI-SIS); |
| --- | --- |

b)

una interfaz nacional uniforme (NI-SIS);

| 2. | un sistema nacional (N.SIS II) en cada Estado miembro, compuesto por los sistemas de datos nacionales que se comunican con el SIS Central II. El N.SIS II puede contener un fichero de datos (copia nacional) que incluya una copia total o parcial de la base de datos del SIS II; |
| --- | --- |

2.

un sistema nacional (N.SIS II) en cada Estado miembro, compuesto por los sistemas de datos nacionales que se comunican con el SIS Central II. El N.SIS II puede contener un fichero de datos (copia nacional) que incluya una copia total o parcial de la base de datos del SIS II;

| 3. | una infraestructura de comunicación entre la CS-SIS y la NI-SIS que provee una red virtual codificada dedicada a los datos del SIS II y al intercambio de datos entre los Servicios Nacionales SIRENE que se define más adelante. |
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3.

una infraestructura de comunicación entre la CS-SIS y la NI-SIS que provee una red virtual codificada dedicada a los datos del SIS II y al intercambio de datos entre los Servicios Nacionales SIRENE que se define más adelante.

1.   LOS SERVICIOS NACIONALES SIRENE Y LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1.1.   Servicio Nacional SIRENE

El SIS II solo contiene la información imprescindible (es decir, las descripciones) para identificar a una persona o un objeto y tomar las medidas necesarias. Con arreglo a los instrumentos jurídicos del SIS II, los Estados miembros también intercambiarán, bilateral o multilateralmente, la información complementaria sobre las descripciones que sea necesaria para la aplicación de determinadas disposiciones previstas en los instrumentos jurídicos del SIS II y para el correcto funcionamiento del SIS II.

A la estructura creada para proceder al intercambio de información complementaria se le denomina “SIRENE”, que corresponde a las siglas de la definición de la estructura en inglés: Supplementary Information Request at the National Entries (solicitud de información complementaria a la entrada nacional).

Cada uno de los Estados miembros creará un “Servicio Nacional SIRENE” de conformidad con una disposición común (artículo 7, apartado 2) de los instrumentos jurídicos del SIS II, que servirá de punto de contacto único para los demás Estados miembros, permanentemente operativo las 24 horas del día, todos los días de la semana, con el fin de intercambiar información complementaria sobre la introducción de descripciones y de permitir tomar las medidas adecuadas en caso de que personas y objetos que se hayan introducido en el SIS II sean localizados tras la obtención de una respuesta positiva. Entre las actividades principales de los servicios nacionales SIRENE (14) figura el asegurar el intercambio de toda la información complementaria de conformidad con las disposiciones del presente Manual SIRENE, tal como prevé el artículo 8 común de los instrumentos jurídicos del SIS II para los fines siguientes:

| a) | que los Estados miembros puedan consultarse o informarse entre sí al introducir una descripción (por ejemplo al introducir descripciones con vistas a una detención); |
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a)

que los Estados miembros puedan consultarse o informarse entre sí al introducir una descripción (por ejemplo al introducir descripciones con vistas a una detención);

| b) | tras la obtención de una respuesta positiva, emprender la acción adecuada (por ejemplo, descubrir una descripción); |
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b)

tras la obtención de una respuesta positiva, emprender la acción adecuada (por ejemplo, descubrir una descripción);

| c) | cuando no pueda realizarse la acción requerida (por ejemplo, cuando se introduzca una indicación de validez); |
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c)

cuando no pueda realizarse la acción requerida (por ejemplo, cuando se introduzca una indicación de validez);

| d) | al tratar de la calidad de los datos del SIS II (por ejemplo, datos introducidos ilegalmente o inexactos de hecho), incluida la validación de las descripciones emitidas y la verificación de las descripciones recibidas, cuando así lo prevea la legislación nacional; |
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d)

al tratar de la calidad de los datos del SIS II (por ejemplo, datos introducidos ilegalmente o inexactos de hecho), incluida la validación de las descripciones emitidas y la verificación de las descripciones recibidas, cuando así lo prevea la legislación nacional;

| e) | al tratar de la compatibilidad y prioridad de las descripciones (por ejemplo, al comprobar la existencia de una descripción múltiple); |
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e)

al tratar de la compatibilidad y prioridad de las descripciones (por ejemplo, al comprobar la existencia de una descripción múltiple);

| f) | al tratar de los derechos de los interesados, en particular el derecho de acceso a los datos. |
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f)

al tratar de los derechos de los interesados, en particular el derecho de acceso a los datos.

Se insta a los Estados miembros a organizar de forma estructurada todos los organismos nacionales responsables de la cooperación policial internacional, incluidos los Servicios Nacionales SIRENE, con el fin de evitar conflictos de competencias y la duplicación del trabajo.

1.2.   Manual SIRENE

El Manual SIRENE es un conjunto de instrucciones que describen en detalle las normas y los procedimientos que regulan el intercambio bilateral y multilateral de la información complementaria.

1.3.   Apéndices del presente Manual SIRENE

Dado que algunas normas de carácter técnico tienen un impacto directo en el trabajo de los usuarios en los Estados miembros, incluidos los Servicios Nacionales SIRENE, es conveniente incluir dichas normas en el Manual SIRENE. Por lo tanto, los apéndices del presente Manual recogen, entre otras cosas, normas de transcripción, cuadros de códigos, formas de comunicación de la información complementaria y otras medidas técnicas de ejecución del tratamiento de datos.

1.4.   Catálogo de recomendaciones y prácticas más idóneas para la correcta aplicación del acervo de Schengen (Sistema de Información de Schengen)

El catálogo ofrece a los Estados miembros recomendaciones jurídicamente no vinculantes y las prácticas más idóneas a la luz de la experiencia. Sirve además de instrumento de referencia para la evaluación de la correcta aplicación de los instrumentos jurídicos del SIS II. Por consiguiente, deberá seguirse siempre que sea posible.

1.5.   Función de los Servicios Nacionales SIRENE en la cooperación policial en la Unión Europea

El intercambio de información complementaria no afectará a las funciones atribuidas a los Servicios Nacionales SIRENE en materia de cooperación policial internacional por la normativa nacional de aplicación de otros instrumentos jurídicos de la Unión Europea.

Podrán confiarse cometidos adicionales a los Servicios Nacionales SIRENE mediante la normativa nacional de aplicación de la Decisión Marco 2006/960/JAI, los artículos 39 y 46 del Convenio de Schengen, en la medida en que no hayan sido sustituidos por la Decisión Marco 2006/960/JAI, los artículos 40 o 41 del Convenio de Schengen, o si la información corresponde al ámbito de la asistencia judicial mutua.

Cuando un Servicio Nacional SIRENE reciba de otro Servicio Nacional SIRENE una solicitud que esté fuera de su competencia según el Derecho nacional, deberá transmitirla inmediatamente a la autoridad competente e informar de ello al Servicio Nacional SIRENE requirente. Si fuera preciso, prestará ayuda al Servicio Nacional SIRENE requirente para facilitar la comunicación.

1.5.1.   Transferencia de datos e información complementaria del SIS II a terceros países u organizaciones internacionales

Según el artículo 39 del Reglamento SIS II y el artículo 54 de la Decisión SIS II, los datos tratados en el SIS II en virtud de estos dos instrumentos jurídicos no se transferirán a terceros países ni a organizaciones internacionales ni se pondrán a disposición de estos. Esta prohibición se aplicará a la transmisión de información complementaria a terceros países u organizaciones internacionales. El artículo 55 de la Decisión SIS II establece una excepción a esta regla general por lo que respecta al intercambio de datos con Interpol sobre los pasaportes robados, sustraídos, extraviados o anulados, en las condiciones fijadas en este artículo.

1.6.   Relaciones entre los Servicios Nacionales SIRENE y Europol

Europol tiene derecho de acceso a y de consulta directa de los datos introducidos en el SIS II, de conformidad con los artículos 26, 36 y 38 de la Decisión SIS II. Europol podrá pedir más información a los Estados miembros en cuestión de conformidad con lo dispuesto en la Decisión Europol (15). De conformidad con la legislación nacional, se recomienda encarecidamente la cooperación con la unidad nacional de Europol para garantizar que el Servicio Nacional SIRENE sea informado de cualquier intercambio de información complementaria entre Europol y la unidad nacional de Europol en relación con las descripciones del SIS II. En casos excepcionales en que la comunicación a nivel nacional de las descripciones del SIS II la efectúe la unidad nacional de Europol, todas las partes de la comunicación, especialmente el Servicio Nacional SIRENE, deberían tener conocimiento de este hecho para evitar cualquier confusión.

1.7.   Relaciones entre los Servicios Nacionales SIRENE y Eurojust

Los miembros nacionales de Eurojust y sus asistentes tienen derecho a acceder y realizar consultas de datos directamente en el SIS II con arreglo a los artículos 26, 32, 34 y 38 de la Decisión SIS II. De conformidad con la legislación nacional, se establecerá una cooperación con ellos para garantizar el intercambio fluido de información en caso de respuesta positiva. En particular, el Servicio Nacional SIRENE debería ser el punto de contacto para los miembros nacionales de Eurojust y sus asistentes en lo que respecta a la información complementaria relativa a las descripciones contenidas en el SIS II.

1.8.   Relaciones entre los Servicios Nacionales SIRENE e Interpol (16)

La función del SIS II no es sustituir ni reproducir la función de Interpol. Aunque las tareas pueden coincidir, los principios rectores de actuación y cooperación entre los Estados miembros de Schengen difieren sustancialmente de las tareas de Interpol. Por lo tanto, es necesario establecer normas de cooperación entre los Servicios Nacionales SIRENE y las Oficinas Centrales Nacionales (OCN) a nivel nacional.

Se aplicarán los siguientes principios:

1.8.1.   Prioridad de las descripciones del SIS II sobre las de Interpol

En lo que respecta a las descripciones introducidas por los Estados miembros, las descripciones del SIS II y el intercambio de cualquier información sobre dichas descripciones tendrán siempre prioridad sobre las descripciones y la información intercambiada a través de Interpol. Ello será de máxima importancia cuando no coincidan las descripciones de uno y otro.

1.8.2.   Elección del canal de comunicación

Se respetará el principio de prioridad de las descripciones de Schengen sobre las de Interpol introducidas por los Estados miembros, y se garantizará que las Oficinas Centrales Nacionales (OCN) de los Estados miembros cumplan este precepto. Una vez creada una descripción en el SIS II, corresponderá a los Servicios Nacionales SIRENE comunicar cualquier información relacionada con la misma, el motivo de su creación y la ejecución de la acción requerida. Si un Estado miembro desea cambiar de canal de comunicación, deberá consultar antes a los demás Estados miembros, pero solo será posible realizar dicho cambio de canal en casos específicos.

1.8.3.   Uso y distribución de las descripciones de Interpol en los países Schengen

Habida cuenta de la prioridad de las descripciones del SIS II sobre las de Interpol, el uso de estas se restringirá a casos excepcionales, por ejemplo, cuando no esté previsto en instrumentos jurídicos del SIS II o no sea posible desde el punto de vista técnico crear una descripción en el SIS II o cuando no se disponga de toda la información necesaria para crearla. Deberán evitarse las descripciones paralelas en el SIS II e Interpol en el espacio Schengen. Las descripciones difundidas por Interpol que abarquen asimismo el espacio Schengen o parte de este deberán mencionar el texto siguiente: “A excepción de los Estados Schengen”.

1.8.4.   Respuesta positiva y supresión de una descripción

A fin de garantizar la función del sistema SIRENE como coordinador de la verificación de la calidad de la información introducida en el SIS II, los Estados miembros velarán por que los Servicios Nacionales SIRENE y las Oficinas Centrales Nacionales (OCN) de Interpol se mantengan mutuamente informados de las respuestas positivas y de la supresión de descripciones.

1.8.5.   Mejora de la cooperación entre los Servicios Nacionales SIRENE y las Oficinas Centrales Nacionales (OCN) de Interpol

De conformidad con la legislación nacional, corresponderá a cada Estado miembro tomar las medidas que considere oportunas para garantizar la efectividad del intercambio de información a nivel nacional entre su Servicio Nacional SIRENE y las Oficinas Centrales Nacionales (OCN) de Interpol.

1.9.   Normas

Las normas que regulan la cooperación a través de los Servicios Nacionales SIRENE son las siguientes:

1.9.1.   Disponibilidad

Cada Servicio Nacional SIRENE estará operativo las 24 horas del día, todos los días de la semana, con el fin de poder reaccionar dentro del plazo tal como se exige en el punto 1.13. También se podrá acceder al asesoramiento técnico y jurídico, al apoyo y a la búsqueda de soluciones las 24 horas del día, todos los días de la semana.

1.9.2.   Continuidad

Cada Servicio Nacional SIRENE creará una estructura interna que garantice la continuidad de la gestión, del personal y de la infraestructura técnica.

1.9.3.   Confidencialidad

De conformidad con el artículo 11 de los instrumentos jurídicos del SIS II, se aplicarán las normas nacionales sobre el secreto profesional u otras obligaciones equivalentes de confidencialidad a todo el personal que trabaje en los Servicios Nacionales SIRENE. Esta obligación seguirá siendo aplicable después del cese en el cargo o el empleo de los miembros de dicho personal.

1.9.4.   Accesibilidad

Para cumplir su obligación de facilitar información complementaria, el personal de SIRENE tendrá acceso directo o indirecto al asesoramiento de expertos y a toda la información nacional pertinente.

1.10.   Comunicaciones

1.10.1.   Lengua de comunicación

En aras de la mayor eficacia posible en la comunicación bilateral entre los Servicios Nacionales SIRENE, se empleará una lengua conocida de ambas partes.

1.10.2.   Intercambio de datos entre los Servicios Nacionales SIRENE

Las especificaciones técnicas relativas al intercambio de información entre los Servicios Nacionales SIRENE figuran en el documento “Intercambio de datos entre los Servicios Nacionales SIRENE (DEBS)”. Estas instrucciones deberán respetarse.

1.10.3.   Red, mensajes y buzones

Los Servicios Nacionales SIRENE utilizarán una red virtual cifrada dedicada exclusivamente a los datos del SIS II y al intercambio de información complementaria entre los Servicios Nacionales SIRENE, tal como se indica en el artículo 4, apartado 1, letra c), y el artículo 8, apartado 1, comunes a los instrumentos jurídicos del SIS II. Solo cuando este canal no esté disponible, se optará por otro modo de comunicación suficientemente seguro y adecuado. Solo cuando dicho canal no esté disponible podrá utilizarse otro medio adecuado y seguro de comunicación. El canal se elegirá en cada caso, según las posibilidades técnicas y los requisitos de seguridad y calidad que deba reunir la comunicación.

Se distinguirán dos tipos de mensajes escritos: texto libre y formularios normalizados. En el apéndice 3 se describen los formularios utilizados entre los Servicios Nacionales SIRENE y se imparten directrices sobre el contenido previsto de las rúbricas, indicando su carácter obligatorio u optativo.

En la red anteriormente mencionada habrá cuatro buzones electrónicos distintos para mensajes de texto libre y formularios SIRENE.

| Buzón electrónico | Dirección de correo electrónico | Objeto |
| --- | --- | --- |
| Operativo | oper@xx.SIRENEmail2.eu | Se utiliza para el intercambio de formularios y ficheros adjuntos entre los Servicios Nacionales SIRENE |
| Técnico | tech@xx.SIRENEmail2.eu | Se utiliza para el intercambio de mensajes electrónicos entre el personal técnico de apoyo de los Servicios Nacionales SIRENE |
| Jefe de SIRENE | director@xx.SIRENEmail2.eu | Se utiliza para el intercambio de mensajes electrónicos con los jefes de los Servicios Nacionales SIRENE |
| Correo electrónico | message@xx.SIRENEmail2.eu | Se utiliza para el intercambio de mensajes de contenido libre entre los Servicios Nacionales SIRENE |

Buzón electrónico

Dirección de correo electrónico

Objeto

Operativo

oper@xx.SIRENEmail2.eu

Se utiliza para el intercambio de formularios y ficheros adjuntos entre los Servicios Nacionales SIRENE

Técnico

tech@xx.SIRENEmail2.eu

Se utiliza para el intercambio de mensajes electrónicos entre el personal técnico de apoyo de los Servicios Nacionales SIRENE

Jefe de SIRENE

director@xx.SIRENEmail2.eu

Se utiliza para el intercambio de mensajes electrónicos con los jefes de los Servicios Nacionales SIRENE

Correo electrónico

message@xx.SIRENEmail2.eu

Se utiliza para el intercambio de mensajes de contenido libre entre los Servicios Nacionales SIRENE

A efectos de ensayo, existe un segundo dominio (17) (testxx.SIRENEmail2.eu) en el que cualquiera de los buzones del cuadro anterior podrá ser replicado con fines de prueba sin que ello afecte al intercambio de mensajes en directo ni al flujo de trabajo.

Se aplicarán las normas detalladas sobre los buzones SIRENE y la transmisión de los formularios SIRENE descritos en DEBS.

El sistema del flujo de trabajo SIRENE (véase la sección 1.12) supervisará los buzones operativo y de correo electrónico (“oper” y “message”) para detectar formularios, mensajes electrónicos y anexos relacionados. Los mensajes urgentes se enviarán únicamente al buzón operativo.

1.10.4.   Comunicación en circunstancias excepcionales

En caso de que no se disponga de los canales de comunicación normales y sea necesario, por ejemplo, enviar formularios normalizados por fax, se aplicará el procedimiento descrito en DEBS.

1.11.   Directorio SIRENE (SAB)

Los datos de contacto de los Servicios Nacionales SIRENE y la información pertinente para la comunicación y cooperación mutuas se recogen y facilitan en el Directorio SIRENE (SAB). La Comisión actualizará el SAB y publicará esa actualización al menos dos veces al año. Cada Servicio Nacional SIRENE se asegurará de que:

| a) | la información del SAB no se difunda a terceros; |
| --- | --- |

a)

la información del SAB no se difunda a terceros;

| b) | el personal SIRENE conozca y utilice el SAB; |
| --- | --- |

b)

el personal SIRENE conozca y utilice el SAB;

| c) | toda actualización de la información contenida en el SAB se facilite sin demora a la Comisión. |
| --- | --- |

c)

toda actualización de la información contenida en el SAB se facilite sin demora a la Comisión.

1.12.   Sistema de flujo de trabajo SIRENE

La gestión eficaz de la carga de trabajo de los Servicios Nacionales SIRENE puede lograrse mejor si cada uno de estos Servicios dispone de un sistema informático de gestión (sistema de flujo de trabajo) que permita un alto grado de automatización de la gestión del flujo diario de datos.

El Sistema Nacional SIRENE podrá disponer, en otro lugar, de un ordenador y una base de datos de seguridad para su flujo de trabajo en casos de emergencia grave en los Servicios Nacionales SIRENE. Esto requiere disponer de suficiente suministro eléctrico y comunicaciones.

Deberá prestarse el apoyo informático adecuado al flujo de trabajo SIRENE a fin de garantizar una amplia disponibilidad del mismo.

1.13.   Plazos de respuesta

El Servicio Nacional SIRENE responderá lo antes posible a las solicitudes de información sobre descripciones y procedimientos de respuesta positiva cursadas por otros Estados miembros a través de sus Servicios Nacionales SIRENE. En ningún caso podrá el plazo máximo de respuesta superar las 12 horas. (Véase también la sección 1.13.1 sobre la indicación de la urgencia en los formularios SIRENE).

Las prioridades de tramitación deberán establecerse todos los días en función del tipo de descripción y de la importancia del caso.

1.13.1.   Indicación de la urgencia en los formularios SIRENE, incluida la comunicación urgente de una respuesta positiva

Los formularios SIRENE que deban ser tramitados por el Servicio Nacional SIRENE con la máxima prioridad podrán llevar la mención “URGENTE” en la rúbrica 311 (“Aviso importante”), seguida de los motivos de urgencia. Los motivos de urgencia deberán explicarse en las rúbricas adecuadas de los formularios SIRENE. Cuando se requiera una respuesta urgente también podrá utilizarse la notificación o la comunicación telefónica.

Cuando las circunstancias de una respuesta positiva sobre una descripción así lo requieran, como en casos de auténtica urgencia o de gran importancia, el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro autor de la localización comunicará, cuando proceda, al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador la respuesta positiva por teléfono después de enviarle un formulario G.

1.14.   Normas de transliteración/de transcripción

Las definiciones y normas de transliteración y transcripción figuran en el apéndice 1. Deberán respetarse en la comunicación entre los Servicios Nacionales SIRENE (véase también la sección 2.10 sobre la introducción de nombres propios).

1.15.   Calidad de los datos

De conformidad con el artículo 7, apartado 2, de los instrumentos jurídicos del SIS II, los Servicios Nacionales SIRENE coordinarán la verificación de la calidad de la información introducida en el SIS II. Estos Servicios deberán tener las competencias nacionales necesarias para desempeñar esa función. Por tanto, deberá establecerse a escala nacional una forma adecuada de control de calidad de los datos, incluido un control de la relación entre descripciones y resultados positivos, y del contenido de los datos.

Para permitir a cada Servicio Nacional SIRENE realizar su función de coordinador de la verificación de la calidad de los datos, deberán contar con el apoyo tecnológico necesario y los derechos adecuados en los sistemas.

Asimismo, habrá que establecer unas normas nacionales para la formación de los usuarios sobre los principios de calidad de los datos y su práctica, en colaboración con los Servicios Nacionales SIRENE. Los Estados miembros podrán pedir al personal de los Servicios Nacionales SIRENE que participe en la formación de las autoridades que introducen descripciones, haciendo hincapié en la calidad de los datos y en la optimización del uso del SIS II.

1.16.   Ficheros

| a) | Cada Estado miembro tomará sus propias disposiciones para almacenar información. |
| --- | --- |

a)

Cada Estado miembro tomará sus propias disposiciones para almacenar información.

| b) | El Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador pondrá toda la información disponible sobre sus propias descripciones a disposición de los demás Estados miembros, incluida una referencia a la decisión que dio lugar a la descripción. |
| --- | --- |

b)

El Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador pondrá toda la información disponible sobre sus propias descripciones a disposición de los demás Estados miembros, incluida una referencia a la decisión que dio lugar a la descripción.

| c) | Los ficheros de los Servicios Nacionales SIRENE deberán ser de fácil y rápido acceso para que se puedan respetar los brevísimos plazos establecidos para transmitir la información. |
| --- | --- |

c)

Los ficheros de los Servicios Nacionales SIRENE deberán ser de fácil y rápido acceso para que se puedan respetar los brevísimos plazos establecidos para transmitir la información.

| d) | De conformidad con el artículo 12, apartado 4, de los instrumentos jurídicos del SIS II, los datos personales, conservados en ficheros por el Servicio Nacional SIRENE a resultas de un intercambio de información, se conservarán únicamente el tiempo necesario para lograr los objetivos para los que fueron suministrados. Por regla general, esta información se suprimirá inmediatamente después de que se haya suprimido la descripción correspondiente del SIS II, y en cualquier caso, como muy tarde, un año después. Sin embargo, los datos relativos a una descripción particular que un Estado miembro haya introducido, o a una descripción con respecto a la cual se hayan tomado medidas en su territorio, podrán conservarse por más tiempo de conformidad con la legislación nacional. |
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d)

De conformidad con el artículo 12, apartado 4, de los instrumentos jurídicos del SIS II, los datos personales, conservados en ficheros por el Servicio Nacional SIRENE a resultas de un intercambio de información, se conservarán únicamente el tiempo necesario para lograr los objetivos para los que fueron suministrados. Por regla general, esta información se suprimirá inmediatamente después de que se haya suprimido la descripción correspondiente del SIS II, y en cualquier caso, como muy tarde, un año después. Sin embargo, los datos relativos a una descripción particular que un Estado miembro haya introducido, o a una descripción con respecto a la cual se hayan tomado medidas en su territorio, podrán conservarse por más tiempo de conformidad con la legislación nacional.

| e) | La información complementaria enviada por otros Estados miembros se almacenará según la legislación nacional de protección de datos del Estado miembro receptor; el artículo 12 común de los instrumentos jurídicos del SIS II, la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (18), y la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo (19), también se aplican. |
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e)

La información complementaria enviada por otros Estados miembros se almacenará según la legislación nacional de protección de datos del Estado miembro receptor; el artículo 12 común de los instrumentos jurídicos del SIS II, la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (18), y la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo (19), también se aplican.

| f) | La información sobre la usurpación de identidad se suprimirá tras la supresión de la descripción correspondiente. |
| --- | --- |

f)

La información sobre la usurpación de identidad se suprimirá tras la supresión de la descripción correspondiente.

| g) | El acceso a los archivos se registrará, controlará y restringirá al personal designado. |
| --- | --- |

g)

El acceso a los archivos se registrará, controlará y restringirá al personal designado.

1.17.   Personal

El alto nivel de experiencia que se requerirá del personal implica que este tendrá que ser capaz de tomar iniciativas y gestionar con eficacia cualquier tipo de caso. Por lo tanto, sería conveniente limitar al máximo la rotación de personal, lo cual requiere el apoyo inequívoco de la administración en favor de un ambiente de trabajo autónomo. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para evitar la pérdida de cualificaciones y experiencia causada por la rotación del personal.

1.17.1.   Jefes de los Servicios Nacionales SIRENE

Los jefes de cada uno de los Servicios Nacionales SIRENE se reunirán al menos dos veces al año para evaluar la calidad de la cooperación entre sus servicios, tomar las eventuales medidas organizativas o técnicas necesarias en caso de dificultades y adoptar, si procede, los procedimientos que se impongan. La organización de la reunión de los jefes de los Servicios Nacionales SIRENE corresponde al Estado miembro que ejerce la Presidencia del Consejo de la Unión Europea.

1.17.2.   Persona de contacto SIRENE (SIRCoP)

En los casos en que los procedimientos corrientes resulten insuficientes, la persona de contacto SIRENE (SIRCoP) podrá ocuparse de los expedientes cuya tramitación sea compleja, problemática o sensible y pueda requerir cierta garantía de calidad o contacto a más largo plazo con otro Servicio Nacional SIRENE para resolver el asunto. La SIRCoP no está concebida para los casos urgentes, en los que se recurrirá, en principio, a los servicios de recepción accesibles durante las 24 horas del día, todos los días de la semana.

La SIRCoP podrá formular propuestas para mejorar la calidad y describir las opciones para resolver estos problemas a largo plazo.

Como norma general, la SIRCoP puede ser contactada por otra SIRCoP solo durante las horas de oficina.

Se llevará a cabo una evaluación anual en el marco de la presentación de informes estadísticos anuales, que se recogen en el apéndice 5, basándose en los siguientes indicadores:

| a) | número de intervenciones de la SIRCoP por Estado miembro; |
| --- | --- |

a)

número de intervenciones de la SIRCoP por Estado miembro;

| b) | motivo de la toma de contacto; |
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b)

motivo de la toma de contacto;

| c) | resultado de las intervenciones sobre la base de la información disponible durante el período de referencia. |
| --- | --- |

c)

resultado de las intervenciones sobre la base de la información disponible durante el período de referencia.

1.17.3.   Conocimientos

La preparación lingüística del personal de los Servicios Nacionales SIRENE deberá cubrir el mayor número de lenguas posible, de modo que dicho personal pueda comunicarse con todos los Servicios Nacionales SIRENE.

Asimismo, el personal deberá tener los conocimientos necesarios sobre:

| — | cuestiones jurídicas nacionales, europeas e internacionales, |
| --- | --- |

—

cuestiones jurídicas nacionales, europeas e internacionales,

| — | los servicios con funciones coercitivas de su Estado, y |
| --- | --- |

—

los servicios con funciones coercitivas de su Estado, y

| — | los sistemas judiciales y de inmigración nacionales y europeos. |
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—

los sistemas judiciales y de inmigración nacionales y europeos.

Deberá tener asimismo la autoridad necesaria para poder hacerse cargo con total independencia de cualquier asunto.

El personal que esté de servicio fuera de las horas de oficina deberá tener las mismas competencias, los mismos conocimientos y la misma responsabilidad que el personal habitual, así como la posibilidad de recurrir en todo momento a la ayuda de expertos.

En los Servicios Nacionales SIRENE se requerirán conocimientos jurídicos tanto para tramitar expedientes ordinarios como otros de carácter más excepcional. Según los casos, dichos conocimientos podrán ser aportados por el propio personal o facilitados por expertos de las autoridades judiciales nacionales.

1.17.4.   Formación

A nivel nacional

A nivel nacional habrá que facilitar al personal una formación suficiente que le garantice la cualificación que exige el presente Manual. Antes de quedar autorizado a tratar los datos almacenados en SIS II, el personal recibirá la formación adecuada sobre normas de seguridad y protección de datos y será informado de los delitos y sanciones penales aplicables.

A nivel europeo

Los cursos de formación comunes se organizarán por lo menos una vez al año con el fin de mejorar la cooperación entre los Servicios Nacionales SIRENE de modo que el personal pueda reunirse con colegas de otros Servicios Nacionales SIRENE, intercambiar información sobre los métodos de trabajo nacionales y crear un corpus de conocimientos homogéneo y coherente. Con ello se conseguirá además concienciar al personal de la importancia de su trabajo y de la necesidad de una solidaridad mutua que garantice la seguridad común de los Estados miembros.

La formación se impartirá de conformidad con el Manual de formadores SIRENE.

El artículo 3 del Reglamento (UE) n.o 1077/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (20) establece que la Agencia Europea para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia (la Agencia) desempeñará las funciones relacionadas con la formación sobre el uso técnico de SIS II, en particular para el personal de SIRENE.

1.17.5.   Intercambio de personal

Los Servicios Nacionales SIRENE también podrán considerar la posibilidad de intercambiar personal con otros Servicios Nacionales SIRENE al menos una vez al año. En principio, tales intercambios deberán propiciar la familiarización con los métodos de trabajo y la organización de otros Servicios Nacionales SIRENE, y fomentar los contactos personales con colegas de otros Estados miembros.

2.   PROCEDIMIENTOS GENERALES

Los procedimientos que se describen a continuación son aplicables a todas las categorías de descripciones. Los procedimientos específicos de cada categoría de descripción figuran en las partes correspondientes del presente Manual.

2.1.   Definiciones

“Estado miembro informador”: Estado miembro que ha introducido la descripción en el SIS II.

“Estado miembro de ejecución”: Estado miembro que adopta las medidas necesarias tras una respuesta positiva.

“Servicio Nacional SIRENE informador”: Servicio SIRENE de un Estado miembro que tiene las huellas dactilares o las fotografías de una persona sobre la que otro Estado miembro ha introducido una descripción.

“Respuesta positiva”: se produce una respuesta positiva en el SIS II cuando:

| a) | un usuario realiza una búsqueda; |
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a)

un usuario realiza una búsqueda;

| b) | la búsqueda pone de manifiesto la existencia de una descripción extranjera en el SIS II; |
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b)

la búsqueda pone de manifiesto la existencia de una descripción extranjera en el SIS II;

| c) | los datos relativos a la descripción en el SIS II coinciden con los datos que se buscan, y |
| --- | --- |

c)

los datos relativos a la descripción en el SIS II coinciden con los datos que se buscan, y

| d) | como consecuencia de la respuesta positiva, se requieren nuevas medidas. |
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d)

como consecuencia de la respuesta positiva, se requieren nuevas medidas.

“Indicación”: suspensión de la validez a nivel nacional que puede añadirse a las descripciones para la detención, a las descripciones sobre personas desaparecidas y a las descripciones a efectos de controles, cuando un Estado miembro considera que hacer efectiva una descripción es incompatible con su Derecho nacional, sus obligaciones internacionales o intereses nacionales esenciales. Cuando se añada una indicación a una descripción, la medida que deba adoptarse como consecuencia de la descripción no deberá ejecutarse en el territorio de dicho Estado miembro.

2.2.   Descripciones múltiples (artículo 34, apartado 6, del Reglamento SIS II y artículo 49, apartado 6, de la Decisión SIS II)

Cada Estado miembro podrá introducir en el SIS II una única descripción por persona u objeto.

Por tanto, en la medida de lo posible y cuando sea necesario, deberán mantenerse disponibles a nivel nacional las descripciones subsiguientes de la misma persona u objeto para que puedan ser introducidas una vez expire o se suprima la primera descripción.

Varios Estados miembros pueden introducir descripciones sobre los mismos sujetos. Es fundamental que ello no cree confusión entre los usuarios y que estén claras las medidas que procederá tomar antes de introducir una descripción, así como el procedimiento que deberá seguirse cuando se produzca una respuesta positiva. Por lo tanto, se establecerá una serie de procedimientos para detectar descripciones múltiples y unas normas de prioridad para introducirlas en el SIS II.

Todo ello requerirá:

| — | controles previos a la introducción de una descripción para determinar si el sujeto ya figura en el SIS II, |
| --- | --- |

—

controles previos a la introducción de una descripción para determinar si el sujeto ya figura en el SIS II,

| — | consulta a los demás Estados miembros cuando la introducción de una descripción pueda causar múltiples descripciones incompatibles. |
| --- | --- |

—

consulta a los demás Estados miembros cuando la introducción de una descripción pueda causar múltiples descripciones incompatibles.

2.2.1.   Compatibilidad de las descripciones

Varios Estados miembros podrán introducir una descripción sobre una misma persona u objeto si las descripciones son compatibles entre sí.

Los Estados miembros podrán apartarse de las normas de compatibilidad cuando presenten una descripción a efectos de control discreto o específico, especialmente en casos de descripciones introducidas a efectos de la seguridad nacional. Esta excepción se entenderá sin perjuicio del orden de prioridad de las descripciones ni del procedimiento de consulta establecido en la sección 2.2.2.

Cuadro de compatibilidad de las descripciones sobre personas

| Orden de prioridad | Descripción para la detención | Descripción a efectos de denegación de entrada | Descripción de persona desaparecida (protección) | Descripción a efectos de control específico — acción inmediata | Descripción a efectos de control específico | Descripción a efectos de control discreto | Descripción a efectos de control discreto — acción inmediata | Descripción relativa a personas desaparecidas (paradero) | Descripción a efectos de un procedimiento judicial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción para la detención | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No | Sí | Sí |
| Descripción a efectos de denegación de entrada | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No |
| Descripción de persona desaparecida (protección) (protección) | Sí | No | Sí | No | No | No | No | Sí | Sí |
| Descripción a efectos de control específico — acción inmediata | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No |
| Descripción a efectos de control específico | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No |
| Descripción a efectos de control discreto — acción inmediata | No | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No |
| Descripción a efectos de control discreto | No | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No |
| Descripción relativa a personas desaparecidas (paradero) (paradero) | Sí | No | Sí | No | No | No | No | Sí | Sí |
| Descripción a efectos de un procedimiento judicial | Sí | No | Sí | No | No | No | No | Sí | Sí |

Orden de prioridad

Descripción para la detención

Descripción a efectos de denegación de entrada

Descripción de persona desaparecida (protección)

Descripción a efectos de control específico — acción inmediata

Descripción a efectos de control específico

Descripción a efectos de control discreto

Descripción a efectos de control discreto — acción inmediata

Descripción relativa a personas desaparecidas (paradero)

Descripción a efectos de un procedimiento judicial

Descripción para la detención

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

Sí

Sí

Descripción a efectos de denegación de entrada

Sí

Sí

No

No

No

No

No

No

No

Descripción de persona desaparecida (protección) (protección)

Sí

No

Sí

No

No

No

No

Sí

Sí

Descripción a efectos de control específico — acción inmediata

No

No

No

Sí

Sí

No

No

No

No

Descripción a efectos de control específico

No

No

No

Sí

Sí

No

No

No

No

Descripción a efectos de control discreto — acción inmediata

No

No

No

No

No

Sí

Sí

No

No

Descripción a efectos de control discreto

No

No

No

No

No

Sí

Sí

No

No

Descripción relativa a personas desaparecidas (paradero) (paradero)

Sí

No

Sí

No

No

No

No

Sí

Sí

Descripción a efectos de un procedimiento judicial

Sí

No

Sí

No

No

No

No

Sí

Sí

Cuadro de compatibilidad de las descripciones sobre objetos

| Orden de prioridad | Descripción para la utilización como prueba | Documento invalidado a efectos de viaje | Descripción para la incautación | Descripción a efectos de control específico — acción inmediata | Descripción a efectos de control específico | Descripción a efectos de control discreto — acción inmediata | Descripción a efectos de control discreto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción para la utilización como prueba | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No |
| Documento invalidado a efectos de viaje | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No |
| Descripción para la incautación | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No |
| Descripción a efectos de control específico — acción inmediata | No | No | No | Sí | Sí | No | No |
| Descripción a efectos de control específico | No | No | No | Sí | Sí | No | No |
| Descripción a efectos de control discreto — acción inmediata | No | No | No | No | No | Sí | Sí |
| Descripción a efectos de control discreto | No | No | No | No | No | Sí | Sí |

Orden de prioridad

Descripción para la utilización como prueba

Documento invalidado a efectos de viaje

Descripción para la incautación

Descripción a efectos de control específico — acción inmediata

Descripción a efectos de control específico

Descripción a efectos de control discreto — acción inmediata

Descripción a efectos de control discreto

Descripción para la utilización como prueba

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

Documento invalidado a efectos de viaje

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

Descripción para la incautación

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

Descripción a efectos de control específico — acción inmediata

No

No

No

Sí

Sí

No

No

Descripción a efectos de control específico

No

No

No

Sí

Sí

No

No

Descripción a efectos de control discreto — acción inmediata

No

No

No

No

No

Sí

Sí

Descripción a efectos de control discreto

No

No

No

No

No

Sí

Sí

2.2.2.   Orden de prioridad de las descripciones

En caso de descripciones incompatibles, el orden de prioridad de las descripciones de personas será el siguiente:

| — | detención a efectos de entrega o extradición (artículo 26 de la Decisión), |
| --- | --- |

—

detención a efectos de entrega o extradición (artículo 26 de la Decisión),

| — | denegación de entrada o de estancia en el territorio Schengen (artículo 24 del Reglamento), |
| --- | --- |

—

denegación de entrada o de estancia en el territorio Schengen (artículo 24 del Reglamento),

| — | puesta bajo protección (artículo 32 de la Decisión), |
| --- | --- |

—

puesta bajo protección (artículo 32 de la Decisión),

| — | controles específicos — acción inmediata (artículo 36 de la Decisión), |
| --- | --- |

—

controles específicos — acción inmediata (artículo 36 de la Decisión),

| — | controles específicos (artículo 36 de la Decisión), |
| --- | --- |

—

controles específicos (artículo 36 de la Decisión),

| — | controles discretos — acción inmediata (artículo 36 de la Decisión), |
| --- | --- |

—

controles discretos — acción inmediata (artículo 36 de la Decisión),

| — | controles discretos (artículo 36 de la Decisión), |
| --- | --- |

—

controles discretos (artículo 36 de la Decisión),

| — | comunicación del lugar de residencia o del domicilio (artículos 32 y 34 de la Decisión). |
| --- | --- |

—

comunicación del lugar de residencia o del domicilio (artículos 32 y 34 de la Decisión).

El orden de prioridad de las descripciones de objetos será el siguiente:

| — | utilización como prueba (artículo 38 de la Decisión), |
| --- | --- |

—

utilización como prueba (artículo 38 de la Decisión),

| — | confiscación de un documento invalidado a efectos de viaje (artículo 38 de la Decisión), |
| --- | --- |

—

confiscación de un documento invalidado a efectos de viaje (artículo 38 de la Decisión),

| — | incautación (artículo 38 de la Decisión), |
| --- | --- |

—

incautación (artículo 38 de la Decisión),

| — | control específico — acción inmediata (artículo 36 de la Decisión), |
| --- | --- |

—

control específico — acción inmediata (artículo 36 de la Decisión),

| — | control específico (artículo 36 de la Decisión), |
| --- | --- |

—

control específico (artículo 36 de la Decisión),

| — | control discreto — acción inmediata (artículo 36 de la Decisión), |
| --- | --- |

—

control discreto — acción inmediata (artículo 36 de la Decisión),

| — | control discreto (artículo 36 de la Decisión), |
| --- | --- |

—

control discreto (artículo 36 de la Decisión),

Si así lo requiere el interés nacional, se podrán establecer excepciones a este orden de prioridad previa consulta de los Estados miembros.

2.2.3.   Control de la incompatibilidad e introducción de descripciones múltiples

Con el fin de evitar las descripciones múltiples incompatibles, es importante distinguir con precisión las personas u objetos que presentan características similares. Será fundamental que los Servicios Nacionales SIRENE se consulten y colaboren entre sí, y que cada Estado miembro establezca los procedimientos técnicos que considere apropiados para que se detecten tales casos antes de que se introduzca descripción alguna en el sistema.

El Servicio Nacional SIRENE velará por que solo se mantenga una descripción en el SIS II con arreglo al procedimiento nacional en el caso de que una solicitud para introducir una descripción sea incompatible con otra descripción introducida por el mismo Estado miembro.

Para comprobar la existencia de múltiples descripciones de la misma persona u objeto, se aplicará el procedimiento siguiente:

| a) | se compararán los criterios obligatorios de identidad cuando se determine la existencia de descripciones múltiples:






  i) | sobre una persona:






  — | apellidos, |
| --- | --- | --- | --- |

a)

se compararán los criterios obligatorios de identidad cuando se determine la existencia de descripciones múltiples:

i)

sobre una persona:

—

apellidos,

| — | nombre, |
| --- | --- |

—

nombre,

| — | fecha de nacimiento, |
| --- | --- |

—

fecha de nacimiento,

| — | sexo, |
| --- | --- |

—

sexo,

| ii) | sobre un vehículo:






  — | número de bastidor, |
| --- | --- | --- |

ii)

sobre un vehículo:

—

número de bastidor,

| — | número de matrícula y país de matriculación |
| --- | --- |

—

número de matrícula y país de matriculación

| — | marca, |
| --- | --- |

—

marca,

| — | modelo, |
| --- | --- |

—

modelo,

| iii) | sobre una aeronave:






  — | categoría de la aeronave, |
| --- | --- | --- |

iii)

sobre una aeronave:

—

categoría de la aeronave,

| — | número de registro ICAO, |
| --- | --- |

—

número de registro ICAO,

| iv) | sobre un barco:






  — | categoría de la embarcación, |
| --- | --- | --- |

iv)

sobre un barco:

—

categoría de la embarcación,

| — | número de cascos, |
| --- | --- |

—

número de cascos,

| — | número de identificación exterior del barco (no obligatorio, pero puede usarse), |
| --- | --- |

—

número de identificación exterior del barco (no obligatorio, pero puede usarse),

| v) | sobre un contenedor:






  — | número BIC (21) |
| --- | --- | --- |

v)

sobre un contenedor:

—

número BIC (21)

| b) | En caso de introducción de una nueva descripción de un vehículo o un objeto con un número de bastidor o de matrícula, véanse los procedimientos previstos en la sección 8.2.1. |
| --- | --- |

b)

En caso de introducción de una nueva descripción de un vehículo o un objeto con un número de bastidor o de matrícula, véanse los procedimientos previstos en la sección 8.2.1.

| c) | Para otros objetos, las rúbricas más apropiadas para comprobar la existencia de descripciones múltiples son las rúbricas obligatorias, que se utilizarán para la comparación automática realizada por el sistema. |
| --- | --- |

c)

Para otros objetos, las rúbricas más apropiadas para comprobar la existencia de descripciones múltiples son las rúbricas obligatorias, que se utilizarán para la comparación automática realizada por el sistema.

Los procedimientos descritos en la sección 8.2.1. (comprobación de la existencia de descripciones múltiples sobre un vehículo) se utilizarán para distinguir entre otras categorías de objetos en el SIS II cuando resulte evidente que dos objetos similares tienen el mismo número de serie.

Si resulta que se trata de dos personas u objetos distintos, el Servicio Nacional SIRENE aprobará la solicitud para introducir la nueva descripción (22).

Si el control de la existencia de descripciones múltiples pone de manifiesto que los datos detallados son idénticos y se refieren a la misma persona u objeto, el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro que desee introducir una nueva descripción consultará al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador en el caso de que las descripciones sean incompatibles.

Para comprobar la compatibilidad de las descripciones se aplicará el siguiente procedimiento:

| a) | antes de introducir una descripción es obligatorio realizar un control que garantice que no existen descripciones incompatibles; |
| --- | --- |

a)

antes de introducir una descripción es obligatorio realizar un control que garantice que no existen descripciones incompatibles;

| b) | si existe otra descripción que es compatible, no es necesario que los Servicios Nacionales SIRENE se consulten entre sí. No obstante, si fuera necesario aclarar que la descripción se refiere a la misma persona, el Servicio Nacional SIRENE consultará al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador utilizando el formulario L; |
| --- | --- |

b)

si existe otra descripción que es compatible, no es necesario que los Servicios Nacionales SIRENE se consulten entre sí. No obstante, si fuera necesario aclarar que la descripción se refiere a la misma persona, el Servicio Nacional SIRENE consultará al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador utilizando el formulario L;

| c) | si las descripciones son incompatibles, los Servicios Nacionales SIRENE se consultarán entre sí utilizando un formulario E para introducir en última instancia una única descripción; |
| --- | --- |

c)

si las descripciones son incompatibles, los Servicios Nacionales SIRENE se consultarán entre sí utilizando un formulario E para introducir en última instancia una única descripción;

| d) | las descripciones para la detención se introducirán inmediatamente sin aguardar el resultado de las consultas con otros Estados miembros; |
| --- | --- |

d)

las descripciones para la detención se introducirán inmediatamente sin aguardar el resultado de las consultas con otros Estados miembros;

| e) | si a raíz de una consulta se concede prioridad a una descripción que resulta ser incompatible con otras ya introducidas, los Estados miembros responsables de esas otras descripciones las retirarán una vez introducida la nueva. Cualquier conflicto será solventado por los Estados miembros a través de los Servicios Nacionales SIRENE; |
| --- | --- |

e)

si a raíz de una consulta se concede prioridad a una descripción que resulta ser incompatible con otras ya introducidas, los Estados miembros responsables de esas otras descripciones las retirarán una vez introducida la nueva. Cualquier conflicto será solventado por los Estados miembros a través de los Servicios Nacionales SIRENE;

| f) | los Estados miembros que no hayan podido introducir una descripción podrán solicitar ser notificados por el CS-SIS acerca de la supresión de la descripción; |
| --- | --- |

f)

los Estados miembros que no hayan podido introducir una descripción podrán solicitar ser notificados por el CS-SIS acerca de la supresión de la descripción;

| g) | el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro que no haya podido introducir la descripción podrá solicitar al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro que haya introducido la descripción que le informe acerca de las respuestas positivas que se produzcan respecto de esta descripción. |
| --- | --- |

g)

el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro que no haya podido introducir la descripción podrá solicitar al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro que haya introducido la descripción que le informe acerca de las respuestas positivas que se produzcan respecto de esta descripción.

2.2.4.   Situación especial para el Reino Unido e Irlanda

El Reino Unido e Irlanda no participan en el Reglamento SIS II, por lo que no pueden acceder a las descripciones a efectos de denegación de entrada o de estancia (artículos 24 y 26 del Reglamento SIS II). No obstante, han de estar vinculados por las normas sobre compatibilidad de las descripciones que figuran en el apartado 2.2 y, en concreto, deben aplicar el procedimiento establecido en la sección 2.2.3.

Se aplicará el procedimiento siguiente:

| a) | Si el Reino Unido o Irlanda introducen una descripción que es potencialmente incompatible con otra ya existente sobre la denegación de entrada o de estancia de conformidad con la sección 2.2.1, el SIS II Central notificará a estos dos Estados miembros la posible incompatibilidad comunicando tan solo la identificación Schengen de la descripción existente. |
| --- | --- |

a)

Si el Reino Unido o Irlanda introducen una descripción que es potencialmente incompatible con otra ya existente sobre la denegación de entrada o de estancia de conformidad con la sección 2.2.1, el SIS II Central notificará a estos dos Estados miembros la posible incompatibilidad comunicando tan solo la identificación Schengen de la descripción existente.

| b) | Si se notifica la posible incompatibilidad de una descripción introducida por el Reino Unido o Irlanda con una descripción para la denegación de entrada o de estancia introducida por otro Estado miembro, el Servicio Nacional SIRENE del Reino Unido o de Irlanda entablará una consulta con el Estado miembro informador utilizando el mensaje de contenido libre y suprimirá la descripción potencialmente incompatible durante la consulta. |
| --- | --- |

b)

Si se notifica la posible incompatibilidad de una descripción introducida por el Reino Unido o Irlanda con una descripción para la denegación de entrada o de estancia introducida por otro Estado miembro, el Servicio Nacional SIRENE del Reino Unido o de Irlanda entablará una consulta con el Estado miembro informador utilizando el mensaje de contenido libre y suprimirá la descripción potencialmente incompatible durante la consulta.

| c) | Dependiendo del resultado de la consulta, el Reino Unido o Irlanda podrán volver a introducir la descripción que haya demostrado ser compatible. |
| --- | --- |

c)

Dependiendo del resultado de la consulta, el Reino Unido o Irlanda podrán volver a introducir la descripción que haya demostrado ser compatible.

2.3.   Intercambio de información en caso de respuesta positiva

Si el usuario necesita información complementaria después de producirse una respuesta positiva, el Servicio Nacional SIRENE se pondrá en contacto sin demora con el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador y solicitará la información necesaria. En su caso, los Servicios Nacionales SIRENE actuarán como intermediarios entre las autoridades nacionales, y proporcionarán e intercambiarán la información complementaria en relación con la descripción en cuestión.

Salvo que se disponga lo contrario, se comunicará al Estado miembro informador la respuesta positiva y su resultado (véase también la sección 1.13.1 sobre la indicación de urgencia).

Se aplicará el procedimiento siguiente:

| a) | sin perjuicio de lo dispuesto en la sección 2.4 del presente Manual, una respuesta positiva relativa a un individuo o un objeto sobre el que se haya introducido una descripción se comunicará, en principio, al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador por medio de un formulario G. |
| --- | --- |

a)

sin perjuicio de lo dispuesto en la sección 2.4 del presente Manual, una respuesta positiva relativa a un individuo o un objeto sobre el que se haya introducido una descripción se comunicará, en principio, al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador por medio de un formulario G.

| b) | Al comunicar al Estado miembro informador una respuesta positiva, se indicará en la rúbrica 090 del formulario G el artículo aplicable de los instrumentos jurídicos del SIS II, así como la información adicional que sea necesaria (por ejemplo, MENOR).
  El formulario G contendrá la mayor información posible sobre la descripción, incluidas las medidas adoptadas, en la rúbrica 088. Se podrá solicitar información complementaria al Estado miembro informador en la rúbrica 089. |
| --- | --- |

b)

Al comunicar al Estado miembro informador una respuesta positiva, se indicará en la rúbrica 090 del formulario G el artículo aplicable de los instrumentos jurídicos del SIS II, así como la información adicional que sea necesaria (por ejemplo, MENOR).

El formulario G contendrá la mayor información posible sobre la descripción, incluidas las medidas adoptadas, en la rúbrica 088. Se podrá solicitar información complementaria al Estado miembro informador en la rúbrica 089.

| c) | Si el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro de ejecución desea facilitar más información después del envío de un formulario G, lo hará utilizando un formulario M. |
| --- | --- |

c)

Si el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro de ejecución desea facilitar más información después del envío de un formulario G, lo hará utilizando un formulario M.

| d) | En caso necesario, el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador comunicará a continuación toda la información específica pertinente e indicará las medidas concretas que solicita que adopte el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro de ejecución. |
| --- | --- |

d)

En caso necesario, el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador comunicará a continuación toda la información específica pertinente e indicará las medidas concretas que solicita que adopte el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro de ejecución.

En cuanto al procedimiento de comunicación de respuestas positivas a través de los sistemas de Captación Automática de Matrículas (CAM), véase la sección 9.

2.4.   Imposibilidad de seguir el procedimiento habitual tras la obtención de una respuesta positiva (artículo 48 de la Decisión SIS II y artículo 33 del Reglamento SIS II)

De conformidad con el artículo 48 de la Decisión SIS II y el artículo 33 del Reglamento SIS II, se seguirá el siguiente procedimiento:

| a) | el Estado miembro que, según toda la información disponible, no pueda seguir el procedimiento informará inmediatamente al Estado miembro informador a través de su Servicio Nacional SIRENE de que no puede adoptar las medidas necesarias y de los motivos, en la rúbrica 083 de un formulario H; |
| --- | --- |

a)

el Estado miembro que, según toda la información disponible, no pueda seguir el procedimiento informará inmediatamente al Estado miembro informador a través de su Servicio Nacional SIRENE de que no puede adoptar las medidas necesarias y de los motivos, en la rúbrica 083 de un formulario H;

| b) | los Estados miembros afectados podrán acordar las medidas que se deban adoptar de conformidad con sus propias leyes nacionales y los instrumentos jurídicos del SIS II. |
| --- | --- |

b)

los Estados miembros afectados podrán acordar las medidas que se deban adoptar de conformidad con sus propias leyes nacionales y los instrumentos jurídicos del SIS II.

2.5.   Tratamiento de la información para fines distintos de aquellos para los que se introdujo en el SIS II (artículo 46, apartado 5 de la Decisión SIS II)

Los datos contenidos en el SIS II solo podrán tratarse para los fines establecidos para cada categoría de descripción.

Sin embargo, previa autorización del Estado miembro informador, los datos podrán tratarse para un fin distinto de aquel para el que se introdujeron, a fin de evitar una amenaza grave e inminente para el orden y la seguridad públicos o bien por razones graves de seguridad nacional o con vistas a prevenir un hecho delictivo grave.

Si un Estado miembro desea tratar datos del SIS II para fines distintos de aquellos para los que se introdujeron, el intercambio de información se ajustará al procedimiento siguiente:

| a) | a través de su Servicio Nacional SIRENE, el Estado miembro que quiera utilizar los datos para un fin distinto explicará al Estado miembro informador los motivos utilizando un formulario I; |
| --- | --- |

a)

a través de su Servicio Nacional SIRENE, el Estado miembro que quiera utilizar los datos para un fin distinto explicará al Estado miembro informador los motivos utilizando un formulario I;

| b) | el Estado miembro informador estudiará sin demora la posibilidad de acceder a esta petición y comunicará su decisión al otro Estado miembro, utilizando un formulario M, a través de su Servicio Nacional SIRENE; |
| --- | --- |

b)

el Estado miembro informador estudiará sin demora la posibilidad de acceder a esta petición y comunicará su decisión al otro Estado miembro, utilizando un formulario M, a través de su Servicio Nacional SIRENE;

| c) | si fuera necesario, el Estado miembro informador podrá condicionar su autorización al cumplimiento de una serie de requisitos en materia de utilización de los datos. Esa autorización se enviará utilizando un formulario M. |
| --- | --- |

c)

si fuera necesario, el Estado miembro informador podrá condicionar su autorización al cumplimiento de una serie de requisitos en materia de utilización de los datos. Esa autorización se enviará utilizando un formulario M.

Una vez obtenida la autorización del Estado miembro informador, el otro Estado miembro solo utilizará los datos para la finalidad para la que obtuvo dicha autorización, y tendrá en cuenta las condiciones fijadas por el Estado miembro informador.

2.6.   Introducción de indicaciones

2.6.1.   Introducción

| a) | El artículo 24 de la Decisión SIS II prevé que los Estados miembros podrán exigir una indicación en los siguientes casos:






  i) | Si un Estado miembro considera que hacer efectiva una descripción introducida de conformidad con los artículos 26, 32 o 36 de la Decisión SIS II es incompatible con su Derecho nacional, con sus obligaciones internacionales o con intereses nacionales esenciales, podrá exigir posteriormente que se añada a dicha descripción una indicación destinada a impedir que se ejecute en su territorio la medida que debía adoptarse como consecuencia de la descripción. La indicación la añadirá el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador. |
| --- | --- | --- |

a)

El artículo 24 de la Decisión SIS II prevé que los Estados miembros podrán exigir una indicación en los siguientes casos:

i)

Si un Estado miembro considera que hacer efectiva una descripción introducida de conformidad con los artículos 26, 32 o 36 de la Decisión SIS II es incompatible con su Derecho nacional, con sus obligaciones internacionales o con intereses nacionales esenciales, podrá exigir posteriormente que se añada a dicha descripción una indicación destinada a impedir que se ejecute en su territorio la medida que debía adoptarse como consecuencia de la descripción. La indicación la añadirá el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador.

| ii) | A fin de que los Estados miembros puedan pedir que se añada una indicación a una descripción introducida con arreglo al artículo 26, se notificará automáticamente a los Estados miembros toda nueva descripción de esta categoría mediante el intercambio de información complementaria. |
| --- | --- |

ii)

A fin de que los Estados miembros puedan pedir que se añada una indicación a una descripción introducida con arreglo al artículo 26, se notificará automáticamente a los Estados miembros toda nueva descripción de esta categoría mediante el intercambio de información complementaria.

| iii) | Cuando, en casos particularmente urgentes y graves, el Estado miembro informador solicite la ejecución de la acción, el Estado miembro de ejecución examinará si puede o no permitir que se retire la indicación añadida a instancia suya; en caso afirmativo, adoptará las medidas necesarias para garantizar que se realice inmediatamente la acción requerida. |
| --- | --- |

iii)

Cuando, en casos particularmente urgentes y graves, el Estado miembro informador solicite la ejecución de la acción, el Estado miembro de ejecución examinará si puede o no permitir que se retire la indicación añadida a instancia suya; en caso afirmativo, adoptará las medidas necesarias para garantizar que se realice inmediatamente la acción requerida.

| b) | Existe un procedimiento alternativo únicamente para las descripciones a efectos de detención (véase la sección 3.6). |
| --- | --- |

b)

Existe un procedimiento alternativo únicamente para las descripciones a efectos de detención (véase la sección 3.6).

| c) | Cuando se añade una indicación a las descripciones de personas desaparecidas y las descripciones a efectos de controles discretos o de controles específicos, la descripción no aparecerá en pantalla cuando el usuario consulte el sistema. |
| --- | --- |

c)

Cuando se añade una indicación a las descripciones de personas desaparecidas y las descripciones a efectos de controles discretos o de controles específicos, la descripción no aparecerá en pantalla cuando el usuario consulte el sistema.

| d) | Sin perjuicio de lo dispuesto en la sección 3.6.1, un Estado miembro no podrá solicitar una indicación únicamente sobre la base de que un Estado miembro determinado es el Estado miembro informador. Las indicaciones solo deberán ser solicitadas caso por caso. |
| --- | --- |

d)

Sin perjuicio de lo dispuesto en la sección 3.6.1, un Estado miembro no podrá solicitar una indicación únicamente sobre la base de que un Estado miembro determinado es el Estado miembro informador. Las indicaciones solo deberán ser solicitadas caso por caso.

2.6.2.   Consulta a los Estados miembros para añadir una indicación

Una indicación solo se añadirá a instancia de o con el acuerdo de otro Estado miembro.

Se aplicará el procedimiento siguiente:

| a) | si un Estado miembro desea añadir una indicación, lo solicitará al Estado miembro informador a través de un formulario F, exponiéndole los motivos. Para ello se utilizará la rúbrica 071, explicando en la rúbrica 080 los motivos por los que se añade la indicación. Para más información complementaria sobre la descripción se utilizará la rúbrica 083. |
| --- | --- |

a)

si un Estado miembro desea añadir una indicación, lo solicitará al Estado miembro informador a través de un formulario F, exponiéndole los motivos. Para ello se utilizará la rúbrica 071, explicando en la rúbrica 080 los motivos por los que se añade la indicación. Para más información complementaria sobre la descripción se utilizará la rúbrica 083.

| b) | El Estado miembro que haya introducido la descripción añadirá inmediatamente la indicación solicitada; |
| --- | --- |

b)

El Estado miembro que haya introducido la descripción añadirá inmediatamente la indicación solicitada;

| c) | una vez intercambiada la información, según la información proporcionada en el proceso de consulta por el Estado miembro que solicita la indicación, puede ser necesario modificar o suprimir la descripción, o la petición puede retirarse sin haberse modificado la descripción. |
| --- | --- |

c)

una vez intercambiada la información, según la información proporcionada en el proceso de consulta por el Estado miembro que solicita la indicación, puede ser necesario modificar o suprimir la descripción, o la petición puede retirarse sin haberse modificado la descripción.

2.6.3.   Solicitud de supresión de una indicación

Los Estados miembros solicitarán la supresión de una indicación previamente solicitada cuando el motivo de la indicación ya no exista. Esto puede ocurrir si la legislación nacional ha cambiado o si un nuevo intercambio de información sobre el caso revela que ya no concurren las circunstancias mencionadas en el artículo 24, apartado 1, o en el artículo 25 de la Decisión SIS II.

Se aplicará el procedimiento siguiente:

| a) | el Servicio Nacional SIRENE que previamente solicitó que se añadiera una indicación pedirá al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador que suprima la indicación, utilizando un formulario F. Se utilizará la rúbrica 075 a este efecto (23). Para más detalles sobre el Derecho nacional se utilizará la rúbrica 080 y, en su caso, para la información complementaria sobre el motivo de supresión de la indicación y más información complementaria sobre la descripción, se utilizará la rúbrica 083; |
| --- | --- |

a)

el Servicio Nacional SIRENE que previamente solicitó que se añadiera una indicación pedirá al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador que suprima la indicación, utilizando un formulario F. Se utilizará la rúbrica 075 a este efecto (23). Para más detalles sobre el Derecho nacional se utilizará la rúbrica 080 y, en su caso, para la información complementaria sobre el motivo de supresión de la indicación y más información complementaria sobre la descripción, se utilizará la rúbrica 083;

| b) | El Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador suprimirá inmediatamente la indicación. |
| --- | --- |

b)

El Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador suprimirá inmediatamente la indicación.

2.7.   Datos erróneos de hecho o de derecho (artículo 34 del Reglamento SIS II y artículo 49 de la Decisión SIS II)

Si resulta que de hecho o de derecho los datos almacenados en el SIS II son incorrectos o han sido introducidos ilícitamente, el intercambio de información complementaria tendrá lugar conforme a las normas enunciadas en el artículo 34, apartado 2, del Reglamento SIS II y el artículo 49, apartado 2, de la Decisión SIS II, que prevén que el Estado miembro informador será el único autorizado para modificar, completar, rectificar, actualizar o suprimir los datos que haya introducido.

El Estado miembro que detecte un error en los datos o que descubra que estos han sido introducidos ilícitamente, lo notificará al Estado miembro informador a través de su Servicio Nacional SIRENE, cuanto antes, y a más tardar diez días naturales después de detectar el error. Para el intercambio de información se utilizará un formulario J.

| a) | Según el resultado de las consultas, el Estado miembro informador tendrá que suprimir o corregir los datos, aplicando el procedimiento que proceda a nivel nacional para corregir el error. |
| --- | --- |

a)

Según el resultado de las consultas, el Estado miembro informador tendrá que suprimir o corregir los datos, aplicando el procedimiento que proceda a nivel nacional para corregir el error.

| b) | Si no se alcanza un acuerdo en el plazo de dos meses, el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro que haya detectado el error o que haya detectado que los datos se han almacenado ilegalmente aconsejará a la autoridad responsable de su país que remita el asunto al Supervisor Europeo de Protección de Datos, que, conjuntamente con las autoridades nacionales de supervisión, actuará como mediador. |
| --- | --- |

b)

Si no se alcanza un acuerdo en el plazo de dos meses, el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro que haya detectado el error o que haya detectado que los datos se han almacenado ilegalmente aconsejará a la autoridad responsable de su país que remita el asunto al Supervisor Europeo de Protección de Datos, que, conjuntamente con las autoridades nacionales de supervisión, actuará como mediador.

2.8.   Derecho de acceso y rectificación (artículo 41 del Reglamento SIS II y artículo 58 de la Decisión SIS II)

2.8.1.   Peticiones de acceso o de rectificación de datos

Sin perjuicio de lo previsto en la legislación nacional, cuando se deba informar a las autoridades nacionales de una solicitud de acceso o rectificación de datos, el intercambio de información tendrá lugar con arreglo a las normas siguientes:

| a) | cada uno de los Servicios Nacionales SIRENE aplicará su normativa nacional sobre el derecho de acceso a los datos personales. Según los casos y la normativa aplicable, los Servicios Nacionales SIRENE transmitirán a las autoridades nacionales competentes las solicitudes que se les remitan de acceso o de rectificación de datos o se pronunciarán sobre dichas solicitudes en la medida en que estén habilitados para ello; |
| --- | --- |

a)

cada uno de los Servicios Nacionales SIRENE aplicará su normativa nacional sobre el derecho de acceso a los datos personales. Según los casos y la normativa aplicable, los Servicios Nacionales SIRENE transmitirán a las autoridades nacionales competentes las solicitudes que se les remitan de acceso o de rectificación de datos o se pronunciarán sobre dichas solicitudes en la medida en que estén habilitados para ello;

| b) | si así lo solicitan las autoridades nacionales competentes, los Servicios Nacionales SIRENE de los Estados miembros interesados, de conformidad con sus legislaciones nacionales, les remitirán la información pertinente sobre el ejercicio del derecho de acceso a los datos. |
| --- | --- |

b)

si así lo solicitan las autoridades nacionales competentes, los Servicios Nacionales SIRENE de los Estados miembros interesados, de conformidad con sus legislaciones nacionales, les remitirán la información pertinente sobre el ejercicio del derecho de acceso a los datos.

2.8.2.   Intercambio de información sobre solicitudes de acceso a descripciones introducidas por otros Estados miembros

La información sobre las solicitudes de acceso a descripciones introducidas en el SIS II por otro Estado miembro se intercambiará a través de los Servicios Nacionales SIRENE, utilizando un formulario K para las personas o un formulario M para los objetos.

Se aplicará el procedimiento siguiente:

| a) | la solicitud de acceso se transmitirá al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador tan pronto como sea posible, a fin de que este pueda pronunciarse; |
| --- | --- |

a)

la solicitud de acceso se transmitirá al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador tan pronto como sea posible, a fin de que este pueda pronunciarse;

| b) | el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador comunicará su postura al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro receptor de la solicitud de acceso; |
| --- | --- |

b)

el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador comunicará su postura al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro receptor de la solicitud de acceso;

| c) | la respuesta del Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador tendrá en cuenta los plazos fijados para la tramitación de la misma por el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro que recibió la solicitud de acceso; |
| --- | --- |

c)

la respuesta del Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador tendrá en cuenta los plazos fijados para la tramitación de la misma por el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro que recibió la solicitud de acceso;

| d) | el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro que reciba una solicitud de acceso, corrección o supresión presentada por una persona adoptará todas las medidas necesarias para garantizar una respuesta oportuna. |
| --- | --- |

d)

el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro que reciba una solicitud de acceso, corrección o supresión presentada por una persona adoptará todas las medidas necesarias para garantizar una respuesta oportuna.

Si el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador comunica su postura al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro que recibió la solicitud de acceso, este Servicio Nacional SIRENE, con arreglo a la legislación nacional y dentro de los límites de sus competencias, se pronunciará sobre la solicitud o garantizará que dicha postura se transmita a la autoridad competente para pronunciarse sobre la petición lo antes posible.

2.8.3.   Intercambio de información sobre las solicitudes de rectificación o supresión de datos introducidos por otros Estados miembros

Cuando una persona solicita la rectificación o la supresión de sus datos, esto solo podrá hacerlo el Estado miembro informador. Si la persona se dirige a un Estado miembro distinto del que introdujo la descripción, los Servicios Nacionales SIRENE del Estado miembro requerido informarán al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador por medio de un formulario K y se aplicará el procedimiento descrito en la sección 2.8.2.

2.9.   Supresión de una descripción cuando dejan de cumplirse las condiciones para mantenerla

Las descripciones introducidas en SIS II se conservarán únicamente el tiempo necesario para cumplir la finalidad para la que se introdujeron.

En cuanto dejen de cumplirse las condiciones para mantener la descripción, el Estado miembro informador la suprimirá sin demora. Si la descripción tiene fecha de caducidad, la supresión se producirá automáticamente en el CS-SIS. De producirse una respuesta positiva, se aplicarán los procedimientos particulares descritos en las secciones 3.11, 4.10, 5.7, 6.5, 7.7 y 8.4.

El mensaje del CS-SIS sobre la supresión de la descripción será tramitado automáticamente por el N.SIS II.

Los Estados miembros pueden acogerse a la notificación automática de la supresión de una descripción.

2.10.   Introducción de nombres propios

Dentro de las limitaciones impuestas por los sistemas nacionales en relación con la introducción y disponibilidad de datos, los nombres propios (nombres y apellidos) se introducirán en el SIS II en el formato (caracteres y ortografía) utilizado en los documentos de viaje oficiales de conformidad con las normas de la OACI sobre documentos de viaje, que también se utilizan en las funcionalidades de transliteración y transcripción del SIS II Central. En el intercambio de información complementaria, los Servicios Nacionales SIRENE utilizarán los nombres propios tal como han sido introducidos en el SIS II. Tanto los usuarios como los Servicios Nacionales SIRENE de los Estados miembros informadores utilizarán, por regla general, caracteres latinos para introducir datos en el SIS II, sin perjuicio de las normas de transliteración y transcripción establecidas en el apéndice 1.

Cuando sea necesario intercambiar información complementaria sobre una persona que no es objeto de una descripción pero puede estar relacionada con ella (por ejemplo, una persona que acompañe a un menor desaparecido), la presentación y la ortografía del nombre se atendrán a las normas establecidas en el apéndice 1 y se escribirán en caracteres latinos y formato original, si el Estado miembro que facilita la información también es capaz de introducir caracteres especiales en el formato original.

2.11.   Distintas categorías de identidad

Identidad confirmada

Una identidad confirmada significa que la identidad ha sido confirmada sobre la base de documentos de identidad auténticos, mediante el pasaporte o mediante declaración de las autoridades competentes.

Identidad no confirmada

Una identidad no confirmada significa que no hay suficiente prueba de identidad.

Usurpación de identidad

La usurpación de identidad (nombre y apellidos, fecha de nacimiento) se produce cuando una persona, introducida en el SIS II, utiliza la identidad de otra persona real. Ello ocurre cuando se hace uso de un documento en perjuicio de su verdadero titular.

Alias

Un alias es una identidad supuesta utilizada por una persona a la que se conoce con otras identidades.

2.11.1.   Usurpación de identidad (artículo 36 del Reglamento SIS II y artículo 51 de la Decisión SIS II)

Dada la complejidad de los casos de usurpación de identidad, al tener conocimiento de que una persona sobre la que existe una descripción en el SIS II está usurpando la identidad de otra persona, el Estado miembro informador comprobará si es necesario mantener la identidad usurpada en la descripción del SIS II.

Con el consentimiento expreso de la persona y tan pronto como se determine que existe usurpación de identidad de una persona, se añadirán datos adicionales a la descripción en el SIS II con el fin de evitar las consecuencias negativas de la identificación errónea. La persona cuya identidad haya sido usurpada podrá, con arreglo a los procedimientos nacionales, proporcionar a las autoridades competentes la información especificada en el artículo 36, apartado 3, del Reglamento SIS II y en el artículo 51, apartado 3, de la Decisión SIS II. Cualquier persona cuya identidad se haya usurpado tendrá derecho a retirar su consentimiento para el tratamiento de la información.

El Estado miembro informador es el encargado de incluir la indicación “usurpación de identidad” en la descripción y de introducir datos adicionales de la víctima de la usurpación de identidad, como fotografías, impresiones dactilares e información sobre cualquier documento de identidad válido.

Cuando un Estado miembro descubra que una descripción de una persona introducida por otro Estado miembro está relacionada con un caso de usurpación de identidad, y haya quedado comprobada la usurpación de identidad de la persona, lo comunicará al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador utilizando un formulario Q, a fin de que la identidad usurpada pueda utilizarse en la descripción del SIS II.

Teniendo en cuenta la finalidad de la introducción de datos de esta naturaleza, cuando se disponga de fotografías y huellas dactilares de la persona cuya identidad ha sido usurpada, estas deberán añadirse a la descripción. Para que exista un caso de usurpación de identidad, los datos detallados de una persona inocente deben coincidir con una identidad existente en una descripción. El formulario Q debe contener los datos de identidad, incluido el número de alias, procedentes de la descripción, a fin de que el Estado miembro informador pueda comprobar la identidad de la descripción a la que se refiere el formulario. Las rúbricas obligatorias para rellenar un formulario Q en tales casos se indican en el apéndice 3.

Únicamente se podrá hacer uso de los datos de la persona cuya identidad haya sido usurpada si es para averiguar la identidad de la persona que está siendo controlada y en absoluto para ningún otro fin. La información sobre la identidad usurpada, incluidas las impresiones dactilares y las fotografías, se suprimirá al mismo tiempo que la descripción, o antes si la persona interesada así lo solicita.

2.11.2.   Introducción de un alias

A fin de evitar la introducción de descripciones incompatibles de cualquier categoría debido a un alias, de evitar problemas a las víctimas inocentes y para garantizar la calidad adecuada de los datos, los Estados miembros interesados se informarán mutuamente de los alias e intercambiarán toda la información pertinente sobre la verdadera identidad del sujeto buscado.

La responsabilidad de introducir un alias corresponderá al Estado miembro informador. Si otro Estado miembro descubre un alias, lo comunicará al Estado miembro informador utilizando un formulario M.

2.11.3.   Información complementaria para averiguar la identidad de una persona

El Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador también podrá, si los datos del SIS II son insuficientes, facilitar más información previa consulta, por propia iniciativa o a instancia de otro Estado miembro, a fin de ayudar a comprobar la identidad de una persona. Para ello se utilizará un formulario L (y sus anexos). Se trata, en particular, de averiguar lo siguiente:

| — | el origen del pasaporte o del documento de identidad en posesión de la persona buscada, |
| --- | --- |

—

el origen del pasaporte o del documento de identidad en posesión de la persona buscada,

| — | el número, fecha, lugar y autoridad de expedición del pasaporte o del documento de identidad y fecha de caducidad, |
| --- | --- |

—

el número, fecha, lugar y autoridad de expedición del pasaporte o del documento de identidad y fecha de caducidad,

| — | la descripción de la persona buscada, |
| --- | --- |

—

la descripción de la persona buscada,

| — | apellidos y nombre de la madre y del padre de la persona buscada, |
| --- | --- |

—

apellidos y nombre de la madre y del padre de la persona buscada,

| — | otras posibles grafías del nombre y los apellidos de la persona buscada, |
| --- | --- |

—

otras posibles grafías del nombre y los apellidos de la persona buscada,

| — | fotografías y huellas dactilares, si se dispone de ellas, |
| --- | --- |

—

fotografías y huellas dactilares, si se dispone de ellas,

| — | última dirección conocida. |
| --- | --- |

—

última dirección conocida.

En la medida de lo posible, esta información estará disponible en los Servicios Nacionales SIRENE o les será inmediata y permanentemente accesible para su rápida transmisión.

El objetivo común es minimizar el riesgo de detener por error a alguien cuyas señas de identidad sean similares a las de la persona sobre la que se ha introducido una descripción en el sistema.

2.12.   Intercambio de información en caso de conexión entre descripciones

El efecto de estas conexiones será establecer una relación entre dos o más descripciones.

Un Estado miembro podrá crear una conexión entre las descripciones que introduzca en el SIS II, y solo este Estado miembro podrá modificar y suprimir la conexión. Las conexiones solo serán visibles para los usuarios que dispongan de derechos de acceso que les permitan visualizar al menos dos descripciones de la conexión. Los Estados miembros garantizarán que únicamente las personas autorizadas puedan acceder a las conexiones.

2.12.1.   Normas operativas

Las conexiones entre descripciones no requieren procedimientos especiales para el intercambio de información complementaria. Sin embargo, se observarán los siguientes principios:

En caso de respuesta positiva sobre dos o más descripciones conectadas, el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro de ejecución enviará un formulario G para cada una de ellas indicando en la rúbrica 086 que se enviarán otros formularios G sobre las descripciones conectadas.

No se enviará ningún formulario para las descripciones que, aunque hayan estado conectadas a una descripción sobre la que se ha producido una respuesta positiva, no hayan sido objeto de respuesta positiva. No obstante, si hay una descripción conectada a efectos de entrega/extradición o de una persona desaparecida (para su propia protección o prevenir amenazas), la comunicación de este descubrimiento se llevará a cabo utilizando un formulario M, si procede y se dispone de la información.

2.13.   Formato y calidad de los datos biométricos en SIS II

De conformidad con artículo 23, apartado 2, de la Decisión SIS II, las fotografías y las huellas dactilares de la persona se añadirán a la descripción cuando estén disponibles.

Los Servicios Nacionales SIRENE podrán intercambiar fotografías y huellas dactilares a fin de completar la descripción o de apoyar la ejecución de la medida que deba adoptarse. Cuando un Estado miembro tenga una fotografía o huellas dactilares de una persona respecto de la que otro Estado miembro haya introducido una descripción, podrá enviar las fotografías y las huellas dactilares como anexos para permitir al Estado miembro informador completar la descripción.

Este intercambio se realizará sin perjuicio de los intercambios en el marco de la cooperación policial en aplicación de la Decisión Marco 2006/960/JAI del consejo.

2.13.1.   Uso posterior de los datos intercambiados, incluido el archivo

Los instrumentos jurídicos del SIS II establecen limitaciones a la utilización de los datos facilitados para las descripciones del SIS II. El uso posterior de fotografías y huellas dactilares intercambiadas, incluido su archivo, deberá respetar las disposiciones vigentes de los instrumentos jurídicos del SIS II, las disposiciones nacionales aplicables en materia de protección de datos, de conformidad con la Directiva 95/46/CE y con la Decisión Marco 2008/977/JAI.

Cualquier almacenamiento de huellas dactilares a nivel nacional cumplirá plenamente las normas de SIS II relativas a la protección de datos. Los Estados miembros mantendrán las bases de datos sobre huellas dactilares descargados de CS-SIS separados de los datos sobre huellas dactilares nacionales, y esos datos se suprimirán al mismo tiempo que las descripciones e informaciones complementarias correspondientes.

2.13.2.   Intercambio de huellas dactilares y fotografías

Se aplicará el procedimiento siguiente:

| a) | el Servicio Nacional SIRENE informador enviará un formulario L por la vía electrónica habitual, indicando en la rúbrica 083 de un formulario L que se envían las huellas dactilares y las fotografías para completar una descripción en el SIS II; |
| --- | --- |

a)

el Servicio Nacional SIRENE informador enviará un formulario L por la vía electrónica habitual, indicando en la rúbrica 083 de un formulario L que se envían las huellas dactilares y las fotografías para completar una descripción en el SIS II;

| b) | el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador añadirá las huellas dactilares o las fotografías a la descripción del SIS II o las enviará a la autoridad competente para completar la descripción. |
| --- | --- |

b)

el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador añadirá las huellas dactilares o las fotografías a la descripción del SIS II o las enviará a la autoridad competente para completar la descripción.

2.13.3.   Requisitos técnicos

Las huellas dactilares y las fotografías se recogerán y transmitirán de conformidad con las normas que se definan en las disposiciones de aplicación para la introducción de datos biométricos en el SIS II.

Todos los servicios nacionales SIRENE deberán cumplir esas normas técnicas.

2.13.4.   Formato y calidad de los datos biométricos

Todos los datos biométricos que se introduzcan en el sistema serán sometidos a un control de calidad específico para garantizar un nivel de calidad mínimo común a todos los usuarios del SIS II.

Antes de su introducción, se realizarán controles a nivel nacional para asegurarse de que:

| a) | los datos de las huellas dactilares se ajustan al formato especificado ANSI/NIST—ITL 1-2000, establecido a efectos de Interpol y adaptado para SIS II, |
| --- | --- |

a)

los datos de las huellas dactilares se ajustan al formato especificado ANSI/NIST—ITL 1-2000, establecido a efectos de Interpol y adaptado para SIS II,

| b) | las fotografías, que solamente se utilizarán para confirmar la identidad de una persona que haya sido localizada a resultas de una consulta alfanumérica realizada en el SIS II, cumplen los siguientes requisitos: las fotografías frontales de cara serán, en la medida de lo posible, de 3:4 o de 4:5. Cuando sea posible, se utilizará una resolución de al menos 480 × 600 píxeles con una intensidad de color de 24 bits. Si la imagen se obtiene mediante escaneo, el tamaño de imagen será, en la medida de lo posible, menor de 200 kilobytes. |
| --- | --- |

b)

las fotografías, que solamente se utilizarán para confirmar la identidad de una persona que haya sido localizada a resultas de una consulta alfanumérica realizada en el SIS II, cumplen los siguientes requisitos: las fotografías frontales de cara serán, en la medida de lo posible, de 3:4 o de 4:5. Cuando sea posible, se utilizará una resolución de al menos 480 × 600 píxeles con una intensidad de color de 24 bits. Si la imagen se obtiene mediante escaneo, el tamaño de imagen será, en la medida de lo posible, menor de 200 kilobytes.

2.14.   Tipos especiales de búsqueda

2.14.1.   Búsqueda geográfica

La búsqueda geográfica es la que se realiza cuando un Estado miembro dispone de indicios claros sobre el paradero de la persona o del objeto de una descripción en una zona geográfica limitada.

Las búsquedas geográficas en el espacio Schengen se realizarán sobre la base de una descripción del SIS II. Cuando se conozca el paradero de la persona o del objeto, la rúbrica 311 (Aviso importante) podrá rellenarse indicando la búsqueda geográfica y seleccionando los países de que se trate. Además, si el paradero es conocido en el momento de introducir una descripción para la detención, la rúbrica 061 de un formulario A incluirá la información sobre el paradero de la persona buscada. En los demás casos, incluida la comunicación del paradero de objetos, se utilizará un formulario M (rúbrica 083). Se deberán introducir en el SIS II todas las descripciones de personas objeto de una orden de búsqueda con el fin de garantizar que las solicitudes de detención preventiva puedan ser inmediatamente ejecutables (artículo 9, apartado 3, de la Decisión Marco 2002/584/JAI).

Cuando el objeto de una búsqueda geográfica esté situado en un lugar distinto del indicado en la búsqueda geográfica del Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador, se comunicará este hecho, utilizando un formulario M, al (a los) Estado(s) miembro(s) que participa(n) en la zona de búsqueda para que pongan fin a los trabajos correspondientes.

2.14.2.   Participación de unidades especiales de policía en búsquedas focalizadas (ELAF)

Los Servicios Nacionales SIRENE de los Estados miembros requeridos también pueden recurrir a las búsquedas focalizadas que realizan las unidades especiales de policía (Equipo de Localización Activa de Fugitivos, ELAF). La descripción del SIS II no debe ser sustituida por la cooperación internacional entre las mencionadas unidades de policía. Esta cooperación no debe solaparse con la función del Servicio Nacional SIRENE como punto central de búsquedas a través del SIS II.

Se cooperará para garantizar que el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador sea informado por las unidades nacionales de policía ELAF de cualquier operación en curso que pueda estar relacionada con una descripción introducida en el SIS II. Dicha oficina SIRENE facilitará esta información, si procede, a las demás oficinas SIRENE. Cualquier operación coordinada de la REELAF (Red Europea de Equipos de Localización Activa de Fugitivos) que implique la cooperación de las oficinas SIRENE deberán notificarse previamente a la oficina SIRENE.

Las oficinas SIRENE garantizarán un flujo rápido de información complementaria, incluida la información sobre descripciones, a las unidades especiales de policía (ELAF) que intervengan en la investigación.

3.   DESCRIPCIONES RELATIVAS A PERSONAS BUSCADAS PARA SU DETENCIÓN A EFECTOS DE ENTREGA O EXTRADICIÓN (ARTÍCULO 26 DE LA DECISIÓN SIS II)

3.1.   Introducción de una descripción

La mayoría de las descripciones para la detención irán acompañadas de una orden de detención europea. No obstante, una descripción para la detención también permite la detención preventiva antes de obtener la solicitud de extradición con arreglo al artículo 16 del Convenio Europeo de Extradición.

La orden de detención europea o la solicitud de extradición serán emitidas por una autoridad judicial competente para dictarlas en el Estado miembro informador.

Al introducir una descripción para la detención a efectos de entrega, se introducirá en el SIS II una copia de la orden de detención europea original. También podrá introducirse una traducción de la orden de detención europea en una o varias lenguas oficiales de las instituciones de la Unión.

Además, las fotografías y las huellas dactilares de la persona se añadirán a la descripción cuando estén disponibles.

La información pertinente, incluida la orden de detención europea o la solicitud de extradición, suministrada sobre las personas buscadas para su detención a efectos de entrega o extradición, estará disponible para el Servicio Nacional SIRENE cuando se introduzca la descripción. Habrá que comprobar que la información está completa y ha sido correctamente presentada.

Los Estados miembros podrán introducir más de una orden de detención europea por cada descripción para la detención. Es responsabilidad del Estado miembro informador suprimir la orden de detención europea que deje de ser válida, comprobar si hay otras órdenes de detención europeas adjuntas a la descripción y ampliar la descripción en caso necesario.

Además de la orden de detención europea adjuntada por el Estado miembro a una descripción, se podrán adjuntar traducciones de la orden de detención europea, en caso necesario, en ficheros binarios separados.

Para los documentos escaneados que deban adjuntarse a las descripciones, en la medida de lo posible, se utilizará una resolución mínima de 150 DPI.

3.2.   Descripciones múltiples

Por lo que respecta a los procedimientos generales, véase la sección 2.2.

Además, se aplicarán las siguientes normas:

Varios Estados miembros podrán introducir una descripción para la detención sobre la misma persona. Si dos o más Estados miembros introducen una descripción sobre la misma persona y dicha detención se produce, corresponderá a la autoridad judicial del Estado miembro en el que se haya practicado la detención decidir qué orden ejecutar. El Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro de ejecución enviará un formulario G a cada Estado miembro interesado.

3.3.   Usurpación de identidad

Véase el procedimiento general en la sección 2.11.1.

3.4.   Introducción de un alias

Véase el procedimiento general en la sección 2.11.2.

En el caso de las descripciones para la detención, el Servicio Nacional SIRENE utilizará la rúbrica 011 de un formulario A
   (24) (en el momento de introducción de la descripción) o posteriormente un formulario M, al informar a los otros Estados miembros de los alias relacionados con las descripciones para la detención, cuando el Servicio Nacional SIRENE disponga de esta información.

3.5.   Envío de información complementaria a los Estados miembros

Cuando se introduzca una descripción, se enviará información complementaria relativa a la descripción a todos los Estados miembros.

La información mencionada en la sección 3.5.1 se enviará a los otros Servicios Nacionales SIRENE por medio del formulario A, al mismo tiempo que se introduce la descripción. Cualquier otra información que se precise a efectos de identificación se enviará previa consulta o a instancia de otro Estado miembro.

Cuando existan varias órdenes de detención europeas o solicitudes de extradición relativas a la misma persona, se rellenarán formularios A distintos para cada orden de detención europea o solicitud de extradición.

La orden de detención europea, la solicitud de extradición y el formulario A [en particular, la sección e) de la orden de detención europea, “Descripción de las circunstancias, incluidos lugar y fecha, en que se cometieron la infracción o infracciones”, y las rúbricas 042, 043, 044 y 045, “Descripción de las circunstancias”] deberán incluir la suficiente información para que los Servicios Nacionales SIRENE puedan comprobar la descripción. El apéndice 3 presenta la información necesaria y su relación con las rúbricas de la orden de detención europea.

Si una orden de detención europea es sustituida o revocada, se indicará en la rúbrica 267 de un formulario A (artículo 26 de la Decisión SIS II) o en la rúbrica 044 de un formulario A (Solicitud de extradición/Descripciones migradas) con la mención siguiente: “
  Este formulario sustituye al formulario (número de referencia) relativo a la orden de detención europea (número de referencia) emitida el (fecha).”.

3.5.1.   Información complementaria que deberá enviarse en relación con la detención preventiva

3.5.1.1.   Al introducir una descripción basada tanto en una orden de detención europea como en una solicitud de extradición

Al introducir una descripción para la detención a efectos de extradición, se enviará información complementaria a todos los Estados miembros utilizando un formulario A. Si los datos de la descripción y la información complementaria enviada a los Estados miembros en relación con una orden de detención europea no fueran suficientes a efectos de extradición, se ofrecerá información adicional.

En la rúbrica 239 se indicará que el formulario se refiere tanto a una orden de detención europea como a una solicitud de extradición.

3.5.1.2.   Al introducir una descripción basada únicamente en una solicitud de extradición

Al introducir una descripción para la detención a efectos de extradición, se enviará información complementaria a todos los Estados miembros utilizando un formulario A.

En la rúbrica 239 se indicará que el formulario se refiere a una solicitud de extradición.

3.6.   Introducción de una indicación

Por lo que respecta a las normas generales, véase la sección 2.6.

Si puede ejecutarse al menos una de las órdenes de detención europeas adjuntas a la descripción, no se introducirá indicación alguna en la descripción.

Si una orden de detención europea contiene más de una infracción y si la entrega puede llevarse a cabo con respecto, al menos, a una de dichas infracciones, no se introducirá indicación alguna en la descripción.

Como se señala en la sección 2.6, se considerará que la finalidad de una descripción con indicación según el artículo 26 de la Decisión SIS II, durante el período de duración de la indicación, es comunicar el paradero de la persona objeto de la misma.

3.6.1.   Solicitud de introducción sistemática de una indicación en las descripciones de personas buscadas para su detención a efectos de extradición cuando no se aplica la Decisión 2002/584/JAI

Se aplicará el procedimiento siguiente:

| a) | en caso de descripciones de personas buscadas para su detención a efectos de extradición, cuando no se aplique la Decisión 2002/584/JAI, un Servicio Nacional SIRENE podrá instar a otros Servicios Nacionales SIRENE a añadir sistemáticamente una indicación a las descripciones de personas relativas a sus nacionales introducidas con arreglo al artículo 26 de la Decisión SIS II; |
| --- | --- |

a)

en caso de descripciones de personas buscadas para su detención a efectos de extradición, cuando no se aplique la Decisión 2002/584/JAI, un Servicio Nacional SIRENE podrá instar a otros Servicios Nacionales SIRENE a añadir sistemáticamente una indicación a las descripciones de personas relativas a sus nacionales introducidas con arreglo al artículo 26 de la Decisión SIS II;

| b) | el Servicio Nacional SIRENE que lo desee enviará una solicitud escrita a los demás Servicios Nacionales SIRENE; |
| --- | --- |

b)

el Servicio Nacional SIRENE que lo desee enviará una solicitud escrita a los demás Servicios Nacionales SIRENE;

| c) | el Servicio Nacional SIRENE que reciba una solicitud en este sentido añadirá una indicación para el Estado miembro en cuestión inmediatamente después de la introducción de la descripción; |
| --- | --- |

c)

el Servicio Nacional SIRENE que reciba una solicitud en este sentido añadirá una indicación para el Estado miembro en cuestión inmediatamente después de la introducción de la descripción;

| d) | la indicación se conservará hasta que el Servicio Nacional SIRENE que lo solicitó pida su supresión. |
| --- | --- |

d)

la indicación se conservará hasta que el Servicio Nacional SIRENE que lo solicitó pida su supresión.

3.7.   Actuación de los Servicios Nacionales SIRENE al recibir una descripción para la detención

Cuando un Servicio Nacional SIRENE reciba un formulario A, investigará a la mayor brevedad todas las fuentes disponibles para intentar localizar al sujeto. El hecho de que la información facilitada por el Estado miembro informador no sea suficiente para ser aceptada por el Estado miembro receptor no impedirá que se lleven a cabo las búsquedas. Los Estados miembros receptores deberán efectuar búsquedas en la medida en que lo permitan sus legislaciones nacionales.

Si se da por buena la descripción para la detención y se localiza y detiene al sujeto en un Estado miembro, el Servicio Nacional SIRENE receptor enviará la información contenida en un formulario A a la autoridad del Estado miembro responsable de la ejecución de la orden de detención europea o de la solicitud de extradición. Si se solicita el original de la orden de detención europea o de la solicitud de extradición, la autoridad judicial emisora podrá transmitirlo directamente a la autoridad judicial de ejecución (salvo si el Estado miembro informador o el Estado miembro de ejecución disponen otras modalidades de transmisión).

3.8.   Intercambio de información en caso de respuesta positiva

Véase el procedimiento general en la sección 2.3.

Además, se aplicará el siguiente procedimiento:

| a) | se comunicarán inmediatamente al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador las respuestas positivas sobre las personas objeto de descripción para la detención. Por otra parte, tras enviar un formulario G, el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro de ejecución comunicará también la respuesta positiva al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador, en su caso, por teléfono; |
| --- | --- |

a)

se comunicarán inmediatamente al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador las respuestas positivas sobre las personas objeto de descripción para la detención. Por otra parte, tras enviar un formulario G, el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro de ejecución comunicará también la respuesta positiva al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador, en su caso, por teléfono;

| b) | en caso de necesidad, el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador comunicará al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro de ejecución toda la información pertinente sobre las medidas concretas que deberá tomar este último. |
| --- | --- |

b)

en caso de necesidad, el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador comunicará al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro de ejecución toda la información pertinente sobre las medidas concretas que deberá tomar este último.

| c) | la autoridad competente para recibir la orden de detención europea o la solicitud de extradición, sus datos detallados de contacto (dirección postal, teléfono y, si es posible, fax y correo electrónico), número de referencia (cuando exista), persona responsable (cuando exista), lengua exigida, plazo límite y forma de entrega, se facilitarán en la rúbrica 091 de un formulario G; |
| --- | --- |

c)

la autoridad competente para recibir la orden de detención europea o la solicitud de extradición, sus datos detallados de contacto (dirección postal, teléfono y, si es posible, fax y correo electrónico), número de referencia (cuando exista), persona responsable (cuando exista), lengua exigida, plazo límite y forma de entrega, se facilitarán en la rúbrica 091 de un formulario G;

| d) | además, el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador comunicará la respuesta positiva a los demás Servicios Nacionales SIRENE utilizando un formulario M, en los casos en que se hayan establecido vínculos claros con determinados Estados miembros en relación con los hechos del caso y se hayan iniciado nuevas investigaciones; |
| --- | --- |

d)

además, el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador comunicará la respuesta positiva a los demás Servicios Nacionales SIRENE utilizando un formulario M, en los casos en que se hayan establecido vínculos claros con determinados Estados miembros en relación con los hechos del caso y se hayan iniciado nuevas investigaciones;

| e) | los Servicios Nacionales SIRENE podrán transmitir información complementaria sobre las descripciones con arreglo al artículo 26 de la Decisión SIS II, y al hacerlo podrán actuar en nombre de las autoridades judiciales siempre que dicha información corresponda al ámbito de la asistencia judicial mutua. |
| --- | --- |

e)

los Servicios Nacionales SIRENE podrán transmitir información complementaria sobre las descripciones con arreglo al artículo 26 de la Decisión SIS II, y al hacerlo podrán actuar en nombre de las autoridades judiciales siempre que dicha información corresponda al ámbito de la asistencia judicial mutua.

3.9.   Intercambio de información complementaria sobre la entrega o la extradición

Cuando las autoridades judiciales competentes informen al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro de ejecución sobre si podrá tener lugar la entrega o extradición de una persona sobre la que se ha introducido una descripción para la detención, dicho Servicio Nacional SIRENE comunicará inmediatamente dicha información al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador por medio de un formulario M, indicando en la rúbrica 083 las palabras “ENTREGA” o “EXTRADICIÓN”
   (25). Las modalidades de entrega o extradición se comunicarán, en su caso, a través de los Servicios Nacionales SIRENE lo antes posible.

3.10.   Intercambio de información complementaria sobre el tránsito a través de otro Estado miembro

Si el tránsito de una persona fuera necesario, el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro que la persona deberá atravesar facilitará la información y el apoyo necesario, en respuesta a una petición del Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador o de la autoridad judicial competente, enviada por el Servicio Nacional SIRENE, por medio de un formulario M marcado con la palabra “TRÁNSITO” al principio de la rúbrica 083.

3.11.   Supresión de descripciones en el momento de la entrega o la extradición

La supresión de las descripciones para la detención a efectos de entrega o extradición se llevará a cabo una vez que la persona haya sido entregada o extraditada a las autoridades competentes del Estado miembro informador, pero también puede producirse en el momento en que la resolución judicial en la que se base la descripción sea revocada por la autoridad judicial competente con arreglo a la legislación nacional.

4.   DESCRIPCIONES PARA LA DENEGACIÓN DE ENTRADA O DE ESTANCIA (ARTÍCULO 24 DEL REGLAMENTO SIS II)

Introducción

El intercambio de información sobre los nacionales de terceros países sobre los que se ha introducido una descripción con arreglo al artículo 24 del Reglamento SIS II permite a los Estados miembros adoptar decisiones sobre las solicitudes de entrada o de visado. Si la persona ya se halla en el territorio del Estado miembro, dicho intercambio permite a las autoridades nacionales tomar las medidas pertinentes para expedirle un permiso de residencia, un visado de larga duración o expulsarlo. En esta sección las referencias a los visados se hacen a los visados de larga duración, salvo que se especifique otra cosa (por ejemplo, visado de retorno).

La aplicación de los procedimientos de información previstos en el artículo 5, apartado 4, del Código de Fronteras Schengen y de los procedimientos de consulta establecidos en el artículo 25 del Convenio de Schengen, es competencia de las autoridades responsables de los controles fronterizos y de la expedición de visados o permisos de residencia. En principio, los Servicios Nacionales SIRENE no participarán en dichos procedimientos si no es para transmitir información complementaria directamente relacionada con las descripciones (por ejemplo, aviso de aparición de una respuesta positiva, precisiones sobre la identidad de una persona) o para suprimirlas.

Sin embargo, los Servicios Nacionales SIRENE sí podrán transmitir la información complementaria necesaria para la expulsión o denegación de la entrada de un nacional de un tercer país; y podrán participar en la transmisión de toda información complementaria generada por estas acciones.

La Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (26), no es aplicable en Suiza. Por lo tanto, en caso de respuesta positiva sobre un nacional de un tercer país que disfrute del derecho de libre circulación, se seguirán los procedimientos de consulta normales entre Suiza, el Estado miembro informador y cualquier Estado miembro que pueda poseer información pertinente sobre el derecho de libre circulación del nacional de un tercer país.

4.1.   Introducción de una descripción

De conformidad con el artículo 25 del Reglamento SIS II, los nacionales de terceros países que disfrutan del derecho a la libre circulación, en el sentido de la Directiva 2004/38/CE, están sujetos a normas específicas. El Servicio Nacional SIRENE podrá facilitar, en la medida de lo posible, cualquier información que se haya utilizado para evaluar si debía introducirse una descripción para la denegación de entrada o de estancia a un beneficiario del derecho a la libre circulación (27). En el caso excepcional de que la descripción introducida se refiera a un nacional de un tercer país que disfrute del derecho de libre circulación, el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador enviará un formulario M a todos los demás Estados miembros, tomando como base la información suministrada por la autoridad que haya introducido la descripción (véanse secciones 4.6 y 4.7).

Además, el artículo 26 del Reglamento SIS II establece que, en determinadas condiciones, podrán introducirse descripciones de los nacionales de terceros países objeto de una medida restrictiva destinada a impedir la entrada en el territorio de los Estados miembros o el tránsito por él, cuando dicha medida haya sido adoptada de conformidad con el artículo 29 del Tratado de la Unión Europea (28). Las descripciones serán introducidas y actualizadas por la autoridad competente del Estado miembro que ejerza la Presidencia del Consejo de la Unión Europea en el momento de la adopción de la medida. Si este Estado miembro no tuviera acceso al SIS II o a las descripciones conforme al artículo 24 del Reglamento SIS II, la responsabilidad será asumida por el Estado miembro que ejerza la Presidencia siguiente y tenga acceso al SIS II, incluido el acceso a las descripciones conforme al artículo 24 del Reglamento SIS II.

Los Estados miembros deberán instaurar los procedimientos necesarios para introducir, actualizar y suprimir dichas descripciones.

4.2.   Descripciones múltiples

Véase el procedimiento general en la sección 2.2.

4.3.   Usurpación de identidad

Véase el procedimiento general en la sección 2.11.1.

Pueden surgir problemas cuando un nacional de un tercer país objeto de una descripción para la denegación de entrada o de estancia utiliza ilegalmente la identidad de un ciudadano de un Estado miembro para intentar entrar. Si se descubre tal situación, se comunicará a las autoridades competentes de los Estados miembros la forma de utilizar correctamente la función de usurpación de identidad en el SIS II. Las descripciones para la denegación de entrada no se emitirán con la identidad principal de un ciudadano de un Estado miembro.

4.4.   Introducción de un alias

Por lo que respecta a las normas generales, véase la sección 2.11.2.

4.5.   Intercambio de información durante la expedición de permisos de residencia o visados

Se aplicará el procedimiento siguiente:

| a) | sin perjuicio del procedimiento especial relativo al intercambio de información, que se aplica de conformidad con el artículo 25 del Convenio de Schengen; y sin perjuicio de la sección 4.8, que se refiere al intercambio de información a raíz de una respuesta positiva sobre un nacional de un tercer país que disfrute del derecho de libre circulación (en este caso es obligatoria la consulta al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador); el Estado miembro de ejecución podrá comunicar al Estado miembro informador que se ha localizado una descripción para la denegación de entrada en el curso del procedimiento de concesión de un permiso de residencia o un visado. El Estado miembro informador podrá comunicarlo a continuación a los demás Estados miembros utilizando un formulario M, si procede; |
| --- | --- |

a)

sin perjuicio del procedimiento especial relativo al intercambio de información, que se aplica de conformidad con el artículo 25 del Convenio de Schengen; y sin perjuicio de la sección 4.8, que se refiere al intercambio de información a raíz de una respuesta positiva sobre un nacional de un tercer país que disfrute del derecho de libre circulación (en este caso es obligatoria la consulta al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador); el Estado miembro de ejecución podrá comunicar al Estado miembro informador que se ha localizado una descripción para la denegación de entrada en el curso del procedimiento de concesión de un permiso de residencia o un visado. El Estado miembro informador podrá comunicarlo a continuación a los demás Estados miembros utilizando un formulario M, si procede;

| b) | si así lo solicitan y, con arreglo a la legislación nacional, los Servicios Nacionales SIRENE de los Estados miembros interesados podrán colaborar en la transmisión de la información necesaria a las autoridades responsables de la expedición de permisos de residencia y visados. |
| --- | --- |

b)

si así lo solicitan y, con arreglo a la legislación nacional, los Servicios Nacionales SIRENE de los Estados miembros interesados podrán colaborar en la transmisión de la información necesaria a las autoridades responsables de la expedición de permisos de residencia y visados.

4.5.1.   Procedimientos especiales conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Convenio de Schengen

Procedimiento de conformidad con el artículo 25, apartado 1, del Convenio de Schengen

Si un Estado miembro que proyecta la concesión de un permiso de residencia o un visado descubre que el solicitante es objeto de una descripción para la denegación de entrada o de estancia introducida por otro Estado miembro, consultará con el Estado miembro informador a través de los Servicios Nacionales SIRENE. El Estado miembro que esté proyectando la concesión de un permiso de residencia o de un visado utilizará un formulario N para comunicar al Estado miembro informador la decisión de conceder el permiso de residencia o el visado. Si el Estado miembro decide conceder el permiso de residencia o el visado, se procederá a suprimir la descripción. No obstante, la persona podrá ser incluida en la lista nacional de personas no admisibles del Estado miembro informador.

Procedimiento de conformidad con el artículo 25, apartado 2, del Convenio de Schengen

Si un Estado miembro que ha introducido una descripción para la denegación de entrada o de estancia descubre que a la persona objeto de la descripción se le ha expedido un permiso de residencia o un visado, iniciará un procedimiento de consulta con el Estado miembro que haya expedido el permiso de residencia o el visado, a través de los Servicios Nacionales SIRENE. El Estado miembro que haya concedido el permiso de residencia o el visado utilizará un formulario O para comunicar al Estado miembro informador la decisión de retirar o no el permiso de residencia o el visado. Si este Estado miembro decide mantener el permiso de residencia o el visado, se procederá a suprimir la descripción. La persona podrá, sin embargo, ser inscrita en la lista nacional de personas no admisibles de un Estado miembro.

La consulta a través de los Servicios Nacionales SIRENE utilizando un formulario O también se realizará si el Estado miembro que ha expedido el permiso de residencia descubre posteriormente que en el SIS II existe una descripción para la denegación de entrada o de estancia de la persona en cuestión (29).

Si un tercer Estado miembro (distinto del que concedió el permiso de residencia y del que introdujo la descripción) descubre que existe una descripción sobre un nacional de un tercer país que es titular de un permiso de residencia o de un visado de uno de los Estados miembros, lo notificará tanto al Estado miembro que concedió el permiso o el visado como al Estado miembro que introdujo la descripción, a través de los Servicios Nacionales SIRENE, utilizando un formulario H.

Si el procedimiento previsto en el artículo 25 del Convenio de Schengen conduce a la supresión de una descripción para la denegación de entrada o de estancia, los Servicios Nacionales SIRENE prestarán su ayuda si se les requiere, dentro del respeto de su legislación nacional.

4.5.2.   Procedimientos especiales conforme a lo dispuesto en el artículo 5, apartado 4, letras a) y c), del Código de Fronteras de Schengen

Procedimiento a seguir en los casos previstos en el artículo 5, apartado 4, letra a)

Según el artículo 5, apartado 4, letra a), del Código de Fronteras de Schengen, podrá autorizarse la entrada en el territorio de los Estados miembros a aquellos nacionales de terceros países que sean objeto de una descripción para la denegación de entrada o estancia pero sean titulares de un permiso de residencia o de un visado de larga duración o de regreso expedido por uno de los Estados miembros, al objeto de que puedan llegar en tránsito al territorio del Estado miembro que haya expedido el permiso de residencia, el visado de larga duración o el visado de regreso, cruzando la frontera de un tercer Estado miembro. Podrá denegarse la entrada en el caso de que este Estado miembro haya introducido una descripción para la denegación de entrada. En ambos casos, a instancia de la autoridad competente, el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro en que la persona intente entrar enviará a los Servicios Nacionales SIRENE de los dos Estados miembros afectados un mensaje (un formulario H si se ha permitido el tránsito/un formulario G si se ha denegado la entrada) informándoles de la contradicción y pidiéndoles que se consulten entre sí a efectos de suprimir la descripción del SIS II o de retirar el permiso de residencia o el visado. También podrá pedir que se le comunique el resultado de las consultas.

Si el nacional del tercer país en cuestión intenta entrar en el Estado miembro que ha introducido la descripción en el SIS II, su entrada podrá ser rechazada por este Estado miembro. Sin embargo, a instancia de la autoridad competente, el Servicio Nacional SIRENE de ese Estado miembro consultará al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro que haya expedido el permiso de residencia o el visado a fin de que la autoridad competente pueda determinar si existen razones suficientes para retirar el permiso de residencia o el visado. El Estado miembro que haya concedido el permiso de residencia o el visado utilizará un formulario O para comunicar al Estado miembro informador la decisión de retirar o no el permiso de residencia o el visado. Si este Estado miembro decide mantener el permiso de residencia o el visado, se procederá a suprimir la descripción. La persona podrá, sin embargo, ser inscrita en la lista nacional de personas no admisibles de un Estado miembro.

Si esta persona intenta entrar en el Estado miembro que ha expedido el permiso de residencia o el visado, se le permitirá la entrada en el territorio, pero el Servicio Nacional SIRENE de este Estado miembro, a instancia de la autoridad competente, consultará al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador, a fin de permitir a las autoridades competentes decidir sobre la retirada del permiso de residencia o del visado o sobre la supresión de la descripción. El Estado miembro que haya concedido el permiso de residencia o el visado utilizará un formulario O para comunicar al Estado miembro informador la decisión de retirar o no el permiso de residencia o el visado. Si el Estado miembro decide mantener la validez del permiso de residencia o del visado, se procederá a suprimir la descripción. La persona podrá, sin embargo, ser inscrita en la lista nacional de personas no admisibles de un Estado miembro.

Procedimiento a seguir en los casos previstos en el artículo 5, apartado 4, letra c)

Según el artículo 5, apartado 4, letra c), un Estado miembro, por motivos humanitarios, de interés nacional o por obligaciones internacionales, podrá establecer una excepción al principio de no admisión de una persona sobre la que se haya introducido una descripción para la denegación de entrada. A instancia de la autoridad competente, el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro que haya permitido la entrada lo comunicará al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador, por medio de un formulario H.

4.6.   Normas comunes relativas a los procedimientos mencionados en la sección 4.5

| a) | El Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro que haya concedido o tenga previsto conceder o mantener un permiso de residencia o un visado de larga duración solo deberá enviar un formulario N o un formulario O por procedimiento de consulta para informar al Estado miembro que haya expedido o tenga previsto expedir una descripción de denegación de entrada sobre la decisión final de conceder, mantener o revocar el permiso de residencia o el visado. |
| --- | --- |

a)

El Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro que haya concedido o tenga previsto conceder o mantener un permiso de residencia o un visado de larga duración solo deberá enviar un formulario N o un formulario O por procedimiento de consulta para informar al Estado miembro que haya expedido o tenga previsto expedir una descripción de denegación de entrada sobre la decisión final de conceder, mantener o revocar el permiso de residencia o el visado.

| b) | El procedimiento de consulta será un procedimiento a efectos del artículo 25, apartado 1, del Convenio de Schengen o un procedimiento a efectos del artículo 25, apartado 2, del Convenio de Schengen. |
| --- | --- |

b)

El procedimiento de consulta será un procedimiento a efectos del artículo 25, apartado 1, del Convenio de Schengen o un procedimiento a efectos del artículo 25, apartado 2, del Convenio de Schengen.

| c) | Cuando se envíe un formulario M, G o H en el marco de un procedimiento de consulta, podrá marcarse con la palabra clave “procedimiento de consulta”. (Formulario M: rúbrica 083; formulario G: rúbrica 086; formulario H: rúbrica 083). |
| --- | --- |

c)

Cuando se envíe un formulario M, G o H en el marco de un procedimiento de consulta, podrá marcarse con la palabra clave “procedimiento de consulta”. (Formulario M: rúbrica 083; formulario G: rúbrica 086; formulario H: rúbrica 083).

4.7.   Intercambio de información a raíz de una respuesta positiva y durante la denegación de entrada o la expulsión del espacio Schengen

Sin perjuicio de los procedimientos especiales relativos al intercambio de información, de conformidad con el artículo 5, apartado 4, letras a) y c), del Código de Fronteras de Schengen; y sin perjuicio de la sección 4.8, que se refiere al intercambio de información a raíz de una respuesta positiva sobre un nacional de un tercer país que disfrute del derecho de libre circulación (en este caso, la consulta del Estado miembro informador a través del Servicio Nacional SIRENE es obligatoria), un Estado miembro puede pedir que se le informe acerca de cualquier respuesta positiva sobre las descripciones para la denegación de entrada o de estancia que haya introducido.

A los Servicios Nacionales SIRENE de los Estados miembros que hayan introducido descripciones a efectos de denegación de entrada no será necesario notificarles las respuestas positivas salvo en casos excepcionales. Por ejemplo, si se requiere información complementaria, podrá enviarse un formulario G o un formulario H, según la acción que se emprenda. Siempre se enviará un formulario G cuando se produzca una respuesta positiva sobre una persona que goce del derecho de libre circulación.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, según lo establecido en la sección 10, los Servicios Nacionales SIRENE suministrarán estadísticas sobre las respuestas positivas relativas a las descripciones extranjeras en su territorio.

Se aplicará el procedimiento siguiente:

| a) | un Estado miembro podrá solicitar que se le informe de las respuestas positivas sobre las descripciones a efectos de denegación de entrada o estancia que él mismo haya introducido. El Estado miembro que desee hacer uso de esta posibilidad lo solicitará por escrito a los demás Estados miembros; |
| --- | --- |

a)

un Estado miembro podrá solicitar que se le informe de las respuestas positivas sobre las descripciones a efectos de denegación de entrada o estancia que él mismo haya introducido. El Estado miembro que desee hacer uso de esta posibilidad lo solicitará por escrito a los demás Estados miembros;

| b) | el Estado miembro de ejecución puede tomar la iniciativa y comunicar al Estado miembro informador que se ha obtenido una respuesta positiva y que al nacional del tercer país no se le ha concedido la entrada o se le ha expulsado del territorio Schengen; |
| --- | --- |

b)

el Estado miembro de ejecución puede tomar la iniciativa y comunicar al Estado miembro informador que se ha obtenido una respuesta positiva y que al nacional del tercer país no se le ha concedido la entrada o se le ha expulsado del territorio Schengen;

| c) | una vez se haya adoptado una acción a partir de una respuesta positiva, el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro de ejecución enviará un formulario G al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador; también se enviará un formulario G en caso de respuesta positiva, cuando sea necesaria más información para ejecutar la medida; |
| --- | --- |

c)

una vez se haya adoptado una acción a partir de una respuesta positiva, el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro de ejecución enviará un formulario G al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador; también se enviará un formulario G en caso de respuesta positiva, cuando sea necesaria más información para ejecutar la medida;

| d) | tras recibir la información mencionada en la letra c) del Estado miembro informador:






  i) | si la acción se ejecuta, el Estado miembro de ejecución comunicará al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador, utilizando un formulario M (no otro formulario G para la misma respuesta positiva), |
| --- | --- | --- |

d)

tras recibir la información mencionada en la letra c) del Estado miembro informador:

i)

si la acción se ejecuta, el Estado miembro de ejecución comunicará al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador, utilizando un formulario M (no otro formulario G para la misma respuesta positiva),

| ii) | si la acción no se ejecuta, el Estado miembro de ejecución comunicará al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador, utilizando un formulario H, o |
| --- | --- |

ii)

si la acción no se ejecuta, el Estado miembro de ejecución comunicará al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador, utilizando un formulario H, o

| iii) | si se necesitan nuevas consultas, se utilizará para ello un formulario M, |
| --- | --- |

iii)

si se necesitan nuevas consultas, se utilizará para ello un formulario M,

| iv) | para el intercambio del formulario final en un procedimiento de consulta se utilizará un formulario N u O. |
| --- | --- |

iv)

para el intercambio del formulario final en un procedimiento de consulta se utilizará un formulario N u O.

| e) | si, dentro de su territorio, un Estado miembro descubre a un nacional de un tercer país sobre el que se ha introducido una descripción, el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador, previa solicitud, enviará la información necesaria para devolver a la persona en cuestión. En función de las necesidades del Estado miembro de ejecución, esta información, suministrada en un formulario M, deberá incluir:






  — | tipo y motivación de la decisión, |
| --- | --- | --- |

e)

si, dentro de su territorio, un Estado miembro descubre a un nacional de un tercer país sobre el que se ha introducido una descripción, el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador, previa solicitud, enviará la información necesaria para devolver a la persona en cuestión. En función de las necesidades del Estado miembro de ejecución, esta información, suministrada en un formulario M, deberá incluir:

—

tipo y motivación de la decisión,

| — | autoridad que ha adoptado la decisión, |
| --- | --- |

—

autoridad que ha adoptado la decisión,

| — | fecha de la decisión, |
| --- | --- |

—

fecha de la decisión,

| — | fecha de notificación de la decisión, |
| --- | --- |

—

fecha de notificación de la decisión,

| — | fecha de ejecución de la decisión, |
| --- | --- |

—

fecha de ejecución de la decisión,

| — | fecha de caducidad de la decisión o período de validez, |
| --- | --- |

—

fecha de caducidad de la decisión o período de validez,

| — | información sobre si la persona ha sido condenada y sobre el carácter de la sanción. |
| --- | --- |

—

información sobre si la persona ha sido condenada y sobre el carácter de la sanción.

Si una persona sobre la que se ha introducido una descripción es interceptada en la frontera, se seguirán los procedimientos establecidos en el Código de Fronteras de Schengen y por el Estado miembro informador.

Para la identificación exacta de una persona podrá resultar absolutamente necesario en algunos casos el intercambio de información complementaria a través de los Servicios Nacionales SIRENE.

4.8.   Intercambio de información a raíz de una respuesta positiva sobre un nacional de un tercer país que disfrute del derecho de libre circulación

En lo que respecta a un nacional de un tercer país que disfruta del derecho de libre circulación en el sentido de la Directiva 2004/38/CE, se aplicarán normas especiales (30).

Cuando se produzca una respuesta positiva sobre un nacional de un tercer país que disfrute del derecho de libre circulación, en el sentido de la Directiva 2004/38/CE, se aplicarán normas especiales (véase, no obstante, la introducción de la sección 4 sobre la posición de Suiza). Se aplicará el procedimiento siguiente:

| a) | A petición de la autoridad competente, el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro de ejecución se pondrá en contacto inmediatamente con el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador, utilizando un formulario G, para obtener la información necesaria para decidir sin demora las medidas que deben tomarse; |
| --- | --- |

a)

A petición de la autoridad competente, el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro de ejecución se pondrá en contacto inmediatamente con el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador, utilizando un formulario G, para obtener la información necesaria para decidir sin demora las medidas que deben tomarse;

| b) | una vez recibida la solicitud de información, el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador empezará a recopilar inmediatamente la información requerida y la enviará cuanto antes al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro de ejecución; |
| --- | --- |

b)

una vez recibida la solicitud de información, el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador empezará a recopilar inmediatamente la información requerida y la enviará cuanto antes al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro de ejecución;

| c) | el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador comprobará con la autoridad competente, si aún no dispone de esta información, si la descripción puede conservarse con arreglo a la Directiva 2004/38/CE. Si la autoridad competente decide mantener la descripción, el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador lo comunicará a los demás Servicios Nacionales SIRENE mediante un formulario M. |
| --- | --- |

c)

el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador comprobará con la autoridad competente, si aún no dispone de esta información, si la descripción puede conservarse con arreglo a la Directiva 2004/38/CE. Si la autoridad competente decide mantener la descripción, el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador lo comunicará a los demás Servicios Nacionales SIRENE mediante un formulario M.

| d) | El Estado miembro de ejecución comunicará a través de su Servicio Nacional SIRENE, al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador si se ha llevado a cabo (utilizando un formulario G) o no (utilizando un formulario H) la acción solicitada (31). |
| --- | --- |

d)

El Estado miembro de ejecución comunicará a través de su Servicio Nacional SIRENE, al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador si se ha llevado a cabo (utilizando un formulario G) o no (utilizando un formulario H) la acción solicitada (31).

4.9.   Intercambio de información cuando, en ausencia de respuesta positiva, un Estado miembro descubre la existencia de una descripción para la denegación de entrada a un nacional de un tercer país que disfruta del derecho de libre circulación

Si, en ausencia de respuesta positiva, un Estado miembro descubre la existencia de una descripción para la denegación de entrada a un nacional de un tercer país beneficiario del derecho de libre circulación, el Servicio Nacional SIRENE de este Estado miembro, a instancia de la autoridad competente, enviará un formulario M al Servicio Nacional SIRENE del Estado informador para comunicárselo.

El Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador comprobará con la autoridad competente, si aún no dispone de esta información, si la descripción puede conservarse con arreglo a la Directiva 2004/38/CE. Si la autoridad competente decide mantener la descripción, el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador lo comunicará a los demás Servicios Nacionales SIRENE mediante un formulario M.

4.10.   Supresión de descripciones para la denegación de entrada o de estancia

Sin perjuicio de los procedimientos especiales previstos en el artículo 25 del Convenio de Schengen y en el artículo 5, apartado 4, letras a) y c), del Código de Fronteras de Schengen, las descripciones para la denegación de entrada o de estancia a nacionales de terceros países deberán suprimirse:

| a) | cuando expire la descripción; |
| --- | --- |

a)

cuando expire la descripción;

| b) | cuando la autoridad competente del Estado miembro informador así lo decida; |
| --- | --- |

b)

cuando la autoridad competente del Estado miembro informador así lo decida;

| c) | cuando expire el plazo para la denegación de entrada, si la autoridad competente del Estado miembro informador ha indicado una fecha de expiración en su decisión; o |
| --- | --- |

c)

cuando expire el plazo para la denegación de entrada, si la autoridad competente del Estado miembro informador ha indicado una fecha de expiración en su decisión; o

| d) | cuando se adquiere la nacionalidad de uno de los Estados miembros. Si la adquisición de nacionalidad llega al conocimiento del Servicio Nacional SIRENE de un Estado miembro distinto del informador, dicho Servicio deberá consultar al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador y, en caso necesario, enviar un formulario J, conforme a lo establecido en el procedimiento de rectificación y supresión de datos erróneos de hecho o de Derecho (véase la sección 2.7). |
| --- | --- |

d)

cuando se adquiere la nacionalidad de uno de los Estados miembros. Si la adquisición de nacionalidad llega al conocimiento del Servicio Nacional SIRENE de un Estado miembro distinto del informador, dicho Servicio deberá consultar al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador y, en caso necesario, enviar un formulario J, conforme a lo establecido en el procedimiento de rectificación y supresión de datos erróneos de hecho o de Derecho (véase la sección 2.7).

5.   DESCRIPCIONES RELATIVAS A PERSONAS DESAPARECIDAS (ARTÍCULO 32 DE LA DECISIÓN SIS II)

5.1.   Descripciones múltiples

Véase el procedimiento general en la sección 2.2.

5.2.   Usurpación de identidad

Véase el procedimiento general en la sección 2.11.1.

5.3.   Introducción de un alias

Véase el procedimiento general en la sección 2.11.2.

5.4.   Introducción de una indicación

Puede suceder que, tras una respuesta positiva sobre una descripción relativa a una persona desaparecida, las autoridades competentes del Estado miembro de ejecución decidan que la medida solicitada no puede adoptarse o que no se adoptarán nuevas medidas sobre la descripción. Esta decisión podrá adoptarse incluso en el caso de que las autoridades competentes del Estado miembro decidan conservar la descripción en el SIS II. En tales circunstancias, el Estado miembro de ejecución podrá solicitar que se introduzca una indicación después de producirse la respuesta positiva. Para ello, se seguirán los procedimientos generales según lo descrito en la sección 2.6.

No podrán tomarse medidas alternativas sobre las descripciones de personas desaparecidas.

5.5.   Facilitar información descriptiva detallada sobre menores desaparecidos y otras personas declaradas en situación de riesgo

Los Servicios Nacionales SIRENE tendrán acceso a toda la información complementaria pertinente a nivel nacional sobre descripciones de personas desaparecidas a fin de poder desempeñar un papel relevante en la resolución de los casos, facilitando la identificación de la persona y suministrando con prontitud información complementaria sobre cuestiones relacionadas con el caso. La información complementaria pertinente puede abarcar resoluciones nacionales sobre custodia de menores o personas vulnerables o solicitudes de recurso a los mecanismos de alerta de desaparición de menores.

No todas las personas vulnerables desaparecidas cruzan fronteras nacionales, por lo que se decidirá en cada caso sobre el suministro de información complementaria (datos descriptivos) y sus destinatarios, teniendo en cuenta todas las circunstancias posibles. Tras la adopción de una decisión nacional sobre el alcance que debe tener la transmisión de información complementaria, el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador adoptará, cuando proceda, alguna de las medidas siguientes:

| a) | retener la información para poder transmitir información complementaria a petición de otro Estado miembro; |
| --- | --- |

a)

retener la información para poder transmitir información complementaria a petición de otro Estado miembro;

| b) | enviar el formulario M al Servicio Nacional SIRENE competente si las investigaciones apuntan a un probable destino de la persona desaparecida; |
| --- | --- |

b)

enviar el formulario M al Servicio Nacional SIRENE competente si las investigaciones apuntan a un probable destino de la persona desaparecida;

| c) | enviar el formulario M a todos los Servicios Nacionales SIRENE competentes, sobre la base de las circunstancias de la desaparición y con el fin de facilitar en un breve período de tiempo todos los datos relativos a la persona. |
| --- | --- |

c)

enviar el formulario M a todos los Servicios Nacionales SIRENE competentes, sobre la base de las circunstancias de la desaparición y con el fin de facilitar en un breve período de tiempo todos los datos relativos a la persona.

En el caso de personas desaparecidas de alto riesgo, la rúbrica 311 del formulario M deberá comenzar con la mención “URGENTE” y una explicación de los motivos de la urgencia. (Si el menor desaparecido no está acompañado (32), se indicará la mención explicativa “menor no acompañado”). El carácter urgente se podrá reforzar con una llamada telefónica para subrayar la importancia del formulario M y su urgencia.

Se utilizará un método común para introducir información complementaria estructurada en un orden establecido sobre la persona desaparecida de alto riesgo (33). Esta información se incluirá en la rúbrica 083 del formulario M.

Tras su recepción en el Servicio Nacional SIRENE y a fin de ampliar al máximo las posibilidades de localización de la persona de forma selectiva y razonable, la información se comunicará, si fuera necesario, a:

| a) | los puestos fronterizos pertinentes; |
| --- | --- |

a)

los puestos fronterizos pertinentes;

| b) | las autoridades administrativas y policiales competentes para la localización y protección de las personas; |
| --- | --- |

b)

las autoridades administrativas y policiales competentes para la localización y protección de las personas;

| c) | las autoridades consulares competentes del Estado miembro informador, tras la obtención de una respuesta positiva en el SIS II. |
| --- | --- |

c)

las autoridades consulares competentes del Estado miembro informador, tras la obtención de una respuesta positiva en el SIS II.

5.6.   Intercambio de información en caso de respuesta positiva

Véase el procedimiento general en la sección 2.3.

Además, se aplicarán las siguientes normas:

| a) | en la medida de lo posible, los Servicios Nacionales SIRENE comunicarán los datos médicos necesarios de la persona desaparecida si hay que tomar medidas para su protección.
  La información transmitida únicamente se conservará mientras sea estrictamente necesario, y se utilizará exclusivamente a efectos del tratamiento médico dado a la persona interesada; |
| --- | --- |

a)

en la medida de lo posible, los Servicios Nacionales SIRENE comunicarán los datos médicos necesarios de la persona desaparecida si hay que tomar medidas para su protección.

La información transmitida únicamente se conservará mientras sea estrictamente necesario, y se utilizará exclusivamente a efectos del tratamiento médico dado a la persona interesada;

| b) | el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro de ejecución comunicará siempre el paradero al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador; |
| --- | --- |

b)

el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro de ejecución comunicará siempre el paradero al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador;

| c) | de conformidad con artículo 33, apartado 2, de la Decisión SIS II, toda comunicación de datos relativos a una persona desaparecida que haya sido encontrada y que sea mayor de edad, estará subordinada al consentimiento de esta (34). El consentimiento será por escrito y se dejará constancia del mismo. Si el interesado no da su consentimiento, se hará constar oficialmente por escrito. No obstante, las autoridades competentes podrán comunicar el hecho de que se ha borrado la descripción por haber sido localizada la persona, a la persona interesada que haya informado sobre la persona desaparecida. |
| --- | --- |

c)

de conformidad con artículo 33, apartado 2, de la Decisión SIS II, toda comunicación de datos relativos a una persona desaparecida que haya sido encontrada y que sea mayor de edad, estará subordinada al consentimiento de esta (34). El consentimiento será por escrito y se dejará constancia del mismo. Si el interesado no da su consentimiento, se hará constar oficialmente por escrito. No obstante, las autoridades competentes podrán comunicar el hecho de que se ha borrado la descripción por haber sido localizada la persona, a la persona interesada que haya informado sobre la persona desaparecida.

5.7.   Supresión de las descripciones sobre personas desaparecidas

Si debe producirse un retraso significativo en la supresión de la descripción por el Estado miembro informador emisor, ese retraso se notificará al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro de ejecución para que se añada una indicación en la descripción, tal como se describe en la sección 5.4 del Manual SIRENE.

5.7.1.   Menores

Deberá suprimirse la descripción:

| a) | cuando se resuelva el caso (por ejemplo, si el menor es repatriado; las autoridades competentes del Estado miembro de ejecución adoptan una decisión sobre la custodia del menor); |
| --- | --- |

a)

cuando se resuelva el caso (por ejemplo, si el menor es repatriado; las autoridades competentes del Estado miembro de ejecución adoptan una decisión sobre la custodia del menor);

| b) | cuando expire la descripción, o |
| --- | --- |

b)

cuando expire la descripción, o

| c) | cuando la autoridad competente del Estado miembro informador así lo decida. |
| --- | --- |

c)

cuando la autoridad competente del Estado miembro informador así lo decida.

5.7.2.   Adultos para los que no se exigen medidas de protección

Deberá suprimirse la descripción:

| a) | cuando se ejecute la acción que debe adoptarse (paradero determinado por el Estado miembro de ejecución); |
| --- | --- |

a)

cuando se ejecute la acción que debe adoptarse (paradero determinado por el Estado miembro de ejecución);

| b) | cuando expire la descripción, o |
| --- | --- |

b)

cuando expire la descripción, o

| c) | cuando la autoridad competente del Estado miembro informador así lo decida. |
| --- | --- |

c)

cuando la autoridad competente del Estado miembro informador así lo decida.

5.7.3.   Adultos para los que se exigen medidas de protección

Deberá suprimirse la descripción:

| a) | cuando se realice la acción que debe adoptarse (persona bajo protección); |
| --- | --- |

a)

cuando se realice la acción que debe adoptarse (persona bajo protección);

| b) | cuando expire la descripción, o |
| --- | --- |

b)

cuando expire la descripción, o

| c) | cuando la autoridad competente del Estado miembro informador así lo decida. |
| --- | --- |

c)

cuando la autoridad competente del Estado miembro informador así lo decida.

Con arreglo a la legislación nacional, cuando una persona esté oficialmente en situación de custodia protegida, la descripción podrá mantenerse hasta que la persona haya sido repatriada.

6.   DESCRIPCIONES RELATIVAS A PERSONAS CUYA PRESENCIA SE NECESITA PARA QUE PRESTEN ASISTENCIA EN UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL (ARTÍCULO 34 DE LA DECISIÓN SIS II)

6.1.   Descripciones múltiples

Véase el procedimiento general en la sección 2.2.

6.2.   Usurpación de identidad

Véase el procedimiento general en la sección 2.11.1.

6.3.   Introducción de un alias

Véase el procedimiento general en la sección 2.11.2.

6.4.   Intercambio de información en caso de respuesta positiva

Véase el procedimiento general en la sección 2.3.

Además, se aplicarán las siguientes normas:

| a) | el lugar de residencia o el domicilio real se obtendrá utilizando todas las medidas permitidas por la legislación nacional del Estado miembro donde se encuentre la persona; |
| --- | --- |

a)

el lugar de residencia o el domicilio real se obtendrá utilizando todas las medidas permitidas por la legislación nacional del Estado miembro donde se encuentre la persona;

| b) | se aplicarán, en su caso, los procedimientos nacionales necesarios para garantizar que las descripciones se conserven en el SIS II únicamente el tiempo necesario para cumplir la finalidad para la que se introdujeron. |
| --- | --- |

b)

se aplicarán, en su caso, los procedimientos nacionales necesarios para garantizar que las descripciones se conserven en el SIS II únicamente el tiempo necesario para cumplir la finalidad para la que se introdujeron.

Los Servicios Nacionales SIRENE podrán transmitir información complementaria sobre las descripciones introducidas con arreglo al artículo 34 de la Decisión SIS II, y al hacerlo podrán actuar en nombre de las autoridades judiciales siempre que dicha información corresponda al ámbito de la asistencia judicial mutua.

6.5.   Supresión de descripciones de personas cuya presencia se necesita para que presten asistencia en un procedimiento judicial

Deberá suprimirse la descripción:

| a) | cuando se haya comunicado el paradero de la persona a la autoridad competente del Estado miembro informador. Si la información enviada no puede derivar en medidas (por ejemplo, dirección incorrecta o sin domicilio fijo), el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador comunicará al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro de ejecución para resolver el problema; |
| --- | --- |

a)

cuando se haya comunicado el paradero de la persona a la autoridad competente del Estado miembro informador. Si la información enviada no puede derivar en medidas (por ejemplo, dirección incorrecta o sin domicilio fijo), el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador comunicará al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro de ejecución para resolver el problema;

| b) | cuando expire la descripción, o |
| --- | --- |

b)

cuando expire la descripción, o

| c) | cuando la autoridad competente del Estado miembro informador así lo decida. |
| --- | --- |

c)

cuando la autoridad competente del Estado miembro informador así lo decida.

Si se ha logrado una respuesta positiva en un Estado miembro y los datos sobre la dirección se enviaron al Estado miembro informador y una respuesta positiva posterior en dicho Estado miembro revela los mismos datos sobre la dirección, la respuesta positiva se registrará en el Estado miembro de ejecución, pero no se volverán a enviar al Estado miembro informador ni los detalles sobre la dirección ni un formulario G. En tales casos, el Estado miembro de ejecución comunicará al Estado miembro informador las respuestas positivas repetidas, y el Estado miembro informador considerará la necesidad de mantener la descripción.

7.   DESCRIPCIONES A EFECTOS DE CONTROLES DISCRETOS O DE CONTROLES ESPECÍFICOS (ARTÍCULO 36 DE LA DECISIÓN SIS II)

7.1.   Descripciones múltiples

Véase el procedimiento general en la sección 2.2.

7.2.   Usurpación de identidad

Véase el procedimiento general en la sección 2.11.1.

7.3.   Introducción de un alias

Véase el procedimiento general en la sección 2.11.2.

7.4.   Información de otros Estados miembros al introducir descripciones

Al introducir una descripción, el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador informará a todos los demás Servicios Nacionales SIRENE utilizando un formulario M en los casos siguientes:

| a) | se introduce una descripción a efectos de controles discretos o de controles específicos con la solicitud de que las respuestas positivas se comuniquen sin demora al Servicio Nacional SIRENE informador; en el formulario M se indicará la mención “Artículo 36, apartado 2, de la Decisión SIS II — acción inmediata” o “Artículo 36, apartado 3, de la Decisión SIS II — acción inmediata”. La justificación de la acción inmediata también se indicará en la rúbrica 083 de un formulario M; o |
| --- | --- |

a)

se introduce una descripción a efectos de controles discretos o de controles específicos con la solicitud de que las respuestas positivas se comuniquen sin demora al Servicio Nacional SIRENE informador; en el formulario M se indicará la mención “Artículo 36, apartado 2, de la Decisión SIS II — acción inmediata” o “Artículo 36, apartado 3, de la Decisión SIS II — acción inmediata”. La justificación de la acción inmediata también se indicará en la rúbrica 083 de un formulario M; o

| b) | una autoridad responsable de la seguridad nacional solicita la emisión de una descripción, de conformidad con el artículo 36, apartado 3, de la Decisión SIS II; en el formulario M se indicará la mención “Artículo 36, apartado 3, de la Decisión SIS II”. |
| --- | --- |

b)

una autoridad responsable de la seguridad nacional solicita la emisión de una descripción, de conformidad con el artículo 36, apartado 3, de la Decisión SIS II; en el formulario M se indicará la mención “Artículo 36, apartado 3, de la Decisión SIS II”.

Si la descripción se emite con arreglo al artículo 36, apartado 3, de la Decisión SIS II, el formulario M incluirá, en la rúbrica 080, el nombre de la autoridad que solicite la introducción de la descripción, primero en la lengua del Estado miembro informador y a continuación en inglés, así como sus datos de contacto en la rúbrica 081 en un formato que no requiera traducción.

La confidencialidad de ciertas informaciones se protegerá de conformidad con la legislación nacional, y el contacto entre los Servicios Nacionales SIRENE se mantendrá separado de cualquier contacto entre los servicios responsables de la seguridad nacional.

7.5.   Introducción de una indicación

Véase el procedimiento general en la sección 2.6.

No hay ninguna medida alternativa que pueda tomarse para las descripciones a efectos de controles discretos o específicos.

Además, si la autoridad responsable de la seguridad nacional en el Estado miembro de ejecución decide que la descripción requiere una indicación, se pondrá en contacto con su Servicio Nacional SIRENE y le informará de que la acción requerida no puede llevarse a cabo. El Servicio Nacional SIRENE solicitará que se añada una indicación enviando un formulario F al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador. Al igual que en otras solicitudes de indicación, se indicará la motivación general. No obstante, las cuestiones de carácter confidencial no se difundirán [véase también la sección 7.6, letra b)].

7.6.   Intercambio de información en caso de respuesta positiva

Véase el procedimiento general en la sección 2.3.

Además, se aplicarán las siguientes normas:

| a) | Cuando se produzca una respuesta positiva sobre una descripción introducida con arreglo al artículo 36, apartado 3, de la Decisión SIS II, el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro de ejecución comunicará al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador los resultados (control discreto o control específico) mediante el formulario G. Al mismo tiempo, el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro de ejecución informará a su propia autoridad responsable de la seguridad nacional. |
| --- | --- |

a)

Cuando se produzca una respuesta positiva sobre una descripción introducida con arreglo al artículo 36, apartado 3, de la Decisión SIS II, el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro de ejecución comunicará al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador los resultados (control discreto o control específico) mediante el formulario G. Al mismo tiempo, el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro de ejecución informará a su propia autoridad responsable de la seguridad nacional.

| b) | Se requerirá un procedimiento específico para salvaguardar la confidencialidad de la información. Por lo tanto, todo contacto entre las autoridades competentes para la seguridad del Estado se mantendrá separado de los contactos con los Servicios Nacionales SIRENE. En consecuencia, los motivos concretos para solicitar una indicación deben ser discutidos directamente por las autoridades competentes para la seguridad del Estado y no a través de los Servicios Nacionales SIRENE. |
| --- | --- |

b)

Se requerirá un procedimiento específico para salvaguardar la confidencialidad de la información. Por lo tanto, todo contacto entre las autoridades competentes para la seguridad del Estado se mantendrá separado de los contactos con los Servicios Nacionales SIRENE. En consecuencia, los motivos concretos para solicitar una indicación deben ser discutidos directamente por las autoridades competentes para la seguridad del Estado y no a través de los Servicios Nacionales SIRENE.

| c) | Cuando se produzca una respuesta positiva sobre una descripción que requiera la comunicación inmediata de la respuesta positiva, deberá enviarse sin demora un formulario G al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador. |
| --- | --- |

c)

Cuando se produzca una respuesta positiva sobre una descripción que requiera la comunicación inmediata de la respuesta positiva, deberá enviarse sin demora un formulario G al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador.

7.7.   Supresión de descripciones a efectos de controles discretos y específicos

Deberá suprimirse la descripción:

| a) | cuando expire la descripción, o |
| --- | --- |

a)

cuando expire la descripción, o

| b) | cuando la autoridad competente del Estado miembro informador así lo decida. |
| --- | --- |

b)

cuando la autoridad competente del Estado miembro informador así lo decida.

7.8.   Captación automática de matrículas (CAM)

Véase el punto 9.

8.   DESCRIPCIONES DE OBJETOS PARA SU INCAUTACIÓN O UTILIZACIÓN COMO PRUEBAS (ARTÍCULO 38 DE LA DECISIÓN SIS II)

8.1.   Descripciones múltiples

Véase el procedimiento general en la sección 2.2.

8.2.   Descripciones de vehículos

8.2.1.   Comprobación de la existencia de descripciones múltiples relativas a un vehículo

Los criterios obligatorios para la comprobación de la existencia de descripciones múltiples relativas a un vehículo incluyen:

| a) | el número de matrícula/del registro, |
| --- | --- |

a)

el número de matrícula/del registro,

| b) | el número de identificación del vehículo (NIV). |
| --- | --- |

b)

el número de identificación del vehículo (NIV).

Ambos números podrán figurar en el SIS II.

Si al introducir una nueva descripción se observa que ya existe en el SIS II ese mismo número de matrícula o NIV, cabe suponer que la nueva descripción dará lugar a más de una descripción del mismo vehículo. Sin embargo, este método de verificación solo es eficaz cuando los criterios de comprobación utilizados son los mismos. Por tanto, la comparación no es siempre posible.

El Servicio Nacional SIRENE advertirá a los usuarios de los problemas que pueden surgir si solo se compara uno de esos números, si hay NIV repetidos o reutilización de placas de matrícula. Una respuesta del sistema no significa necesariamente que existe una respuesta positiva, y una respuesta negativa no significa que no existe una descripción del vehículo.

Los criterios de comprobación utilizados para determinar si dos descripciones podrían referirse al mismo vehículo se precisan en la sección 2.2.3.

Los procedimientos de consulta para el control de las descripciones múltiples e incompatibles que aplicarán los Servicios Nacionales SIRENE en el caso de los vehículos serán los mismos que en el caso de las personas. Por lo que respecta a los procedimientos generales, véase la sección 2.2.

En tanto en cuanto no se proceda a borrar la descripción, el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador llevará un registro de todas las solicitudes de introducción de una descripción suplementaria que, previa consulta, hayan sido rechazadas en virtud de lo expuesto anteriormente.

8.2.2.   NIV repetidos

Los NIV repetidos corresponden a un vehículo, introducido en el SIS II, del mismo tipo y con el mismo número de identificación del vehículo (NIV) que otro vehículo original (por ejemplo: un tractor y una motocicleta con el mismo NIV no entran en esta categoría). Para evitar las consecuencias negativas de la incautación reiterada de un vehículo original con el mismo NIV se aplicarán las normas específicas siguientes:

| a) | Cuando se descubra la posibilidad de un NIV repetido, el Servicio Nacional SIRENE procederá, en su caso, a:






  i) | asegurarse de que no existe ningún error en la descripción SIS II y de que la información de la descripción es lo más completa posible, |
| --- | --- | --- |

a)

Cuando se descubra la posibilidad de un NIV repetido, el Servicio Nacional SIRENE procederá, en su caso, a:

i)

asegurarse de que no existe ningún error en la descripción SIS II y de que la información de la descripción es lo más completa posible,

| ii) | comprobar las circunstancias del caso que ha dado lugar a una descripción en el SIS II, |
| --- | --- |

ii)

comprobar las circunstancias del caso que ha dado lugar a una descripción en el SIS II,

| iii) | averiguar el historial de ambos vehículos desde su fabricación, |
| --- | --- |

iii)

averiguar el historial de ambos vehículos desde su fabricación,

| iv) | solicitar un control completo del vehículo incautado y, en particular de su NIV, a fin de verificar si se trata de un vehículo original. |
| --- | --- |

iv)

solicitar un control completo del vehículo incautado y, en particular de su NIV, a fin de verificar si se trata de un vehículo original.

Los Servicios Nacionales SIRENE competentes colaborarán estrechamente en la adopción de estas medidas.

| b) | Si se confirma la existencia de un NIV repetido, el Estado miembro informador considerará la necesidad de mantener la descripción en el SIS II. Si el Estado miembro decide mantenerla, el Estado informador:






  i) | añadirá a la descripción la observación “sospecha de clon” (35) relativa al vehículo; |
| --- | --- | --- |

b)

Si se confirma la existencia de un NIV repetido, el Estado miembro informador considerará la necesidad de mantener la descripción en el SIS II. Si el Estado miembro decide mantenerla, el Estado informador:

i)

añadirá a la descripción la observación “sospecha de clon” (35) relativa al vehículo;

| ii) | pedirá al propietario del vehículo original que, con el consentimiento expreso del mismo y con arreglo a la legislación nacional, suministre al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador toda la información pertinente y necesaria para evitar las consecuencias negativas de una identificación errónea; |
| --- | --- |

ii)

pedirá al propietario del vehículo original que, con el consentimiento expreso del mismo y con arreglo a la legislación nacional, suministre al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador toda la información pertinente y necesaria para evitar las consecuencias negativas de una identificación errónea;

| iii) | enviará a todos los demás Servicios Nacionales, a través de su Servicio Nacional SIRENE, un formulario M que incluirá, si procede, las características o elementos descriptivos del vehículo original que lo distingan del vehículo introducido en el SIS II. El formulario M llevará la indicación de “VEHÍCULO ORIGINAL” de forma destacada en la rúbrica 083. |
| --- | --- |

iii)

enviará a todos los demás Servicios Nacionales, a través de su Servicio Nacional SIRENE, un formulario M que incluirá, si procede, las características o elementos descriptivos del vehículo original que lo distingan del vehículo introducido en el SIS II. El formulario M llevará la indicación de “VEHÍCULO ORIGINAL” de forma destacada en la rúbrica 083.

| c) | Si al consultar el SIS II aparece la observación “sospecha de clon” relativa al vehículo, el usuario que efectúe el control se pondrá en contacto con el Servicio Nacional SIRENE para obtener información complementaria que aclare si el vehículo objeto del control es el vehículo buscado o el vehículo original. |
| --- | --- |

c)

Si al consultar el SIS II aparece la observación “sospecha de clon” relativa al vehículo, el usuario que efectúe el control se pondrá en contacto con el Servicio Nacional SIRENE para obtener información complementaria que aclare si el vehículo objeto del control es el vehículo buscado o el vehículo original.

| d) | Si durante el control se comprueba que los datos que figuran en el formulario M no están actualizados, el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro de ejecución se pondrá en contacto con el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador para verificar la propiedad legal actual del vehículo. Este último Servicio Nacional SIRENE enviará un nuevo formulario M al respecto, con la indicación “VEHÍCULO ORIGINAL” de manera destacada en la rúbrica 083. |
| --- | --- |

d)

Si durante el control se comprueba que los datos que figuran en el formulario M no están actualizados, el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro de ejecución se pondrá en contacto con el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador para verificar la propiedad legal actual del vehículo. Este último Servicio Nacional SIRENE enviará un nuevo formulario M al respecto, con la indicación “VEHÍCULO ORIGINAL” de manera destacada en la rúbrica 083.

8.3.   Intercambio de información en caso de respuesta positiva

Los Servicios Nacionales SIRENE podrán transmitir información complementaria sobre las descripciones introducidas con arreglo al artículo 38 de la Decisión SIS II, y al hacerlo podrán actuar en nombre de las autoridades judiciales siempre que dicha información corresponda al ámbito de la asistencia judicial mutua, de conformidad con la legislación nacional.

Cuando se obtenga una respuesta positiva sobre una descripción para la incautación o utilización como pruebas introducida en relación con un vehículo, aeronave, embarcación o contenedor, con arreglo al artículo 38 de la Decisión SIS II, los Servicios Nacionales SIRENE enviarán la información complementaria tan pronto como sea posible a través de un formulario P, si así se ha pedido en la rúbrica 089 de un formulario G.

Como la petición es urgente y, por tanto, no será posible cotejar inmediatamente todos los datos, tampoco será necesario rellenar todas las rúbricas del formulario P. No obstante, se procurará cotejar la información relativa a las siguientes rúbricas: 041, 042, 043, 162, 164, 165, 166, 167 y 169.

Cuando se obtenga una respuesta positiva sobre un componente identificable de un objeto, el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro de ejecución informará a la oficina SIRENE del Estado miembro informador de las circunstancias de la respuesta positiva mediante un formulario G, explicando en la rúbrica 090 (información adicional) que no se trata de la incautación del objeto completo, sino de un componente o componentes. Si se descubren varios componentes al mismo tiempo, como se refieren a una misma descripción, solo se enviará un formulario G. Cualquier respuesta positiva posterior sobre la descripción se notificará al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador por medio de un formulario G. La descripción no se suprimirá, salvo que se reúnan las condiciones indicadas en la sección 8.4.

8.4.   Supresión de descripciones de objetos para su incautación o utilización como pruebas en un proceso penal

Deberá suprimirse la descripción:

| a) | tras la incautación del objeto o medida equivalente una vez que el necesario intercambio posterior de información complementaria entre los Servicios Nacionales SIRENE se haya producido o que el objeto pasa a otro procedimiento judicial o administrativo (por ejemplo, un procedimiento judicial sobre una compra de buena fe, una disputa sobre la propiedad o la cooperación judicial en materia de pruebas); |
| --- | --- |

a)

tras la incautación del objeto o medida equivalente una vez que el necesario intercambio posterior de información complementaria entre los Servicios Nacionales SIRENE se haya producido o que el objeto pasa a otro procedimiento judicial o administrativo (por ejemplo, un procedimiento judicial sobre una compra de buena fe, una disputa sobre la propiedad o la cooperación judicial en materia de pruebas);

| b) | cuando expire la descripción, o |
| --- | --- |

b)

cuando expire la descripción, o

| c) | cuando la autoridad competente del Estado miembro informador así lo decida. |
| --- | --- |

c)

cuando la autoridad competente del Estado miembro informador así lo decida.

9.   CAPTACIÓN AUTOMÁTICA DE MATRÍCULAS (CAM)

Estos sistemas se aplican a las descripciones mencionadas en los artículos 36 y 38 de la Decisión SIS II. Debido al amplio uso del sistema CAM por los servicios con funciones coercitivas, existe la capacidad técnica para obtener numerosas respuestas positivas sobre un vehículo o un número de matrícula en un breve período de tiempo.

Dado que algunos operativos CAM están atendidos por personal, existe la posibilidad de que el vehículo sea detectado y se adopten las medidas necesarias. En tal caso, antes de adoptar cualquier medida, los usuarios del sistema CAM comprobarán si la respuesta positiva obtenida a través de CAM se refiere a una descripción mencionada en los artículos 36 o 38 de la Decisión SIS II.

No obstante, muchos operativos fijos CAM no están atendidos permanentemente por personal. Por consiguiente, aunque la tecnología registre el paso del vehículo y se obtenga una respuesta positiva, no siempre se adoptarán las medidas necesarias.

En cuanto a las descripciones de los artículos 36 y 38 sobre las que no se hayan podido adoptar las medidas necesarias, se seguirá el procedimiento general siguiente:

Se enviará un formulario H para la primera respuesta positiva. Si se requiere más información sobre la circulación del vehículo, corresponde al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador ponerse en contacto con el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro de ejecución en un marco bilateral para tratar las necesidades de información.

Para las descripciones mencionadas en el artículo 36 se seguirá el siguiente procedimiento:

| a) | El Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro que obtenga la respuesta positiva comunicará al Servicio Nacional SIRENE informador las circunstancias de la respuesta positiva a través de un formulario G, que llevará la mención “CAM” en la rúbrica 086. Si se requiere más información sobre la circulación del vehículo, corresponde al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador ponerse en contacto con el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro de ejecución. |
| --- | --- |

a)

El Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro que obtenga la respuesta positiva comunicará al Servicio Nacional SIRENE informador las circunstancias de la respuesta positiva a través de un formulario G, que llevará la mención “CAM” en la rúbrica 086. Si se requiere más información sobre la circulación del vehículo, corresponde al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador ponerse en contacto con el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro de ejecución.

| b) | El Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro que obtenga una respuesta positiva sobre una descripción a efectos de control específico sobre la que no hayan podido adoptarse las medidas necesarias, comunicará al Servicio Nacional SIRENE informador las circunstancias de la respuesta positiva a través de un formulario H, con las siglas “CAM” en la rúbrica 083, seguidas de la indicación siguiente: “Respuesta positiva obtenida por medio de CAM. Le rogamos nos comunique si su país desea ser informado de otras respuestas positivas que se obtengan por medio de CAM sobre este vehículo o número de matrícula en caso de que no puedan adoptarse las medidas necesarias”. |
| --- | --- |

b)

El Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro que obtenga una respuesta positiva sobre una descripción a efectos de control específico sobre la que no hayan podido adoptarse las medidas necesarias, comunicará al Servicio Nacional SIRENE informador las circunstancias de la respuesta positiva a través de un formulario H, con las siglas “CAM” en la rúbrica 083, seguidas de la indicación siguiente: “Respuesta positiva obtenida por medio de CAM. Le rogamos nos comunique si su país desea ser informado de otras respuestas positivas que se obtengan por medio de CAM sobre este vehículo o número de matrícula en caso de que no puedan adoptarse las medidas necesarias”.

| c) | El Estado miembro informador decidirá si la descripción ha logrado su objetivo, debe ser suprimida, o si deben entablarse contactos bilaterales para tratar de las necesidades de información. |
| --- | --- |

c)

El Estado miembro informador decidirá si la descripción ha logrado su objetivo, debe ser suprimida, o si deben entablarse contactos bilaterales para tratar de las necesidades de información.

Para las descripciones mencionadas en el artículo 38 se seguirá el siguiente procedimiento:

| a) | en los casos en que se produzca una respuesta positiva y se hayan adoptado las medidas necesarias, el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro que obtenga la respuesta positiva comunicará al Servicio Nacional SIRENE informador las circunstancias de la respuesta positiva, por medio de un formulario G; |
| --- | --- |

a)

en los casos en que se produzca una respuesta positiva y se hayan adoptado las medidas necesarias, el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro que obtenga la respuesta positiva comunicará al Servicio Nacional SIRENE informador las circunstancias de la respuesta positiva, por medio de un formulario G;

| b) | en los casos en que se produzca una respuesta positiva y no se hayan adoptado las medidas necesarias, el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro que obtenga la respuesta positiva comunicará al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador las circunstancias de la respuesta positiva, por medio de un formulario H que llevará las siglas “CAM” en la rúbrica 083, seguidas de la indicación siguiente: “Respuesta positiva obtenida por medio de CAM. Le rogamos nos comunique si su país desea ser informado de otras respuestas positivas que se obtengan por medio de CAM sobre este vehículo o número de matrícula en caso de que no puedan adoptarse las medidas necesarias”; |
| --- | --- |

b)

en los casos en que se produzca una respuesta positiva y no se hayan adoptado las medidas necesarias, el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro que obtenga la respuesta positiva comunicará al Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador las circunstancias de la respuesta positiva, por medio de un formulario H que llevará las siglas “CAM” en la rúbrica 083, seguidas de la indicación siguiente: “Respuesta positiva obtenida por medio de CAM. Le rogamos nos comunique si su país desea ser informado de otras respuestas positivas que se obtengan por medio de CAM sobre este vehículo o número de matrícula en caso de que no puedan adoptarse las medidas necesarias”;

| c) | al recibir el formulario H, el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador consultará a las autoridades competentes, que tendrán la responsabilidad de decidir sobre la necesidad de recibir más formularios H o información difundida bilateralmente a partir del Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro de ejecución. |
| --- | --- |

c)

al recibir el formulario H, el Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro informador consultará a las autoridades competentes, que tendrán la responsabilidad de decidir sobre la necesidad de recibir más formularios H o información difundida bilateralmente a partir del Servicio Nacional SIRENE del Estado miembro de ejecución.

10.   ESTADÍSTICAS

Una vez al año los Servicios Nacionales SIRENE proporcionarán estadísticas, que deberán enviarse a la Agencia y la Comisión. Las estadísticas también se enviarán, previa solicitud, al Supervisor Europeo de Protección de Datos y a las autoridades nacionales competentes de protección de datos. Las estadísticas incluirán el número de formularios de cada tipo enviado a cada uno de los Estados miembros. En especial, las estadísticas mostrarán el número de respuestas positivas e indicaciones. Se hará una distinción entre las respuestas positivas obtenidas sobre las descripciones introducidas por otro Estado miembro y las respuestas positivas obtenidas por un Estado miembro sobre las descripciones que él mismo haya introducido.

El apéndice 5 recoge los procedimientos y formatos para el suministro de las estadísticas correspondientes a la presente sección.».

---

(1)  Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO L 190 de 18.7.2002, p. 1).

1

(2)  
  DO L 239 de 22.9.2000, p. 19.

2

(3)  Decisión del Comité ejecutivo de 22 de diciembre de 1994 relativa a la puesta en aplicación del Convenio de aplicación de Schengen de 19 de junio de 1990 [SCH/Com-ex (94) 29, 2.a rev.] (DO L 239 de 22.9.2000, p. 130).

3

a

(4)  Decisiones del Comité ejecutivo, de 7 de octubre de 1997 [SCH/Com-ex 97 (27), rev. 4] para Italia y [SCH/Com-ex 97 (28), rev. 4] para Austria.

4

(5)  Decisión 1999/848/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, relativa a la puesta en vigor total del acervo de Schengen en Grecia (DO L 327 de 21.12.1999, p. 58).

5

(6)  Decisión 2000/777/CE del Consejo, de 1 de diciembre de 2000, relativa a la puesta en vigor del acervo de Schengen en Dinamarca, Finlandia y Suecia, así como en Islandia y Noruega (DO L 309 de 9.12.2000, p. 24).

6

(7)  Decisión 2004/926/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, sobre la ejecución de partes del acervo de Schengen por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (DO L 395 de 31.12.2004, p. 70).

7

(8)  
  DO C 340 de 10.11.1997, p. 92.

8

(9)  Acuerdo con la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (DO L 176 de 10.7.1999, p. 36).

9

(10)  
  DO L 370 de 17.12.2004, p. 78.

10

(11)  
  DO L 160 de 18.6.2011, p. 3.

11

(12)  Reglamento (CE) n.o 1986/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativo al acceso al Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II) por los servicios de los Estados miembros competentes para la expedición de los certificados de matriculación de vehículos (DO L 381 de 28.12.2006, p. 1).

12

o

(13)  Reglamento (CE) n.o 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen) (DO L 105 de 13.4.2006, p. 1).

13

o

(14)  Esto se entiende sin perjuicio de otras tareas adjudicadas a los Servicios Nacionales SIRENE sobre la base de la legislación respectiva en el marco de la cooperación policial, por ejemplo en la aplicación de la Decisión marco 2006/960/JAI del Consejo (DO L 386 de 29.12.2006, p. 89).

14

(15)  Decisión 2009/371/JAI del Consejo, de 6 de abril de 2009, por la que se crea la Oficina Europea de Policía (Europol) (DO L 121 de 15.5.2009, p. 37).

15

(16)  Véase también el catálogo de Schengen, las recomendaciones y las prácticas más idóneas.

16

(17)  Este segundo dominio existe en el “entorno de preproducción” técnico.

17

(18)  Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos (DO L 281 de 23.11.1995, p. 31).

18

(19)  Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal (DO L 350 de 30.12.2008, p. 60).

19

(20)  Reglamento (UE) n.o 1077/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, por el que se establece una Agencia Europea para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia (DO L 286 de 1.11.2011, p. 1).

20

o

(21)  Algunas empresas de transporte utilizan otros números de referencia. El SIS II prevé la introducción de números de serie distintos del BIC.

21

(22)  Debido a la falta de normalización de los números de serie de los objetos, es posible, por ejemplo, que dos armas de fuego diferentes de fabricación diferente tengan el mismo número de serie. Igualmente, es posible que un objeto tenga el mismo número de serie que otro muy distinto, por ejemplo, un documento emitido y una pieza de material industrial. Cuando sea evidente que los números de serie son idénticos, pero los objetos no son los mismos, no será necesaria la consulta entre los Servicios Nacionales Sirene. Hay que avisar a los usuarios de que esta situación puede producirse. Además, es posible que un objeto, por ejemplo un pasaporte o un automóvil, haya sido robado y el robo sea denunciado en un país y posteriormente también en el país de origen. Esto podría dar lugar a dos descripciones sobre el mismo objeto. Si esta situación sale a la luz, puede resolverla el Servicio Nacional Sirene responsable.

22

(23)  En relación con la aplicación técnica, véase el documento sobre el intercambio de datos entre los Servicios Nacionales Sirene a que se refiere la sección 1.10.2.

23

(24)  Véase la nota 23 a pie de página.

24

(25)  Véase también la sección 1.13.1 sobre la indicación de la urgencia en los formularios Sirene.

25

(26)  Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros (DO L 158 de 30.4.2004, p. 77).

26

(27)  El artículo 30 de la Directiva 2004/38/CE dispone que se comunicarán al interesado, con precisión y por extenso, las razones en las que se base la decisión que le afecte, a menos que a ello se opongan razones de seguridad del Estado.

27

(28)  El artículo 26 del Reglamento SIS II hace referencia al artículo 15 del Tratado de la Unión Europea. No obstante, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, este artículo 15 se convirtió en el artículo 29 en la versión consolidada del Tratado de la Unión Europea.

28

(29)  En el caso de las descripciones para la denegación de entrada introducidas respecto de los miembros de las familias de ciudadanos de la UE, hay que recordar que no es posible consultar de forma sistemática el SIS II antes de expedir una tarjeta de residencia para tal persona. El artículo 10 de la Directiva 2004/38/CE enumera las condiciones necesarias para que los miembros de las familias de los ciudadanos de la Unión que sean nacionales de terceros países adquieran el derecho de residencia durante más de tres meses en un Estado miembro de acogida. Esta lista, que es exhaustiva, no permite la consulta sistemática del SIS antes de la expedición de las tarjetas de residencia. El artículo 27, apartado 3, de esta Directiva especifica que el Estado miembro de acogida, cuando lo considere indispensable, podrá pedir a otros Estados miembros información relativa únicamente a posibles antecedentes penales (es decir, no sobre todos los datos del SIS II). Estas consultas no podrán tener carácter sistemático.

29

(30)  De conformidad con la Directiva 2004/38/CE, a una persona que disfrute del derecho de libre circulación solo podrá denegársele la entrada o la estancia por razones de orden público o seguridad pública cuando su conducta personal constituya una amenaza real, efectiva y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad, y cuando se cumplan los criterios establecidos en el artículo 27, apartado 2, de dicha Directiva. El artículo 27, apartado 2, establece lo siguiente: “Las medidas adoptadas por razones de orden público o seguridad pública deberán ajustarse al principio de proporcionalidad y basarse exclusivamente en la conducta personal del interesado. La existencia de condenas penales anteriores no constituirá por sí sola una razón para adoptar dichas medidas. La conducta personal del interesado deberá constituir una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad. No podrán argumentarse justificaciones que no tengan relación directa con el caso concreto o que se refieran a razones de prevención general”. Por otra parte, hay limitaciones adicionales para personas que hayan adquirido un derecho de residencia permanente, a las que solo podrá denegárseles la entrada o la estancia por motivos graves de orden público o seguridad pública, tal como se recoge en el artículo 28, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE.

30

(31)  De conformidad con la Directiva 2004/38/CE, el Estado miembro de ejecución no puede limitar la libre circulación de los nacionales de terceros países que disfrutan del derecho de libre circulación por el único motivo de que el Estado miembro informador mantenga la descripción, a menos que se cumplan las condiciones a que se hace referencia en la nota 34.

31

(32)  Se entiende por “menores no acompañados” a los menores, tal y como se definen en el artículo 1 de la Convención de 20 de noviembre de 1989 sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, a los que se ha separado de su padre, su madre y otros familiares y de los que no cuida ningún adulto que, legalmente o con arreglo a los usos y costumbres, deba desempeñar dicha función.

32

(33)  Datos de la desaparición:

33

| a) | lugar, fecha y hora de la desaparición; |
| --- | --- |

a)

lugar, fecha y hora de la desaparición;

| b) | circunstancias de la desaparición. |
| --- | --- |

b)

circunstancias de la desaparición.

Datos de la persona desaparecida:

| c) | edad aparente; |
| --- | --- |

c)

edad aparente;

| d) | altura; |
| --- | --- |

d)

altura;

| e) | color de la piel; |
| --- | --- |

e)

color de la piel;

| f) | color y forma del pelo; |
| --- | --- |

f)

color y forma del pelo;

| g) | color de los ojos; |
| --- | --- |

g)

color de los ojos;

| h) | otros datos físicos [por ejemplo, perforaciones (piercings), malformaciones, amputaciones, tatuajes, marcas, cicatrices, etc.]; |
| --- | --- |

h)

otros datos físicos [por ejemplo, perforaciones (piercings), malformaciones, amputaciones, tatuajes, marcas, cicatrices, etc.];

| i) | rasgos psicológicos: riesgo de suicidio, enfermedad mental, conducta agresiva, etc.; |
| --- | --- |

i)

rasgos psicológicos: riesgo de suicidio, enfermedad mental, conducta agresiva, etc.;

| j) | otros datos: tratamiento médico necesario, etc.; |
| --- | --- |

j)

otros datos: tratamiento médico necesario, etc.;

| k) | ropa que vestía en el momento de la desaparición; |
| --- | --- |

k)

ropa que vestía en el momento de la desaparición;

| l) | fotografía: disponible o no; |
| --- | --- |

l)

fotografía: disponible o no;

| m) | formulario ante-mortem: disponible o no. |
| --- | --- |

m)

formulario ante-mortem: disponible o no.

Información relacionada:

| n) | persona(s) que podría(n) acompañarla (e identificación Schengen, si se dispone); |
| --- | --- |

n)

persona(s) que podría(n) acompañarla (e identificación Schengen, si se dispone);

| o) | vehículo(s) relacionado(s) con el caso (e identificación Schengen, si se dispone); |
| --- | --- |

o)

vehículo(s) relacionado(s) con el caso (e identificación Schengen, si se dispone);

| p) | si está disponible: número de teléfono móvil/último “código de acceso” a través de las redes sociales en línea. |
| --- | --- |

p)

si está disponible: número de teléfono móvil/último “código de acceso” a través de las redes sociales en línea.

En la rúbrica 083 no deben incluirse las denominaciones de las diferentes subrúbricas, únicamente la carta de referencia. Si los datos ya figuran en las rúbricas de una descripción, la información se incluirá en la descripción, incluidas las huellas dactilares o las fotografías.

(34)  Para mayor claridad en el consentimiento en materia de protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, véase el artículo 2, letra h), de la Directiva 95/46/CE.

34

(35)  La “sospecha de clon” se refiere a los casos en que, por ejemplo, los documentos de matriculación de un vehículo son robados y utilizados para volver a matricular otro vehículo de la misma marca, modelo y color que también ha sido robado.

35

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