Número Identificador

RES2024 _________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IV

DOMINGO ARTURO 

QUILES ROSADO

Peticionario

v.

SUCESIÓN CÉSAR 

VÁZQUEZ NAVARRO

Recurrido

KLCE202400022

CERTIORARI

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de San 

Juan

Civil Núm.:

SJ2022CV06536

Sobre:

Cobro de dinero

Ordinario

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 

Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente.

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2024.

Comparece por derecho propio el señor Domingo Arturo 

Quiles Rosado (señor Quiles Rosado o parte peticionaria) y solicita 

nuestra intervención, a los fines de que dejemos sin efecto la Orden 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan (TPI), el 23 de octubre de 2023. Mediante la aludida 

determinación, el foro primario declaró Ha Lugar la Moción de 

Prórroga instada por la representación legal de la parte recurrida 

para contestar ciertos requerimientos de admisiones. 

Por los fundamentos expuestos a continuación, denegamos la 

expedición del auto de certiorari solicitado. 

I.

Según surge del expediente, el 20 de julio de 2022, el señor 

Quiles Rosado incoó una acción sobre incumplimiento de contrato 

de servicios profesionales y cobro de dinero contra la Sucesión de 

César Vázquez Navarro, compuesta por César, Iván, Javier, y Johan 

Davis, de apellidos Vázquez Morales, así como Celinda Haydeé 
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Morales Figueroa, General Builders Construction Corporation y 

Bosque del Plata Development Corporation (parte recurrida).

Contestada la demanda por todos los miembros de la Sucesión, el 

18 de septiembre de 2023, el señor Quiles Rosado le remitió a cada 

uno de sus componentes un documento intitulado Requerimiento de 

Admisiones. 

En respuesta a lo anterior, el 9 de octubre de 2023, la 

representación legal de la Sucesión instó una Moción de Prórroga. 

Detalló que recibió los requerimientos de admisiones enviados por 

el señor Quiles Rosado entre el 19 y 20 de septiembre de 2023. 

Fundamentándose en razones de salud de su hija, esgrimió que se 

le dificultó reunirse con sus representados en referencia a los 

requerimientos de admisiones, por lo que solicitó al TPI que le 

concediera un término adicional de 10 días para contestarlos. 

Argumentó que la petición se justificaba y se hacía de buena fe, por 

motivos ajenos a su control, y que esta no ocasionaba dilaciones en 

el caso, debido a que el descubrimiento de prueba estaba en sus 

inicios.

Por su parte, el señor Quiles Rosado se opuso a la moción de 

prórroga. Arguyó que la situación de salud que atravesó la hija de la 

abogada de la Sucesión no alcanzó la magnitud del criterio de justa 

causa necesario para determinar que hubo una base razonable para 

la dilación en contestar los requerimientos de admisiones. Añadió 

que dicha explicación era vaga y estereotipada, la cual no tuvo el 

efecto de provocar impedimento de clase alguna para contestar los 

aludidos documentos. Asimismo, adujo que la moción concernida 

no cumplió con el requisito de incluir la evidencia necesaria para 

sustentar las aseveraciones contenidas en ésta. Por último, alegó 

que el foro primario estaba impedido de prorrogar el término de 20 

días establecido en la Regla 33 de Procedimiento Civil, infra, por lo 

que procedía denegar la solicitud de la Sucesión y dar por admitidos 
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los requerimientos de admisiones por haber transcurrido más del 

término desde que fueron notificados sin ser respondidos.

Mediante Orden emitida y notificada el 23 de octubre de 2023, 

el TPI concedió la prórroga solicitada por la representación legal de 

la Sucesión. Otorgó hasta el 24 de octubre de 2023 para contestar 

los requerimientos de admisiones.

El 24 de octubre de 2023, la abogada de la Sucesión notificó 

al tribunal de instancia que, en dicha fecha, se le remitió al señor 

Quiles Rosado las respectivas contestaciones a los requerimientos 

de admisiones debidamente juramentados. Por medio de una Orden

emitida ese mismo día, el TPI tomó conocimiento de lo anterior.

En desacuerdo, el 7 de noviembre de 2023, el señor Quiles 

Rosado presentó una Moción de Reconsideración, pero la misma fue 

declarada no ha lugar por el Tribunal de Primera Instancia. Aun 

inconforme, este comparece ante nos y alega que el TPI cometió el

siguiente error: 

Erró el Tribunal de Instancia e incurrió en un abuso de 

discreción al conceder a la Sucesión una prórroga para 

contestar un requerimiento de admisiones sin que su 

representación legal mostrara justa causa y solo 

adujera razones estereotipadas sin ofrecer prueba 

concreta alguna y negarse a dar por admitidos los 

requerimientos de admisión (sic).

A tenor con la Regla 7 (B)(5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, este Foro puede “prescindir de términos no 

jurisdiccionales, específicos,” escritos, notificaciones o 

procedimientos adicionales, “con el propósito de lograr su más justo 

y eficiente despacho...”.1 Ante ello, prescindimos de la 

comparecencia de la parte recurrida. 

1 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B)(5).
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II.

A.

El auto de certiorari es el mecanismo procesal idóneo para que 

un tribunal de superior jerarquía pueda enmendar los errores que 

cometa el foro primario, sean procesales o sustantivos. Rivera et al. 

v. Arcos Dorados et al., 212 DPR__(2023); Torres González v. 

Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821 (2023); León v. Rest. El Tropical, 

154 DPR 249 (2001). Su expedición está sujeta a la discreción del 

foro revisor. La discreción consiste en una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

ecuánime. Ahora bien, no significa poder actuar en una forma u 

otra, haciendo abstracción del resto del derecho, porque, 

ciertamente, eso constituiría un abuso de discreción. García v. 

Padró, 165 DPR 324, 334-335 (2005).

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, 

dispone taxativamente los asuntos que podemos atender mediante 

el referido recurso. Caribbean Orthopedics v. Medshape, et al., 207 

DPR 994 (2021); Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478 (2019).

A esos efectos, dicha Regla dispone —en lo concerniente— lo 

siguiente:

El recurso de certiorari, para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 

No obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 

revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia 

cuando se recurra de decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan interés 

público o en cualquier otra situación en la cual 

esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. Al denegar la expedición 

de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal 

de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. 
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(Énfasis nuestro). Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra. 

Por otro lado, para que este Foro pueda ejercer con mesura la 

facultad discrecional de entender, o no, en los méritos, una petición 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

enumera los criterios que viabilizan dicho ejercicio. En particular, la 

referida Regla dispone lo siguiente: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, 

a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 

derecho. 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema. 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 

es la más propicia para su consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia. 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder, 

de manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede 

o no intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se 

encuentra. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 

(2008). De no encontrarse presente alguno de los criterios 

anteriormente enumerados en un caso ante nuestra consideración, 

no procede nuestra intervención. 

Además, es importante enfatizar que todas las decisiones y 

actuaciones judiciales se presumen correctas y le compete a la parte 

que las impugne probar lo contrario. Vargas v. González, 149 DPR 

859, 866 (1999). 
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B.

Uno de los instrumentos con los que cuentan las partes 

litigantes para delimitar las controversias del pleito y con ello 

promover la solución expedita de los procedimientos es el 

requerimiento de admisiones. Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, 

170 DPR 149, 171 (2007); Audiovisual Lang v. Sist. Est. Natal Hnos., 

144 DPR 563, 573-574 (1997). El mismo se encuentra regulado por 

la Regla 33 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 33. Esta 

dispone lo siguiente: 

(a) Requerimiento de admisión. 

[...]

Cada materia sobre la cual se requiera una admisión 

deberá formularse por separado. Todas las cuestiones 

sobre las cuales se solicite una admisión se tendrán por 

admitidas, a menos que dentro de los veinte (20) días 

de haberle sido notificado el requerimiento, o dentro 

del término que el tribunal concediese mediante una 

moción y notificación, la parte a quien se le 

notifique el requerimiento le notifica a la parte que 

requiere la admisión una contestación suscrita bajo 

juramento por la parte o una objeción escrita sobre 

la materia. A menos que el tribunal acorte el 

término, una parte demandada no estará obligada a 

notificar contestaciones u objeciones antes de 

transcurridos veinte (20) días a partir de haberle 

sido entregada copia de la demanda y el 

emplazamiento. En este caso se debe apercibir a la 

parte demandada en el requerimiento que de no 

contestarlo en el término dispuesto se entenderá 

admitido. Si se objeta el requerimiento de admisión, 

deberán hacerse constar las razones para ello. [...] 

[...] 

Según expuesto, la norma impone que la parte interpelada 

conteste el requerimiento cursado bajo juramento, admitiendo o 

negando lo inquirido, en un término mandatorio de 20 días. De 

incumplirse con dicho término se tendrá por admitido el 

requerimiento, relevando así a la parte adversa de tener que 

presentar prueba en el juicio sobre el particular. Rivera Prudencio v. 

Mun. de San Juan, supra, a las págs. 171 y 174. 
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Ahora bien, es importante recalcar que las disposiciones de la 

Regla 33 de Procedimiento Civil son mandatorias, no meramente 

directivas, lo que implica que debe haber un cumplimiento 

sustancial con las mismas. No obstante, al aplicarla e interpretarla 

no se puede permitir que consideraciones técnicas prevalezcan en 

detrimento de la justicia sustancial. Véase, Regla 1 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 1. 

III.

En esencia, la parte peticionaria aduce que el Tribunal de 

Primera Instancia se equivocó al concederle a la parte recurrida una 

prórroga para contestar los requerimientos de admisiones. 

A poco examinar la decisión interlocutoria objeto de revisión, 

nos percatamos que esta no se encuentra dentro del espectro de 

disposiciones revisables por la vía del recurso de certiorari al amparo 

de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, a los fines de 

intervenir con la concesión una prórroga y, por ende, en el manejo 

del descubrimiento de prueba que realiza el foro primario.2 Tampoco 

refleja una situación excepcional, ni la parte peticionaria nos colocó 

en posición de establecer que la falta de nuestra intervención 

ocasionaría un fracaso de la justicia.

Del tracto procesal de la causa que nos ocupa resulta 

necesario resaltar que la abogada de la parte recurrida solicitó la 

prórroga oportunamente, entiéndase un día antes que venciera el 

término de cumplimiento estricto de 20 días para contestar los 

2 Recordemos que los tribunales tienen el deber de asumir un rol activo desde el 

albor del pleito, por lo que es recomendable que en la etapa del descubrimiento 

de prueba también intervengan y encaucen el mismo, toda vez que con ello se 

garantiza un proceso judicial justo, rápido y económico. Lluch v. España Service 

Sta., 117 DPR 729, 744 (1986). Así, los foros primarios gozan de amplia discreción 

para regular el descubrimiento de prueba, por lo que los foros apelativos no deben 

intervenir con dicha discreción, salvo que medie prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto en la aplicación de una norma procesal o sustantiva. McNeil Healthcare 

v. Mun. Las Piedras II, 206 DPR 659, 672-673 (2021); Cruz Flores et al. v. Hosp. 

Ryder et al., 210 DPR 465, 497 (2022), citando a Lluch v. España Service Sta., 

supra, pág. 745.
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requerimientos de admisiones.3 En su comparecencia, esta explicó 

las razones para solicitar el aplazamiento, las cuales, el foro a quo, 

ente llamado a justipreciar las alegaciones y el derecho aplicable en 

cada caso que se le presente, entendió que constituyeron justa 

causa. 

A raíz de lo anterior, no se justifica la expedición del auto de 

certiorari solicitado por la parte peticionaria. 

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del auto de certiorari.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

3 El foro adjudicativo tiene discreción para extender un término de cumplimiento 

estricto solo cuando la parte que lo solicita demuestra justa causa para la 

tardanza. Al ser así, se le requiere a quien solicita la prórroga o a quien actúe 

fuera del término que presente justa causa por la cual no puede o pudo 

cumplir con el término establecido. La justa causa se acredita mediante 

explicaciones concretas y particulares que le permitan al tribunal concluir que 

hubo una excusa razonable para la tardanza o la demora. La existencia de justa 

causa es un elemento que ha de evaluarse caso a caso. (Énfasis nuestro). Rivera 

Marcucci et. al. v. Suiza Dairy, 196 DPR 157, 171-172 (2016); Soto Pino v. Uno 

Radio Group, 189 DPR 84, 92-93 (2013).