Número Identificador

RES2024________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL I

WILLIAM MARTÍNEZ JIMÉNEZ

Apelante

EX PARTE

KLAN202400248

Apelación

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

Mayagüez

Caso Núm. 

MZ2022CV00112

Sobre: 

Expediente de 

Dominio

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, 

el Juez Pagán Ocasio, el Juez Marrero Guerrero y la Jueza Boria 

Vizcarrondo. 

Pagán Ocasio, juez ponente

SENTENC IA

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de abril de 2024.

I.

El 14 de marzo de 2024, el señor William Martínez Jiménez 

(señor Martínez Jiménez o apelante) presentó una Apelación en la 

que solicitó que revoquemos una Sentencia emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez (TPI o foro 

primario), el 10 de octubre de 2023, notificada y archivada en autos 

el 16 de octubre de 2023.1 En el dictamen, el TPI desestimó una 

Petición Enmendada de expediente de dominio promovida por el 

señor Martínez Jiménez por incumplimiento con los requisitos de 

notificación establecidos en el Artículo 185 de la Ley del Registro de 

la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

Ley Núm. 210 de 2015, según enmendada (Ley del Registro de la 

Propiedad), 30 LPRA sec. 6291.

El 19 de marzo de 2024, emitimos una Resolución en la que le 

concedimos a las partes colindantes del predio en controversia y a 

1 Apéndice de la Apelación, Anejo 22, págs. 87-92.
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las partes con interés hasta el 15 de abril de 2024 para presentar 

su alegato en oposición.

Transcurrido el término concedido a las partes colindantes y

partes con interés para radicar sus alegatos en oposición sin que lo 

hicieran, damos por perfeccionado el recurso. En adelante, 

pormenorizamos los hechos procesales atinentes a la Apelación de 

epígrafe.

II.

El caso de marras tuvo su génesis el 28 de enero de 2022 

cuando el señor Martínez Jiménez radicó ante el TPI una Petición de 

expediente de dominio en la que solicitó la inmatriculación de una 

finca radicada en el Municipio de Cabo Rojo, la acreditación de su 

dominio sobre ella y la correspondiente inscripción de esta en el 

Registro de la Propiedad.

2 En ella, describió la finca, la cual no 

constaba inscrita en el Registro de la Propiedad, de la siguiente 

manera:

RÚSTICA: Predio de terreno (no identificado) radicado en el 

Barrio Pedernales del Municipio de Cabo Rojo, Puerto Rico, 

con una cabida de TRESCIENTOS DOS METROS 

CUADRADOS Y SIETE MIL DOSCIENTAS VEINTICINCO 

DIEZ MILESIMAS DE OTRO (302.7225 M.C.) equivalentes a 

CERO PUNTO SETECIENTAS SETENTA MILESIMAS DE 

CUERDA (0.0770 cda.). Colinda por el Norte, en dieciséis 

metros y treinta y siete centésimas de otro (16.37 m.), con 

Calle de Uso Público y Luis Santiago; por el Sur, en diecisiete 

metros y treinta y dos centésimas de otro (17.32 m.), con 

Gerardo Toro, por el Este, en diecisiete metros y sesenta y 

cinco centésimas de otro (17.65 m) con Ramonita Acosta y 

por el Oeste, en dieciocho metros cincuenta y dos centésimas 

de otro (18.52 m) con Calle Carlos Martínez.3

Además, esbozó el siguiente tracto de dueños sobre el inmueble: (1) 

en 2019, adquirió el inmueble mediante contrato verbal con el señor 

Carlos Martínez Santiago (señor Martínez Santiago), su abuelo; (2) 

en 2002, el señor Martínez Santiago adquirió el predio mediante un 

contrato verbal con el señor Juan Román Rodríguez (señor Román 

Rodríguez) y su esposa, la señora Gracia Molina de Román; y (3) en 

2 Íd., Anejo 1, págs. 1-6; Anejo 2, págs. 7-11.

3 Íd., pág. 2.
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1975, el señor Román Rodríguez y su esposa compraron el inmueble 

mediante un contrato privado, titulado Venta de solar, suscrito con 

el señor Radamés Torres Padilla y su esposa, la señora Blanca 

Rosario. Según la Petición, el señor Román Rodríguez y su esposa 

son vecinos del estado de la Florida. En adición, el apelante 

acompañó el escrito con su juramento, el contrato privado, múltiples 

proyectos de citación y edicto, el plano de mensura y la certificación 

de mensura. 

El 23 de marzo de 2022, el señor Martínez Jiménez radicó una 

Moción en solicitud de expedición de órdenes, citaciones y edicto en 

la que anejó nuevamente los proyectos de orden, citación y edicto 

para notificar el recurso a las distintas partes según requiere el 

Artículo 185 de la Ley del Registro de la Propiedad, supra.

4 Como el 

TPI no había ordenado dichas notificaciones, reiteró su solicitud de 

que las emitiera.

El 6 de mayo de 2022, el TPI emitió una Resolución en la que 

concedió un término al apelante para que enmendara la Petición 

para adecuar la descripción de la propiedad según algunas 

segregaciones realizadas respecto a otro predio.5 Según consignó, 

luego de enmendarse el recurso, expediría las citaciones y el edicto.

El 17 de mayo de 2022, el foro primario emitió una Orden en 

la que le concedió un término al apelante para realizar otras 

gestiones relacionadas al recurso.6

El 8 de septiembre de 2022, el señor Martínez Jiménez 

presentó una Petición Enmendada,

7 así como una Moción en 

cumplimiento de orden,

8 en aras de cumplir con lo ordenado por el 

foro primario.

4 Íd., Anejo 3, págs. 12-13.

5 Notificada y archivada digitalmente en autos el 23 de mayo de 2022. Íd., Anejo 

4, pág. 14.

6 Notificada y archivada digitalmente en autos el 23 de mayo de 2022. Íd., Anejo 

5, pág. 15.

7 Íd., Anejo 6, págs. 16-21.

8 Íd., Anejo 7, págs. 22-23.
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El 23 de noviembre de 2022, el TPI emitió una Resolución en 

la que señaló vista de conferencia especial para el 6 de febrero de 

2023 para evaluar el cumplimento con su orden de obtener ciertas 

certificaciones registrales.9

El 5 de diciembre de 2022, el TPI emitió una Orden en la que 

ordenó la citación personal o por correo certificado del Fiscal de 

Distrito, del Secretario de Transportación y Obras Públicas, del 

alcalde del Municipio de Cabo Rojo y de las personas en posesión de 

las fincas colindantes.

10 También, ordenó la citación personal de los 

dueños anteriores o sus herederos, si son conocidos; si no lo eran, 

la citación por edictos. Además, consignó que las personas que 

tuviesen algún derecho real sobre la finca debían ser citadas 

personalmente y las personas ignoradas o desconocidas que 

pudieran ser perjudicadas por la inscripción, por edicto.

El 22 de diciembre de 2022, fueron emitidos los edictos y las 

citaciones ordenadas por el foro primario.11

El 6 de febrero de 2023, se celebró la vista de conferencia 

especial señalada, cuyas incidencias quedaron transcritas el 8 de 

febrero de 2023 en una Minuta.

12 El TPI señaló una vista de juicio 

en su fondo para el 1 de mayo de 2023.

El 15 de marzo de 2023, el señor Martínez Jiménez radicó una 

Moción completando el expediente, consignando cumplimiento de 

citaciones, edictos, endosos y certificaciones registrales en la que 

consignó que cumplió con las citaciones, edictos, endosos y 

certificaciones registrales requeridas.13

9 Notificada y archivada digitalmente en autos el 30 de noviembre de 2022. Íd., 

Anejo 9, pág. 39.

10 Notificada y archivada digitalmente en autos el 5 de diciembre de 2022. Íd.,

Anejo 10, págs. 40-41.

11 Este hecho procesal surge de las entradas Núm. 10-16 del expediente digital 

del caso en el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC).

12 Apéndice de la Apelación, Anejo 11, pág. 42. 

13 Íd., Anejo 12, págs. 43-58.
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El 1 de mayo de 2023, se celebró el juicio en su fondo, cuyas 

incidencias quedaron consignadas en una Minuta, transcrita el 4 de 

mayo de 2023.14 En ella, se consignó, inter alia, lo siguiente:

El Tribunal hace constar que en el plano catastral aparece 

una edificación sobre la propiedad y que está registrado a 

nombre de Juan Román Rodríguez.

El licenciado Ríos aclara, que en ocasiones el catastro digital 

tiene atraso de años y que, cuando el peticionario adquirió la 

propiedad la edificación ya no estaba. Expresa, que el CRIM 

no autoriza hacer un cambio de dueño sin tener un 

documento oficial, por lo que la certificación saldrá a nombre 

de otra persona, aunque el peticionario la esté pagando. 

[...]

El Tribunal concede 10 días al licenciado Ríos para someter 

la certificación del estado de cuenta del CRIM y el proyecto 

de resolución.15

El 15 de mayo de 2023, el apelante presentó una Moción 

sometiendo estado de cuenta en la que sometió un Estado de cuenta 

sobre la propiedad objeto de la Petición Enmendada emitido por el 

Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).

16 Según el 

documento, el nombre del dueño de la propiedad es Juan Román 

Rodríguez y la propiedad no adeudaba cantidad alguna.

El 26 de junio de 2023, el TPI emitió una Orden en la que 

ordenó al apelante a presentar certificaciones registrales y folios 

digitalizados de la Finca 1013 inscrita al Folio 9293.17 Para hacerlo, 

le concedió un término de treinta (30) días. 

El 27 de septiembre de 2023, el señor Martínez Jiménez radicó 

una Moción en cumplimiento de orden en la que sometió las 

certificaciones y folios digitalizados requeridos por el foro primario.18

Asimismo, expresó que la finca cuya documentación fue solicitada 

radica lejos de la propiedad objeto de la Petición Enmendada.

14 Íd., Anejo 15, pág. 61-64.

15 Íd., págs. 61-62.

16 Íd., Anejo 16, pág. 65-67.

17 Notificada y archivada digitalmente en autos el 6 de julio de 2023. Íd., Anejo 

19, pág. 75.

18 Íd., Anejo 20, págs. 76-85.
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El 10 de octubre de 2022, el TPI emitió una Orden en la que 

dio por cumplida su orden del 26 de junio de 2023.

19

Ese mismo día, el TPI emitió la Sentencia recurrida en la que 

desestimó la Petición Enmendada tras resolver que el señor Martínez 

Jiménez debía notificar personalmente al señor Román Rodríguez 

sobre la acción de expediente de dominio.

20 Según razonó el foro 

primario, el señor Román Rodríguez es una persona a quien pudiera 

perjudicarle la inscripción solicitada como anterior dueño o dueño 

catastral del inmueble, posibilidad que derivó de su aparición como 

dueño en el Estado de cuenta emitido por el CRIM. Concretamente, 

resolvió lo siguiente:

En este caso, la parte peticionaria es una persona distinta al 

dueño catastral en los registros del CRIM, a saber, don Juan 

Román Rodríguez. Asimismo, don Juan Román Rodríguez es 

uno de los más inmediatos dueños anteriores a la luz de la 

prueba testifical y documental ofrecida. Tomando en cuenta 

que la información en cuanto al negocio jurídico verbal que 

don Carlos Martínez Santiago alegó y declaró haber realizado 

con don Juan Román Rodríguez, es una general e imprecisa, 

el Tribunal considera que don Juan Román Rodríguez es una 

persona a quien pudiera perjudicarle la inscripción 

solicitada, como anterior dueño y como dueño catastral del 

inmueble. Por lo que la parte peticionaria debía notificarle de 

este caso con, copia de la Petición enmendada, a don Juan 

Román Rodríguez sobre la presente acción de expediente de 

dominio. Dicha notificación debía efectuarse, mediante 

notificación con copia de la petición por correo certificado 

con acuse de recibo, o mediante un edicto dirigido a éste y a 

su esposa, de manera particular y prominente para 

garantizarle al menos la oportunidad de que conozca de este 

expediente de dominio y de comparecer a los procedimientos 

para exponer cómo, si de alguna forma, pudiera perjudicarle 

la inscripción solicitada por el peticionario.

La prueba sobre el cumplimiento con los requisitos de 

notificación aportada por la parte peticionaria no incluye 

evidencia de notificación alguna dirigida don Juan Román 

Rodríguez como dueño catastral y como uno de los dueños 

anteriores de quien el alegado inmediato anterior dueño 

adquirió mediante negocio verbal la propiedad. No surge 

evidencia alguna de que una citación con copia de la Petición 

enmendada que hubiese sido notificada mediante correo 

certificado con acuse de recibo, tampoco surge evidencia de 

notificación mediante edicto dirigido claramente a nombre de 

Juan Román Rodríguez para notificarle de este 

procedimiento de manera que contara con el término 

dispuesto en la Ley 210-2015, según enmendada, para 

comparecer.

19 Notificada y archivada digitalmente en autos el 16 de octubre de 2023. Íd., Anejo 

21, pág. 86.

20 Notificada y archivada digitalmente en autos el 16 de octubre de 2023. Íd., Anejo 

22, págs. 87-92.
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Por todo lo antes expuesto, habiendo evaluado el expediente 

y aquilatado la prueba presentada, amparado en el derecho 

antes discutido el Tribunal Dicta Sentencia desestimando la 

Petición de Expediente de Dominio Enmendada, por no 

haber cumplido la parte peticionaria con los requisitos de 

notificación establecidos en el Artículo 185 de la Ley 210-

2015, los cuales son de estricto cumplimiento.21

El 25 de octubre de 2023, el señor Martínez Jiménez presentó 

una Moción urgente en solicitud de reconsideración en la que solicitó 

al foro primario que dejara sin efecto su determinación.22 Acompañó

su solicitud de proyectos de orden, citación personal y por edicto del 

señor Román Rodríguez.

El 16 de febrero de 2024, el TPI emitió una Orden en la que 

declaró No Ha Lugar la reconsideración solicitada por el apelante.23

Inconforme con tal determinación, el 14 de marzo de 2024, el 

señor Martínez Jiménez radicó el recurso de epígrafe y le imputó al 

TPI la comisión de los siguientes errores:

Primer Error: Erró el Tribunal de Instancia, Sala Superior de 

Mayagüez al desestimar la Petición Enmendada sobre 

Expediente de Dominio, basándose en que la parte 

peticionaria no haber cumplido con los requisitos de 

notificación establecidos en el Artículo 185 de la Ley 210-

2015.

Segundo error: Erró el Tribunal de Instancia, Sala Superior 

de Mayagüez al desestimar la Petición Enmendada sobre 

Expediente de Dominio, sosteniendo su apreciación en que 

se debió citar a un anterior titular que a[ú]n figura como 

contribuyente ante el Centro de Recaudación de Ingresos 

Municipales (CRIM) para el pago de las contribuciones 

territoriales, aludiendo que ello representa un derecho real.

Es su posición que el Artículo 185 de la Ley del Registro de la 

Propiedad, supra, no requiere que el peticionario notifique a quien 

aparezca como contribuyente catastral en el CRIM, lo cual no 

constituye un derecho real. Además, planteó que era un asunto 

interlocutorio que el TPI podía atender mediante una orden. Según 

esbozó, todas las formalidades para justificar el dominio fueron 

cumplidas cabalmente, incluidos los requisitos de notificación.

21 Íd., págs. 91-92.

22 Íd., Anejo 23, págs. 93-96.

23 Notificada y archivada digitalmente en autos el 22 de febrero de 2024. Íd., Anejo 

24, pág. 97.
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Asimismo, adujo que el Catastro del CRIM no es un registro certero, 

exacto y fiable que no constituye derechos reales y que sirve 

propósitos distintos al Registro de la Propiedad.

III.

El expediente de dominio es el procedimiento judicial especial

ex parte provisto por la Ley del Registro de la Propiedad, supra, secs. 

6001 et seq, que permite que toda persona que no ostente el título 

inscribible de dominio de una finca pueda inscribirlo, cumpliendo 

con ciertos requisitos. De esta forma, este procedimiento también 

faculta la inmatriculación de una finca – es decir, su ingreso por 

primera vez – al Registro de la Propiedad cuando su propietario no 

tiene un título de dominio inscribible. En la Ley del Registro de la 

Propiedad, supra, los Artículos 185 al 192, supra secs. 6291-6298, 

reglamentan el procedimiento de expediente de dominio. 

En lo pertinente, el Artículo 185 de la Ley del Registro de la 

Propiedad, supra, establece los requisitos de contenido de la petición 

y notificación del procedimiento de expediente de dominio. Entre 

otras cosas, el referido Artículo obliga al promovente del expediente 

de dominio a radicar un escrito jurado en el que alegue: (1) una 

relación de los anteriores dueños conocidos con expresión de las 

circunstancias personales del inmediato anterior dueño; (2) el modo 

en que adquirió del inmediato anterior dueño; y (3) el tiempo que el 

promovente y los dueños anteriores han poseído la propiedad de 

forma pacífica, continua y a título de dueños. Íd.

Entretanto, el inciso (2) del Artículo 185 de la Ley del Registro 

de la Propiedad, supra, dispone los siguientes requisitos de 

notificación: 

2. El promovente notificará personalmente o por correo 

certificado con copia de su escrito a los siguientes:

a. Alcalde del municipio en que radiquen los bienes.

b. Secretario de Transportación y Obras Públicas.

c. Fiscal de Distrito.

d. Las personas que están en la posesión de las fincas 

colindantes.

El tribunal ordenará la citación personal de los siguientes:
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a. El inmediato anterior dueño o sus herederos si 

fueren conocidos en caso de no constar en escritura 

pública la transmisión. Se entenderá como inmediato 

anterior dueño, en el caso de que los promoventes 

sean herederos, aquel de quien el causante adquirió 

la propiedad.

b. Los que tengan cualquier derecho real sobre la finca 

objeto del procedimiento.

El tribunal ordenará la citación mediante edicto de los 

siguientes:

a. Las personas ignoradas o desconocidas a quienes 

pueda perjudicar la inscripción solicitada.

b. Los que están ausentes pero de no estarlo debían 

ser citados en persona y cuyo paradero se desconoce 

al tiempo de hacerse la primera publicación del edicto 

se les enviará copia de la citación por correo 

certificado y con acuse de recibo, a su última dirección 

conocida. Si se ignora su paradero y así queda 

probado, se les citará exclusivamente mediante el 

referido edicto. (Subrayado nuestro).

Por su parte, a través del tiempo, nuestro Tribunal Supremo 

ha interpretado que los requisitos establecidos por la Ley del 

Registro de la Propiedad para la tramitación de un expediente de 

dominio son esenciales y de cumplimiento estricto. Nieves Osorio, 

Ex parte, 127 DPR 907, 909 (1991); Álvarez Rivera v. 

Registrador, 84 DPR 229, 229-230 (1961); Rosario Andino, Ex 

parte, 75 DPR 698, 707 (1953). Además, ha reiterado que la citación 

del anterior dueño es un asunto que afecta el orden y el interés 

público, puesto que reviste las intenciones del promovente de la 

acción de ciertas garantías de autenticidad. Álvarez Rivera v. 

Registrador, supra pág. 230.

IV.

El recurso de epígrafe nos presenta la oportunidad de resolver

si procede la desestimación de una Petición Enmendada de 

expediente de dominio bajo el fundamento de incumplimiento con 

los requisitos de notificación del Artículo 185 de la Ley del Registro 

de la Propiedad, supra, cuando el apelante no notificó 

personalmente a un dueño anterior remoto – es decir, que no es el 

dueño inmediatamente anterior del predio cuya inscripción se 

pretende – pero que aparece como dueño catastral del bien en un 

Estado de Cuenta emitido por el CRIM.
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En la Sentencia recurrida, el TPI resolvió que la desestimación 

procedía porque el señor Román Rodríguez era una persona a quien 

pudiera perjudicarle la inscripción solicitada como anterior dueño o 

dueño catastral del inmueble. Según razonó, esa posible relación 

con la propiedad surge del Estado de cuenta emitido por el CRIM en 

el que aparece como dueño. En adición a que, según razonó, el 

testimonio del señor Martínez Santiago, abuelo del apelante y 

alegado dueño anterior inmediato de la propiedad, sobre cómo 

adquirió la propiedad del señor Román Rodríguez era general e 

impreciso. Por ello, resolvió que la notificación a dicho individuo 

debió efectuarse y, ante ausencia de evidencia de que se realizó el 

trámite, concluyó que procedía desestimar la causa por 

incumplimiento de los requisitos del Artículo 185 de la Ley del 

Registro de la Propiedad, supra.

Por su parte, el apelante argumenta que el TPI erró al 

desestimar la acción porque el Artículo 185 de la Ley del Registro de 

la Propiedad, supra, no requiere que notifique personalmente al 

señor Román Rodríguez, quien únicamente aparece relacionado a la 

propiedad como contribuyente catastral por un Estado de cuenta 

emitido por el CRIM, no constituyendo eso un derecho real que 

obligue a su citación personal. En cambio, sostiene que el peso de 

ordenar la citación del señor Román Rodríguez recae sobre el TPI 

como un asunto interlocutorio de fácil disposición.

Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso del expediente, 

en correcta práctica adjudicativa apelativa, resulta evidente que el 

foro primario incidió en los errores señalados. No procedía la 

drástica determinación de la desestimación de la causa, toda vez 

que no se incumplió con los requisitos de notificación que establece 

el Artículo 185 de la Ley del Registro de la Propiedad, supra.

Por un lado, el referido Artículo requiere que el promovente

notifique personalmente o por correo certificado a las personas 
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que están en posesión de las fincas colindantes, al alcalde del 

Municipio en el que radiquen los bienes, al Secretario de 

Transportación y Obras Públicas y al Fiscal de Distrito. 

Por el otro, requiere que el foro primario ordene: (1) la 

citación personal del inmediato anterior dueño o sus herederos, si 

son conocidos y la transmisión no consta en escritura pública; (2) la 

citación personal de las personas que tengan algún derecho real 

sobre la finca objeto del expediente de dominio; (3) la citación 

mediante edicto de las personas ignoradas o desconocidas que 

podrían ser perjudicadas por la inscripción solicitada; y (4) la 

citación mediante edicto de las personas ausentes, cuyo paradero 

se desconoce.

De este modo, los requisitos de notificación personal son 

claros, así como las instancias en las que el TPI ordenará citaciones 

personales y mediante edicto, a petición de parte. De ordinario, no 

es requerida la citación de un dueño anterior remoto, aún cuando 

aparezca como dueño catastral del bien en un Estado de Cuenta 

emitido por el CRIM. Ahora bien, si el TPI entendía una vez 

escuchada y evaluada la prueba, como hizo en este caso de forma 

diligente, que el señor Román Rodríguez podía poseer algún derecho 

real sobre la finca o ser un inmediato anterior dueño, no procedía la 

desestimación automática de la Petición Enmendada, toda vez que 

el promovente no tenía la obligación de citar personalmente a esa 

persona hasta ese momento. Menos cuando el foro primario llegó a 

dicha conclusión en la misma Sentencia que resolvió lo contrario y 

que desestimó el caso. Ello sin darle la oportunidad al señor 

Martínez Jiménez de solicitar la citación del señor Román Rodríguez.

Como cuestión de hecho, el apelante solicitó la citación de dicho 

individuo en su Moción urgente en solicitud de reconsideración, 

sometiendo junto a ella proyectos de orden y citación personal o por 
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edicto. Recordemos, además, que estos requisitos son de 

cumplimiento estricto en su naturaleza.

Visto de este modo, analizado el expediente, resulta preciso 

concluir que el apelante ha cumplido cabalmente con los requisitos 

del Artículo 185 de la Ley del Registro de la Propiedad, supra, y las 

órdenes del foro primario. El TPI erró al no permitirle oportunidad 

al apelante de solicitar la citación personal del señor Román 

Rodríguez. Hasta el momento en que se emitió la Sentencia recurrida 

el apelante no tenía la obligación de pedir la citación de dicho 

individuo, puesto que operó bajo la creencia de que cumplió con las 

citaciones necesarias según el Artículo 185 de la Ley del Registro de 

la Propiedad, supra, ni tampoco conocía de la preocupación 

doctrinal del foro recurrido. Sería injusto, impropio y un abuso de 

discreción aplicarle la más drástica de las opciones sin darle la 

oportunidad de atender una conclusión a la que llegó el TPI en su 

Sentencia, en última instancia.

Por lo que procede que el TPI ordene la citación del señor 

Román Rodríguez y que se cumpla con el debido proceso de ley que 

asiste al apelante. Así, se pueda resolver conforme a derecho.

V.

Por los fundamentos pormenorizados, se revoca la Sentencia 

recurrida. Se devuelve el caso al foro de origen para la citación del 

señor Román Rodríguez y la continuación de los procedimientos, 

conforme a lo aquí resuelto.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones