Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL X

ELIZABETH SANTIAGO CRUZ,

JOSÉ RAÚL GONZÁLEZ 

SANTIAGO, SAÚL GONZÁLEZ 

SANTIAGO, LIZBETH 

GONZÁLEZ SANTIAGO

Demandantes-Recurridos

v.

HOSPITAL GENERAL 

MENONITA DE COMERÍO;

DR. LUIS C. SANTAELLA 

MARRERO, SU ESPOSA 

FULANA DE TAL Y LA 

SOCIEDAD LEGAL DE 

GANANCIALES COMPUESTA 

POR AMBOS; DOCTOR ́S 

CENTER HOSPITAL 

BAYAMÓN; DR. SULEIMAN 

HALAIBEH CHELBY, SU 

ESPOSA FULANA DE TAL Y LA 

SOCIEDAD LEGAL DE 

GANANCIALES COMPUESTA 

POR AMBOS; DR. VÍCTOR 

GONZÁLEZ DURÓN, SU 

ESPOSA FULANA DE TAL Y LA 

SOCIEDAD LEGAL DE 

GANANCIALES COMPUESTA 

POR AMBOS; DRA. CARMEN 

COLÓN ZAYAS, SU ESPOSO 

FULANO DE TAL Y LA 

SOCIEDAD LEGAL DE 

GANANCIALES COMPUESTA 

POR AMBOS; COMPAÑÍAS 

ASEGURADORAS X, Y, Z;

FULANO Y ZUTANO DE TAL

Demandados 

DRA. CARMEN COLÓN 

ZAYAS

Peticionaria

KLCE202301230

Certiorari

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala

Superior de Comerío

Civil Núm.:

CR2019CV00028

(Salón 001)

Sobre:

Impericia Médica

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Juez

Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Santiago Calderón, Jueza Ponente

R ESO LU C IÓ N

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de enero de 2024.

Número Identificador

RES2024__________
KLCE202301230 2

Comparece ante nos la Dra. Carmen Colón Zayas (Dra. Colón 

Zayas o peticionaria) mediante recurso de Certiorari y solicita la 

revisión de la Resolución emitida el 11 de octubre de 2023, notificada 

el 12 de octubre de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Comerío (TPI o foro primario). Mediante el aludido 

dictamen, el foro primario declaró No Ha Lugar la Moción de 

Sentencia Sumaria presentada por la Dra. Colón Zayas. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación,

denegamos la expedición del auto de certiorari.

I.

Según surge del expediente ante nos, el 1 de febrero de 2019, 

la señora Elizabeth Santiago Cruz, el señor José Raúl González 

Santiago, el señor Saúl González Santiago y la señora Lizbeth 

González Santiago (en conjunto, recurridos) presentaron Demanda1

sobre daños y perjuicios contra el Hospital General Menonita de 

Comerío; el Dr. Luis C. Santaella Marrero, su esposa y la Sociedad 

Legal de Gananciales compuesta por ambos; Doctor’s Center 

Hospital Bayamón; el Dr. Suleiman Halaibeh Chelby, su esposa 

Fulana de Tal y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos; el Dr. Víctor González Durón, su esposa Fulana de Tal y la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos; la Dra. Colón 

Zayas, su esposo Fulano de Tal y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos; Compañías Aseguradoras X, Y, Z; Fulano y 

Zutano de Tal. 

En esencia, los recurridos alegaron en la demanda que el 5 de 

febrero de 2018, a eso de la 1:05 de la madrugada, el señor Raúl 

González Reyes (señor González Reyes) acudió junto a su esposa, la 

señora Elizabeth Santiago Cruz, a la sala de emergencias del 

Hospital Menonita de Comerío. Señalaron que la queja principal 

1 Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 12-19.
KLCE202301230 3

documentada fue que el señor González Reyes refería que “había 

tomado un montón de medicamentos a las 7:00 de la noche el 4 de 

febrero de 2018”

2. A la 1:10 de la madrugada fue evaluado por el 

médico de sala de emergencias, quien documentó que el señor 

González Reyes llegó consciente y ambulando. No obstante, 

arguyeron que el señor González Reyes no recibió el tratamiento 

requerido para su intoxicación, dolor de pecho y fallo respiratorio. 

En cuanto a la Dra. Colón Zayas, los recurridos señalaron que 

ella fue quien “cambió el antibiótico nefrotóxico, ordenó los 

vasopresores y mantuvo la infusión de gluconato de calcio que para 

ese entonces no había sido efectiva en revertir los efectos tóxicos del 

Calan®”

3. Además, adujeron que la Dra. Colón Zayas “[d]ebió 

entubar al paciente, colocar un marcapasos, llamar al cardiólogo e 

ingresar al Sr. González en ICU, sin embargo, se marchó del lecho 

de enfermedad del paciente sin un plan de manejo agresivo y 

consistente de ICU”

4. Los recurridos sostuvieron que el señor 

González Reyes falleció debido a las actuaciones negligentes del 

personal médico. Por tanto, reclamaron compensación por concepto 

de daños emocionales, costas, gastos y honorarios de abogados.

El 4 de junio de 2019, luego de una prórroga, la Dra. Colón 

Zayas, presentó Contestación a la Demanda5 en la que negó la 

mayoría de las alegaciones en su contra. Entre sus defensas 

afirmativas, la Dra. Colón Zayas alegó que los daños sufridos por el 

señor González Reyes fueron consecuencia de sus propios actos y/o 

de terceras personas, por los cuales no está obligada a responder. 

Además, arguyó que le cobija la presunción de que el tratamiento 

y/o atención médica que brindó en el desempeño de su deber 

2 Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 14.

3 Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 18.

4 Íd.

5 Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 23-30.
KLCE202301230 4

cumplió con los requisitos que se exigen en la mejor práctica de la 

medicina. 

Posteriormente, el 12 de septiembre de 2023, la Dra. Colón 

Zayas compareció mediante Moción de Sentencia Sumaria6. En 

esencia, alegó que la muerte del señor González Reyes se debió a los 

daños provocados por el propio causahabiente mediante el acto de 

suicidio, por lo que la causa de acción presentada por los recurridos,

al amparo del Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 

31 LPRA ant. sec. 5141, no es transferible a terceros o herederos. 

El 20 de septiembre de 2023, los recurridos presentaron 

Moción en Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria7. Reiteraron

que las acciones y omisiones de los médicos demandados se 

distanciaron sustancialmente de la mejor práctica de la medicina, 

constituyendo el nexo causal del fallecimiento del señor González 

Reyes. Por tanto, solicitaron al foro primario que declarara No Ha 

Lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada por la Dra. 

Colón Zayas.

Así las cosas, el 11 de octubre de 2023, notificada el 12 de 

octubre de 2023, el TPI emitió Resolución8 en la que declaró No Ha 

Lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada por la Dra. Colón 

Zayas. Particularmente, el foro primario concluyó lo siguiente:

[...] En la demanda se alega que la causa próxima de la 

muerte del Sr. Raúl González lo fue la negligencia médica por 

no prestar el tratamiento adecuado que hubiera prevenido la 

muerte. Existe un informe pericial que fue descubierto a las 

partes. Independiente de la caracterización de la causa que 

llevó al Sr González a recibir atención médica, ingesta de 

medicamentos o intento de suicidio, lo que se alega es que 

no recibió el tratamiento adecuado y que esta fue la causa 

próxima de su muerte. Esa es precisamente la controversia, 

si se trata de acciones que provocó el demandante la causa 

próxima de la muerte o si la misma lo es la alegada mala 

pr[á]ctica médica en atender su situación.

Conforme a los argumentos presentados por las partes en 

relación a la solicitud de sentencia sumaria presentada, el 

6 Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 31-35.

7 Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 36-48. Cabe señalar que la Moción en 

Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria fue acompañada de un informe médico 

pericial que no corresponde al señor González Reyes.

8 Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 1-11.
KLCE202301230 5

tribunal determina que existe controversia sobre hechos 

esenciales y materiales pertinentes a estas reclamaciones. 

[...]9

Inconforme, el 6 de noviembre de 2023, la Dra. Colón Zayas 

presentó ante nos el recurso de epígrafe y señaló al TPI la comisión 

del siguiente error:

Erró el TPI al declarar No Ha Lugar la Moción de Sentencia 

Sumaria presentada en el caso de epígrafe.

El 13 de noviembre de 2023, el Dr. Víctor H. Hernández Durón 

presentó Moción Uniéndonos a Solicitud de Certiorari. El 16 de 

noviembre de 2023, la parte recurrida presentó Oposición a Solicitud 

de Certiorari. Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver la controversia ante nuestra consideración. 

II.

-AEl auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior10. La determinación de 

expedir o denegar este tipo de recursos se encuentra enmarcada 

dentro de la discreción judicial11. De ordinario, la discreción consiste 

en “una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial 

para llegar a una conclusión justiciera”12. Empero, el ejercicio de la 

discreción concedida “no implica la potestad de actuar 

arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del 

resto del derecho”13. 

Ahora bien, en los procesos civiles, la expedición de un auto 

de certiorari se encuentra delimitada a las instancias y excepciones 

9 Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 10.

10 Véase Torres González v Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46, 211 DPR ___ (2023); 

800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, 

185 DPR 307, 337-338 (2012); García v. Padró, 165 DPR 324, 334-335 (2005); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 90-92 (2001).

11 Íd.

12 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2014); Negrón v. 

Srio. De Justicia, supra, pág. 91. 

13 Íd.
KLCE202301230 6

contenidas en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil14. La mencionada 

Regla dispone que solo se expedirá un recurso de certiorari cuando 

“se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de 

la denegatoria de una moción de carácter dispositivo”15. Asimismo, 

y a manera de excepción, se podrá expedir este auto discrecional en 

las siguientes instancias:

[C]uando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a 

privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos 

de relaciones de familia, en casos que revistan interés 

público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia16. 

En consecuencia, las determinaciones que cumplan con la 

Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, supra, pueden ser objeto 

de revisión y el tribunal apelativo ejercerá su discreción para decidir 

si expide o no el recurso de certiorari. Los criterios que este Tribunal 

de Apelaciones examina para ejercer su discreción se encuentran 

recogidos en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA XXII-B, R. 

40. Esta norma procesal dispone lo siguiente:

El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios 

al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una 

orden de mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 

Primera Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida 

a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 

es la más propicia para su consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia.

14 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.

15 Íd.

16 Íd. 
KLCE202301230 7

Por lo tanto, para ejercer debidamente nuestra facultad 

revisora es menester evaluar si, a la luz de los criterios antes 

enumerados, se justifica nuestra intervención, pues distinto al 

recurso de apelación, este tribunal posee discreción para expedir el 

auto de certiorari17. Por supuesto, esta discreción no opera en el 

vacío y en ausencia de parámetros que la dirijan18. Precisa recordar 

que la discreción ha sido definida como “una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justiciera19”.

-BEl Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado en varias 

ocasiones que la sentencia sumaria es un remedio extraordinario y 

discrecional que sólo se debe conceder cuando no existe una 

controversia genuina de hechos materiales y lo que resta es aplicar 

el derecho20. En términos generales, al dictar sentencia sumaria el 

tribunal deberá hacer lo siguiente:

(1) analizar los documentos que acompañan la solicitud de 

sentencia sumaria y los que se incluyen con la moción en 

oposición, así como aquellos que obren en el expediente del 

tribunal; 

(2) determinar si el oponente de la moción controvirtió algún 

hecho material y esencial, o si hay alegaciones de la demanda 

que no han sido controvertidas o refutadas en forma alguna 

por los documentos21. 

Analizados estos criterios, el tribunal no dictará sentencia 

sumaria cuando existan hechos materiales y esenciales 

controvertidos; cuando haya alegaciones afirmativas en la demanda 

que no han sido refutadas; cuando surja de los propios documentos 

que acompañan la moción una controversia real sobre algún hecho 

material y esencial, o cuando como cuestión de derecho, no 

17 Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 (1999).

18 I.G. Builders et al. v. BBVAPR, supra; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 

183 DPR 580 (2011).

19 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013).

20 Maldonado v. Cruz., 161 DPR 1, 39 (2004).

21 Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004).
KLCE202301230 8

procede22. La sentencia sumaria se puede dictar a favor o en contra 

de la parte que la solicita, según proceda en Derecho23.

Por tratarse de un remedio discrecional, el uso del mecanismo 

de sentencia sumaria tiene que ser mesurado y solo procederá 

cuando el tribunal quede claramente convencido de que tiene ante 

sí documentos no controvertidos24. Es importante mencionar, que 

este Tribunal utilizará los mismos criterios que el Tribunal de 

Primera Instancia al determinar si procede una moción de sentencia 

sumaria25.

Los criterios que este foro intermedio debe tener presentes al

atender la revisión de una sentencia sumaria son los siguientes: 

1) examinar de novo el expediente y aplicar los criterios que 

la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y la 

jurisprudencia le exigen al foro primario;

2) revisar que tanto la moción de sentencia sumaria como 

su oposición cumplan con los requisitos de forma 

codificados en la referida Regla 36, supra; 

3) revisar si en realidad existen hechos materiales en 

controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia de 

la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de 

exponer concretamente cuáles hechos materiales 

encontró que están en controversia y cuáles están 

incontrovertidos;

4) y de encontrar que los hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, debe proceder a revisar de novo si el 

Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el 

Derecho a la controversia26.

Además, al revisar la determinación del TPI respecto a una 

sentencia sumaria, estamos limitados de dos maneras; (1) solo 

podemos considerar los documentos que se presentaron ante el foro 

de primera instancia, (2) solo podemos determinar si existe o no 

alguna controversia genuina de hechos materiales y esenciales, y si 

el derecho se aplicó de forma correcta27. El primer punto se enfoca 

en que las partes que recurren a un foro apelativo no pueden litigar 

22 Íd., págs. 333-334.

23 Maldonado v. Cruz, supra.

24 Íd., pág. 334.

25 Íd.

26 Roldan Flores v. M Cuebas, 199 DPR 664, 679 (2018).

27 Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015).
KLCE202301230 9

asuntos que no fueron traídos a la atención del foro de instancia. 

Mientras que el segundo limita la facultad del foro apelativo a revisar 

si en el caso ante su consideración existen controversias reales en 

cuanto a los hechos materiales, pero no puede adjudicarlos28. 

También, se ha aclarado que al foro apelativo le es vedado adjudicar 

los hechos materiales esenciales en disputa, porque dicha tarea le 

corresponde al foro de primera instancia29.

-CEn nuestro ordenamiento jurídico “las obligaciones nacen de 

la ley, de los contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones 

ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o 

negligencia”30. A tenor, las obligaciones que nacen de la culpa o 

negligencia se rigen por lo establecido en el Artículo 1802 del Código 

Civil de Puerto Rico de 193031. Dicho artículo señala que, “[e]l que 

por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o 

negligencia, está obligado a reparar el daño causado. La 

imprudencia concurrente del perjudicado no exime de 

responsabilidad, pero conlleva la reducción de la indemnización”32.

El propósito del referido artículo es ofrecerle una 

compensación a la persona que sufra daños y lesiones provocadas 

por los actos u omisiones ilícitas en que intervenga cualquier género 

de culpa o negligencia de otra persona33. Ahora bien, para que 

prospere esta acción civil es necesario que la parte demandante 

demuestre, mediante preponderancia de la prueba, (1) que ha 

28 Íd., pág. 115.

29 Vera v. Dr. Bravo, supra, 335.

30 Art. 1042 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA ant. sec. 2992. El referido 

Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA ant. sec. 1 et seq., fue derogado por 

el Código Civil de Puerto Rico de 2020, 31 LPRA sec. 5311 et seq., aprobado 

mediante la Ley Núm. 55 de 1 de junio de 2020, según enmendada, con vigencia 

desde el 28 de noviembre de 2020. Sin embargo, para propósitos de la 

adjudicación de este recurso, citamos el Código Civil derogado debido a que los 

hechos en controversia surgieron durante su vigencia.

31 Art. 1802 del Código Civil, 31 LPRA ant. sec. 5141.

32 Íd.

33 H. M. Brau del Toro, Daños y Perjuicios Extracontractuales en Puerto Rico,

Segunda Edición, Publicaciones JTS, San Juan, Puerto Rico, 1986, pág. 4.
KLCE202301230 10

habido un acto u omisión culposa o negligente; (2) que hay una 

relación causal entre el acto y el daño sufrido; y (3) que se ha 

causado un daño real al reclamante34.

Nuestro Tribunal Supremo ha definido la culpa o negligencia, 

como la falta del debido cuidado que consiste en no anticipar y 

prever las consecuencias racionales de un acto, o de la omisión de 

un acto que una persona prudente y precavida habría de prever en 

las mismas circunstancias35. Así pues, la figura de previsibilidad es 

un elemento esencial de la responsabilidad por culpa o 

negligencia36. Según el Máximo Foro, la previsibilidad “[no se 

extiende a todo peligro imaginable que concebiblemente pueda 

amenazar la seguridad sino a aquél que llevaría a una persona 

prudente a anticiparlo”37.

Nuestro ordenamiento jurídico dispone que la previsibilidad 

está atada al concepto de causalidad38. Dicho concepto es conocido 

como la doctrina de causalidad adecuada y conforme a la 

jurisprudencia, este dispone que, “no es causa toda condición sin la 

cual no se hubiera producido el resultado, sino la que 

ordinariamente lo produce según la experiencia general”39. A tales 

efectos, la figura de causalidad adecuada es un componente 

imprescindible en una reclamación en daños y perjuicios, ya que “es 

un elemento del acto ilícito que vincula al daño directamente con el 

hecho antijurídico”40.

Cónsono con lo anterior, en nuestra jurisdicción, la figura de 

negligencia no se presume y quien la alega debe probarla41. No 

obstante, en los casos de daños y perjuicios, la referida figura no se 

34 Toro Aponte v. E.L.A., 142 DPR 464 (1997).

35 Valle v. ELA, 157 DPR 1, 18 (2002).

36 SLG Colon-Rivas v. ELA, 196 DPR 855, 864 (2016). 

37 Íd.

38 Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 408, 422 (2005). 

39 Sociedad de Gananciales v. Jerónimo Corp., 103 DPR 127, 134 (1974).

40 Rivera v. S.L.G. Díaz, supra. 

41 Vaquería Garrochales, Inc. v. A.P.P.R., 106 DPR 799, 803 (1978). 
KLCE202301230 11

tiene que probar mediante prueba directa y se puede probar 

mediante prueba circunstancial42. 

III.

En el presente caso, la Dra. Colón Zayas señala que erró el 

TPI al declarar No Ha Lugar su Moción de Sentencia Sumaria

presentada el 12 de septiembre de 2023. En síntesis, alega que la 

causa de la muerte del señor González Reyes fue el suicidio, por lo 

que no procede la causa de acción instada por los recurrentes al 

amparo del Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 

supra.

Por su parte, los recurridos alegan que la causa próxima de la 

muerte del señor González Reyes fue la negligencia médica de la Dra. 

Colón Zayas al no cumplir con su deber jurídico de prestar un 

tratamiento médico adecuado y así evitar la muerte. 

De la Resolución recurrida surge que el TPI declaró No Ha 

Lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada por la Dra. Colón 

Zayas. Particularmente, el foro primario determinó que no existía 

controversia sobre el siguiente hecho material:

1. No está en controversia que el Sr. Raúl González 

recibió atención m[é]dica en las instituciones y por los 

médicos demandados.43

Por otro lado, el foro recurrido indicó que existía controversia 

sobre el siguiente hecho material:

1. Existiendo un deber jurídico de prestar tratamiento 

médico de conformidad con la mejor práctica de la medicina, 

si este fue incumplido por los demandados. Si se configura 

la causa de acción en todos sus elementos, incluyendo las 

angustias y sufrimientos mentales del Sr. Raúl González.44

Como puede colegirse, la peticionaria recurre de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo, la cual es 

revisable, por vía de excepción, según lo dispuesto por la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, supra. No obstante, tras examinar el asunto 

42 Colón y Otros v. K-Mart y Otros, 154 DPR 510, 522 (2001). 

43 Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 9.

44 Íd.
KLCE202301230 12

que se nos plantea a la luz de los criterios de la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, no identificamos razón alguna para intervenir.

Ante los hechos que presenta este caso, no consideramos que 

el foro primario haya actuado de forma arbitraria, prejuiciada o 

parcializada, ni que incurriera en un craso abuso de discreción o 

que se equivocara en la aplicación de la norma jurídica. La 

peticionaria tampoco constató que abstenernos de interferir con el 

dictamen del foro primario constituiría un fracaso irremediable de 

la justicia, de manera que estemos llamados a ejercer nuestra 

función revisora45. Por tanto, resolvemos que no se requiere nuestra 

intervención en esta etapa de los procedimientos.

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del auto de certiorari. 

Notifíquese.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones

45 Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.