Número Identificador

RES2024________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL1

PEDRO DIAZ ORTIZ 

Recurrido

V.

RE SYNTH NEW 

HORIZONS LLC

 

 Peticionaria

KLCE202400060

Recurso de Certiorari

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Ponce. 

Caso Núm.: 

PO2022CV02203

Sobre: 

Cobro de Dinero y 

Ejecución de Prenda 

e Hipoteca. 

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la 

Jueza Mateu Meléndez y el Juez Marrero Guerrero

Marrero Guerrero, Juez Ponente

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2024.

-IComparece Re Synth New Horizons LLC (en adelante Re Synth 

o la peticionaria), y solicita que revisemos una determinación del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce (TPI), 

mediante la cual el referido Foro dejó sin efecto una determinación 

previa, con fecha de 25 de abril de 2023, en la que se dio por 

admitido cierto requerimiento de admisiones cursado por Re Synth 

a la parte recurrida.2 En lo pertinente, en la Minuta-Resolución se 

consignó lo siguiente: 

En cuanto al requerimiento de admisiones, el Tribunal “motu 

prop[r]io” dejó sin efecto la resolución emitida. Esto en 

consideración que en el momento de la solicitud del 

demandado, el caso se encontraba pendiente de la 

determinación de un recurso presentado en el Tribunal 

1 Conforme a lo dispuesto en la Orden Administrativa OAJP-2021-086 de 4 de 

noviembre de 2021, que establece las normas para la asignación de recursos que 

surgen de casos que anteriormente han generado algún trámite ante el Tribunal 

de Apelaciones.

2 Establecida mediante Minuta-Resolución en la que se consignan los 

procedimientos y las determinaciones judiciales anunciados durante vista 

celebrada el 13 de diciembre de 2023. La referida Minuta-Resolución fue 

notificada el 20 de diciembre de 2023. Véase páginas 1-3 del Apéndice del recurso.
KLCE202400060 2

Apelativo. El demandante tiene hasta el 12 de enero de 2024 

para contestar el requerimiento de admisiones.

Inconforme con lo anterior, en su recurso la peticionaria imputa al 

TPI la comisión del siguiente error:

Erró el TPI al dejar sin efecto motu proprio la resolución 

emitida el 25 de abril de 2023, archivada en autos el 27 de 

abril de 2023 (entrada SUMAC 40).

En su argumentación, Re Synth argumenta que el hecho de que se 

presentase un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones 

no tuvo el efecto de paralizar los procedimientos en el caso 

manejándose ante el TPI y que, transcurrido el término 

reglamentario sin que se contestara el requerimiento de admisiones, 

era obligatoria la admisión de todos los requerimientos. En base a 

lo anterior, sostiene que la determinación del TPI de dejar sin efecto 

su decisión previa lo priva de un instrumento evidenciario que, 

desde su punto de vista, adelantaría la resolución del caso.

Por su parte, en su comparecencia en oposición a la 

expedición del recurso, el recurrido plantea que su proceder se debió 

a que actuó bajo el entendido de que el TPI había decretado la 

paralización de los procedimientos mientras se dilucidaba otra 

solicitud de certiorari ante este Tribunal, específicamente el caso 

KLCE202300257. Ello, pues, según señala, consideró que la 

negativa del TPI de adjudicar su solicitud de Sentencia Sumaria, 

presentada sin oposición, se debió a que se habían paralizado los 

procedimientos a nivel del foro primario en espera de la 

determinación del este Tribunal en el referido caso. 

-IIEl certiorari es un recurso extraordinario cuya característica 

se asienta en la discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. McNeil Healthcare 

v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391 (2021); 800 Ponce de León v. AIG, 

205 DPR 163 (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 
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(2012). Este Tribunal tiene la obligación de ejercer prudentemente 

su juicio al intervenir con el discernimiento del TPI. Torres Martínez 

v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008). En los procesos civiles, la 

expedición de un auto de certiorari se encuentra delimitada a las 

instancias y excepciones contenidas en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, R. 52.1. McNeil Healthcare v. Mun. Las 

Piedras I, supra; Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478 (2019). 

La mencionada Regla dispone que sólo se expedirá un auto de 

certiorari cuando "se recurra de una resolución u orden bajo 

remedios provisionales de la Regla 56, injunctions de la Regla 57 o 

de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo". 800 Ponce 

de León v. AIJ, supra. 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal 

establece los criterios que debemos considerar al momento de 

ejercer nuestra facultad discrecional: 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada para 

el análisis del problema.

 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 

Primera Instancia.

D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida a 

la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, 

o de alegatos más elaborados.

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es 

la más propicia para su consideración.

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no 

causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 

indeseable en la solución final del litigio.

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

-IIILa Regla 33 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 33, rige 

lo concerniente a los requerimientos de admisiones, la cual 

“persigue el propósito de aligerar los procedimientos, definiendo y 
KLCE202400060 4

limitando las controversias del caso, proporcionando así un cuadro 

más claro sobre las mismas” Audiovisual Lang. V. Sist. Est. Natal 

Hnos., 144 DPR 563, 571 (1997). Este mecanismo procesal permite 

que una parte requiera por escrito a otra que admita la veracidad de 

cualquiera materia dentro del alcance de la Regla 23.1 de 

Procedimiento Civil, supra, R. 23.1 sobre descubrimiento de prueba. 

Por otra parte, se ha establecido que la admisión realizada “releva a 

la parte adversa de tener que presentar en el juicio prueba del hecho 

admitido y de esta forma propicia que se acorte la audiencia y no se 

incurran en gastos innecesarios”. Rivera Prudencio v. Mun. De San 

Juan, 170 DPR 149, 171 (2007). La parte interpelada a un 

requerimiento de prueba tiene un término de veinte (20) días, de lo 

contrario, las cuestiones sobre las que se le solicitó admisión se 

tendrán automáticamente por admitidas. Íd. en las págs. 171-172. 

Por cuanto, existe “un deber afirmativo de responder y de efectuar 

las gestiones necesarias para obtener la información para admitir o 

negar”. Íd. en la pág. 172.

Por otro lado, en el ordenamiento jurídico procesal 

puertorriqueño se facilita el descubrimiento de prueba para que el 

juzgador esté en mejor posición para resolver un pleito de forma 

justa. ELA v. Casta, 162 DPR 1, 9 (2004). Además, allana las 

circunstancias para “la tramitación de los pleitos y evitar los 

inconvenientes, sorpresas e injusticias que surgen cuando las 

partes ignoran hasta el día de la vista las cuestiones y los hechos 

que en realidad son objeto del litigio”. Íd. Por ello, el alcance del 

descubrimiento de prueba es amplio y liberal. Íd., Rodríguez v. 

Syntex, 160 DPR 364, 394 (2003). Como norma general, las partes 

pueden hacer descubrimiento de prueba sobre cualquier materia, 

con las limitaciones de que la información sea pertinente y que no 

aplique alguna de las reglas de privilegios evidenciarios. ELA v. 

Casta, supra, pág. 10; General Electric v. Concessionaries, 118 DPR 
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32, 38-39 (1986). En este sentido, “los tribunales de instancia tienen 

amplia discreción para regular el ámbito del descubrimiento, pues 

es su obligación garantizar una solución justa, rápida y económica 

del caso, sin ventajas para ninguna de las partes”. Rivera y otros v. 

Bco. Popular, 152 DPR 140, 154 (2000). Así, los tribunales revisores 

no deben interferir con la amplia facultad del foro primario, excepto 

haya actuado con perjuicio o parcialidad, haya incurrido en un 

craso abuso de discreción o se haya equivocado en la interpretación 

o aplicación del derecho. Íd.

-IVTras evaluar la totalidad del expediente del caso ante nuestra 

consideración, nos encontramos ante una controversia susceptible 

de revisión mediante recurso de certiorari, conforme la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, R. 52.1, dado que se recurrió de un

dictamen interlocutorio emitido por el TPI. Establecido lo anterior, 

procedemos a analizar el error señalado por la parte peticionaria.

Como se indicara previamente, en su señalamiento de error la 

parte peticionaria establece que el foro primario incidió al dejar sin 

efecto una determinación previa y conceder un término adicional 

para que la parte recurrida contestase un requerimiento de 

admisiones. De un análisis sosegado de los autos y conforme con 

los criterios esbozados en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra, R. 52.1 y de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, R. 40, resolvemos que debemos abstenernos de 

ejercer nuestra función revisora. No atisbamos error alguno que 

amerite nuestra intervención, puesto que el TPI no incurrió en error, 

prejuicio, parcialidad, un craso abuso de su discreción ni 

equivocación en la aplicación del derecho al permitir el 

descubrimiento de prueba interesado mediante el referido 

requerimiento de admisiones. No debe estar en controversia que, de

ordinario, la presentación de un recurso de certiorari de por sí no 
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tiene el efecto de paralizar los trámites del pleito ante el Tribunal de 

Primera Instancia. Regla 52.3 de Procedimiento Civil, supra, R. 52.3. 

No obstante, consideradas las circunstancias particulares sobre el 

manejo del caso que nos ocupa, y debido a que el descubrimiento de 

prueba versa sobre un asunto discrecional del TPI con el propósito 

de resolver el pleito de forma justa, declinamos expedir el auto 

solicitado.

-VPor los fundamentos que anteceden, denegamos la expedición 

del auto de certiorari solicitado por Re Synth.

Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones