Número Identificador

SEN2024______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VIII

EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO

Parte Peticionaria

v.

STEVEN SÁEZ FELICIANO

Parte Recurrida

KLCE202400124

Certiorari,

procedente del Tribunal 

de Primera Instancia, 

Sala Superior de Ponce 

Caso Núm.: 

JSVP202300076

Sobre: 

Art. 3.2 Ley 54

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez Monge 

Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Monge Gómez, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de febrero de 2024.

Compareció ante este Tribunal la parte peticionaria, El Pueblo de 

Puerto Rico, representado por la Oficina del Procurador General (en 

adelante, “OPG” o el “Peticionario”), mediante petición de certiorari 

presentada el 29 de enero de 2024. Nos solicitó la revocación de la 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Ponce (en adelante, el “TPI”), el 13 de diciembre de 2023, notificada y 

archivada en autos el 29 de diciembre de 2023. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, expedimos el 

auto de certiorari y revocamos la Resolución recurrida.

I.

El presente recurso tiene su génesis el 11 de mayo de 2023, con la 

presentación de una “Denuncia” contra el Sr. Steven Sáez Feliciano (en 

adelante, “el señor Sáez Feliciano” o el “Recurrido”) por infracción al Artículo 

3.2 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, 

conocida como la “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia 

Doméstica”, 8 LPRA sec. 601 (en adelante, “Ley Núm. 54”). En particular, la 

“Denuncia” lee como sigue: 
KLCE202400124 2

EL REFERIDO ACUSADO STEVEN ALEXANDER S[Á]EZ

FELICIANO, ALL[Á] EN O PARA EL D[Í]A 10 DE MAYO DE 

2023 Y EN PONCE PUERTO RICO QUE FORMA PARTE DE 

LA JURISDICCI[Ó]N DEL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA SALA DE PONCE, A PROP[Ó]SITO EMPLE[Ó] 

FUERZA F[Í]SICA CONTRA LA SRA. EMILY MARIE RENTA 

CRUZ CON QUIEN SOSTIENE UNA RELACI[Ó]N 

CONSENSUAL Y PROCREARON DOS HIJOS, 

CONSISTENTE EN QUE LA COGI[Ó] POR EL CUELLO 

ESTILO LUCHA LIBRE Y LA TEN[Í]A CASI ASFIXIADA. 

DICHO ACTO FUE COMETIDO ESTANDO LA 

PERJUDIC[ADA] [EN] SU S[É]PTIMO MES DE 

EMBARAZO.1

Luego de haberse determinado causa probable para arresto por el 

referido delito, el 23 de mayo de 2023, se celebró la vista preliminar 

mediante la cual se declaró no causa probable para acusar. Inconforme, el 

Ministerio Público decidió acudir a vista preliminar en alzada. Así las cosas,

la misma se pautó para el 9 de junio de 2023. Ese día no compareció ni el 

Recurrido ni la prueba de cargo, a saber: (1) la agente Aileen Fernández 

Betancourt (en adelante, “agte. Fernández Betancourt”) y (2) la presunta 

víctima, Emily Marie Renta Cruz (en adelante, “señora Renta Cruz”). Así 

pues, se reseñaló la vista para el 13 de julio de 2023. Llegado el día, el 

alguacil informó que la representación legal del Recurrido, el Lcdo. Armando 

Pietri (en adelante, “Lcdo. Pietri”) tenía dos conferencias con antelación a 

juicio y una vista adicional que le impedían comparecer a la vista.

De ahí que, se repautó la vista preliminar en alzada con cargo a la 

defensa para el 11 de agosto de 2023. Ese día, el Tribunal recesó sus 

funciones por una situación relacionada con el aire acondicionado por lo que 

la vista no pudo llevarse a cabo. El 31 de agosto de 2023, la señora Renta 

Cruz asistió al Tribunal, más no así la agte. Fernández Betancourt y el señor 

Sáez Feliciano, quien se encontraba sumariado. En vista de lo anterior, 

procedió a reseñalar la vista preliminar en alzada para el 18 de septiembre 

de 2023. Ese día, el foro primario hizo constar que el Recurrido estaba una 

institución penal en Ponce y que fue trasladado al Tribunal, pero debido a 

situaciones con el sistema de aires acondicionados fue trasladado 

nuevamente a la institución penal. Dicha circunstancia provocó que se 

suspendieran los procedimientos en el caso hasta un nuevo señalamiento.

1 Véase, Apéndice del recurso, pág. 40.
KLCE202400124 3

El 29 de septiembre de 2023, día del reseñalamiento de la vista, el Lcdo. 

Pietri estaba indispuesto de salud, por lo que se transfirió el señalamiento. 

El 27 de octubre de 2023, la agte. Fernández Betancourt no 

compareció y el abogado de defensa indicó que ésta era indispensable 

porque poseía prueba exculpatoria. Así pues, se reseñaló la vista para el 7 

de diciembre de 2023, último día de los términos de juicio rápido. Llegado el 

día, el Recurrido no compareció nuevamente y su representación legal 

manifestó que había necesidad de que estuviera presente. A esos efectos, 

las partes acordaron como fecha para celebrar la vista preliminar en alzada 

para el 13 de diciembre de 2023. En esa fecha, el caso fue llamado a las 

9:45 a.m., pero fue desestimado dos minutos después,

específicamente a las 9:47 a.m., bajo las disposiciones de la Regla 

64(n)(8) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 64(n)(8).

Insatisfecho, el Ministerio Público presentó “Moción en Solicitud de 

Reconsideración” que fue denegada por el foro recurrido mediante Orden

de 26 de diciembre de 2023.

Aún inconforme con lo anteriormente resuelto, OPG acudió ante este 

Tribunal mediante el recurso de epígrafe, en el que señaló los siguientes 

errores:

El Tribunal de Primera Instancia incurrió en un claro y 

abuso de discreción al desestimar los cargos contra el Sr. 

Steven Sáez Feliciano por maltrato agravado bajo la Ley 

Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, por presunta violación 

a los términos de juicio rápido, a pesar de conocer que el 

señalamiento estaba dentro del término y que el Ministerio 

Público estaba listo y disponible para ver el proceso.

El Tribunal de Primera Instancia erró al actuar en contra 

de lo dispuesto en Regla 64(n) de Procedimiento Criminal 

al no celebrar una vista evidenciaría antes de desestimar

la denuncia, ni consignar por escrito los fundamentos de 

su determinación.

El 30 de enero de 2024, emitimos Resolución mediante la cual le 

concedimos un término de diez (10) días al Recurrido para que presentara 

su alegato en oposición. Ha transcurrido en exceso del plazo concedido sin 

que éste cumpliera con nuestra determinación. 

En vista de lo anterior, procedemos a resolver los méritos de las 

controversias planteadas, sin el beneficio de su comparecencia.
KLCE202400124 4

II.

A. 

La Regla 23 de Procedimiento Criminal requiere la celebración de 

una vista preliminar en todos los casos de delito grave. 34 LPRA Ap. II, R. 

23. Se trata, pues, de un paso que antecede la presentación de los cargos.

Pueblo v. Figueroa et al., 200 DPR 14, 21 (2018). El objetivo principal de 

esta Regla es evitar que una persona sea sometida injustificadamente a los 

rigores de un proceso penal. Pueblo v. Rivera Vázquez, 177 DPR 868, 875 

(2010). Así pues, permite evaluar tanto la validez del arresto como las 

probabilidades de que la persona sea culpable del delito que se le imputa. 

Íd. Cabe destacar que la naturaleza de esta vista es estatutaria y no de 

índole constitucional. Pueblo v. Martínez Hernández, 208 DPR 872, 881 

(2022).

En esta etapa, le corresponde al Ministerio Público probar los 

elementos constitutivos de delito y su conexión con la persona imputada. Íd.

La determinación judicial en la vista preliminar de que existe causa probable

equivale a la autorización para acusar. Pueblo v. García Saldana, 151 DPR 

783, 789 (2000). El Ministerio Público no está obligado a exhibir todas las

pruebas en su posesión, sino que puede emplear aquellas que considere 

suficientes para respaldar su argumento de que existe causa para acusar.

Pueblo v. Rivera Vázquez, supra, pág. 876. Contra una decisión adversa en 

vista preliminar, el Ministerio Público tiene dos opciones, a saber: (1) desistir 

de procesar al acusado o (2) recurrir ante otro magistrado, ya sea 

presentando la misma evidencia o diferente, para que conduzca una 

segunda vista preliminar. Pueblo v. Figueroa et al., supra, págs. 21-22. La

vista preliminar en alzada implica una vista de novo y no una apelación de 

la vista preliminar inicial. Pueblo v. Rivera Vázquez, supra, pág. 877. De este 

modo, el Ministerio Público cuenta con una segunda oportunidad para 

obtener la autorización para acusar por el delito que considera que se ha 

configurado. Pueblo v. García Saldana, supra, pág. 790. En síntesis, sin este 

instrumento, el Ministerio Público carecería de recursos para impugnar las 
KLCE202400124 5

determinaciones adversas que no le satisfacen. Pueblo v. Ríos Alonso, 149 

DPR 761, 769 (1999).

B.

En nuestro ordenamiento jurídico es harto conocido que toda persona 

acusada de delito gozará del derecho a un juicio rápido. Así surge del 

Artículo II, Sec. 11 de la Constitución de Puerto Rico, que reza como sigue: 

En todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del 

derecho a un juicio rápido y público, a ser notificado de la 

naturaleza y causa de la acusación recibiendo copia de la 

misma, a carearse con los testigos de cargo, a obtener la 

comparecencia compulsoria de testigos a su favor, a tener 

asistencia de abogado, y a gozar de la presunción de 

inocencia. Const. PR, Art. II, Sec. 11, 1 LPRA (énfasis 

suplido). 

La aludida prerrogativa es una variable y flexible que responde a un 

propósito dual: preservar el orden público, a la vez que protege la libertad 

individual. Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR 567, 580 (2015). Así, la 

garantía del derecho a un juicio rápido busca salvaguardar los derechos del 

acusado al evitar su detención indebida y prolongada antes del juicio,

minimizar la ansiedad y preocupación que genera una acusación pública y

al reducir las posibilidades de que una demora prolongada afecte su 

habilidad para defenderse. Pueblo v. García Vega, 186 DPR 592, 606

(2012). A su vez, no descarta la protección de los derechos de la justicia 

pública, ya que busca que se enjuicie con prontitud a los que infringen la ley 

y pretende evitar retrasos en la administración estatal para enjuiciar 

cualquier conducta criminal. Íd., pág. 607. Este derecho abarca desde la 

imputación inicial del delito hasta el juicio en su fondo. Pueblo v. Martínez 

Hernández, supra, pág. 882.

En miras de viabilizar esta norma constitucional, la Regla 64 de 

Procedimiento Criminal regula el alcance y aplicación del derecho a un juicio 

rápido. 34 LPRA Ap. II, R. 64. En lo concerniente a la controversia ante nos, 

la precitada Regla dispone lo siguiente: 

La moción para desestimar la acusación o denuncia, o 

cualquier cargo de las mismas sólo podrá basarse en uno o 

más de los siguientes fundamentos: 

[...]
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(n) Que existen una o varias de las siguientes circunstancias, 

a no ser que se demuestre justa causa para la demora o a 

menos que la demora para someter el caso a juicio se deba 

a la solicitud del acusado o a su consentimiento:

[...]

(8) Que se celebró una vista preliminar en alzada luego 

de 60 días de la determinación de no causa en vista 

preliminar [...] causa en vista preliminar. 34 LPRA Ap. II, R. 

64 (n) (8) (énfasis suplido). 

La violación a los términos de juicio rápido acarrea la desestimación 

de los cargos y, por consiguiente, la culminación de la acción penal. Pueblo 

v. Martínez Hernández, supra, pág. 883. Ahora bien, el simple 

incumplimiento del plazo por sí solo no necesariamente constituye una 

infracción al derecho de juicio rápido. Pueblo v. Valdés et al., 155 DPR 781,

793 (2001). Es decir, estos términos no son fatales y pueden extenderse por 

justa causa, por demora atribuible al acusado o cuando el imputado o 

acusado consiente a ello. Pueblo v. Carrión, 159 DPR 633, 641 (2003). Esto 

está anclado a la norma establecida sobre que los derechos tanto del 

acusado como de la sociedad interesada en enjuiciarlo no están limitados 

por la estricta aritmética de la Regla. Pueblo v. Rivera Colón, 119 DPR 315, 

322 (1987). Esto se debe a que, a pesar de que el derecho a juicio rápido 

es fundamental, no es absoluto. Pueblo v. García Vega, supra, pág. 610.

Bajo el inciso (n) (8) de la Regla 64 de Procedimiento Criminal, supra,

el tribunal no puede desestimar una acusación o denuncia sin celebrar una 

vista evidenciaria. 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 64 (n) (8). Cónsono con ello, para 

determinar si ha ocurrido una violación al derecho de juicio rápido, se deben 

examinar los siguientes criterios: (1) duración de la tardanza, (2) razones 

para la dilación, (3) si el acusado reclamó o invocó oportunamente ese 

derecho, (4) el perjuicio resultante de la tardanza (5) si la demora fue 

provocada por el acusado y (6) si el Ministerio Público demostró la existencia 

de justa causa para la demora. Pueblo v. Custodio Colón, supra, pág. 583; 

34 LPRA Ap. II, R. 64. El perjuicio que el acusado reclame debido a una 

violación de su derecho a un juicio rápido no puede ser abstracto, ni basarse 

únicamente en un cálculo matemático. Pueblo v. Custodio Colón, supra, 
KLCE202400124 7

pág. 583-584. Esto es, el daño debe ser uno real y sustancial. Pueblo v. 

Valdés et al., supra, pág. 792. 

Cuando el acusado presenta de manera oportuna una reclamación 

por violación a los términos de juicio rápido, le corresponde al Ministerio 

Público demostrar la existencia de justa causa para la tardanza. Pueblo v. 

Santa-Cruz, 149 DPR 223, 239 (1999). También puede proveer evidencia 

de que el acusado fue el causante de la demora o que ha renunciado a su 

derecho de forma expresa y voluntaria y efectuada con pleno conocimiento 

de causa. Íd. El motivo de la demora debe estar enmarcado dentro de los 

parámetros de razonabilidad. Pueblo v. Rivera Colón, supra. pág. 323. A 

tenor con lo anterior, una dilación mínima de los términos de juicio rápido no 

necesariamente conlleva la desestimación de la denuncia o acusación,

puesto que éste remedio extremo debe llevarse a cabo luego de un análisis 

ponderado de los criterios previamente esbozados. Pueblo v. Valdés et al.,

supra, pág. 793. 

C. 

Las decisiones de los tribunales de instancia merecen gran 

flexibilidad y deferencia, debido a que es el foro que conoce las 

particularidades del caso. Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 724, 735 

(2018). Así pues, un tribunal apelativo no intervendrá con las 

determinaciones discrecionales de un tribunal sentenciador, a no ser que 

las decisiones emitidas resulten arbitrarias o en un abuso de su discreción.

Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayon, 213 DPR__ (2023); 2023 

TSPR 145. Por tanto, los foros apelativos no deben pretender administrar ni 

manejar el curso ordinario de los casos ante el Tribunal de Primera 

Instancia. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013). 

No obstante, la discreción ha de ceder cuando se configura: (1) un claro 

abuso de discreción, (2) el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad o (3) el 

tribunal se equivocó en la interpretación o aplicación de una norma procesal 

o de derecho sustantivo. Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayon, 

supra, pág. 13.
KLCE202400124 8

Identificar cuándo un tribunal está abusando de su discreción no 

resulta una tarea sencilla. Existen ciertas guías para poder determinar 

cuándo un tribunal ha abusado de su discreción. Pueblo v. Rivera Santiago, 

176 DPR 559, 580 (2009). Así pues, un tribunal incurrirá en un abuso de 

discreción cuando el juez: (1) no toma en cuenta e ignora, sin fundamento 

alguno, un hecho material importante que no podía ser pasado por alto, (2) 

sin justificación, concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e 

inmaterial y basa su decisión exclusivamente en este o (3) toma en cuenta 

todos los hechos materiales e importantes, pero los sopesa y calibra 

livianamente. Íd.

III.

En el presente caso, la OPG nos solicita que revoquemos la 

Resolución del TPI mediante la cual desestimó la “Denuncia” presentada 

en contra del Recurrido, al amparo de la Regla 64 (n)(8) de Procedimiento 

Criminal, supra.

Por estar íntimamente relacionados los señalamientos de error 

presentados por el Peticionario, procedemos a discutirlos en conjunto.

En síntesis, la OPG alega que el foro recurrido erró al desestimar los 

cargos contra el señor Sáez Feliciano por violación a los términos de juicio 

rápido, a pesar de que conocía que el señalamiento estaba dentro del 

término y al no celebrar una vista evidenciaria antes de desestimar la

“Denuncia”. 

Se desprende del expediente ante nuestra consideración que, el 11 

de mayo de 2023, le radicaron cargos criminales al Recurrido por infringir el 

Artículo 3.2 de Ley Núm. 54, supra. Posteriormente, el 23 de mayo de 2023,

se celebró la vista preliminar en la que no se halló causa probable para 

acusar al señor Sáez Feliciano. Insatisfecho, el Ministerio Público decidió 

recurrir en alzada. Dado a que se continuó posponiendo la misma, se 

pautaron distintas fechas para su celebración. A esos efectos, las partes 

acordaron las siguientes fechas: 9 de junio de 2023, 13 de julio de 2023, 31 

de agosto de 2023, 18 y 29 de septiembre de 2023, 27 de octubre de 2023

y, 7 y 13 de diciembre de 2023.
KLCE202400124 9

Surge de la grabación de la vista celebrada el 13 de diciembre de 

2023, que el caso fue llamado a las 9:45 a.m. y alrededor de dos (2) 

minutos después —a las 9:47 a.m.—, la juzgadora de instancia desestimó

la “Denuncia”, al amparo de la Regla 64 (n)(8) de Procedimiento Criminal,

supra. Esto sucedió mientras la fiscal se encontraba en el pasillo con la 

presunta víctima del caso, la señora Renta Cruz. De la regrabación de los 

procedimientos pudimos constatar que la prueba de cargo estaba presente 

y que el foro a quo, sin corroborar si el Ministerio Público estaba o no 

preparado, procedió a desestimar la “Denuncia” sin más. El análisis 

detenido de las incidencias que precedieron la desestimación revela que el 

TPI no sopesó ninguno de los factores o aspectos que viene obligado a 

evaluar antes de desestimar una denuncia, conforme lo establece 

taxativamente la Regla 64 (n) (8) de Procedimiento Criminal, supra, ni 

celebró una vista evidenciaria a esos efectos.

Nótese que el inciso (n) (8) de la Regla 64 de Procedimiento Criminal, 

supra, dispone que, si la vista preliminar en alzada no se celebra dentro del 

término de 60 días luego de la determinación de no causa en vista 

preliminar, la denuncia puede ser desestimada. 34 LPRA Ap. II, R. 64 (n) 

(8). Ahora bien, la propia Regla dispone que el tribunal no puede desestimar 

la misma, sin celebrar una vista evidenciaria en la que evalúe las razones y 

duración de la tardanza, el perjuicio resultante de la demora, si la tardanza

fue provocada por el acusado o si el Ministerio Público demostró justa causa 

para la tardanza. Pueblo v. Custodio Colón, supra, pág. 583. Ello es cónsono 

con la norma consistentemente establecida en nuestra jurisdicción, a los 

fines de que los términos de juicio rápido no son fatales. Pueblo v. Carrión,

supra, pág. 641. Éstos pueden extenderse por justa causa o demora 

atribuible al acusado. Íd.

Asimismo, tampoco se puede perder de perspectiva que el foro de 

instancia está en la obligación de evaluar el perjuicio que el imputado o 

acusado reclame no sea abstracto, ni basarse únicamente en un cálculo 

matemático. Es decir, que debe demostrar que el daño fue uno real y 

sustancial. En el caso ante nos, a pesar de que la regrabación de los 
KLCE202400124 10

procedimientos denota que el Ministerio Público estuvo presente, el TPI 

nunca le dio oportunidad para demostrar la existencia de justa causa para 

la tardanza o para proveer evidencia de que el Recurrido fue el causante de 

la demora o que renunció a su derecho de forma expresa y voluntaria. En 

fin, el récord refleja que no se cumplió con los dispuesto en la Regla 64 (n) 

(8) de Procedimiento Criminal, supra, y su jurisprudencia interpretativa antes 

de proceder con la drástica determinación de desestimar el proceso penal 

iniciado en contra del señor Sáez Feliciano.

En suma, tras un análisis minucioso del expediente ante nuestra 

consideración y de la regrabación de los procedimientos celebrados durante 

la vista del 13 de diciembre de 2023, notamos –primeramente– que la vista 

preliminar en alzada fue pospuesta en siete (7) ocasiones. Además, el 13 

de diciembre de 2023, el foro primario desestimó la “Denuncia” luego de 

dos minutos de haber llamado el caso en sala, mientras la fiscal a cargo

se encontraba en el pasillo con la señora Renta Cruz, alegada víctima de 

los delitos imputados al Recurrido. Por último, ni del expediente del caso, ni 

de la regrabación de los procedimientos celebrados ante el TPI surge que 

se hubiera celebrado una vista evidenciaria o se hubieran sopesado los 

aspectos que provee la Regla 64 (n) (8) de Procedimiento Criminal, supra, 

y la jurisprudencia en la que se les permitiera a las partes presentar prueba 

sobre dichos factores y determinar si existía justa causa o no para la dilación 

en la celebración de la vista preliminar en alzada antes de proceder con la 

drástica determinación de la desestimación de la acción criminal en contra 

del señor Sáez Feliciano.

En vista de lo anterior, concluimos que el TPI, por voz de la Hon. 

Verónica Pagán Torres, claramente abusó de su discreción al 

desestimar la “Denuncia” presentada en contra el Recurrido, sin haber 

celebrado la vista evidenciaria que dispone la Regla 64 (n) (8) de 

Procedimiento Criminal, supra, ni haber sopesado los factores que 

dispone la misma antes de proceder con la desestimación de la acción

penal y luego de siete (7) suspensiones de la vista preliminar en alzada.

Si bien somos conscientes de que las determinaciones de los foros de 
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instancia merecen gran deferencia, en este caso en particular la 

Resolución recurrida del foro a quo resultó ser arbitraria e 

inconsistente con el estado de derecho vigente pues ignoró, sin 

fundamento alguno, las particularidades del caso y la norma aplicable 

al asunto que tuvo ante sí dicho Tribunal.

IV.

Por los fundamentos que anteceden, los cuales hacemos formar 

parte integral de la presente Sentencia, expedimos el auto de certiorari y 

revocamos la Resolución recurrida.

Se devuelve el caso al TPI para que, sin dilación alguna, se celebre 

la vista preliminar en alzada.

Notifíquese inmediatamente y la Jueza Administradora, 

Hon. Lissette Toro Vélez.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones